domingo, 26 de abril de 2009

INFORME FINAL DE LA MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES E IMPUNIDAD EN COLOMBIA


















































El pasado miércoles 1 de abril a las 19:00 horas, tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados/as del Señorío de Vizcaya, la presentación ante la sociedad vasca del Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia.

Se encargaron de trasladar las principales conclusiones y recomendaciones del informe:


· Juana Balmaseda Ripero (abogada, miembra del Consejo Vasco de la Abogacía y representante vasca en la Misión).

· Liliana Uribe Tirado (abogada de la Corporación Jurídica Libertad de Colombia).

· Ignacio Espinosa Casares (presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y portavoz estatal de Jueces para la Democracia).

ANEXO I. Resumen del Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia (para conocer el Informe completo visitar: http://www.dhcolombia.info/IMG/Informe_misionobservacion_ejecuciones.pdf)

La Misión encontró patrones comunes en la forma de realización de las ejecuciones extrajudiciales que se pudieron documentar en varias regiones de Colombia, lo que permite concluir que no se trata de hechos aislados sino de conductas sistemáticas que responden a una premeditación. Las víctimas en general eran humildes campesinos, indígenas, líderes comunitarios y personas socialmente marginadas. En muchos de los casos fueron arbitrariamente privadas de su libertad por el ejército, posteriormente vestidos con prendas militares, y ejecutados. Después fueron presentados como guerrilleros "muertos en combate".

El presente documento es el informe final de la Misión Internacional de Observación en el cual se manifiestan las preocupaciones recogidas del intercambio con familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, y autoridades, registradas inicialmente en la versión preliminar del presente informe. Entre los temas de preocupación se encuentran: los patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales; la existencia de incentivos económicos, profesionales y premios a la Fuerza Pública por la presentación de "positivos" (bajas al enemigo causadas en el desarrollo de operaciones militares); las dificultades procesales para que las víctimas participen en los procesos judiciales, y el ambiente de intimidación en contra de familiares y testigos de los hechos.

Adicionalmente se retoman las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extra-judiciales e Impunidad, presentadas el día 10 de octubre de 2007. Estas, tienen como propósito orientar la toma de medidas por parte del Estado colombiano, que permitan la eliminación de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública; reiterar los principios internacionales en materia de investigación efectiva de las violaciones a los derechos humanos; insistir en las medidas encaminadas a garantizar la superación de la impunidad de los casos de ejecuciones extrajudiciales; y, aportar herramientas que permitan garantizar la no repetición de estos crímenes.

Por último, la Misión quiere agradecer a todas las personas que, a pesar de los temores y riesgos a los que están expuestas, decidieron firmemente participar en el trabajo realizado por la Misión, y quienes, con sus testimonios y aportes, permitieron que en los informes presentados se reflejara la gravedad del panorama de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia y se pudiera elaborar recomendaciones oportunas y pertinentes a las instituciones estatales, la cuales, de ser acogidas, definitivamente permitirán garantizar los derechos a la vida de la población colombiana y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales.

Después de los esfuerzos realizados en 2007 por las organizaciones colombianas de derechos humanos, la OACNUDH, la CIDH y nuestra Misión, con el objeto de llamar la atención al grave problema de las ejecuciones extrajudiciales, el gobierno colombiano acabó por reconocer su existencia y adoptó algunas medidas, aunque no suficientes, para resolverlo. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa emitió la Directiva N° 019, de 2 de noviembre de 2007, que obliga a los comandantes militares a remitir a la justicia ordinaria las investigaciones penales por homicidio; de hecho, un mayor número de casos han sido trasladados a la justicia ordinaria. Asimismo, en el último año y medio la Fiscalía General de la Nación está reclamando más a menudo la competencia de los expedientes a la jurisdicción penal militar. Por último, en algunos casos de gran repercusión pública se han presentado avances; por ejemplo, en marzo de 2008, fueron emitidas órdenes de captura para 15 miembros de la Brigada XVII por su presunta participación en la masacre de 8 personas en San José de Apartado, hecho acaecido en febrero de 2005.


Pero al mismo tiempo se constata la tendencia contraria, lo que indica que el problema esta lejos de resolverse. Los casos en la justicia ordinaria no avanzan con la suficiente rapidez; falta asignar fiscales a varios expedientes de manera eficaz y ágil; aunque se han presentado algunos avances en las investigaciones sobre los autores materiales, hasta la fecha no se han alcanzado avances significativos en el esclarecimiento y sometimiento a juicio de los autores intelectuales, a pesar de que hay indicios que mandos mas altos pueden estar implicados. Nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales siguen apareciendo a la luz pública; por ejemplo, en septiembre de 2008 se conoció que 23 jóvenes, quienes con falsas promesas de trabajo se trasladaron a regiones de Colombia, pocos días después, fueron reportados como muertos en combate; la OACNUDH, además, ha señalado su conocimiento de 35 víctimas mas desde finales de 2007 hasta abril de 2008, las cuales fueron reportadas como muertas en circunstancias similares.

Asimismo, preocupa a la Misión que altos funcionarios, incluyendo el Ministro de Defensa y el Presidente, sigan sugiriendo en público que las organizaciones de derechos humanos comprometidas en documentar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales lo estén haciendo para desprestigiar a las fuerzas armadas, descalificando su actuación, lo cual pone a estas organizaciones en un serio riesgo.

En conclusión, aunque reconocemos los avances desarrollados en el último año para resolver este problema, en el espíritu constructivo de contribuir a esclarecer y erradicar este tipo de prácticas, la Misión considera que es absolutamente indispensable redoblar los esfuerzos para poner fin a estas violaciones graves a los derechos humanos, por lo que presentamos al conjunto de la opinión pública este Informe final.


Formaron la Misión:
Alexandra Huck (Alemania), Enrique Santiago y Romero (España), Françoise Escarpit (Francia), Ignacio Espinosa Casares (España), José Martín y Pérez de Nanclares (España), Juana María Balmaseda Ripero (España), Karen Ramey Burns (Estados Unidos), Lisa Haugaard (Estados Unidos), Mauricio Valiente Ots (España), Michael Peter David Ellman (Gran Bretaña), Rainer Huhle (Alemania), Rebecca Cox (Gran Bretaña) y Stefan Ofteringer (Alemania).

La Misión Internacional de observación fue una iniciativa promovida por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia – Europa - Estados Unidos, que es una coalición que agrupa 199 organizaciones de derechos humanos y sociales en varias regiones del país y las organizaciones Corporación Sembrar, Comité de Derechos Humanos "Joel Sierra", Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdo, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Fundación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Humanidad Vigente, Asociación Minga, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Banco de Datos del Cinep, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), Fundación Sumapaz, Asociación Campesina de Antioquia, Cristianos y Cristianas por la Vida y la Paz, Asfaddes, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", NDAS Seccional Medellín, Federación Agrominera del Sur de Bolívar, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (ASOPROA), Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc), la Corporación Jurídica Libertad, y las comunidades campesinas de la región del Pato y del Ariari en el Meta y de Guejar en Caquetá. Y a nivel internacional fue apoyada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Colectivo Coliche, Cedsala y la Asociación Paz con Dignidad de España, la Asociación Francia - América Latina (FAL) y la OIDHACO.

ANEXO II. Conclusiones y recomendaciones del Informe

A. CONCLUSIONES

La Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e Impunidad que visitó Colombia entre los días 3 al 10 de octubre de 2007, con base en sus observaciones directas, y además en otros elementos de análisis indicativos de la continuación de la práctica de ejecuciones extrajudiciales, y las débiles y aún ineficaces medidas adoptadas

por Autoridades de Colombia para frenar la Impunidad, se permite concluir:

1. Existe en Colombia un número elevado de casos que corresponden a lo que se denomina en Derecho Internacional como Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a unos patrones comunes de actuación. Igualmente se mantienen en el tiempo, aún después de realizada la Misión en terreno, y se producen en un gran número de departamentos de Colombia.

2. Considerando los testimonios escuchados y las versiones de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones de estos hechos, un elevado número de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan en la absoluta impunidad.

3. La investigación de la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales se lleva a cabo por la jurisdicción penal militar, lo que no asegura una investigación imparcial.

4. En los casos asumidos por la jurisdicción ordinaria, se constata una débil e insuficiente actuación de la Fiscalía, así como serias carencias en la actividad de investigación. La Fiscalía no ha actuado de manera efectiva para reclamar la competencia frente a la jurisdicción penal militar.

5. Se constata igualmente la dificultad de acceso de los familiares a la justicia, así como su elevada desprotección tras ocurrir los hechos. Todo ello dificulta la interposición de la denuncia y la participación en la investigación y seguimiento del proceso.

6. Los impactos psicosociales de las ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad que rodea las investigaciones se convierten en un fuerte obstáculo que debe ser tenido en cuenta con miras a ofrecer reparación a las víctimas.

B. RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE COLOMBIA

Ámbito técnico-forense

1. Que sea el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) quien siempre se encargue de realizar el registro de la escena del crimen, el levantamiento y transporte del cadáver.

2. Que los peritos independientes tengan acceso a la evidencia física y a los informes en igualdad de condiciones a los peritos estatales (necropsia, balística, prendas de vestir, etc.).

3. Que se preserven todas las evidencias físicas recogidas en el lugar de los hechos mediante un correcto manejo de la cadena de custodia.

4. Que los científicos forenses realicen la investigación basándose en los protocolos internacionales, lo que permitiría además de la identificación, la averiguación de posibles torturas, tratos inhumanos o degradantes o existencia de violencia sexual.

5. Que los informes de necropsia y otros análisis den cuenta de los métodos utilizados por los científicos que intervinieron en el examen del cuerpo, así como las razones de su utilización.

6. Que se garantice una correcta identificación de las víctimas por parte de sus familiares sin que éstos sufran restricciones ni condicionamientos.

7. Que todas las fases del procedimiento de identificación e inhumación (especialmente de N.N.) sean correctamente registradas por medio de fotografías, videos e informes escritos. A tal fin se incrementaran los esfuerzos para que los cuerpos de las víctimas sean debidamente identificados antes de ser inhumados (como N.N.) en fosas individuales, dejando constancia documental de toda la información sobre ellos.

8. Que los cuerpos que hayan sido inhumados como N.N. no sean trasladados a fosas comunes al vencimiento del término de cuatro años sin antes haberse descartado toda posibilidad de identificación.

9. Que se expida el certificado de defunción inmediatamente después que la persona haya sido identificada, autorizando la devolución del cuerpo a sus familiares.

10. Que en aquellos casos donde haya duda sobre la causa de la muerte o sobre la identidad de la víctima, se permita sin dilaciones la exhumación de los restos y el análisis de los mismos.

11. Que cada departamento cuente con su propio equipo de identificación (antropólogos, odontólogos, etc.).

12. Que los laboratorios de identificación cuenten con los recursos materiales y personal técnico necesarios.

13. Que se garantice la participación de las víctimas en condiciones de protección, sin restricciones ni condicionamiento en los procesos judiciales que se sigan.

14. Que se garantice acompañamiento psicosocial para los familiares durante todas las fases de los procesos judiciales.

Ámbito jurídico procesal

15. Que se garantice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que existe sospecha de ejecuciones extralegales, a cargo de los órganos competentes.

16. Como regla general y ante una posible ejecución extrajudicial toda la investigación y procedimiento deberá corresponder a la jurisdicción ordinaria y no a la militar, conforme a la legislación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

17. Que se permita a los familiares de las víctimas el acceso directo al procedimiento. Que por parte del Fiscal General de la Nación se emita una directiva dirigida a los fiscales delegados con la instrucción de que permitan el acceso a la investigación de los familiares y sus representantes legales.

18. Que el Estado elabore directrices conforme a los principios de la ONU sobre prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales y las difunda en todas las instancias competentes.

19. Que se introduzcan términos perentorios para que se asigne el caso a un fiscal y se abra la investigación o se acuda al juez de garantías a solicitar las audiencias preliminares.

20. Que se garantice el cumplimiento de los plazos especificados en la ley para que el Consejo Superior de la Judicatura resuelva los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria.

21. En los casos en que los fiscales, las víctimas o sus abogados no cuenten con garantías de seguridad, se debe atender la solicitud de reasignación del caso a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

22. Al menos en cada uno de los departamentos colombianos deberá existir una unidad especializada de la Fiscalía en DDHH y DIH.

23. Que se elimine el efecto de cosa juzgada que implica la preclusión en los delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos, sustituyendo dicha figura por el archivo provisional del caso.

24. En el marco de la investigación disciplinaria, los presuntos implicados en casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias deben ser suspendidos cautelarmente del servicio por la Procuraduría General de la Nación mientras se adelantan la investigación correspondiente.

25. Incrementar los recursos humanos y materiales del Ministerio Público para la investigación y seguimiento de crímenes de lesa humanidad.

Ámbito del Poder Ejecutivo

26. Que el Ministerio de Defensa asegure que las directivas No. 10-2007 y 019-2007 “Reiteración obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida” sean difundidas y aplicadas por todos los niveles de mando de la Fuerza Pública.

27. Que se asegure la supresión de incentivos de cualquier índole referidos a números de bajas, toda vez que pueden estimular la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Pues si bien, ya fue derogado el decreto 1400 de 5 de mayo de 2006, aún pueden permanecer otras formas de concederlos.

28. Que las políticas de seguridad promovidas por el Estado colombiano acojan las directrices de seguridad humana establecidas por Naciones Unidas.

29. Que quienes estén presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias sean suspendidos del servicio activo, mientras dure la investigación.

30. Que en el discurso oficial no se equiparen las acciones emprendidas a favor de la justicia por los familiares y las organizaciones de derechos humanos colombianas con la estrategia insurgente.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

31. La comunidad internacional debe resaltar la gravedad de la problemática de las ejecuciones extrajudiciales e insistir ante el Gobierno colombiano para que éste implemente las recomendaciones realizadas por los organismos de protección de derechos humanos.

32. Los gobiernos extranjeros deben condicionar la ayuda militar al Estado colombiano a la finalización de las ejecuciones extrajudiciales.

33. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le de estricto seguimiento a las denuncias presentadas por las organizaciones de derechos humanos sobre ejecuciones extrajudiciales y atienda sus peticiones.

34. Al Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas que solicite una visita a Colombia para conocer de las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y las organizaciones de derechos humanos.

Fensuagro - CUT (Colombia) nos informe que "LA CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ EL ESTATUTO PARAMILITAR DE DESARROLLO RURAL"

A pesar de dominar el poder ejecutivo y gran parte del legislativo, los grupos paramilitares no logran el control total del poder judicial en Colombia, muestra de ello es esta víctoria popular en los tribunales.

La decisión de la Corte constitucional de declarar inexequible en todos sus órdenes el mal llamado Estatuto de Desarrollo Rural o ley 1152 de 2007. Es de gran transcendencia y favorabilidad para la población campesina, indígena y afrodescendientes de nuestro país.

Esta ley siniestra de origen narcoparamilitar que pretendía garantizar la legalización del despojo de más de seis (6) millones de hectáreas de tierras robadas violentamente al campesinado en los últimos veinte (20) años, fue denunciada ante el parlamento colombiano por el campesinado sobre su peligro y verdaderas intenciones.

Las organizaciones campesinas, indígenas y afros, habíamos presentado nuestro propio proyecto de ley, el cual fue archivado, violándose totalmente el reglamento del congreso que obliga en caso de dos proyectos sobre el mismo tema, la obligación de ajuntarlos para su discusión y elaboración de ponencias.

De otro lado se desconoció la consulta previa que debe hacerse a los pueblos indígenas, por lo cual decidimos demandar ante la corte constitucional y a buena hora que ésta obró en bien de las mayorías campesinas, indígenas y comunidades afro.

Es por ello que nuestra Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria “FENSUAGRO” – CUT, hace un llamado al movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, y a la sociedad progresista colombiana, con el objeto de reabrir la discusión hacia la construcción de una política pública democrática para el campo colombiano que necesariamente pasa por la redistribución de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la economía campesina de nuestro país.

¡LA SOBERANÍA ALIMENTARIA UN DERECHO DE LOS PUEBLOS

REFORMA AGRARIA YA!

FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA “FENSUAGRO – CUT”

COMITÉ EJECUTIVO

EBERTO DIAZ MONTES

Presidente

Colombia: Uribe Uribe y Uribe

Miércoles, 25 de Marzo de 2009
(Consejo Regional Indígena del Cauca)

Kaos en la Red, 24 de marzo.- Para romper la unidad de los pueblos indígenas. El gobierno utiliza todas las formas de lucha contra los pueblos indígenas: conflicto armado, ocupación militar, judicializaciones, cultivos ilícitos, incumplimiento de acuerdos, atentados…

“Resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se presenta como una organización de pueblos Indígenas.

Cuando realmente es una agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuenta con el aval oficial de ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el pasado sábado 21 de marzo de 2009″.

En el año 1907 el General Uribe Uribe, expuso, cómo la república desde de su inicio ha estado directamente comprometida con el proyecto de exterminio de los pueblos indígenas: “…En nuestra condición de raza conquistadora, ya que arrebatamos el suelo al indio y que cada día vamos estrechándolo para lo más recóndito de las selvas, tenemos obligación –si de veras somos cristianos- de arrancarlos a la barbarie en que viven, para traerlos a la comunión de la fe, del trabajo y de la sociedad.

(…) El dinero que en esto se invierta ganará un alto interés de los préstamos a Dios, de que habla el evangelio. (…) es menester que la república obre ya directamente sobre aquellos núcleos, (…) Es urgente la asimilación de aquellos grupos, su inserción a nuestra vida orgánica. Es menester acabar con aquellas costumbres ancestrales (…) es menester transformar en colombianos aptos aquellos exponentes de inutilidad aborigen…” (Rafael Uribe Uribe, Reducción de indígenas, febrero 1907).

Ciento dos años después, el menesteroso gobierno nacional con el ministro Valencia Cossío a la cabeza, se reúne con comuneros que respaldan la política del actual Uribe: del Uribe que mantiene sus ejércitos de ocupación en los territorios indígenas; del Uribe que castiga a los pequeños sembradores de Coca mientras crece el poder del narcotráfico.

Del Uribe que promueve leyes para eliminar los derechos humanos e históricos de los pueblos indígenas, mientras defiende los excesos de la fuerza pública; del Uribe que emite leyes del despojo como el TLC y el Estatuto de desarrollo rural mientras incumple los acuerdos y compromisos que tiene el Estado nacional con los pueblos indígenas y sectores sociales del país; del Uribe que invoca a Dios mientras miente, discrimina y fomenta la delación, el odio y el rompimiento del tejido social.

Ha sido evidente para el país y el mundo que el actual gobierno ha mantenido una política de discriminación selectiva contra los pueblos indígenas del Cauca, lo cual se manifiesta en lo siguiente:

1. La prohibición en los POT municipales de vender tierras destinadas a los resguardos indígenas; exabrupto normativo que fue recogido e inserto en el inexequible estatuto de desarrollo rural.

2. Los pronunciamientos mediáticos donde el gobierno hábilmente liga los territorios indígenas con el terrorismo y el narcotráfico.

3. El ofrecimiento de recompensas para romper la unidad de los pueblos indígenas del Cauca en un consejo comunitario de la ciudad de Popayán

4. La detención arbitraria de líderes y comuneros indígenas pertenecientes a comunidades que participan de la liberación de la Madre Tierra, sin respetar el debido proceso.

5. El uso excesivo de la fuerza contra las comunidades indígenas que reclaman su derecho a la tierra, en un acto de parcialidad gubernamental con los grandes propietarios.

6. El engaño a la opinión pública para justificar excesos del esmad contra las comunidades indígenas en La María, Piendamó, donde negó que la policía hizo uso de armas de fuego y no convencionales, en el mes de octubre de 2008, contrariando evidencias de los medios de comunicación internacional. En aquella ocasión un indígena fue asesinado, nueve familias desplazadas y heridas de gravedad más de 150 personas, muchas de las cuales quedaron con lesiones de por vida.

7. El atentado, en el mes de diciembre del 2008, contra la Consejería mayor CRIC, a través de una emboscada que realizó el ejército colombiano en Totoró, contra el carro del CRIC, donde fue asesinado Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aída Quilcué.

8. La decisión perversa de mantener la guerra en los territorios indígenas, donde la guerrilla complaciente intimida bajo la tesis de que quien defienda la política de seguridad democrática es objetivo militar y el gobierno amenaza a quien reclame garantía de los derechos humanos bajo el argumento que es aliado de la guerrilla.

Resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se presenta como una organización de pueblos Indígenas.

Cuando realmente es una agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuenta con el aval oficial de ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el pasado sábado 21 de marzo de 2009.

De forma conciente el ministro del interior y de justicia desconoce que los pueblos indígenas en este departamento tenemos unos procedimientos de orden colectivo, donde la vocería principalmente está en los gobernadores de cabildo, cuya capacidad de interlocución y decisión solo compromete a su territorio de origen. En caso que ello afecte o implique más de un territorio se requiere de instancias de coordinación zonal o regional.

Es el Caso del CRIC, que responde a las políticas establecidas en Congresos regionales, el cual, a propósito, realizará su Décimo Tercera versión entre el 26 y 30 de abril del presente año en la María, Piendamó. La existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca supera los 38 años de proceso organizativo, siendo los gobernadores de cabildos, en un Congreso Extraordinario, los que mediante una Resolución Propia, en 1999, establecieron la calidad de Autoridad Tradicional del CRIC.

Y ellos mismos exigieron del Estado colombiano su registro legal para facilitar la relación de los indígenas del Cauca con las instituciones en materia de política pública, lo cual quedó establecido a través de la resolución 029 del ministerio del Interior en junio de ese mismo año.

Lamentablemente se percibe mala intención institucional, pues en este acto se volvió a difamar y a afectar el buen nombre del CRIC con la complacencia del gobierno, y de paso, de forma siniestra los funcionarios del Estado fomentan viejos rencores religiosos que las comunidades han venido superando a través de procedimientos participativos que dan vida a la autonomía interna de gobierno.

Se insiste en la vieja aspiración conquistadora que los comuneros renuncien a la propiedad colectiva de los resguardos y a la observancia de las reglas internas, ahora a través de prebendas económicas, ofrecidas por personas que aún hacen parte de los censos y gozan de las decisiones comunitarias.

Como el gobierno no ha logrado fomentar su política de pago de recompensas en territorios indígenas, ni que las comunidades acepten el conflicto armado, tampoco definirse por uno y otro actor de la guerra, ni que los comuneros accedan al monocultivo, menos cuando se trata de plantaciones que el gobierno denomina ilícitas, ahora puso en marcha una vieja estrategia:

Crear la idea que es el CRIC el responsable frente a las comunidades de los derechos que constitucionalmente debe garantizar el Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional y se está apoyando en personas que, como expresó una de sus líderes, ya no quieren hacer parte de la estructura interna de los resguardos ni aceptar la autoridad de los cabildos.

Es urgente que los organismos de control observen el comportamiento de los gobiernos nacional y departamental, pues continúan promoviendo el rompimiento el tejido social y la unidad indígena, en especial se investigue la actuación de los servidores públicos Valencia Cossio y Guillermo Alberto González como jefes de las delegaciones que participaron del evento político religioso que se realizó en el Coliseo “La Instancia” de la ciudad de Popayán el pasado 21 de marzo.

Llamamos igualmente a la comunidad internacional defensora de los derechos humanos para que esté alerta frente a los sucesos del Cauca, ya que el gobierno está utilizando todas las formas de lucha contra los pueblos indígenas, (conflicto armado, ocupación militar, judicializaciones, cultivos de uso de ilícito.

Incumplimiento de acuerdos, señalamientos, desinformación mediática, atentados, legislación que contradice los avances universales en materia de derechos humanos e intervencionismo para el rompimiento de las estructuras internas de los pueblos indígena) lo cual mantiene el riesgo inminente de desaparición forzada a los diferentes pueblos indígenas que centenariamente hemos habitado este territorio.

Consejería Mayor. Consejo Regional Indígena Del Cauca –CRIC-

Popayán, marzo 24 de 2009

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. Telefax: 0928 - 290958 – 293999. Email: acincauca@yahoo.es - web: nasaacin.org - Dirección: Calle 3 No. 7A-20. Santander de Quilichao Cauca –Colombia.

Jaime Cedano y RedVivir calumniados por la periodista Salud Hernández del diario El Mundo.


El Mundo arremete, sin fundamentos, contra Jaime Cedano y un proyecto que será financiado por el Ayuntamiento de Sevilla para colaborar con supervivientes del Genocidio de la UP, perpetrado por la extrema derecha colombiana.

El Domingo 15 de marzo, la "periodista" Salud Hernández Mora, del diario El Mundo, publicaba un artículo titulado "Un negocio casi perfecto", donde acusaban al militante del Partido Comunista Colombiano, Jaime Cedano, desplazado en España por las amenazas contra su vida en Colombia, de no emplear un dinero que concedió la Alcaldía de Sevilla (81.378,80 euros, más o menos 240 millones de pesos) en el proyecto de desarrollo para el que se había solicitado.

Las acusaciones fueron respondidas, pero como es habitual en la mal llamada "prensa libre" no se concedió el derecho de réplica. Como se trata de acusaciones muy graves y mal fundadas reproducimos la respuesta de la Corporación RedVivir:

En el diario El Tiempo del domingo 15 de marzo se publicó una columna por parte de la periodista Salud Hernández quien hace graves acusaciones en contra de la Corporación porque supuestamente uno de sus directivos se iba a apropiar de los recursos de un proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, España. En la nota se denuncia que en la vereda de Brasil en el municipio de Herveo, Departamento del Tolima, nadie conoce de Redvivir lo que llevó a asumir el supuesto delito.

Ante esta situación la Corporación se permite informar:

1. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla no tiene como sitio de realización el lugar mencionado y visitado por la periodista. El proyecto se realizará en la vereda Puerto Brasil del municipio de Viotá en el departamento de Cundinamarca. Lugar donde se están ejecutando varios proyectos que han sido auditados por la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, que ha financiado la mayoría de estos proyectos en el marco del Programa Integral de Protección a sobrevivientes y víctimas del Genocidio de la UP.

2. El cronograma del proyecto sólo empezará a ejecutarse en el momento de la entrega de los recursos por el Ayuntamiento de Sevilla, hecho que aún no se ha realizado.

3. La Corporación Redvivir realiza sus proyectos prioritariamente con familias de desplazados, victimas y sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, familias campesinas que perdieron no solo sus terrenos, semovientes y modos de sobrevivencia sino que además a muchos de sus seres queridos.

4. La columna en mención es una grave acusación contra la honra y la integridad de los Directivos de Redvivir.

5. La Corporación Redvivir espera que realizadas estas aclaraciones, que perfectamente pueden ser corroboradas con el texto oficial del proyecto, se produzcan las rectificaciones pertinentes y adecuadas.

Bogotá, Marzo 16 de 2009

“PAZ” Y “PROGRESO”: FACHADAS PARA OCULTAR LOS CRÍMENES EN APARTADÓ

"Es paradójico que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social y sus altavoces, afirmen que en la zona todo está en paz y en vías de progreso, cuando al mismo tiempo hacen alusión a los hechos de terror que han sido más visibles en los últimos días, como el atentado al Supermercado Los Ibáñez, registrado el 28 de marzo de 2009. No hacen alusión las autoridades a otros enfrentamientos que han producido muertos y heridos en las últimas semanas y días. Menos hacen alusión a la presencia paramilitar tan masiva en Nuevo Antioquia y sus incursiones violentas en las veredas de La Esperanza, La Hoz, Zabaleta, La Resbalosa, Mulatos, El Porvenir y otras".

El Señor Alcalde de Apartadó, en una intervención difundida ampliamente por los medios regionales de información, así como otros funcionarios, comentaristas, miembros de la Agencia Presidencial para la Acción Social y de las juntas de acción comunal vinculadas a sus proyectos, han atacado con virulencia las denuncias hechas por la ex Alcaldesa de Apartadó, Doctora Gloria Cuartas, sobre la violencia que continúa afectando a San José de Apartadó y especialmente a los integrantes de nuestra Comunidad de Paz.

Todos estos funcionarios y sus beneficiarios afirman que en San José de Apartadó se goza de plena paz y que sólo se percibe progreso. Dicen que la Comunidad de Paz miente cuando denuncia hechos de violencia oficial que se realizan contra sus miembros. Apoyan irrestrictamente las operaciones militares y policiales y anuncian que a mediados de este año van a convocar un evento internacional en el caserío de San José, para que se presenten las denuncias contra la fuerza pública, si es que las hay y que, según ellos, “son falsas”.

No vale la pena entrar a polemizar con todos esos funcionarios y con quienes les sirven de altavoces, pues ellos siempre utilizan discursos abstractos para defender lo indefendible, mientras nuestra Comunidad ha tenido siempre por principio denunciar los hechos con fechas, horas, sitios, nombres y circunstancias concretas. Durante muchos años estos dos lenguajes se han confrontado y es evidente que la verdad está del lado de quien presenta los hechos concretos y verificables con transparencia, lo que no puede ser negado por un discurso político vacío de datos, que siempre ha querido legitimar el crimen con el ocultamiento, el silencio, el desvío, las “cortinas de humo”, el recurso a publicidad política comprada con altas sumas de dinero o la manipulación inconfesable de versiones falsas fundadas en testigos que mienten por dinero. Afortunadamente la mentira, una vez cesan los intereses mercantiles y cambian los contextos políticos, se desvanece y deja en pública vergüenza a sus autores. Los millares de confesiones que el país está escuchando ahora, revelan la mentira que fue avalada durante años o décadas por todas las instituciones del Estado, por los medios masivos de comunicación y por todas las llamadas “gentes de bien” de la sociedad.

Las autoridades siempre nos han llamado “mentirosos” cuando denunciamos los crímenes que ellas cometen contra nosotros. Cuando denunciamos la presencia de bloques paramilitares que actúan en unidad de acción con el Ejército, asesinando a muchos de nuestros compañeros y vecinos, dicen que todo es falso; que esas víctimas no existen, mientras nosotros tenemos que recoger nuestros muertos y sepultarlos sin que haya siquiera, la mayoría de las veces, un levantamiento de cadáver. Militares y paramilitares asaltaron los carros donde transportábamos los productos de nuestros trabajos comunitarios y se los robaron, pero cuando denunciamos esos hechos, dijeron que pretendíamos desprestigiar a las fuerzas armadas. Cuando pedimos que se haga justicia a nuestros muertos, siguen diciendo que todos eran “guerrilleros muertos en combate”. A pesar de tanta infamia, hemos guardado la memoria de los crímenes y se la hemos ido entregando a la humanidad para que la historia juzgue con rectitud.

Mientras el Gobierno recurre a un discurso político abstracto y masivamente difundido con el dinero de nuestros impuestos, con el fin de esconder la responsabilidad de los criminales, nosotros recurrimos a una demanda de verdad, de justicia y de reparación basados en los sufrimientos concretos, fechados y situados, que nos han causado.

Pero es paradójico que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social y sus altavoces, afirmen que en la zona todo está en paz y en vías de progreso, cuando al mismo tiempo hacen alusión a los hechos de terror que han sido más visibles en los últimos días, como el atentado al Supermercado Los Ibáñez, registrado el 28 de marzo de 2009. No hacen alusión las autoridades a otros enfrentamientos que han producido muertos y heridos en las últimas semanas y días. Menos hacen alusión a la presencia paramilitar tan masiva en Nuevo Antioquia y sus incursiones violentas en las veredas de La Esperanza, La Hoz, Zabaleta, La Resbalosa, Mulatos, El Porvenir y otras. Los datos concretos con fechas, horas y actuaciones, los podrían encontrar en nuestros comunicados pero a ellos sólo les interesa ocultar todo esto. Tampoco hacen alusión a las amenazas ni a los mensajes que han estado enviando militares y paramilitares a la Comunidad de Paz, anunciando su exterminio. Dirán, quizás, que todo eso “es mentira”, como también dirán que “es mentira” el intento de asesinar al representante legal de la Comunidad de Paz el 1° de noviembre pasado. Tampoco hacen alusión a los Falsos Positivos que se han presentado en la zona. Para ellos, todos esos muertos son “guerrilleros que mueren en combate”. Es difícil, pues, comprender su discurso tan lleno de contradicciones, silencios, encubrimientos y tergiversaciones.

Es claro para nosotros que la Alcaldía de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Fuerza Pública y todos sus altavoces, han venido ocultando los hechos de violencia que ocurren en la zona, impidiendo incluso que se divulguen informaciones sobre atentados que han dejado mutilados a soldados y policías. También guardaron en secreto el Informe del DAS del 4 de diciembre de 2007 en el cual se reseñaban muchos hechos de violencia ocurridos en San José de Apartadó en 2007 y otros registros de 2008. Con todo ello se quiere evitar el tener que acatar las directrices de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206 de 2001, donde fija los criterios para la ubicación de puestos de policía en medio de la población civil, cuando hay contextos de conflicto y de riesgo, como se evidencia en San José de Apartadó. Acatar dicha Sentencia implica, a todas luces, retirar el Puesto de Policía de San José de Apartadó y ubicarlo en otra parte, tal como lo pidió la Comunidad de Paz en 2004, para lo cual hizo propuestas concretas, pero la intransigencia del Presidente Uribe que desconoció todo lo dialogado, causó el desplazamiento forzado de los integrantes de la Comunidad de Paz.

También tenemos conocimiento de que el Alcalde de Apartadó, la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Fuerza Pública y todos sus altavoces, están disgustados con la Defensoría del Pueblo por su documento de ALERTA TEMPRANA sobre San José de Apartadó, pues ello les obligaría a enfrentar los hechos concretos de violencia que han sucedido y que ellos quieren negar, así como a examinar sus causas y a buscarles solución, haciéndolos responsables de las tragedias futuras por no haber tomado en serio la ALERTA. Todo eso es lo que ellos quieren ocultar.

Lo más triste y repugnante de toda esta política es el afán por desconocer a las víctimas y sus sufrimientos y ocultar éstos con mentiras, avalando, por el contrario, los intereses y los discursos de los victimarios. Es deplorable que el Gobierno y las instituciones del Estado se ubiquen en esta lógica.

Nuestro compromiso con las víctimas nos urge a preservar la vida en medio de la muerte y a seguir manteniéndonos allí, asumiendo los costos que eso tenga. Estamos seguros de que esa conciencia de compromiso con la verdad y la justicia no hará retroceder en sus denuncias a la Doctora Gloria Cuartas ni al Padre Javier Giraldo ni a ninguno de los integrantes de nuestra Comunidad de Paz, comunidad que el Gobierno siempre quiere ignorar reduciéndola a unas pocas familias [según el Vicepresidente Santos, somos “ocho”; ahora hablan de “cuarenta personas”], pero seamos las que seamos, nuestra identidad sigue estando en nuestros principios de autonomía, no participación en el conflicto armado, búsqueda de verdad, justicia y reparación, trabajo solidario y búsqueda de un mundo alternativo.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Abril 5 de 2009

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

visita nuestra pagina web: http://www.cdpsanjose.org

www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia