“El pasado 17 de enero, en la ciudad de Medellín fue detenida por órdenes de la Fiscalía 5ª Especializada de Cartagena (Bolívar), la dirigente sindical y política Aracely Cañaveral Vélez sin que se le ofreciera información sobre las razones por las cuales era privada de la libertad y trasladada a la ciudad de Cartagena, donde se tramita un proceso penal en su contra por la supuesta comisión del delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de drogas.
Aracely Cañaveral Vélez es una aguerrida luchadora de la organización sindical de los trabajadores textileros del departamento de Antioquia, que por más de 20 años ha liderado la resistencia contra la patronal de la empresa Confecciones Leonisa S.A. desde las filas del Sindicato de la Industria Textil de Colombia, SINTRATEXTIL, filial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT.
Su alto nivel de compromiso con las luchas que el pueblo colombiano ha librado contra la injusticia, la antidemocracia y la impunidad la llevaron al ejercicio de una vida militante en las filas del Partido Comunista Colombiano y en los proyectos de unidad de la izquierda como el Frente Social y Político y hoy, en el Polo Democrático Alternativo, caracterizándose por su consagrado interés en la formación de los sectores populares para elevar su nivel de conciencia social y política a través de la Nueva Escuela Obrera y Popular “NEPO”, de la cual es su coordinadora.
Aracely Cañaveral Vélez es además una mujer cabeza de familia, que en medio de las exigencias que demanda la dirigencia sindical y la actividad política, con denodado afecto ha cuidado de su madre, persona de edad avanzada y de su pequeña hija, que son su razón de vivir y de luchar por un mundo mejor y posible.
La detención de Aracely Cañaveral Vélez se constituye en uno más de los montajes judiciales que se han urdido contra quienes ejercemos la oposición política en Colombia y en una forma de retaliación contra quienes en el mundo del trabajo resisten valerosamente la arremetida del neoliberalismo que busca acabar con las conquistas logradas por los trabajadores e impedir el ejercicio del derecho de libertad sindical.
No podemos olvidar que Colombia ha sido considerado por Organismos Internacionales de Naciones Unidas, como el país más peligroso para el sindicalismo, debido a que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, son colombianos, esto sin contar, con los desaparecidos, amenazados, desplazados o exiliados, no solo por la acción criminal de los grupos paramilitares, sino también por la acción o por la omisión de agentes estatales y la colusión de empresas transnacionales.
Según informes del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, en el año 2010 fueron asesinados 39 sindicalistas, 5 fueron desaparecidos, algunos están siendo judicializados bajo la sindicación de ser auxiliadores de la guerrilla, muchos son amenazados por las “bacrim” que se mueven por todo el país sin que las autoridades y, especialmente la fuerza pública actúe de conformidad con su función constitucional de proteger la vida, honra y bienes de las y los ciudadanos colombianos. De esa forma se produce el pasado 31 de diciembre, el asesinato del luchador popular y militante de izquierda José Mayusa, cuya familia ha sido sistemáticamente perseguida.
Como defensores de Derechos Humanos, demandamos de la nueva Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, su intervención en este caso, que a todas luces se trata de un “falso positivo judicial” contra una luchadora popular”.
UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO
H. Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
Bogotá, D.C., 25 de enero de 2011
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