miércoles, 20 de febrero de 2008

PARAMILITARES EN MESETAS, CONFINAN A LA POBLACIÓN Y ASESINAN A UNA MUJER. HOSTIGAN A HUGO TORRES, DEFENSOR DDHH Y CUÑADO DEL ASESINADO DIEGO OSPINA.

GRAVE RIESGO PARA POBLADORES DE MESETAS (META)

Las organizaciones abajo firmantes, se permiten informar a la opinión pública nacional e internacional, así como a los organismos Intergubernamentales de Derechos Humanos, la situación de riesgo en que se encuentran los habitantes de la vereda Alto Gobernador del municipio de Mesetas (Meta).

HECHOS

1.- El día de hoy, 19 de septiembre de 2008, siendo aproximadamente las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), integrantes de estructuras paramilitares arribaron a la vereda Alto Gobernador del municipio de Mesetas (Meta), lugar en el cual procedieron a confinar a sus habitantes.

2.- En desarrollo de estos hechos, por parte de los mismos se procedió a asesinar a una mujer, de la cual hasta el momento no ha sido posible obtener su plena identificación. Adicionalmente, por parte de los paramilitares se procedió a amenazar a una menor de edad, manifestando que si decía algo de lo observado, la asesinarían en compañía de sus familiares.

3.- Esta situación ha generado profundo temor y angustia en los habitantes, situación que les ha obligado a permanecer encerrados en sus viviendas. Existe especial preocupación por la vida e integridad personal del señor JAIDER LARA, campesino de esta vereda, a quien los paramilitares han buscado insistentemente para asesinarlo.

4.- Por parte del General Quiñónez, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, se ha manifestado que en dicha región no existen paramilitares, pues ya fueron exterminados. Estas manifestaciones se contradicen abiertamente con la situación de riesgo, presión, amenaza e intimidación a que se encuentran sometidos los habitantes de la vereda Alto Gobernador del municipio de Mesetas (Meta), así como de atentado contra la vida e integridad personal de los mismos, lo cual no obedece a una situación coyuntural.

ANTECEDENTES

Particular preocupación queremos expresar por el contexto en que se presenta este ataque en contra de la comunidad de Alto Gobernador (Mesetas – Meta), en particular por los hechos que a continuación se relatan:

1.- El día 26 de diciembre a la 1:45 p.m. en la localidad de Bosa de Bogotá D.C. fue detenido por miembros de la SIJIN acompañados por una patrulla Policía Nacional, el señor Héctor Hugo Torres, reconocido defensor de Derechos Humanos, acusado de los delitos de rebelión y concierto para delinquir. El día 27 de diciembre de 2007, por parte de un Juez de la ciudad de Villavicencio fue restablecida la libertad.

El día de hoy 28 de Diciembre de 2007, siendo aproximadamente las 7:00 a.m., cuando se disponía a salir de su lugar de residencia, Hector Hugo Torres observó que desde frente a su residencia, personas de civil dentro de dos vehículos Chevrolet Corsa, lo siguieron en el desplazamiento que realizaba hasta el centro de la ciudad a una reunión con organizaciones de Derechos Humanos.

2.- El día 15 de enero de 2007, en la ciudad de Villavicencio fue asesinado Jorge Diego Ospina, ex alcalde del municipio de la Uribe (Meta), quien había dejado el cargo el 31 de diciembre pasado. Jorge Diego Ospina, era cuñado de Héctor Hugo Torres.

Los hechos ocurrieron el barrio El Barzal de Villavicencio, donde sicarios motorizados interceptaron el automóvil en que se movilizaba con su esposa y su hija.

Solicitudes

Por los hechos anteriormente señalados, les solicitamos dirigirse con carácter URGENTE a las autoridades colombianas a fin de que les sea exigido:

1. Adopten medidas prontas y urgentes, a fin de neutralizar el libre accionar de estructuras paramilitares en el municipio de Mesetas (Meta), brindando especial protección a los habitantes de la vereda Alto Gobernador.

2. Sean detenidamente investigados estos hechos, procediendo a la sanción de los responsables de los crímenes aquí denunciados.

3. Se explique a la comunidad nacional e internacional, las razones por las cuales, mandos militares acantonados en la región, persisten en negar la operatividad de estructuras paramilitares, a pesar de los hechos aquí relatados.

Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta

Corporación Norman Pérez Bello

Red de Defensores – dhColombia

Corporación Jurídica Utopias

Campaña Prohibido Olvidar

Asociación Nomadesc

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

INFORMATIVOS DE TELESUR: ANÁLISIS DE CASOS DE LA PARAPOLÍTICA Y EL DAS; HUGO CHÁVEZ DENUNCIA LA INCURSIÓN DE PARAMILITARES COLOMBIANOS EN VENEZUELA

VER EL SIGUIENTE INFORMATIVO DE TELESUR DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2008 DONDE SE TRATA EL CASO DE JORGE NOGUERA, EX - DIRECTOR DEL DAS Y VARIOS CASOS Y CONDENAS DE PARLAMENTARIOS DE LA COALICIÓN URIBISTA POR CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE ELECTORAL, ... ES UN INFORMATIVO MUY ILUSTRATIVO, MUY BIEN DOCUMENTADO.




EN EL INFORMATIVO DEL 18 DE FEBRERO DE 2008 EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ DENUNCIA LA INCURSIÓN DE PARAMILITARES COLOMBIANOS EN VENEZUELA, TANTO EN ZONAS RURALES COMO EN BARRIOS DE CARACAS.




EN EL INFORMATIVO TELESUR DEL 11/02/2008 EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ PLANTEA QUE MILITARES Y SECTORES DEL GOBIERNO DE COLOMBIA ESTÁN ACTUANDO EN UN PLAN DE GUERRA DEL IMPERIO NORTEAMERICANO CONTRA VENEZUELA Y APOYANDO AL PARAMILITARISMO.



martes, 19 de febrero de 2008

6 DE MARZO - 17:30 HORAS, CONCENTRACIÓN - PLAZA DE LA CANDELARIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA


Hemos decidido apoyar la convocatoria hecha por MOVICE concentrándonos en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife a las 17 horas, donde pensamos exponer fotos de algunas víctimas, paneles contando distintas historias, como lo sucedido con la Unión Patriótica, y si logramos los medios técnicos necesarios también proyectaremos un documental al aire libre.

Nosotros, como red de colectivos sociales y políticos de Canarias que denuncian la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Estado colombiano, queremos mostrar también en este acto nuestro
rechazo a la Política Exterior implementada por el Gobierno de Zapatero con respecto a Colombia que se ha materializado con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) el 23 de enero de 2008, el cual regulará la relación de los dos Estados en ámbitos como inmigración, comercio, cultura, cooperación judicial o lucha contra “el terrorismo y el narcotráfico” colocando las relaciones bilaterales en el más alto nivel. Esto supone la aceptación de las posturas del Gobierno de Colombia en cuanto a la negación del conflicto armado, el apoyo en el no reconocimiento del contrario como fuerza beligerante, con el consiguiente distanciamiento de la via del diálogo y la negociación en la solución del conflicto y, por tanto, la continuidad de la guerra. El AAE puede servir para que España siga vendiendo armas al Estado colombiano, principal responsable en la violación sistemática de los derechos humanos de la población, además se sigue sin supeditar los acuerdos al cese de dicha violación sistemática de los DD.HH., no se le exige nada al Gobierno de Colombia en esta materia, a pesar de ser el principal responsable. Por favor, te rogamos que acudas a la CONCENTRACIÓN.




sábado, 16 de febrero de 2008

PROGRAMA VTV SOBRE INCURSIÓN DEL PARAMILITARISMO COLOMBIANO EN VENEZUELA Y CÓMO ACTÚA EE.UU EN EL CONFLICTO COLOMBIANO (VER VÍDEO)

Se trata de Darío Azzellini, politólogo y cineasta, que ha estudiado como actúa EE.UU. en el conflicto armado colombiano mediante empresas privadas que asesoran al ejército. También cómo actúan y contra quien los paramilitares, cuyo principal objetivo no es combatir a la insurgencia sino destruir el tejido social en los pueblos para abortar los proyectos sociales que puedan dañar los intereses de las clases privilegiadas. Afirma que existe un proyecto de extender el paramilitarismo a Venezuela y que ya han actuado sicarios paramilitares contra unos 180 líderes campesinos venezolanos. Comenta que la mayoría de la frontera con Colombia está controlada por grupos paramilitares y no por la guerrilla, como muchos medios y voceros del gobierno de EEUU han divulgado. En fin, les recomiendo vean la entrevista en You Tube.

SE TEME POR LA VIDA DE LOS LÍDERES DE DDHH DEL BAJO ARIARI

14 de Febrero- 2008.

Once (11) Campesinos y campesinas líderes de las COMUNIDADES del BAJO ARIARI se encuentran desde hace más de ocho días sitiados por paramilitares quienes han dicho a la comunidad que los van a asesinar.

Hoy 14 de febrero se organizó una misión de emergencia, con el fin de rescatar a 11 personas de la amenaza paramilitar en el Caserío de Santo Domingo, Municipio de Vistahermosa – Meta-, quienes desde hace más de 8 días se encuentran escondidos, porque paramilitares de alias Cuchillo y alias el Tino[1] los están buscando con lista en mano para asesinarlos.


PERSONAS EN RIESGO

  1. Maria Del Carmen Suluaga Muñoz C.C. 4272228 de Mesetas – Meta Coordinadora comité víctimas ejecuciones extrajudiciales de la Localidad y su Núcleo Familiar.
  2. Álvaro Ortiz Medina C.C. 1139061 de Maya Cundinamarca – Esposo
  3. Jhon Alexander Cubides Suluaga TI. 880118-739-29 de Mesetas- Hijo.
  4. Jaime Ortega C.C. 14765042 de Sevilla – Valle Coordinador de Derechos Humanos Santo Domingo Municipio de Vista Hermosa.
  5. Duvalier Ortega C.C. 1123861131 de la Macarena Meta, Secretario Comité de Derechos Humanos de Santo Domingo- Municipio de Vista Hermosa.
  6. Luís Antonio Alfonso Núñez, C.C. 3296418 de Villavicencio, Fiscal de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y Tesorero del Comité de Santo Domingo.
  7. Gustavo Lancheros, C.C. 19476458 de Bogotá, Fiscal Suplente del Comité de Derechos Humanos del Santo Domingo, Municipio de Vista Hermosa.
  8. Luís Orlando Rojas Vargas, C.C. 79369125 de Bogotá.
  9. Flor Marina Sánchez Martínez TI. 90102157710 de Mesetas – Esposa de Luís Orlando Rojas Vargas.
  10. Yury Tatiana Rojas Sánchez 2 años de edad.
  11. Andrea Natalia Sánchez Martínez, 17 meses de Nacida.

Estos campesinos son líderes comunales y de la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Sector del Bajo Ariari y desde allí han realizado múltiples denuncias de los atropellos y abusos por parte del Ejercito Nacional de las brigadas Móviles 12 y 4 y paramilitares, entre ellos 53 ejecuciones extrajudiciales en los últimos dos años.

La misión de rescate de traslado de las personas se desarrolla hoy 14 de febrero y está liderada por organizaciones sociales, con el acompañamiento de organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo.

Sobre las doce del medio día de hoy jueves 14 de febrero, personas que acompañan la misión de traslado de las personas, informaron a Bogotá, D.C., con mucha preocupación que “un carro Nissan Rojo, de placas VAO 139, lo siguió desde el casco urbano del municipio de Vista Hermosa hasta el caserío de Santo Domingo y allí están supuestamente en un taller pero nadie del caserío lo reconoce”. Alertamos sobre está situación y exigimos respeto por está misión humanitaria.

Las personas y organizaciones tocaron las puertas de Ministerio del Interior y de Justicia, Vicepresidencia de la República y fue poca o casi nula la ayuda recibida.

Solicitamos: A las organizaciones sociales nacionales e internacionales: Solicitamos su apoyo y solidaridad con esta misión humanitaria, realizada por la siguientes organizaciones: Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, en coordinación con el CINEP, La Comisión de Seguimiento a los DDHH y DIH del Bajo Ariari, la Corporación Claretiana NPB, y cuenta con el acompañamiento de IPO y la Defensoría del Pueblo – Meta.

Solicitamos solidaridad y comunicaciones a las entidades del Gobierno para que se brinden garantías a la comisión que en este momento está trasladando a las personas.


Al Gobierno Nacional:

Que realice acciones para que los paramilitares en la región no continúen violando todos los derechos de la población.

Solicitamos al gobierno Nacional y al Ejercito Nacional se brinden las garantías constitucionales negadas con la amenaza, la intimidación y el desplazamiento a las personas de las comunidades del Bajo Ariari y a sus líderes.

Suscriben:


COMITÉ CIVICO POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL META CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO

BANCO DE DATOS DEL CINEP

FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLITICOS

COMISION DE SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL DEL BAJOR ARIARI

PRIMERA AMENAZA CONTRA LA AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA - ONIC, POR PARTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA MARCHA DEL 6 DE MARZO

ComunicaONIC 006 14 de Febrero del 2008.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC

!!POR LA PAZ Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ¡!! Vamos a la marcha del 6 de marzo.

La AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC, informa a la comunidad Nacional e Internacional, que como victimas hacemos parte del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, y por ende hacen parte nuestras Organizaciones Regionales, que son los que padecen en terreno el rigor del conflicto armando que vive Colombia. Y que por consiguiente somos parte de la convocatoria de la movilización del 6 de Marzo, en respaldo a las VICTIMAS, a los DESPLAZADOS, a los DESAPARECIDOS y a los ASESINADOS, por todos los actores armados.

Por esta firme decisión de seguir en Levantamiento Indígena, en resistencia por nuestros derechos ancestrales y la pervivencia de nuestros pueblos en sus territorios ancestrales, somos estigmatizados, amenazados, desplazados, asesinados, desaparecidos y por en ende Victimas. De modo que seguiremos marchando por la Vida y por la Consolidación del Gobierno Propio, de la mano con otros sectores, por ello además impulsamos la CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE OPINION, EXPRESION Y ASOCIACION.

Por todo lo anterior, RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS, la TERCERA AMENAZA y el HOSTIGAMIENTO que de son victimas los miembros de la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, en el Departamento de Nariño, al igual que otras 13 organizaciones sociales en Nariño, realizada por parte de la "ORGANIZACIÓN NUEVA GENERACIÓN", desde su correo electrónico nuevageneracion_nariño@yahoo.com, dirigida a cada uno de los correos de las organizaciones, como al correo institucional de UNIPA, el día 12 de febrero a las 15:53:10, la cual dice: "+" ONG´s de NARIÑO, Defensoras de Narcoterroristas, Q.E.P.D. "no permitiremos la realización de la marcha del 6 de Marzo porque esta organizada por los estafetas de la guerrilla y todo aquel que participe en ella se convierte en enemigo de la patria. La libertad y la conquista no la perderemos, el honor y la patria se debe defender y respetar. Todas las ONGs Nariñenses quedan advertidas", ¡Viva la libertad no a las viejas opresiones terroristas!".


Cabe destacar que quienes firman la amenaza, se conoce en la región desde el 2006 como un grupo paramilitar, lo cual es de pleno conocimiento por los organismos de control del Estado y Organizamos de DDHH..


Nuestra posición razonable de defensa de la madre tierra es inmodificable: DEFENSA DE
LA VIDA DIGNA Y DE LA PERVIVIENCIA DE TODOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Por ello nuestras acciones de resistencia para protegerla es considerada como inconveniente para todos los actores armados, y en especial para el gobierno colombiano, que ven en nuestras posiciones y acciones, como actos terroristas, siendo estigmatizados, perseguidos, asesinados, desplazados de nuestros territorios, y para convalidar sus propósitos nos desconoce ante la comunidad internacional, al no adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, actitud discriminatoria contra los Pueblos ancestrales.


Por todo lo anterior, la ONIC hace un llamado a sumarnos a la marcha de próximo 6 de marzo.


Repudia las amenazas, hostigamientos y pone de manifiesto la responsabilidad del estado frente a cualquier hecho que ponga en peligro la vida de las víctimas y de los miembros de las organizaciones.


Que se investigue y judicialice a los responsables de este tipo de amenazas.


De igual manera, llamamos a las organizaciones de solidaridad con Colombia a poner en manifiesto el acompañamiento solidario con la marcha del 6 de marzo, y al repudio de este tipo de amenazas que atentan contra la vida y el derecho a la libre expresión.


A la comunidad internacional a que presione al estado colombiano para que en vez de seguir estigmatizándonos y desconociéndonos, firme la declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas; Y a
la Defensoría Nacional, hacer público el informe Defensorial de la situación violatoria de los derechos del pueblo Awa y operativizar acciones para proteger la vida del pueblo AWA..

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA - ONIC.

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS AWA- ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA- UNIPA.

Contactos UNIPA (091) 7335289, ONIC 2842168. 2811845.

EMPRESARIO BUSCA SICARIO ORDENANDO ASESINAR A LIGIA MARÍA CHAVARRA Y MANUEL DENIS BLANDON

INFORME 85
Curvaradó- Jiguamiandó
A PESAR DE RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD COLECTIVA, CONTINUA DEFORESTACION, LA EXTENSION GANDERA, LA SIEMBRA Y EXTRACCION DEL FRUTO DE LA PALMA

“Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente”
Deuteronomio 27, 25
LIGIA MARIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDON han sido objeto de un plan sicarial alentado por un empresario para ser asesinados. Los líderes afrocolombianos desde el 2001 ante la Comisión Interamericana y ante las instancias nacionales iniciaron con sus testimonios un recorrido en búsqueda de la Verdad, de la Justicia y de la Reparación a fin de lograr la protección del Territorio. El plan fue conocido por una persona que da fe de un diálogo de un empresario con estructuras sicariales de los ex o ¿paramilitares?
Este plan criminal se desarrolla en medio de una estrategia integral de desestructuración de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad de las familias de los Consejos Comunitarios que habitan en el Curvaradó y Jiguamiandó. Hoy el sector empresarial ha continuado con apoyo y con la tolerancia de la Brigada 15 la extracción de la palma, la deforestación y la ocupación de mala fe ganadera. Con apoyo de autoridades locales buscan además de desprestigiar a los representantes legales de los ríos, lograr legalizar bajo nuevas fórmulas sus inversiones, con la constitución de nuevos consejos comunitarios, la negación de los existentes y la negación de inscripción a los que se han constituido a favor de la restitución integral de la propiedad.
El agronegocio cimentado en crímenes de vidas humanas y daños ambientales irreparables con el “sano propósito” de la producción de “bio combustibles” se está priorizando en las actuaciones institucionales por encima de los principios de igualdad, de respeto a los derechos ancestrales.
La cooptación social vía “Acción Social” actuando a favor de los empresarios, el ofrecimiento de recursos económicos y el ardid jurídico para quedar en la posesión real del territorio usando de los mecanismos de participación comunitaria, de representación pública tienen como finalidad silenciar, asegurar la impunidad y las propiedades para el desarrollo del agronegocio de palma, deforestación, extensión ganadera, lavado de activos y siembra de coca.
Hoy como nunca antes, se requiere con prontitud la solidaridad nacional e internacional a fin de evitar hechos tan o más graves de los sucedidos con la finca de Carimagua. El reconocimiento de la titularidad de la propiedad en cabeza de afrocolombianos es una verdad formal. Hoy los afrocolombianos que habitan en los Territorios, y sobreviven en medio de la palma y en los límites de las Haciendas ganaderas, en donde huele el lavado de activos del tráfico de drogas están en altísimo riesgo de la protección de su vida y del disfrute real de sus derechos territoriales.
Bogotá, D.C. 13 de febrero de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

LLAMAMIENTO POR LA PAZ EN COLOMBIA

Adhesiones a ladh@velocom.com.ar
Ante la grave situación por la que atraviesa Colombia, llamamos a las organizaciones similares del mundo a redoblar los esfuerzos por la paz en ese pais.
Numerosos documentos de organismos de Derechos Humanos. denuncian la situación en Colombia, y dan cuenta de la trágica realidad en ese país. El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2005, denunció las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerzas armadas, de seguridad y paramilitares, la existencia de miles de presos políticos, exiliados y desplazados, el uso de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones y allanamientos ilegales, así como la persecución y el asesinato de dirigentes políticos y sociales, sindicales, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, afro descendientes y otras.
Desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, hasta hoy se calculan en más de 600 mil los muertos y desaparecidos, y en unos cuatro millones los desplazados. Miles de niños han sido asesinados por el ejército y los paramilitares, y otros miles son huérfanos por la misma causa.
Cuando a fines de los años 90 se había logrado el despeje de una región para los diálogos con las FARC, los Estados Unidos, el Gobierno Colombiano y el bloque de poder economico-social frustraron las conversaciones y resolvieron poner en marcha el Plan Colombia destinado a reapoderarse de los recursos en ese país y en toda la región, acrecentando la presencia militar estadounidense en territorio colombiano y asegurando las redes del narcotráfico; haciendo retornar lo más violento de la contrainsurgencia a ese país, con alcances para toda la región.

Han convertido a Colombia en un portaviones de inseguridad para toda América Latina, estableciendo allí cinco bases militares para desestabilizar gobiernos y países cercanos. Estados Unidos es así, el principal interesado en coartar todo paso hacia la paz en ese país. Ni América Latina, ni los pueblos del mundo pueden seguir tolerando esta situación, que es consecuencia de las necesidades de los verdaderos testaferros del narcotráfico, que están impunes en grandes empresas y bancos del llamado primer mundo.

El gobierno de Uribe demostró, ante el gesto de buena voluntad de liberar prisioneros por parte de las FARC, que no le interesa la paz en Colombia y sus maniobras tienden a no permitir que la iniciativa del Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frias y otros países que lo acompañan, entre ellos Cuba, Argentina, Brasil, y Suiza concluyan con su tarea humanitaria para facilitar el camino de construcción de la paz, aún después de que las FARC-EP cumplieran su compromiso liberando unilateralmente a dos prisioneros el 10 de enero de 2008 .
Por todos esto, los abajo firmantes, defensores de los derechos humanos de la Argentina, llamamos a las organizaciones similares del mundo a exigir al gobierno del Presidente Álvaro Uribe la solución política al conflicto social y armado, para lo cual, se debería comenzar por reconocer el status de fuerza beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones con 43 años de existencia y que controlan la tercera parte del territorio de ese pais.

De este modo se crearían las condiciones necesarias para comenzar un proceso de diálogo que no se limite al Gobierno y las fuerzas beligerantes sino que abarque a la sociedad civil colombiana toda, para lograr solución de los graves problemas sociales y tender a la construcción de la paz en Colombia, país donde desde hace muchos años se practica el terrorismo de Estado, encubierto en la "democracia de seguridad" que responde a los planes contrainsurgentes y de recolonización regional de Estados Unidos.

Por eso reclamamos
ALTO AL GENOCIDIO, HAY QUE DETENER EL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA.
EL PUEBLO COLOMBIANO NECESITA PAZ.
NEGOCIACIONES YA RECONOCIENDO BELIGERANCIA A LAS FUERZAS GUERRILLERAS Y EXPONIENDO LAS CAUSAS DE LA VERDADERA VIOLENCIA EN COLOMBIA.
NO A LA IMPUNIDAD QUE PROPONE URIBE.

Primeras firmas
SERPAJ Servicio Paz y Justicia
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Liberpueblo
Asociación ex detenidos desaparecidos
Comisión de Homenaje Permanente a los Combatientes Revolucionarios
Instituto de Relaciones Ecuménicas
Amigos de la Paz en Colombia y el mundo
MoPaSSol, Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos
Stella Calloni, miembro directorio Instituto Espacio para la Memoria
Ricardo ´Peidroo. Secretario de DD.HH: de la Central de Trabajadores de la Argentina
Dr. Carlos Zamorano (Pte. Comisión de DD.HH. de la Asoc. de Abogados de Bs.As.)
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas
Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia

SIN OLVIDO 113. MARIA LUCERO HENAO Y YAMID DANIEL HENAO.



Defensora de Derechos de los Pueblos asesinada con su hijo el 6 de febrero del 2004

Memoria y Justicia



Han pasado cuatro años, desde aquel viernes 6 de febrero de 2004, cuando eran las 10:30 de la noche en el caserío de Puerto Esperanza, municipio El Castillo, y a la puerta de la casa de MARIA LUCERO HENAO, llegaron varias unidades de la estrategia militar encubierta amenazando con tumbar la puerta si ella no abría.
LUCERO ya sabía de las amenazas contra su vida y por ello se rehusó a abrir. Pero ella no estaba sola, se encontraba con su madre y varios de sus hijos, por ello, seguramente pensando en ellos, abrió la puerta.
MARIA LUCERO fue conducida a la fuerza a pocos metros de la casa, la intentaron amarrar con nylon en más de una ocasión. Ella se abalanzó al cuerpo de uno de los armados impidiendo que la ataran. La insultaron y gritaron “desde hace tiempo le teníamos ganas pero no se había presentado la oportunidad” y a la familia que intentaba arrebatarla de las manos de los armados, le decían: “ustedes son unos h.p guerrilleros”.
Al llegar al lugar del martirio, en la parte posterior del caserío, obligaron a las niñas y abuela a regresar a la casa, mientras que forzaron que se quedara YAMID DANIEL HENAO, de 16 años de edad, estudiante de la Unidad Educativa el Encanto de Puerto Esperanza.
Madre e hijo, gritaron, la abuela y las niñas escucharon desde lejos. Minutos más tarde varios disparos. Por temor a la presencia paramilitar, nadie salió de la casa hasta la madrugada del siguiente día, en que se encontraron los cuerpos sin vida de Madre e Hijo. El rostro de YAMID se encontraba desfigurado, con impactos en la boca y con una oreja amputada.
A lo largo del día 7 de febrero, se presentaron enfrentamientos entre civiles armados de la estrategia paramilitar y las FARC-EP en la vereda la Esmeralda, distante a tres horas de camino de Puerto Esperanza. Enfrentamientos que llevaban varios días, desde el martes 3 de febrero. Guerrilleros de las FARC-EP atacaron los campamentos de los paramilitares, ubicados en la parte alta del municipio El Castillo, en los alrededores de las veredas Caño Embarrado y Campo Alegre, pertenecientes al corregimiento de Puerto Esperanza. Las unidades paramilitares respondieron al ataque y una hora más tarde se presentaron operaciones de refuerzo del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, junto con el avión fantasma, contra blancos guerrilleros. La presencia de unidades militares regulares del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII, se mantuvieron en los alrededores de Puerto Esperanza hasta el día 13 de febrero, cuando las pocas familias que quedaban en el caserío de Puerto Esperanza salieron desplazadas de la región.
Han transcurrido cuatro años y nada ha cambiado, la impunidad se mantiene, la mayoría de los crímenes cometidos entre el 2002 a la fecha no han sido investigados y los pocos que lo han sido están archivados.
Impunidad constatada a través de la respuesta dada a un derecho de petición presentado en el mes de septiembre por nuestra Comisión de Justicia y Paz, solicitando el estado de las investigaciones realizadas por hechos ocurridos entre enero del 2002 a agosto del 2007 en la zona rural de la parte alta del municipio El Castillo, departamento del Meta.
Según la respuesta de la Seccional de Fiscalías de Villavicencio, se han realizado 67 investigaciones y según la Dirección Nacional de Fiscalías son 57, a la fecha del 3 de noviembre del 2007. Solo 57 o 67 investigaciones, a pesar que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la mayoría de los hechos sucedidos desde enero del 2002 a la fecha a través de Constancias Histórica y Censuras Éticas que dan cuenta de más de 130 casos, cerca de 200 víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, amenazas. Más de 900 familias desplazadas forzadamente, entre el 2002 al 2004.
La cifra irrisoria de investigaciones, lo es más aún al saber que de las 57 investigaciones de la Dirección Nacional de Fiscalías, 40 se encuentran con resolución inhibitoria, once en etapa de Instrucción y de seis no se establece el estado en que se encuentra. Mientras que de la información del estado de las investigaciones remitida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio, de las 67 investigaciones 52 ya se les dictó resolución Inhibitoria, una fue suspendida, una fue precluida, dos fueron trasladadas a la Penal Militar, una en investigación previa, una en práctica de pruebas, una se encuentra en investigación contra el ejército por lo cual muy probablemente pronto pasará a la Penal Militar como las anteriores donde la Fiscalía se atrevió a dar apertura a una investigación hasta su traslado por colisión de competencias.
Solo cinco investigaciones se encuentran en Instrucción entre ellas la del asesinato de LUCERO y YAMID, bajo el radicado 1891, remitida a la Fiscalía 29 de Derechos Humanos en Bogotá, por el delito de Homicidio Agravado, siendo sindicados Manuel de Jesús Pirabán conocido como “Jorge Pirata”, Edilson Cifuentes Hernandez conocido como “Richard”, Luis Arango Cárdenas conocido como “Chatarro” y Daniel Rendón Herrera conocido como “Don Mario”. Con excepción de “Don Mario”, todos se acogieron a la Ley 975 y se encuentran gozando de sus beneficios.
En el caso de “Richard”, quien en versión libre del mes de noviembre del 2007, en el marco de la Ley 975, reconoció ser responsable del asesinato de LUCERO y YAMID, goza de los beneficios de la ley a pesar que después de desmovilizarse como miembro del “Bloque Héroes de los Llanos” en Casibaré el 12 de abril del 2006, continuó el accionar paramilitar con las estructuras comandadas por Ever Velosa, conocido como “H.H.” en los Llanos Orientales y fue capturado el 15 de octubre del 2006 por la Policía en Casanare.
Aunque “Richard” dijo ser responsable de los hechos sucedidos el 6 de febrero del 2004 en Puerto Esperanza, cuando era miembro del “Bloque Centauros”, según testimonios de pobladores de la región, las estructuras paramilitares que actuaron desde enero del 2002 a la fecha de la desmovilización estaban articuladas con operativos militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII y otras unidades militares.
Las estructuras paramilitares estaban al mando del comandante “OMAR” de las ACCU, quien según testimonios es de contextura gruesa, piel negra, de alta estatura y de origen costeño, otros comandantes eran los conocidos como “DUMAR”, “RUGEL” y “El POLÍTICO” también conocido como “JERONIMO”. El comandante paramilitar del municipio El Dorado conocido como “COLACHO”. ELVER ACOSTA NIETO y-o ELVER ROBAYO ACOSTA a quien apodan "CARA DE GARRA" o “Comandante Andrés” que actuaba como informante del Ejército y habitaba en Medellín del Ariari. Durante el 2002, ELVER ACOSTA NIETO o ELVER ROBAYO ACOSTA, acompañó la mayoría de los operativos militares en los caseríos de la parte alta del municipio El Castillo. Otro de los “civiles” armados de la estrategia paramilitar es “PECAS” o “CHISPIADO”, hermano de “CARA DE GARRA”. Desde Medellín del Ariari operaron los paramilitares conocidos como “CAMILO”, uno de nombre ONESIMO conocido como “EL PAISA”, otro conocido como “JERÓNIMO” o “EL POLITICO” y “SANGRE”.
¿Estos paramilitares están desmovilizados? ¿Gozan de los beneficios de la Ley 975? ¿Por qué no son vinculados a las investigaciones? ¿realmente “Richard” si actuaba en la región del Alto Ariari, en la zona rural del municipio El Castillo en el año 2004? ¿por qué no se ha indagado por la responsabilidad por Acción y Omisión de las unidades militares que hacían presencia en la región desde el 2002 y en particular durante los primeros días de febrero del 2004 cuando asesinaron a LUCERO y YAMID?
A pesar de la verdad procesal del expediente con el radicado 1891, la verdad real se mantiene oculta, amparada en la impunidad que garantiza los beneficios de la Ley 975 “Para la Justicia y Para la Paz”. No se ha esclarecido el crimen de LUCERO y YAMID, no existe Justicia, lo único que pueden afirmar hoy sus familiares, amigos, vecinos, comunidad es la memoria, la vida de una defensora de los derechos de los pueblos, de una militante del Partido Comunista desde la juventud, que se sumo a los sueños, algunos construidos en la región, desde la militancia en la Unión Patriótica. Y en los últimos años, liderando desde la Junta de Acción Comunal, la afirmación de los derechos de los campesinos a un territorio, a la vida y a la dignidad, muriendo como defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de los pueblos.
La familia de MARIA LUCERO HENAO era una de las diez familias que se mantuvo en el caserío Puerto Esperanza, después de la incursión paramilitar del 2 de agosto del 2002 en la que los armados de la estrategia paramilitar con la complicidad del Batallón 21 Vargas obligaron a desplazar a sus pobladores. MARIA LUCERO como Defensora de Derechos Humanos y Presidenta de la Junta de Acción Comunal, ante la ausencia de la actuación pronta y oportuna de las autoridades competentes, debió realizar el levantamiento de por lo menos 7 cadáveres de vecinos de su vereda. En varias ocasiones como Defensora de Derechos Humanos MARIA LUCERO HENAO se entrevistó con representantes de delegaciones diplomáticas con asiento en Colombia como la embajada de Austria, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Defensoría del Pueblo para presentarles la grave situación de los pobladores de Puerto Esperanza luego del desplazamiento y de la presencia paramilitar permanente.
A nombre de la comunidad MARIA LUCERO intervino ante Comisión Interinstitucional que visitó la zona en el primer semestre del 2003, relatando los hechos de agresión paramilitar de la que venían siendo víctimas, en medio de la presencia militar que permanecía en la zona.
Las verdades enunciadas por LUCERO siguen vivas, resuenan en la conciencia de los pobladores que resisten en medio de la militarización de la región. Sus palabras siguen vigentes a pesar de procesos de desmovilización o removilización parainstitucional, los campesinos que llegaron al Ariari en búsqueda de tierra donde vivir, donde trabajar, hoy la mayoría de ellos desarraigados, algunos como los que se encuentran en la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, regresando a la región, recuperando y protegiendo sus tierras, tratan de reconstruir junto con los demás pobladores retornados a las veredas, sus proyectos de vida, de sociedad sin exclusión, a partir de la conservación de la memoria de lo sucedido, la memoria y dignidad de MARIA LUCERO, YAMID y decenas de campesinos y campesinas víctimas de crímenes de lesa humanidad.
En la memoria de la juventud cegada de YAMID, nuevas generaciones crecen con nuevas voces que llevan la palabra, la vida, la dignidad y la justicia, por eso en El Meta aún está viva la resistencia, la impunidad no ha sido la última palabra, aún existe la memoria.


Bogotá D.C., 6 de febrero de 2008
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Once activistas fueron condenados a Prisión Federal en Estados Unidos por protesta contra Escuela de las Américas.

En enero último una corte federal de los Estados Unidos condenó a 11 activistas del Movimiento contra la Escuela de las Américas (SOAW) a Prisión Federal por el delito de ingresar al recinto donde funciona la academia militar en Fort Benning en el Estado de Georgia.
Las edades de los activistas condenados a prisión federal van de los 25 a los 78 años de edad. Las condenas fluctúan desde un mes hasta tres meses de prisión efectiva y varios de ellos, además, deberán pagar 500 dólares como sanción a sus actos de desobediencia civil.


Los once activistas ingresaron al recinto en noviembre pasado en el marco de las protestas anuales que congregaron a más de 20 mil personas en las afueras del regimiento donde se entrenan a soldados latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia y bajo la lógica del "enemigo interno".


Durante tres días los manifestantes realizaron protestas, charlas informativas y acciones no violentas donde once de ellos ingresaron ilegalmente al recinto militar para llamar la atención de la sociedad norteamericana y rechazar la existencia de este campo de entrenamiento militar.

Diane López-Hughes, uno los 11 manifestantes, señaló que cruzo la línea de la Escuela de las Américas "para llamar la atención sobre la enseñanza de tortura y asesinato que se realiza en este lugar. Cuando las personas aprenden la verdad sobre esta escuela y conocen las acciones para terminar estas prácticas, la curación puede comenzar", expresó.

Los condenados son:

1 - Joan Anderson, 65, condenado a 30 días de prisión y al pago de 500 dólares.
2 - Ozone Bhaguan, 33, condenado a 90 días de prisión.
3 - Le Anne Clausen, 29, condenado a 30 días de prisión.
4 - Art Landis, 74, condenado a 30 días de prisión.
5 - Ed Lewinson, 78, condenado a 90 días de prisión y al pago de 500 dólares.
6 - Chris Lieberman, 54, condenado a 60 días de prisión.
7 - Diane Lopez Hughes, 58, condenada a 45 días de prisión y al pago de 500 dólares.
8 - Tiel Rainelli, 25, condenado a 90 días de prisión y al pago de 500 dólares.
9 - Gus Roddy, 45, condenado a 30 días de prisión y al pago de 500 dólares.
10 - Stephen Schweitzer, 45, condenado a 60 días de prisión y al pago de 500 dólares.
11- Michelle Yipé, 45, condenado a 30 días de prisión y al pago de 500 dólares.

S.O.S. Por la Vida y la Libertad en Barrancabermeja y la Región del Magdalena Medio

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, ante la grave crisis humanitaria que se vive en la ciudad y la región del Magdalena Medio, la falta de garantías para el ejercicio de las organizaciones sociales como consecuencia de la judicialización y persecución por parte del Estado Colombiano contra los dirigentes populares y teniendo en cuenta los siguientes hechos:

  • Que el Batallón Calibio de la XIV Brigada del Ejército, ha desatado una feroz persecución contra los pobladores y pobladoras de la región, al punto que los familiares de las victimas están denunciando asesinatos cometidos por esta fuerza del Estado, como en los casos: de Carlos Mario García de 22 años de edad, detenido por el Batallón Calibio el 25 de Marzo de 2007 en la vereda (ojos claros), jurisdicción del Municipio de Remedios, apareciendo muerto el 26 de Marzo de 2007 cuando fue presentado por la tropa como guerrillero dado de baja en combate; el crimen del campesino Cruz Adelio Brand, en hechos ocurridos el 27 de Junio, quien se desempeñaba en ese momento como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Unión municipio de Yondó, Antioquia, asesinado por soldados del Batallón Nueva Granada y luego lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”. Así mismo, El 28 de Diciembre de 2007, tropas del Batallón Calibio llegaron a la vivienda ubicada en la vereda La Poza, zona rural del Municipio de Cantagallo y detuvieron al campesino Parmenio Manuel Hernández Anaya de 42 años de edad; cinco días después apareció su cadáver en Barrancabermeja, presentado como guerrillero muerto en combate. En hechos similares, el 27 de Enero de 2008 es detenido por el Batallón Calibio de la XIV Brigada del Ejército Nacional, Miguel Ángel Gonzáles Gutiérrez de 23 años de edad en la vereda Puerto Nuevo Ité jurisdicción del municipio de Remedios, según versiones de sus familiares y miembros de la comunidad, apareciendo luego asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate. El 30 de Enero de 2008, fueron muertos por el Batallón Calibio en un supuesto combate, los jóvenes Robinsón Trujillo Márquez y su cuñado, Javier Leonardo Franco Carvajalino; sin embargo, según las denuncias de sus familiares, estos jóvenes trabajaban con el Batallón Calibio, a quienes sacaron de sus casas para luego asesinarlos en el sitio conocido como la Laguna del Miedo, jurisdicción del municipio de Yondó.

  • Que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC, ha sido víctima de la más feroz persecución para destruirla; organización que ha venido resistiendo por la defensa del territorio, encontrándose injustamente detenidos seis de sus dirigentes, entre ellos, Andrés Gil, Mario Martínez, Evaristo Mena Rentería, Ramiro Ortega Muñetón, Miguel González Huepa y Oscar Duque.

  • Que en Barrancabermeja se ha desatado una ola de amenazas y asesinatos, donde los victimarios actúan con un alto grado de seguridad y con sevicia, al punto que en el primer mes del año 2008 van más 21 personas acribilladas en las calles, sin que el accionar de las autoridades se vea por ninguna parte; ante la inoperancia estatal la autoridad policial tiene como justificación el ajuste de cuentas y otros adjetivos, que atropellan la dignidad de la victima y de sus familiares, enseñoreándose la impunidad en un 100% de los hechos criminales.

Por lo anterior,

Exigimos:

  • A las autoridades civiles, militares, la Policía y judiciales, acciones y el cumplimiento de políticas que propendan como lo dice la constitución política de Colombia, garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos de Barrancabermeja y la Región del Magdalena Medio.

  • Detener la persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC, organización popular legalmente constituida garantizando el derecho a la libre asociación y a la libertad de sus dirigentes.

  • Se realice la investigación penal y disciplinaria por parte de los organismos competentes, para esclarecer la serie de hechos violatorios de los derechos humanos y del DIH, que hoy comprometen al Batallón Calibio de la Brigada Catorce del Ejército Nacional y el Batallón Antiaéreo Nueva Granada, Bagra adscrita a la Brigada V del Ejército Nacional.


Llamamos:

- A la mas amplia solidaridad nacional e internacional para con la ACVC, los campesinos de la región y la población civil de Barrancabermeja que viene siendo victimizada, para que cese el derramamiento de sangre a la que ha sido sometida la población de la región del Magdalena Medio y la ciudad de Barrancabermeja.

- A las organizaciones sociales, cívicas, sindicales, comunales, de derechos humanos, populares y a la ciudadanía en general, para que cerremos filas a los actos de barbarie que se están realizando en las calles de Barrancabermeja, y en unidad exigir, ¡basta ya! tanta impunidad, para que las victimas tengan derecho a la verdad, la justicia, la reparación y sus nombres sean dignificados.


Junta Directiva, Credhos

Barrancabermeja, febrero 6 de 2008

LLAMADO A JUICIO JEFE DEL DAS SR. NOGUERA

Eduardo Carreño
Fecha: Wed, 6 Feb 2008 10:48:12 -0500

Estimados compañeros, (as),

Después de una prolongada etapa probatoria fue llamada a juicio por los vínculos con el paramilitarismo y por haber colocado el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado al servicio de los paramilitares y narcotraficantes.

Recordamos igualmente que el jefe del DAS, persona de total confianza del presidente Álvaro Uribe Vélez, era el encargado de proteger a los dirigentes sindicales y campesinos, defensores de derechos humanos en el país. Que en el computador de alias ANTONIO, ex capitán del ejército y hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 se encontró el listado de dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos, asesinados y que según información de los confesos paras el señor NOGUERA fue el que suministro la información para que los asesinaran. Por esta razón las otras investigaciones por estos crímenes continúan en otros expedientes; esperamos que próximamente se originen nuevas ordenes de detención y llamamientos a
juicio.

Por ahora la Fiscalia ha dado un paso en administrar justicia. La lucha por que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestro pueblo continua...

EDUARDO CARREÑO W.
CCAJAR-.

jueves, 14 de febrero de 2008

martes, 5 de febrero de 2008

6 DE MARZO MARCHA DE HOMENAJE NACIONAL A LAS VÍCTIMAS DEL PARAMILITARISMO Y LOS CRÍMENES DE ESTADO. BASTA DE TERRORISMO DE ESTADO

Desde la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia queremos dar nuestro apoyo a la convocatoria realizada por MOVICE para marchar el 6 de marzo.


POR LOS DESAPARECIDOS
POR LOS DESPLAZADOS
POR LOS MASACRADOS
POR LOS EJECUTADOS

En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido o asesinado, en contexto ajeno a combate, al menos a 15.000 compatriotas sólo desde 1996 hasta el 2006 y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos. Han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas.

En la foto el hijo de 8 años del ex-diputado de la Unión Patriótica, Julián Vélez, asesinado por los paramilitares junto a su padre, madre y tío en septiembre de 1991.

Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su “desmovilización”, han asesinado aproximadamente 977 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento.

Desde 2002 hasta hoy
, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como “positivos”. Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales.

En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.

Si usted marchó el 4 de febrero, ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado? Nunca más fosas comunes. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca más paramilitares. Nunca más parapolíticos. Nunca más crímenes de Estado.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
convoca:

6 DE MARZO DE 2008
Homenaje nacional a las víctimas
del
paramilitarismo, la parapolítica
y los crímenes de Estado

lunes, 4 de febrero de 2008

Por la Vida, la Paz y la Democracia

Llamamiento de todos los sectores de víctimas de
crímenes contra la humanidad en Colombia

Quienes suscribimos este llamamiento, víctimas de crímenes contra la humanidad en Colombia, declaramos lo siguiente:
1. Que rechazamos todas las formas de crímenes contra la humanidad. Que en Colombia se ha presentado una masiva y sistemática violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado y de la estrategia paramilitar que ha generado la comisión de crímenes contra la humanidad, como genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos forzados. Asimismo, que los grupos insurgentes han incurrido en infracciones al derecho internacional humanitario, siendo el secuestro una de sus más graves manifestaciones. Esta crisis humanitaria obstaculiza las posibilidades para construir una sociedad civilizada en la que el respeto a la vida y la dignidad humana sean el principio esencial de la convivencia.
2. Que resulta inadmisible toda justificación pública de estos crímenes bien sea por razones ideológicas, de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la autodefensa, de la acumulación de la riqueza y del despojo de tierras o de cualquier otro argumento que se emplee para legitimar lo que a la luz de la ética y del inquebrantable derecho a la vida es inhumano. Consideramos que toda expresión o discurso con el que se pretenda ignorar los derechos humanos y el derecho humanitario, nos aleja del camino de la paz y la democracia. La sociedad por su parte debe actuar para exigir el respeto de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
3. Hacemos un llamado para que las víctimas sean respetadas, no se manipule su sufrimiento, no se haga uso de ellas con fines políticos, electorales, económicos o militares. Llamamos a que no se afecte su dignidad de ninguna manera, a que se desista del intento de contraponerlas unas a otras, y a que no se vulnere aún más sus derechos convirtiéndolas en blanco de nuevas agresiones. Llamamos a que sus propuestas y argumentos sean asumidos con seriedad y respeto.
4. Hacemos un llamado por el Acuerdo Humanitario que permita el regreso de las personas secuestradas al seno de sus familias y la sociedad, y porque sean respaldadas todas aquellas gestiones de facilitación, acompañamiento y veeduría nacional e internacional que contribuyan a estos propósitos. Que se evite a toda costa cualquier tipo de operación militar que ponga en riesgo sus vidas o comprometa de algún modo su integridad.
5. Exigimos verdad, justicia y reparación para todas las victimas de crímenes contra la humanidad y genocidio; que se devuelvan los desaparecidos a sus familiares, se restituyan las tierras a los desplazados; se desmonten en forma definitiva los grupos paramilitares, se acaben los vínculos de éstos, con instancias estatales, empresas multinacionales o partidos políticos y que todos los vinculados a la parapolítica responsables de violaciones de los derechos humanos sean sancionados y sus crímenes esclarecidos ante el país y el mundo.
6. Después de más de cuarenta años de conflicto armado ininterrumpido urge encontrar caminos viables que nos permitan avanzar sin más demoras ni dilaciones hacia la solución política negociada del conflicto armado, en la cual se preserven los derechos de las victimas. Reiteramos nuestra convicción de que la guerra que padece Colombia, sólo podrá ser superada a través de un diálogo nacional, amplio, pluralista y concertado con la sociedad.
Hoy nos une y nos asiste la imperiosa necesidad de acercamientos entre las víctimas y todos los sectores de la sociedad colombiana para construir una sociedad democrática sustentada en la paz con justicia social, el respeto integral de los derechos humanos y la dignidad humana.
Firman:
Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública , Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, ASFAMIPAZ.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Yolanda Pulecio
Madre de Ingrid Betancourt
Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia
Fundación “Manuel Cepeda Vargas”
Víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano
Pueblo Kankuamo Desplazado en Bogotá.
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA.
Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita , Dabeiba.
Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz del Alto Ariari, CIVIPAZ.
Consejo Comunitario del Río Bajo Naya, Valle del Cauca.
Familiares de Víctimas de Trujillo, Valle.
Familiares de Víctimas de Inzá, Cauca.
Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Río Sucio, Chocó, CLAMORES.
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, Sucre.
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, Antioquia.
Asociación Regional de Víctimas de la Violencia del Terrorismo de Estado en el Magdalena Medio, ASORVIM.
Familiares de Desaparecidos forzadamente, Familiares Colombia.
Fundación “Nidya Erika Bautista” para los Derechos Humanos.
Carlos Lozano
Director del semanario Voz
Gloria Inés Ramírez
Senadora de la República
Gloria Cuartas
Ex alcaldesa de Apartadó
Comunidad de Ullucos del Resguardo Indígena de San Francisco, Cauca.
Asociación Tequendama de Sucre, Cauca.
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS.
Comité Ejecutivo Nacional
Seccional Barrancabermeja
Acompañamiento Psicosocial y en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, AVRE.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Fundación Afro y Cultura “ La Esperanza ”.
Resguardo Indígena Emberá de Urada, Jiguamiandó, Coredocito.
Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo, ACADISP.
Corporación Vínculos.
Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado.