viernes, 23 de septiembre de 2011

JORNADAS INTERNACIONALES: "Situación en el mundo del Derecho a la Rebelión"

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia es un espacio de coordinación de colectivos sociales, sindicales y políticos de Canarias, que decidieron emprender tareas de solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado para denunciar las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que sufren personas y colectivos civiles colombianos, especialmente organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos y grupos políticos de oposición.

Estamos organizando para los días 28 y 29 de Octubre de 2011 en Tenerife (Islas Canarias), unas jornadas para tratar de “analizar la situación en el mundo del Derecho del recurso a la Rebelión desde las ópticas jurídica, ética, política, económica y social, y los intentos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a distintos modelos de conflictos armados”. Pretendemos comenzar analizando el concepto mismo de rebelde, su aplicación perversa en algunos casos y su negación en otros. A pesar de ser un tema difícil de abordar lo consideramos impostergable ante la deriva autoritaria de los Estados con el desarrollo de las denominadas “legislaciones antiterroristas” que, desde nuestra postura, niegan el carácter político del rebelde para tipificarlo como un delincuente de especial peligrosidad ajeno a móviles altruistas. De esta manera se niega al interlocutor político en la resolución de los conflictos y, por tanto, también el carácter político, económico y social de los conflictos armados. Se cierra así, de ese modo, las posibles soluciones a través de la negociación política o, al menos, la negociación para la aplicación de los principios más universales del Derecho Internacional Humanitario. Entendemos que si bien el Derecho Internacional Humanitario fue concebido para las guerras entre Estados, es posible y necesario hacer un esfuerzo a fin de adaptarlo a guerras asimétricas como la colombiana con el objetivo, a corto plazo, de limitar las hostilidades y el sufrimiento, permitiendo en consecuencia un clima más apropiado para unas negociaciones políticas más profundas que trasciendan la mera promesa de amnistía y que aborden la resolución de un conflicto armado que hunde sus raíces en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia, situación estructural que de ser mantenida impedirá alcanzar una paz duradera.

Las jornadas tendrán lugar los días 28 y 29 de Octubre de 2011, y en ellas contaremos con la participación de los siguientes ponentes:

Día 28 de Octubre:

Santiago Alba Rico, cuya aportación a las jornadas sería la ponencia: “Condición humana, derecho a la rebelión y alternativas post-capitalistas”. Es escritor, ensayista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado multitud de libros de ensayo sobre filosofía, política y antropología, como por ejemplo: “Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado”, “Iraq un cuento para niños”, “Partes de guerra y prosas de resistencia”; y también junto a otros autores: “Crímenes de guerra”, "Medios violentos. Palabras e imágenes para la guerra", "Washington contra el

mundo". Además de colaborar como redactor en varias revistas y medios de comunicación, también hizo aportaciones al guión del documental “Bagdad Rap” de Arturo Cisneros. Ha vivido varios años en el Cairo y actualmente reside en Túnez.

Enrique Santiago Romero, desarrollará la ponencia: “Terrorismo o Rebelión”. Aspectos jurídicos globales”. Este político y abogado español es autor de un intenso trabajo de gran interés en el ámbito de la Solidaridad y los Derechos Humanos. Ha sido hasta noviembre de 2006, Secretario General de CEAR, (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Como político, procede de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, (organización juvenil del P.C.P.E.), posteriormente ingresó en la Unión de Juventudes

Comunistas de España (organización juvenil del PCE), donde se desempeño como Secretario General entre 1990 y 1992, y actualmente es Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Como abogado ha desempeñado un importante trabajo en diversas organizaciones de solidaridad internacional. Fue miembro del equipo jurídico en la acusación popular contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad; representó a la delegación de ONG’s y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004; ejerce como abogado de Remedios García, defensora de derechos humanos española, la cual fue técnico cooperante que participó en los diálogos del Caguán, donde se buscaba una salida negociada al conflicto armado colombiano y actualmente acusada en España de pertenecer a “organización terrorista”.

Para el sábado 29 de Octubre bajo el título de Análisis del Conflicto Colombiano, está previsto abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano en el actual conflicto armado.

Día 29 de Octubre:

Abrirá las jornadas de la mañana Mª Lledón Soriano Segarra (Lidón) con la ponencia “Escenarios de luchas, violencias y emancipación”. Lidón es profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, coordinadora de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y coordinadora desde hace varios años de las brigadas a Palestina del Komite Internazionalistak de Euskal Herria. Ha participado como coautora en dos libros, “Palestina tiene nombre de mujer” y “El siglo XXI: el siglo de oro de las mujeres”. Sus crónicas sobre el conflicto abierto en Oriente Medio son reflejo de una lucha encarnizada en la que, según opina, "todos y todas tenemos una pequeña gran responsabilidad".

La segunda ponencia de la mañana que lleva el título “¿Resistencias o terrorismo?” El testimonio de un periodista en varias guerras” correrá a cargo de Unai Aranzadi, un premiado documentalista, escritor y fotoperiodista especializado en conflictos armados y derechos humanos. Sus documentales han sido emitidos en la BBC WORLD SERVICE, AL JAZEERA ENGLISH y CANAL +, entre otros. Sus escritos y fotografías han sido publicados por El País, Der Spiegel, Reuters y The Washington Post. Ha trabajado en Somalia, Irak, Afganistán, Líbano, Chechenia, Palestina, Congo, Colombia, Kurdistán, Chiapas y Honduras entre otros espacios de conflicto. Desde 2001 es Director de INDEPENDENT DOCS TV News and Media. Su trabajo se define desde un ángulo periodístico alternativo, que utiliza los medios de comunicación para promover un cambio social que mejore la vida de las mayorías. Ejerce un periodismo que permite conocer, por ejemplo, los motivos de la rebelión alegados por los propios rebeldes, sin adulterar los contenidos con efectos que generen impacto, morbo, sensacionalismo y que persiguen construir una opinión interesada, limitándose a mostrar simplemente lo que ve y escucha. Esto es imprescindible para romper con el cliché de “terrorista”, cuyo objetivo es desposeer al rebelde de su carácter político altruista, rebajándolo a “delincuente especialmente peligroso”, con “fines ocultos y egoístas” con el que no cabe la negociación, porque se trata de un “problema de seguridad del Estado”.

El mismo sábado 29 de octubre en horario de tarde, continuaremos con dos ponencias con las que se pretende abordar la temática de la “geopolítica de la rebeldía y sentidos de las nuevas revueltas sociales”. Comenzaremos con la ponencia “el delito político en Colombia y la legislación anti-terrorista” que expondrá Leonardo Jaimes Marín, abogado colombiano especializado en Derecho Penal y en la defensa de población judicializada por razones políticas. Acompaña desde lo jurídico a comunidades campesinas en resistencia en su proceso de construcción de la memoria histórica. Ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos como la masacre de Trujillo y ha colaborado en la preparación de casos ante la Audiencia Nacional española por crímenes de lesa humanidad. Es apoderado judicial de rebeldes capturados por el Estado colombiano y autor de varias publicaciones sobre Delito Político y Derecho Internacional Humanitario. Su papel en las jornadas sería abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano.

Tras su intervención se abordará la ponencia: “derecho humanitario, guerras asimétricas y rebelión” por parte del también colombiano, Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado residente en España, exiliado desde 1998. Trabajó en la década de los 90 como defensor de Derechos Humanos y presos políticos. Es miembro de varios organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Justicia y Paz y el Instituto ILSA, directivo de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos y asesor externo de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado y la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Profesor universitario y Doctor en Derecho, con Tesis Cum Laude por unanimidad, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Autor del libro "La rebelión de los límites. Quimeras y porvenir de derechos y resistencia ante la opresión" y de multitud de ensayos de análisis político y jurídico sobre Palestina, Colombia y temas de derecho internacional.

Por último, bajo el título: “Las tareas de la indignación”, pretendemos englobar la presentación de las conclusiones y el plan de trabajo. Nuestra intención es dar a estas jornadas un carácter internacional para reactivar un debate necesario e impostergable como hemos explicado antes. Por ello también hemos solicitado la asistencia en condición de invitados, de representantes del Frente Polisario y del Frente Popular de liberación Palestina, así como delegados observadores del ALBA y del Tribunal Permanente de los Pueblos y de diferentes organizaciones dentro de los ámbitos, político, social y sindical, tanto nacionales, como internacionales.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA: POR UN GIRO ÉTICO EN LA POLÍTICA EXTERIOR


A/A: Presidencia del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n.

28071 Madrid. (España)

CC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Dirección: Plaza de la Provincia, 1 - 28012 Madrid.
Teléfono centralita: 91 379 97 00 / 91 379 83 00 .
Dirección: Edificio Torres Ágora. C/ Serrano Galvache, 26-28033 Madrid

De: Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (1)

Secretaría Técnica.

ASUNTO: “POR UN CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA LA ÉTICA, ANTE LA CRISIS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL D.I.H. EN COLOMBIA”

Sr. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirigimos a Vd. nuevamente para clamar un cambio en su política exterior hacia posiciones de una mínima ética ante situaciones de una gravedad extrema.

España, bajo su mandato, recibió con todo lujo de honores al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, y firmó un acuerdo estratégico bilateral con Colombia, convirtiéndole en socio de primer orden en América Latina, sin olvidar la labor de su gobierno, Sr. Zapatero, en el seno de la Unión Europea para la firma del TLC con Colombia, a pesar de la multitud de informes que señalaban los crímenes de Estado bajo los mandatos de Uribe, aproximadamente unos 6.000 casos de desapariciones y homicidios por motivos socio-políticos en contexto distinto al combate e imputables al Estado colombiano, tanto a su brazo militar y policial, como al paramilitar, (Informes de la Comisión Colombiana de Juristas), más de 600 sindicalistas asesinados durante dicho mandato, unos 1.600 casos de falsos positivos denunciados, (ejecuciones extrajudiciales del ejército donde asesinan a civiles no combatientes y los presentan como guerrilleros dados de baja), siendo el actual presidente de Colombia, el Sr. José Manuel Santos, Ministro de Defensa en aquél periodo, y la existencia de unos 7.500 presos políticos en pésimas condiciones, (Informes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la Corporación de Abogados José Alvear Restrepo).

Hoy, tras confirmar la continuidad de la política represiva y violatoria de los DD.HH. y del D.I.H por parte del actual gobierno colombiano encabezado por el Sr. José Manuel Santos, y temiendo por la vida de varias personas en grave riesgo tras conocer la gravedad de los últimos sucesos acontecidos, nos dirigimos a Vd. para solicitarle un mínimo de dignidad y ética en su política exterior para con las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, y su colaboración para exigir que se garantice la vida de varios defensores de DD.HH., militantes de partidos de oposición, líderes comunitarios y campesinos en grave peligro.

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos informó del terrible homicidio cometido contra una menor de 14 años, el 9 de Agosto de 2011 y el asesinato del indígena SILVESTRE MORENO el 1 de Agosto de 2011, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”, formando parte de una serie de agresiones en los últimos meses contra pueblos ancestrales. También la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Corporación SEMBRAR, MOVICE-Capítulo Sur de Bolívar y otras organizaciones sociales nos informaban de una terrible masacre protagonizada por paramilitares en el Sur de Bolívar, confirmando nuevamente la farsa de la desmovilización montada desde el gobierno del ex-presidente Uribe.

El 17 de agosto de 2011 en la localidad Casa Zinc, entre los corregimientos del Dorado y Canónico, incursionó un grupo paramilitar denominado “Águilas Negras”, liderado por un hombre que la comunidad reconoce como “desmovilizado”, de nombre Javier, alias “el enano”. Procedieron a reunir a toda la comunidad. Alias “el enano”, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años, de oficio agricultor. Los tres hombres fueron amarrados, posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA. A IVÁN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, les cortaron la lengua, les torturaron y asesinaron a continuación. También hirieron al agrominero CARLOS PALENCIA. También retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes de la comunidad.

Todo esto sucede a 20 minutos en vehículo de un acantonamiento del ejército en el corregimiento del Dorado, concretamente del Batallón de Infantería Mecanizado nº 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército colombiano.

A esto hay que sumar también el homicidio reciente, el 16 de agosto en Cartagena del Chairá, de RAFAEL ANDRÉS GONZÁLEZ GARNICA, un joven comunista, tiroteado por dos sicarios. Otro militante de la Juventud Comunista Colombiana, FRANKLIN MEDINA, presenció el crimen y logró escapar del tiroteo, pero está en paradero desconocido. Ambos trabajaban en una empresa de fotocopiadoras y habían sido señalados por la fuerza pública de presuntamente reproducir propaganda del las FARC-EP.

Durante los primeros 300 días de gobierno de José Manuel Santos, siguen actuando grupos paramilitares en 32 departamentos del país y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos son presentados como consecuencia de la violencia común. La impunidad en violaciones a los DD.HH. ronda el 97%.

A pesar de los esfuerzos de sectores de la rama judicial por investigar y juzgar los crímenes, no existe el apoyo necesario del Estado, ni en recursos, ni en protección de jueces, testigos y denunciantes. Por ejemplo, en Arauca, en Octubre de 2010, el subteniente Raúl Muñoz Linares del ejército colombiano, autor confeso de las violaciones de dos niñas, fue procesado por ello y por el presunto homicidio de una de ellas y de sus dos hermanos. Mientras la investigación transcurría con enormes dificultades, la Jueza Penal del Circuito de Saravena, doctora GLORIA CONSTANZA GAONA RODRÍGUEZ que investigaba el caso, fue asesinada la mañana del 22 de Marzo de 2011.

También nos hemos enterado del terrible homicidio de ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, superviviente de una familia aniquilada en la región del Urabá por los grupos paramilitares, (mataron a su padre, su madre y varios de sus hermanos). Ana llegó a Medellín con otros desplazados forzosos y se convirtió en líder comunitaria, (LATEPAZ), denunció los crímenes que sufrieron sus familiares y la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares. Asesinaron a su hijo CARLOS MARIO OSPINA, crimen por el que Ana culpaba a la Policía. Sus denuncias le costaron hostigamiento, allanamientos de su domicilio, amenazas y un proceso de judicialización del que salió absuelta. El 7 de julio de 2010 le asesinaron otro hijo, JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA. Ana volvió a denunciar a la Policía como responsable del crimen, por lo que cursa una investigación en Fiscalía, pero el 7 de Junio del presente, Ana Fabricia fue asesinada, le dispararon en la cabeza usando armas con silenciador.

Además, en los 300 primeros días del mandato de Santos han sido asesinados 15 líderes comunitarios que representaban a sus comunidades en los procesos de restitución de tierras que les fueron arrebatadas por la violencia paramilitar. Las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó han recibido el asesoramiento jurídico de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz en estos procesos, por lo que miembros de la ONG, (entre ellos, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y el sacerdote ALBERTO FRANCO), han sufrido multitud de amenazas, seguimientos y hostigamientos durante Junio de 2011, tras el hurto en Mayo de información de la residencia de Danilo Rueda concerniente a un proceso contra el general Rito Alejo del Río y una demanda contra Álvaro Uribe.

Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por agentes de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, en muchos casos bajo riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse a megaproyectos de explotación en sus territorios. Sólo en 2010 fueron asesinados 122 indígenas. La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado, sino que se ha incrementado.

Sr. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no vamos a solicitarle la ruptura de acuerdos estratégicos con Colombia de carácter comercial o militar mientras persista esta grave situación, porque sabemos que esas medidas no serán adoptadas, simplemente le solicitamos: una declaración pública exigiendo al gobierno colombiano el respeto y especial protección de las vidas de los defensores de Derechos Humanos, entre ellos, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, de los líderes de MOVICE que han presentado denuncias de crímenes de Estado y de lesa humanidad, de los miembros de la C.U.T. y de otros sindicatos colombianos que han denunciado amenazas contra su vida o la de sus familiares, de los líderes comunitarios que representan a las comunidades de desplazados forzosos en los procesos judiciales de restitución de tierras, de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y el Curvaradó, de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, también de los militantes de partidos de oposición (PDA, PCC,…) amenazados, hostigados o judicializados. Rogamos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se solicite información sobre los casos reseñados arriba, al gobierno de Colombia. Esto es algo realmente fácil para un gobierno que se dice progresista.

Esperando su respuesta, enviamos un saludo.

Secretaría Técnica de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español).

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2011.