Masacre de Caño Seco (Arauca): Cuatro años de impunidad

Todo ocurrió hace cuatro años., en la vereda Caño Seco ( Saravena, Arauca.). Por supuesto nadie vio nada, ni supo nada. Pero el caso es que ese 5 de agosto las balas de los fúsiles pertenecientes a varios miembros del Grupo de Caballería Mecanizado No 18 Gabriel Reveiz Pizarro Ejército Nacional le quitaron la vida a Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyoneche y Jorge Eduardo Prieto. Posteriormente, serían presentados ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate.

Héctor Alirio, Leonel y Jorge Eduardo simplemente estaban totalmente lejos de ser lo que el Ejército Nacional había expresado públicamente que eran, como parte de una vieja estrategia para ocultar los atropellos que día tras día llevan a cabo contra la población civil. El único "delito" que habían cometido estos tres líderes sociales asesinados- que los hizo víctimas de señalamientos y varios montajes judiciales- fue desarrollar su trabajo como dirigentes sociales de la región.

Héctor Alirio se desempeñaba como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC). Quienes lo conocieron, lo recuerdan como un trabajador social incansable que estaba entregado de lleno a proyectos que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.

Leonel Goyoneche era directivo de la Central Unitaria de Trabajadores ( seccional Arauca) y estaba vinculado al magisterio del departamento. Se le recuerda como alguien que siempre estaba impulsando iniciativas en pro de la mejoría de las condiciones educativas del departamento.

Jorge Eduardo era miembro de pertenecía a la junta directiva de la seccional Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC). Además de su excelente labor sindical, es recordado por desempeñarse como un comprometido defensor de derechos humanos en la región.

Pese a las especulaciones oscuras que pudieran maquinar los fanáticos de la Seguridad Democrática, los dirigentes simplemente estaban haciendo lo que mejor sabía hacer: su trabajo. El día anterior se habían reunido en una casa campesina con varios líderes civiles para evaluar la crítica situación regional de los derechos humanos en la región.

Al día siguiente, el Estado les pasaría la cuenta de cobro por haber tenido la "desfachatez" de participar en una reunión donde se cuestionaban las consecuencias de la guerra contra el terrorismo. A las cinco de la mañana, el Ejército rodeo la misma casa campesina en donde tenía lugar la reunión y donde los dirigentes dormían. Los sacaron de allí, los obligaron a arrodillarse a un lado de la casa y posteriormente los asesinaron a sangre fría.

Gracias a las gestiones realizadas por varias organizaciones de derechos humanos para esclarecer los hechos, fueron condenados a 40 años de prisión algunos de los miembros de las Fuerzas Militares que participaron en la ejecución de este crimen, tales como el subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón , a los soldados profesionales John Jairo Hernández, Walter Loaiza y Oscar Saul Cuta. También se le impuso la misma sentencia a Daniel Caballero Rozo, un informante que acompañaba a los militares durante el desarrollo de los hechos.

Aunque esta sentencia se constituye como un triunfo importante para los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que han asumido el caso, se considera que aún esta pendiente esclarecer con profundidad cuáles fueron los verdaderos móviles para cometer este abominable crimen, así como establecer verdaderas garantías de verdad y reparación integral, que permitan - entre otras cosas - recuperar la dignidad y el buen nombre de los dirigentes asesinados.

A pesar de la tristeza que hoy nos embarga tras recordar estos hechos, Humanidad Vigente envía un caluroso abrazo fraternal a los familiares y amigos de Héctor, Leonel y Jorge Eduardo. Donde estén siempre los recordaremos. Su fuerza está con nosotros para impulsarnos a seguir luchando en estos tiempos, aquí en el país de los ciegos, donde trabajar para exista la justicia social es un acto criminal para el gobierno y sus aliados.

¡Hasta siempre!

Humanidad Vigente

[movice] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

El Gobierno Incumple Acuerdos Frente a la Masacre del Nilo

[Movice] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

[ 05/19/2008] [ ] [ Autor: Junta Directiva de Autoridades Tradicionales de la ACIN]

El 16 de diciembre de 1991 fue realizada la masacre del Nilo contra el pueblo Nasa (paeces) del Norte del Departamento del Cauca. Masacre cometida con la complicidad de algunos políticos de la región, terratenientes, narcotraficantes y asesinos a sueldo y con la participación de la fuerza pública. Fueron asesinados 20 compañeras y compañeros entre jóvenes, niños y adultos. Todos indefensos. Masacrados por reclamar un espacio para poder sobrevivir.

Entre el 21 de Diciembre de 1991, 5 días después de cometida la masacre y el 13 de Septiembre de 2005, se celebraron 13 Acuerdos en los que el Estado Colombiano, a través de diferentes instancias y Gobiernos se compromete con reparar de manera individual y colectiva a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. Estos acuerdos incluyen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en el informe de esta entidad fechado el 13 de Abril de 2000 en el que recomienda al Estado cumplir con los compromisos relativos a esta reparación integral. Es importante recordar que nos fue necesario recurrir a la CIDH una vez agotadas todas las instancias Nacionales sin poder lograr justicia y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos.

El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la Masacre del Nilo y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de Justicia, Reparación Individual y Colectiva. El propio Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado Colombiano a las victimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa.

La reparación individual consiste en la indemnización a los familiares de las víctimas y la colectiva en adquirir 15.663 hectáreas y el apoyo al Plan de Vida para disminuir el 78% de necesidades básicas insatisfechas, además de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación del pueblo Nasa.

El actual Gobierno se comprometió el 13 de Septiembre de 2005 a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hoy, 19 de Mayo de 2008, no ha cumplido. Además de dilatar con maniobras administrativas y trámites burocráticos, el Gobierno ha desinformado a la opinión pública manifestando contra toda evidencia haber cumplido y ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas que utiliza como excusa para no cumplir con sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos. Ha lanzado una campaña de difamación y propaganda contra los pueblos indígenas para negarnos el derecho a la reparación y a nuestros territorios. Finalmente el 15 de Marzo de 2008, durante un Consejo Comunitario en Popayán, el Presidente Uribe ofrece recompensas por los indígenas que realicen acciones de hecho para hacer cumplir los acuerdos y compromisos. Mientras actúa de esta manera contra el pueblo Nasa, concede derechos territoriales a multinacionales a paramilitares y terratenientes.

Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha cumplido con la indemnización a los familiares de las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663 hectáreas y no ha iniciado el apoyo al plan de vida que permita resolver NBI en el marco de autodeterminación, según artículos constitucionales y convenios internacionales. Lo más grave es que no se ha judicializado y se protege a los responsables de la masacre.

Lo que ha sucedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo: la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año 2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesinados tres indígenas a partir de la firma del último acuerdo durante acciones de la Fuerza Pública para reprimir movilizaciones reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Han ocurrido un gran número de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos. Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del área donde debía realizarse la reparación integral al pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca, historia que se repite tristemente a lo largo y ancho del territorio Colombiano.

Hemos persistido más allá de todos los límites razonables y justos, con enorme paciencia, en buscar salidas prácticas a los acuerdos y en encontrar alternativas viables. La actitud de los delegados del Gobierno que hemos constatado en estas reuniones es siempre la misma: dilatar, prometer y no dar pasos concretos para cumplir. No existe, a la fecha un estudio serio, técnicamente elaborado para realizar un plan operativo integral en función del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH lo que impide una efectiva apropiación presupuestal para la realización de la reparación integral frente al daño causado por la masacre del Nilo. En el ámbito local de los municipios del Norte del Cauca, una vez se identificaron predios apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se desarrollan toda clase de estratagemas y excusas para impedir su compra. Estas van desde amenazas a los propietarios que deciden vender, presentación de objeciones argumentando que estos predios son de interés de campesinos y afro descendientes hasta la creación de impedimentos basados en los Planes de Ordenamiento Territorial y megaproyectos de interés de multinacionales con presencia en la zona. Contrario a la evidencia de los hechos, los funcionarios delegados insisten en manifestar la voluntad política del gobierno de cumplir. Mientras tanto, al más alto nivel se expresa como política de Estado la decisión de no cumplir, de no entregar “un sólo centímetro mas de tierra a los indígenas” y de proteger terratenientes, paramilitares y megaproyectos. Desarrollan además una campaña destinada estigmatizar la organización indígena acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla.

El gobierno tiene como política los proyectos de las transnacionales ya que mientras incumple con las comunidades, aprueba leyes que les facilitan la apropiación de recursos de la naturaleza y estas ingresan a nuestro territorio respaldadas por la fuerza pública, a la vez que llegan paramilitares denominados las águilas negras. Hay quienes instigan a campesinos y afro descendientes a ocupar predios indígenas para fomentar un conflicto entre despojados que encubra la intención de incumplimiento por parte del Estado.

El Gobierno de Colombia viene implementando la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, desarrolla una política Nacional de despojo territorial al servicio de intereses privados y ha perdido legitimidad y credibilidad no sólo porque no cumple con la palabra reiteradamente comprometida sino que además esta seriamente cuestionado por sus vínculos criminales.

En este contexto, las autoridades tradicionales responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que le pueda suceder a las comunidades indígenas por causa del incumplimiento de los acuerdos realizados, por no tener compromiso con la reparación integral a las víctimas, por dilatar las negociaciones para beneficiar a las transnacionales negándose a realizar una efectiva reforma agraria que de hecho resolvería el problema de indígenas, campesinos y afro descendientes, por promover el terror, el despojo y la violencia, por engañar a la opinión pública y difamarnos y por implementar planes integrales cuyo objetivo definitivo es destruir nuestros procesos y territorios.

Una Comisión Garante de la que hace parte el Juez Baltasar Garzón del Centro para la Paz de Toledo, ha sido testigo de estos hechos y respalda nuestra verdad.

El Gobierno Colombiano no cumple con los acuerdos adquiridos porque su política va dirigida a ocupar nuestros territorios y destruir nuestro Plan de Vida. Ante esta realidad y como defensores y promotores de la Vida, debemos resistir y llamamos a la humanidad a que nos acompañen en esta lucha desigual. Somos víctimas dignas. Somos defensores del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). Nuestro proceso es un patrimonio de la Vida y de Toda la Humanidad. La tierra es nuestra Madre y por defenderla y reclamarla debemos decir la verdad y convocar a la resistencia y a la justicia.

JUNTA DIRECTIVA DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN.
RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, MAYO 19 DE 2008.

http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=7813

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
Email: acincauca@yahoo.es
Web: www.nasaacin.org
Santander de Quilichao Cauca -Colombia

2.2.2. OTRAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y PÚBLICAS EN ZONAS RURALES DURANTE MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Central Unitaria de Trabajadores (C.U.T.) en comunicado de 22 de abril de 2005 denuncia la masacre de 12 jóvenes asesinados con tiros de gracia, con edades que oscilaban entre 15 y 21 años. Eran estudiantes y desempleados de la Comuna 5 en Buenaventura[i].

A continuación reproducimos fragmentos de un artículo de Alfredo Molano, periodista de “El Espectador”:

“Sólo en el presente año (2005) han asesinado 66 indígenas, 11 han desaparecido; miles desplazados y 10 pueblos fumigados con glifosato, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). …Los Kankuamos que habitan en la Sierra Nevada por el lado de Valledupar, en los últimos 12 años han sido asesinados 240 miembros de la comunidad. La ONIC acusa de los crímenes a los paramilitares (37,9%), a la Fuerza Pública (24,0 %), a las guerrilla (15,2 %) y a otros sin identificar (22,7%). La guerra irregular tiene una lógica… sembrar el terror para obligar a la gente a desplazarse y dejar la tierra libre para ser reapropiada… Hace un año se reunió en Chile, el National Intelligence Council (N.I.C) de EE.UU., un organismo especializado en inteligencia estratégica, para pensar en la América Latina del 2020,… Cito al NIC: “la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados puede representar un riesgo para la seguridad regional” Los territorios indígenas son – por Constitución – inalienables,… el TCL tiene cláusulas dirigidas a erosionar o suprimir esas garantías constitucionales”[ii].

El día 5 de agosto de 2004 fueron ejecutados extrajudicialmente a manos del Ejército colombiano (Batallón Revéiz Pizarro): Héctor Alirio Martínez (Pte. de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), Leonel Goyeneche (miembro de la Junta Directiva de la CUT – Central Unitaria de Trabajadores – Arauca) y Jorge Prieto (miembro de la Junta Directiva de ANTHOC – Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia – y de la CUT), líderes históricos de Arauca. Los 3 tenían medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A.

Fotos de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto.

En el mismo operativo se detuvo a los dirigentes Samuel Morales, Pte. de la C.U.T. de Arauca y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores de Arauca[iii]. Desde prisión Raquel escribe una carta desgarradora a 18 de febrero de 2005; en esas fechas celebraría sus 20 años de docente, recuerda su experiencia como Presidenta de una filial de la Asociación de Educadores de Arauca durante 10 años y su compromiso en la educación para la Paz y la Libertad como Rectora de un Colegio Agropecuario Rural del Arauca. Reproducimos el final de la carta:

“(…) por una denuncia pública a la ferocidad e inclemencia del conflicto armado, por guiar los valores humanos en los niños, niñas y jóvenes estudiantes, por ofrecer una mano de consuelo a las madres que lloran a sus hijos, (...), por estar junto a los que se unen y luchan por la dignidad de sus familias, (…), por no soportar las injusticias, (…), por no callar el exterminio de la expresión social, los atropellos y la miseria humana (…). Por eso estoy en las rejas de las cárceles del régimen de la Seguridad Democrática (…) pretenden silenciar las voces del sufrimiento …” [iv].

En el marco de la Operación Borrasca del Ejército Nacional con tropas de la Brigada XVIII, Brigada Movil nº5 del Batallón 43 de Contraguerrilla “Héroes de Tarazá”, del Revéis Pizarro y del Navas Pardo, aparecieron centenares de paramilitares en el área rural de Tame el día 19 de mayo de 2004, establecieron retenes que impedían entrar o salir a la población. En 24 horas asesinaron a 12 personas, incluido un menor. Hay cadáveres degollados y otro en Cravo Charo descuartizado. Hay información no confirmada de 15 personas degolladas cerca de la vereda Botalón. Los caseríos enteros del municipio de Tame quedaron despoblados por el pánico. Ni la Cruz Roja, ni la Defensoría del Pueblo habían podido entrar en la zona[v].

Recomendamos el documento “La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio” (Sindicato SINALTRAINAL – Septiembre 2002): Descárgalo aquí: http://www.sinaltrainal.org/Textos/parasmagda2004.pdf

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[i] Comunicado C.U.T. 22.04.2005. www.ddhh-colombia.org

[ii] Artículo prensa: “¿Guerra preventiva?” por Alfredo Molano Bravo “El Espectador” http://www.elespectador.com/historico/2005-09-04/contenido_MI-595.htm. Avenida El Dorado No. 69 – 76, Bogotá C/marca 00000. Colombia. Tfno:(571) 4 23 23 00 Fax: (571) 4 23 23 00 Email: internet@elespectador.com

[iii] Radio Nizkor, 06.08.2004. http://www.radionizkor.org/colombia/index.html#narcos1

[iv] Carta de Raquel Castro, presa política. www.ddhh-colombia.org

[v] “S.O.S ARAUCA. Paramilitares en área rural de Tame. 12 personas asesinadas”, publicado el 22.05.2004 en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13190_comment.php

2.2.1. ALGUNAS DENUNCIAS DE MASACRES DE FUERZAS IRREGULARES Y FUERZAS PÚBLICAS EN ZONAS RURALES - MANDATO DE URIBE (DOSSIER DDHH COLOMBIA)

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad y la Fundación Paz y Solidaridad del Sindicato CC.OO. en Canarias como integrantes de La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos,[i] comunica que la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga informó de lo siguiente: los días 4 y 5 de diciembre de 2005 un grupo de 200 hombres armados se presentaron como integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas bajo el mando de alias Jorge 40 (grupo que se había comprometido en el cese de hostilidades y beneficiado por la impunidad proporcionada por el Gobierno Uribe tras la negociación), en las veredas La Más Verde y Nuevo Horizonte. Allí cometieron todo tipo de atropellos contra la población civil, retuvieron a un número indeterminado de personas, de las cuales 22 se encontraron asesinadas con armas de fuego y corto punzantes (signos de tortura). Cinco cadáveres fueron levantados por el ejército nacional y trasladados a la cabecera urbana de Curumaní. Los otros 17 cadáveres se quedaron, por lo menos, 5 días a la intemperie, sin que autoridad policial o judicial realizara esfuerzo de recuperación e identificación. Los paramilitares no encontraron oposición alguna de fuerza pública y mantuvieron a los pobladores retenidos y bloqueados hasta el 7 de diciembre de 2005, después se retiraron[ii].

La Red de Alerta, Denuncia y Seguimiento de Violaciones de DDHH a Sindicalistas Colombianos denuncia una masacre contra la comunidad indígena Wayúu de la Guajira, Colombia. El 18 de abril de 2004 llegaron a la comunidad de bahía Portete un grupo de hombres armados. Reproducimos literalmente el testimonio de un testigo: “maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres, (…), ellos no les creían a los niños, por eso los mataban o se los llevaban (…) estamos preocupados por encontrar nuestros hijos desaparecidos” En algunas partes de la comunidad se encontraron miembros de los cuerpos de los niños. Se computan hasta el momento del informe 12 muertos y 30 desaparecidos. Los habitantes de la comunidad, unas 580 personas de diferentes clanes, abandonaron su territorio, sus animales y pertenencias por miedo. Al parecer ni el Alcalde de Uribia, ni el Gobernador de la Guajira se pronunciaron sobre estos hechos que no han tenido trascendencia mediática[iii].

Soldepaz.Pachakutti, ONG asturiana, nos remitió un informe de la Delegación Asturiana adscrita a la Veeduría Electoral Internacional para las elecciones colombianas de 12 de marzo de 2006 donde destacamos estas denuncias a la Fiscalía: Puerto Toledo (Departamento del Meta). La Comunidad denuncia que por el río Guejar bajaron 10 cadáveres que recogieron y están sin identificar. La Comunidad de Kankuamos denuncian que durante el Gobierno del Pte. Uribe, 112 Kankuamos fueron asesinados, señalando al Grupo Paramilitar de Jorge 40 como responsable. También denuncian que 22 indígenas se encuentra presos víctimas de montajes. La Comunidad de Casanare denuncia que la fiscalía no ha iniciado procedimiento para el esclarecimiento de la desaparición de más de 60 personas, 91 según datos de la Defensaduría. Comunidades de Ciudad Bolívar denuncian la muerte de más de 170 jóvenes en 2005 de edades comprendidas entre 12 y 19 años a manos de grupos paramilitares con complicidad de Policía. Marta Giraldo denuncia el asesinato de su padre, ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Alta Montaña nº3 de Rodrígo Llorera en una finca próxima a Chipichapa el sábado, 4 de marzo de 2006. Denuncia la manipulación del cadáver y la escena del crimen, la prohibición de llegar al lugar a familiares y abogados hasta 12 horas después del crimen. ORIVAC (ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA VALLE DEL CAUCA) denuncia una masacre acaecida el 17 de septiembre de 2001 en Ladrillo y Palmira, cerca de Pradera, una familia entera, detenida, torturada y ejecutada (incluido menor de edad); la comunidad responsabiliza al Bloque Calima de los Paramilitares – Alias Roger – y denuncian la impunidad^[iv].

Wilson David, representando a la Comunidad de Paz de San José Apartado, Departamento de Antioquia, Colombia, visitó varias instituciones en Asturias, entre ellas a la ONG Soldepaz-Pachakutti. Mostró un documental titulado “Hasta la última piedra” que narra crímenes recientes en la Comunidad de Paz constituida en 1997 como iniciativa autónoma de población civil que rechaza cualquier relación con actores armados (ejército, paramilitares y guerrilla). Las estrategias militares y paramilitares han perseguido sistemáticamente a sus integrantes bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de las FARC. Han sufrido amenazas, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones y masacres. 170 personas de la Comunidad han sido asesinadas con impunidad total. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en escrito dirigido al Vicepresidente de la República con fecha 26 de febrero de 2005 acusa a miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional de la muerte de 7 campesinos que fueron amenazados, detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados y enterrados en dos fosas, entre ellos Luis Eduardo Guerra, Defensor de DDHH de la Comunidad de Paz.

El 15 de abril de 2006 las tropas de la brigada móvil nº12 del Ejército Nacional masacran a 10 campesinos (incluidos 3 menores) en la Vereda Sanza, Municipio de San Juan de Arama, Meta. Según informaron las Juntas de Acción Comunal el operativo tuvo como objetivo una vivienda aledaña a la Escuela de Puerto Nubia. Se escuchó una fuerte explosión y ráfagas de ametralladora y fusil. Allí se alojaban 50 civiles: niñas, niños, adultos y mayores. Personas heridas salieron fuera a pedir el cese del fuego, pero siguieron disparando. El ejército bloqueó la zona, hasta el 27 de abril en horas de la tarde ni siquiera la delegación de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Costa Rica y Sardinata que habían solicitado el ingreso de la Cruz Roja Internacional, habían podido entrar[v].

Civiles armados actuando como Autodefensas de los Llanos asesinaron a 3 campesinos (incluida una madre de 5 hijos) el día 5 de enero de 2006 en el caserío de Matabambú, Jurisdicción de Puerto Toledo, Municipio Vista Hermosa, Departamento del Meta, a lo que hay que sumar varios heridos. Está acción criminal sucede a 5 minutos de un retén militar de tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 17 “Motilones” de la Brigada Móvil Nº 2. Los paramilitares en el casco urbano impedían el desplazamiento de pobladores y mantenían retenidos a varios. A las 5:30 p.m. miembros de la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del Río Guejear fueron al reten del Ejército a 200 metros del caserío, comunicaron al Teniente García al mando de tropas adscritas al Batallón Nº42 de la Móvil nº 4 la presencia de los paramilitares, pero éste afirmó que no se comprometía a brindar seguridad. Militares bajo su mando advirtieron que lo mismo que ocurrió en Matabambú va a ocurrir en Puerto Toledo. La señora Rosabel Rincón desapareció tras ser obligada a bajarse de un vehículo de servicio público en un retén de cíviles armados, encapuchados y uniformados en la estrategia paramilitar. Se había desplazado a la zona para saber de su hija: Marilyn Martinez Rincón, detenida en Santo Domingo. La Comisión Justicia y Paz informó sobre los hechos al Programa Presidencial de Derechos Humanos. También habían desaparecido Norberto Lujan y Ecelino Pineda Peña. Los detenidos en Santo Domingo fueron dejados en libertad todos en Vista Hermosa (8 personas)[vi].

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[i] Denuncias de la Red Alerta Sindical Colombia. Fundación Madrid Paz y Solidaridad. ddhh-madrid@usmr.ccoo.es Tfno: 915063083 Fax: 915062325. Web: www.ddhh-colombia.org. C/ Sebastián Herrera, 12, 1º 28012 Madrid. España.

[ii] Minga ratifica ante la comunidad nacional e internacional la denunciada masacre de civiles en Curumani (Cesar) por parte de paramilitares de "jorge 40” http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=381

[iii] “Paramilitares asesinaron 12…Wayúu de Bahía Portete” publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/12596.php

[iv] Soldepaz.Pachakutti Informe de la Delegación Asturiana. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_1/2informe_colombia.pdf

[v] Corporación Reiniciar: masacre de 10 campesinos. http://colombia.indymedia.org/news/2006/04/41478.php

[vi] Denuncia difundida por Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las Juntas de Acción Comunal del sector del Río Guejar, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Fensuagro, Corporación Reiniciar, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el 5 de enero de 2006. Asesinados 3 campesinos en Matabambú … http://colombia.indymedia.org/news/2006/01/36951.php