martes, 29 de diciembre de 2009

SOLIDARIDAD CON EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS CARMELO ÁGAMEZ, VÍCTIMA DE UN MONTAJE DEL RÉGIMEN URIBISTA.

El municipio de San Onofre, ubicado en el martirizado departamento de Sucre, tiene más de 3000 muertos y desaparecidos, además de 70000 desplazados. Según el Movimiento de Víctimas, entre 1999 y 2004, los paramilitares realizaron 75 masacres que dejaron 326 víctimas en Sucre.

La Comunidad de San Onofre es el símbolo de dignidad frente al paramilitarismo.

CONTRAVÍA viajó a Sucre y recordó la audiencia pública realizada el 26 de noviembre de 2007 donde por primera vez las víctimas de los paramilitares denunciaron, en su cara, a los víctimarios: los paramilitares. En dicha audiencia participó el ex Alcalde de San Onofre, Jorge Blanco Fuentes, quien ya reconoció sus vínculos con las autodefensas.

Blanco Fuentes, fue acusado por concierto para delinquir y promoción de grupos paramilitares; fue condenado a 6 años de prisión, sin embargo, se sometió a sentencia anticipada y su pena fue reducida a 3 años con beneficio de prisión domiciliaria.

Fue en la finca El palmar, en San Onofre, donde la Fiscalia General de la Nación, en julio de 2006, hizo una exhumación de más de 50 cuerpos víctimas del Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena.

Uno de los defensores de derechos humanos que durante 25 años ha denunciado la barbarie de la guerra y el paramilitarismo, es CARMELO ÁGAMEZ BERRIO, campesino de 60 años y víctima de las autodefensas.

Sin embargo, en noviembre de 2008 fue acusado de promover grupos paramilitares, cuando ha sido él mismo el que ha denunciado a ese grupo ilegal y a los políticos de la región que patrocinaron y financiaron al Bloque Héroes de los Montes de María.

Vea la historia de CARMELO ÁGAMEZ en CONTRAVÍA








Escrito por E.T. Movice
martes, 10 de noviembre de 2009

El 15 de noviembre del 2008 Carmelo Agámez, secretario técnico del Capítulo del MOVICE en Sucre, fue encarcelado por orden de la Fiscalía acusado de conspiración por haber cometido crímenes con los paramilitares. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 16 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes al MOVICE después de que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.


Durante casi dos meses fue detenido en el patio 2 de la cárcel de Sincelejo en la que se encuentran muchos de los paramilitares de San Onofre que él y las víctimas de Crímenes de Estado se han atrevido a denunciar, poniendo en riesgo su vida.


El 1 de abril la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue informada de la aparición de un lista de amenazados en las calles de Sincelejo y San Onofre firmado por un grupo autodeterminado EXMIPAZ (ex-militares por la paz) que anunciaron como objetivo a nivel nacional “Erradicar las calañas que tanto mal nos hacen” mencionado entre otros a Carmelo Agámez. En las amenazas de dieron 72 horas a las personas para irse de la ciudad y anunciaron que a “los que están presos acá, los esperamos”.


En julio de 2009, el Fiscal General de Colombia ordenó una investigación penal en contra del fiscal segundo especializado de Sincelejo, Dr. Rodolfo Martínez Mendoza, por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación sin fundamento de Carmelo Agamez.


La semana pasada, la Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá emitió una resolución acusatoria en la cual formalmente decide llevar la investigación contra Carmelo Agámez a juicio.


Después de casi un año de la injusta detención y próximo juicio de Carmelo Agámez:

- Exigimos al la libertad inmediata de Carmelo Agámez por el claro montaje judicial y las irregularidades en las garantías procesales y en el derecho al debido proceso de las que es víctima. Así como la investigación a los responsables de su detención y garantizar la protección a la integridad física y psicológica de Carmelo y su familia.



- Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, al Cuerpo Diplomático y en general a la Comunidad Internacional, a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano las garantías procesales, el derecho al debido proceso y la libertad inmediata de Carmelo Agámez así como garantizar la integridad física y psicológica de él y su familia.


- Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento público a las siguientes direcciones con copia a proteccion@movimientodevictimas.orgEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla


ALVARO URIBE VELEZ

Presidencia de la República

Carrera 8 N° 7 - 26 Palacio de Nariño - Bogotá

Fax. 5 66 20 71

auribe@presidencia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla


FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

Carrera 8 N° 7 - 57 Bogotá D.C.

fsantos@presidencia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla


GABRIEL SILVA LUJÁN

Ministerio de la Defensa

Avenida El Dorado carrera 52 CAN Bogotá D.C.

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FABIO VALENCIA COSSIO

Ministerio del Interior y de Justicia

Avenida El Dorado carrera 52 CAN Bogotá D.C.

Fax. 2 22 18 74

ministro@minjusticia.gov.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

GUILLERMO MENDOZA DIAGO

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B N° 52 - 01 Bogotá D.C.

Fax. 5 70 20 00

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VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo

Calle 55 N° 10 -32 Bogotá D.C.

Fax. 6 40 04 91

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ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

Cra 5 N° 15 - 80 F Bogotá D.C.

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CARLOS FRANCO

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Calle 7 N° 5 -54 Bogotá D.C.

Fax. 3 37 46 67

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¡¡¡NO MAS MONTAJES JUDICIALES!!!

ANTE LA IMPUNIDAD, SOMOS UNA SOLA VOZ

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

Bogotá, 10 de noviembre 2009

REGRESO A MAPIRIPÁN

En julio de 2009 una caravana de sobrevivientes de la masacre paramilitar de Mapiripán en 1997 partió desde Bogotá para hacer un retorno símbolico a su antiguo hogar.

Por la masacre de Mapiripán fue condenado el Estado Colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 15 septiembre de 2005) que la tipificó como Crimen de Estado, pues la Fuerza Pública (Ejército) dejó actuar libremente al Grupo Paramilitar de las A.U.C. que asesinó a más de 60 personas, desaparecieron a ciudadanos, descuartizaron, jugaron a futbol con las cabezas, violaron a mujeres y perpetraron todo tipo de abusos, lo que provocó un desplazamiento de familias que abandonaron sus hogares.

PRESUNTA DESAPARICIÓN DE 16 CAMPESINOS Y DESPLAZAMIENTO MASIVO POR OPERACIONES PARAMILITARES EN CAUCA.

viernes, 18 de diciembre de 2009
Publicado por MOVICE


Hechos:

La continuidad de operaciones paramilitares están generando nuevos desplazamientos forzados, los que no han sido evitados debido a la inacción e irresponsabilidad institucional para enfrentar el paramilitarismo enquistado territorialmente en una región estratégica en la confrontación armada con la guerrilla de las FARC EP y en donde se está implementando la estrategia de seguridad democrática.

El martes 15 de diciembre a las 4:00 p.m. de la tarde la Comisión de Justicia y Paz (CIJYP) fue informada de la presunta desaparición forzada de 16 campesinos debido a operaciones paramilitares en el caserío conocido como Nuevo Horizonte, La Florida, El Edén y Cañaveral en el municipio de Argelia, departamento de Cauca.

Desde el 8 de diciembre hasta la fecha se han desplazado más de 100 familias de estos caseríos. Algunas familias se han desplazado al casco urbano del municipio de Argelia, otras se encuentran hacinadas en el Colegio y en el hogar juvenil de la cabecera municipal de Argelia, y otros en Popayán en condiciones infrahumanas. Este es el tercer desplazamiento masivo que se produce en el municipio desde junio de 2008.

Hasta el momento estas familias no han recibido respuesta a sus derechos en materia humanitaria y de protección. Decenas de estas familias desplazadas son parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Sigue evidenciándose la tolerancia y la complicidad de efectivos del Batallón José Hilario López y la 29 brigada con la estrategia paramilitar, y su papel de abusos y extralimitaciones contra la libre movilización de la población y el transporte de bienes de supervivencia.1

Antecedentes:

- El 11 de diciembre de 2009, el juzgado Segundo del Circuito Especializado de Popayán tutela los derechos fundamentales de las familias desplazadas de Argelia ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado colombiano para otorgar las ayudas humanitarias a la que tienen derecho. Desde que las familias se desplazaron por el accionar de los grupos paramilitares “Los Rastrojos”, sobreviven en Popayán en condiciones de indignidad, en hacinamiento y con total vulneración de sus derechos más fundamentales2

- El 24 de noviembre de 2009, se da un desplazamiento forzado en Argelia afectando a 14 familias. Sumando más de un centenar de familias desplazadas en Popayán que hace más de un año se vieron obligadas a dejar su territorio por el accionar de grupos paramilitares en Argelia, tras desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas.3

- El 9 de febrero de 2009 la CIJYP hace pública una constancia sobre la operatividad de los “grupos paramilitares en Argelia, en y ante la mirada cómplice, aquiescente, tolerante de la Fuerza Publica. En el mismo denuncia el secuestro de Roimer Bolaños, la amenaza de muerte sobre su vida y la prolongación del desplazamiento forzado y de las amenazas a los desplazados, (...) la persecución del líder Orlando Bolaños, las amenazas, el hostigamiento y acoso contra Any Yolima Zuñiga y su posterior desplazamiento.

- Desde abril de 2008 la escuela del caserío Cristales Alto ha sido usada como base paramilitar, instalando trincheras. Igualmente varias casas de los pobladores, que se vieron obligados al desplazamiento han sido tomadas por los paramilitares, o quienes aún viven allí sometidas al control paramilitar, han sido obligadas a convivir en el mismo espacio.

- El 29 de enero a las 10.00a.m. en Bogotá, la Comisión Justicia y Paz fue informada por algunos pobladores de Argelia, que el mando paramilitar llamado “Erasmo” afirmó que los desaparecidos el 1ro de junio de 2008 Elder Daza, Armando Cerón, Gerardo Hoyos y Henry Gaviria fueron asesinados. Uno de ellos incinerado y dos asesinados con disparos, sobre la cuarta persona no indicaron nada.4

- Desde el 2006 hasta hoy, algunos de los crímenes de las estructuras paramilitares a nombre de “Autodefensas de Nueva Generación”, o de “Aguilas Negras”, o de “Rastrojos” se han cometido en cercanías de retenes del ejército y la policía; en otras ocasiones, coinciden con la movilización de tropas de efectivos militares perimetralmente sobre caseríos con la circulación interna en los mismos de paramilitares. Los paramilitares han afirmado que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Militares y las prendas que usan son las mismas que usan los efectivos regulares.5

Peticiones

- A las instituciones civiles del Estado y la alcaldía de Popayán, que se cubran las necesidades de las personas desplazadas de Argelia y que se protege la vida de las mismas.

- A los medios de comunicación, que esta vez no guarden silencio, sino que muestren el accionar paramilitar en Argelia

- A los organismos de control y judiciales, que cumplan su función constitucional y legal y por lo tanto investiguen y sancionen los funcionarios públicos que por acción u omisión han sido responsables de la implantación de senda barbarie en esta región del país y que actualmente parece repetirse.

-Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento público sobre los hechos mencionados .

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

18 de diciembre de 2009


1Constancia y Censura Ética CIJYP 17/12/2009

2DeVer 602 CIJYP 11/12/2009

3Contagio Radio CIJYP 24/11/2009

4Constancia y Censura Ética CIJYP 07/02/2009

5Constancia y Censura Ética CIJYP 09/01/2009


Concentración de familiares de desaparecidos y desaparecidas del Palacio de Justicia

A 24 años de la toma del Palacio, se lleva a cabo una concentración exigiendo a las autoridades que los militares al mando de la operación aclaren dónde están los desaparecidos y las desaparecidas.

El Presidente de Venezuela alerta que el Gobierno de Colombia prepara un falso positivo para justificar una agresión norteamericana a Venezuela

Chávez afirma que tiene evidencias de que el Gobierno de Colombia, por orden estadounidense, prepara un falso positivo para justificar una agresión a Venezuela.

Falso positivo es la expresión usada para señalar los homicidios de sindicalistas, activistas sociales, campesinos, políticos o estudiantes colombianos perpetrados por la fuerza pública (fundamentalmente Ejército), y que son presentados como "guerrilleros" dados de baja "en combate". El Ejército de Colombia recibe recompensas económicas por los guerrilleros dados de baja y, por otro lado, dentro del Ejército hay una percepción peligrosa de la izquierda social, sindical y política, pues al coincidir en sus aspiraciones sindicales y sociales o en sus programas políticos con postulados de la insurgencia armada, es vista como una prolongación civil de las guerrillas y convertida automáticamente en objetivo militar. Se han denunciado miles de falsos positivos durante el mandato de Uribe.

El Presidente de Venezuela está convencido de que el Gobierno de Uribe, por mandato del Gobierno de Obama, prepara un montaje sangriento dentro de territorio venezolano, con la intención de señalar presencia guerrillera dentro de Venezuela y proceder a una agresión militar, cuyo objetivo es derribar a su gobierno y dominar a otros gobierno de la región que ejercen mayor soberanía sobre recursos estratégicos para EE.UU.


VÍDEO: CARLOS LOZANO PIDE AL GOBIERNO URIBISTA GARANTÍAS PARA QUE SE LOGRE LA LIBERACIÓN UNILATERAL DE REHENES

El comunicado emitido por las FARC implica que se comienza a concretar la liberación unilateral de rehenes, pero resta que el gobierno establezca las garantías para la operación humanitaria, consideró Carlos Lozano, de Colombianas y Colombianos por la Paz. El Gobierno de Colombia insiste en la solución militar.

TeleSUR.


"Volver a nacer" gana el premio a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos

De Agencia Prensa Rural | Publicado en Kaos en la Red | 16-12-2009

En la localidad catalana de Santa Coloma de Gramenet, en las afueras de Barcelona, se realizó, del 9 al 12 de Diciembre, el I Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.

El premio Memoria y Justicia Universal a la mejor película del festival fue otorgado al documental "Volver a nacer: Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia.

"Volver a nacer", codirigido por Paco Simón y Óscar Bernàcer fue producido por la Fundación CEPS. La película es fruto de una investigación sobre los exiliados y exiliadas en España del partido colombiano Unión Patriótica, que ha sido financiada por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

La UP aglutinó a las principales fuerzas de la izquierda colombiana y a guerrilleros de las FARC que habían firmado una tregua en 1984. Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la UP: en menos de una década fueron asesinados unos cuatro mil simpatizantes y militantes, la mayoría a manos de paramilitares, militares y policías.

“Volver a nacer” reconstruye la trágica historia de ese partido exterminado, a través de los testimonios de los exiliados.
El I Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se realizó en el marco de la Fiesta Mayor de Invierno de la ciudad de Santa Coloma. El festival, un acontecimiento cultural de vanguardia y comprometido, contó con una excelente selección de películas, procedentes de diversas cinematografías del mundo, que invitaron a la reflexión sobre la violencia y la dignidad humana.

En el transcurso del festival, se entregó el Premio Joan Alsina al abogado argentino, residente en España, Carlos Slepoy, por su larga trayectoria en la defensa de las personas que han sufrido la violación de sus derechos humanos.

El Festival tuvo como finalidad promover un debate que lleve a un primer plano la situación de los derechos humanos en el mundo. En este sentido, se concedió un amplio espacio al cine político, a la promoción de los derechos individuales y a las libertades democráticas, así como al respeto de los derechos de las minorías. También se prestó atención a los derechos sociales, la lucha por una vida digna, la solidaridad y los derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la identidad cultural, al desarrollo y a un medio ambiente sano.

El Festival estuvo organizado por el Ayuntamiento de Santa Coloma, la Casa América de Catalunya, Acción y Participación, la Fundación Internacional Olof Palme y el Instituto Multimedia DerHumALC. Contó con la colaboran la Diputación de Barcelona y la Red de Televisiones Locales de Catalunya.

Al Premio Derecho Humanos optaron las cintas “Tapologo”, “Cien metros más allá”, “Padres de la plaza”, “Fixer: The taking of Ajmal Naqshabandi”, “La pérdida" y "Crude”;

Al Premio Memoria y Justicia Universal optaron “Volver a nacer”, “Matar a todos”, “Bajo el mismo sol”, “La batalla de la memoria” y “La canalla (da) de Santo Felip”;

Al Premio Igualdad e Interculturalidad, optaron las películas “Miradas desveladas”, “Miente”, “Desplazados”, “El empleo” y “Soy Meera Malik”.

La secciónes del festival "Música y lucha contra la discriminación" y "Panorama" recogieron el testimonio filmado de experiencias insólitas (LT22 Radio la Colifata, L’Orchestra di Piazza Vittorio, Kalo de aquí, Sita Sings The Blues) y los títulos como “Tinta roja”, “Carlos T”, “Milton, el nieto de la abuela”, “Argentina punto y seguido” y “Bagatela”.

Él jurado del Festival estuvo conformado por personalidades de gran prestigio. Anna Balletbó, presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme y miembro del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de medidos Audiovisuales. Cesc Gay, director de cine con una filmografía en la que sobresalen obras como “Krampack”, “En la ciudad” y “Ficción”. Pere Gibert, coordinador de Contenidos de la Red de Televisiones Locales; Oriol Gispert, periodista y realizador, autor de diversos documentales; y Yolanda Viñals, licenciada en Periodismo y Humanidades, egresada de la Escuela de San Antonio de los Baños (Cuba) y en la Universidad Complutense de Madrid.

La dirección del festival estuvo a cargo de Javier Luna y la dirección artística la realizó Julio Santucho.

Vea el documental aquí:
http://prensarural.wordpress.com/2009/04/08/volver-a-nacer-memoria-desde-el-exilio-del-genocidio-de-la-union-patriotica-en-colombia/

domingo, 27 de diciembre de 2009

ANÁLISIS SOBRE LA PRESUNTA AUTORÍA DEL ASESINATO DEL GOBERNADOR LUIS CUÉLLAR, SUCESO MUY DIFUNDIDO EN MEDIOS INTERNACIONALES (VÍDEO RELACIONADO)

Daños colaterales
Irene Selser
2009-12-24•Fronteras
Publicado en http://impreso.milenio.com/node/8693548


En lo que se despeja la interrogante sobre la responsabilidad de las FARC en el secuestro y atroz crimen del gobernador Luis Cuéllar, fluye la información sobre las particularidades de la zona de Caquetá, donde opera la columna de las FARC Teófilo Forero, la misma que secuestró a Ingrid Betancourt en 2002.

Extraoficialmente se dice que las FARC le tenían “unas ganas terribles” a Cuéllar, a quien no sólo secuestraron cuatro veces sino que tildaban de “paramilitar”, ya que las hoy desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron al área desde Morelia, el pueblo del cual él era alcalde. Al parecer, Cuéllar iba a ser procesado en enero por “parapolítico”, ya que ex miembros de las AUC revelaron la forma en que él los dejó entrar a Morelia.

Para la prensa colombiana, decir columna Teófilo Forero y secuestro es casi sinónimo. Pero no cualquier secuestro, sino plagios espectaculares como el del avión donde viajaba el ex senador Eduardo Gechem Turbay y que puso fin al proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en 2004.

Según el ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva, detrás del asesinato de Cuéllar estuvo Hernán Velásquez (El Paisa), a quien se le atribuye el secuestro de los 11 diputados del Valle, también en 2002.

Pero El Paisa, según la prensa de Bogotá, ya no actúa en la zona por la presión del ejército en el marco de la estrategia oficial de “seguridad democrática”, por lo éste “manda de lejos”; y ni siquiera a un gran frente sino “a un puñado de hombres” no mayor a los 200 efectivos, según fuentes de inteligencia militar.

Lo llamativo es que expertos como Gerson Arias, coordinador del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, de la Fundación Ideas para la Paz, opinan que dicha columna “es más reposada que otras” y que “no obra a la ligera”. De ahí que no se descarte una posible acción de infiltración de EU por lo brutal e inusual del método utilizado, similar a la labor realizada por la CIA en las Brigadas Rojas italianas, que en 1978 llevó al secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro y líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, “sacrificado” por EU en aras de sus intereses.

Como sea, si a Álvaro Uribe le faltaban argumentos para justificar un tercer mandato de cara a los comicios generales de marzo próximo, el crimen le viene como anillo al dedo para volver a realzar su estrategia de “seguridad democrática”. De paso, se legitima la presencia de las tropas de EU en el país, que estarán llegando en las próximas semanas, para “defender la democracia de estos narcoterroristas”, como recordó ayer la Casa Blanca, por si a alguien se le hubiese olvidado.

NOTICIA DEL HECHO DIFUNDIDA EN TELESUR


La bananera de EEUU armó a los paramilitares colombianos (INCLUYE VÍDEO RELACIONADO)

Fuente: Público.
Autor: ANTONIO ALBIÑANA - Bogotá - 19/12/2009 08:00


La Fiscalía de Colombia pedirá la extradición de los directivos de Chiquita, la antigua United Fruit Co. La Justicia acusa a la multinacional de financiar una red que perpetró 11.000 asesinatos

19 de diciembre 2009.- La impunidad que ha presidido la actuación de las multinacionales bananeras en Latinoamérica durante más de un siglo podría llegar a su fin antes de que acabe el año. La United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands Inc., protagonista de golpes de Estado, masacresy apoyo a dictaduras en el subcontinente durante décadas, se sentará en el banquillo de los acusados en Colombia por financiación de una red del paramilitarismo, que ocasionó al menos 11.000 víctimas en la región del Urabá.

La Fiscalía colombiana se dirigió a principio de mes al Director de Asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas Black, para que notificara a los ciudadanos estadounidenses directivos de Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninger, que están siendo investigados como criminales en Colombia por "concierto para delinquir agravado". El paso siguiente será en los próximos días la petición de extradición, que podría extenderse a otros 19 miembros de la Junta Directiva de Chiquita, para que respondan por la financiación a los paramilitares colombianos en operaciones dirigidas a la "protección" de la bananera, la ocupación de tierras mediante el desplazamiento forzado y la eliminación de sindicalistas.

Ya son 127 las familias colombianas que se han personado como víctimas en un proceso que, según declaró a ABC News el experto estadounidense en Derecho Internacional Terry Colling Sworth, "es el caso más grande de terrorismo de la historia reciente, con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York". Por su parte, la relatora general de la ONU para la independencia judicial, Gabriela de Alburquerque, de visita en Colombia hasta el pasado miércoles, trajo en su agenda la necesidad de hacer justicia sobre Chiquita Brands, con la imprescindible extradición de sus ejecutivos desde EEUU.

La "República bananera" ha sido durante décadas la denominación de países, como Honduras, cuyos gobiernos actuaban como títeres de las fruteras estadounidenses y, por extensión, de los países latinoamericanos donde ha reinado la arbitrariedad, la corrupción y la dependencia. En Colombia se cumple en estos días el 81 aniversario de la "matanza de las bananeras" perpetrada por el Ejército colombiano en la estación central de Ciénaga, a las órdenes de la United Fruit Company, cuyo recuerdo constituye un capítulo central en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.

Entonces se trataba de acallar las protestas sindicales. Hasta hoy mismo los gerentes bananeros han seguido en la misma línea, financiando a los paramilitares y fomentando el destierro de las familias campesinas para extender los cultivos. La declaraciones voluntarias de los jefes paras, en
el marco de la "Ley de Justicia y Paz", que les garantiza impunidad a cambio de la "verdad" y de una improbable "reparación" a las víctimas, han sido decisivas para desempolvar centenares de causas a las que EEUU y Colombia pretendieron dar carpetazo. Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Ever Veloza y Fredy Rendón han detallado pagos millonarios a las Autodefensas Unidas por parte de Chiquita Brands para desplazar a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras con la complicidad del Gobierno colombiano hasta hace dos años. Los defensores los de derechos humanos estiman que estas prácticas continúan con el protagonismo de "bandas emergentes", como las Águilas Negras. Confesiones de paramilitares

Las confesiones de los jefes históricos de los paramilitares han llegado más lejos. Según las declaraciones a la fiscalía del capo Raúl Emilio Hasbún, los paramilitares recibieron 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Bulgaria camuflados en un barco de Chiquita Brands. Además, y mediante soborno a las autoridades aduaneras, la multinacional bananera consiguió establecer un puerto privado en Turbo (región de Antioquia) que también sirvió para actividades de narcotráfico. Las embarcaciones Chiquita Bremen y Chiquita Belgie embarcaron en ese puerto una tonelada y media de coca camuflada entre la fruta en 2001.

Cuando empezaron a conocerse sus actividades delictivas, Chiquita lanzó una estrategia de ingeniería financiera para crear empresas con nombres nuevos y fingir que habían terminado sus operaciones en Colombia. Sin embargo, la fiscal especial para el caso, Alicia Domínguez, considera probado que las empresas Olinsa, Invesmar y Banacol S.A., esta última con sede en las Islas Vírgenes británicas, han seguido pagando a los paras por su "protección". Concretamente, Olinsa tiene un contrato con Chiquita Brands hasta 2012 y es una tapadera de la multinacional que en realidad nunca ha dejado de actuar en suelo colombiano desde la masacre de 1928, cuando se llamaba United Fruit Company.

VÍDEO: DE LA UNITED FRUIT COMPANY (1928) A LA CHIQUITA BRANDS (2008). UNA HISTORIA DE USO DEL TERROR PARA IMPONER CONDICIONES.

LA PRENSA URIBISTA INTENTA JUSTIFICAR LOS CRÍMENES DE ESTADO CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SÁN JOSÉ TILDÁNDOLA DE GUERRILLERA (VER VÍDEO)



Autor: Padre Javier Giraldo
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Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’. En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.

La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada XVII) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.

La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial. Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada XVII del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en delante de hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.

Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra. Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes. Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta. Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla. El Presidente Uribe lanzó 5 acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04), pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación. Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio Super, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’. Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.

No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

VÍDEO SOBRE LA CAMPAÑA MEDIATICA CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ..

Tras los asesinatos del líder campesino Luis Eduardo Guerra y su familia (3 niños y 8 adultos) perpetrados por el ejército y paramilitares, la prensa uribista desata una campaña señalando a las FARC como presunta responsable. La comunidad denuncia el crímen y lograr probar la culpabilidad del Ejército. Este proceso contra los militares desata una campaña mediática difamatoria contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo declaraciones del Presidente Uribe señalándola como partidaria de la guerrilla. Por último, aparece un supuesto desmovilizado de la guerrilla que "declara" al Ejército supuesta vinculaciones de miembros de la Comunidad con la insurgencia armada de las FARC. Se trata de una operación mediática que vendría a justificar las violaciones a los derechos humanos sufridas por la Comunidad y perpetradas por el Ejército y los Paramilitares.





Comité Permanente demanda acuerdo de las bases militares de EE.UU. en Colombia (VÍDEOS)


Víctimas del conflicto | Colombia | Militarización Plan Colombia

El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.

Agregó que este convenio contiene muchos elementos novedosos, que no se compensan con los precedentes que aún están vigentes entre los dos países, es decir, que no hacen parte de ninguno de los 17 documentos de esa naturaleza que han sido firmados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

"Esto, en realidad es una coartada del Gobierno, pero tenemos el precedente de que el Consejo de Estado dio una opinión y, efectivamente, dijo eso: que esto no se ampara, porque es un asunto nuevo, de una incidencia importantísima a nivel cualitativo de presencia militar, no de tránsito de tropas, que requiere de un trámite especial", dijo el abogado Juan Carlos Domínguez Prada, quien también hace parte de la plataforma.

De la misma manera, señaló que se trata de una disposición que atenta contra la soberanía nacional, aspecto que constituye uno de los pilares del Estado moderno, junto al territorio y otros elementos intangibles como la Nación.

El abogado indicó que no sólo Colombia sino los países vecinos se verían sometidos a este riesgo latente y permanente de persecusión, teniendo en cuenta que la simple presencia en la Base de Palanquero le otorgaría a los marines norteamericanos la capacidad de monitorear a todos los países de América Latina.

La importante acción instaurada que está llamada a provocar trascendentales decisiones judiciales del más importante órgano de la jurisdicción administrativa, hace un análisis del Acuerdo, concluyendo que se trata de un verdadero Tratado Internacional que como tal, debe cumplir con los requisitos legales, constitucionales e internacionales –Convención de Viena- de este tipo de instrumentos. Requisitos que fueron escamoteados por el gobierno colombiano al suscribir el Acuerdo. Demuestra el demandante que contrario a lo afirmado por éste, el Acuerdo no desarrolla facultades ya pactadas en tratados vigentes, sino que lo entregado por el país en materia de soberanía rebasa ampliamente los Acuerdos y Tratados suscritos entre los dos países.

Según el abogado demandante Domínguez Prada, lo anterior hace obligatorio que el Acuerdo sea aprobado por el Congreso de la República como Tratado tal como lo ordenan la Constitución Nacional y la Convención de Viena. Así el funcionario que lo suscribió, el canciller Jaime Bermúdez, actúo por fuera de su competencia y usurpando la jurisdicción del Congreso, lo cual hace nulo de nulidad absoluta el Acuerdo.

La demanda solicita al Consejo de Estado la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del Acuerdo mientras se surte el trámite de la nulidad, lo cual eventualmente hace que en cuestión de unos meses el Acuerdo de las bases militares no pueda ser implementado. Esto solucionaría el más importante motivo de tensión internacional del gobierno de Colombia frente a los de América latina que mayoritariamente se han pronunciado contra la instalación de bases militares extrajeras en el sub continente.

EL RECONOCIDO ACADÉMICO NORTEAMERICANO NOAM CHOMSKY LLAMA A RECHAZAR LAS BASES MILITARES DE EE.UU. EN COLOMBIA POR SER UN PELIGRO PARA LA SOBERANÍA DE TODOS LOS PUEBLOS DEL CONTINENTE.




PROTESTAS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES COLOMBIANOS CONTRA LAS BASES MILITARES DE EE.UU. EN SU TERRITORIO NACIONAL.


sábado, 12 de diciembre de 2009

DENUNCIA PÚBLICA DE LA ASOCIACION CAMPESINA AGRÍCOLA DEL PUTUMAYO

Inspección de Piñuña Negro, 10 de noviembre de 2009


Las comunidades campesinas Indígenas y afros descendientes representadas en la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo – ASCAP, ubicada en la Inspección de Piñuña Negro, denunciamos ante la comunidad Nacional e Internacional la situación que atravesamos por las erradicaciones forzada que se desarrolla en los corregimientos de Perla Amazónica; Piñuña Blanco de municipio de Puerto Asís y Piñuña Negro, Puerto Ospina del Municipio de Puerto Leguizamo del departamento del Putumayo.

HECHOS

1. Desde el 19 de octubre de 2009, las comunidades campesinas, indígenas y afros, nos vimos en necesidad de desplazarnos a la cabecera central del la inspección de Piñuña Negro del municipio de Puerto Leguizamo, para exigir al Gobierno Municipal, Departamental y nacional, atención inmediata frente a la erradicación manual forzosa que se viene implementando en estos corregimientos desde el mes de octubre/09, que afecta a las comunidades por no tener el Gobierno Nacional un plan de contingencia que solucione la crisis alimentaria y humanitaria que viene dejando este sistema de erradicación y que no fue concertada con las comunidades campesinas, indígenas y afros de esta región del Putumayo.

2. Hoy 10 de diciembre/09, después de 50 días, en la inspección de Piñuña Negro Municipio de puerto Leguizamo se encuentran concentradas las siguientes personas 828 niños, 1.024 niñas, 1.868 hombres entre ellos adultos mayores, 1.543 mujeres, entre ellas un 20% mujeres embarazadas, esperando que el Gobierno Nacional se siente a dialogar y escuche las necesidades y las soluciones a los mismos, como se lo hemos planteado a través del PLAN INTEGRAN DE DESARROLLO CAMPESINO, que recoge las necesidades de las comunidades campesinas, indígenas y afros del departamento del Putumayo, que están representadas en las 5.263 personas que han salido hoy heroicamente a defender el derecho a permanecer en sus parcelas, el derechos a estar en sus territorios y sobre todo a seguir contribuyendo al desarrollo social y económico de la región.


EXIGIMOS DEL GOBIERNO LOCAL Y NACIONAL

1. La presencia del Gobierno local y Nacional en la Inspección de Piñuña Negro, para que se escuchen las necesidades de las comunidades campesina, Indígenas y afros.

2. Atender de manera inmediata la crisis humanitaria provocada por la erradicación forzada, la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública acantonada en la zona del rio Putumayo.

3. Implementar de manera inmediata los programas productivos alternativos que permitan la estabilidad de las familias campesinas, indígenas y afros en el departamento del Putumayo.

4. Se garantice la seguridad de los líderes y dirigentes campesinos, indígenas y afros que están al frente de la negociación durante y después del proceso.

5. Se garanticen los derechos fundamentales como lo contempla la constitución nacional, de los campesinos y campesinas de las comunidades que habitan la Inspección de Piñuña Negro, municipio de Puerto Leguizamo y comunidades del departamento del Putumayo.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Hacer seguimiento permanente sobre la crítica situación alimentaria y de derechos humanos por las que venimos atravesando las comunidades campesinas, indígenas y afros en el municipio de puerto Leguizamo y comunidades en general del departamento del Putumayo,

Exigir al Gobierno Nacional que se respeten los Derechos Humanos de la población campesina en general, perteneciente a las corregimientos de Perla Amazónica, Piñuña Blanco del Municipio de Puerto Asís y la comunidades de la inspecciones de Piñuña negro y corregimiento de Puerto Ospina del Municipio de Puerto Leguizamo del departamento de Putumayo.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos a rechazar todo tipo de acciones como la erradicación forzada, que lesiona la integridad de los campesinos, indígenas y afros del putumayo ya que estas no han sido concertadas con las comunidades, por lo tanto solicitamos continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos por la que atraviesa esta región.

ASOCIACION CAMPESINA AGRÍCOLA DEL PUTUMAYO

“ASCAP”


JOSE HARRY RENDON LOAIZA

Presidente

50.000 DESAPARECIDOS EN 20 AÑOS. Iván Cepeda: “Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía y afronten la situación de Colombia”

Rebelión
Foto de acto en Oviedo con Ivan Cepeda - http://www.pachakuti.org

Nadar contra una fuerte corriente es lo que hace el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia, donde las mayorías en Congreso y Cámara están alineadas con los dictámenes del presidente Álvaro Uribe,
que ahora aspira a una segunda reelección, aunque en su empeño viole lo establecido por la Constitución. En casos tan graves como los miles de asesinatos de jóvenes pobres por parte de militares, que son presentados como guerrilleros y luego canjeados por reconocimientos y medallas, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación avanza a paso lento y sin ganas.

Instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, un estamento burocrático con el que Álvaro Uribe, en los tiempos remotos de la primera candidatura presidencial prometió acabar, ahora se mantiene como un apéndice aún más funcional y sometido. La Procuraduría General de la Nación, el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los empleados del Estado”, no sólo no controla ni vigila, sino que tampoco es autónomo, y al propio Procurador General, Alejandro Ordóñez, se le reconoce en el país como “el absolvedor”, pues desde su arribo a la institución se ha distinguido por la eficiencia para eximir de culpa a toda clase de militares y funcionarios uribistas vinculados con masacres y paramilitarismo.

En la otra orilla, una institución como la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a nombrar el nuevo Fiscal General de una terna presentada por el presidente, por considerar que los postulantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para el cargo, ha sido objeto de toda clase de vituperios por parte del mandatario, de ataques descarados de sus funcionarios, e, incluso, de interceptaciones telefónicas o “chuzadas”, por parte del DAS, el organismo de inteligencia del Estado adscrito a Presidencia.

En la corriente desenfrenada y unidireccional del actual gobierno colombiano, que se lleva sin pudor los diques constitucionales y legales, y no digamos los morales y éticos que interpone cualquier institución, es donde el MOVICE actúa con empeño y tesón, a veces como un clamor solitario, pero también con una postura política clara. El Estado colombiano, como responsable por acción, confabulación, omisión o permisividad, tiene una evidente responsabilidad en muchos de los crímenes cometidos contra los propios colombianos. Del mismo modo, el Estado tiene la obligación de responder ante las víctimas, las familias, las organizaciones y ante toda la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, y, sobre todo, la garantía de que no se repetirán esos crímenes.

Iván Cepeda Castro, además de escritor y periodista, es un destacado líder de los derechos humanos en Colombia y vocero del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003 que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y a algunas organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Iván Cepeda ha vivido en carne propia la violencia ejercida por el Estado colombiano, como hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1984, durante el genocidio llevado a cabo contra la Unión Patriótica, un partido político que fue víctima de una persecución intencional y sistemática que lo condujo al exterminio.

Conversamos con Iván Cepeda en Madrid, ciudad que ha sido escenario del lanzamiento de una campaña internacional de más de 30 organizaciones europeas de derechos humanos para llamar la atención sobre la persecución que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, por parte de las instancias estatales que deberían brindarles garantías.

Como vocero de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, ¿qué sensación le produce llegar a Europa y percibir que el Gobierno colombiano se ve como un gobierno democrático, que cumple los requisitos mínimos para ser tratado con deferencia por la Unión Europea?

No me sorprende. En el caso de España, para decir las cosas por su nombre, hay importantes inversiones del capital transnacional en Colombia. Para citar sólo un caso: en estos días se debate en manos de quién quedará el tercer canal de la televisión, y el grupo PRISA tiene un importante interés en esta concurrencia. Entre las propiedades de este grupo, figura “El Tiempo”, el principal diario colombiano, dirigido por la familia Santos. Esa familia gobierna el país. Por lo menos, ha ocupado un lugar importante en ambos gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El vicepresidente del país, Francisco Santos, es uno de los principales accionistas de esa casa editorial, y el ex ministro de Defensa, que también es candidato para las próximas elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, también es accionista y dueño del periódico. No son, pues, sólo coaliciones o alianzas. Son verdaderos consorcios.

Así que el hecho de que se elogie al presidente Uribe, un gobierno que a duras penas puede sobrellevar un día sin un escándalo –lo que incluyen hechos criminales, como los llamados “falsos positivos” y situaciones aún más evidentes-, pues que un gobierno extranjero lo elogie, lo único que implica es que sus intereses deben ser protegidos. Pero cada día es menos posible ocultar esa situación. Es un gobierno que se ha venido mostrando en todas sus facetas de corrupción y criminalidad en los últimos años.

Y yo creo que sí, que hay quienes se esfuerzan por mantener ese tipo de coartadas, para ocultar una situación tan grave como la que hay en Colombia, pero también hay una conciencia creciente en la comunidad internacional sobre lo que el gobierno del presidente Uribe representa realmente. Para decirlo con claridad, uno de los aparatos criminales más mortíferos y destructivos que ha habido en los países de América Latina.

¿Alguna vez han tenido las víctimas en Colombia algún espacio de interlocución con el poder para incidir en lo que se llama allí la legislación “de paz” o en la política de construcción de la llamada “reconciliación”?

No. El Gobierno y el Poder Legislativo, en su gran mayoría, responden a los intereses del aparato criminal que ha producido tantas víctimas en Colombia. De ahí que no es un interlocutor, sino más bien un enemigo constante de estos procesos. Pero a pesar de que el Gobierno se ha empeñado, por todas las vías posibles, en que esos procesos no se puedan abrir paso, gracias a la acción de las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados y los jueces dignos que tiene el país, en los últimos años se ha logrado producir un avance efectivo.

Ese avance se ve materializado en que más de cien funcionarios estatales, entre ellos un número significativo de congresistas, han sido llevados a las cárceles. Que muchos miembros de la Fuerza Pública han comenzado a ser llamados ante los tribunales y que el fenómeno de la llamada “parapolítica” y los crímenes cometidos por el paramilitarismo se ponen en evidencia. Y cuando se ha ido reconociendo la realidad de que en Colombia ha funcionado la criminalidad de Estado.

Pero eso no es gracias al gobierno ni a la interlocución con el gobierno, sino que es el resultado de una lucha tesonera, dada en condiciones muy desiguales y siempre peligrosas, que han llevado a cabo las víctimas en sus regiones: los campesinos, los indígenas, las mujeres, muchas asociaciones de personas que han logrado ir construyendo este camino hacia los derechos humanos en el país.

Cuando se habla de crímenes de Estado, son conocidas las víctimas de los casos argentino o chileno, pero Colombia es una caja negra: no hay conocimiento de cuál es la dimensión de las víctimas y cuál es la realidad que ustedes afrontan cuando deciden no callar y exigir justicia, verdad y reparación.

Bueno, las cifras son cada vez más completas y claras. Estamos hablando de cerca de 50.000 personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años, una cifra que supera de largo a países como Argentina y Chile, y a algunos centroamericanos. Hablamos del 10% de la población desplazada, más de 4 millones de personas; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades: 18 pueblos indígenas están al borde del exterminio en procesos que sin lugar a dudas se pueden catalogar como genocidios, y también de sectores como los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de crímenes continuos durante estos dos decenios.

En Colombia, estamos en presencia de una criminalidad del sistema, con múltiples expresiones, que tiene la connotación de no ser apenas la violencia que se presenta en un conflicto armado, sino una violencia que promueve el Estado para eliminar, anular, neutralizar a organizaciones enteras de activistas sociales. Y una violencia que además tiene la connotación de intentar presentar a sus víctimas simplemente como personajes encubiertos que actúan en nombre de la guerrilla.

Para entender mejor de qué estoy hablando, traigo a colación sólo un caso. Hace un año tenemos en la cárcel a Carmelo Agámez. Es el líder de los campesinos de San Onofre, un poblado al norte de Colombia que se convirtió en una especie de campo de concentración -y lo digo literalmente, no es una exageración- de los grupos paramilitares. En esa población de 50 .000 habitantes, las personas fueron sometidas durante años a un régimen de campo de concentración donde se les imponía un estricto régimen de vida: una hora para despertarse y acostarse, los paramilitares disponían de las mujeres, de las personas para esclavizarlas como peones en sus fincas… En fin, un régimen dantesco. Allí, Carmelo Agámez logró organizar al movimiento campesino y llevó a la cárcel, no solamente a los paramilitares, sino a sus aliados políticos, sus jefes políticos. Y una vez que se logró esto, Carmelo fue acusado de aliado de los paramilitares. Él, que toda la vida fue su víctima, terminó siendo acusado por ellos, como forma de venganza, para llevarlo a la cárcel. Hace un año que Carmelo está en prisión. Fui a visitarle hace unos meses. En la prisión hay 70 personas: 69 son paramilitares y políticos aliados de los paramilitares, y Carmelo vive en compañía de esta gente. Como puede entenderse, es una situación de inmensa peligrosidad, y, a pesar de eso, Carmelo sigue sosteniendo su lucha desde la cárcel.

La campaña electoral ya comenzó en Colombia, y la retórica belicista con respecto a Venezuela trata de rendir resultados en términos de apoyo al gobierno, o de solapamiento de otros problemas que tiene el país. ¿Cuál es la opción de las víctimas en este contexto, donde parece cada vez más difícil hablar de las situaciones de violación de derechos humanos y de lo que hay que reparar dentro del país?

Yo creo que nosotros estamos cada vez más cerca de una acción política directa. El movimiento de víctimas ha dado una lucha jurídica, una lucha por ganar espacios, pero eso se muestra cada vez más insuficiente. No basta con meter a los políticos a la cárcel: hay que ganar espacios políticos. Y creo que el movimiento social en Colombia ha comenzado una discusión sobre ese tema. Existen partidos políticos, es cierto, pero las víctimas y los movimientos sociales quieren tener poder, y quieren ejercer el poder.

Ahora, lo que está ocurriendo en Colombia en relación con Venezuela es una estrategia de largo alcance. Hay que recordar que, en los últimos años, se han ido produciendo, uno tras otro, varios golpes de Estado. Primero se dio un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, posteriormente se intentó dar un golpe al presidente Evo Morales, más recientemente en Honduras se ha producido el golpe impune del señor Micheletti. Aquí lo que hay es un plan claramente articulado para acabar con estos gobiernos, y, sobre todo, para acabar con el proceso de integración latinoamericana.

Aquí el objetivo esencial no es uno u otro gobierno, es la unión de los países latinoamericanos en torno a una nueva política, a una nueva economía, a un nuevo tipo de relaciones que puedan configurar una fuerza que se oponga con claridad a unas relaciones tradicionalmente coloniales e imperiales.

En este contexto, por supuesto, el gobierno del presidente Uribe es una pieza central. Algunos hablan ya de que Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos en América Latina, y creo que no son palabras exageradas. Estamos asistiendo a un contexto en el cual se ha creado una plataforma para agredir de manera clara ese proceso de integración. Y en las elecciones que vienen ése va a ser un tema a discusión, por supuesto, y las víctimas vamos a tomar partido y a tomar opción por enfrentarnos a ese tipo de proyectos que quieren destruir la unidad latinoamericana.

¿Cuáles son las exigencias de las víctimas en Colombia hacia la Unión Europea y sus gobiernos en cuanto a la política exterior que deberían seguir con respecto al Estado colombiano?

Yo creo que los gobiernos colombianos han sido tratados con una extrema indulgencia, por decirlo de la manera más eufemística. Se ha tolerado durante años, a través de declaraciones supremamente tímidas, una situación que, de lejos, es la más grave en cuanto a derechos humanos en el hemisferio occidental.

Hablamos de un país que tiene una guerra de 50 años, el 10% de su población en la miseria por el desplazamiento forzado, un país en el que los crímenes de personalidades y de personas que defienden los derechos humanos son hechos cotidianos.

Y a todo esto se intenta poner siempre paños de agua tibia diciendo que son situaciones producto del terrorismo, producto de la lucha contra el narcotráfico.

Es hora de que los gobiernos europeos dejen la hipocresía, afronten los hechos que suceden en Colombia con la gravedad que tienen y propongan salidas acordes. No digo que todos los gobiernos se comporten de esta forma, pero hay sectores y partidos políticos en Europa para los cuales es tolerable una situación que, vista de manera objetiva, no es otra cosa que un inmenso río de sangre. Una realidad totalmente antidemocrática y contra los derechos humanos.


Partido Comunista Colombiano rechaza criminal provocación del Vicepresidente Francisco Santos, investigado por vinculos con el paramilitarismo

Publicamos la respuesta del Secretario Gral. del PCC, Jaime Caycedo, a las acusaciones vertidas por el Vicepresidente, Francisco Santos, investigado por vínculos con el paramilitarismo, que pretenden acusar al Partido Comunista de complicidad con la lucha armada.

Queremos recordar que el Partido Comunista ha sufrido la pérdida de miles de sus militantes, asesinados por el terrorismo de Estado, al igual que la extinta coalición de izquierdas Unión Patriótica (apróximadamente 5.000 víctimas mortales). Estos crímenes siguen ocurriendo con el gobierno de Uribe, y también los sufren militantes comunistas que trabajan en la nueva coalición de izquierdas colombiana, el P.D.A.

Durante el primer mandato de Uribe tenemos conociemiento de asesinatos y desapariciones de, al menos, 150 miembros de la extinta U.P. y el PCC. Estas acusaciones de Francisco Santos son muy peligrosas, pues difuminan la frontera entre civiles y combatientes y legitiman las tesis criminales que pretenden extender la opinión de que todos los militantes de la izquierda son guerrilleros, y así justificar la violencia contra ellos. Aquellos funcionarios del Estado que han participado y participan en los crímenes pueden interpretarlas como un respaldo del Vicepresidente y un señalamiento hacia los comunistas como objetivo militar. Por ello desde la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia nos solidarizamos con el PCC como víctima colectiva del terrorismo de Estado y rechazamos profundamente las declaraciones del Vicepresidente Santos.


Diciembre 12 de 2009 | 08:12 AM. | Comunicados| web del PACOCOL

El Partido Comunista Colombiano rechaza enérgicamente las insinuaciones provocadoras del vicepresidente Francisco Santos en el sentido de que no ha fijado clara posición frente a la lucha armada en Colombia. Como integrantes del Polo Democrático Alternativo, los comunistas colombianos hemos respaldado y acompañado plenamente las declaraciones de su dirección nacional en relación con este crucial asunto, señalando además que nuestra lucha política se realiza desde la defensa de la civilidad y de cara al país.

No resulta extraño que tan abusivas declaraciones se den en momentos tan difíciles como los actuales, cuando recrudecen las amenazas desde las fuerzas paramilitares contra nuestros dirigentes y se intenta crear un ambiente de deslegitimación y persecución desembozada contra nuestro partido, en secuencia histórica perversa que ha llevado a la muerte o la desaparición forzada de miles de nuestros militantes. Cabe recordar que el señor vicepresidente se encuentra sub judice debido a los testimonios de integrantes de las AUC que hablan de su presunta autoría en la conformación del Bloque Capital de esas fuerzas criminales. La actuación del paramilitarismo, en sus muy diversas formas a lo largo de la historia colombiana y con sus probadas alianzas con los más oscuros estamentos políticos tradicionales, ha configurado en la práctica la verdadera ofensiva violenta contra el pueblo colombiano. Sus sangrientas consecuencias hoy el país las conoce con suficiencia.

JAIME CAYCEDO TURRIAGO

Secretario general - PCC


viernes, 11 de diciembre de 2009

Boletin Informativo Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - 6/12/2009

*Grave Incidente de Seguridad para la vida del abogado Jorge Molano y su
familia por Corporación Sembrar.*

Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos de manera apremiante a los organismos ínter-gubernamentales de derechos humanos, organizaciones Internacionales y la opinión pública en general, a efectos de informar sobre la situación de seguridad del abogado defensor de derechos humanos JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ, quien durante los últimos días ha visto incrementada la persecución en su contra, así como, acciones de hostigamiento en contra de sus familiares.

Leer en:

http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=726&Itemid=34
<http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=726&Itemid=34>

Denuncia Pública: FCSPP exige que cesen señalamientos en su contra

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Antioquia –FCSPP-, Organismo No Gubernamental de Derechos Humanos, con personería Jurídica Nº 5510 del Ministerio del Interior y de Justicia, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación (Resolución 0690), dentro de sus labores de Promoción, Formación y Denuncia de los Derechos Humanos, en especial con las personas detenidas por motivos políticos, con la población desplazada, con comunidades en riesgo y organizaciones sociales, mediante el presente quiere hacer públicas las afirmaciones que hiciera Danis Daniel Sierra, alias “Samir”, excomandante del V frente de las FARC, en reunión que se hiciera en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista de Medellín con presencia del Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano –señor Frank pearl-, el Subdirector Nacional del INPEC –Coronel Carlos Alberto Barragán- la Subdirectora Regional Noroeste del mismo órgano –Señora Orfanelly Henao-, así como la también desmovilizada Nelly Ávila Moreno, alias “Karina”.* *

Leer en:

http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=724&Itemid=34
<http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=724&Itemid=34>

*El Imperialismo Y Sus Lacayos Contra Los Patriotas Latinoamericanos por
Organizaciones Sociales de Arauca.*

Como era de esperarse, la entrega total de la soberanía nacional colombiana a los Estados Unidos de Norteamérica, por parte de la oligarquía y el gobierno lacayo de Uribe Vélez, quien pasa a la historia como el vendedor de nuestra patria, genera reacciones y sentimiento de patriotismos en la mayoría de los pueblos y gobiernos progresistas latinoamericanos. El rechazo es total, por el peligro que representa para la paz de la región la ocupación militar gringa del territorio colombiano. Es un sentimiento que no solo representa la solidaridad con nuestro pueblo, sino que está acompañado de las dolorosas experiencias que ha dejado la intervención militar estado unidense en centro América, sur América y otras partes del mundo. Una historia de muerte, golpes de estado, magnicidio y guerra sucia para militar. Un proceso de dominación que hipócritamente se oculta en nombre de la democracia y la libertad, pero que todos sabemos que contiene el oscuro manto del saqueo de nuestras riquezas y la explotación de nuestros pueblos.

Leer
en:http://www.organizacionessociales.org/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=1
<http://www.organizacionessociales.org/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=1>

*ESMAD involucrado en Asesinato del estudiante Oscar Salas.*

Un antiguo miembro del ESMAD confesó que usaron municiones recalzadas. Esto significa granadas lacrimógenas recargadas artesanalmente con metralla, fríjoles y bolas de cristal. La declaración es especialmente grave porque implicaría el uso de armas no convencionales, prohibidas por el derecho internacional humanitario. Con estás recalzadas el Esmad asesina estudiantes y viola los Derechos Humanos.


Leer y Ver video en:

http://www.redrevuelta.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=318:esmad-confiesa-asesinato-de-estudiante&catid=54:denuncias&Itemid=298
<http://www.redrevuelta.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=318:esmad-confiesa-asesinato-de-estudiante&catid=54:denuncias&Itemid=298>

* Resistencia Campesina y Despojo estatal en Guaimaro, Magdalena en Minga Le Digo.*

Los siguiente videos sobre muestran como hoy 27 de noviembre, la fuerza publica, ejercito y ESMAD desalojaron a los campesinos, destruyeron los cultivos, mataron caballos y animales, hirieron gravemente a mujeres y hombres y capturaron a varios de ellos…..La comunidad campesina de Guaimaro, en el departamento del Magdalena, se resiste al despojo de sus tierras por parte del gobierno nacional. Otra historia mas del despojo estatal que sufre el pueblo colombiano a manos del gobierno mafioso que sufrimos en este momento.

*Ver videos en: *
<http://mingaledigo.wordpress.com/2009/11/28/resistencia-campesina-y-despojo-estatal-en-guaimaro-magdalena/>http://mingaledigo.wordpress.com/2009/11/28/resistencia-campesina-y-despojo-estatal-en-guaimaro-magdalena/

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<http://mingaledigo.wordpress.com/2009/11/28/resistencia-campesina-y-despojo-estatal-en-guaimaro-magdalena/>*

*Territorios Indígenas en el ojo del gran capital en Periferia.*

Periferia entrevistó a Pancha, abogada indígena que defiende los intereses del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, para conocer la situación; ella nos cuenta que el gobierno se ha querido pasar por alto la consulta previa, pero los indígenas la tienen muy clara: en su territorio no se puede adelantar ningún proyecto sin la aprobación de la comunidad.*

Leer en:
http://www.periferiaprensa.org/joomla/index.php/regiones/76--edicion-46-noviembre-2009/367-territorios-indigenas-en-el-ojo-del-gran-capital-


*Declaración Primer Encuentro del MOVICE España *

Durante el 28 y 29 de noviembre en Madrid España, se llevo a acabo el Primer Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano, con colombianas y colombianos exiliados en este país y otros de la U.E que han sido perseguidos por razones políticas.

Este encuentro es el antecedente a la tercera audiencia internacional de la Comisión Ética de la Verdad con exiliados y exiliadas que se realizara en España. La semana entrante en Suecia se realizara la II audiencia de la Comisión Ética de la verdad en Suecia dando continuidad a la I que fue realizada en octubre de 2008 en París. Una de las graves preocupaciones fue cómo en el servicio diplomático de Colombia en el exterior se encuentran vinculadas personas comprometidas en violación de Derechos Humanos.


*Leer en:*
http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=1
<http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=1>

*Yuri Neira es perseguido por el Estado. Entrevista en Periferia al
padre de Nicolas Neira asesinado por el ESMAD en 1 de Mayo de 2005.*

Leer entrevista en:
http://www.periferiaprensa.org/joomla/index.php/derechos/76--edicion-46-noviembre-2009/362-yuri-neira-es-perseguido-por-el-estado

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