VÍDEO: EL BAILE ROJO, plan de exterminio de una coalición de izquierdas (5.000 asesinados aprox) ejecutado por el Estado colombiano.

Aproximadamente son unos 5.000 asesinados o desparecidos miembros de la coalición Unión Patriotica, movimiento político de la izquierda colombiana. El proceso de exterminio comenzo en 1986 y durante el gobierno de Uribe han sumado más de 150 asesinatos de miembros de la extinguida U.P.



La U.P. llegó a tener el 10 % del electorado colombiano y en departamentos como el Meta alcanzó el 30 %. Todos sus cargos públicos fueron asesinados: congresistas, alcaldes y concejales. También fueron asesinados los dirigentes de la organización y militantes de base. Muchos tuvieron que salir del país para salvar sus vidas.



Estos crímenes fueron perpetrados por agentes de la fuerza pública y escuadrones de la muerte (conocidos como paramilitares), creados por el Estado colombiano.



La U.P. estaba integrada por sindicalistas, miembros de asociaciones campesinas, partidos de izquierdas, intelectuales y también se sumaron a ella ex-guerrilleros que habían decidido abandonar las armas creyendo en la propuesta de diálogo del Pte. Belisario Betancourt.



Los familiares de las víctimas sin posibilidad de encontrar justicia en su país se han dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A (caso 11.227), denunciando al Estado colombiano por genocidio político.



Miren el trabajo documental de la Corporación Reiniciar:

PARTE 1/6


PARTE 2/6


PARTE 3/6


PARTE 4/6


PARTE 5/6


PARTE 6/6

HASTA EL 50% DEL PODER LEGISLATIVO PODRÍA ESTAR CONTROLADO POR EL PARAMILITARISMO

EL NARCOTRAFICANTE Y JEFE PARAMILITAR, SALVATORE MANCUSO, AFIRMÓ EN UNA ENTREVISTA QUE HASTA EL 50% DE LOS CONGRESISTAS PODRÍAN HABER SIDO ELEGIDOS POR DECISIÓN DE LOS PARAMILITARES.



EL NARCOTRAFICANTE Y JEFE PARAMILITAR, SALVATORE MANCUSO, AFIRMÓ QUE MULTINACIONALES FINANCIARON A LOS PARAMILITARES. Recuerden los más de 2500 sindicalistas asesinados por el paramilitarismo en los últimos 10 años.

URIBE Y SUS ESCUADRONES DE LA MUERTE (EL PARAMILITARISMO)

DIVERSOS VÍDEOS MUESTRAN LAS RELACIONES DE URIBE CON LOS PARAMILITARES:

Por último un documental corto, pero muy ilustrador sobre Alvaro Uribe.

PADRES DE LOS ESTUDIANTES MUERTOS EN EL ATAQUE DEL EJERCITO COLOMBIANO EN SUELO ECUATORIANO DENUNCIARAN AL GOBIERNO DE COLOMBIA

VER VÍDEO DE TELESUR:

El Gobierno Incumple Acuerdos Frente a la Masacre del Nilo

[Movice] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

[ 05/19/2008] [ ] [ Autor: Junta Directiva de Autoridades Tradicionales de la ACIN]

El 16 de diciembre de 1991 fue realizada la masacre del Nilo contra el pueblo Nasa (paeces) del Norte del Departamento del Cauca. Masacre cometida con la complicidad de algunos políticos de la región, terratenientes, narcotraficantes y asesinos a sueldo y con la participación de la fuerza pública. Fueron asesinados 20 compañeras y compañeros entre jóvenes, niños y adultos. Todos indefensos. Masacrados por reclamar un espacio para poder sobrevivir.

Entre el 21 de Diciembre de 1991, 5 días después de cometida la masacre y el 13 de Septiembre de 2005, se celebraron 13 Acuerdos en los que el Estado Colombiano, a través de diferentes instancias y Gobiernos se compromete con reparar de manera individual y colectiva a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. Estos acuerdos incluyen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en el informe de esta entidad fechado el 13 de Abril de 2000 en el que recomienda al Estado cumplir con los compromisos relativos a esta reparación integral. Es importante recordar que nos fue necesario recurrir a la CIDH una vez agotadas todas las instancias Nacionales sin poder lograr justicia y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos.

El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la Masacre del Nilo y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de Justicia, Reparación Individual y Colectiva. El propio Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado Colombiano a las victimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa.

La reparación individual consiste en la indemnización a los familiares de las víctimas y la colectiva en adquirir 15.663 hectáreas y el apoyo al Plan de Vida para disminuir el 78% de necesidades básicas insatisfechas, además de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación del pueblo Nasa.

El actual Gobierno se comprometió el 13 de Septiembre de 2005 a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hoy, 19 de Mayo de 2008, no ha cumplido. Además de dilatar con maniobras administrativas y trámites burocráticos, el Gobierno ha desinformado a la opinión pública manifestando contra toda evidencia haber cumplido y ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas que utiliza como excusa para no cumplir con sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos. Ha lanzado una campaña de difamación y propaganda contra los pueblos indígenas para negarnos el derecho a la reparación y a nuestros territorios. Finalmente el 15 de Marzo de 2008, durante un Consejo Comunitario en Popayán, el Presidente Uribe ofrece recompensas por los indígenas que realicen acciones de hecho para hacer cumplir los acuerdos y compromisos. Mientras actúa de esta manera contra el pueblo Nasa, concede derechos territoriales a multinacionales a paramilitares y terratenientes.

Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha cumplido con la indemnización a los familiares de las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663 hectáreas y no ha iniciado el apoyo al plan de vida que permita resolver NBI en el marco de autodeterminación, según artículos constitucionales y convenios internacionales. Lo más grave es que no se ha judicializado y se protege a los responsables de la masacre.

Lo que ha sucedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo: la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año 2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesinados tres indígenas a partir de la firma del último acuerdo durante acciones de la Fuerza Pública para reprimir movilizaciones reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Han ocurrido un gran número de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos. Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del área donde debía realizarse la reparación integral al pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca, historia que se repite tristemente a lo largo y ancho del territorio Colombiano.

Hemos persistido más allá de todos los límites razonables y justos, con enorme paciencia, en buscar salidas prácticas a los acuerdos y en encontrar alternativas viables. La actitud de los delegados del Gobierno que hemos constatado en estas reuniones es siempre la misma: dilatar, prometer y no dar pasos concretos para cumplir. No existe, a la fecha un estudio serio, técnicamente elaborado para realizar un plan operativo integral en función del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH lo que impide una efectiva apropiación presupuestal para la realización de la reparación integral frente al daño causado por la masacre del Nilo. En el ámbito local de los municipios del Norte del Cauca, una vez se identificaron predios apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se desarrollan toda clase de estratagemas y excusas para impedir su compra. Estas van desde amenazas a los propietarios que deciden vender, presentación de objeciones argumentando que estos predios son de interés de campesinos y afro descendientes hasta la creación de impedimentos basados en los Planes de Ordenamiento Territorial y megaproyectos de interés de multinacionales con presencia en la zona. Contrario a la evidencia de los hechos, los funcionarios delegados insisten en manifestar la voluntad política del gobierno de cumplir. Mientras tanto, al más alto nivel se expresa como política de Estado la decisión de no cumplir, de no entregar “un sólo centímetro mas de tierra a los indígenas” y de proteger terratenientes, paramilitares y megaproyectos. Desarrollan además una campaña destinada estigmatizar la organización indígena acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla.

El gobierno tiene como política los proyectos de las transnacionales ya que mientras incumple con las comunidades, aprueba leyes que les facilitan la apropiación de recursos de la naturaleza y estas ingresan a nuestro territorio respaldadas por la fuerza pública, a la vez que llegan paramilitares denominados las águilas negras. Hay quienes instigan a campesinos y afro descendientes a ocupar predios indígenas para fomentar un conflicto entre despojados que encubra la intención de incumplimiento por parte del Estado.

El Gobierno de Colombia viene implementando la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, desarrolla una política Nacional de despojo territorial al servicio de intereses privados y ha perdido legitimidad y credibilidad no sólo porque no cumple con la palabra reiteradamente comprometida sino que además esta seriamente cuestionado por sus vínculos criminales.

En este contexto, las autoridades tradicionales responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que le pueda suceder a las comunidades indígenas por causa del incumplimiento de los acuerdos realizados, por no tener compromiso con la reparación integral a las víctimas, por dilatar las negociaciones para beneficiar a las transnacionales negándose a realizar una efectiva reforma agraria que de hecho resolvería el problema de indígenas, campesinos y afro descendientes, por promover el terror, el despojo y la violencia, por engañar a la opinión pública y difamarnos y por implementar planes integrales cuyo objetivo definitivo es destruir nuestros procesos y territorios.

Una Comisión Garante de la que hace parte el Juez Baltasar Garzón del Centro para la Paz de Toledo, ha sido testigo de estos hechos y respalda nuestra verdad.

El Gobierno Colombiano no cumple con los acuerdos adquiridos porque su política va dirigida a ocupar nuestros territorios y destruir nuestro Plan de Vida. Ante esta realidad y como defensores y promotores de la Vida, debemos resistir y llamamos a la humanidad a que nos acompañen en esta lucha desigual. Somos víctimas dignas. Somos defensores del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). Nuestro proceso es un patrimonio de la Vida y de Toda la Humanidad. La tierra es nuestra Madre y por defenderla y reclamarla debemos decir la verdad y convocar a la resistencia y a la justicia.

JUNTA DIRECTIVA DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN.
RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, MAYO 19 DE 2008.

http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=7813

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
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Web: www.nasaacin.org
Santander de Quilichao Cauca -Colombia

Dos personas asesinadas. Bajo San Juan.

Movice] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Buenos días!

La noche de ayer fuimos informados por un comunero del Bajo San Juan, acerca de dos personas asesinadas y 5 más desaparecidas. Hoy se comunica de nuevo y nos aclara que al llegar a Puerto Pisario verificó que el único cuerpo encontrado fue el del exgobernador Ovídio Málaga, hayado en la Quebrada El Tigre en el resguardo de Agua Clara y que el aforcolombiano Rodrigo López se encuentra desaparacido con tres afrocolombianos más.

También nos ratifica que la comunidad se encuentra muy preocupada por los hechos sucedidos y temen por la vida de los afrocolombianos que aún no aparecen.


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En Medellín, prohíben acto de víctimas durante Asamblea de la OEA

Medellín, may. 30 (IPC) Las víctimas de la violencia paramilitar en Medellín vuelven a perder espacios de expresión, esta vez por orden de la Presidencia de la República, que prohibió cualquier actividad pública, concentración o movilización durante las sesiones en esta ciudad de la XXXVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que inician este domingo y finalizan el martes 3 de junio.

La decisión afecta el acto simbólico denominado “Sin dignidad y libertad para los pueblos, no hay democracia” programado para el próximo martes 3 de junio por un conjunto de organizaciones sociales no gubernamentales que agrupan y trabajan con personas afectadas por la violencia paramilitar y que se realizaría en la plazoleta central del centro administrativo La Alpujarra como colofón al encuentro anual de países americanos.

Los permisos correspondientes habían sido tramitados ante la Alcaldía de Medellín desde abril pasado, se finiquitaron durante una reunión celebrada el viernes 23 de mayo entre los organizadores del evento y el Secretario de Gobierno de la ciudad, Jesús Ramírez, y se ratificaron mediante carta fechada el 29 de mayo pasado firmada por Carlos Andrés Pérez Múnera, Subsecretario de Orden Civil.

No obstante, este viernes 30 de mayo, los organizadores recibieron una llamada de funcionarios de la Alcaldía de Medellín que les anunciaron el retiro del permiso para el acto simbólico y la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad pública, concentración o movilización, sustentando su decisión en una “orden presidencial”.

Este tipo de situaciones no es nuevo para el conjunto de organizaciones sociales que, desde Medellín, acompañan el trabajo de las víctimas del paramilitarismo. El más reciente ocurrió durante las jornadas de víctimas de crímenes de Estado en septiembre del año pasado. En esa ocasión, la Alcaldía levantó la galería de la memoria, conformada por cientos de adobes que representaban a los muertos y desaparecidos durante el conflicto armado, con el argumento de que el permiso tenía restricciones horarias.

“Es un irrespeto”
Adriana Arboleda, abogada del Colectivo de Abogados Semillas de Libertad (Codhesel), quien hace parte del grupo organizador, explicó que el acto simbólico, como evento alterno a la actividad oficial de la Asamblea, busca mostrar a las víctimas y su situación en la ciudad, el departamento y el país, frente a los temas de verdad, justicia y reparación, aprovechando la presencia de los delegados de la OEA.

“Nuestro propósito es aprovechar que la Asamblea de la OEA discutiría el tema de la democracia para mostrar cómo se siguen incumpliendo los derechos de las víctimas, que tiene que ver con democracia”, dijo Arboleda.

Prohibir un acto como el programado por las organizaciones de víctimas, a juicio de Arboleda, es una manera de “criminalizar la opinión y la expresión de las víctimas”.

“Además, es obvio lo que hay detrás de esa prohibición: mostrar a Medellín como una ciudad sin problemas, cuando lo cierto es que está paramilitarizada, con altos niveles de exclusión social, donde no es posible que se respeten las víctimas y sus expresiones públicas”, precisó la abogada de Codhesel.

Igual sentimiento expresó Amparo Mejía, presidenta de la Corporación Madres de la Candelaria - Línea fundadora, que agrupa a más de 500 mujeres afectadas por la pérdida violenta de sus esposos, hermanos, hijos y familiares cercanos en hechos asociados al conflicto armado que vive el país.

“Me parece que la decisión es una falta de respeto con las víctimas, con la libre expresión”, recalcó Mejía y agregó que si bien el Alcalde de Medellín y la Presidencia de la República quieren mostrar “la Medellín soñada”, la intensión de las víctimas es mostrar “el día a día de la realidad antioqueña”.

“Si las autoridades hablan de todo lo bonito que tiene la ciudad y el departamento, nosotras, como madres, esposas, hermanas e hijas de muertos y desaparecidos por la violencia queremos hablar del dolor que representamos en Medellín y Antioquia, eso es lo que queremos expresar”, reiteró Mejía.

Y ese día a día del que habla Amparo Mejía, que se obstinarán en mostrar el 3 de junio, así los permisos hayan sido retirados, se refleja en niños y niñas reclamando a sus padres, y en unas comunidades exigiendo justicia. Por eso, al decir de esta líder social, “Medellín y Antioquia, no es como la pintan en la OEA”.

"Montería", a responder por muerte de profesor de Udea

PUBLICADO EN www.elheraldo.com.co
14/06/2008

Un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dictó medida de aseguramiento a Carlos Arturo Romero Cuartas, alias 'Montería', del Bloque Norte de las AUC, por el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freyter Romero, de la Universidad del Atlántico.

El paramilitar, mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', comandante del Bloque Norte, deberá responder como coautor de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir.
El crimen ocurrió el 28 de agosto de 2001 en la calle 53D con carrera 26 de Barranquilla, cuando el docente pensionado fue secuestrado y al día siguiente su cuerpo fue hallado en el corregimiento Palermo, en jurisdicción de Ciénaga, en el Magdalena.

Alias 'Montería', ya fue condenado en mayo pasado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de la OIT a cumplir 22 años de prisión por el asesinato de Ricardo Luis Orozco, vicepresidente de la Junta Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud.

El 21 de abril de 2001 Ricardo Luís Orozco cumplía una cita con Judith Castillo Caro, fiscal de Anthoc, en el municipio de Soledad, cuando fue asesinado de cuatro disparos, luego que un agente activo del Gaula de nombre Julio César Pacheco Bolívar, proporcionara la ubicación a alias 'Montería' de donde se encontraba la víctima.

LO QUE CNN NUNCA LES CONTARÁ SOBRE COLOMBIA

LAS AGUILAS NEGRAS (LOS MERCENARIOS NUNCA SE DESMOVILIZARON, SÓLO CAMBIARON DE NOMBRE).

VER VÍDEO:

‘Águilas Negras' están en Bogotá

Esta semana, a través de amenazas contra defensores de derechos humanos, se visibilizó el rearme paramilitar en Bogotá. Defensoría del Pueblo lo advirtió.

Publicado en www.elespectador.com
Por la Redacción Nacional. 19/03/2008.

El grupo armado de las Águilas Negras, a través de su Bloque Metropolitano, ya opera y extiende sus estrategias de terror en Bogotá. Desde hace 18 meses, la Defensoría del Pueblo, por conducto de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), venía advirtiendo sobre la formación de esta expresión violenta en la localidad de Ciudad Bolívar y en el sector de los Altos de Cazucá, en el vecino municipio de Soacha. Hoy es una realidad que ya tiene claros objetivos militares y que está desplegando una ola de amenazas hacia diversos sectores en la capital de la República.

Hace tres meses, en su último informe de riesgo, la Defensoría del Pueblo instó a la Presidencia, el Ministerio del Interior, la oficina del Alto Comisionado de Paz, las alcaldías de Bogotá y Soacha y la Gobernación de Cundinamarca, a adoptar medidas urgentes de protección para neutralizar esta amenaza contra la población civil en el corazón del país. Ahora es una evidencia que estas mismas instancias oficiales confrontan y que, después de la marcha del pasado 6 de marzo, ha cobrado dimensiones de alarma en Bogotá, especialmente entre los organizadores de esta movilización de protesta.

De hecho, el pasado miércoles 12 de marzo empezaron a circular en apartados sectores de Ciudad Bolívar y los Altos de Cazucá hojas amenazantes con siniestros dibujos y agresivos mensajes, destinados a anunciar que varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y algunos líderes sociales han sido declarados como objetivos militares. Los volantes aparecen avalados por dos expresiones armadas: Águilas Negras presente y Bloque Metropolitano de Bogotá, y anuncian asesinatos y el seguimiento estrecho de sus actividades.

Los documentos fueron conocidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que inicialmente han constatado que no distan mucho de las advertencias formuladas por su Sistema de Alertas Tempranas, en el sentido de que grupos armados ilegales derivados de las autodefensas, a través de correos electrónicos con mensajes intimidatorios, panfletos y hurtos de información, idearon el propósito de crear un ambiente de incertidumbre, miedo e indefensión entre algunas personas y comunidades, y ahora están pasando de las amenazas a los hechos.

Los mensajes están dirigidos, entre otros, al ex concejal de Bogotá Bruno Díaz, de quien dicen "eres hombre muerto", e implican también a diversas organizaciones sociales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, que actualmente labora en protección de comunidades en zonas vulnerables, y la Corporación Reiniciar, que impulsa en la Comisión Interamericana el proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica.

De igual modo, las amenazas, que han venido orientándose de manera específica vía internet, incluyen a las organizaciones Fundip, Asipron, Andas, Asodego, Fenacoa, Asomujer, y especialmente a quienes promovieron la marcha del 6 de marzo en rechazo al paramilitarismo, los crímenes de Estado y la parapolítica. "Ustedes utilizaron dicha marcha para hundirnos más y poner a la gente en contra nuestra. Comenzaremos a matarlos", señala uno de los mensajes. Es el mismo tono de las intimidaciones advertidas en sus informes de riesgo por la Defensoría del Pueblo desde hace 18 meses.

El presidente Daniel Ortega califica a Uribe de Terrorista, junto a 3 mujeres sobrevivientes de ataque del Ejército colombiano.

2 ciudadanas colombianas y una mejicana que sobrevivieron al ataque del Ejército colombiano en suelo ecuatorianio denuncian, con el apoyo del Presidente nicaragüense, a Alvaro Uribe, a quién califican como sanguinario. Una de ellas advierte que Uribe preferiría que estuvieran muertas, porque son testigos fundamentales en el caso del ataque a territorio ecuatoriano.

VER VÍDEO:

Petro, otros campesinos y defensores de derechos humanos fueron cercados y retenidos por individuos entre los que habían reconocidos paramilitares.

Por el cumplimiento con urgencia de los compromisos acordados con la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó

En el día 20 de Junio desde las 9:50 a.m. tres defensores de derechos humanos de la reconocida Comisión de Justicia y Paz, ABILIO PEÑA, FABIO ARIZA y ZENAIDA PARRA, cinco pobladores de Curvaradó, entre ellos, el reconocido adulto mayor, ENRIQUE PETRO, y una menor de 5 meses se encuentran cercados por trabajadores y ocupantes de mala fe de los predios individuales y colectivos de las comunidades negras de Curvaradó en el camino que conduce del caserío de Caracolí a Caño Manso.

Entre los ocupantes de mala fe estaban LUIS FELIPE MOLANO, conocido como "El Tío", JOSE BUITRAGO, ANTONIO ARGOTE y DARIO BLANDON, personero del municipio de Riosucio; 8 trabajadores con machetes y palos. Igualmente, MANUEL MOYA LARA, y 5 habitantes que no son de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, entre ellos NEMESIO CUESTA, JAIME BEITAR, EUGENIO PALACIOS y los reconocidos integrantes de la estructuras paramilitares, uno de ellos JOSE PALACIOS, conocido como "El Diablo" y otro como "El Dólar" quién trabajó con desgraciadamente famoso paramilitar CARLOS CASTAÑO en La Tangas.

Además del cerco arengaron a las comunidades y a los defensores de derechos humanos acusándolos de ser los ocupantes de mala fe y ser invasores y los registraron agresivamente con una grabadora. Igualmente, uno de los ocupantes de mala fe agredió al reconocido defensor de derechos humanos ABILIO PEÑA, mientras grababan a los cercados.

Las personas de las comunidades y los defensores de derechos humanos fueron rodeados impidiéndoles seguir el camino, luego estrecharon el cerco con varios caballos. Finalmente se apostaron a eso de las 10:10 a.m. automotores, impidiendo el paso por la vía que conduce de Brisas a Riosucio. Primero una camioneta LUV blanca de placas FGS 100 de Envigado,17 minutos después, una camioneta Toyota azul de placas CBZ 144 de Sabaneta, la cual se conoce como propiedad de los palmicultores.

Estos pobladores participaron en el día 19 en la reunión de planeación de la verificación para la delimitación de predios realizada en Caracolí, tal como fue acordado con el gobierno nacional a instancias de la Vice Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Agricultura.

Esta delimitación es un paso previó a la restitución material de la propiedad colectiva e individual en el Curvaradó. De estas propiedades sus legítimos dueños fueron desalojados por operaciones paramilitares que ocurrieron con actuaciones de la Brigada 17 y con una actitud tolerante y omisiva frente a estas estructuras criminales desde el año 1996, 1997 y 2001. Estos predios se encuentran sembradas ilegalmente con palma y otros convertidas en hatos de extensión ganadera.

En la tarde anterior el oficial HERRERA se comprometió a estar presente con unidades policiales de modo perimetral en la verificación y delimitación.

Las unidades policiales solamente llegaron al lugar de los hechos a la 1:20 p.m. luego de que fueron informados a eso de las 10:30 a.m. por parte del Gobierno Nacional. La policía argumentó falsamente que los pobladores se negaron a aceptar su presencia. Posteriormente indicaron que se demorarían en llegar al lugar por temor a emboscadas de actores ilegales. Argumento falaz pues se conoce que desde hace más de 11 años no existe presencia guerrillera en ese territorio Colectivo y solamente se conoce de presencia de "Águilas Negras" cuyos efectivos permanecen en Belén de Bajirá en una convivencia evidente con las unidades policiales.

Afortunadamente y tras largas esfuerzos hacia las 3:40 p.m. los pobladores de Curvaradó y los defensores de derechos humanos acompañados por Peace Brigades International, PBI, y otros integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz regresaron al caserío de Caracolí.

ANTE ESTA SITUACIÓN DE CLARA AGRESIÓN A LA LIBRE CIRCULACIÓN Y DE OBSTACULIZACIÓN A LA RESTITUCIÓN JUSTA DE LAS TIERRAS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA requerimos lo siguiente:

Cumplimiento con urgencia de los compromisos acordados con la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó respecto a la delimitación de los predios y la restitución material de la propiedad.

1. Presencia perimetral de las unidades policiales a los funcionarios de gobierno que deben realizar la delimitación de la propiedad
2. Intervención sobre la Policía de Belén de Bajirá por sus actuaciones tolerantes, cómplices con los ocupantes de mala fe y estructuras de las "Águilas Negras"

RED CANARIA por los DDHH en COLOMBIA.

Islas Canarias, España

Petición firmada por 18 organizaciones solicitando al Gobierno de Zapatero que rectifique su política exterior de apoyo al Gobierno de Uribe.

Posterior a la entrega de firmas se han adherido más organizaciones.

AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Excelentísimos e ilustrismos miembros del Gobierno de España, nos dirigimos a ustedes para hacerles saber que un grupo de personas, actuando tanto de forma individual como en representación de colectividades (Organizaciones de solidaridad, sindicales, políticas …), nos hemos propuesto la tarea de articular un espacio de solidaridad desde Canarias con los movimientos sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, políticos, … de ciudadan@s colombian@s que sufren persecución, asesinatos, desapariciones y todo tipo de violaciones de Derechos Humanos por el simple hecho de desarrollar actividades en defensa de sus intereses. Sus acciones de protesta o denuncia están amparadas formalmente en el derecho a reunión, a la tutela judicial, a la libertad sindical, a la libertad de expresión, … sin embargo, en muchas ocasiones les cuestan la vida.

Queremos que el Gobierno de España esté al tanto del Informe sobre Derechos Humanos 2002/2006 publicado en enero de 2007 por la Comisión Colombiana de Juristas (filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, con estatus consultivo ante la ONU). En el mismo registraron 6.406 casos de homicidios y desapariciones sucedidos entre junio de 2002 y julio de 2006 en contexto ajeno al combate, por motivos sociopolíticos, y donde se logró identificar al autor o presunto autor genérico. En el 75,15 % de casos se señala como responsable al Estado colombiano, es decir, un total de 4.815 víctimas mortales, por perpetración directa de agentes estatales, el 14,17% (908 víctimas); por tolerancia o apoyo a los crímenes cometidos por grupos paramilitares, el 60,98% (3.907 víctimas). El mismo informe indica que se atribuye a las guerrillas el 24,83 % (1.591 víctimas). Si sumamos los casos en los que no se tienen datos del autor o presunto autor la cifra de víctimas mortales en dicho periodo de 4 años asciende a 11.292. Finalmente añadiendo las muertes resultado de combates entre las fuerzas beligerantes del conflicto armado el registro fue de 20.102 muertos en el mencionado tiempo[i]. No podemos pasar por alto que el 56,17 % de las muertes violentas o desapariciones por motivos sociopolíticos se producen en contexto distinto al combate (personas asesinadas en sus puestos de trabajo, en sus casas o en la calle, …) y ya vimos que el informe nos indica que el Estado, por apoyar o tolerar la acción de grupos paramilitares o por la acción directa de sus agentes, es el principal responsable o presunto responsable genérico (75,15 %). Estamos hablando de Terrorismo de Estado practicado de forma sistemática.

Entre julio de 2006 y junio de 2007, se registraron 287 violaciones al derecho a la vida directamente cometidas por agentes estatales (51 desapariciones forzadas y 236 ejecuciones extrajudiciales). Si a esas muertes se suma lo registrado durante los cuatro años precedentes (julio de 2002 a junio de 2006), se tiene un total, durante el tiempo de implementación de la política de “seguridad democrática” del Presidente Uribe Vélez, de 1.190 víctimas mortales por la acción directa de los agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales)[i].

Históricamente, los Paramilitares han sido los que más han violado el Derecho a la Vida. Si sumamos los homicidios y desapariciones, en contexto ajeno al combate, cometidos por éstos desde julio de 1996 hasta julio del 2006 la cifra asciende a 14.444 personas civiles muertas (el 71,06% en 10 años). Los paramilitares continúan siendo los principales violadores del Derecho a la Vida, a pesar de sus negociaciones con el Gobierno de Uribe, supeditadas teóricamente al cese de hostilidades. Desde el inicio de esas negociaciones el 1º de diciembre de 2002 hasta el 31 de julio de 2006, al menos 3.005 personas fueron asesinadas o desaparecidas presuntamente por paramilitares[ii]. Sin embargo, el gobierno impulsa legislación que puede dejar en la impunidad muchos crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos (Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz). Así lo denuncian la Comisión Colombiana de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y muchas otras instituciones.

Ante estos terribles hechos hacemos la siguiente reflexión. Las medidas de la mal llamada “Política de Seguridad Democrática (PSD)” implementada por el Gobierno de Uribe ha creado un estado de excepción. Bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo” se vincula con la insurgencia armada cualquier actividad de protesta o crítica hacia las políticas del Gobierno. Así se aniquilan organizaciones populares campesinas, sindicales, …, acusando a sus dirigentes de guerrilleros y sometiéndolos a persecución, hostigamiento y judicialización en el mejor de los casos, ya que la práctica sistemática del Terrorismo de Estado ha segado la vida de miles de personas. El término “democracia” es imposible aplicarlo en este contexto.

Partiendo de que España se constituyó en un Estado Social y Democrático de Derecho, su gobierno no puede pasar por alto esta situación en la implementación de su política exterior. Conociendo la gran cantidad de acuerdos existentes con el Estado Colombiano, como por ejemplo: el Programa Financiero, renovado en 2005, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el Convenio para Evitar la Doble Imposición y, sobre todo, el firmado el 23 de enero de 2008, llamado Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), que coloca las relaciones bilaterales en el más alto nivel y que regulará la relación de los dos Estados en ámbitos como inmigración, comercio, cultura, cooperación judicial o lucha contra “el terrorismo y el narcotráfico”. Y además, estando al tanto de las ventas de material militar español a Colombia, concretadas en 13 millones de euros el año 1998 y 11 millones de euros en el año 2003 por la venta de 2 aviones militares CN-235;

LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES SOLICITAN SE RECTIFIQUE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA CON RESPECTO A COLOMBIA, GUIÁNDOSE POR LAS SIGUIENTES DIRECTRICES:
1. Rechazo público del Gobierno español a la política del Gobierno colombiano de negación de la existencia del conflicto armado interno con sus orígenes políticos, económicos y sociales.

2. Reconocimiento del estatus de fuerza beligerante a las partes del conflicto armado. Exigir a ambas partes (Estado y Guerrillas) el respeto al Derecho Humanitario de la Haya y de Ginebra (protección de civiles, prisioneros de guerra, no utilización de medios y métodos prohibidos en la guerra, …).

3. Suspensión de la venta de material militar a Colombia mientras no se solucione el conflicto armado interno que vive el país.

4. Apoyar la adopción de la vía del diálogo y la negociación para buscar un final a la prolongada guerra civil que vive Colombia. Un gran dialogo nacional que incluya a todos los sectores, tanto armados como no armados (partidos políticos, sindicatos, asociaciones campesinas, estudiantiles …), única vía posible para una necesaria transformación del Estado que garantice los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas a todos los ciudadanos y con ello fraguar una paz duradera.

5. Supeditar cualquier acuerdo con dicho Estado al fin de la violación sistemática de Derechos Humanos tanto por fuerzas regulares del Estado como por irregulares (paramilitares) que actúen con la colaboración de las primeras. En tal sentido, el gobierno español debe estar al tanto de los informes de la O.N.U. y organizaciones con estatus consultivo ante la ONU, como la Comisión Colombiana de Juristas, de la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A. y de la O.I.T. Igualmente debe mantener contactos con las principales Centrales Sindicales de Colombia para recabar información sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores sindicalizados.

6. Exigir a las empresas españolas que operan en el país informes sobre la seguridad de todos sus trabajadores, especialmente de los trabajadores que integren los comités de empresa y secciones sindicales de sus centros.

7. No tomar ninguna medida que ignore la Proposición No de Ley sobre el condicionamiento de la Ayuda al Desarrollo al respeto a los Derechos Humanos, adoptada en el Congreso de los Diputados en junio de 2004.

La Laguna, a 18 de febrero de 2008.

ORGANIZACIONES FIRMANTES.

1. ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CANARIO (AMEC)

2. ASOCIACIÓN CANARIA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI.

3. ENSEÑANTES ASAMBLEARIOS DE CANARIAS (E.A. CANARIAS)

4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (P.C.P.C)

5. ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (A.N.C.)

6. ASOCIACIÓN JUVENIL TAHIME.

7. JUVENTUD COMUNISTA DE CANARIAS.

8. SINDICATO DE OFICIOS VARIOS – CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (C.N.T.)

9. SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN, METAL Y MADERA – CONFEDERACIÓN NALCIONAL DEL TRABAJO (C.N.T.).

10. COMISIONES DE BASES CANARIAS (COBAS. CANARIAS.)

11. GABINETE DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE TENERERIFE (U.G.T.-TFE)

12. ÁREA DE INMIGRACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T. – CANARIAS).

13. COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ DE TENERIFE.

14. IZQUIERDA UNIDAD DE TENERIFE (I.U.C. – TENERIFE).

15. PARTIDO COMUNISTA DE CANARIAS – TENERIFE. (P.C.C.-TENERIFE)

16. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE COMISIONES OBRERAS CANARIAS (CC.OO. – CANARIAS).
17. PLATAFORMA BOLIVARIANA DE TENERIFE.

18. COMITÉ CANARIO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS (C.C.S.P.)

19. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DE INTERSINDICAL CANARIA

ORGANIZACIONES QUE SE HAN ADHERIDO POSTERIORMENTE

20. UNIDAD DEL PUEBLO.

21. SINDICATO DE ESTUDIANTES CANARIO.

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[i] “236 casos de falsos positivos entre julio de 2006 y junio de 2007 documenta informe sobre ejecuciones extrajudiciales entregado a

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[i] Informe: Colombia 2002-2006: Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Comisión Colombiana de Juristas. Calle 72 Nº 12-65 piso 7. Bogotá – Colombia. Teléfonos: (571) 3 76 8200 – (571) 3 43 4710. Correo-e: ccj@coljuristas.org. Página web:www.coljuristas.org

Sindicatos mayoritarios en Canarias y otras organizaciones firman una petición que solicita al Gobierno de Zapatero rectificar en su política exterior

NOTA DE PRENSA.

El pasado viernes, 20 de junio de 2008, día internacional del refugiado, 18 organizaciones canarias de carácter sindical, social, político y estudiantil solicitaron al Gobierno de Zapatero que rectifique su política exterior respecto a Colombia.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran sindicatos mayoritarios y partidos con representación en instituciones públicas, pretenden que el gobierno español supedite cualquier acuerdo con el país andino al final de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de dicho Estado, tanto por la acción directa de agentes públicos como por la colaboración de estos con la formación y acción criminal de grupos paramilitares.

Afirman que en el Informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas, institución con estatus consultivo ante Naciones Unidas, se señala como responsables o presuntos responsables de una suma de 4.815 homicidios o desapariciones a agentes públicos y mercenarios paramilitares que han actuado con la colaboración o tolerancia de los primeros. Indican que estos crímenes prácticamente coinciden con el primer mandato de Uribe y se han producido en contextos ajenos a combates, según el mencionado informe. Denuncian que, a parte del campesinado, los sindicalistas son un colectivo muy perseguido, por lo que solicitan al gobierno de España que mantenga contactos con las Centrales Sindicales colombianas y exija a las empresas españolas que operan en el país informes sobre la seguridad de sus trabajadores, especialmente de aquellos que realicen acción sindical.

En cuanto a la prolongada guerra civil que vive el país andino, piden que se prohíba la venta de material militar español a Colombia y se exija al Gobierno colombiano que adopte la vía del diálogo como instrumento para alcanzar la paz.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2008.

9 indígenas heridos por el ESMAD

[ 06/13/2008] [ ] [ Autor: CONSEJERÍA DE GOBIERNO INDÍGENA DE LA ONIC]

La Consejería de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, ALERTA Y DENUNCIA ante la comunidad Nacional e Internacional, “que miembros del ESMAD atacan (medio día del 13 de junio) con gases lacrimógenos recargados con vidrio y piedra a más de 300 indígenas que participan de la apuesta de Liberar la Madre Tierra, en la Hacienda la Emperatriz, resguardo de Huellas Caloto”.

El resultado “nueve (9) heridos por esquirlas los cuales son atendidos en el puesto de salud de Toez” así lo indicó una autoridad de la Consejería del CRIC, quien a su vez, recalcó “que la situación tiende a empeorarse debido a que en estos momentos (3:00 p.m.) los indígenas que se resisten a no abandonar la hacienda están siendo atacados con tiros”.

Por todo ello, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, hace un llamado de carácter Urgente a la Defensoría del Pueblo y demás órganos de control intervenir!!!

Cabe destacar que en comunicado publico el día de ayer, el cabildo indígena de Huellas Caloto, ratificaron su posición de resistencia como Pueblo pese a las estigmatización del gobierno por sus justas luchas, debido a que “hoy la salvaje sed de acumulación de los dueños de tres ingenios en complicidad con algunas familias colonialistas, burgueses; y gobiernos manipulados por sus interés y hoy por las multinacionales, han logrado apoderarse de casi todo el valle sometiendo a miles de hermanos afros, campesinos, mestizos e indígenas a sus despiadadas maquilas agroindustriales y agrediendo el territorio rompiendo su equilibrio y armonía; hasta tal punto que sus reacciones naturales han producido consecuencias que hoy sufren no precisamente estas familias si no miles de ciudadanos de los sectores más pobres y marginados de las políticas del estado”.

“El Territorio del Norte del Cauca era una fuente inmensamente rica en diversidad natural, fauna, flora, hidrografía y tierras fértiles que ofrecían a los campesinos, comunidades negras, sectores mestizos y pueblos indígenas su vida mediante la abundante soberanía alimentaria y el mercadeo de cientos de productos que surtían y surten a pesar de todo los mercados de los pueblos y ciudades, garantizando la solides de la convivencia intercultural, social y política de la región”.

“Por eso rechazamos esta avanzada sistemática del sometimiento y esclavitud de los pueblos y la agresión del territorio; hoy nos corresponde como deber de los Pueblos Indígenas con la humanidad seguir abriendo el camino de la conciencia de los colombianos lo que significa LIBERAR NUESTRO TERRITORIO como deber constitucional en el ejercicio de la soberanía de los pueblos para avanzar en la reconstrucción de un país con igualdades sociales en donde la justicia natural sea el fundamento del desarrollo humano que logre restablecer el equilibrio y la armonía del hombre y la naturaleza como único camino que garantiza la vida y el bienestar de las próximas generaciones humanas”.

¡!!LA LIBERTAD DE LA CONCIENCIA ES LA FUERZA MÁS GRANDE DE LOS PUEBLOS!!!

CONSEJERÍA DE GOBIERNO INDÍGENA DE LA ONIC

http://nasaacin.org/noticias.htm?x=7978

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
Email: acincauca@yahoo.es
Web: www.nasaacin.org
Santander de Quilichao Cauca -Colombia

Colombia: presidencia delictiva

Senadora de la República

Editorial la Jornada

Tras haber permanecido refugiado por más de 12 horas en la embajada de Costa Rica en Bogotá, en espera de respuesta a una solicitud de asilo que finalmente fue rechazada por “improcedente”, el ex senador colombiano Mario Uribe Escobar, primo del presidente de su país, Álvaro Uribe Vélez, fue arrestado la noche del martes por sus presuntos nexos con la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en uno de los más notables escándalos a raíz de las pesquisas judiciales en torno a la llamada parapolítica.

Unas horas más tarde, el propio jefe de Estado reconoció públicamente que ha sido señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por su posible participación en los preparativos para la masacre en la localidad de El Aro, perpetrada en 1997 por militares y paramilitares que torturaron y asesinaron a 15 campesinos, quemaron sus viviendas y se robaron sus pertenencias. Mancuso informó que ha tenido reuniones, además, con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y con su primo, el vicepresidente Francisco Santos. Aunque Uribe niega su parte en el señalamiento, su declaración parece ser una clara estrategia de control de daños, es decir, ha preferido hacer público el dato él mismo, para evitar que la información se diera a conocer como revelación de la prensa.

A fin de cuentas, ambos datos contribuyen a fortalecer los señalamientos sobre los vínculos familiares y personales del mandatario con los grupos armados ilegales que desde la década de los 70, al amparo de una pretendida “autodefensa” de las acciones guerrilleras, emprendieron una sangrienta campaña de persecución, tortura y asesinato de integrantes de movimientos opositores. Además de los paramilitares, los Uribe han sido acusados de mantener nexos con el narcotráfico. Al respecto, es de destacar el testimonio de Virginia Vallejo, ex amante del desaparecido líder del cártel de Medellín Pablo Escobar, quien afirmó que el difunto narcotraficante había proporcionado su helicóptero para trasladar al padre del presidente colombiano, quien había resultado herido de muerte tras un ataque atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resulta esclarecedor el informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) que describía a Uribe como un estrecho colaborador del cártel de Medellín y “amigo cercano” de su extinto cabecilla Pablo Escobar Gaviria, así como los reportes de prensa de la década anterior sobre el helicóptero que ese capo prestó al hoy presidente cuando el padre de éste fue asesinado.

A mayor abundamiento, Uribe ha sido señalado por recibir, durante su primera campaña presidencial, ayuda financiera de la empresaria Enilse López, sospechosa de relaciones con el narcotráfico, en particular con el cártel de Medellín, y enfrenta una acusación pública por presunto tráfico de cargos.

En suma, los elementos de juicio parecen indicar que Álvaro Uribe es un delincuente y que su equipo de colaboradores y sus círculos político y familiar están estrechamente relacionados con las fuerzas paramilitares de ultraderecha y con el tráfico ilegal de estupefacientes. Tal es el hombre al que Washington defiende como “paladín de la democracia” en América del Sur, el instrumento de la Casa Blanca en las campañas de desestabilización y hostigamiento contra Venezuela y Ecuador: un hombre de la mafia.

En tanto no despeje y esclarezca los abundantes y graves indicios de responsabilidad criminal, de él y de muchos de sus colaboradores, el gobernante colombiano carece del menor margen de autoridad moral y de credibilidad para formular caracterizaciones ofensivas de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por las fuerzas armadas de Colombia en la incursión del primero de marzo contra un campamento de las FARC que se situaba en territorio ecuatoriano. Y, por supuesto, las profesiones de legalismo y espíritu democrático de Uribe resultan, a la luz de su turbio y escandaloso historial, plenamente inverosímiles.

PIEDAD CORDOBA DENUNCIA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN DE URIBE Y LAS MANIPULACIONES DE SU APARATO DE PROPAGANDA.

CARTA DE PIEDAD CORDOBA AL DIRECTOR DE LA REVISTA SEMANA

Bogotá DC., junio 09 de 2008

Sr. Director de la Revista Semana

D. Alejandro Santos Rubino

Respetado señor Director:

Empiezo por expresarle mi inconformidad y mi rechazo con la portada que presenta esa revista en su número 1362, bajo el interrogante "¿Deschavetada?", en cuya composición semántica y diagramación evidencia el interés por caricaturizarme de manera degradante, con el propósito adicional de suscitar pulsiones de odio instantáneas en el colectivo social. Sin duda, se atenta contra la honra, el buen nombre y la integridad de mi persona, tipología penal que usted bien conoce.

Pienso que esa carátula podría tomarse como una expresión más de la "mala leche" de mis malquerientes en ese medio, si no fuera porque se trata de la presentación de un desacostumbrado editorial cuyo contenido, cargado de adjetivos descalificadores y agresivos, afecta mi dignidad de mujer y me coloca en la mira de los homicidas de la paz.

En tal sentido dar por sentado que los "correos" subrepticiamente suministrados a Semana -y de manera selectiva a otros medios- son escritos y "firmados" por mí como "corresponsal" de las FARC, es un infundio, una atrabiliaria e injuriosa sindicación.

Debo deplorar que usted no haya tenido en cuenta el beneficio de la duda, cuando el origen de tales "emails" es altamente sospechoso, pues la atribución de su autoría a cualquier ciudadano no sería posible sin la identidad real de las fuentes de su creación, y dado que muchas otras "pruebas" de ese mismo tenor han sido desacreditadas por los afectados, como es el caso del ministro Larrea del Ecuador o del ex ministro y precandidato presidencial Rafael Pardo Rueda.

De otra parte, debió tener en cuenta el señor director de Semana que ni siquiera la INTERPOL pudo ocultar las evidencias de manipulación de los computadores y se vio obligada a afirmar que "48.055 archivos de los computadores de "Reyes" fueron "abiertos, creados y modificados por la Policía entre el 1 y el 3 de marzo", y que "el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley" (conclusión N° 2b, subrayado mío)

Como lo ha afirmado recientemente el investigador y columnista Pedro Medellín: "Las filtraciones de esta información en el exterior se han constituido en un medio con el que el Gobierno ha buscado forzar reacciones, cambiar escenarios, producir realinderamientos o movilizar apoyos, que con la política internacional no ha podido conseguir. Y en el país, le está sirviendo para establecer vínculos judiciales de sus opositores, que ayuden a contener el avance devastador de la parapolítica".

Es importante advertir que "la validez jurídica de las pruebas depende de su debida recepción y valoración por parte de las autoridades públicas". La cadena de custodia en su traslado no puede interrumpirse, so pena de comprometer los principios de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial y ese reato ha quedado en evidencia. Por ello la Honorable Corte Suprema de Justicia ha reclamado de manera insistente al señor Ministro Santos la entrega de los referidos computadores, cuya negativa a atender ese llamado judicial ha empezado a interpretarse como otro de sus famosos "falsos positivos".

Niego rotundamente, de manera clara y categórica, ser la autora o inspiradora de esos "escritos" que supuestamente el general Oscar Naranjo y el ministro de Defensa Nacional Juan Manuel Santos -por cierto, su tío-, hallaron en el "computador de Raúl Reyes". Computador mágico del cual está haciendo uso inescrupuloso el gobierno del presidente Uribe Vélez y su ministro de Defensa, para liquidar políticamente a quienes nos oponemos a su ilegítimo mandato. Una cosa no puede ser algo y lo contrario al mismo tiempo, han dicho los clásicos de la lógica.

Personalidades muy sobresalientes de la sociedad civil, analistas del discurrir público nacional e internacional, así como académicos y científicos sociales, que me han hecho llegar su abrumadora solidaridad, encuentran en este desproporcionado y múltiple ataque mediático tanto a mi trabajo humanitario como a aspectos de mi personalidad, un intento de "equilibrar" con sindicaciones a la oposición legítima los dos problemas mas apremiantes que tienen en jaque la moralidad pública y la concepción democrática del gobierno Uribe Vélez, a saber: La parapolítica y la "gidispolítica", patologías cuyo origen y desarrollo tienen nombre propio y asiento en la Casa de Nariño.

La homogenización mediática en torno a la imagen del presidente Uribe Vélez y el curioso culto a la personalidad del jefe de Estado que constantemente hacen los comunicadores de los medios masivos -en medio de su estrechez analítica-, es el producto de una coacción simbólica determinada por la licitación de los canales de Televisión, de las emisoras regionales y de los contratos de pautas publicitarias millonarias con los cuales se busca engrasar los apetitos empresariales de los medios privados de comunicación, cuando no se los regaña en público para minimizar su independencia.

En un escenario como ese el pensamiento crítico y el disenso democrático son objeto de burlas, cuando no de aleves ataques. Los medios masivos en Colombia han devenido en cámaras de resonancia oficialistas desde donde se concreta la guerra simbólica que distorsiona la verdad y se crean matrices de opinión para ciudadanos sumisos.

Pero, en aras de la convivencia, yo dejaría todo de ese tamaño, así deba pagar el costo del maltrato mediático y gubernamental. No obstante lo que advierto es que en el fondo el aparato del régimen mafioso se está moviendo a toda velocidad para impedir la realización de un probable Acuerdo Humanitario y, como consecuencia, oponerse a una salida política al conflicto interno armado que padecemos desde hace sesenta años.

Entre otras cosas, porque la guerra es un negocio sumamente lucrativo para los regímenes de derecha, que se benefician con la prolongación de las confrontaciones armadas internas. Hoy el binomio Uribe-Santos se da el lujo de gastar 6.5 puntos del PIB nacional en armamento y equipamiento militar, mientras la educación, la salud y la vivienda continúan siendo carencias sustanciales de nuestros compatriotas: Mano de hierro para las necesidades sociales, corazón generoso y abundante para los mercenarios de todas las pelambres.

Estoy cierta que mi trabajo humanitario y mi pensamiento democrático y progresista, volverán a ser objeto de embestidas brutales como la del fin de semana.

Espero que no se cumpla ninguna de las dos expectativas aciagas con que usted me despide en su editorial: la disyuntiva de muerte o cárcel. Ello me impediría continuar trabajando personalmente por la paz pero, en cambio, brotarían de la tierra miles de estudiantes, trabajadores hombres y mujeres que sabrán recoger el legado que estamos sembrando.

Su vaticinio infausto y sus deseos crueles no me arredratan ni me harán bajar la guardia. Ejerceré el mandato universitario por la paz que miles de estudiantes me han conferido en todo el país y desarrollaré las acciones que las familias de los secuestrados(as) me han encomendado. Pronto estaré de nuevo ofreciéndole resultados positivos al país.

He conquistado un espacio generoso y cálido en el alma nacional y no será con ultrajes a mi dignidad y a mi ética pública como podrán sacarme de la legitimidad de mi lucha por el Acuerdo Humanitario. Trabajaré incansablemente Para recuperar la esperanza.

Por todo lo anterior y en ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, le solicito la publicación completa de esta nota.

Atentamente,

Piedad Córdoba

Los milagros del computador de Reyes…

ÁLVARO URIBE ARMA BURDO MONTAJE CONTRA LA OPOSICION

• Luís Jairo Ramírez H.

Desde mucho tiempo antes de la incursión militar y el bombardeo ordenado por el presidente Uribe en el sitio Santa Rosa, del Ecuador, en el que fueron asesinadas 28 personas inermes por el Ejército y la Policía Colombiana, entre ellos el comandante de las FARC Raúl Reyes, y rematados y abandonados los heridos, según la versión de la joven mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes que resultó herida, ya existía la decisión gubernamental de estigmatizar y judicializar a dirigentes y activistas de la oposición democrática y social al actual régimen.

Para no ir más lejos, la opinión pública conoció en septiembre del 2007 varios señalamientos tanto del ministro de defensa Juan Manuel Santos como del propio presidente Álvaro Uribe contra el doctor CARLOS GAVIRIA, presidente del Polo Democrático, de tener nexos con la guerrilla. Y así sucesivamente han sido acusados la Senadora Piedad Córdoba, León Valencia, Iván Cepeda y Carlos Lozano, entre muchos otros. Hasta el ex ministro Rafael Pardo fue acusado de hacer contactos con la insurgencia. Ni siquiera la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del para-estado se salvó de los señalamientos del presidente Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria, quienes aseguraron que la movilización contaba con el apoyo de las FARC.

Interpol reconoce que sí fueron manipulados los computadores

Pocas horas después de los bombardeos al campamento de Raúl Reyes ya los computadores, en poder del Ejército y la Policía, que sobrevivieron milagrosamente al impacto de las bombas, comenzaron a arrojar todo tipo de informaciones al público. Lo primero fue una rueda de prensa del General Naranjo, Director de la Policía Nacional, quien mostró ante los periodistas una secuencia de fotos y documentos supuestamente encontrados en el computador. Luego, el 17 de marzo en la reunión de Cancilleres de la OEA, fue presentada una foto sacada del computador de Raúl Reyes con un dirigente comunista argentino afirmando que era el Ministro de la Defensa de Ecuador, Gustavo Larrea, con el ánimo de dar un golpe. El periódico El Tiempo debió aclarar que la foto la había suministrado la misma Policía. Hasta periódicos como El País de España han presentado todo tipo de informaciones supuestamente halladas en los computadores. ¿Quién les entregó esta información?

Ha sido tan evidente la manipulación de la información que en días pasados la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo que solicitar al Ministerio de Defensa (y no a la Fiscalía) que le envíe los documentos encontrados en el computador.

Sin embargo, a pesar de que mucha información de los computadores llegó a la opinión pública a través de los medios de comunicación, llama la atención que el secretario general de la Interpol Ronald Kenneth Noble señaló en su informe que “no encontró alteración, modificación o borrado en ninguna de las evidencias y que las agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia”. ¿Cómo calificar la afirmación de esta agencia: de ingenuidad o de cinismo?

Lo curioso es que la misma Interpol se contradice a lo largo de su informe, cuando en el párrafo 91, página 33, reconoce que entre el 1 y 3 de marzo de 2008, fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos por el Ejército de Colombia, 48.055 archivos. Como si fuera poco 4.245 archivos tienen fechas futuras, que van desde el 5 de abril de 2009, hasta el 16 de octubre de 2010. Tampoco la Interpol pudo asegurar que las computadoras fueran de Raúl Reyes. El Senador Petro ha preguntado a Mindefensa: ¿Por qué, según el numeral 19 del informe de INTERPOL, un funcionario de la unidad antiterrorista accedió directamente a las pruebas, en “circunstancias exigentes y marcadas por la premura de tiempo”, entre el 1 y el 3 de marzo de 2008?

Como lo comenta el investigador norteamericano Forrest Hylton, “la cadena de custodia fue rota entre el 1 y el 3 de marzo. Y, de hecho, durante este período de 48 horas la computadora estuvo bajo el control del Ministerio de Defensa y de una brigada antiterrorista de élite. Y, en los hechos, el informe de Interpol reconoce que el gobierno colombiano tuvo acceso directo a esas computadoras en ese período de 48 horas”.

Cacería de brujas contra los sobrevivientes del genocidio

Como ha indicado el columnista de El Tiempo, Cristian Valencia: “…el manejo que se les está dando a ‘los computadores de 'Reyes' parece un sombrero de mago, de donde saldrán enemigos, ejércitos, armas, cocaína, sindicalistas, políticos de izquierda, periodistas, ONG, defensores de derechos humanos, estudiantes o lo que fuere, en la medida de las necesidades del gobierno”.

Son el propio Álvaro Uribe y su Ministro de Defensa, y no la Fiscalía, quienes determinan y direccionan de la forma más perversa el proceso judicial contra la oposición. No cuesta mucho trabajo entender que esta monstruosa maniobra oficial no solamente está dirigida a sortear la profunda crisis institucional de la “parapolítica” que tiene a 32 parlamentarios de la bancada uribista presos, entre ellos al primo del presidente, Mario Uribe; y vinculados a embajadores, ministros, gobernadores y altos mandos militares, sino que se pretende establecer una especie de simetría entre esta y lo que Uribe llama “la FARC-política”. En este contexto aparecen computadores (como los de Reyes) o desaparecen (como los de Mancuso y cía. en la cárcel de Itagúí), según sean las conveniencias gubernamentales.

La llamada FARC-política es una nueva fase represiva del Estado contra la izquierda. Durante el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista se desarrollaron el Plan Baile Rojo, Golpe de Gracia y Plan Retorno. Esa macabra estrategia puesta en marcha por la alianza Estado–paramilitares significó el sacrificio de 5 mil dirigentes y militantes del Partido Comunista, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Con el actual montaje judicial se pretende llevar a la cárcel a los sobrevivientes del genocidio.

El presidente Uribe no solo no perdona que haya sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad, sino que no quiere que continúen haciendo oposición. En el esquema de la hegemonía tradicional colombiana eso no es posible. Durante el periodo de la “seguridad democrática” han sido detenidos arbitraria y masivamente alrededor de 9 mil ciudadanos que luego han sido dejados en libertad al probarse su inocencia. En Colombia la única garantía que tiene la izquierda es estar en el cementerio o en la cárcel, el régimen no acepta una alternativa intermedia. Así ha sido siempre.

¿Quiénes van a ser judicializados?: Wilson Borja, Parlamentario, quien sufrió un atentado en el que actuaron paramilitares y miembros del Ejército; Gloria Inés Ramírez, Senadora, líder del magisterio, quien tuvo que salir del país varias veces debido a las amenazas y hostigamientos contra su vida; Carlos Lozano, Director del Semanario VOZ, ha sido objeto de un sinnúmero de amenazas y asedios en los que han resultado involucrados agentes de inteligencia estatal; Piedad Córdoba, Senadora, secuestrada por los paramilitares el 21 de mayo de 1999 y víctima de todo tipo de agresiones verbales por parte del presidente Uribe y sus ministros; William Parra, periodista, recibió 8 puñaladas en un atentado hace tres años, acto criminal en el que están involucradas las autoridades.

El presidente Uribe necesita con urgencia montar un nuevo show mediático y meter a la cárcel a figuras relevantes de la oposición. Frente a la evidente criminalidad (parapolítica) y corrupción (Yidis-política) de la política tradicional, pretende crear un equilibrio artificioso, dando la sensación ante la opinión pública de que la oposición también está involucrada en delitos. Es la forma desesperada de abrirle paso a la nueva reelección. Establecer la Constitución de Ralito que debe “refundar la Patria”. La institucionalidad mafiosa que hace justicia por mano propia, no importa que tengan que aparecer como por arte de magia los computadores que sean necesarios.