domingo, 15 de enero de 2012

Fabio Vargas Herrera desparecido el pasado 28 de noviembre. Es familiar de otras víctimas de desaparición vinculadas a la U.P. y al PCC

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS HUMANOS

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, denuncia a la opinión pública nacional e internacional la desaparición de Fabio Vargas Herrera de 41 años, el pasado lunes 28 de noviembre del presente año, En desarrollo de los siguientes hechos:

1. El señor Fabio Vargas Herrera se dedica a la compra y venta de ganado, motivo por el cual se encontraba desde hace dos meses en la ciudad de Medellín - Antioquia.

2. El día de los hechos le solicita a un compañero de trabajo que lo lleve hasta Belén, comuna nº 16, barrio San Bernardo de Medellín, y le comenta que un señor había lo llamado para una opción de negocio.

3. El señor Fabio Vargas se queda en dicho barrio a la 5:30 de la tarde, y no se vuelve a comunicar, al ver la demora su compañero de trabajo comienza a llamarlo pero este no contesta.

El día de la desaparición el señor Fabio Vargas, vestía una camisa café manga larga, un pantalón jean azul claro, botas Caterpillar color café de cordones y un reloj Forum.

Es de contextura gruesa, cara alargada, color de piel blanca, ojos color café, de aproximadamente 1.74 de estatura, cabello indio, corto negro, al lado izquierdo de la boca tiene una cicatriz.

El padre del desaparecido se encuentra muy preocupado pues su familia ha sido victima de la violencia de este país en anteriores ocasiones, por ser dirigentes sociales. Varios de los miembros de la familia Vargas han sido desplazados, sus fincas quemadas, asesinados y desaparecidos, casos que las autoridades ya conocen y que hasta ahora se encuentran en la impunidad, entre ellos el caso de Octavio Vargas Cuellar (tío de la victima) Representante a la Cámara por la UP asesinado en San José del Guaviare (1986), Gilberto Vargas primo de la victima, Desaparecido, Delio Vargas (hermano), dirigente de PCC Meta y ASCODAS, desaparecido… entre otros.

Exigimos a las autoridades departamentales y municipales iniciar una real, eficaz y eficiente acción de búsqueda y protección a la vida y la dignidad humana que permita ubicar el paradero del señor Fabio Varga Herrera.

Acción Bélica del Ejército Nacional provoca el desplazamiento masivo de 13 familias Indígenas en el Alto Andágueda

Martes 13 de diciembre de 2011, por Orewa

No paran las agresiones contra las comunidades indígenas del departamento del Chocó. Una vez más la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, denuncia nuevas afectaciones en las comunidades indígenas de la etnia Embera Katío del resguardo indígena de Alto Andágueda.

Indígenas | Chocó |

El día 7 de diciembre de 2011, siendo aproximadamente las 7:00 PM, en la comunidad indígena de Chichidó, Cabildo mayor zona uno, resguardo indígena Alto Andágueda, municipio de Bagadó Chocó, miembros del ejército nacional realizaron disparos indiscriminados cerca a las comunidades indígenas de Chichidó y Aguasal. Situación que provocó el pánico en los habitantes de estas comunidades. Posteriormente a eso de las 4:00 AM del 8 de diciembre de 2011, el ejército volvió a realizar disparos indiscriminados muy cerca de la comunidad de Chichidó.

Estos hechos, sumados a la fuerte militarización que se vive en estos territorios indígenas, provocaron el desplazamiento masivo de 13 familias indígenas Embera Katío de la comunidad de bajo Chichidó, las cuales se desplazaron hacia las comunidades indígenas de Currupipi y Cebede. Las comunidades denunciaron que en el momento del desplazamiento casi caen dos niños al río Chichidó, pues además del pánico de la huida, las fuertes lluvias de los últimos días han provocado el deslizamiento de tierra sobre los caminos, impidiendo así el tránsito normal hacia las comunidades Currupipi, Cebede y el casco urbano de Santa Cecilia, Risaralda.

Lo anterior se suma a las continuas denuncias que hemos venido realizando, desde la Asociación OREWA debido a la fuerte militarización que se vive en el Resguardo Indígena del Alto Andágueda, situación que ha provocado, amenazas de grupos armados legales e ilegales, acusaciones y señalamientos del ejército nacional a miembros de las comunidades, intromisión a la justicia indígena, restricción a la libre movilización en el territorio y disparos indiscriminados en las comunidades indígenas.

Es por eso que hacemos responsable al Gobierno Nacional, particularmente al Ejército Nacional por las afectaciones que se están presentando en el resguardo indígena del Alto Andágueda. Así mismo una vez más denunciamos y rechazamos los altos índices de confinamiento, desplazamientos, asesinatos, atentados, amenazas y demás afectaciones que vienen sufriendo las comunidades Indígenas, en todo el departamento del Chocó.

Por último, una vez más hacemos un llamado urgente a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales de defensa de derechos humanos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y demás organismos de verificación para que conformen una comisión que evalué la difícil situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades Indígenas del Resguardo Indígena del Alto Andágueda, en miras de salvaguardar la vida de estás comunidades indígenas.


El Territorio Indígena del Resguardo Alto Río Neguá, afectado por la explotación Minera

Miércoles 7 de diciembre de 2011, por Asociación OREWA

Una vez más la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, rechaza ante la opinión pública las recientes amenazas recibidas contras las autoridades, líderes y miembros de las comunidades del resguardo indígena del Alto Río Neguá a causa de la explotación minera que se tiene previsto desarrollar por empresas mineras en este territorio indígena.

Chocó | Mineros |

Hechos recientes:

Durante las últimas semanas del mes de noviembre del presente año, las autoridades indígenas de la comunidad de Comitá, líderes de la zona y asesores de la Asociación OREWA han sido víctimas de amenazas, debido a las denuncias que se vienen realizado por la explotación minera que la empresa transnacional AngloGold Ashanti tiene planeado iniciar el próximo año en el resguardo indígena del Alto Río Neguá.

Las autoridades indígenas han sido informadas que en San Francisco de Ichó municipio de Quibdó, próximamente se dará inicio a las labores de exploración y explotación minera de los títulos otorgados a la AngloGold Ashanti. De igual manera le han informado a las autoridades Indígenas que en enero de 2012 se iniciará la construcción de una carretera que irá hasta la comunidad de Comitá en la zona nororiente del resguardo indígena del Alto Río Neguá. Las autoridades indígenas han denunciado que ninguna de estas decisiones y acciones institucionales se han informado y consultado de manera adecuada y oportuna con las comunidades indígenas del resguardo del río Neguá.

Las autoridades exigen se respete el territorio indígena, y a su vez la autonomía de las comunidades indígenas quienes han decidido no aprobar o autorizar trabajos de extracción minera en el territorio, mucho menos proyectos de extracción minera a gran escala como proyecta INGEOMINAS.

Los anteriores hechos se suman a las continuas denuncias que han venido realizando las comunidades y autoridades Indígenas en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2005 La comunidad de Comitá, integrada por 16 familias Embera Dobida, denunciaron que funcionarios de INGEOMINAS, en compañía de geólogos de una empresa privada de exploraciones sin identificar, más unidades del Ejército Nacional, ingresaron de manera inconsulta a la comunidad de Comitá resguardo indígena del Alto Río Neguá, allí llevaron a cabo labores de exploración y recolección de material para el proceso de explotación minera correspondiente a títulos otorgados a la empresa minera AngloGold Ashanti.

Contexto y Antecedentes.

El resguardo indígena del Alto Río Neguá se encuentra ubicado en la zona nororiental del municipio de Quibdó. Este resguardo esta conformado por 97 familias indígenas pertenecientes al pueblo Embera Dobida, distribuidas en tres comunidades, las cuales son Necorá, Comitá y el Guamo. A estas comunidades les fue reconocido el título del resguardo indígena mediante resolución del INCODER en el año 2000, el resguardo indígena tiene una extensión de 5.265 hectáreas, las cuales colindan con la cabecera del río Neguá, el resguardo indígena del Río Ichó , la quebrada Baratúo y el Consejo Comunitario local del río Neguá, perteneciente a COCOMACIA.

A finales del año 2000 un minero proveniente del Valle del Cauca ingresó con 3 retroexcavadoras al territorio del resguardo indígena con el apoyo de los grupos armados que hacen presencia en la zona, lo cual se suma a la omisión de la Corporación Regional CODECHOCÓ, encargada del control ambiental del departamento.

En ese momento autoridades indígenas interpusieron viarias denuncias por la violación del territorio indígena. Sin embargo, cuando las comunidades Indígenas salieron a impedir la explotación minera en el resguardo, fueron perseguidos por miembros de grupos armados quienes los amenazaron, forzando a las autoridades indígenas a “permitir” las labores de explotación minera en el territorio. De esta manera bajo intimidaciones y presiones los miembros de la comunidad de el Alto río Neguá vieron como las dragas seguían avanzando hacia el interior del territorio del resguardo.

Posteriormente en el año 2003 ingresó al territorio del resguardo el señor Ezequiel Uribe Gutiérrez, empresario minero, quien expuso estar interesado en llevar a cabo un proceso de consulta previa con las autoridades del resguardo. Esta supuesta consulta se llevó a cabo sin la participación de las autoridades competentes en el orden nacional o regional, sin la veeduría de los organismos de control y sin las garantías necesarias para este tipo de procesos, dado que los integrantes de la comunidad no fueron informados de manera adecuada sobre el proyecto y mucho menos se les explicó el impacto que tendría sobre la comunidad y el medio ambiente.

Desde ese momento se han intensificado las actividades ilegales de explotación minera en el resguardo del alto río Neguá, lo cual justificó la invasión del territorio de El Guamo por parte de mineros que han instalado un campamento permanente cercando la comunidad. Además el señor Ezequiel de Jesús Uribe Gutiérrez solicitó título para explotación de minerales en 2006, el cual le fue otorgado el 15 de febrero de 2007, contrato con el cual se autorizó la explotación de oro y platino en jurisdicción del municipio de Quibdó hasta febrero de 2037 en un área de más de 402 Hectáreas.

Sin embargo, lo peor está por venir, dado que casi la totalidad del territorio del Resguardo, así como de los resguardos aledaños (Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó) han sido concesionados a la empresa AngloGold Ashanti, con 15 títulos otorgados (13 directamente y 2 a su filial Exploraciones Chocó Colombia S.A.) que representan una gran zona de explotación minera que abarca 43.298 Hectáreas.

Por lo anterior Exigimos:

Al Ministerio del Interior: informe sobre los procesos de certificación y consulta previa que se vienen llevando a cabo para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó.

Al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: informe sobre los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó.

A CODECHOCÓ: informe sobre los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de explotación minera en los Resguardos Embera Dóbida del Alto río Neguá, Bebará, Bebaramá y Baratudó y río Ichó y los mecanismos de mitigación de los impactos ambientales que se generarían con dichos proyectos.

Consejo de Autoridades Indígenas Asociación OREWA 04 de diciembre de 2011

Incremento de denuncias de desaparición forzada. 287 desaparecidos en 3 meses de gobierno de Santos

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Incremento de denuncias de desaparición forzada.

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

Derecho a la Vida | Víctimas de Crímenes de Estado |

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]

Solo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]

De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]

Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación. Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.

A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.

Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.

No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.

En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.

Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].

Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.

6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:

a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y

c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.

Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos

Notas

[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.

[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...

[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...

[4] Christian Salazar,Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.

[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".