La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia, con perplejidad y decepción ha tenido conocimiento de la detención y posterior entrega por parte del Gobierno de Venezuela de un perseguido político del régimen colombiano. Se trata de Joaquín Pérez Becerra, un comunicador social que fue concejal de la Unión Patriótica, movimiento político de la izquierda colombiana, cuya militancia fue exterminada por el Estado colombiano. Cerca de 5000 afiliados a la U.P. han sido asesinados desde 1986 hasta la actualidad. Durante el primer mandato de Uribe (cuyo ministro de guerra es el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos) asesinaron a 150 supervivientes de la Unión Patriótica. Ante la Comisión Interamericana de DD.HH. de la O.E.A. se presentó denuncia por el exterminio de dicho movimiento político, documentando unos 3.600 homicidios y desapariciones, motivo por el que fue condenado el Estado colombiano.
Por esta persecución criminal abandonó su país Joaquín Pérez Becerra y huyó a Suecia, donde permanecía como refugiado. Durante el mandato de Uribe y su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, actual presidente, se denunciaron unas 1.800 ejecuciones extrajudiciales. Así mismo, el Gobierno Colombiano, está plagado de escándalos y denuncias por sus vínculos descarados con el paramilitarismo y el narcotráfico.
¿Cuál es el delito de Joaquín Pérez Becerra? Denunciar esa podredumbre, los crímenes de Estado, homicidios y desapariciones forzadas de miles de mujeres y hombres que organizados en sindicatos, asociaciones campesinas y organizaciones populares diversas, intentan cambiar la realidad de miseria que vive la mayoría de la población colombiana. Llamar a las cosas por su nombre es lo que hacía Joaquín Pérez Becerra. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno de carácter político, económico y social, para referirse al enfrentamiento entre los grupos insurgentes y el Estado; en un contexto en que el Estado Colombiano no tolera la oposición política y es utilizado por la oligarquía como instrumento para eliminarla físicamente, negando sistemáticamente la condición de Fuerzas Beligerantes a las organizaciones insurgentes.
Sin embargo, esta visión que muestra la web ANNCOL, a la que se vincula como director Joaquín Pérez Becerra, es negada por los Gobiernos que llevan a cabo Políticas Imperialistas y por el Gobierno Colombiano. Dicha óptica que reconoce el conflicto y sus partes da pie a la aplicación al menos de los postulados más universales del Derecho Internacional Humanitario, posibilita reducir las hostilidades y aclimatar un espacio para la solución dialogada del conflicto sobre la base de construir la tolerancia y un espacio de libertad política. Pero al Estado Colombiano que es campeón en violar el DIH no le interesa este marco jurídico, así que prefiere negar el conflicto y rebajar al adversario político y militar a la condición de delincuente - terrorista. Esta calificación supone aplicar un marco jurídico que impide la negociación y la aplicación del DIH. Al contrario, en la lucha contra el terrorismo el Estado puede justificar y justifica continuas violaciones a los DDHH y al DIH. Es muy común bajo esa óptica considerar a los civiles no combatientes colaboradores de los denominados "terroristas" por el simple hecho de defender postulados políticos similares, siendo objeto de judicialización y persecución, tal y como ocurre en el caso de Joaquín Pérez Becerra.
La Red Canaria por los DDHH en Colombia recibe con consternación y preocupación la noticia de la detención y la extradición de este luchador bolivariano que tuvo que salir de su país para salvar la vida y que hoy ha sido entregado a sus perseguidores. Joaquín ha sido detenido y entregado a Colombia vulnerando leyes venezolanas, según alegan sus abogados. La rapidez con que se hizo efectiva parece indicativa de una clara intención del Gobierno Venezolano de colaborar con el Gobierno de Colombia en su acción represiva.
Tras la actitud que en el pasado tuvo el mandatario venezolano con su disposición a mediar en el conflicto, haciendo un esfuerzo para que se reconocieran ambas partes enfrentadas como interlocutores válidos, la Red Canaria por los DDHH en Colombia considera lamentable este viraje a favor de las posiciones imperialistas de mantener la guerra y la persecución de la oposición política colombiana, en clara renuncia a los valores de la Revolución Bolivariana.
Agradecemos la adehesión al presente comunicado que será remitido el próximo viernes al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias. Por favor, envíar adhesiones a rcanddhhcolombia@gmail.com.
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