sábado, 30 de julio de 2011

Balance 300 días de gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos

Oidhaco

Jueves 2 de junio de 2011

la crisis de derechos humanos no cesa“La UE no puede seguir callando ante las violaciones de derechos humanos en Colombia

• Oidhaco solicita a la UE que exija verdaderos avances al gobierno de Santos porque las cifras de violaciones a los derechos humanos no sólo no han cesado durante su gobierno sino que en algunos casos se han incrementado.

• La organización le pide a Bogotá que reconozca públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos parece que fuesen consecuencia de la violencia común

• Insta a la UE que pida resultados a Colombia en justicia porque la impunidad en violaciones a los DDHH ronda el 97%.

• Los miembros de Oidhaco, Justicia por Colombia y La Taula Catalana, presentan en España un documento con las cifras sobre la realidad en DDHH de los 300 días de Santos, firmado por cerca de 100 organizaciones españolas y europeas [ver anexo]

Bruselas, 2 de junio de 2011. Se cumplen 300 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Tras los ocho años de Álvaro Uribe, muy negativos para los avances sociales y nefastos para los derechos humanos, con la asunción al poder del nuevo presidente colombiano se ha creado una sensación general de mejora.

Sin embargo, tras las buenas formas del discurso público, en la realidad nada ha cambiado. Por tanto, Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia-, le solicita a la Unión Europea que exija resultados en derechos humanos a Bogotá. “La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia”, argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas.

No es posible que allí la impunidad ronde el 97% en las violaciones a los DDHH, denuncia Oidhaco: “No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces”, advierte Vallies. “Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa; a cambio, la juez que investigaba el caso fue asesinada también”. “La UE”, expone el portavoz, “debe exigir al Estado colombiano que luche públicamente y con recursos y apoyos contra la impunidad”.

Durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia. Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por miembros de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, que en muchos casos corren riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse entre otras cosas a megaproyectos de explotación en sus territorios; sólo en 2010 fueron asesinados 122.

La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado. “Y ahora parece adquirir mayor crueldad contra las mujeres”, destaca Vallies. “Nos preocupa cómo cada vez crecen las agresiones contra las mujeres sindicalistas. La tercera parte de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en último año fueron en contra de mujeres, según ha denunciado la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]”.

Intermón-Oxfam, denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “Santos y el Estado colombiano deben hablar públicamente de ello y crear mecanismos de protección, además de llevar a los responsables ante la justicia”, dice el portavoz de Oidhaco.

La organización, por último, pide al presidente Santos “una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado, entre ellas a las mujeres que son unas de las grandes ignoradas tanto por el Estado como por el gobierno”.

Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia.

Hostigamientos y amenazas a Comisión de Justicia y Paz

Bogotá, D.C. junio 17 de 2010

http://justiciaypazcolombia.com/Hostigamientos-y-amenazas-a

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministerio del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

JUAN MANUEL OSPINA

Gerente del Incoder

la ética del bien común surge en conflicto con el sistema porque no es derivable de ningún calculo de utilidad, el bien común se destruye en la medida en que toda acción humana es sometida a un cálculo de utilidad, Franz Hinkelamert

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, la tercera en menos de dos meses, sobre los hostigamientos, seguimientos, amenazas, y continuidad de la campaña de difamación sobre integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó y Bogotá debido al acompañamiento jurídico, pedagógico y de afirmación de derechos humanos integralmente concebidos a los consejos menores que reclaman la restitución de los predios colectivos de los que fueron desalojados violentamente y mediante mecanismos fraudulentos desde 1996 hasta el día de hoy.

En el día de ayer a las 12:20 p.m. se recibió una llamada de advertencia sobre la eventual ocurrencia de daños contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz debida a las actuaciones judiciales que adelantamos frente a los crímenes de lesa humanidad, daños ambientales cometidos contra las comunidades negras de Jiguamiandó y Curbaradó desde 1996.

Igualmente, durante los últimos 10 días se han desarrollado seguimientos y hostigamientos en la ciudad de Bogotá en los movimientos y lugares de habitación de ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y extrañamente las comunicaciones del sacerdote ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo se cruzan con el GAULA.

Estos hechos vienen sucediendo luego que desde el 13 de mayo, de la residencia del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, se realizara una operación ilegal con el hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, un documento de un proceso contra el general RITO ALEJO DEL RÍO y una demanda proyectada contra ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

Simultáneamente se ha conocido que el sindicato de la Confederación General del Trabajo, CGT, su presidente JULIO ROBERTO GÓMEZ, y uno de sus dirigentes en Antioquia, ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, sin contextualización, vienen haciendo eco de difamaciones con declaraciones públicas y con su intervención en el seno de la Comisión de Expertos de la OIT, en las que se difama de organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión Colombiana de Juristas, el CINEP, la Diócesis de Quibdó, la Diócesis de Apartadó y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Ante ustedes nuestra Constancia ante los siguientes fundamentos fácticos.

* Domingo 5 de junio hacia las 9:30 a.m. en comunicación con nuestra Comisión de Justicia y Paz, testigos afirmaron que escucharon la conversación, entre hombres que participan de operaciones armadas ilegales, un llamado “Franklin” y PEDRO TORDECILLAS en el Terminal de transporte colectivo en Belén de Bajirá en horas de la mañana.

Sostuvieron que cuentan con apoyo económico de ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO, para asesinar a las personas de Belén de Bajirá que participaron en el intento de desalojo de invasores en el consejo menor de Camelias, a integrantes de PBI y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

OSORIO GALEANO, de acuerdo con la información ha sido secretaria de las empresas palmicultoras que operan ilegalmente en Curvaradó y Jiguamiandó, en particular de GABRIEL JAIME SIERRA.

* Miércoles 8 de junio hacia las 2:00 p.m. paramilitares abordaron a habitantes de la Zona Humanitaria de El Tesoro y les manifestaron que estaban esperando a algún integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz para atacarle. De acuerdo con la información recibida, los armados manifestaron: “estamos esperando encontrarnos con alguno de esa ONG Justicia y Paz, para apretarlos”

* Viernes 10 de junio desde las 6:00 a.m. y hasta cerca de las 8: 00 a.m. dos hombres en una moto estuvieron observando el lugar de residencia de DANILO RUEDA. Al tomar el vehículo hacia su oficina le siguieron durante 5 cuadras.

*Lunes 13 de junio entre las 7:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. se constató el seguimiento del vehículo en que se transporta el P. ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

*Martes 14 de junio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m. un vehículo marca Chevrolet Sprint de color verde con dos hombres en su interior observaron el lugar de habitación del defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA, mientras se encendían las luces del apartamento, tomaron apuntes, posteriormente, uno de los hombres se bajó y tomó nota. Luego se marcharon del lugar

Hacia las 9:30 p.m. y por espacio de una hora, de acuerdo con vecinos del lugar de residencia, un vehículo similar y una motocicleta se parqueó enfrente de la residencia del defensor de derechos humanos.

*Miércoles 15 de junio en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la publicación de la última semana de mayo del semanario El Heraldo de Urabá en el que presenta un artículo titulado:“Afrodescendientes desplazados no deben vivir de limosnas: CGT”.

El artículo contiene declaraciones difamatorias de ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General del Trabajo CGT en Antioquia respecto a la situación de las comunidades de lo consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

VALDERRAMA afirmó que: “la ONG Justicia y Paz influencia a funcionarios de tercera categoría del Ministerio del Interior para entorpecer y además no permitir el reconocimiento de los líderes” (...) “Lo que planteamos en la CGT es que estas comunidades no vivan de limosnas, yo habló a nombre de la confederación y queremos colaborar por nuestra misión estatutaria. La tarea que viene es un censo que adelanta el Ministerio del Interior para definir realmente cuales son las comunidades negras y cuales las mestizas para definir la entrega del territorio y en eso están en ese momento”.

El miembro de la CGT desconociendo las decisiones de la Corte Constitucional y el proceso jurídico y constitucional sostuvo faltando a la verdad que nuestra Comisión de Justicia y Paz, no quería el censo y “pero la Confederación lo propició y en eso ha incidido mucho el vicepresidente Angelino Garzón porque conoce la discusión con la ONG”.

El integrante de la CGT con una expresión descontextualizada, ignorando el auto de la Corte Constitucional de Mayo de 2008, sostuvo que nuestra Comisión desconoce a GERMÁN MARMOLEJO, como representante legal de Curbaradó.

Una acusación más grave se refiere a la responsabilidad de organizaciones humanitarias de derechos humanos nacionales e internacionales en el desplazamiento y en el impedimento de lo que VALDERRAMA, llama desarrollo. “Aparecen unas ONG internacionales montando unas comunidades de paz alrededor de estas tierras, con la participación de otras organizaciones nacionales, que buscan crear conflictos con el sentido de desplazar a las comunidades negras e indígenas y de paso impiden que llegue el desarrollo, no permiten que el Estado llegue. Ya no está solo Justicia y Paz, hay otras ONG y se instalan con banderas, no permiten que el Estado llegue, no hay campo para el desarrollo” (…) “Ya se han adelantado conversaciones con empresas bananeras para desarrollar proyectos de plátano, existen recursos, hay facilidad para hacerlo, pero estos señores (ONG) se atraviesan. ’Por ejemplo ejemplo estamos trabajando proyectos para carreteras que ya están desde hace tiempo en el Ministerio para la carretera Curbaradó – Murindó y estos señores (ONG) no dejan”

* Miércoles 15 de junio entre las 8:00 p.m. y las 9:30 p.m. se apostó enfrente de la residencia de DANILO RUEDA un taxi. Este siguió la marcha del vehículo en que se movilizaba el defensor de derechos humanos hasta el centro de la ciudad.

* Jueves 16 de junio a las 12:20 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en la ciudad de Bogotá recibió una llamada de un hombre que en dos ocasiones expresó:”ustedes están ganando en el proceso legal de la palma, pero cuídense” Al preguntársele por su nombre o identificación volvió a repetir: “Cuídense, ya saben, van ganando en lo de la palma, cuídense

* Jueves 16 de junio entre 2:00 p.m. y las 2:30 p.m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el dependiente auxiliar del proceso 3856, MANUEL GARZÓN vinculado con nuestra Comisión de Justicia y Paz, revisa las últimas actuaciones realizadas en el proceso con radicado 3856. Uno de los abogados de la defensa al terminar de leer el expediente le preguntó a quién defendía en el proceso, sin haber este respondido, la secretaria manifestó: “es Parte Civil, de los del cura Giraldo”.

Mientras esperaba MANUEL las fotocopias se acercó alguien que dijo ser un abogado de Medellín que había llegado hacía poco a Bogotá, y le ofreció pagarle por revisar unos procesos, y le solicito el número telefónico. MANUEL manifestó que no estaba interesado.

* Viernes 17 de junio hacia las 6: 35 a.m. sobre la Avenida Suba con Boyacá dos vehículos, 4 puertas con vidrios oscuros se detuvieron delante del vehículo en que se transportaba el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA. De uno de los vehículos descendió un hombre, habló con personas del vehículo de adelante y regresó de nuevo a su vehículo. Los dos vehículos obstruyeron la movilización del vehículo en que se transportaba ABILIO por varios minutos.

Luego de lograr sobrepasar los vehículos, doscientos metros después, sobre la avenida Boyacá, un hombre en una motocicleta de placas NCR 51 tocó la puerta del conductor y solicitó, en dos ocasiones, bajar los vidrios.

En ese mismo momento, el conductor del vehículo de protección desde el altavoz , le preguntó qué quería y el hombre huyó en la motocicleta.

* Viernes 17 de junio a las 9:24 a.m. por quinta ocasión el padre ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra comisión de Justicia y Paz, al realizar llamadas desde su número telefónico celular le respondieron en el GAULA de la policía. Al preguntar la razón por la que constantemente responden en el GAULA, la agente DIANA, quién se negó, a dar su apellido, manifestó que las comunicaciones se cruzan, y que esas llamadas quedan grabadas.

*Viernes 17 de junio hacia las 10:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz leyó el documento titulado: “Informe Ejecutivo situación de la comunidad negra de Curbaradó – Chocó Colombia- Frente al trámite surtido ante la Comisión de Expertos de la OIT” en cuya portada aparece la foto de un pancarta en la que se lee: “El territorio colectivo es de los negros no de la Ong Justicia y Paz” , presentado, según aparece en el texto por JULIO ROBERTO GÓMEZ, Central General de Trabajadores, CGT; GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA quien figura, de modo fraudulento, como Representante Legal del Consejo Comunitario del Curvaradó y con fecha de febrero de 2011.

El documento dirigido a la OIT contiene transcripciones de falsas acusaciones, contra los denunciantes del proceso 3856, MARÍA LIGIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDÓN, y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Contra la verdad habla del “desarrollo de las estrategia del proyecto POLITICO – MILITAR DE LAS FARC & ONGS en escenarios Internacionales (sic) abogando por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Curbaradó para entender los verdaderos alcances de esta compleja estrategia, que trajo como consecuencia una irrupción ilegal en la etnia negra de Curbarado, es necesario detenernos en las lineas de acción Internacional (sic) dirreccionadas por la Ong COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA PAZ, acompañada por el PBI, utilizando militantes del PROYECTO POLITICO MILITAR DE LAS FARC, una vez este grupo terrorista logró obtener el control absoluto del Consejo Comunitario de Curbaradó”.

El documento sostiene que MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON, asesinados en diciembre de 2009, “valerosamente denunciaron las relaciones de ésta organización ilegal con las Ongs JUSTICIA Y PAZ, CINEP, PIB (sic) entre otras y además pusieron de manifiesto los peligros que corrían por haber sido declarados objetivos militares por parte de las FARC”.

En el aparte “Antecedentes en Sistema Interamericano de DD.HH” el documento acusa a DANILO RUEDA, y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, como responsables de fraude procesal. Repite el documento falsas afirmaciones sin fundamento fáctico ni jurídico, según las cuales: “está plenamente demostrado ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el señor DANILO RUEDA, res responsable de un FRAUDE PROCESAL INTERNACIONAL” y pide que la OIT, “al igual de lo que ocurrió en la CORTE CIDH, en donde la Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz actuó fraudulentamente en nombre y representación de 515 familias y luego en audiencia del 5 de febrero de 2008 su representante DANILO RUEDA, admitió que solamente representaban 161 familias

El documento anota, además, que “es necesario definir un marco de responsabilidad frente a nuestra etnia negra, de acuerdo de acuerdo a los momentos en que cada actor legal y/o ilegal sea cual fuere su ideario, han actuado en detrimento de nuestros DD.HH. Para el caso concreto de irrupción ilegal, esbozamos los siguientes argumentos: Intervención ilegal de las FARC, Ong’s, Diócesis de Quibdó y Apartadó, en el proceso de titulación colectiva...

El documento, aparte de faltar a la verdad pretende hacer incurrir en error a la Comisión de Expertos de la OIT al presentar como Representante Legal de la Cuenca del Curvaradó al señor GERMÁN MARMOLEJO, desconociendo el auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que deja sin fundamento cualquier representación legal hasta tanto se adelante un censo y elección del representante legal; deja a un lado, la comunicación de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de mayo del presente año que asume lo ordenado por Auto referido de la Corte.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de esta operación de persecución que no cesa desde 1998 contra nuestra Comisión de Justicia y Paz en la que se han combinado diversas formas y técnicas. Sufragios con amenazas de muerte, amenazas de muerte escritas, secuestro, allanamientos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, seguimientos ilegales en Colombia, Mexico y en Europa, campañas de difamación y operaciones mediáticas, montajes judiciales, hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos y la proyección de demandas a Álvaro Uribe Vélez con ingreso a lugares de residencia.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, con identificación de un tipo penal correspondiente a la gravedad de los hechos que ha significado 2 exilios definitivos, 5 exilios temporales, cambios permanentes de lugar de habitación, la obstaculización en el ejercicio legal y el apoyo psicológico y físico permanente a víctimas del conflicto armado interno y de la usurpación de tierras, afecciones familiares y cambios en las dinámicas de la vida cotidiana y el desprestigio ante una campaña sistemática de difamaciones, calumnias e injurias que no ha sido investigada eficazmente.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para que podamos ejercer nuestra labor de protección, de promoción y de defensa de los derechos humanos. Amplios sectores militares, policiales, económicos beneficiados del paramilitarismo y otros sectores de la economía y del sindicalismo hacen eco de esa mentalidad sin el debido proceso, la sana crítica y el conocimiento de lo que está sucediendo y desconociendo las actuaciones en derecho y las que ha fallado la Corte Constitucional y los alcances de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se continúa percibiendo esta labor legal y legitima como parte de una guerra jurídica contra los militares. Si el general RITO ALEJO DEL RÍO continúa siendo procesado por su responsabilidad en el crimen de MARINO LÓPEZ, y somos los representantes de las víctimas, no es por una sino por centenares de pruebas que reposan en este proceso. Esto sin contar otros procesos que se adelantan contra él, aquí en Colombia y en el exterior, en los que somos parte civil y que no han tenido a la fecha avances sustanciales.

Se continúa valorando nuestra labor legal y legítima como parte de una guerra jurídica contra el sector empresarial palmero, bananero y ganadero. Si sectores empresariales continúan siendo investigados, vinculados, indagados y acusados no es por una operación de desprestigio si no por centenares de pruebas, millares de víctimas y de testigos directos que han sostenido como a través del paramilitarismo se produjo el despojo violento, como esta ocupación ilegal persiste protegida por los paramilitares y por las omisiones y participación de la brigada 17.

Aportar al develamiento, al descubrimiento, a la revelación de un entramado criminal detrás del despojo violento, la siembra de palma, la siembra de banano y de la ganadería extensiva se ha convertido en una labor contra derecho, mientras los ocupantes de mala fe, los empresarios de Uniban, Banacol, Subastas de Urabá, La Tukeka, y otros finqueros, continúan usufructuando la tierra apropiada con crímenes de lesa humanidad y destrucción ambiental.

Mientras avanza, lenta, parcialmente el proceso 3856 y el cronograma en la implementación del Censo, los factores de riesgo en la región y en Bogotá se expresan con mayor presión y el desarrollo de operaciones psicológicas y de guerra turbia avanza con mentiras en escenarios internacionales. Al conocerse la Resolución de Acusación que la Fiscalía 8 de la UNDH-DIH profirió en contra de HERNÁN ÍÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ y RAMIRO ENRIQUE ÁLVAREZ PORRAS alias NAPO, como posibles coautores materiales de los punibles de Desplazamiento forzado Concierto para Delinquir e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, aumentan las presiones.

Nuestra Censura Ética ante la eventualidad de que el presidente de la CGT, JULIO ROBERTO GÓMEZ, sea nombrado como Ministro de Trabajo, cuando este sea reabierto por las facultades con que cuenta el ejecutivo, pues si se confirma que él ha presentado a la Comisión de Expertos de la OIT, pues las ligerezas del texto son irresponsables y dejan en tela de juicio la capacidad de valoración de las causas de conflictos y situaciones que se encuentran detrás del despojo violento. El informe ha incurrido no solamente en difamaciones, injurias y calumnias en un escenario internacional de protección como la OIT, desprotegiendo los derechos de las víctimas, pero también ha omitido presentar las pruebas pertinentes ante la Fiscalía y está legitimando las operaciones criminales y los fraudes cometidos contra los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, les solicitamos, nos informe

1. Desde el 13 de mayo a la fecha, luego del robo de información en el lugar de residencia de DANILO RUEDA, con información sobre casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y la proyección de una demanda contra Álvaro Uribe, qué medidas han adoptado de investigación, de protección preventiva y de garantías frente a este defensor de derechos humanos y demás integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

2. Qué investigaciones se vienen adelantando, con qué tipo penal, frente a la persecución de la que vienen siendo blanco integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

3.Cómo se explican las llamadas intercomunicadas entre el teléfono del padre ALBERTO FRANCO CSsR y el GAULA?

4. Ante la llamada de advertencia a nuestra Comisión de Justicia y Paz en respuesta a los avances judiciales en el proceso 3856 en el que se encuentran detenidos o con órdenes de captura empresarios palmeros, qué medidas se van a adoptar para la continuidad de un debido proceso y garantías para los testigos y los abogados representantes de las víctimas?

5. El señor VicePresidente avala el contenido de la entrevista del señor FRANCO VALDERRAMA respecto a lo que ha sido su papel e intervención frente a la situación de las comunidades de Curbaradó?

6. De ser así, podría explicar el alcance de la expresión que usted ha “incidido”, respecto a nuestra postura frente a la negativa al desarrollo del Censo?

7. Ante las aseveraciones aparentemente suscritas y avaladas por JULIO ROBERTO GÓMEZ en el Informe a la Comisión de Expertos de la OIT, urge que la Fiscalía General de la Nación verifique la autenticidad del respaldo del señor GÓMEZ. De ser cierto, le requiera para presentar las pruebas de las afirmaciones escritas en el Informe remitido a la Comisión de Expertos de la OIT. En este mismo sentido, urge que las afirmaciones del señor FRANCO VALDERRAMA, en la entrevista al Heraldo de Urabá sean judicializadas, con la solicitud de presentación de pruebas.

Ante la persistencia de la operación de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz, se evidencia la ausencia de garantías para el desarrollo de nuestra la labor legal y legítima en defensa de las víctimas de crímenes de Estado, del despojo violento para el desarrollo de agronegocios de palma, de banano, de yuca, la extensión ganadera, la extracción minera y la siembra de coca. Cualquier daño irreparable a la vida e integridad de alguna y alguno de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es de su responsabilidad.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Asesinada integrante de la liga de mujeres desplazadas en el municipio de Turbaco-Bolivar

Escrito por Liga de Mujeres Desplazadas LMD
miércoles, 27 de julio de 2011
ImageEl Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciónes basadas en el Departamento de Bolívar Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de nuestra compañera KEILA ESTHER BERRÍO ALMANZA de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad. Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora EVERLEDIS ALMANZA CHARRY mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar.

Asesinada integrante de la liga de mujeres desplazadas en el municipio de Turbaco-Bolivar

El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciónes basadas en el Departamento de Bolívar Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de nuestra compañera KEILA ESTHER BERRÍO ALMANZA de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad. Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora EVERLEDIS ALMANZA CHARRY mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar.

Keila habitaba en la Ciudad de las Mujeres ubicada en el Municipio de Turbaco como beneficiaria del proyecto de vivienda de la Liga de Mujeres Desplazadas fundada en el año 2006. Keila y su familia son beneficiarias de Medidas Cautelares 319-09 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

La Liga de Mujeres Desplazadas ha solicitado al Estado colombiano de manera reiterada desde el otorgamiento de las Medidas Cautelares en el mes de noviembre de 2009 ; ampliadas el 16 de junio de 2010 y el 7 de marzo de 2011 a toda la organización, neutralizar el riesgo creciente de los factores generadores de violencia contra las mujeres de la organización y sus familias en razón de su reconocido liderazgo como activas defensoras de sus derechos humanos, y víctimas del conflicto armado en la región.

Desde su fundación en el año 1999 la organización, sus proyectos y lideresas han sido atacadas crímenes que hasta la fecha permanecen en la impunidad.
La Liga de Mujeres Desplazadas ha sido amenazada por las autodenominadas Águilas Negras y el Ejercito Revolucionario Anticomunista ERPAC en más de cinco oportunidades durante los años 2010 y lo que va corrido del 2011.

A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que los crímenes contra la LMD son hechos aislados, la organización reconoce un ciclo de violencia y un patrón de discriminación en donde se ataca a las mujeres por sus relaciones amorosas, el consumo de sustancias, el manejo de recursos, desviando así las investigaciones, lo que es más grave, tratando de hacer recaer la responsabilidad de los hechos en las mismas víctimas como generadoras de su propio riesgo.

El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y La Liga de Mujeres Desplazadas responsabilizan al Estado por la negligencia en su deber de prevención y protección y por la impunidad absoluta en las investigaciones de los hechos criminales contra la organización, lo que ha venido permitiendo la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres de la organización sus familias y sus proyectos.


Liga de Mujeres Desplazadas LMD
Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos OGDDHH
www.ligademujeres.org
www.observatoriogenero.org

ASESINADO OTRO LÍDER MINERO EN SEGORIA.

FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES MINEROS, ENERGÉTICOS,
QUÍMICOS Y DE INDUSTRIAS SIMILARES DE COLOMBIA
PERSONERÍA JURÍDICA No. 286 DE JULIO DE 1945

Filial de FEDERACION SINDICAL MUNDIAL –F.S.M.- UISMETAL – UISTE

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
ASESINADO OTRO LÍDER MINERO EN SEGOVIA

Bogotá 27 de Julio de 2011

En el corregimiento de campoalegre del municipio de Segovia – Antioquia, el martes 26 de
julio de 2011, el compañero Rafael Tobón Zea fue vilmente asesinado por grupos de extrema
derecha con 3 impactos de bala, el compañero fue fundador de Sintramienergética-seccional
Segovia, laboró para la Frontino Gold Mines por mas de 15 años y despedido por esta empresa
en el proceso de enajenación de la mina, propiedad de los trabajadores y pensionados, la cual
fue llevada a liquidación y posteriormente entregada al capital transnacional en forma ilícita,
desconociendo el derecho de los trabajadores y pensionados.

El compañero Tobón laboraba en la actualidad en una pequeña mina con otros mineros y desde
su sitio de trabajo defendía la pequeña y mediana minería, acompaño a Sintramienergética, a
los trabajadores de la Frontino y a la comunidad en sus luchas por rescatar esta empresa de las
garras del capital transnacional.

Funtraenergética condena este crimen de lesa humanidad contra nuestro compañero Rafael
Tobón y demás compañeros que han resultado muertos, heridos como son los casos de Alfredo
Tobón y Jhon Jairo Zapata Marulanda y han sido amenazados; nos solidarizamos con la familia
Tobón, con los trabajadores y las organizaciones a las cuales él pertenecía y colaboraba, en
estos momentos de dolor y sacrificio, exigimos enérgicamente del gobierno nacional y las
autoridades regionales, así como de los entes del control del Estado y de Justicia, esclarecer
este crimen y castigar a los asesinos con el fin de que no se sume a la impunidad reinante en
el país en contra de la dirigencia sindical y popular. Sintramienergética ha venido denunciando
públicamente las amenazas que se han venido fraguando contra la dirección sindical y otras
organizaciones populares de la región, e incluso ha señalado declaraciones amenazantes,
contra quienes defienden a la empresa nacional Frontino Gold Mines, hechas por algunos
funcionarios de la transnacional Medoro Resources y de la Zandor Capital, filial de Gran
Colombia Gold Corp.

Solicitamos del movimiento sindical nacional e internacional, de las organizaciones defensoras
de los derechos humanos y de la opinión publica, brindar la más amplia solidaridad con la
organización sindical, la familia del compañero Rafael Tobón y las comunidades de Segovia
duramente castigadas por la acción de la extrema derecha que han dejado cantidad de
masacres en este pueblo durante los últimos 25 años.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
FUNTRAENERGETICA

Asesinato de ANTONIO MENDOZA MORALES, líder de tierras en San Onofre, Sucre

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Hechos

El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.

ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.

Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.

Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los asesinatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.

Exigimos que:

  1. Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.

  2. Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.

  3. Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas

  4. Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.

Delegación Asturiana en Sucre:

http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_1/tierras-sucre.html

viernes, 29 de julio de 2011

ASCATIDAR demandará al Ejército colombiano por asesinato de indígena

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Lunes, 20 de Junio de 2011 10:49 - Escrito por minga

La asociación de cabildo y autoridades tradicionales indígenas de Arauca-ASCATIDAR, iniciara demanda contra el Ejercito Nacional por el asesinato del indígena Humberto Peroza y su presentación como guerrillero caído en combate.

En acción militar desarrollada el 10 de junio en camino de la finca La Guarura en zona rural del municipio de Arauca, miembros de la Brigada 18 reportaron enfrentamientos con una columna de las FARC, de los cuales resulto muerto un hombre reportado inicialmente como N.N. y al que se le incauto un radio escáner, tres sillas tácticas y prendas de vestir con logotipos del grupo subversivo.

Aunque inicialmente en comunicado de la Décima octava Brigada, el coronel Oscar Cardona, jefe de Estado Mayor y comandante encargado de la institución militar, presentó a la victima como un miliciano de las FARC, debió ceder a las denuncias e investigaciones iniciadas por las autoridades indígenas quienes dijeron que se trataba de Humberto Peroza Wampiare, de 29 años, integrante del cabildo indígena del resguardo “la vorágine”, comunidad La Ilusión del pueblo Hitnu, quien además de participar activamente en las actividades que la comunidad ha desarrollado dentro de la autonomía y gobierno propio, como planes de acción, planes de salvaguarda, etc., tenía medida de protección del auto 382 de la Corte Constitucional.

En comunicado expedido el 18 de junio, el ejército informó que se inició investigación disciplinaria contra los uniformados que presuntamente habrían incurrido en un caso mas de “falso positivo” en la zona. El juzgado 46 penal militar inicio la investigación, la cual contará con la vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación.

Alexander Uncacía, abogado de ASCATIDAR, manifestó que la demanda es un hecho necesario, inaplazable que se fundamenta en que Peroza no era ningún subversivo, que se trató de "(…) un 'falso positivo', porque no es cierto eso de que cargaba armas y radios de comunicaciones".

Preocupa que el asesinato del indígena se suma a una lista de hechos irregulares de persecución contra diferentes miembros de la asociación como el cacique Ismael Uncancia Uncancia, presidente de la asociación quien fue encarcelado luego de un montaje judicial realizado en su contra. Igual suerte corrieron Verónica Solís Fuentes, quien es la coordinadora de asuntos étnicos del departamento y Álvaro Leal Toloza, etno-educador.

Continúan las ejecuciones extrajudiciales en Arauca

Lunes, 13 de Junio de 2011 14:17 - Escrito por minga

El Ejercito colombiano asesino al indígena Humberto Peroza Wampiare, en camino de la finca La Guarura en zona rural del municipio de Arauca, el pasado 10 de Junio, queriéndolo presentar como un guerrillero caído en combate.

No se trata de un caso aislado. La persecución contra el movimiento indígena en general, y, particularmente contra el pueblo Hitnu, se ha hecho notoria en el departamento, por medio de prácticas de persecución judicial, política y violenta que ha ocasionado desplazamientos y asesinatos.

Al cacique Ismael Uncancia Uncancia, presidente de Asociación de Autoridades Indígenas de Arauca –ASCATIDAR, lo encarcelaron luego de un montaje judicial realizado en su contra. Igual suerte corrieron Verónica Solís Fuentes, quien es la coordinadora de asuntos étnicos del departamento y Alvaro Leal Toloza, etno-educador.

Parece que el “crimen” cometido por el pueblo Hitnu es que su territorio se encuentra en zonas estratégicas para las trasnacionales y los mega proyectos de explotación petrolera. La defensa del territorio adelantada por la comunidad, y su vulnerabilidad que los lleva a estar al borde del exterminio, les ha valido una atención especial por parte de la Corte Constitucional.

El pueblo indígena ha solicitado que se haga presencia y se preste acompañamiento nacional e internacional, de las organizaciones de derechos humanos, los organismos de justicia y de control, de tal forma que se eviten los abusos de la fuerza publica. También por medio del Auto 382 de 2010, se solicito medidas urgentes de protección y salvaguarda, que impida que como pueblo y cultura desaparezcan.

REPRESIÓN VIOLENTA DE PROTESTA PACÍFICA EN CÁRCEL DE VALLEDUPAR

Desalojo violento contra detenidos que protestaban pacíficamente en la cárcel de Valledupar
Publicado: 12 junio, 2011 | Autor: notiagen | Archivado en: Cárceles, Derechos humanos, Movilización social, Noticias, Valledupar/Cesar | Deja un comentario »

Cuatro heridos graves tras ser forzados por el INPEC a bajar desde estructuras situadas a 8 y 15 metros de altura del penal desde donde realizaban la protesta desde el 2 de mayo. Hasta esta misma mañana de domingo 12 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos creen que pueden haber muerto aunque el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos lo niega y enfatiza la situación de gravedad de esas personas.

Las fundaciones Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Lazos de Dignidad —organizaciones defensoras de derechos de presos por razones políticas— informaron la noche del sábado 11 de junio de 2001 sobre el operativo realizado desde las 6.00 PM del mismo día por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar), conocida como La Tramacúa.

Desde el 2 de mayo más de 300 prisioneros detenidos en La Tramacúa se declararon en desobediencia civil a causa de, según los internos contactados, «la sistemática violación a los derechos humanos a las que son sometidos y la omisión de las autoridades colombianas en resolver sus peticiones». El 8 de mayo nueve internos de la Torre 2 decidieron iniciar las acciones y ahí le siguieron otros compañeros: «Decidimos subirnos y amarrarnos en lo alto de la estructura del penal. Lo hacemos para exigir nuestros derechos a la vida digna», manifestó uno de los detenidos. El resto de detenidos por razones políticas no se dejaban contar de la guardia, se rehusaban a portar el uniforme de la cárcel y exigían que se le proporcionara alimento a sus compañeros que se encontraban amarrados de sus cuerpos y colgando como forma de protesta.

Según Lazos de Dignidad, ayer 11 de junio de 2011 desde las 6:00 PM y en compañía del director de la cárcel de Valledupar, Leopoldo López Pinzón, el subdirector, Uriel Jaramillo, y el comandante de vigilancia, Teniente Nelson Gutiérrez, el GRI ingresó a las torres 1, 2, 3, 4 y 5 donde los detenidos protestaban y procedieron a soltar y bajar a los 132 que se encontraban atados a la estructura del penal. Este procedimiento se inició en la Torre 3.

A la 1.00 AM y según información no verificada, el CSPP asumía que había tres muertos que poco antes cayeron de las estructuras desde donde protestaban en la Torre 3. Esa información partía del hecho de que los detenidos sufrieron múltiples golpes al caer y perdieron el conocimiento. Por su parte, el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC niega que las personas estén muertas, pero admite que «tres personas se encuentran en el departamento de sanidad, que cayeron de las estructuras y que se les colocó oxigeno y estamos tratando la situación». Lazos de Dignidad no puede verificar la gravedad de las lesiones de los reclusos de la Torre 3 Wilson ‘el Paisa’, Luis Alberto Macilla Polo, Mnuel Bermúdez Cuello y Nilson Céspedes ni siquiera si están vivos. No tienen confirmación desde el interior del penal ni de los detenidos ni del INPEC. Lazos de Dignidad aseguró hoy domingo en la mañana que su cuerpos gravemente heridos y en estado de inconsciencia fueron sustraídos por el INPEC sin que se conozca el lugar al que fueron llevados. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Valledupar, Víctor Martínez, niega las muertes de los detenidos. El CSPP dice que tras comunicación con el interior garantiza que no hay muertos y se encuentra haciendo seguimiento a su situación para poder aclarar el estado actual.

El CSPP argumenta que «en casos anteriores se ha utilizado el ocultamiento de la información; sin embargo, también se ha utilizado como mecanismo de presión a los detenidos y como forma de afectar su moral y resistencia en la protesta dar por muertos a detenidos heridos que han sufrido heridas o lesiones graves».

Según el encargado de Derechos Humanos de la regional Norte del INPEC, la orden del desalojo la dio el Ministerio del Interior enfatizando el respeto a los derechos de los reclusos.

Díez horas de operativo

Los prisioneros en las Torres 8 y 9 manifiestan que «durante las horas que duró el operativo escuchaban fuertes gritos provenientes de las otras torres donde los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos, alcanzándose a observar desde esas torres la salida de varios cuerpos de prisioneros en estado de inconsciencia conducidos por el INPEC en camillas improvisadas o sábanas». El CSPP explica que el operativo se desarrolló «con diferentes grados de intensidad y brutalidad por parte de los funcionarios». Entre los hechos que denuncian destaca la utilización de gases lacrimógenos y gas pimienta cuando la mayoría de los detenidos se encontraba en el interior de su celda o sin poder salir de los pasillos. Ello ocasionó, según el CSPP, «desmayos, desespero, terror y finalmente la caída de varios internos».

Según las comunicaciones de los detenidos, «el operativo se desarrolló con particular violencia en las Torres 3 y 1; en estas torres se lanzarían al menos unas 20 pipetas de gas lacrimógeno que causó desmayos a partir de producir asfixia controlada y a los detenidos que no pudieron someter por medio de estas torturas y actos crueles los lanzaron desde las estructuras, a unas pequeñas colchonetas que fueron apiladas a manera de colchón neumático».

Lazos de Dignidad informa que los voceros del Comité de Crisis conformado por los prisioneros de las torres en desobediencia fueron aislados en calabozos sin que se conozca su actual estado físico y de seguridad. Otros internos fueron llevados a celdas de aislamiento u otras partes del penal, sin que el CSPP conozca sepa hoy su paradero. El interno José Gregorio Díaz que se encontraba en la Torre 1 y que en diferentes ocasiones ha denunciado el peligro inminente de ser asesinado dentro del penal, fue capturado por el GRI y en este momento los internos desconocen su paradero.

Sin embargo, el CSPP confirma a través de comunicación con detenidos en Valledupar que «el INPEC está utilizando gases lacrimógenos y golpeando y amenazando a los detenidos que se encuentran colgados de las estructuras lo que puede provocar su caída». Lazos de Dignidad añade que el INPEC también usó granadas de aturdimiento. El CSPP también confirma las «golpizas a las que han sido sometidos varios detenidos». Según comunicación con el interior de la cárcel, «las personas que bajan de las estructuras son reducidas, arrojadas al piso, amarradas de pies y manos con grilletes, golpeadas con palos y puñetazos en presencia del director del penal».

En la Torre 5 los detenidos fueron bajados por la fuerza y volvieron a colgarse de las estructuras.

Según Lazos de Dignidad, el operativo duró hasta las 4.00 AM, hora a la que el INPEC dio por terminada por la fuerza la protesta de los detenidos en casi todas las torres y, según el CSPP, «se encontraba golpeando a los detenidos que habían sido bajados de las estructuras del penal en medio de gases lacrimógenos lanzados por el GRI y las protestas que en el exterior realizaban cerca de 150 mujeres que se encontraban durmiendo a las afueras del penal a la espera de un posible ingreso de visita hoy mismo —el cual ha sido cancelado— y velando por el respeto de los derechos de los detenidos». El CSPP afirma que el INPEC comunicó a la fundación que alrededor de la 1.00 AM y debido a los hechos denunciados el operativo cesaría.

Campaña por el cierre y visita oficial

Estos hechos se producen cuando mañana lunes tiene lugar la visita oficial que varios congresistas —entre ellos Iván Cepeda quien hace 15 días también visitó el penal— en compañía de miembros del Gobierno Nacional, entes de control y organismos no gubernamentales de derechos humanos así como integrantes de diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los presos por cuestiones políticas realizarán con el fin de verificar la situación de derechos humanos en esta cárcel. Esta visita obedece a que, según el CSPP, el Gobierno había reconocido la justeza de la protesta. Igualmente, el CSPP denuncia que entre los meses de mayo y junio el INPEC ha efectuado más de 20 traslados de personas privadas de libertad que realizan acciones de denuncia y exigencia de derechos en diferentes centros penitenciarios del país. El mayor número de traslados ha tenido lugar en Valledupar, cárcel frente a la cual se desarrolla una campaña nacional e internacional por su cierre definitivo.

Según el CSPP, «por fin tras 11 años de funcionamiento del penal se empiezan a hacer públicas sus condiciones». La misma organización afirma que, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones, el problema de la cárcel de Valledupar no es solamente la restricción o no prestación del servicio de agua, «sino que ésta se caracteriza por ser la cárcel del país donde acciones como las ocurridas en el último mes y en particular en la noche de ayer y la madrugada de hoy se hacen con mayor frecuencia; así, La Tramacúa se lleva el triste reconocimiento de ser la cárcel castigo de Colombia y uno de los centros de mayor violación sistemática de los derechos humanos ya que es la cárcel con mayor número de investigaciones penales y disciplinarias abiertas actualmente, la de mayor número de acciones de tutela interpuestas por los detenidos para defender sus derechos y, paradójicamente, la de un mayor porcentaje de impunidad por los hechos denunciados».

Las exigencias por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos al Gobierno para que cumpla con su mandato constitucional y los compromisos adquiridos internacionalmente de respetar los derechos de las personas privadas de libertad son insistentes, y de manera particular exigen que el Estado respete la vida, integridad física y el derecho a protestar pacíficamente. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara un llamado de atención al Estado sobre este caso y revisará denuncias similares en otras cárceles del país.

Vídeo de denuncia anterior hecha por la Senadora Gloria Inés Ramírez en su momento.

En caso Alfredo Correa por primera vez un fallo judicial afirma que existió una alianza criminal entre DAS y AUC para matar al protegido. VER VÍDEO

Con el caso por el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, por primera vez un fallo judicial establece que existió una “alianza criminal” DAS-AUC para matar a una persona protegida por el DIH.

La campaña Sindicalismo es democracia acompaña esta sentencia para que no quede como

UN GRITO EN EL SILENCIO.

FECHA Jueves 9 de junio, 10 a.m.

LUGAR Hotel Tequendama – Salón Bolívar 2 - Bogotá

Alfredo Correa de Andreis fue tratado como guerrillero durante todo el juicio contra sus asesinos. Solo con este fallo se “absuelve” a esta víctima, quien previamente a su asesinato fue “blanco” de un montaje judicial promovido por el DAS.

La sentencia fue emitida por un juzgado especializado en resolver crímenes contra sindicalistas, en el marco del Acuerdo Tripartito ante la OIT en 2006.

Sentencia caso Alfredo Correa de Andreis – Más información:

http://laobreriada.blogspot.com/

(Perfil de Correa de Andreis – Resumen de la sentencia - Texto de la sentencia – Acuerdo Tripartito OIT – Noche y Niebla – otros links)

VER VÍDEO:


Documentos inéditos –Con investigación de la periodista Claudia Julieta Duque, Contravía TV presenta un video clip con documentos inéditos incautados al DAS por la Fiscalía General de la Nación, y que muestran la cacería del organismo de inteligencia contra el movimiento sindical colombiano. Se han hallado más de 500 documentos DAS contra sindicalistas entre 2003-2009 y hay evidencia de que incluso se hizo seguimiento a la OIT.

Participan la familia de Alfredo Correa de Andreis y Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, apoderado de las víctimas del DAS en el proceso contra el ex director de ese organismo, Jorge Noguera, cuyas audiencias se reanudan el lunes 13 en la Corte Suprema de Justicia. Uribe se referirá a la estrategia criminal del DAS contra sindicalistas

Luis Alberto Vanegas, de la CUT, y Julio González, de la CTC, comentan la “alianza criminal” DAS-AUC, así como la Ley de Víctimas.

Acerca de los avances fijados en dicha Ley y relacionados con el movimiento sindical habla el jurista Álvaro Córdoba, del Proyecto ISCOD-CODHES.

Campaña Sindicalismo es Democracia

Reconocimiento, memoria, justicia y reparación colectiva para el movimiento sindical colombiano

Proyecto ISCOD-CODHES

Transmisión en vivo por Internet en alianza con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y su 3er Canal,

un canal con derechos

http://es.justin.tv/3ercanal

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. LA PERSECUSIÓN -JUDICIALIZADA DEL CATEDRÁTICO MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN. VER VÍDEOS.

El proceso kafkiano de un inocente: catedrático Miguel Ángel Beltrán.

Martes 31 de mayo de 2011, por Prensa - Colectivo

El día 27 de mayo de 2011, en el proceso contra el catedrático Miguel Ángel Beltrán, la justicia colombiana negó la posibilidad de recibir como prueba de referencia el testimonio de un agente de inteligencia mexicano, que trabajara como fuente para el Departamento Administrativo de Seguridad –Das- de Colombia.

Defensores de derechos humanos | Colombia |

Este agente de inteligencia mexicano fue encargado por el DAS de hacer trabajo de inteligencia contra la senadora Piedad Córdoba Ruiz en sus viajes por América Latina y en México contra el académico Miguel Ángel Beltrán y luego de su expulsión ilegal a Colombia el 22 de mayo de 2009 solicitado por sus presuntos nexos con las FARC EP

En el testimonio recibido en la sede de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, ante un observador de esta entidad y dos directivos de la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH-, la persona de inteligencia al servicio del DAS, manifestó que luego de los intensivos seguimientos al profesor Beltrán, hizo un informe escrito para esta entidad en la que constató que este “no tiene ningún vínculo con las FARC ni con ninguna otra organización insurgente”. Preguntó entonces por qué seguía siendo perseguido en Colombia un inocente y se le respondió por parte de los directivos del DAS, que “era un trofeo para el presidente Uribe Vélez”.

La juez especializada citó al testigo para declarar en el consulado de Colombia en México quien se negó a comparecer por temer por “su vida e integridad personal”, lo que facultaba para recibir el testimonio grabado como prueba de referencia solicitada por el abogado de la defensa, presentado por el Secretario General de la FIDH, Luis Guillermo Pérez Casas. La juez negó la prueba solicitada, atendiendo la petición de los representantes de la Fiscalìa y la procuraduría, por cuanto no se habría demostrado la identificación del testigo, ni prueba alguna de las amenazas recibidas en su contra, pese a que se entregaba el registro de audio de su declaración y el testimonio bajo juramento del abogado Pérez Casas que la había recibido.

Esta decisión viola de manera fragante los derechos constitucionales de Miguel Ángel Beltrán y de la sociedad colombiana a conocer la verdad de la persecución de que ha sido objeto. La prevalencia del derecho substancial es una garantía constitucional del debido proceso, máxime cuando se trata no solamente de una arbitraria y prologada privación de la libertad que ya pasa de dos años, sino que se ha acompañado de una condena anticipada ante los medios de comunicación.

En la convicción de estar ante un proceso sustentado en pruebas ilícitas, siempre admitidas y valoradas en diferentes escenarios judiciales y cuya exclusión solo fue viable mediante decisión reciente de la Corte Suprema –caso del ex congresista Wilson Borja-, en tanto, que a la defensa, bajo argumentos formales y en forma precaria sustentados, siempre se le ha denegado la posibilidad de allegar pruebas tendientes a ratificar la inocencia del profesor Miguel Ángel Beltrán. El CAJAR llama a la comunidad nacional e internacional a que se manifiesten por la libertad inmediata del Profesor Miguel Ángel Beltrán y por su absolución definitiva.

HACE DOS AÑOS.

EN JUNIO DE 2011 FUE LIBERADO POR QUEDAR ABSUELTO.


BELTRAN DENUNCIA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A LOS PRESOS POLÍTICOS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS.

LA FISCALÍA COLOMBIANA SOLICITARÁ LA REAPERTURA DEL CASO CONTRA BELTRÁN APORTANDO AHORA OTRAS PRUEBAS, PUES LAS ANTERIORES FUERON INVALIDADAS POR EL PODER JUDICIAL.

Sicarios asesinan en Pereira a defensor de recursos naturales y contra la explotación minera

Viernes, 10 de Junio de 2011 11:01 Aurysara

El ambientalista y filósofo Jorge Eliécer de los Ríos fue asesinado por unos sicarios a las afueras de un colegio público de Dosquebradas, población en el oeste del país, denunciaron fuentes sindicales. Dos sicarios que se transportaban en una motocicleta tirotearon a De los Ríos, quien lideraba una campaña de denuncia de la minería a cielo abierto por parte de multinacionales, dijo a Efe el sindicalista Diego María Osorio, de una organización regional de profesores a la que pertenecía la víctima.

El crimen fue cometido el miércoles cuando De los Ríos se desplazaba de una sede a otra de la Institución Educativa Santa Sofía, de Dosquebradas, localidad en el área metropolitana de Pereira, la capital departamental de Risaralda.

"El ambientalista había denunciado la semana pasada, en declaraciones a medios de radio, los efectos de la minería a cielo abierto", dijo Osorio, fiscal y coordinador de la comisión de derechos humanos del Sindicato de Educadores de Risaralda (SER).

El sindicalista explicó que De los Ríos pertenecía a Meedrua (Zona Minera, en dialecto de la etnia indígena quechua), organización no gubernamental (ONG) ambientalista desde la que elaboraba estudios sobre la explotación minera a cielo abierto en la región y el país.

En particular, indicó Osorio, el profesor centraba esta actividad en Quinchía, población risaraldense de la que era oriundo, así como en las vecina de Mistrató y Pueblo Rico, todas ellas con riqueza aurífera y en explotación por la multinacional canadiense Quedada.

Además de sus actividades en Meedrua, De los Ríos era el responsable del llamado Proyecto Ambiental Educativo (Prae) del colegio Santa Sofía, en el que impartía clases de ciencias sociales.

"Era una persona muy querida en la comunidad educativa, y no tenía dificultades, como amenazas, por lo que su asesinato nos sorprendió", expresó Osorio, quien indicó que De los Ríos es el tercer educador de Risaralda que es asesinado este año y el 67 desde octubre de 1989, fecha del primer crimen de un profesor en la región.

Primero asesinaron a sus hijos, ahora la asesinan a ella, Ana Fabricia Córdoba, líder comunitaria víctima de crímenes de Estado. VER VÍDEOS.

Organizaciones Sociales denuncian asesinato de líder comunitaria, Ana F. Córdoba. En años anteriores le asesinaron a dos hijos.
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Escrito por Organizaciones Sociales Antioquia

miércoles, 08 de junio de 2011
ImageLas Organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato del que fue víctima la líder comunitaria ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, quien pertenecía a la Asociación Líderes Hacia Adelante Por Un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ), a la Mesa Interbarrial de Desconectados y a la Ruta Pacífica de las Mujeres en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Antecedentes:

ANA FABRICIA llegó a Medellín hace cerca de una década huyendo de las matanzas cometidas por grupos paramilitares de las que fueron víctimas varios de sus familiares en la región del Urabá, desde entonces se asentó como desplazada en el barrio La Cruz de la comuna tres (Manrique).

Desde esa época, ANA FABRICIA denunció con claridad los hechos y exigió se investigara a los responsables. Por su calidad de líder comunitaria, inmediatamente se vinculó a diferentes procesos organizativos de desplazados y de mujeres en el barrio La Cruz y en la ciudad de Medellín.

En el año 2002 se inició el proceso de paramilitarización en los barrios de Medellín, entre ellos La Cruz y La Honda, denunciando ANA FABRICIA CÓRDOBA estos hechos y la connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares.

Particularmente la señora CÓRDOBA fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos.

Estas denuncias le acarrearon persecuciones, señalamientos y amenazas que fueron denunciados ante los Organismos de Control de la ciudad, la Alcaldía de Medellín y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suboficina Medellín.

A raíz de las persecuciones de las que fue objeto, fue víctima de un montaje judicial en el año 2004, como supuesta colaboradora de la guerrilla de las FARC y como consecuencia de ello, estuvo dos meses privada de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, siendo finalmente absuelta de los cargos.

Posteriormente, su hijo CARLOS MARIO OSPINA fue asesinado, hecho del que ANA FABRICIA también culpaba a la Policía del barrio La Cruz por las constantes persecuciones y maltratos de los que CARLOS MARIO había sido objeto con sus otros dos hijos, también por parte de agentes policiales.

La señora ANA FABRICIA CÓRDOBA denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida.

A finales del año 2009 fue acreedora de un subsidio de vivienda por ser madre cabeza de familia desplazada y adquirió una vivienda en el barrio Popular de la comuna uno de la ciudad, situación que no mejoró del todo su seguridad pues denunciaba que la vivienda estaba ubicada en un sector muy conflictivo de la comuna, y las amenazas en su contra no cesaron.

El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA de 19 años de edad. Desde ese mismo instante ANA FABRICIA denunció a la policía del barrio La Cruz como la responsable del hecho, a raíz de ello cursa actualmente una investigación en La Fiscalía.


Hechos:

Desde la muerte de JHONATAN ARLEY y sus consecuentes denuncias, la señora ANA FABRICIA fue objeto de reiteradas Amenazas por parte de desconocidos.

La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá le propuso a ANA FABRICIA la práctica de un Análisis de Riesgo, que únicamente implica una evaluación para eventuales medidas de chequeo de seguridad, por parte del órgano policial.

ANA FABRICIA se negó a dicho análisis, por la desconfianza que le generaba los antecedentes que señalan a la Policía como el organismo que siempre la persiguió a ella y a su familia.

En la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizada en el mes de abril de 2011, ANA FABRICIA hizo de público conocimiento las amenazas de las que era víctima.

El día 7 de junio, ANA FABRICIA CÓRDOBA fue asesinada cuando se movilizaba en un bus de la ruta Santa Cruz, por un hombre que le disparó en la cabeza con un arma con silenciador, quien después emprendió la huida.

El asesinato de ANA FABRICIA CÓRDOBA, evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.

Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.



EXIGIMOS

Se adelanten las investigaciones pertinentes, que logren esclarecer los hechos, móviles y autores materiales e intelectuales de este asesinato.

Que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.

Que se garantice la vida y la integridad de los familiares sobrevivientes de la señora ANA FABRICIA CÓRDOBA


SUSCRIBEN

Corporación Jurídica Libertad

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Antioquia-

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Antioquia-

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL

Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza

Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia

Medellín, 8 de junio de 2011

[1] Campaña Por el derecho defender los derechos humanos en Colombia. Informe 2010 y primeros 90 días de gobierno de Santos.


LOS MEDIOS LO PRESENTAN COMO UN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO, SIN MENCIONAR SU HISTORIA COMO LUCHADORA SOCIAL Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, Y LA PERSECUCIÓN QUE HA SUFRIDO ELLA Y SU FAMILIA POR PARTE DEL ESTADO (TANTO DE SU BRAZO POLICIAL COMO PARAMILITAR).


Defensores sociales condenan asesinato de Fabricia Córdoba. TELESUR.


DISCURSO DE ANA FABRICIA, UNA MUJER VALIENTE QUE LUCHÓ HASTA SU ÚLTIMO SEGUNDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO Y POR LOS DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS.

ROGAMOS QUE LA ESCUCHEN Y DIFUNDAN SU MENSAJE MÁS ALLÁ DE SU MUERTE.



FAMILIARES DE ANA:


DENUNCIA DE PIEDAD CORDOBA, EX - SENADORA, Y DECLARACIÓN PÚBLICA DE MANDO POLICIAL.

jueves, 28 de julio de 2011

Heridos 3 menores por armas de fuego. ACIN exige respeto a la población no combatiente.

Miércoles, 25 de Mayo de 2011 20:46 - Escrito por minga

No han transcurrido dos meses desde la masacre de 4 menores de edad en un bombardeo aéreo en el Resguardo de Tacueyó cuando el conflicto armado cobra otras 3 víctimas menores de edad en el Resguardo Indígena de Huellas - Caloto.

Ya ni el derecho a dormir tranquilos en sus humildes viviendas tienen los niños y niñas indígenas en el norte del Cauca.

La ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE, denuncia y repudia enérgicamente los hechos de violencia donde resultaron heridos con arma de fuego tres menores de edad pertenecientes al Resguardo Indígena de Huellas - Caloto.

Hechos.

El día 23 de mayo del año 2011, siendo a las 7:30 p.m aproximadamente, en la vereda Huellas perteneciente al resguardo del mismo nombre, tres menores de edad quienes responden a los nombres de NELLY BAICUE de 13 años, ERMINSON BAICUE de 1 año y EDY ZORAYI BAICUE de 10 años resultaron heridos con disparos en diferentes partes del cuerpo que los tienen al borde la muerte en el hospital Valle del Lili de la ciudad de Cali.

Los hechos se presentaron cuando tres sujetos desconocidos fuertemente armados aprovechando la oscuridad irrumpieron en la humilde vivienda disparando de manera indiscriminada en momentos que los tres menores se encontraban durmiendo solo en compañía de sus sueños puesto que sus padres al momento de los hechos no se encontraban en la vivienda.

Indignación, dolor y tristeza ha producido en las comunidades este lamentable hecho resultado de los fuertes enfrentamientos armados que desde hace varios días libran efectivos del Ejército Nacional y miembros de la guerrilla de las Farc en la región.

Pedirles al gobierno nacional y a la guerrilla de las Farc que atienda el llamado insistente de las comunidades se convirtieron en solo palabras al aire, ni siquiera la voz y el llanto de los niños despierta sentimientos de razón en los armados, al contrario hechos como los ocurridos evidencian la cruda realidad que se vive a diario en las comunidades. Por eso en esta ocasión acudimos a la solidaridad del pueblo para superar esta difícil situación que desde hace días azota a las comunidades indígenas de esta región.

COMUNIDADES Y AUTORIDADES INDIGENAS AGRUPADAS EN LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN – CXHAB WALA KIWE.

Santander de Quilichao Cauca, mayo 24 de 2011

Atentado contra MIRIAN, mujer líder del Consejo Comunitario del Río Calima

Martes 24 de Mayo de 2011 20:16

El 21 de mayo de 2011 a las 10:15 pm en la vereda, la colonia del concejo comunitario del rio calima, un hombre no identificado irrumpió en horas de la noche en la casa de la tesorera y rectora del colegio y además reconocida lideresa de este concejo, le propino un disparo que tenía como objetivo darle en la cabeza, pero al ella percatarse de la presencia de el individuo, alcanza a reaccionar y la bala le impacta el hombro, rápidamente algunos miembros de la comunidad acuden al lugar de los hechos y le prestan ayuda llevándola hasta una de las clínicas del municipio de buenaventura, zona urbana.

Antecedentes Hechos.

Meses antes a esta misma lideresa, le robaron su computadora personal en donde tenía parte de algunas denuncias que se iban a realizar, a esto se suma que semanas antes sujetos intentaron quemar el vehículo tipo camioneta del Concejo Comunitario.

Cabe destacar que además todos los miembros de la Junta del Concejo Comunitario de este territorio colectivo ancestral fueron amenazados meses antes y aun lo están, debido a que el consejo comunitario promueve la erradicación de cultivos de uso ilícitos (COCA) que sembraron foráneos Blanco mestizos que han llegado hasta esta parte del Territorio, Región del Pacifico.


Nota importante:

En el día de ayer, en las horas de la mañana se realizó una marcha en la vereda donde ocurrió este lamentable hecho. La movilización comenzó desde la entrada de la vereda hasta el centro de esta misma, la marcha conto con un alto grado de participantes miembros de la comunidad, muchos estudiantes y miembros de otros concejos comunitarios etc. La movilización tiene como objetivo repudiar este hecho y otros más. Además demostrarles a los violentos que no nos amedrantaran, este atentado lo asumimos que no fue un atentado contra la RECTORA, LIDEREZA MIRIAN si no que fue contra los intereses de la comunidad negra del calima que ella abandera en su lucha, y además contra el proyecto político de PNC, por ser este un territorio nuestro.

Cabe resaltar que en el territorio están foráneos Blancos y Mestizos que se dedican al cultivo de usos ilícitos y además están comprando tierras para cultivos extensivos, de igual manera estos entorpecen el ejerció pleno de la gobernabilidad y la autonomía, al igual que está pasando en otros territorios de la comunidades negras en el Territorio Región del Pacifico.

Otras denuncias sobre fosas comunes en fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8

MADRES VUELVEN A EXIGIR LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE SUS HIJOS DESAPARAECIDOS.

Un operativo conjunto de brigadas del ejército, autodefensas y policías actuaron para supuestamente "exterminar a las organizaciones insurgentes"en la Comuna 13 de Medellin, pero el resultado fue el control paramilitar de la zona y centenares de crímenes de Estado, desapariciones y homicidios de pobladores. Hoy las madres piden justicia.

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DSC08988A nueve años de ejecutados los seis operativos militares[i] con los que se buscaba el exterminio de las organizaciones insurgentes que operaban en la Comuna 13 de Medellín, y en cuyo desarrollo se violaron gravemente los Derechos Humanos de los habitantes de esta zona de la ciudad, especialmente en la Operación Orión; las madres de los más de cien desaparecidos caminaron rumbo a La Escombrera para exigir nuevamente la búsqueda e identificación de sus familiares.

En el transcurso del año 2002, durante el desarrollo de las operaciones Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, los habitantes de los 23 barrios de la Comuna 13 padecieron constantes enfrentamientos armados, allanamientos ilegales, capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles, desapariciones forzadas, y un sinnúmero de violaciones a sus derechos.

Nada más durante los tres primeros días de la Operación Orión fueron detenidas, reseñadas y en algunos casos torturadas y obligadas a desplazarse, 450 personas, de las cuales 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan solo a 82 se les ordenó medida de aseguramiento, mientras las demás recuperaban su libertad. Al cabo de un año fueron acusadas formalmente 56 de estas personas, y desvinculadas definitivamente de la investigación 26 de las procesadas. Transcurridos nueve años, sólo fueron condenados dos de los 450 detenidos.

Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Cacique Nutibara tomó pleno control de lo que sucedía en la zona, como lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus querellas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad han denunciado que la mayoría de los crímenes se cometieron entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, es decir, en meses DSC09028posteriores a la Operación Orión. Asimismo, han elevado denuncias sobre la existencias de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el Bloque Cacique Nutibara tenía fuerte presencia.

Pese a los testimonios que relatan fatídicos finales sobre personas que fueron trasladadas vivas hasta La Escombrera, y luego asesinadas y enterradas; pese al convenio firmado, en 2009, por la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín para realizar la búsqueda de fosas comunes en el Occidente y Oriente de la ciudad, y su recomendación de cerrar definitivamente de La Escombrera; pese a la declaración del extraditado narcotraficante y jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano[ii], alias Berna, donde admitía la alianza entre el Ejército y los paramilitares para llevar a cabo la Operación Orión, a finales del 2002, e implicaba directamente al ex comandante del Ejército Mario Montoya Uribe, y al ex general retirado de la Policía Nacional, Leonardo Gallego Castrillón. Ya son más de cinco millones de toneladas de escombros las que entierran la verdad sin que las autoridades se opongan, y la investigación alrededor de las declaraciones del ex jefe paramilitar no arrojan resultados.

Por esta privación de la verdad y la justicia a la que se han enfrentado los sobrevivientes de las atrocidades cometidas por la Fuerza Pública y por los paramilitares en la Comuna 13, el sábado 21 de mayo las víctimas volvieron a marchar solicitando a las autoridades judiciales y administrativas de la ciudad de Medellín “el cierre absoluto e inmediato de todas las escombreras del sector, para preservar el lugar y evitar que se sigan realizado actividades que impidan encontrar a las personas desaparecidas, que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente en el lugar, tal como lo establecen las normas internacionales. La adopción de políticas y medidas urgentes y concertadas con las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos que representan y acompañan a los familiares, encaminadas a encontrar a todas las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de esta ciudad. Y la protección a la vida e integridad de los familiares que participan en los procesos, que continúan la búsqueda y que exigen el respeto y cumplimiento de las obligaciones estatales”.

Acceda al Comunicado Público



[i] Los operativos militares en la Comuna 13 de Medellín fueron ejecutados por la Fiscalía, el DAS, la Policía Metropolitana, el CTI, la Fuerza Aérea y tropas del Batallón de Infantería “Pedro Justo Berrío” de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con los grupos paramilitares, como lo han corroborado las declaraciones de varios desmovilizados, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Berna.

[ii] “Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya, y el General de la Policía Leonardo Gallego, el Comandante de Policía de Medellín”, testificaba Don Berna, y agregaba: “La policía de Medellín asignó su Unidad Especial Anti Secuestro (GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos conjuntos de la Operación Orión”

Protesta contra la oleada de detenciones de campesinos, sindicalistas y líderes sociales de Arauca.

Por el Respeto a la Vida, la Libertad y la Dignidad de un Pueblo

ImageEl Movimiento Social del Centro Oriente Colombiano denuncia públicamente ante las instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA; ante los entes judiciales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos:

Comunicado por el Respeto a la Vida, la Libertad y la Dignidad de un Pueblo


El Movimiento Social del Centro Oriente Colombiano denuncia públicamente ante las instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA; ante los entes judiciales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos:

1. La persecución con sevicia por parte del Estado y sus instituciones judiciales contra la población civil del oriente colombiano y en especial la carnicería judicial que tienen contra los pobladores de Arauca.

2. El gobierno dice estar desarticulando y acabando las guerrillas y lo que se reciben es represión como pueblo humilde y trabajador. En la operación desafío al ELN, no vemos ni un solo guerrillero preso, pero sí de una forma mercantil entre Ejército, Fiscalía y gobierno departamental de Arauca, se dan el lujo de encarcelar campesinos, obreros, sindicalistas, indígenas, comerciantes y ganaderos, como terroristas y miembros de la guerrilla, como han sido los casos del reconocido ganadero Rodrigo Carrillo Payares en donde fueron detenidas otras 14 personas, el día 19 de octubre del año 2009; los dirigentes indígenas el Cacique Ismael Uncasia Uncasia, la compañera Verónica Solís Fuentes funcionaria de asuntos indígenas y el etno-educador Álvaro Leal Toloza, y los que tienen orden de captura, en el mismo proceso el prestante comerciante Domingo Arévalo, a quien el Estado no sólo ha detenido, sino que también ha secuestrado sus bienes.

3. Como si fuera poco ahora el Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza Pública de una forma despiadada involucra guerrilla, dirigentes sociales y otros miembros de la población civil, en una circular de la interpol; siendo el Estado colombiano capaz de engañar con mentiras a la justicia internacional, y solicitar la captura de civiles como terroristas y guerrilleros, cual es el caso de SAMUEL MORALES FLÓREZ, expresidente de la Central Unitaria de Trabadores (CUT), subdirectiva Arauca y en la actualidad Primer Vicepresidente de este organismo sindical; VÍCTOR JULIO LAGUADO BOHADA, dirigente campesino y miembro de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE); ARIELA GELVIS QUINTERO, dirigente comunal y expresidenta de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS–ESP); FREDY RAMÍREZ BOCOTÁ, indígena del pueblo U’wa y miembro de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR), quien habita en su resguardo con su esposa y sus 4 hijos.

Esta lista de dirigentes sociales y demás civiles incluida en las circulares de la interpol, manifiesta el más alto nivel de degradación del conflicto en Colombia, donde a quien se atropella es a la población civil; quienes no sólo tiene que soportar la agresión por los grupos armados en conflicto, sino también al Estado con sus organismos judiciales, empresas mercantilistas encargadas de encarcelar y quitar los bienes a los oprimidos del país.

Invitamos a los entes internacionales y nacionales que desean la justicia, a condenar las malas y represivas políticas del Estado colombiano, su gobierno e instituciones judiciales que reprimen y atropellan al pueblo trabajador.

Saravena, Arauca, 25 de mayo de 2011.
POR VIDA, SOBERANÍA Y PERMANENCIA EN TERRITORIO
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA

Modificado el ( miércoles, 25 de mayo de 2011 )