martes, 20 de enero de 2009

Santa Cruz de Tenerife se movilizó en solidaridad con el pueblo palestino.

El 17 de enero de 2009 se movilizaron miles de personas en Santa Cruz de Tenerife para denunciar y repudiar los crímenes cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, reivindicar el derecho a la vida, al territorio y a la soberanía del pueblo palestino y exigir el fin de la ocupación israelí, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre la descolonización, solicitar al Gobierno de España una política exterior coherente con el respeto a los derechos humanos y no supeditada a las relaciones económicas con el Estado de Israel, concretándose en la ruptura de relaciones y la expulsión del embajador de dicho Estado. En fin, que no queden en la impunidad los crímenes de guerra cometidos por Israel.

A continuación reproducimos el texto leído por la presidenta de la Comunidad Palestina de Canarias:

Desde la limpieza étnica acometida en Palestina por el movimiento sionista y el Ejército israelí, hace ahora seis décadas, nuestra historia más reciente ha estado marcada por este drama. Entonces éramos invisibles, no existíamos; luego nos disfrazaron de nómadas, sin aparente arraigo y asentamiento en una tierra; después nos definieron como un problema meramente humanitario, sólo éramos refugiados en busca de cobijo; más tarde, en plena Guerra Fría, se nos asoció con la amenaza comunista; y ahora, en la etapa de la guerra global contra el terrorismo, nos transforman en un problema de seguridad para la potencia colonial y militar que ocupa nuestra propia tierra desde entonces.


La tragedia del pueblo palestino, decía el escritor libanés Salim Nassib, residía en que su realidad (la existencia de Palestina) se transformó en una ficción (Palestina dejó de existir), al mismo tiempo que una ficción (el sueño colonial del movimiento judeo-sionista en Europa) se transformó en una realidad (en el actual Estado de Israel). Así que donde estaba Palestina está hoy Israel; y donde antes había aldeas palestinas ahora hay un parque temático o un hipermercado o una zona residencial israelí; y los nativos árabes palestinos, que poblaban las aldeas y ciudades de lo que entonces era Palestina, ahora viven, con sus descendientes, hacinados en los campos de refugiados dispersos por Cisjordania, por Siria, por Jordania, por el Líbano, pero también por Gaza, por esos mismos campos de refugiados que bombardea indiscriminadamente el Ejército israelí.


Pese a la injusticia histórica cometida contra nuestro pueblo, y para no prolongar más nuestro sufrimiento ni tampoco el de los israelíes, y poner fin definitivo al conflicto, hace muchos años que aceptamos una solución mínima, la de crear un Estado palestino en el 22% de nuestra tierra. Nos conformamos con un pequeño Estado en los territorios que ocupó el Ejército israelí durante la guerra de 1967. Ese mini Estado palestino se construiría en la superpoblada franja de Gaza y Cisjordania, y tendría su capital en Jerusalén Este. Semejante solución, la de los dos Estados, cuenta con el respaldo de la legalidad internacional y el de toda la comunidad internacional. Sin embargo, pese a cerca de dos décadas de negociaciones con Israel, no se ha avanzado ni un centímetro para liberarnos del yugo de su ocupación. Por el contrario, el peso de la ocupación militar israelí se deja sentir cada vez más fuerte en la vida de nuestros hermanos y hermanas en los territorios. Cada día que pasa, Israel sigue transformando la geografía y la demografía de Cisjordania y Jerusalén Este, con la creación de nuevos asentamientos, confiscación de tierras, puestos de control y fragmentación de todo el territorio palestino, encerrando a su población en guetos, detrás del muro del apartheid.


Es cierto que Israel evacuó Gaza en el 2005, pero no es menos cierto que Gaza sigue aprisionada dentro de Israel, que bloquea Gaza por tierra, mar y aire; impide la entrada de ayuda humanitaria; y condena a su población y a sus niños al hambre y a la miseria, sin ningún futuro ni esperanza de mejorar sus vidas. Pero en Gaza no sólo es el millón y medio de su población Palestina la que está encarcelada y siendo bombardeada, también es la conciencia mundial y el conjunto de la humanidad la que está siendo ultrajada en Gaza.


Todos sabemos, aunque no se recuerde lo suficiente, que la primera víctima de un conflicto es la información. Por lo que preguntamos bien claro y alto: ¿quién está impidiendo la entrada de la prensa internacional en Gaza?: ¿la población ocupada o la potencia ocupante?, ¿acaso es Hamás o es Israel?, ¿dónde están ahora todos los defensores de la libertad de expresión, de los derechos humanos y la democracia en el mundo árabe que iban a liberar al pueblo iraquí?, ¿acaso están en Washington o están entre las ruinas de Gaza, resistiendo y defendiendo lo que queda de su tierra y de su dignidad?, ¿a quién le molesta que las imágenes de los niños destrozados circulen por nuestras pantallas?, ¿a quién le estorba los reporteros para cometer sus crímenes?, ¿quién obstaculiza el trabajo de esos testigos incómodos, que con sus cámaras testimonian el crimen contra la humanidad que se está cometiendo en la franja de Gaza desde hace 22 días?


No, no se puede hablar de guerra. No hay dos ejércitos enfrentados. Hay una potencia militar ocupante y una población ocupada. La violencia está manifiesta en la colonización y en la política de ocupación. Estamos asistiendo a un Politicidio, el uso masivo del poder militar para acabar con la expresión política del pueblo palestino. Desde la comodidad autocomplaciente, de quien no quiere distinguir entre colonizado ni colonizador, se dice que Israel tiene derecho a la legítima autodefensa. Nos preguntamos ¿desde cuándo se ha otorgado legitimidad a las potencias coloniales para aplastar la rebelión anticolonial de las poblaciones colonizadas? ¿Acaso no es la potencia ocupante la que debe de velar por la seguridad de la población ocupada como se recoge en
la IV Convención de Ginebra? ¿Desde cuándo es la población ocupada la que debe garantizar la seguridad de la potencia ocupante?


Hace tres años se celebraron elecciones legislativas en los territorios palestinos. Esas elecciones se llevaron a cabo bajo supervisión internacional y fueron animadas por la comunidad internacional. Pese a que entonces decíamos que el problema principal en Palestina era poner fin a la ocupación israelí y no la celebración de elecciones, se aceptó celebrar elecciones bajo un régimen de ocupación militar, algo extraño en la historia. Pero ni Israel ni Estados Unidos aceptaron sus resultados. Más decepcionante fue que tampoco lo aceptara
la Unión Europea. Pero lo peor aún estaba por llegar, pues por primera vez en la historia, la comunidad internacional castigó a la población ocupada en lugar de castigar a la potencia ocupante congelado sus ayudas económicas y relaciones políticas. Desde entonces mucha gente se pregunta ¿con qué autoridad moral pueden Estados Unidos y la Unión Europea darnos clases de democracia?


Conviene recordar que no es pan lo que demanda la sociedad palestina. Es justicia, es libertad, es poner fin a la ocupación militar israelí y, en definitiva, aplicar el derecho internacional. No mendigamos nada. Sólo reivindicamos lo que por derecho nos pertenece y un día nos fue arrebatado por la fuerza. Somos un pueblo digno. Sólo queremos vivir en paz y seguridad con los otros pueblos de la región y del mundo, incluido el israelí. Aprovechamos para enviar, desde aquí, un mensaje fraternal a los israelíes que se han manifestado en contra de la guerra, así como a las comunidades y personalidades judías que también se ha manifestado en otras partes del mundo.


Agradecemos todas las muestras de solidaridad, la ayuda humanitaria e incluso el guiño de simpatía que algunos nos profesan. Sin duda, estaríamos más satisfechos y agradecidos si la sociedad civil tomara mayor conciencia y boicoteara los productos israelíes (como las papas que inundan los mercados de las islas). Pero aún cabe estar todavía mucho más satisfechos y muchísimo más agradecido si los gobiernos europeos dejaran de venderle armas a Israel; si presionaran con sanciones al Estado israelí por violar sistemáticamente los derechos humanos de la población palestina que ocupa desde hace más de cuatro décadas. No se le puede premiar a Israel, otorgándole un trato preferente en
la Unión Europea ni, mucho menos, un acuerdo de asociación. Con esa política no han conseguido amansar la fiera. Por el contrario, Israel se ha burlado de toda la comunidad internacional e incluso se jacta de ejercer su poderío sobre los propios Estados Unidos. Consideramos que Israel no es un aliado tan estratégico ni para Estados Unidos ni para Europa. Se trata más bien de una carga estratégica. Como dramáticamente comprobaron nuestros hermanos libaneses en el verano de 2006, su política expansionista y agresiva en la zona es una fuente de inseguridad e inestabilidad regional e incluso mundial.


Ningún imperio o empresa colonial ha podido mantenerse frente a la determinación de un pueblo para liberarse. Como señala el escritor israelí Michel Warschawski: “La violencia sin precedentes desplegada por el ejército israelí es sólo la expresión, sanguinaria y cruel de una rabia colonial y vengativa. No es la primera vez que una potencia ocupante subraya su derrota con un último sobresalto de agresividad, tan criminal como ineficaz”.



Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2009



COMUNIDAD PALESTINA DE CANARIAS

jueves, 15 de enero de 2009

La masacre de Atanquez. "Matanza cotidiana de indios en Colombia"

Alfredo Molano Bravo / Lunes 5 de enero de 2009

Se ha vuelto tan cotidiano el hecho de matar indígenas en Colombia, que Google ha inaugurado un nuevo servicio: "Reciba las últimas noticias acerca de muertes indígenas en Colombia con las Alertas de Google". Ud. sentado en su casa o detrás del escritorio de su oficina, en su celular o en su computador recibe cada hora o cada tres horas, -o con la frecuencia que solicite- la noticia del momento: muertos uno, tres, diez indígenas.

En general, el gobierno, casi antes de que sea publicado el hecho, ya ha dicho que la cosa es muy rara, que es muy sospechosa, que ofrece recompensa por la información que conduzca a la captura de los homicidas. Horas después del pregón oficial, las agencias de noticias divulgan con bombo y platillos, que el asesinato no lo fue, que no se trata de un atentado sino de un accidente. Esa rectificación la hace siempre y cuando el crimen haya sucedido en zonas aseguradas por los militares o por los paramilitares. Porque de otra suerte, la recompensa pasa de los seis dígitos, y los responsables son inequívocamente los terroristas. La muerte de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Quilcué se debió, según el gobierno, a que la víctima no obedeció los avisos de "Pare, Retén, su ejército está en la vía. Vive Colombia, viaja por ella". El veredicto de la muerte fue anunciado por el presidente Uribe al mismo tiempo que no disimuló su antipatía visceral hacia las medidas cautelares, y en general a los juicios que comprometen moral y económicamente al país.

El reciente asesinato de cuatro indígenas Kankuamos en una caseta al aire libre la noche de Año nuevo en Atanquez -estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta- tiene algunos bemoles propios que la diferencian del guion convencional. De entrada, tres de los cuatro muertos son de apellido Arias, que es una de las familias más golpeadas de la comunidad Kankuamo. En las dos últimas décadas han asesinado a 262 miembros de la etnia: simplemente un etnocidio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó entonces al Estado colombiano medidas cautelares para proteger al pueblo kankuamo.

Como esas medidas no fueron plenamente observadas, el caso pasó a la Corte Interamericana que dictó Medidas Provisionales de Protección, un paso mucho más comprometedor para Colombia, puesto que se está ante un juez aceptado como instancia superior por el país. Por esta razón, la masacre de Atanquez es tan delicada para Uribe, y por esta razón, la fuerza pública pudo haber sido presionada para declarar que se trata de un "accidente" y no de un "atentado". Las autoridades han dicho que los propios Kankuamos manipulaban un artefacto explosivo que estalló y causó la tragedia. Los indígenas argumentan que investigarán, pero que en principio, el hecho hace parte de la historia de asesinatos y desplazamientos ejecutada por el ejército, los paramilitares o la guerrilla. El artefacto no fue una bomba hechiza sino una granada de fragmentación patentada. Las pruebas fueron recogidas rápidamente por criminalística de la policía y poco se sabe sobre su examen pericial. La tesis del accidente trata de involucrar de manera directa a los indígenas, y responsabilizarlos para debilitar así la credibilidad de los hechos frente a la Corte.

De otro lado, desde hace varios años Kankuamos han exigido el retiro de los batallones militares instalados en su resguardo, aun hoy que el gobierno ha declarado que la región vive, según su diagnostico, en postconflicto. No hay que olvidar, además, que Uribe está empeñado en construir el embalse de Besotes, en la cuenca del Guatapuri, que beneficiará a las empresas palmeras del Cesar y afectará gravemente los resguardos Arhuaco, y Kankuamo.

El narco 82 condecorado en Cádiz y Wasinton

Una humillación para Riego..?

Artículo publicado por pachakuti | asturies | 13-1-2009 | 86 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/narco-82-condecorado-cadiz-wasinton
La señora Teófila, alcaldesa derechista de Cádiz,
y el señor Bush, presidente saliente de los USA, acaban de
"condecorar" a un presidente cómplice, amigo, fiel y funcional servidor de sus intereses carcas.
¿se habrán equivocado en Cádiz, se pregunta una ingenua amiga?
¿le sobraban medallas a Bush en su retirada bufa?
Ni lo uno ni lo otro seguramente: pero..por si acaso, desde Asturias, burlando todas las medidas del contraespionaje y los negligentes guachimanes o guardaespaldas privados,
se ha hecho llegar un Informe de la Cuarta Visita de Verificación a los DDHH en Colombia, por eso, por si acaso hubo un despiste en el Ayto de Cádiz, o en la Casa Blanca..
y quieren aportar nuevos elementos a su socio ejemplar... en violaciones masivas a los derechos de las personas, campeón mundial del asesinato de sindicalistas, indios, campesinos, estudiantes, periodistas..
un relatorio, de los motivos para las medallas a Uribe:

Amenazas contra Indígenas Embera en Colombia por defender su territorio

Estimadas amigas y amigos:

La urgencia viene nuevamente de Colombia. Esta vez, una militarización
sin precedentes está teniendo lugar en estos momentos en los territorios
del Jiguamiandó (lugar de desplazamientos forzados masivos entre 1996 y
2001) donde habitan indígenas Embera, junto con la población
afrodescendiente. La operación militar pretende controlar el territorio
e imponer a la fuerza la exploración del cerro Cara de Perro por parte

de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation. Al mismo tiempo,
se niegan los derechos de la población indígena. El proyecto minero
significará la destrucción de miles de hectáreas de selva y su
biodiversidad, así como un nuevo desplazamiento forzado de la población.


¡Aun hay tiempo de impedirlo!

Por favor, para apoyar a la población
indígena Embera escriba su propia
carta a las autoridades colombianas o utilice el modelo de carta que
hemos preparado y que se envía automáticamente desde la página web:

http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=346


Ahi encuentran todos los detalles.

Abrazos,

Tom Kucharz
--Ecologistas en Acción
Área Agroecología y Soberanía Alimentaria
c/ Marques de Leganés 12 - 28004 Madrid
Teléfono fijo: +34 91 531 27 39

Teléfono móvil: +34 619 94 90 53
Fax: +34 91 531 26 11
Correo electrónico: agroecologia@ecologistasenaccion.org

Compañera amenzada de muerte por el paramilitarismo

En el dia de ayer 5 de enero fui amenazada de muerte por un desmovilizado del Bloque Cacique Nutivara conocido como alias "Picha" o el "loco". La amenaza la presencio los agentes de la policia la Estacion Corazon de la comuna 13 de Medellin y los habitantes del sector.

Hechos:
Siendo la aproximadamente las 4 :45 de tarde del dia de ayer fue sorprendido alias "picha" cometiendo el delito de violacion en propiedad agena,por encontrase en la casa de mi hermana consumiendo marihuana y sometiendo de nuevo a mi sobrina Melissa Alvarez Quntero. Al percatarme del asunto llama ala Policia y el caso lo atendio la patrulla X62, Ellos condugeron al desmovilizado para que saliera de la propiedad y al momento de hacerlo lanzo insultos y amenazas acompañadas de gestos de advertencia para mi... los agentes de policia le reclamaron por el hecho y lo condujeron hasta una jornada de identificacion de personas, antecedentes judiciales e indocumentados que se estaba realizando en la cancha de Antonio Nariño que es un sector de la comuna 13 de Medellin.
Transcurrieron 10 minutos de haberselo llevado cuando fue visto devuelta , rondando mi casa y la de algunos familiares...
Me comunique de manera inmediata con el señor personero delegado para los Derechos Humanos en Medellin y recibi de el, unas orientaciones especificas que vienen llevandose a cabo.
La persona en mencion NO hace parte de mi la familia, ni pertenece a nuestro circulo de amigos. Por el contrario le hemos denunciado el dia 1 de enero de este, ante la Fiscalia General de la Nacion URI: Unidad de Atencion Inmediata en Medellin por el delito tipificado como Constreñimiento Ilegal Art 182 C.P.
la persona denunciada responde al nombre de ANDRES FELIPE BEDOYA SUAREZ conocido como alias "Picha" o el loco, este hombre a sufrido varios atentados contra su vida como el pasado 14 de agosto cuando fue impactado por cinco disparos. Esta persona esta demandado por alimentos y hoy esta siendo denunciado por mi hermana, por el delito de Violacion en Propiedad Agena.Yo le denucie tambien por la amenaza de muerte ante los organismos judiciales en Medellin.

Antecedentes:
El desmovilizado Alias "Picha" Conoce bien de mi Legitima labor como activista de derechos humanos, pertenecer al MOVICE, y por el impulso a la Marcha del 6 nacional que se realizo el dia 6 de marzo. Ademas conoce el caso de la Desaparicion Forzada de mis dos hermanos y de mi papa a manos de difrentes bloques de paramiliitares...
La valoracion que le doy a la situacion es un accionar de hostigamiento e intimidacion para entorpecer mi labor como Defensora de Derechos Humanos utilizando una estrategia que me hace vulnerable a mi, y ami familia: Desde hace tiempo asedia, hostiga y vulneras los derechos de mi sobrina MELISSA que cuenta con apenas 16 años de edad: Ha llegado a retenerla a ella y su celular por espacio de varias horas.

El llamado es que que nos pronunciemos y denunciemos a una, para darle ademas efectividad a las Medidas Provisionales dictadas para mi desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver resolucion de 8 de febrero de 2008).

Atentamente:

Silvia Elena Quintero C.

Mil-doscientos-cincuenta y tres indígenas asesinados en el mandato de Uribe

Mira estos enlaces:

La ONU condena "enérgicamente", pero...España no?
escribe a ZP, que sigue en silencio:

Acción Urgente: Paramilitares preparan masacres en Vista Hermosa, Meta

Acción Urgente: en Agosto Una Delegación Asturiana visitaba el Meta, 
y pernoctaba, invitada por las comunidades, en el mismo lugar de Vista Hermosa, 
y de ello da cuenta el Informe publicado y entregado a las autoridades europeas y colombianas.
http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2008_2/co-4informe.html
 
Ahora, en esa misma zona, 500 paramilitares (Uribe dice que ya no existen, y el gobierno español ha aportado
cuantiosos fondos de cooperación, para asegurar lo mismo) han llegado, para seguir 
ATERRORIZANDO a los sobrevivientes de sus masacres.


Unos 500 criminales hacen presencia en 20 veredas y están sembrando el terror entre los habitantes. 
Decenas de familias han tenido que desplazarse     

Por Camilo Raigozo

  
Héctor Torres, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari,

denunció a este medio, de carácter urgente, que los campesinos

residentes en las veredas, La Argentina, La Cooperativa, Loma Linda,

Puerto Chorizo, Alto Canaguay, La Albania, La Siberia, El Dorado, El

Vergel, La Esmeralda, El Encanto, El Progreso, Santo Domingo, Laureles,

Los Pinos, Guaymaral, Gorgona y El Tigre, municipio de Vista

Hermosa, denunciaron a la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari,

que desde los primeros días del mes de Diciembre de 2008

aproximadamente unos 500 paramilitares autodenominados "Águilas Negras"

, hacen presencia en las vías que de Piñalito conducen a las

localidades de Santo Domingo y la Cooperativa.


Según las informaciones, los 'paras' tienen un campamento en el sitio conocido como

Los Tanques, en la vereda Alto Canaguay.


Los campesinos denunciaron a la ONG que los paramilitares patrullan

constantemente movilizados en motos y carros, sin que las tropas del

Ejército y la Policía muestren voluntad para impedirlo.   

Los delincuentes han obligado a las comunidades a asistir a reuniones donde

les advierten que ellos controlaran el negocio de coca y que ningún

campesino puede vender un solo gramo nadie diferente a ellos. "De lo

contrario se mueren", les dicen.


Los 'paras' amenazan a la población por vía telefónica o directamente sindicándola de ser

guerrillera, por lo que muchas familias han tenido que desplazarse a

engrosar la cifra de más de cuatro millones de desarraigados que hay en Colombia.


Veredas enteras como El Tigre y La Gorgona, están

totalmente desocupadas ante las amenazas de los paramilitares que les

han dado plazos perentorios para que abandonen sus fincas.


Este 17 de diciembre un campesino víctima de los criminales que buscó

refugio en Bogotá, llegó hasta las oficinas de la Comisión de Derechos

Humanos del Bajo Ariari y suministró uno de los números de teléfono

celular del que los 'paras' realizan las amenazas.


"Existe información de entera credibilidad de que el paramilitar Eduardo

Hernández Léiton, alias "El Tino" ha amenazado de muerte a varias

personas en las cercanías de Piñalito.


"Llama especial atención que en esta zona se desarrollan operaciones militares de gran magnitud

y que allí opera la Brigada Móvil 12 señalada por varios campesinos de

estar comprometida en varios asesinatos de campesinos, que

posteriormente fueron reportados como guerrilleros abatidos en

combate", denunció la ONG en el comunicado.


La Comisión de

Derechos Humanos y las comunidades responsabilizaron al Gobierno de

Álvaro Uribe Vélez, por los crímenes que han ocurrido y los que se ven

venir. Del mismo modo pidieron a las organizaciones defensoras de los

derechos humanos nacionales y extranjeras a que insten al gobierno

colombiano a que cese la orgía de sangre.            

Atentado letal del Ejército contra el CRIC. Asesinado Edwin Legarda.


[ 12/16/2008] [ ] [ Autor: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca]

Denunciamos con ira y dolor el atentado criminal cometido por el Ejército colombiano contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda.

Hemos sido informados por fuentes directas que alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de Diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC en el que iban su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue rafagueado por hombres del Ejército Nacional cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército Nacional.

Este atentado dejó como resultado las heridas letales a: Edwin Legarda. Edwin fue trasladado de inmediato al Hospital San José de Popayán con un impacto de bala en el tórax y dos más en los miembros inferiores. Infortunadamente nos informan desde Popayán que el compañero Edwin acaba de fallecer.
El vehículo de la Consejera se encuentra en Totoró y registra 17 impactos de bala a lado y lado y dos de los impactos en la parte de adelante, lo que refleja la brutalidad de la acción militar.

Según lo aseveran testigos de los hechos, no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas.

El Comandante de la Tercera División del Ejército, Justo Eliseo Peña, reconoció a La W que según informes preliminares, en el sitio de los hechos se encontraban soldados campesinos que dispararon cuando se desobedeció la orden de parar. De todos modos, el General Peña lamenta los hechos y dice que se iniciarán las investigaciones pertinentes, reconociendo que aún si se hubiera desobedecido la orden de detenerse, la reacción de disparar como se hizo no es apropiada ni corresponde con los protocolos y normas.

Manifestamos nuestro más sentido pésame a la Consejera Mayor Aida Quilcué. La rodeamos de afecto y solidaridad y le ofrecemos lo que esté a nuestro alcance en estos momentos de dolor intenso. A la familia y amistades de Edwin, van nuestras condolencias. A toda la familia del CRIC, una voz de aliento solidaria y sentida. Un llamado reiterado a la unidad para continuar por el sendero de construir en Minga un país diferente, en el que cese por fin el terror y la guerra. Como siempre, reiteramos la posición de nuestros mandatos, rechazamos las balas, el terror y la guerra, vengan de donde vengan. La impunidad no puede permitirse en esta dolorosa situación. Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en Paz.

Hoy 16 de Diciembre de 2009, se conmemora el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneras y comuneros en El Nilo, por parte de paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes y terratenientes. Condenado el Estado Colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no cumple el Estado con sus obligaciones frente a esta masacre, nos señala, pone precio sobre nuestras cabezas, nos acusa de terroristas por Liberar la Madre Tierra y comete otra acción de muerte. Desde el dolor y la rabia reiteramos el compromiso con la vida y con la dignidad y convocamos la solidaridad Nacional e internacional para que nos apoyen al exigir que salgan todos los actores armados y sus cómplices de nuestros territorios.

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
ACIN-Cxab Wala Kiwe
Diciembre 16 de 2009
17 aniversario de la Masacre de El Nilo

Asesinado en Caquetá Defensor de Derechos Humanos

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humano

JOEL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con c.c 17.648.312 de Florencia caquetá, de 36 años de edad. Fue uno de los fundadores y primeros directivos del proceso organizativo de derechos humanos que hoy se conoce como Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Vegas Bajo Pato, vicepresidente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato, ex-consejal de San Vicente del Caguan, miembro del Polo Democrático Alternativo y del Comité Municipal de Ganaderos de éste municipio, directivo de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal y de profesión Administrador Financiero. Hijo de Simeón Pérez, dirigente politico de izquierda y sobreviviente del genocidio de la Unió Patriótica.

Joel salió, en su motocicleta Yamaha DT con placas ICZ 45B, de su casa ubicada en el Barrio 20 de Julio de San Vicente del Caguán a las 8 de la mañána el día 08 de diciembre del presente rumbo al municipio vecino de Puerto Rico Caquetá que dista unos 45 minutos. Avisó a su familia que regresaría ese mismo día pero no regresó. Su cadáver fue encontrado a 20 minutos del casco urbano el miercoles 10 de diciembre totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cránero. Su motocicleta aun permanece desaparecida. Segun testigos de la zona, el cuerpo sin vida fue visto en la mañana del martes aún humeante a orillas de la via principal, lo que indica que su asesinato fue cometido, posiblemente, en la madrugada del martes. Cabe anotar que según testimonios de los moradores de ese sector, el Grupo Meteoro del ejercito nacional había llegado a ese sector el lunes 8 de diciembre. Cuando se fue a realizar la inspección con los agentes de la SIJIN, aún se encontraban en la zona. Los moradores aseguran que informaron al ejército de la existencia del cadáver pero que estos no hicieron diligencia alguna para su levantamiento.
Según el proceso de recolección de testimonios, todo apunta a que se podría tratar de un crimen de estado.

Joel es hermano de Domingo Emilio Perez, actual presidente de la Corporación Caguán Vive, quien fue candidato a la alcaldía de San Vicente del Caguán por el Polo Democrático Alternativo en el 2007.

España debe exigir explicaciones a Colombia. Fondos de la cooperación internacional podrían haberse utilizado en recompensar crímenes de Estado


GORKA CASTILLO - MADRID - 06/12/2008 08:00


Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misión internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica está practica sistemática de "crímenes contra la humanidad".

¿Cuáles son las conclusiones de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia?

La más importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.

¿En qué ha cambiado?

Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuación son las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como "falsos positivos".

Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor, ¿cómo lo elaboraron?

Nuestra misión comenzó en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del país, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoció la existencia de estas prácticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueño. Él nos aseguró que se habían tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un año después se descubre el asesinato de unos jóvenes cerca de Bogotá a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelación decanta el escándalo hacia unas proporciones difíciles de cuantificar.

La financiación de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia.

La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales. Y Uribe debería aclarar estas sospechas.

¿Qué debería hacer el Gobierno español ante el descubrimiento de este hecho?

Nuestra opinión es que el Gobierno español debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos económicos. El Plan Colombia es muy genérico, ya que también contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represión en detrimento de otras prácticas humanitarias.

¿Qué pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos?

No conocemos los datos con exactitud porque una de las características del Gobierno de Uribe es la opacidad. Sí sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversión social ha sido destinada a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.

Antes de presentar el informe en España, ustedes lo hicieron público en Colombia, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano?

En primera instancia negó los hechos que se denuncian en nuestra investigación. Y además sufrimos una campaña de difamación bajo la acusación de que éramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de señalamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos días después de difundirse la noticia no les quedó otra opción que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prácticas absolutamente atroces.

¿Hasta dónde puede llegar este escándalo?

Nos preocupa que una misión internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, sólo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el número de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuraduría General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayoría en zonas de guerra y rurales.

El Gobierno dijo que no es una práctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejército.

Si fuera un problema de corrupción puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas. Las recompensas han actuado de estímulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crímenes de lesa humanidad.

¿Reconoció el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?

A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.

¿Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prácticas delictivas?

Algunos militares colombianos acaban de declarar públicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la política de Seguridad Democrática del presidente tenga éxito.