jueves, 31 de enero de 2008

UN PROCESO JUDICIAL POR LA MASACRE DE CAJAMARCA ¿SE HARÁ JUSTICIA?

El 1 de diciembre de 2004 los militares cometieron un masacre en Cajamarca (una más de tantas). Los familiares de las víctimas con un enorme valor han logrado que se investigue el caso judicialmente.

LOS FALSOS POSITIVOS

LOS LLAMADOS FALSOS POSITIVOS SON CIVILES, CAMPESINOS, SINDICALISTAS, ... QUE EL EJERCITO COLOMBIANO EJECUTA Y DESPUÉS LOS PRESENTA PUBLICAMENTE COMO GUERRILLEROS MUERTOS EN COMBATE. EN 2007 SE HAN DADO MÁS DE 200 CASOS, DE LOS QUE SE TIENE CONSTANCIA POR EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS COORDINACIÓN COLOMBIA - EUROPA - EEUU.

¿HASTA QUE PUNTO DOMINARÁ EL PARAMILITARISMO AL PODER JUDICIAL? La Corte Suprema de Colombia tiene nuevo presidente, tras diatriba con Uribe.

TRAS EL ENFRENTAMIENTO CON URIBE ES SUSTITUIDO EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
Telesur informó el 30.01.2008.

El magistrado Francisco Ricaurte fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia como nuevo presidente del alto tribunal, en reemplazo de Cesar Julio Valencia Copete, quien fue demandado por el presidente del país, Álvaro Uribe.

Dentro de sus principales retos, el jurista deberá continuar las investigaciones por los vínculos entre miembros del Congreso y los paramilitares de ultraderecha, supuestamente desmovilizados.

El magistrado Ricaurte integraba la Sala Laboral de la Corte y es oriundo de Cartagena.

El saliente presidente del CSJ cumplió su período en medio de una fuerte controversia con el presidente Álvaro Uribe, quien introdujo una demanda en su contra ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por supuesta difamación.

La demanda se refiere a la entrevista concedida por el magistrado al rotativo El Espectador, a finales de 2007, en la cual Valencia indicó que Uribe lo llamó para indagar por la situación de su primo, el ex senador Mario Uribe, quien fue involucrado en los expedientes por la parapolítica.

----------------------------------------------------------------------

Desde la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia nos cuestionamos la independencia del Poder Judicial colombiano. En medio de una gran cantidad de procesos judiciales que vincula a los políticos y funcionarios del uribismo con el paramilitarismo y sus crímenes se produce esta sustitución del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Recordamos el caso Noguera, ex-jefe del DAS e inmediato subordinado del Presidente Uribe. Nos preguntamos si con todas las pruebas recabadas, los testimonios de distintos funcionarios entre ellos el ex - jefe de informática del DAS, Rafael García (desde abril de 2005), declarando sobre las listas de sindicalistas entregadas a los paramilitares, la participación en ejecuciones extrajudiciales, ... ¿Será posible que no sea condenado Noguera?. Si finalmente es condenado, será posible que baste con unas simples disculpas del Presidente Uribe, como él mismo afirma. VER VÍDEO:

martes, 29 de enero de 2008

La manipulación del sufrimiento

Iván Cepeda Castro
En su gestión pública como Alto Comisionado para la Paz, y en sus escritos como psiquiatra, Luis Carlos Restrepo ha expuesto una tipología de las víctimas sobrevivientes de la violencia en Colombia. De acuerdo a esa clasificación, las víctimas o son portadoras de la pasión vengativa, o son presa del chantaje de sus agresores. Como bien lo ha definido el investigador Alfredo Gómez Müller al criticar esta clase de modelos argumentativos, se trata de la “asimilación de la víctima a lo patológico, lo irreflexivo y lo irracional” que conlleva la despolitización de quienes sufren los efectos de la violencia.
Durante el debate parlamentario de los proyectos legislativos que condujeron a la Ley de Justicia y Paz, Restrepo asumió la tesis de que las exigencias de justicia o esclarecimiento eran una manifestación del espíritu vengativo de las víctimas. Para convencer a la opinión de esa tesis aseguró que las pretensiones de esclarecimiento y toda invocación de los crímenes contra la humanidad cometidos por los paramilitares y los agentes estatales eran desmesuradas. Según él, la memoria de tales hechos –que nunca ha condenado con la vehemencia con la que condena los crímenes cometidos por las guerrillas- es altamente contraproducente, pues “el país no está preparado para conocer la verdad”. Así, al presentar una primera categoría de víctimas, las “vengativas”, realizó una doble operación. Por una parte, intentó desfigurar el reclamo de verdad y justicia, dirigido en esencia a lograr la no repetición de los crímenes por medio del debilitamiento del inmenso poder económico y político de los paramilitares y de los agentes estatales que se han lucrado de sus servicios criminales. Por otra parte, pretendió banalizar esas acciones criminales al presentarlas como “errores” que es necesario entender y olvidar en aras al “proceso de reconciliación nacional”. En este mismo semanario, Restrepo afirmó: “las autodefensas fueron un error”. Óigase bien, un “error” y no una estrategia de exterminio cruel y de enriquecimiento, contraria a cualquier noción elemental de Estado democrático.
Ahora el Alto Comisionado nos presenta su interpretación acerca de una segunda categoría de víctimas, aquellas que han salido a las calles con carteles a pedir el acuerdo humanitario. Su diagnóstico es que ellas son fácilmente manipulables. Sus agresores han logrado colocarlas al servicio del ataque contra la “institucionalidad democrática”. Quienes no se han cruzado de brazos a esperar que sus familiares perezcan en la selva por las enfermedades, el tratamiento inhumano que les dan sus captores o los operativos militares de rescate, padecerían, al parecer, de cierto grado del síndrome de Estocolmo. Quienes han mantenido la atención sobre el secuestro durante una década, a pesar de la indiferencia gubernamental y social, serían, desde esta perspectiva, responsables indirectos de la impunidad de los crímenes cometidos por los guerrilleros presos que saldrían de las cárceles. Se pregunta el Alto Comisionado qué hacer ante la cuestión ética de los derechos de las víctimas de los guerrilleros liberados. Extraño interrogante viniendo de quien sin dilemas éticos promovió en la mesa de negociaciones de Santa Fe de Ralito el ocultamiento de los crímenes de los jefes paramilitares.
La idea de víctimas enceguecidas por el resentimiento es funcional a un esquema de adaptación social a la continuidad del poder y la estrategia paramilitares. La desfiguración de la causa del acuerdo humanitario, al presentarlo como una concesión de las víctimas y la sociedad al chantaje de los enemigos del Estado de Derecho, es la negación de cualquier gesto de humanidad en medio de la guerra, y de cualquier negociación de Paz.
Se ha puesto de moda lo que llaman “visibilizar a las víctimas”. La pregunta que debe hacerse es qué imagen se quiere proyectar de ellas. Se quiere una imagen “discreta” de seres sufrientes que se resignan a la ayuda benevolente y a la compasión. Para Restrepo las víctimas que se resisten a entrar en ese juego son un obstáculo. Sus protestas son indignas, sus exigencias de verdad y justicia son vengativas, pues sostienen autónomamente posiciones críticas y no se acomodan a la manipulación externa de su dolor. Dije que el psiquiatra Luis Carlos Restrepo no está capacitado ni es idóneo para el cargo que desempeña, porque no respeta ni valora adecuadamente a las víctimas. Me reitero en lo escrito: debe renunciar.

Quedó en libertad el general (r) Pauselino Latorre, por decisión de juez de garantías

Enero 27 de 2008

Publicado en http://www.eltiempo.com (pincha aquí para ir al sitio)

La determinación del operador judicial también cobija al ex fiscal Leobardo Latorre, sobrino del oficial. Ambos están señalados de pertenecer a una organización que lavó $ 2 mil millones de la mafia.

Después de dos días en audiencias, la jueza de garantías consideró sorpresivamente la noche de este sábado que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para mantener privados de la libertad al oficial retirado y al ex fiscal.

En la audiencia, los sindicados no aceptaron los cargos formulados. El general (r) - en la foto- era investigado por concierto para delinquir agravado por narcotráfico, mientras que el ex fiscal por concierto para delinquir y cohecho.

Los dos recobraron la libertad este mismo sábado por la noche. No obstante, ambos seguirán vinculados al proceso.

"Mi nombre creo que en este momento comienza a limpiarse -dijo el general este sábado por la noche al salir de la audiencia en la que se le imputaron los cargos-. Aunque creo que nunca ha estado mancillado".

Y agregó: "Le agradezco a mi familia, a mis dos abogados y a mi Ejército que nunca me desamparó. No tengo nada que ocultarle al país, nada que ocutarle a mi familia, nada que ocultarle al universo. Estaré cuantas veces la justicia me necesite".

La operación en que habían sido capturados el general y su sobrino fue adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía.

La investigación nació en julio del 2006 cuando agentes antidrogas de Estados Unidos le notificaron a la Fiscalía sobre la existencia de esta organización que tenía sus laboratorios en el sur de Bolívar y Norte de Santander.

La Fiscalía anunció que ya está trabajando para presentar de nuevo los argumentos y lograr otra vez su detención.

Durante la audiencia, la Procuraduría también había dicho que no existían méritos para que siguieran detenidos.

Durante los dos días de audiencia se presentaron 15 de las 24 personas capturadas en la operación de la Fiscalía y la Dijin.

De los 15, 12 aceptaron cargos y los otros tres, el general retirado, el ex fiscal y una persona identificada como Héctor Félix, quienes no aceptaron los cargos, quedaron libres.

Este es el segundo revés de la Fiscalía en menos de una semana ante un juez de garantías. El primero fue por el llamado 'rey del paseo millonario', José Cano Bayona, quien quedó libre por problemas en la legalidad de su captura.

El caso

Los negocios del general (r) y los de varias personas allegadas a él están bajo la lupa. Entre centenares de interceptaciones de la banda desmantelada hay 17 llamadas que, según los investigadores, demuestran que era asesor y testaferro de un narco emergente que trabajaba con las nuevas bandas en el Sur de Bolívar y la frontera con Venezuela.

Incluso hay una que, supuestamente, demostraría que intentó influir en un proceso de extinción de dominio. Esas pruebas, sin embargo, no fueron suficientes para convencer a la jueza de la responsabilidad del oficial.

Este hombre, experto en inteligencia, estuvo en las filas hasta el 2005 y pasó por varias de las unidades militares más importantes. Fue jefe de una de las primeras brigadas móviles del Ejército y comandante de la Brigada XVII en Urabá.

Allí lo recuerdan porque medió en los primeros acuerdos que legalizaron la irrupción de palmicultores y bananeros en tierras de las comunidades negras del Chocó, muchos de los cuales terminaron siendo declarados ilegales.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que no presentaron todas las evidencias y pruebas porque no era la etapa procesal para mostrarlas, como son todas las grabaciones y seguimientos.
Consideran que deben ser llevadas ante el juez en la etapa de juicio.

Fiscalía investiga si infiltración llegó más lejos

Durante los últimos siete años, en la Fiscalía General de la Nación todo el mundo se acostumbró a decirle 'Profe' a Leobardo Latorre, quien anoche recobró la libertad después de haber sido capturado el jueves en una operación contra el narcotráfico.

No era gratis. El 'título' se lo ganó porque era uno de los fiscales que más conocían la Ley 906, que implantó en Colombia el nuevo sistema penal acusatorio. A diario lo consultaban sus colegas, defensores públicos y hasta abogados de personas capturadas.

Latorre, dicen algunos de sus compañeros, era un 'consentido' de las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país se lo llevó varias veces para capacitarlo en el nuevo sistema, que empezó a regir durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio.

Desde hace más de tres años se movía por las Fiscalías de todo el país, enseñando lo que aprendió en E.U.

Y era tanta la confianza en él que el fiscal general, Mario Iguarán, le encargó que asesorara el caso que debía demostrar la efectividad del nuevo modelo: la masacre de 10 policías y un civil a manos de una patrulla del Ejército en Jamundí (Valle).

Veinte meses después del crimen de Jamundí, la etapa de juicio apenas se está cerrando. Los investigadores averiguan si Leobardo Latorre pudo haber interferido en la marcha del primer gran caso del sistema acusatorio.

A mediados del año pasado, Iguarán recibió un reporte que lo dejó perplejo: un fiscal de la Unidad Antinarcóticos que llevaba un caso originado en información de la DEA le informó que el 'Profe' aparecía en varias interceptaciones a una banda de narcos.

La decisión fue apartarlo del caso Jamundí. Latorre siguió hasta octubre con las capacitaciones, hasta cuando decidió renunciar al organismo.

"Dijo que estaba cansado de su trabajo y que quería litigar en el nuevo sistema, porque tenía bastante experiencia y no la quería desperdiciar", cuenta uno de sus colegas de Bogotá.

En el expediente aparece una llamada que cayó como un baldado de agua fría en la Fiscalía. En ella, el ex fiscal busca acercamientos con la contraparte, la misma a la que persiguió con la camiseta del ente acusador.

Fuentes que están manejando el caso dicen que Latorre se contactó con personas cercanas a los implicados en la masacre de Jamundí para ofrecer sus servicios. "Les dijo que ellos sabían que era el que mejor conocía el proceso", cuenta uno de los investigadores.

Con los nuevos hechos, la Fiscalía investiga si el ex fiscal utilizó de manera irregular la información reservada a la que tenía acceso. "Si terminó trabajando con una red de narcotraficantes, hay que descartar todas las posibilidades", señaló una fuente.

Las pruebas que hay en el expediente, que anoche una jueza de Garantías considero insuficientes, señalaban a Leobardo Latorre como el encargado de resolver los líos jurídicos de la banda de Carlos Aguirre Babativa.

La Fiscalía investiga una cuenta que, cree, tiene los datos de funcionarios públicos que recibieron sobornos de la mafia. Y no descarta que se encuentre con nuevas sorpresas.

Tras el revés de anoche, para la Fiscalía es lograr la captura del ex fiscal y de su tío Pauselino Latorre. Paralelamente realiza seguimiento a varios proceso de extinción de dominio y otros relacionados con narcotráfico en los que aparecen mencionados los miembros de la organización.

Edgar Torres, abogado del general en retiro Pauselino Latorre

¿Qué decisión tomó el juez de garantías el pasado sábado en la noche?

Lo que se decidió por parte del juez de garantías fue abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra del general, en razón a que la Fiscalía no presentó evidencias que justificaran la imposición de la medida.

¿Por qué no se presentaron pruebas después de tanto anuncio?

Hay dos versiones sobre el tema, la primera es el apresuramiento de saber que hay un general de la república y un fiscal involucrados en una acusación tan grave como esta motiva, evidentemente, pronunciamientos muy duros de parte del estamento gubernamental y la sociedad general, por supuesto.

Pero a la hora de presentarse el trámite de la audiencia donde debe hacerse el descubrimiento de las pruebas necesarias para la legitimación de la medida de aseguramiento, la Fiscalía no las pudo demostrar. Hizo muchas referencias a que existen grabaciones, seguimientos, documentos, informes, pero es que como si en la esquina de casa uno dijera: 'aquí hay', pero nunca saca lo que hay, a pesar de que la juez y la Procuraduría lo exigieron.

Pero, ¿qué pruebas se tenían?

Justamente esa es la situación, que no las mostró. (La Fiscalía) decía que tenía unas pruebas, interceptaciones o documentos pero nunca los sacó, nunca puso el audio, a pesar de que llevaba la tecnología suficiente para hacerlo.

En el momento que se dijo que expusieran esos medios de convicción, sencillamente dijeron que había problemas de custodia, que eran muchos CD, que no tenían la forma de ubicar el audio exacto que se necesitaba con rapidez y sencillamente no presentaron ningún medio de convicción y esa es la razón por la que la juez dice: 'si usted no muestra pruebas, pues sencillamente no puede haber medida de aseguramiento', porque no existe la inferencia mínima de autoría que se exige para poderla imponer.

¿En qué situación está el sobrino del general, el ex fiscal Leobardo Latorre?

La situación es la misma. Los dos se encuentran imputados. El general por concierto para delinquir agravado en concurso con lavado de activos y el ex fiscal Leobardo Latorre por concierto para delinquir en concurso con cohecho propio. Los dos como imputados enfrentarán la audiencia de formulación de acusación en estado de libertad, pero el proceso continúa y la investigación seguirá adelante.

DE MILITARES, TRAFICO DE DROGAS: LA PALMA Y EL GANADO

DeVer 414

La Fiscalía General de la Nación tiene todos los elementos en mano. La detención reciente del General (r) PAUSELINO LATORRE coloca nuevamente a la luz pública el entramado Ejército- paramilitarismo-narcotráfico-aparato de justicia; a pesar de que el sábado un Juez de Garantías consideró que no hay pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía para la detención del ex General y su familiar ex integrante de la Fiscalía General, el ente investigador considera que hay elementos probatorios suficientes para que este ex militar y su pariente continúen vinculados a la investigación. El caso muestra las falencias del nuevo sistema acusatorio cuando se trata de pesos pesados. Por evidentes montajes líderes de organizaciones sociales son privados de su libertad, y hoy continúan allí a que el sentido común, como parte de la sana lógica, inspire la posibilidad de la libertad con garantías
Según un investigador de la Fiscalía, citado en el artículo de El Tiempo del 25 de enero de 2008, “se ha establecido que (el General (r) Pauselino Latorre) sirvió para el lavado de más de 2 mil millones de pesos que salieron de los negocios del narcotráfico". Ahora, “Las autoridades buscan establecer desde cuándo el general, quien estuvo también como comandante en Cali y la Brigada 17, con sede en Carepa (Antioquia), tendría vínculos con la organización”.
Hace un mes, el 23 de diciembre de 2007, el mismo Fiscal General había anunciado la indagatoria de 23 empresarios palmeros en la comisión de graves delitos como son los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente, en las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó, Chocó. De acuerdo con la información suministrada por el periódico El Tiempo, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En similares términos en el artículo titulado el “Dossier de los palmeros”, el semanario El Espectador se refiere a este mismo caso.
Sin embargo, hasta ahora ni las indagatorias de los 23 vinculados se ha realizado, ni la Fiscalía General de la Nación ha establecido la relación entre el lavado de activos que se presume se ha realizado a través de la empresa Urapalma y la Extractora Bajirá S.A. El lavado de activos en el agronegocio de la palma y la ganadería extensiva fue manifestado al diario El Tiempo por el Comandante Doble Cero, Bloque Metro, quién posteriormente a esta y otras denuncias, fue asesinado en Santa Marta.
Posteriormente se conoció que integrantes de la familia ZUÑIGA CABALLERO han sido vinculados en procesos por tráfico de drogas, miembros de esta familia son accionistas de Urapalma y la Extractora Bajirá S.A., lo que sugiere el lavado de activos en este agronegocio. Igualmente, se suscitan serios interrogantes respecto al uso de los recursos de FINAGRO y Banco Agrario usados en esta inversión industrial de la palma de Curvaradó. Se ha sabido igualmente que HUGO FERNEY BERNAL MOLANO, ex alto oficial del ejército, quién se apropió de predios colectivos e individuales en el Curvaradó en Caño Manso, también se encuentra vinculado al tráfico de drogas y pedido en extradición. A la fecha el exmilitar y sus testaferros continúan disfrutando de la propiedad ocupada ilegalmente, en la que han creado proyectos productivos a través de la ONG “Colombia sin hambre”, están destruyendo bosques tropicales en medio de la presencia de la Brigada 15. Hasta hoy este entramado de vínculos no es investigado a pesar de las evidencias, de los indicios y de las verdades de apuño que se constatan en la realidad regional.
Desde 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había informado que la siembra de palma aceitera en esta zona había contado con la ‘protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armadas en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma aceitera o para que desocupen el territorio[1].
Ahora queda a la Fiscalía atar los cabos que no están sueltos, sino que desde hace màs de 5 años son de su pleno conocimiento, y vincular en su investigación sobre violaciones de derechos humanos en el Curvaradó, mandos de estructuras armadas institucionales, parainstitucionales y traficantes de drogas. Los pobladores de la cuenca del Curvaradó, en los últimos 5 años vienen entregaron pruebas y testimonios a la Fiscalía que implican al General (r) PAUSELINO LATORRE en prácticas ilegales para proteger la siembra de palma aceitera en territorios colectivos, y en su apoyo, a los grupos paramilitares y narcotraficantes responsables del despojo de tierras en la zona.
Uno de los casos más conocidos es el caso del campesino del Curvaradó, ENRIQUE PETRO Forzado a vender su propiedad después de ser víctima de desplazamientos violentos y amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Mientras se encontraba en situación Urapalma sembró palma aceitera en su finca. El entonces comandante de la Brigada 17, General PAUSELINO LA TORRE, facilitó la negociación del predio de ENRIQUE PETRO donde se había sembrado ilegalmente la palma, suscribiendo en calidad de testigo el acuerdo de transacción de la mejora, el cual resultó además una estafa porque PETRO nunca recibió el pago acordado. En varias ocasiones posteriormente, las empresas palmicultoras, con estrategias paramilitares, presionaron a PETRO para que dejara de reclamar por sus tierras, y llegaron a amenazarlo de muerte en varias ocasiones.
Los campesinos y afrodescendientes también han denunciado repetidamente la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales.
Ya es tiempo que la Fiscalía vincule en sus investigaciones a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos crímenes y se definan las responsabilidades institucionales. No se da más espera a medidas concretas que constituyen reales protección para los pobladores del Curvaradó. Hoy en día, los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales ganaderas y palmeras. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe. Avanza la extracción del fruto y la destrucción ambiental – deforestación intensiva- en el Curvaradó sin ninguna expresión concreta tendiente a la restitución de la propiedad
La inacción del Gobierno es flagrante y cada vez más expuesta a la luz pública. El reciente fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible la Ley 1021 de 2006, “Por la cual se expide la Ley General Forestal”, recuerda nuevamente al Gobierno los deberes que ha suscrito con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. En dicho fallo, la alta Corte argumenta que la adopción de la ley 1021 no cumplió con el deber de consultar a las comunidades indígenas y tribales afectadas por la misma, derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad.
Las violaciones contra el derecho a la consulta, al territorio y a la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó constituyen otro caso emblemático de la violación, por parte del Estado colombiano, del Convenio 169 de la OIT. En febrero de 2007, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT recordó al Gobierno colombiano que las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó tienen derecho a vivir y retornar en el territorio que han venido ocupando ancestralmente y por lo tanto, “los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2) (...)”[2].
Pero esta vez tampoco el Gobierno ha acatado las recomendaciones internacionales. No existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos. No existe voluntad para la protección ambiental en el Chocó sometida al saqueo, la destrucción intensiva de sus recursos, lo que es contradictorio con la mención a Colombia como uno de los 10 países protectores del medio ambiente, ¿a qué Colombia se referirán? O tal vez ya lo sabemos, pero no lo creemos, al modelo de Estado de progreso, él de los “necro combustibles”, la extensión ganadera y las mafias.
Bogotá, D.C 27 de enero de 2007

"Nos daban cinco días de descanso por cada muerto"

Fecha: 01/26/2008 -1343

Lo que cuenta el sargento Alexander Rodríguez -si la justicia llega a comprobarlo- es la historia de un mundo que funciona al revés. En diciembre pasado denunció ante la Procuraduría, y ante las propias Fuerzas Militares, que en su paso por la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña (Norte de Santander) fue testigo de cómo se encubrían homicidios de civiles para presentarlos como bajas en combate. Y apenas tres días después, paradójicamente, el denunciante resultó castigado: una junta de generales encabezada por el comandante del Ejército, Mario Montoya, decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para asumir como oficial ayudante del propio Montoya.

La historia que Rodríguez le contó a las autoridades -y a SEMANA- es escabrosa. Asegura que: "a principios de noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000 pesos por soldado, que eran para cancelar la pistola que le habían colocado a la persona que habían dado de baja (…) Ordóñez les decía: 'si quieren entregar la plata bien, si no, lo dejamos así, pero vean que son cinco días de permiso...'".

El sargento también relató que a mediados de octubre hubo dos supuestas ejecuciones, en una de las cuales la víctima sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide con la denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran que el 13 de octubre un campesino llamado Adinael Arias Cárdenas fue abordado por soldados del Ejército, y que al día siguiente apareció reportado como un guerrillero dado de baja en combate. También hay similitudes con la historia de Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino de 22 años, analfabeta, quien cuenta que el 6 de octubre salió de su vereda, cuando unos soldados lo detuvieron con el argumento de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo… caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto...". "Después llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza".

El coronel Santiago Herrera estuvo al frente de la Brigada Móvil XV durante 2006 y 2007. Esta es una de las unidades militares con más denuncias por posibles ejecuciones extrajudiciales. En diciembre pasado Herrera asumió como ayudante del general Montoya
PUBLICIDAD
Willamir logró escaparse, según su relato, y correr hasta que encontró refugio en la casa de un campesino que le ayudó a llegar al hospital de El Tarra. Allí fue detenido por las autoridades. Después de permanecer dos meses en el hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército.

Las denuncias del suboficial fueron tomadas tan en serio por la Procuraduría Regional de Ocaña, que esta entidad solicitó que se le trasladara de guarnición para garantizar su vida. El Ejército alega que los señalamientos del sargento Rodríguez son una retaliación porque con sus superiores "él tenía muchas fallas en disciplina desde dos años atrás" -dice el general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda División-. "Había quejas contra el sargento por deudas y por faltar al lugar de trabajo". Para el general Cortés, esto podría ser una retaliación del sargento porque dado su historial, difícilmente lograría un ascenso. No obstante, si el comportamiento de Rodríguez era inadecuado desde hace tantos meses ¿por qué se le retiró de la institución sólo cuando hizo estas graves denuncias

Rodríguez no es el único que ha denunciado estas irregularidades en Norte de Santander. Las ONG de derechos humanos han registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en 2007. La Procuraduría finalizó el año con casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a las ya conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de Antioquia y Meta, que se han convertido en preocupación tanto para las Naciones Unidas como para el gobierno de Estados Unidos, que apoya a estas unidades militares.

Esta denuncia llega justo cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lanzó oficialmente la Política Integral de Derechos Humanos, un esfuerzo que, entre otros puntos, contempla la regulación de la fuerza en la guerra, a través de la legitimidad y la eficacia.

Durante mucho tiempo, en el inconsciente militar reposó la idea de que el respeto de esos derechos era una desventaja para ganar la guerra. Hoy la intención del Ministerio de Defensa es que, por ejemplo, los uniformados lleven consigo un pequeño manual de lo que no se debe y lo que se puede hacer. Desde ya, cada una de las divisiones del Ejército cuenta con un inspector delegado que vigila que todo el reglamento se cumpla; la Armada tendrá otros dos y próximamente se creará un centro de entrenamiento en Tolemaida para fortalecer la comprensión del tema.

Será la justicia la que dirá si las delicadas denuncias del sargento Rodríguez corresponden a lo ocurrido. Entre tanto, el Ministerio de Defensa cree que con la estrategia implementada la Fuerza Pública entenderá mejor que la legitimidad del Estado se consigue a través del respeto de los derechos humanos y no de lograr más muertos en la lista enemiga, por encima de lo que sea.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE LA BRIGADA 27

INFORME 7
PUTUMAYO
Abusos de Autoridad en La Herradura, El Porvenir, Nueva Unión, Puerto Colombia.
URGENTE PROTECCION A ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES
“Líbranos de los perseguidores, del fondo de nuestras almas exigimos justicia, Escúchanos….Señor, son como leones listos a asaltarnos, nos van a despedazar sin que nadie nos salve. Salmo 7, 1 y 2
Los líderes campesinos HUGO ARMANDO TORRES y HEYNAR ALEXANDER GUERRERO PAREDES fueron ejecutados por efectivos de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 en el caserío “Nueva Unión”, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís, el pasado domingo 20 de enero. Sus cuerpos sin vida fueron presentados el lunes 21 de enero como de guerrilleros muertos en combate.
A través de la emisora del ejército los militares se refirieron a ellos como los alias de “Turbino” y “El Caleño”, respectivamente. Los campesinos fueron enterrados luego como N.N. El martes los restos de HUGO ARMANDO fueron exhumados y lograron ser recuperados por su familia. Hasta el día de hoy jueves se logró que los restos de HEYNAR fueran exhumados y entregados a su familia para una digna sepultura.
Estas dos ejecuciones se suman a las más de 17 que se han cometido en el último semestre en el departamento de Putumayo. Muchos de los casos se encuentran absolutamente silenciados y otros investigados por la Justicia Penal Militar.
A estos crímenes se suman los de GABRIEL RIOS ocurrido el 21 de enero y los de JUAN CARLOS CORTES ESTACIO, 30 años de edad, y JHON JAIMEN SILVA CORTES el 23 de enero
Los crímenes se realizan en medio de intimidaciones, amenazas de muerte, abusos de autoridad, y diversos atropellos contra los pobladores de caseríos entre otros de Bajo Lorenzo, Puerto Colombia, y las zonas rurales de Orito y La Hormiga. En algunas ocasiones, los mismos militares han anunciado la actuación de los “mochacabezas” y de las “Águilas Negras”. En los cascos urbanos de diversos municipios se constata la fuerte presencia de desmovilizados, ejerciendo actuaciones de control y cometiendo abusos sobre la población.
En medio de la ley del silencio, familiares de las víctimas y testigos han empezado a ejercer su derecho a la memoria y a la verdad. Las actuaciones contra insurgente financiadas en el marco del Plan Colombia están desconociendo los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y los compromisos en materia de Derechos Humanos de la cooperación de Estados Unidos con Colombia.
¿Cómo se puede entender que en el departamento más militarizado de Colombia, con una aplicación integral de la política de seguridad y “Estado Comunitario”, con absoluta militarización, removilización de estructuras paramilitares, pago de recompensas, presencia de asesores de USA, repliegue de la guerrilla, se puedan presentar la ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Militares? ¿Cómo se pueden presentar amenazas de muerte sobre testigos o denunciantes de los Crímenes de Estado vía fuerzas militares o estructuras paramilitares, intimidaciones y señalamientos, si hay consolidación de un Estado de Derecho?
¿Cómo se puede comprender que dichos crímenes y toda la estratagema de represión y de control se dirigen sobre la población, y no sobre estructuras criminales?
¿Cómo se puede entender que se legitime la protección y la seguridad de la inversión con la destrucción de la vida humana y de proyectos de vida comunitaria y colectiva, desconociendo el Derecho de Consulta, la participación de la población campesina y afrocolombiana, la destrucción ambiental y se estructure desde estos presupuestos la extracción permanente de recursos naturales, la implementación de agronegocios de palma por empresas privadas nacionales e internacionales, así como negocios de mafias vinculadas con el paramilitarismo?.
Si estos son los otros resultados del Plan Colombia, ¿cuáles serán los del Plan de Consolidación?
SOLICITUDES
A las organizaciones de los Estados Unidos por principios de humanidad y de solidaridad con las víctimas solicitamos realizar acciones en su país con el Senado y la Cámara de Representantes para:
° Intervenir inmediatamente sobre la Brigada Móvil 13 ante su evidente responsabilidad en la comisión de crímenes y de violaciones de derechos humanos, la suspensión temporal de los responsables en la Comandancia y la Dirección de la Brigada Móvil 13, hasta tanto no se modifiquen las conductas contra derecho de esta estructura militar, y sean sancionados los responsables intelectuales y materiales de los Crímenes.
.
° Exigir el conocimiento público de los nombres de cada una de los integrantes de las unidades militares de la Brigada Móvil 13 que actuaron en la comisión de los crímenes de los líderes HUGO ARMANDO TORRES y HEYNAR ALEXANDER TORRES y de las actuaciones contra REYNEL GUANGA VEGA, NEFTALI MORENO, MARCO ANTONIO RIASCOS, JHONIER JIMENEZ, WILMER GUANGA VEGA.
° La adopción de medidas de respeto a la vida e integridad personal de cada uno de los integrantes y organizaciones mestizas, indígenas, afrocolombianas que afirman su derecho a la Vida y al Territorio.
Ante las autoridades colombianas
1. FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República
Requerir a ALVARO URIBE VELEZ, a fin de que ordene una intervención sobre la Brigada 27
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y ordenar a las unidades militares que operan en el Putumayo, abstenerse de realizar actuaciones contra la vida e integridad personal de los habitantes de Nueva Unión, Puerto Colombia, La Herradura, San Lorenzo y del Valle del Guamez.
2. A MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación,
La realización de un debido proceso, eficaz e imparcial a DAVID JIMENEZ
Adjunto Constancia y Censura Ética
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C. Enero 24 de 2007

lunes, 28 de enero de 2008

COMUNICADO ENVIADO A LOS MEDIOS ¿INFORMATIVOS? DE CANARIAS Y EL ESTADO ESPAÑOL (RECHAZO A LA VISITA DE ÁLVARO URIBE Y LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA)

La RED CANARIA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ha mostrado su rechazo a la visita del mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez convocando una concentración urgente frente a la Delegación del Gobierno de Santa Cruz de Tfe el 23.01.08 a las 10:30 pm. Dicha Red, conformada por colectivos sociales canarios considera que el mandatario Alvaro Uribe debería ser juzgado por lo que definen como un proceso de legitimación y generalización de la impunidad de los crímenes del paramilitarismo, impulsado, segun el portavoz de la mencionada Red, Gonzalo Rodríguez, por el ejecutivo colombiano con el Decreto 128 de 2003 y la Ley 975 de 2005. Además, la citada Red, denuncia que el Gobierno presidido por Uribe ha apoyado y fortalecido las estructuras del paramilitarismo, por ejemplo, legitimando con el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) la apropiación violenta de tierras, o entregándole al paramilitarismo el control de organismos del Estado como el DAS, lo que se ha traducido en un aumento del 92 % de los asesinatos y desapariciones atribuibles a agentes directos del Estado durante el primer mandato de Uribe.


Gonzalo Rodríguez nos indica que, según informe de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el primer mandato de Uribe fueron asesinadas o desaparecidas 11.292 personas en contexto ajeno a combate por violencia sociopolítica. Además, señala que de los casos en que existen datos sobre el autor o presunto autor, el 75,15 % es atribuible al Estado , por acción directa de agentes públicos y colaboración o tolerancia de los crímenes cometidos por paramilitares. Las víctimas del paramilitarismo son campesinos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos u opositores políticos…, según nos indica el portavoz de la Red.

Por todo lo expresado, la Red muestra, también, su rechazo a la política exterior del gobierno español con el estado colombiano, que es considerado socio prioritario en América Latina sin recibir ninguna presión por parte del ejecutivo español para que garantice el derecho a la vida, la integridad física, la libertad sindical y muchos otros derechos humanos sistemáticamente vulnerados por el Estado. Nos comenta Gonzalo Rodríguez que fruto de esta errónea diplomacia hay multitud de empresas de capital español (Sanitas, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Fronpeca, ...) que se aprovenchan de los salarios míseros producto de la inexistente libertad sindical o de la falta de oposición de las comunidades a los megaproyectos por la violencia paramilitar, como es el caso de la entrada de Repsol en Capachos, zona donde existían comunidades indígenas y los paramilitares, años antes de la llegada de Repsol, perpetraron matanzas y desplazamientos.

NO MARCHARE EL 4 DE FEBRERO POR MUCHAS RAZONES, ENTRE LAS CUALES ESTAN:

AUTOR: MOVICE (MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO)
Sabía usted que:
1- ¿En Colombia hay cerca de 4 millones de personas desplazadas por la guerra y por los grandes proyectos de las multinacionales y de la oligarquía colombiana?
2- ¿Hernán Veloza, exjefe paramilitar del Bloque Bananero reconoció que en el sólo Urabá mandó a matar entre 1995 y 1996 a más de 1500 personas?
3- ¿El tristemente célebre Mancuso reconoció haber asesinado a 336 personas además que el Congreso de la República contaba con el 35% de "padres de la patria" asociados a esa red de criminales?
4- ¿Benito Osorio fue nombrado por el presidente Uribe, quien le conocía de mucho tiempo atrás, en diciembre de 2007 como gobernador encargado de Córdoba, y resulta que lo tuvo que destituir dos semanas después porque se le comprobó relaciones serias con Mancuso y con el paramilitarismo?
5- ¿En los últimos 5 años, en pleno gobierno de la pretendida "seguridad democrática", han asesinado a 267 sindicalistas, y que por ello la OIT calificó a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercitar la labor sindical?
6- ¿Un partido político, la Unión Patriótica , fue exterminado por la acción paramilitar, es decir, asesinaron en menos de 7 años a casi cuatro mil miembros, hombres y mujeres, y que en el gobierno de Uribe, han asesinado a casi doscientos más?
7- ¿La condena por todos los crímenes anteriores va a ser de máximo 8 años, de acuerdo a la ley de justicia y paz inventada en el gobierno uribista?
8- ¿Hay más de treinta mil desaparecidos desde finales de la década de los 80´s de acuerdo a estadísticas oficiales, y más de tres millones de acuerdo a estudios realizados por Libardo Sarmiento Anzola?
9- ¿En menos de dos semanas, del último mes, los grupos paramilitares han asesinado a 12 personas, han desaparecido a 9 y han desplazado a 120, y que el presidente Uribe anda pregonando por todo el mundo que los grupos paramilitares ya no existen?
10- ¿El abogado Víctor Hugo Gallego, que trabajaba con Corpades, quien venía haciendo denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín, fue desaparecido el pasado 31 de diciembre de 2007?
11- ¿El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio "Once de noviembre" de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más, y que las víctimas eran líderes comunitarios?
12- ¿El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población?
13- ¿El presidente Uribe, ni el vicepresidente, ni el comisionado de"paz" se han pronunciado en contra de estos crímenes de lesa humanidad, y que nunca han condenado las desapariciones forzadas masivas?
14- ¿El presidente Uribe lideró la formación de las asociaciones "Convivir" cuando fue gobernador de Antioquia, y éstas fueron los orígenes del moderno y siniestro aparato paramilitar?
15- ¿Qué nunca los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación han convocado a ninguna marcha de rechazo ciudadano a estos crímenes, ni a las atroces desapariciones?
16- ¿Por todo lo anterior, la marcha del 4 de febrero es una farsa que sólo busca condenar a uno sólo de los actores de la violencia, y al resto de los actores, incluyendo el Estado, los deja sin condena alguna?

Para bien de Colombia y de la necesaria paz, verdad, justicia y reparación, no le marche a esa mala comedia del 4 de Febrero

Razón de la beligerancia, origen de la rebelión


Carlos Alberto Ruiz
Rebelión

Mientras va madurando un debate en torno al reconocimiento o no de la beligerancia para las guerrillas colombianas, controversia en la que con equívocos se piensa que es apenas una categoría jurídica, uno puede ir y venir entre las noticias que cuentan cosas de la gente, y de los indigentes. Sobre estos últimos, los hechos de cada semana: las decenas de niños/as que mueren por desnutrición y enfermedades curables, o de adultos que perecen sin pasar siquiera las puertas de los hospitales, en el abandono. O la evidencia diaria de jóvenes sin futuro. Lo que en junio de 2007 el propio Procurador General en Colombia ratificó: de los 18 millones de adolescentes, dos millones se encuentran en indigencia y seis millones más en estado de pobreza. Otra reseña, en la sección “Gente” del poderoso diario El Tiempo, tiene que ver directamente con el orden globalizado, no solamente imperial y neoliberal, sino neoseñorial, en la fuente de un conflicto social, político, económico, y armado. Nos relata que se casó el sábado 19 de enero en Cartagena de Indias, el hijo del plutócrata “colombiano” Julio Mario Santo Domingo, uno de los archimillonarios del planeta. Contrajo nupcias con una gringa, editora de la revista “Vogue”; “en una lujosa ceremonia a la que asistieron más de 400 invitados, muchos de ellos de fuera del país”. Se lee en ese periódico (20.01.08): “La novia, de blanco de pies a cabeza, llegó a la iglesia de Santo Domingo, el templo más antiguo de la ciudad colonial amurallada, en un carruaje tirado por finos corceles... El sofocante calor hizo que invitados a la ceremonia católica se retiraran del templo restaurado con la ayuda de la Cooperación Española / Entre los cientos de invitados, estuvieron gentes del mundo empresarial, artistas, periodistas y políticos, entre ellos la actual embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín / Desde las primeras horas de la tarde, las autoridades locales cerraron varias calles aledañas al histórico templo… El industrial Julio Mario Santo Domingo y su esposa, Beatrice Dávila, residen en Nueva York, Estados Unidos, donde varios grandes almacenes se encargaron de la lista de regalos para el matrimonio”.

A unos cuantos cientos de metros, las niñas prostituidas esperan. El hambre asecha. La exclusión reina. La mierda hiede y vierte su fatal desesperanza. Su germen. Cientos de miles de desplazados/as pobres, negros/as, mulatos/as, olvidados/as, sobreviven, y esperan, en sus barriadas de luces y sombras. Allí existen decenas de miles de los 4 millones de personas desplazadas, cifra que nos recordó François Houtart, presidente del Tribunal de Opinión realizado para tratar este tema (noviembre de 2007), cuando escribió afirmando con razón que el dolor de Colombia no puede verse solamente fijando la mirada en el caso de Ingrid Betancourt. Esos millones de seres humanos desplazados por la voracidad neoliberal, neofeudal y paramilitar, son, primero que Ingrid, pero con ella, en mi opinión, lugar de verdad, para hallar salidas dignas, sin renuncias. En los términos de Ignacio Ellacuría: los sujetos desde donde puede y debe considerarse lo necesario, lo verdadero, lo justo, lo adecuado. Y no Santo Domingo, ni la clase oligárquica que ha favorecido la entronización narcoparamilitar que representa Uribe, y que se ha servido de ella para el saqueo y su mayor acumulación.

Pasa todos los días. La ausencia contra la opulencia. La vida contra la muerte. En la Cartagena de los turistas y puristas. En la Colombia donde estos contrastes no dan vergüenza sino sólo a unos pocos, de los cuales algunos podrán por básica capacidad de raciocinio e indignación, preguntarse si hay derecho a negar que existe un conflicto político-militar que nos traduce el cuadro de unos proyectos de sociedad en disputa. Y si hay derecho a olvidar las raíces de injusticia que explican esta confrontación y a condenar las rebeldías que surgieron ante esa estructural violencia y la oprobiosa exclusión que dimana como fatalidad para las mayorías.

Para muestra basta un botón”, reza un viejo dicho español. El repugnante Santo Domingo no es el único, ni el más poderoso rico. Hay más con pasaporte colombiano y otros papeles, que pueden impunemente andar tranquilos, festejando mientras se mantiene la chusma al margen. De eso viven gratis, sin costo económico, ni moral, ni desolación, pasando muy de lejos de sus fastuosas madrigueras una guerra no gratuita que sí sufren millones de colombianos/as, en una tierra pródiga. No se lee, no se quiere ver, se oculta, no se toca, ni si huele, ni se escucha, que la riqueza y la miseria en Colombia matan doble vez; que ambas son abominables; que son todavía más aterradoras, no sólo por la desigualdad, cuyos índices convencionales la denuncian como una de los más altas del mundo (en América compartiendo este nivel con Brasil y Haití), sino porque, siendo expoliado un caudal colectivo, los ahítos además de pasearse en un besamanos asqueroso, se sienten y están cada vez más blindados, con la cabeza en alto y sin temor alguno, ordenando a sus empleados en aparatos políticos y en medios de comunicación, la consigna contrainsurgente y antiterrorista, desde la comodidad de su pedestal. Que son ellos, déspotas ilustrados, y no otros, los que albergan ideas políticas sobre el mundo y el país; que son ellos, nadie más, deliberantes y beligerantes.

El mensaje cala hondo. Por ello es aún más ignominiosa la situación colombiana, porque se repulsa primero el conflicto armado que impugna ese statu quo y a los movimientos armados de oposición, y no se atacan frontalmente las causas de la guerra. Pues si el mundo es como Colombia, igual de rico y miserable, la causalidad y perspectiva política de esta confrontación, debe ser valorada como acervo de resistencia y no soslayada. Es rastrero un proceder, cuanto no solamente el nuevo capitalismo es defendido por sucesivos vasallos armados que siembran el terror, sino que sigue dependiendo enteramente su triunfo del nivel de conciencia de los oprimidos, como explica Claudio Katz. O de inconsciencia, alimentada por tesis como aquellas esgrimidas estos días: que debe aislarse cualquier fundamento de la rebelión y que no conviene tensionar (“estamos convencidos que polarizar más a la sociedad colombiana no contribuye a superar el conflicto armado”, se afirma, entre otras ambigüedades, en una carta al Presidente Chávez, por parte de algunas entidades pacifistas y de asistencia: http://www.codhes.org/). Y peor, cuanto más servil es la reverencia que la ignorancia dispensa ante las trampas que hacen los amos. Como si polarizada materialmente la sociedad colombiana, no hiciera falta, precisa y justamente, polarizarla políticamente, hacerla ver como es, desde la ética, con rupturas, con opciones, donde y cuando se escoge, no a ciegas, un campo en la brega de la historia de un país que sigue en movimiento, produciendo abismos.

Es posible que algunos se dejen confundir pensando que la discusión sobre la beligerancia es teórica y antigua, o algo vigente, pero que debe ceñirse a un derecho cerrado. No. Tiene mucho que ver con las realidades degradantes de hoy, con las mismas que impulsan una celada contra las resistencias. Para evitar la emboscada de los de arriba, al menos un conjunto de voces deben asumir las dimensiones de los derechos de los de abajo, debiendo articular entonces, como parte de sus conatos, la reflexión de las nuevas razones de la rebelión. Por ello no pueden ser fragmentados sus campos de estudio y acción argumentativa, donde lo jurídico juega hasta un punto, indudablemente, al lado de la ética y de la inteligibilidad política y sociológica de un conflicto que tiene orígenes y retornos, que no puede ni debe ser superado sin que se generen escenarios de negociación de los cambios urgentes para el pueblo colombiano, es decir a condición de estar politizado, a lo cual ayudan mucho las secciones de “Gente” y economía de los diarios, para no quedarse siempre en las páginas de noticias políticas y judiciales, que nos refieren de qué manera un régimen narco-paramilitar y oligárquico se ufana de su exitosa administración. Si hay derecho a bodas de ricos inmunes, habrá derecho al menos de escoger sus mortajas los pobres, y a no morir de rodillas. Envolvamos de ética y de política, de historia y de economía, la cuestión de la beligerancia; descubramos qué valores de humanización proponen sus detractores y sus defensores. Albert Camus, hace casi 60 años nos legaba: “Hasta la nostalgia del reposo y de la paz debe ser rechazada; coincide con la aceptación de la iniquidad. Los que lloran por las sociedades felices que encuentran en la historia confiesan lo que desean: no la disminución de la miseria, sino su silencio. ¡Alabado sea, por el contrario, este tiempo en que la miseria grita y retrasa el sueño de los ahítos!”.

miércoles, 23 de enero de 2008

SOBRE LA VISITA DE URIBE, LAS TRISTES DECLARACIONES DE ZAPATERO Y LA MISIÓN MÉDICA.

OPINIÓN

Desde mi punto de vista, Uribe debe ser procesado por su responsabilidad en los actos sistemáticos de terrorismo de Estado dirigidos a aplastar y eliminar la protesta social, el movimiento sindical y campesino y la oposición política. Existen datos sobre la responsabilidad del Estado, tanto de sus fuerzas regulares como irregulares (paramilitarismo), en los asesinatos y desapariciones de aproximadamente 4.900 personas durante el primer mandato de Uribe que se produjeron en contexto ajeno al combate (en sus casas, puestos de trabajo, …). Uribe persigue a su oposición política y social, al margen del conflicto con la guerrilla. A pesar de eso, el gobierno español le ha dado su apoyo como si se tratara de un demócrata, en lugar de exigir la liberación de centenares de sindicalistas, profesores, opositores políticos, líderes de comunidades, campesinos, … que sufren presidio y judicialización acusados falsamente de pertenencia a la insurgencia armada, en base muchas veces a testimonios de las llamadas redes de informantes integradas por paramilitares.


En cuanto al conflicto armado, consideramos imposible una solución con Álvaro Uribe en la presidencia. Estamos hablando de un presidente que en medio de una operación de liberación de rehenes da vía libre al ejército para bombardear la zona. Con estos hechos, es imposible que la insurgencia armada pueda aceptar el envío de la llamada misión médica. Lo lógico, es que duden de la palabra de Uribe y piensen que se trata de una estrategia para localizar los campamentos de las FARC – EP. La solución al conflicto armado pasa irremediablemente por el derrocamiento de la dictadura de Álvaro Uribe, arropado por el gobierno de España que ha reforzado la mascara mediática de democracia formal que le otorgan los grandes medios.

Es triste que ni siquiera se haya hecho una condena genérica al terrorismo de Estado, cuando el Estado colombiano tiene muchos más méritos que otras entidades para estar incluido en la famosa lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. El informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas le atribuye el 75,15 % de los asesinatos y desapariciones por motivos sociopolíticos en contexto ajeno al combate donde se conoce el autor o presunto autor.

Qué pueden opinar ahora tantos refugiados políticos en España sobre el Presidente Zapatero.

La Laguna, a 23 de enero de 2008.

Tito Martín.

martes, 15 de enero de 2008

INDAGATORIA A 23 EMPRESARIOS DE LA PALMA ACEITERA.

Recordemos que grandes extensiones de tierras ocupadas por las empresas de la Palma fueron arrebatadas violentamente por los paramilitares a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó que sufrieron masacres y desplazamientos forzosos. La Palma aceitera es materia prima para agrodiesel que se ha convertido, en el contexto de la crisis de los combustibles fósiles, en una alternativa del Imperio para mantener un consumo irracional y vergonzoso en los países del centro capitalista. Así, a paises como Colombia, se le asigna esta nueva tarea en la división internacional del trabajo y vemos que su gobierno la implementa a sangre y fuego.


Es vergonzoso que a 10 años de las primeras denuncias públicas reiteradas veces ignoradas y a un año del inicio del proceso 3856 no se haya producido ninguna decisión de fondo.
Es más, visto el alto grado de impunidad de los crímenes en Colombia, podemos pensar que lo más probable es que sólo se toque a personas que fueron usadas como intermediarias en la apropiación ilegal por los empresarios, pero esto en el mejor de los casos, porque la lentitud de la fiscalía puede llevar a que se pasen los 24 meses de plazo para adelantar la instrucción y que la impunidad se materialice vía vencimiento de términos. Antes de leer el artículo recomendamos ver el siguiente vídeo de You Tube para entender de donde viene este proceso.



A continuación reproducimos el artículo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Publicado el lunes, 14 de enero de 2008 en la web de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.


El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.

De acuerdo con la información suministrada por el periódico, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman” manifiesta que el control militar se realizó como parte de una operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma, esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.

Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.

Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ (sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal, en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información recaudad diseñó la telaraña jurídica para declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a 4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas, y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran a manos de las empresas palmicultoras.

Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.

Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.

Posibilidad de los derechos o espacio a la impunidad

Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.

Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado a toda la estructura económica y criminal que cometió estas violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.

No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionario públicos, que participaron en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.

Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE PETRO.

La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.

La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento. En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.

El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas declararan acompañados por un abogado para responder sobre los hechos que originaron su vinculación a la investigación, manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica. A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por la comunidad y sus abogados.

A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio, y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha contado con la eficacia requerida.

Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por vencimiento de términos y la consecuente impunidad.

Entre la formalidad y la realidad

Hoy a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento de toda la empresa del delito que participó en la comisión de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos, la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables de estos crímenes, la devolución material de los territorios sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos crímenes no se volverán a repetir.

Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe.

Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma, su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción, sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado; hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras” en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión del agronegocio y la extensión ganadera.

Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como una extensión del Urabá Antioqueño.

Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción penal y disponerse a una reparación integral por los más de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del más alto nivel?