martes, 14 de julio de 2009

Expulsan de Honduras a TeleSUR y VTV por orden de Golpistas y Micheletti

Micheletti retiene a equipos de prensa internacional que cubre golpe en Honduras.

¿DÓNDE ESTÁ "REPORTEROS SIN FRONTERAS" PARA DENUNCIAR EL ATROPELLO? ¿POR QUÉ EL GRUPO PRISA NO DA DIFUSIÓN A LA NOTICIA? ¿QUÉ ENTIENDEN POR LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTOS GRUPOS QUE TANTO ALARDEAN DE DEFENDERLA CUANDO LOS SUPUESTOS VULNERADORES SON GOBIERNOS INCOMODOS PARA LOS INTERESES DEL IMPERIO?


VUELVEN LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE A HONDURAS: ASESINAN A DOS LÍDERES SOCIALES DE LA IZQUIERDA HONDUREÑA (Vídeo)

REPRODUCIMOS LA SIGUIENTE NOTICIA:

Denuncian asesinato de dos dirigentes sociales hondureños

PUBLICADO POR TELESUR:
http://www.telesurtv.net
14 DE JULIO DE 2009


Dos activistas del progresista partido Unificación Democrática (UD)
fueron asesinados la noche del sábado por desconocidos en el norte y occidente del país, denunció este domingo un vocero de la agrupación política.


Una de las víctimas, el dirigente social y militante de izquierda Roger Bados, de 54 años, fue asesinado por desconocidos en la norteña ciudad de San Pedro Sula, según informaron este domingo fuentes del movimiento antigolpista.

Las primeras versiones indican que un número no precisado de hombres entró a las 20H00, hora local en la casa de Bados, en la colonia 6 de Mayo, y le dispararon.

Bados era miembro del opositor Partido de Unificación Democrática y del Bloque Popular en San Pedro Sula, a unos 250 kilómetros al norte de la capital, y ex presidente del sindicato de una empresa cementera de la urbe.
Foto de Telesur

Erasto Reyes, también dirigente social, ratificó en contacto telefónico con teleSUR que "anoche fue asesinado Roger Bados" un líder social de izquierda hondureño.

"Es un acto condenable y que se da un momento en que la crisis política agrava la situación de seguridad de los dirigentes", denunció.

Consideró que la mediación que emprendió Costa Rica para buscar soluciones a las circunstancias que está viviendo el pueblo hondureño que son "negociaciones que no tienen futuro en San José de Costa Rica".

Reyes aseveró que el pueblo continúa en las calles. "Continuamos en esta jornada pacífica no violenta, nosotros no bajamos la guardia, seguimos en la lucha".

Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, también condenó el asesinato de Bados

"Bados, líder del Bloque Popular y el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado, fue asesinado por desconocidos", dijo el gobernante al citar al antigolpista Juan Barahona.

Explicó que este hecho forma parte de la represión selectiva, además de la represión general.

El segundo fallecido es Ramón García, de 40 años, quien fue obligado a bajarse de la unidad de transporte colectivo donde viajaba en el sector de Callejones, departamento occidental de Santa Bárbara.

La información fue confirmada por un líder de la UD, Renán Valdés, quien relató que García "fue bajado de un autobús por desconocidos".

Detalló que en el incidente resultaron heridas una hermana de él y la esposa de un sobrino.

El Vídeo siguiente fue colgado en You Tube por lempiramorazan12

Tegucigolpes


Todo golpe resulta de una acumulación de impactos que no se conjuraron a tiempo:
Golpe económico
Honduras exporta anualmente bienes por valor de 6.236 millones de dólares; 67,2% van a Estados Unidos; 4,9% a El Salvador, 3,9% a Guatemala. Honduras importa bienes por unos 10.200 millones de dólares, el 52,4% de Estados Unidos, 7,1% de Guatemala, 5,2% de El Salvador. Las remesas de los emigrados aportan casi 30% del ingreso de divisas; el desempleo es de 27%. La mayoría de las tierras y las industrias y maquilas pertenecen a pocas familias y menos transnacionales. Esta economía arrastra una balanza comercial negativa de casi cuatro millardos de dólares al año y carga con una deuda pública del 21% de su Producto Interno Bruto. Los beneficiarios de tales estructuras se oponen a cualquier cambio mediante la fuerza y el engaño. La dependencia económica acarrea la política.

Golpe mediático
En Honduras la casi totalidad de los medios son privados; en su mayoría apoyan el golpe, ocultan al pueblo lo que sucede, esconden las gigantescas movilizaciones populares favorables a Zelaya, magnifican el ínfimo apoyo a los usurpadores, llaman al reconocimiento y obediencia hacia los golpistas, divulgan mentiras y ocultan verdades concertados con las transnacionales de la información. La dictadura mediática conduce a la política.

Golpe estratégico
El plan Puebla-Panamá proyecta convertir Centroamérica en un corredor estratégico entre Estados Unidos, su aliado comercial México y Colombia, cabeza de puente de la intervención estadounidense en América del Sur. Sus presas son las reservas de hidrocarburos venezolanas y las aguas y la biodiversidad de la Amazonia. Las victorias electorales progresistas en Nicaragua, El Salvador y Honduras cortan esta autopista interventora. La hegemonía de Estados Unidos en América depende de la subyugación de América Central; nuestra supervivencia, de la independencia de ésta. La geopolítica determina la política.

Golpe de Base
A 97 kilómetros de Tegucigalpa opera la base militar estadounidense de Soto Cano o Palmarola, con un millar de efectivos y los equipos más avanzados de espionaje e intervención. Su comandante, el coronel Richard A. Juergen, se desempeñó como Director de Operaciones Especiales durante el secuestro de Jean Bertrand Aristide en Haití, obvio antecedente del rapto de Zelaya, quien adelantaba pasos para exigir la retirada de los estadounidenses de Soto Cano y convertirla en aeropuerto internacional. Tolerar la ocupación por enclaves militares o paramilitares es consentir un golpe suspendido que se materializa a la menor desobediencia. Aceptar la ocupación militar es permitir la dictadura militarista.

Golpe interventor
Mientras era embajador en Honduras, John Negroponte coordinó con los fondos del narcotráfico del “Irangate” la agresión paramilitar de los “contras” desde ese país, Costa Rica y El Salvador hacia Nicaragua. También instaló agencias estadounidenses como la NED, la USAID y el Instituto Republicano Internacional (IRI), órgano interventor del Partido Republicano que preparó el golpe de abril de 2002 en Venezuela y la deposición de Jean Bertrand Aristide en Haití. Estas agencias operan por la libre, e intensificaron el financiamiento y la organización de los opositores en los meses previos al secuestro de Zelaya. Negroponte consolidó asimismo los vínculos entre el ejército hondureño y la academia de represión antisubversiva llamada Escuela de las Américas. En ella se graduaron el comandante de las Fuerzas Armadas general Romeo Vásques y el comandante de la Aviación, general Luis Javier Prince Suazo. El actual embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, publicó el 4 de junio en el diario derechista La Prensa un artículo que convocaba a oponerse a cualquier reforma constitucional, afirmando que: “Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla”. Tras impartir tales instrucciones, se reunió al menos tres veces con los sectores civiles y militares que preparaban la usurpación. Según informa José Vicente Rangel, la madrugada del domingo 28 de junio los funcionarios del Departamento de Estado James Steimberg y Tom Shannon, contactaron para avisar del golpe a la base militar de Palmarola y al embajador Llorens, quien no advirtió a Zelaya, y continúa en Honduras como testimonio de que su país mantiene la ayuda económica y militar y las relaciones con los golpistas. Consentir la injerencia de extranjeros es admitir el golpe militar.

Golpe contra la OEA.
Revitalizada por el levantamiento de sanciones a Cuba, la OEA encuentra en el cuartelazo de Honduras una oportunidad y un desafío. La pronta reunión de la Asamblea General, la condena unánime del golpe ofrecen un segundo aliento a la exhausta organización. Sin embargo, se abre la duda sobre la efectividad de sus medidas para restablecer la democracia. Si el golpismo se afianza, la OEA añadirá a sus múltiples defectos la evidencia de su inutilidad. Que una insignificante pandilla de rufianes se retire de la OEA, irrespete al Presidente de la Asamblea General de ésta, cierre en su aeropuerto a mandatarios latinoamericanos electos y expida una orden de detención contra el presidente legítimo Zelaya, es un golpe mortal contra una organización buena en el pasado para avalar infamias e incapaz de revertirlas en el presente. Su inefectividad legitima la creación de un organismo latinoamericano y caribeño sin presencia de Estados Unidos, y el fortalecimiento del Consejo de Defensa de UNASUR.

Golpe contra ALBA
El golpe contra Honduras es contra el ALBA. Los golpistas y sus aliados advierten a los países de la Alianza Bolivariana que son vulnerables, que pertenecer a ella no los inmuniza contra las intervenciones e incluso los sitúa como blancos privilegiados de ellas. Los golpistas y sus medios declaran más contra Chávez que contra Zelaya. Cuando veas arder Honduras, defiende tu país.

Golpe contra la vía pacífica
El golpe confirma la validez de una regla invariable: La minoría privilegiada acepta la mayoría democrática sólo cuando le favorece o le facilita las cosas. En el fondo, su único argumento es la fuerza bruta. Ante ello, se plantea la reevaluación de la vía pacífica al socialismo ¿Puede seguir el movimiento popular empleando medios pacíficos cuando la respuesta es la fuerza bruta? ¿Deben deponer las armas los movimientos populares mientras las esgrimen sus enemigos? Quien no resiste la violencia ilegítima la fortalece.

EL régimen Hondureño comenzó a asesinar, el régimen colombiano continua haciéndolo. Nueva desaparición y asesinato en Bajo Atrato y el Urabá

Desaparición forzada de BEJAMIN GOMEZ en Caño Manso; el joven ULIFER PEREZ ha sido asesinado; y persisten amenazas contra el campesino ENRIQUE PETRO.

A/a de la Autoridades competentes: Sr. FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Sr. FABIO VALENCIA COSSIO, Ministro del Interior, Sr. JAIME BERMUDEZ, Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. ANDRES FERNANDEZ, Ministro de Agricultura, Sr. CARLOS COSTA, Ministro de Medio Ambiente, Sr. MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación, Sr. ALEJANDRO ORDOÑEZ, Procurador General de la Nación, Sr. VOLMAR PEREZ, Defensor Nacional del Pueblo.

Por la presente, me dirijo a usted indignado y escandalizado. Por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz he podido conocer que no ha habido intervención efectiva del Estado ante las estructuras criminales empresariales en la región del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño, donde el robo, tráfico y ocupación ilegal de las tierras de los pobladores locales se agrava día a día. Existen evidencias incontestables de que persisten las actuaciones de los ocupantes de mala fe comprometidos con las estructuras paramilitares, así como de las omisiones y actuaciones de responsabilidad directa de la Brigada 15. Tales abusos hacen imposible una restitución real de la propiedad colectiva ya ocupada ilegalmente, luego del despojo paramilitar.

En este contexto y tan sólo en los últimos días se ha producido presumiblemente la desaparición forzada de BEJAMIN GOMEZ en Caño Manso; el joven ULIFER PEREZ ha sido asesinado; persisten amenazas contra ENRIQUE PETRO; se llevan a cabo nuevas tácticas de ocupación ilegal de las tierras por parte de empresarios beneficiarios del paramilitarismo y ocupantes de mala fe en Andalucía, Caracolí, Caño Manso. Se denuncia además que el senador BUILES ordena desde la cárcel la ocupación de predios.
Me preocupa que su país aparece así como un Estado de hecho, sin Derecho, que desconoce los derechos de los pobladores afrocolombianos y mestizos sobre la propiedad de sus tierras. A pesar del conocimiento que ustedes permanentemente tienen sobre la grave situación, así como del desconocimiento de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al respeto debido a las Zonas Humanitarias y el tema de las tierras, nada absolutamente nada de fondo sucede.

A todos ustedes, nuestra apelación como responsables del Estado Colombiano para que ejerzan de modo inmediato la autoridad delegada por los ciudadanos para actuar, por una vez, así sea la única vez, en eficacia y en el marco del Derecho.

Nuevos crímenes, nuevos mecanismos de despojo, nuevas constataciones de la criminalidad en las estructuras institucionales continúa sucediendo y absolutamente nada eficaz, oportuno se realiza por parte de ustedes.

Aprovechamos igualmente esta misiva, para exigir la seguridad en la zona de los miembros de las organizaciones de derechos humanos como Justicia y Paz, y la de observadores internacionales como Peace Brigades International y el desarrollo de su trabajo de acompañamiento de las comunidades en materia de derechos humanos.

Solicito a usted una respuesta a la mayor brevedad posible a todas las preocupaciones planteadas en esta comunicación. Sin otro particular, le saluda atentamente,

Carlos Arbesú
rcanddhhcolombia@gmail.com
Polígono Padre Ancheta, Bloque 41
38203 San Cristóbla de La Laguana
España.

El GOBIERNO DE URIBE no cesa de señalar, judicializar y asesinar a líderes y dirigentes indígenas de CALDAS

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS

CRIDEC

Unidad – Territorio – Cultura y Autonomía

Nit. 810.003.365-5


Carrera 8ª No. 8 – 10 / Telefax 8553259 – 3124548788 Riosucio Caldas / E-mail:cridecmarmato@yahoo.es

DENUNCIA PÚBLICA

EL PUEBLO EMBERA CHAMÍ PERTENECIENTE A LOS RESGUARDOS Y ASENTAMIENTOS INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPÍA CALDAS COLOMBIA, ORGNIZADOS EN EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS “CRIDEC” DENUNCIA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES AMIGAS QUE:


Los ataques y persecuciones de carácter político, jurídico y social que históricamente han venido sufriendo nuestras organizaciones, se intensifican cada día más con la política de Seguridad Democrática promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que no cesa en el empeño por señalar, judicializar y asesinar a nuestros líderes y dirigentes a pesar de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el 15 de marzo del año 2002.

La violación de los Derechos Fundamentales que tenemos como pueblo indígena, se ha convertido en una práctica recurrente que desconoce y atenta contra el orden constitucional y legal vigente, hasta el punto de vivir en un “Estado de Hecho” permanente en el que cada vez se desdibujan más la realización efectiva de los derechos humanos y las garantías fundamentales debidamente reconocidas por nuestra Constitución Política.

La desterritorialización y el despojo sistemático de las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas[1], la persecución contra el movimiento social y popular traducido en asesinatos, desapariciones y judicializaciones de sus principales líderes y dirigentes, forman parte de la estrategia de tierra arrasada que viene ejecutando el actual régimen que amparado en su supuesta lucha contra el terrorismo, se empeña en arrojar al campo de la subversión toda actividad de disenso político y justificar de esta manera la eliminación violenta de los sectores políticos de oposición.

Los asesinatos de líderes y comuneros indígenas, el desplazamiento forzado, los señalamientos y estigmatizaciones a través de panfletos, la militarización constante de nuestros territorios, con el fin de entregar nuestras riquezas naturales como el oro, el carbón y el agua a las empresas transnacionales mineras y energéticas a las cuales el gobierno viene otorgando concesiones en todo el territorio nacional, forman parte de esta gran estrategia que marca y define los derroteros del conflicto social y armado en Colombia; vencer a sangre y fuego las resistencias de las comunidades locales para de este modo feriar a las multinacionales las riquezas naturales que constituyen el patrimonio del pueblo colombiano.

La gran persecución judicial y de criminalización que sufren nuestras organizaciones en la actualidad, no es más que la ofensiva que ha lanzado el gobierno nacional en la presente coyuntura política preelectoral, con el fin de desprestigiar al movimiento indígena de Caldas, y neutralizar así a quienes en Colombia nos oponemos a las políticas de exclusión, marginamiento, militarización y despojo, que son los ejes fundamentales de la política de Seguridad Democrática que implementa de manera autoritaria el señor Uribe Vélez.

En este contexto de violación sistemática de nuestros Derechos Fundamentales, los casos más representativos en los que se evidencian la fuerte persecución política que se ha lanzado por el establecimiento en contra nuestra, son los casos de Félix Antonio Hernández Alcalde[2] y Arney de Jesús Tapasco[3], líderes indígenas que en representación de nuestras comunidades forman parte del Polo Democrático Alternativo, y quienes al día de hoy se encuentran detenidos, acusados de rebelión y condenados en primera instancia.

La judicialización de estos dos dirigentes forma parte del montaje de supuestos hechos delictivos, que instituciones tales como la Fiscalía y órganos de inteligencia como la SIJIN y el DAS[4], han venido haciendo con el fin de involucrar a líderes sociales e indígenas del municipio de Riosucio con el accionar del frente Aurelio Rodríguez de las FARC acusándolos de rebelión.

El trafico de prebendas que estas instituciones judiciales hacen con los reinsertados de estos frentes, a cambio de delaciones y señalamientos en contra de los lideres sociales y las comunidades indígenas de la localidad, se puede evidenciar en casos como el del Capitán de Bomberos de Riosucio, el señor Oscar Fernando Mejía Muñoz persona muy reconocida en el municipio por su gran carisma y liderazgo social, el cual es acusado de rebelión agravada el día 2 de octubre de 2006 por el Fiscal Único Seccional.

Podemos ver como en el sumario del señor Mejía abundan las irregularidades, que van desde el montaje de falsos testimonios de reinsertados, testigos intimidados o pagados, hasta la dilación injustificada del proceso por el cual han pasado hasta 15 fiscales, dos de los cuales fueron relevados de su cargo por mostrarse favorables a la preclusión del proceso, que aún se encuentra en trámite a pesar de las innumerables pruebas con las que cuenta el Capitán Mejía a su favor y que desvirtúan los señalamientos y acusaciones que se le endilgan.

La relación existente entre el caso del señor Mejía con el de nuestros dos líderes indígenas, consiste precisamente en que son los mismos patrulleros de la SIJIN Edison Rodríguez Obando y Jorge Humberto Rodríguez Vélez, los que aparecen en ambos casos instruyendo los testimonios en contra de los acusados, y recaudando todas las pruebas que la fiscalía utiliza para su acusación. Así mismo se traen al proceso casi los mismos reinsertados, como los testimonios de Edison David González alias Melquíades y Jhon Fredy Asprilla alias el Flaco, con el objetivo de demostrar la relación de los acusados con el frente insurgente.

Llama la atención el continúo aplazamiento del juicio del capitán Mejía, el cual tiene suficiente acervo probatorio a su favor como para que se insista en continuar su curso. Este proceso se convierte en la columna vertebral de posibles acusaciones, por lo que no es difícil deducir que si se demuestran todas las irregularidades que han ocurrido en este sumario, especialmente la actuación del patrullero de la Sijin Jorge Humberto Rodríguez Vélez, quien de forma activa interviene en estos dos juicios mediante la manipulación de pruebas y montaje de falsos testimonios, sería casi imposible sustentar otra acusación en la cual intervienen los mismos investigadores y reinsertados.

En el juicio por rebelión que contra nuestros dos compañeros, concluyó en primera instancia con sentencia condenatoria el día 8 de junio del año en curso, se pudo constatar la fuerte influencia que tuvo la presión política que ejercieron los sectores pertenecientes al partido uribista del municipio de Riosucio, en el fallo condenatorio proferido por el juez penal de primera instancia contra los dos líderes indígenas. La débil y confusa actuación del ente acusatorio al momento de los interrogatorios, los pocos medios de prueba que lograron ser validados dentro del proceso, así como también la versión falsa y acomodada del testigo Luis Alonso Castañeda antiguo Cabildante del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta quien rindió testimonio abiertamente contradictorio, no constituían pruebas suficientes y plenas para proferir un fallo condenatorio.

Finalmente, vemos con gran preocupación la condena que se profirió en contra de nuestros dos compañeros fundamentada en tan débiles pruebas y nutrida de fuertes motivaciones políticas, lo que da pábulo para continuar con las persecuciones y señalamientos, sustentados en las versiones de reinsertados que a cambio de beneficios económicos y legales que el gobierno generosamente les otorga, se prestan de paladines para acusar y deslegitimar el ejercicio de la autonomía y la partición política de los pueblos indígenas y los líderes sociales que no comparten los lineamientos del régimen.

La ofensiva de acusaciones continúa; el día 20 de mayo del presente año fueron detenidos Wiliam Calvo y Conrado Rotavista, comuneros indígenas del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y Laurencio Antonio Gañan Bueno cabildante de la comunidad de Bermejal del resguardo de San Lorenzo (municipio de Riosucio), acusados igualmente de rebelión y de estar involucrados con el frente Aurelio Rodríguez de las FARC por el mismo fiscal y los patrulleros de la SIJIN que actuaron en los casos de Felix Antonio y Arney Antonio.

Ante estos graves hechos, denunciamos las amenazas de más judicializaciones y capturas que se ciernen en contra de nuestras autoridades tradicionales y comuneros, persecución que es profundamente lesiva a nuestras organizaciones indígenas, ya que esta estigmatización se propone obstaculizar el avance que ha logrado nuestro proceso político-organizativo como movimiento indígena en el departamento de Caldas.

Igualmente hacemos un llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del Pueblo Embera Chamí de Caldas.

Manifestamos que seguiremos luchando por la defensa de nuestros territorios ancestrales, la dignidad de nuestro pueblo y la libertad de nuestros detenidos políticos.


CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS (CRIDEC)


[1] 1993-2005 Durante este período fueron asesinadas y/o desaparecieron en el país 3,9 millones de personas; 6,3 veces más de lo que las cifras oficiales registran de homicidios. Para el año 2005, las proyecciones demográficas (DNP y DANE) estimaban el número de habitantes de Colombia en 46 millones de habitantes; el último Censo Nacional de Población contabilizó tan sólo 42,1 millones de personas… a este fenómeno se une el despojo y destierro de cerca de 3,8 millones de personas. Las principales victimas son población pobre y rural. En 1985 la población rural representaba el 35% del total nacional, en 1993 el 31,3% y en 2005 tan sólo 25%. La concentración de la tierra va de la mano de este violento proceso: en 1984 las fincas con más de 500 ha. Correspondían al 0.5% de los propietarios y controlaban el 32.7% de la superficie agraria productiva; ahora, las fincas con más de 500 ha. Corresponden al 0.4% de los propietarios y controlan el 61.2 % de la superficie”. Sarmiento Anzola, L.,Libreros Caicedo, D. (2007). Guerra, estrategia de acumulación capitalista en Colombia, Revista CEPA, 4, 17-30, p. 17.

[2] Dirigente indígena de la comunidad de Panesso (resguardo de Cañamomo-Lomaprieta). Ha sido cabildante de su comunidad por un período aproximado de 5 años; dentro de su trabajo organizativo se ha desempaeñado como coordinador de la Guardia Indígena y del programa de Vivienda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de su resguardo, candidato a la asamblea departamental en la cual se desempeño como diputado por el período de un año, se desempeñaba como presidente del Polo Democrático Alternativo en el municipio de Riosucio Caldas al momento de su detención.

[3] Dirigente indígena de la comunidad de San Pablo perteneciente al resguardo de Cañamomo-Lomaprieta. Ha sido cabildante de su comunidad y gobernador suplente del mismo resguardo; presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas ACICAL; presidente de la junta directiva del Centro de Capacitación Indígena Ingrumá – CCII; coordinador del área de Etnosalud de su resguardo; candidato a la alcaldía de Supía en los años 2003 y 2007 avalado por el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO y por el Polo Democrático Alternativo.

[4] Es de público conocimiento, los escándalos que rodean a este organismo de investigación, desde la acusación contra su antiguo director Jorge Noguera por vínculos con el paramilitarismo, hasta las últimas acusaciones por el tema de las chuzadas ilegales de líneas telefónicas, que ocasionó varias destituciones de director y funcionarios, incluso se ha planteado la posibilidad de cerrar este organismo.

SOLIDARIDAD URGENTE ANTE DESPIDOS MASIVOS DE TRABAJADORES EN FENOCO

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Metal-Mecánica, Metálica,

Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras y

transportadoras del Sector


“SINTRAIME”

Filial de FUNTRAENERGÉTICA * UIS-TEMQPIA * FSM


Personería Jurídica No. 1239 de Julio 26 de 1967

NIT. 860.045.398-1

Bogotá 9 de Julio de 2009

El Sindicato SINTRAIME y FUNTRAENERGETICA - CUT, denuncian la política antiobrera que lleva a cabo Ferrocarriles del Norte de Colombia S. A. -FENOCO S. A.- (propiedad de Drummond y Glencore), en complicidad con el mal llamado Ministerio de la Protección Social, quienes han desatado una oleada de persecución antisindical, desde el momento en que creamos la seccional de SINTRAIME Santa Marta, el 4 de noviembre del 2008.

El día 7 de Julio del 2009, Fenoco despidió 25 trabajadores, en forma ilegal, como es su práctica, entre ellos 8 directivos sindicales seccionales, con base a una ilegalidad decretada por la Corte Suprema de Justicia y se anuncia otra serie de despidos, hasta destruir el sindicato.

Sintraime, presento pliego de peticiones, en representación de los 600 trabajadores, de los cuales 420 son afiliados, sin que se haya resuelto el conflicto laboral, por la negativa de Fenoco a sentarse a discutir las peticiones obreras, con la complicidad del Ministerio de la Protección Social, quien se lavo las manos, endosando su responsabilidad administrativa en la Justicia ordinaria según resolución 000616 del 16 de Marzo del 2009, la que fue confirmada el 29 de Mayo de 2009, mediante otra resolución. Dichas dilaciones llevaron a los trabajadores a realizar una protesta imputable al patrón, entre el 24 de marzo y el 19 de abril, buscando solución efectiva y pronta a su justo petitorio.

La empresa presento demanda de declaratoria de ilegalidad de la protesta de los trabajadores, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta; sin embargo, el Tribunal y el Juzgado 2º Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta., fallaron a favor de Sintraime y conminaron a la empresa a negociar el pliego de peticiones; El 3 de Junio de 2009 la Corte en sentencia 40428, aunque revocó la decisión del Tribunal de Santa Marta, declarando ilegal el cese de actividades, hace un serio cuestionamiento al Ministro de la Protección Social quien se dirigió a esa Magistratura, pidiendo que, ante el “grave impacto económico y social derivado de la imposibilidad de transportar el carbón de las minas del Cesar a los puertos de exportación….. lo cual tiene un impacto en la habilidad que tendrá la industria carbonífera de exportar su producción”, que disminuye según él, los ingresos de la Nación, del Instituto INCO y la construcción de la vía férrea y desde luego los ingresos de las empresas transnacionales; la Corte le responde que es a él a quien le correspondía definir la negociación del pliego de peticiones y debía preocuparse de resolver el conflicto colectivo: Así mismo la Corte no declara a Fenoco como empresa de servicio publico esencial, ni al sindicato lo declara fuera de ley, tanto en la afiliación de los trabajadores como en la reforma de sus estatutos ya que eso es autonomía sindical y declara la ilegalidad sosteniendo que los trabajadores y el sindicato debieron haber esperado a que el Ministerio resolviera el recurso, sin embargo éste no lo definió, además, plantea que los trabajadores votaron por el cese de actividades y lo realizaron de manera extemporánea, sin embargo, los términos de huelgas imputables al patrón no están reglamentados por ley

Al mismo tiempo, en otra clara maniobra, la empresa creó un sindicato paralelo minoritario, con el aval de la CGT y procedió a firmar un remedo de convención que contiene limitados elementos económicos.

Los trabajadores mantienen su firme decisión de permanecer en Sintraime, sin embargo, la decisión de la Corte de declarar la ilegalidad de la protesta, crea una situación nefasta para el derecho de organización, negociación, contratación colectiva y huelga de los trabajadores, en momentos en que hay una ofensiva del terrorismo de Estado contra el movimiento sindical, que lo ataca por todos los medios, incluido el asesinado de dirigentes y activistas sindicales. Además por que en el Tribunal de Valledupar, cursa demanda de Drummond contra Sintramienergetica que ataca a sus 3 seccionales, tanto en la mina como en el puerto, pidiendo la ilegalidad de las protestas de los trabajadores que se han manifestado contra la inseguridad en el trabajo, que ha dejado 14 muertos y decenas de trabajadores lesionados, en 14 años de operaciones de esta empresa.

Frente a esta ofensiva patronal y Estatal en marcha, no le queda otra salida al movimiento sindical y popular que enfrentar con decisión esta ofensiva, uniéndonos, movilizándonos y actuando decisivamente en defensa de los intereses obreros y populares. En esas condiciones, los invitamos a acompañarnos en las movilizaciones y acciones que realizaremos en Bogotá y la Costa Atlántica en los próximos días, para defender los derechos humanos, sindicales, laborales, de soberanía nacional y nuestros recursos naturales. Así mismo hacemos un llamado al Movimiento Sindical, nacional e internacional y a los sectores populares, para que rodeemos a los trabajadores y al sindicato de la más amplia solidaridad moral y económica, exigiendo al Estado y a los patronos el reintegro de los trabajadores despedidos, el cese de la persecución antiobrera y el respeto a los derechos laborales consagrados en la ley colombiana y los convenios internacionales de la OIT.

Las notas dirigirlas a:

FENOCO S.A., calle 94 A No. 11A-27 Piso 3º, fax 6220440 -6220505 en Bogotá y a la carrera 21 Calle 2 entrada San Fernando, telefax: (075) 4207580 en Santa Marta;

Ministro de la Protección Social, Diego Palacios Betancourt Fax: 571 330 5050 571 - 330 5000 ext. 3380/81 Bogotá Dpalacio@minproteccionsocial.gov.co , para que corrija su actitud y se pronuncie en forma decisoria para proteger los derechos de los trabajadores.

GLENCORE. Fax: 3 581480Fax 5-432 03 88 Barranquilla

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ALVARO URIBE VELEZ Dirección: Fax: 571 – 566 2071 Email: auribe@presidencia.gov.co Bogotá.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - Dirección: Cra. 13 #32-76 Bogotá D. C. - PBX: (57-1) 3305000 Fax: (57-1) 3305050 email: Dpalacios@minprotecciónsocial.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dr. EDGAR JOSE MAYA VILLAZON Email: reygon@procuraduria.gov.co Bogotá D. C.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION Fax: (57-1) 5702000 Email: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co Bogotá

La solidaridad económica a

CUENTA DE AHORROS #11730002373-8 de Davivienda, a nombre de SINTRAIME.

GUILLERMO MUÑOZ JOAQUIN ROMERO M

Secretario General Presidente

SINTRAIME FUNTRAENERGETICA


Calle 16 No. 13-49 – Of. 301 – Telefax: 243 3174 – Bogotá. D.C. – Colombia

E-mail: sintraime67@colombia.com-E-mail:sintraimenacional@colombia.com

Vídeo: Una valiente joven colombiana aprovecho su oportunidad para cantar las cuarenta al presidente Uribe

A LA JOVEN, LILIANA PARDO, LOS ACÓLITOS DE URIBE QUE EMPEZARON A GRITAR Y A INSULTARLA, NO LA DEJARON HABLAR MUCHO, PERO URIBE LE DEJÓ DECIR UN PAR DE FRASES:

"ESTE GOBIERNO ASESINA A LOS JÓVENES"

"ESTE GOBIERNO A LA GENTE QUE LUCHA LA MATA ..."

La U.E. pretende firmar un T.L.C. leonino para Colombia. Negociado en secreto sobre la sangre de 2.700 sindicalistas asesinados.

Lo negocian en secreto y sobre la sangre de más de 2.700 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años por defender lo público y la riqueza nacional.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CUT

ANTE LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL

TLC CON LA UNION EUROPEA

Del 15 al 19 de junio se celebra en Bogotá la IV Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, proceso que se adelanta desde septiembre de 2007 a espaldas de la nación colombiana y que al igual que se hizo con Estado Unidos y Canadá, significará la entrega de nuestra soberanía nacional, le negará al país la posibilidad de desarrollar autónomamente sus fuerzas productivas, ahondará en la pérdida de soberanía alimentaria y aumentará la predación sobre nuestros recursos naturales.

Las multinacionales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, recurren a estos tratados para afianzar las dadivosas prerrogativas que los gobiernos neoliberales les conceden en la explotación de petróleo, gas, níquel, oro, generación eléctrica, el suministro de servicios públicos domiciliarios, la salud, la banca, las obras de infraestructura, nuestra biodiversidad, entre otros.

Ejemplo de ello es la inversión europea en la desnacionalización de empresas y el saqueo de nuestros recursos: Billinton BHP, Anglo Gold Ashanti, Amoco-BP, Shell, Gas Natural, BBVA, BanSantander, Telefónica, Aguas Barcelona, Unión Fenosa, Bayer, Sanitas, entre otros.

Desde hace seis años las centrales obreras, el movimiento agrario, los indígenas, los ambientalistas, los usuarios de los servicios públicos, el estudiantado y los partidos, movimientos y ONG de posición democrática y nacionalista, venimos resistiendo con éxito el rechazo a estos tratados de recolonización, ni el parlamento de Estados Unidos ni el de Canadá, han ratificado los mencionados tratados, y este con la Unión Europea tiene cada vez mayor ambiente de oposición en Colombia y en Europa.

Invitamos hacer presencia en el Foro: “TLC con la Unión Europea, vuelven las carabelas”, que se desarrollará en el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el miércoles 17 de junio a las 8:00 a.m.

El viernes 19 de junio a las 12 del medio día, plantón contra el TLC con la Unión Europea, en el Hotel La Fontana, Avenida 127 con Carrera 15ª, sitio de las negociaciones.

NO A LA FIRMA DEL TLC CON LA UNION EUROPEA!!!!!!

RAFAEL ALBERTO MOLANO RAUL ARROYAVE ARANGO
Vicepresidente Director Dpto. Relaciones Internacionales

DADIVAS PARA LOS VICTIMARIOS Y CORONA DE ESPINAS PARA LAS VICTIMAS. En eso se resume el "Estatuto de las Víctimas" aprobado por el Uribismo.

COMUNICADO DE PRENSA ENVIADO POR MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado en Colombia). 17/06/2009.

En menos de dos días el congreso de la República aprueba dos leyes con las que, una vez más, socava los derechos de las victimas y favorece la impunidad en el país.

El día de ayer, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley denominado “Estatuto de las víctimas”. Iniciativa legislativa que tal y como fue aprobada por el Congreso, entra a engrosar el conjunto de normas que desconocen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de las víctimas de violaciones de DDHH e infracciones al DIH en Colombia.

El proyecto de ley fue aprobado por un congreso, que adolece de una profunda crisis de ilegitimidad, en un ambiente que negó las más mínimas garantías para el debate y la deliberación, desconociendo frontalmente el querer de las victimas y de sus organizaciones, así como los estándares internacionales en materia de DDHH. Algunos de los gravísimos problemas del texto aprobado son:

1.Desconoce la existencia de victimas de crímenes de Estado, con lo cual, no solo vulnera el principio de igualdad y no discriminación frente a ellas sino que las victimiza nuevamente porque además de padecer injustamente el accionar criminal del Estado deben enfrentarse a nuevas trabas e impedimentos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Conforme al texto aprobado las victimas de agentes estatales tendrían que ser reconocidas en una sentencia judicial para acceder de las distintas medidas de asistencia, ayuda humanitaria y reparación establecidas en la ley.

2. Ignora la prevalencia de la restitución como medida de reparación ante el despojo de las tierras y el patrimonio de las víctimas. La ley excluye la posibilidad de que exista restitución de bienes inmuebles, y favorece la indemización y otras formas de reparación ante el despojo de las tierras, con lo que desconoce los derechos de los de 3 millones de desplazados y reafirma la consolidación de un modelo económico basado en el despojo violento de las tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos. El Congreso legisla, de esta manera, a favor de los propietarios de empresas nacionales y trasnacionales, beneficiarios económicos, del desplazamiento y el despojo violento promovido por los grupos paramilitares. Con ello, garantiza la consolidación de un modelo social, político y económicamente excluyente dominado por el paramilitarismo.

La ley reafirma la consolidación

de un modelo económico

basado en el despojo violento

de las tierras a campesinos.

3. Apela al principio de solidaridad y no reconoce su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. De esta manera el Estado no se hace responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto de garantía de los derechos humanos y pretende escudar su responsabilidad en la solidaridad, convirtiendo los derechos de las victimas en simples favores y negando su participación directa y decidida en la comisión de cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos a través de sus agentes estatales o paraestatales.

El Estado pretende negar su responsabilidad en la creación y la consolidación de la estrategia paramilitar, argumento cada vez más insostenible si se escuchan las versiones libres de jefes paramilitares quienes reconocen en esta estrategia una política de Estado.

4. Desconoce las diferencias entre los servicios sociales del Estado, las medidas de reparación y las medidas de asistencia humanitaria. Las medidas de reparación son una consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, las medidas de asistencia humanitaria son simples ayudas, dadivas y servicios que debe ofrecer cualquier Estado frente a una calamidad o una emergencia no necesariamente, propiciada ni auspiciada por el mismo y los servicios sociales buscan superar exclusiones sociales y pobrezas de determinados sectores sociales en la búsqueda por alcanzar una igualdad material

Igualar estos tres conceptos constituye una ofensa para las victimas porque con ello se desconoce su condición de sujetos políticos y de derecho y además se niega la responsabilidad de Estado en materia de reparación.

Además al contemplar las indemnizaciones en tablas que no pueden exceder los 40 salarios mínimos desconoce que la entidad de los daños y perjuicios causados por las violaciones a derechos humanos deben ser analizados con las particularidades de cada caso en concreto. La Ley aprobada también retoma lo establecido en el decreto 1290, (Reparación Administrativa) y establece que las indemnizaciones sean pagadas en sumas periódicas y durante 10 años. Ello desconoce la esencia de lo que debe ser una reparación, y sin duda será utilizado por el gobierno Nacional en su campaña por la segunda reelección.

Dadivas para los victimarios: la apuesta es por la impunidad

En esta misma dirección, el día anterior a la aprobación de éste proyecto de ley de víctimas, la Cámara de representantes aprobó la modificación del Código de Procedimiento Penal sobre principio de oportunidad.

Este principio, pensado para delitos de “bagatela”, puede ser ahora aplicado para garantizar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, pues en adelante, podrá ser utilizado para favorecer a los paramilitares a quienes no se les pudo aplicar el indulto y los beneficios equivalentes contemplados en el decreto 128 de 2003 y la ley 782 de 2002, luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de julio de 2007, en la que reconoció que la participación en grupos paramilitares no podría ser considerado un delito político de sedición y luego de la cual, la Fiscalía debió asegurar la captura, investigación y sanción de estos paramilitares en lugar de promover y apoyar iniciativas legislativas para garantizar la impunidad a través del principio de oportunidad, legislando para los victimarios y a favor de los responsables de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

La solución no fue entonces la implementación de medidas que garanticen la aplicación de una justicia ejemplarizante y responsabilizante para los perpetradores y beneficiarios de los crímenes permitidos y agenciados por el Estado, no se optó por la garantía de los derechos de las victimas a la verdad y a la justicia; por el contrario, la apuesta fue por la impunidad.

Este nuevo mecanismo de impunidad hace parte de un marco jurídico, encabezado por ley 975 de 2005, que establece un procedimiento de aparente y simulada justicia para impedir que los crímenes sean juzgados por la Corte Penal Internacional o por otros tribunales internacionales.

Este marco jurídico y las nuevas leyes fueron aprobados por un Congreso viciado por la ilegitimidad, que se hace evidente con la existencia de más de 80 congresistas procesados judicialmente por nexos con grupos paramilitares.

Ante estos hechos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, manifiesta su profunda indignación y rechazo a las decisiones tomadas por el Congreso de la República. El MOVICE ha rechazado estas iniciativas desde sus inicios y presenta una vez más su constancia histórica frente a lo que considera otra burla a las víctimas y sus organizaciones, un desconocimiento de su querer y un silenciamiento de su voz.

Por último el MOVICE reafirma su decisión de seguir trabajando por la realización de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, como elementos esenciales en un verdadero Estado democrático y de derecho; y hace un llamado a la Corte constitucional, para reconozca que estas leyes son contrarias al orden constitucional colombiano, y en consecuencia declare su inexequibilidad.

Movimiento Nacional De Victimas De Crímenes De Estado

lunes, 13 de julio de 2009

Terrible manipulación en las noticias de la 1ª cadena de TVE con respecto a Honduras. Una vil forma de apoyar al facismo.

A la 1:50 a.m., hora canaria, del 13 de julio de 2009 la televisión pública española en su primera cadena emitía un informativo donde se explicaba que Micheletti había levantado el toque de queda y afirmado que abran elecciones en noviembre en Honduras.

Posteriormente, comentaba el informador que se trata de un país muy pobre, muy necesitado de la cooperación internacional, también indicaba las cifras en millones que España invierte en cooperación para el desarrollo de Honduras y que según el informador, ahora están en peligro porque el gobierno de España ha dicho que no reconocerá al gobierno de facto y esto conllevaría el fin de la cooperación.

Después emitían imagenes de ong's españolas y personas de honduras en total tranquilidad. De hecho entrevistan a un señor que afirma que es muy importante la ayuda internacional porque su país (Honduras) es muy pobre. Después entrevistan a otro que viene a decir más o menos que da igual quien gobierne honduras, porque todos los gobernantes la han empobrecido.

Esta noticia es terrible por varios motivos:

1º En un momento en el que la dictadura oligarquico-militar desata una terrible represión con homicidios y detenciones arbitrarias sobre las personas que quieren el regreso del presidente elegido democráticamente y depuesto a la fuerza, la TVE no emite las imágenes de la violencia golpista sino de tranquilidad. Miren el siguiente vídeo:





Se evita siempre el término dictadura, empleando en su lugar el de gobierno de facto o gobierno de Micheletti.

3º Se hace eco del supuesto "levantamiento del toque de queda" y anuncio de elecciones hecho por el gobierno dictatorial, como si un proceso electoral en un clima de persecución y falta de libertades públicas (hechos que ocultan con muy mala intención) tuviera legitimidad.

4º De forma indirecta lleva al espectador a cuestionarse la idoneidad de no reconocer las instituciones de la Dictadura (para TVE del gobierno de facto), ya que según el informador tendría el efecto negativo de que se interrumpiría la cooperación internacional con Honduras, de muchísima importancia según el informador de TVE. Según esta premisa sería conveniente reconocer las dictaduras para evitar que los pueblos que las padecen pierdan la cooperación internacional. No importa que esos pueblos hayan votado por una opción política confiando en que su programa es el adecuado para desarrollar el país y sacarles de la pobreza. "Da igual el político que esté" (como decía un entrevistado), lo importante es que estén las ONG's, "el ejercicio de la soberania popular para que los pueblos decidan libremente su rumbo político no tiene importancia, son las ONG's y su acción cooperante las que sacaran a los pueblos de la pobreza en la que llevan inmersos durante siglos de colonialismo y después de imperialismo". Uno podría pensar: fantástico las "ONG's de cooperación para el desarrollo" son la solución a la pobreza de los países oprimidos, da igual quien los gobierne, sus políticas no pueden solucionar el problema, eso lo hará la cooperación internacional, así que la soberanía y la democracia importan muy poco en esos países.

Ante tanta barbaridad informativa sólo podemos pedir que hagan la correspondiente reclamación a TVE a través de: http://www.rtve.es/participacion/defensora/

Por otro lado, apoyar la idea de realizar movilizaciones con regularidad para presionar al Gobierno español para que de ningún modo reconozca al gobierno de la Dictadura ni al resultante de unas elecciones celebradas en dicho contexto. La única vía posible de volver a la normalidad es la restitución del legítimo presidente y el juzgamiento de los golpistas para que no queden impunes sus crímenes.





COLOMBIA: ¿Hacia un Estado paramilitar? Un artículo del proyecto de Reforma Política pretendía habilitar a los jefes paramilitares para ser cargos ...

PUBLICADO EN http://revista-amauta.org
El 05/06/2009 por Javier Darío Restrepo.

BOGOTÁ, 29 may (IPS) – Visiblemente indignado, el ex presidente colombiano César Gaviria (1990-1994) denunció esta semana lo que llamó un artículo “monstruoso” del proyecto de reforma política que se discute en el Congreso legislativo.

Es “el artículo cuatro, que habilita a los jefes paramilitares para ser escogidos a cargos de elección popular, para hacer contratos con el Estado y para ser empleados públicos. Lo que tumbaron la Corte Constitucional y la Ley de Justicia y Paz, ahora lo pretenden convertir en una consagración constitucional”, dijo Gaviria, actual jefe del opositor Partido Liberal.

No es la primera vez que esas bandas armadas figuran con privilegio en las iniciativas del gobierno de Colombia. Recién investido, el presidente Álvaro Uribe propuso en 2002 al Congreso el indulto general de los paramilitares y una representación parlamentaria directa para ellos.

En su segundo período de gobierno, iniciado en 2006, cuando acababa de explotar el escándalo de los políticos favorecidos electoralmente por la presión de los paramilitares –los parapolíticos–, el presidente propuso medidas para buscar la excarcelación de los congresistas presos.

En un informe difundido bajo el título “A las puertas del Ubérrimo” –el nombre de la hacienda de la familia Uribe– los investigadores Iván Cepeda y Jorge Rojas encontraron antecedentes más remotos de ese favor en la licencia que Uribe había concedido, cuando era gobernador del norteño departamento de Antioquia, a la cooperativa de seguridad privada Convivir Horizonte, a solicitud del paramilitar Salvatore Mancuso en 1996, “cuando ya había consumado 10 masacres”, anotan los autores.

En ese mismo año, el gobernador pidió la legalización de armas de largo alcance para las Convivir, unas organizaciones paramilitares que los hacendados crearon para proteger sus tierras y ganados, y sus vidas amenazadas por la guerrilla que en ese año asolaba las propiedades rurales en Antioquia y en el vecino Córdoba.

Uribe gobernó Antioquia entre 1995 y 1997. Fue manifiesta la mutua admiración entre el gobernador y los líderes de esas organizaciones. Según el mandatario regional constituían “un modelo transparente”, y “un grupo de apoyo a las fuerzas militares”.

Por su parte, observan Cepeda y Rojas, “Mancuso no ocultaba su admiración. ‘Uribe ha mantenido un discurso firme’, afirmaba. Carlos Castaño (también líder de los paramilitares) decía que Uribe “es el hombre más cercano a nuestra filosofía”.

Esta cercanía se manifestó públicamente y sin atenuantes en tres ocasiones, que en estos días han adquirido especial relevancia.

La primera fue el homenaje que Uribe promovió en honor del general Rito Alejo del Río, llamado “el pacificador de Urabá” y actualmente procesado por vinculación a los grupos paramilitares de esa región de la costa norte. En ese homenaje, celebrado en Bogotá, Uribe fue el orador principal.

También lo fue en el que los ganaderos de Córdoba organizaron en honor de su líder gremial, Rodrigo García Caicedo, conocido como de la entraña de los hermanos Castaño y exponente de la doctrina de las autodefensas.

La celebración de los 10 años del diario El Meridiano de Córdoba se recuerda como otro antecedente de esa cercanía, por cuanto sus propietarios figuran en la lista de los financiadores de las Autodefensas de Córdoba (AUC) registrados en documento de la fiscalía. La presencia y la intervención de Uribe fueron ampliamente relatadas en las páginas del periódico.

Por cuenta de esa proximidad a los paramilitares se dio el episodio, embarazoso para el gobernador Uribe, del asesinato del abogado Jesús María Valle. Días antes, el gobernador lo había calificado en una intervención pública como “enemigo de las Fuerzas Armadas”.

Valle había denunciado, en su calidad de presidente en Antioquia del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la alianza paramilitares-ejército en la matanza de 19 personas, cometida en el municipio de Ituango en 1996 y 1997. La relación entre la afirmación pública de Uribe contra Valle y su asesinato, hecha notar por el diario El Colombiano, fue motivo de un vivo intercambio de cartas de reclamo del gobernador y de explicaciones del periódico.

Al concluir su mandato como gobernador e iniciar su campaña para la presidencia, Uribe nombró como asesor de asuntos de seguridad al general Del Río, hoy detenido, asignó la tesorería de la campaña en Córdoba a Roger Taboada, hoy con orden de captura, e incluyó entre el personal de su campaña a José María Maroso, hoy acusado ante la fiscalía como financiador de las AUC.

Veinte de los amigos de Uribe en la campaña resultaron ser firmantes del pacto de Ralito, iniciativa de los paramilitares, y hoy están acusados de alianza con esos grupos armados de extrema derecha, a menudo vinculados al narcotráfico.

El pacto secreto de Ralito fue firmado en 2001 entre jefes paramilitares y más de 50 dirigentes políticos con el fin de “refundar el país”.

A medida que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, defendía el cuestionado artículo cuatro del proyecto de reforma política, todo este historial de alianzas y cercanías con los paramilitares aparecía como una explicación de este nuevo intento de favorecimiento.

Es una evidencia histórica que se acentúa con los datos que la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía ofrecen en cifras reveladoras. Según ellos, de los más de 80 legisladores implicados en procesos por “parapolítica”, 60, o sea casi 80 por ciento, pertenecen a la coalición de gobierno. De aprobarse la discutida propuesta, ellos serían los primeros beneficiados.

Dentro de una pragmática lógica política, son explicables las gestiones para favorecerlos y para impedir que sus escaños queden vacíos.

Según el comentarista Rodolfo Arango y con base en datos oficiales, “el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2.324.751″.

Lo que definitivamente importa hacia el futuro es conservar unos votos decisivos para mantener activa y dominante la mayoría uribista en el Congreso.

Aunque finalmente el artículo fue retirado del proyecto de reforma política, en parte por el rechazo de la opinión pública, la polémica a la que dio lugar revivió la inquietante sensación de que, paso a paso, se ha venido adelantando la construcción de un Estado paramilitar en Colombia.

"558 sindicalistas han sido asesinados en Colombia bajo el gobierno del presidente Uribe"

La Unión Sindical de Comisiones Obreras -CCOO- de la Provincia de Barcelona denuncia las continuas amenazas que reciben los sindicalistas de Colombia, que llegan en demasiadas ocasiones al asesinato

Comisiones Obreras de Barcelona - CCOO / Lunes 25 de mayo de 2009
PUBLICADO EN: http://prensarural.org



Como recientemente vienen denunciando las organizaciones sindicales colombianas (CUT, CGT, etc. así como las distintas organizaciones colombianas y españolas que velan por el respeto de los derechos humanos y laborales en Colombia, los asesinatos a los sindicalistas continúan bajo el mandato del Presidente Álvaro Uribe .

En lo que llevamos de 2009, 17 compañeros y compañeras han sido asesinados. De un total de 2711 activistas y dirigentes sindicalistas asesinados durante la última década 558 sindicalistas lo han sido bajo el Gobierno del Presidente Uribe.

Casos recientes como el asesinato de ASDRÚBAL SÁNCHEZ PÉREZ, afiliado a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ASEINPEC. EDGAR MARTINEZ fue asesinado por presuntos paramilitares el 22 de abril en el municipio de San Pablo Bolívar. El dirigente social hacia parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar FEDEAGROMISBOL. El maestro VÍCTOR FRANCO FRANCO, miembro de la organización sindical EDUCAL, fue asesinado el 22 de abril. El profesor, MILTON BLANCO LEGUIZAMÓN fue asesinado el 24 de abril. La dirigente sindical VILMA CARCAMO BLANCO, miembro de la Junta directiva de ANTHOC en Magangué, que trabajaba en la comisión de quejas y reclamos, fue asesinada en el sábado 9 de mayo. Sindicalistas todos ellos recientemente asesinados.

Todo ello pone seriamente en tela de juicio las numerosas afirmaciones de distintos miembros de la administración de Uribe, en el sentido de que está progresando la situación de violencia, asesinatos y estigmatización del movimiento sindical, violando sistemáticamente el Derecho Internacional, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y fundamentalmente el derecho a la vida de las personas.

La Unión Sindical de CCOO del Barcelonés rechaza en los términos más enérgicos estos nuevos y recientes crímenes y exige una vez más de las autoridades nacionales que lleven a cabo las investigaciones necesarias y concluyentes para dar con sus autores materiales e intelectuales, a efecto de romper la ya acostumbrada cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de sindicalistas.

La Unión Sindical de CCOO del Barcelonés expresa su solidaridad con los trabajadores y sindicalistas de Colombia, a su legítima movilización sindical en defensa de sus derechos, de sus reivindicaciones, de su voluntad de mejora en sus condiciones de vida y de trabajo.

Exigimos al gobierno de Colombia, a las empresas colombianas, a sus empresas contratistas, que se tomen todas las medidas para garantizar la vida de los sindicalistas colombianos y sus familias; y pedimos al Gobierno de España que inste al de Colombia a una efectiva y activa política de protección del ejercicio de las libertades democráticas en general y sindicales en particular, así como a la persecución de los grupos paramilitares que con la denominación de "Águilas Negras" u otros amenazan y asesinan impunemente en ese país.

Barcelona 25 de mayo de 2009

Uniòn Sindical de CCOO del Barcelonés

Via Laietana 16

08003-Barcelona


Colombia: asesinan campesinos en Sabana de Torres

Asogras / Fensuagro | Kaos en la Red | 31-5-2009
La Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), se permite informar a la opinión pública en General, que el día Jueves veintiuno (21) de Mayo, siendo aproximadamente las 4:30 P. M.,llegaron unos sujetos a la casa de los señores PEDRO BONILLA CHIVATA, de 56 años y HEIDY JOHANA CABALLERO GUERRERO, de 26 años, y los asesinaron, campesinos del municipio de Sabana de Torres, quienes dejan una niña de un (1) año.

Esta ola de violencia se suma a la que viene sufriendo el municipio en el ultimo año, donde se asesina y se violan los Derechos Humanos, sin que se de una solución por parte de las autoridades Municipales y militares.


Exigimosde las autoridades esclarecimiento de la muerte de estos dos (2) Campesinos del Municipio de Sabana de Torres y que se haga Justicia.

AMENAZAN CAMPESINO EN SABANA DE TORRES

Rechazamos los hechos ocurridos el díaSábado 23 de Mayo, siendo aproximadamente las 10:00 A: M. fue amenazado el Compañero ROSENDO DUARTE AVILA, padre del compañero Tesorero de la seccional Sabana de Torres, los sujetos que lo amenazaron le dijeron que mejor era que su hijo no siguieran jodiendo con el trabajo de organización como Asociación campesina, que esto desprestigiaba a la administración de Sabana de Torres y por lo tanto, era mejor que vendiera lo que tenia y se fuera del Municipio.

EXIGIMOS CLARIDAD SOBRE ESTE HECHO

Exigimos de las Autoridades se castigue y se investigue de donde vienen dichas amenazas en contra del compañero DUARTE AVILA y para nadie es un secreto que en el municipio operan grupos emergentes de los paramilitares denominados los RASTROJOS Y AGUILAS NEGRAS.

BUCARAMANGA, Mayo 28 de 2009

COMITÉ EJECUTIVO ASOGRAS SANTANDER

CESAR AUGUSTO TAMAYO Presidente
MARIBEL QUINTERO G.
Secretaria
EVANGELISTA SILVA DD.HH

Ex directivo del DAS dice que informó a Presidencia sobre magistrados.

Reproducimos el artículo publicado por: SEMANA.COM REVISTA DE RADIO
Jueves 14 Mayo 2009.

El ex director de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, le dijo a la Fiscalía que le entregó la información de magistrados al asesor y al secretario general de la Casa de Nariño.
Después de que se conocieran las primeras llamadas interceptadas ilegalmente por el DAS, ahora se destapó un nuevo episodio a este escándalo de persecuciones y espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su emisión de las siete de la noche de este miércoles, Noticias RCN reveló que durante un interrogatorio de la Fiscalía, el ex jefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, dijo que le había entregado información que su organismo había conseguido con las interceptaciones y seguimientos a los magistrados al ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria y al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.

La revelación ha causado conmoción desde temprano este jueves.

Días previos al interrogatorio, Lagos le había dicho al fiscal General, Mario Iguarán, que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre las ‘chuzadas’ y los seguimientos del DAS a los magistrados. Igualmente, le solicitó protección para su familia o que los sacara del país, incluyéndolos en el programa de protección de testigos.

“Según Lagos, el eje de los seguimientos y chuzadas era el empresario Ascensio Reyes, conocido en el mundo judicial como una persona muy cercana a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte y del fiscal Mario Iguarán”, indicó la nota presentada por RCN.

De acuerdo con el noticiero, Lagos fue citado a Palacio para iniciar una indagación encaminada a demostrar que Reyes tenía relación con un presunto narcotraficante y con algunos magistrados.

La FM, emisora que retomó esta noticia este jueves, dijo que “Lagos indicó que sostuvo una primera reunión con el consejero presidencial José Obdulio Gaviria y otros dos asesores de la Casa de Nariño. En el encuentro Lagos recibió instrucción de Gaviria de confirmar los vínculos del empresario con el narco y establecer si los dos pagaron los gastos de un viaje a Neiva al que asistieron como invitados algunos magistrados de la Corte y sus esposas”.

Según Lagos, el objetivo del seguimiento era el magistrado Yesid Ramírez, reconocido amigo de Reyes. Gaviria, según reveló Lagos, había identificado ese espionaje como “Operación Paseo”.

Según RCN, el ex director de Contrainteligencia del DAS también se refirió en la Fiscalía sobre otras reuniones del secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y del entonces director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, quien según él, le entregó información financiera de cinco magistrados y de varios de sus familiares.

Después este episodio y de conocerse tres conversaciones que fueron interceptadas ilegalmente en el 2006, el procurador Alejandro Ordóñez, dijo en La Fm que las investigaciones de la Procuraduría se están adelantando con diligencia para establecer quiénes son los responsables de las interceptaciones ilegales que desde el DAS se hicieron a personajes de la vida pública, en su mayoría, miembros de la oposición. Escuche la declaraciones del Procurador.

Por otro lado, en RCN Radio, el presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que no es la primera vez que se conoce una llamada suya que fuera grabada ilegalmente, puesto que meses anteriores se había revelado una conversación suya con la periodista Claudia Gurisatti.

También dijo que se debe establecer quién es el responsable político de las interceptaciones y dijo que no se está viviendo en una democracia sino en un Estado policivo. Escuche las declaraciones de Gaviria.