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lunes, 13 de julio de 2009

Ex directivo del DAS dice que informó a Presidencia sobre magistrados.

Reproducimos el artículo publicado por: SEMANA.COM REVISTA DE RADIO
Jueves 14 Mayo 2009.

El ex director de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, le dijo a la Fiscalía que le entregó la información de magistrados al asesor y al secretario general de la Casa de Nariño.
Después de que se conocieran las primeras llamadas interceptadas ilegalmente por el DAS, ahora se destapó un nuevo episodio a este escándalo de persecuciones y espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su emisión de las siete de la noche de este miércoles, Noticias RCN reveló que durante un interrogatorio de la Fiscalía, el ex jefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, dijo que le había entregado información que su organismo había conseguido con las interceptaciones y seguimientos a los magistrados al ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria y al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.

La revelación ha causado conmoción desde temprano este jueves.

Días previos al interrogatorio, Lagos le había dicho al fiscal General, Mario Iguarán, que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre las ‘chuzadas’ y los seguimientos del DAS a los magistrados. Igualmente, le solicitó protección para su familia o que los sacara del país, incluyéndolos en el programa de protección de testigos.

“Según Lagos, el eje de los seguimientos y chuzadas era el empresario Ascensio Reyes, conocido en el mundo judicial como una persona muy cercana a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte y del fiscal Mario Iguarán”, indicó la nota presentada por RCN.

De acuerdo con el noticiero, Lagos fue citado a Palacio para iniciar una indagación encaminada a demostrar que Reyes tenía relación con un presunto narcotraficante y con algunos magistrados.

La FM, emisora que retomó esta noticia este jueves, dijo que “Lagos indicó que sostuvo una primera reunión con el consejero presidencial José Obdulio Gaviria y otros dos asesores de la Casa de Nariño. En el encuentro Lagos recibió instrucción de Gaviria de confirmar los vínculos del empresario con el narco y establecer si los dos pagaron los gastos de un viaje a Neiva al que asistieron como invitados algunos magistrados de la Corte y sus esposas”.

Según Lagos, el objetivo del seguimiento era el magistrado Yesid Ramírez, reconocido amigo de Reyes. Gaviria, según reveló Lagos, había identificado ese espionaje como “Operación Paseo”.

Según RCN, el ex director de Contrainteligencia del DAS también se refirió en la Fiscalía sobre otras reuniones del secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y del entonces director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, quien según él, le entregó información financiera de cinco magistrados y de varios de sus familiares.

Después este episodio y de conocerse tres conversaciones que fueron interceptadas ilegalmente en el 2006, el procurador Alejandro Ordóñez, dijo en La Fm que las investigaciones de la Procuraduría se están adelantando con diligencia para establecer quiénes son los responsables de las interceptaciones ilegales que desde el DAS se hicieron a personajes de la vida pública, en su mayoría, miembros de la oposición. Escuche la declaraciones del Procurador.

Por otro lado, en RCN Radio, el presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que no es la primera vez que se conoce una llamada suya que fuera grabada ilegalmente, puesto que meses anteriores se había revelado una conversación suya con la periodista Claudia Gurisatti.

También dijo que se debe establecer quién es el responsable político de las interceptaciones y dijo que no se está viviendo en una democracia sino en un Estado policivo. Escuche las declaraciones de Gaviria.

martes, 23 de diciembre de 2008

LA RED CANARIA POR LOS DDHH EN COLOMBIA DENUNCIA UNA OLEADA DE CRÍMENES DE ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES Y RECHAZA LA ACTITUD INSOLIDARIA DE INGRID.

La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia lamenta y condena la oleada de crímenes cometidos por la Fuerza Pública y sus brazos paramilitares durante los últimos 3 meses contra líderes indígenas, defensores de derechos humanos, campesinos, sindicalistas y opositores políticos que relacionamos a continuación.

Joel Pérez Cárdenas[1] fundador de la Corporación de los DDHH Caguan Vive y miembro del Polo Democrático Alternativo, encontrado muerto, incinerado, decapitado y con un orificio en el cerebro el 15 de diciembre; el líder indígena José Edwin Legarda[2], compañero de la Consejera Mayor Aída Quilpue asesinado el 16 de diciembre por miembros del ejército colombiano; Cesar Largo Alarcón[3], indígena Embera Chami, asesinado el lunes, 6 de octubre, por el grupo paramilitar "Águilas Negras" en la Comunidad de la Florida, siendo su madre, María Angélica Alarcón, gravemente herida con balas de fusil en abdomen y brazo; Luz Marina Morales de 21 años y Mauricio Largo Bañol[4], de 61 años, indígenas Embera Chami, también fueron asesinados el 6 de octubre por el grupo paramilitar "Águilas Negras" en la Comunidad de La Esperanza (municipio de Riosucio, Caldas); Taurino Ramos Valencia, Jesús Antonio Nene y Elber Hibito[5], comuneros indígenas asesinados a mediados de octubre por la Fuerza Pública que respondió con fuego a una protesta pacífica de indígenas y afro-decendientes por la pérdida de sus territorios y dejó alrededor de 121 heridos; Ever González[6], líder de la asociación campesina Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y defensor de derechos humanos, asesinado el 20 de Septiembre de 2008 por dos sicarios motorizados, tenía un papel muy importante en el esclarecimiento de varias ejecuciones extrajudiciales en Sucre durante el año 2.007; Raúl Mendoza[7], Gobernador del Cabildo Indígena del Peñón, Municipio de Sotará, asesinado el 28 de septiembre de 2008 tras efectuar varias denuncias ante los Organismos del Estado, por reiteradas amenazas contra él y su comunidad; y por último queremos recodar el homicidio de Elixander Blanco Rodríguez[8] el 26 de agosto de 2008, afiliado a USO y miembro de diversas organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolívar) con el cual sumaban 43 los asesinatos de sindicalistas colombianos entre enero y agosto de 2008.

Ante semejante baño de sangre que enluta la Navidad colombiana, la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia condena al Estado Colombiano y solicita al Gobierno de Zapatero la ruptura de relaciones diplomáticas con el mismo hasta que no acabe con la impunidad y detenga las masacres y crímenes.

Por otro lado, la mencionada Red expresa su decepción y repulsa ante la actitud insolidaria de la ex rehén, Ingrid Betancourt, que no quiso atender la petición de Iván Cepeda, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quien le solicitó incluir la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes de Estado en el lema de la macha que ella había convocado para el 28 de noviembre de 2008. Así mismo, considera que el fracaso de la marcha fue dicha actitud de Ingrid que quiso limitar el acto a exigir la liberación de los retenidos por las FARC-EP.

lunes, 15 de diciembre de 2008

Magistrado Jaime Araújo afirma que en la reelección del Presidente Uribe, se ha refrendado el crímen, la inconstitucionalidad y la corrupción.

El gobierno es ilegítimo. El acto legislativo que permitió la reelección de Uribe fue fruto de un delito de cohecho.

El voto de la congresista YIDIS MEDINA resultó determinante para el éxito de la reforma constitucional o, dicho de otra forma, sin su voto el Acto Legislativo después del 4 de junio de 2004 habría sido historia, porque no podía traspasar el umbral de un simple proyecto [...]

Evidencia la Corte Suprema que el voto de Yidis Medina no se debió al valor de los argumentos o la capacidad de convencimiento, sino a las dádivas y promesas burocráticas aceptadas por la excongresista, esto es, "… en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones"

ES MUY INTERESANTE QUE LEAN COMPLETO EL SALVAMENTO DE VOTO DEL Magistrado Jaime Araújo. Considero que la sentencia enviada por la Honorable Corte Suprema de Justicia y el delito en ella establecido, no podía convalidarse por la Corte Constitucional. Por el contrario se debió declarar la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005, como consecuencia del hecho delictual. PARA LEERLO PULSA AQUÍ, o copia esta dirección: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/araujo2.html

martes, 9 de diciembre de 2008

Privados de libertad líderes corteros de caña.

PRIVADOS DE LA LIBERTAD LOS LÍDERES CORTEROS DE CAÑA OSCAR DE J. BEDOYA MUÑOZ, OMAR ENRIQUE SEDANO GARCÍA Y JOSÉ ONEY VALENCIA LLANOS y además ALBERTO BEJARANO SCHIESS y JUAN PABLO OCHOA, ASESORES DEL SENADOR ALEXANDER LÓPEZ MAYA.

Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos ante la comunidad nacional e internacional, los organismos intergubernamentales de derechos humanos y el movimiento social, a fin de denunciar, las nuevas estrategias del Estado colombiano, tendientes a perseguir las justas luchas de los trabajadores corteros de la caña y el apoyo legal y legítimo que ha brindado a los mismos el Senador Alexander López Maya y los integrantes de su Unidad Técnica Legislativa. En el día de hoy, siendo las diez de la mañana, los líderes corteros de caña Oscar de J. Bedoya Muñoz, Omar Enrique Sedano García y José Oney Valencia Llanos y Alberto Bejarano Schiess y Juan Pablo Ochoa, asesores del senador Alexander López Maya, se presentaron voluntariamente, en compañía de 50 líderes más, ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, donde fueron privados de la libertad.

PARA LEER MÁS HACER CLIC AQUÍ.



domingo, 21 de septiembre de 2008

Con ELIXANDER son 43 los sindicalistas colombianos asesinados en 2008.

Con el homicidio del trabajador ELIXANDER BLANCO RODRIGUEZ, afiliado a USO y miembro de diversas organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolívar), el 26 de agosto de 2008 en las instalaciones de Ecopetrol (campo de producción de Cantagallo) ascienden a 43 los asesinatos de sindicalistas colombianos en el 2008.

Es importante que reflexiones respecto al silencio mediático sobre estos sucesos dentro y fuera del país. En España, por ejemplo, tanto el grupo prisa como el grupo zeta, siguieron con todo detalle el proceso que terminó con la liberación de la ciudadana Ingrid Betancourt, pero durante todo ese tiempo no paraban de morir asesinados sindicalistas en Colombia. Prácticamente nada se publicaba sobre estos terribles sucesos. Podríamos llegar a la conclusión de que para estos medios era más importante la vida de la esposa de un magnate francés, ex - candidata a la presidencia de Colombia, que la vida de tantos líderes sindicales torturados y asesinados. También podríamos llegar a pensar que los medios occidentales tratan de ocultar el terrorismo de Estado colombiano, ya que presuntamente la gran mayoría de los sindicalistas han sido víctimas de grupos paramilitares (y como indican muchísimas pruebas estos grupos son una criatura del Estado) o directamente de agentes de la Fuerza Pública. Se podría explicar esta conducta como un afán de no dañar la imagen del actual gobierno colombiano, salpicado por los procesos judiciales que le vinculan con el narco – paramilitarismo. Recordemos que dicho gobierno firmo con el de España un acuerdo estratégico que les convierte en socio prioritarios. Así que de publicarse estas informaciones los ciudadanos españoles podrían valorar muy negativamente la política exterior del gobierno de Zapatero respecto a Colombia.

A continuación publicamos la lista que reportó la Escuela Nacional Sindical de Colombia con los compañeros asesinados en 2008.


NOMBRE SINDICALISTA / FECHA HOMICIDIO / MUNICIPIO / SINDICATO

ZULUAGA MARIO / 02-Ene-08 / MEDELLIN / ASMEDAS

PÉREZ MONTES ISRAEL ANDRÉS / 11-Ene-08 / VALLEDUPAR / SINTRADRUMMOND

PÉREZ ZAPATA RAMIRO DE JESÚS / 12-Ene-08 / SAN JERONIMO / ADIDA

GONZÁLES ISRAEL / 24-Ene-08 / SAN ANTONIO / FENSUAGRO

SUÁREZ LEAL JOSÉ YEBRAIL / 28-Ene-08 / BELLO SIGGINPEC

DUARTE ACERO JOSE MARTIN / 02-Feb-08 / LA MACARENA / SINTRAMBIENTE

MESA PASACHOA MARIA DEL CARMEN / 08-Feb-08 / TAME ASEDAR

TRUJILLO MARIA TERESA / 09-Feb-08 / SANTANDER DE QUILICHAO / ASOINCA

BENAVIDEZ SAMBONI ARLEY / 09-Feb-08 / BALBOA / ANTHOC

GIRALDO MAMIÁN JOSÉ / 09-Feb-08 / LA VEGA / ASOINCA

CARVAJAL RAMÍREZ CARMEN CECILIA / 04-Mar-08 / OCANA / ASINORT

GOMEZ ALZATE GILDARDO ANTONIO / 07-Mar-08 / MEDELLIN / ADIDA

GÓMEZ ROZO LEONIDAS / 08-Mar-08 / BOGOTA / UNEB

MUÑOZ BENAVIDEZ VÍCTOR MANUEL / 12-Mar-08 / AGUSTIN CODAZZI / ADUCESAR

BURBANO CARLOS / 12-Mar-08 / SAN VICENTE DEL CAGUÁN / ANTHOC

JIMÉNEZ MANUEL ANTONIO / 15-Mar-08 / PUERTO ASIS / FENSUAGRO

QUIROZ JOSE FERNANDO / 16-Mar-08 / PUERTO ASIS / FENSUAGRO

ASTROS AMAYA JOSÉ GREGORIO / 18-Mar-08 / CARTAGO / ASEINPEC

GONZÁLEZ MONTES ADOLFO / 22-Mar-08 / RIOHACHA / SINTRACARBON

TROCHEZ PEÑA JULIO CÉSAR / 22-Mar-08 / SEVILLA / SUTEV

HERRERA RUALES EMERSON IVÁN / 01-Abr-08 / VALLE DEL GUAMUEZ / ASEP

DÍAZ LÓPEZ LUZ MARIELA / 01-Abr-08 / VALLE DEL GUAMUEZ / ASEP

LEAL MEDINA RAFAEL ANTONIO / 04-Abr-08 / ARMERO / AICA

ARIZA OMAR / 07-Abr-08 / SEVILLA / SUTEV

GUTIERREZ RUIZ LUIS ENRIQUE / 15-Abr-08 / TAUSA / SINDESENA

CABALLERO ARIZA JESÚS HEBERTO / 18-Abr-08 / BARRANQUILLA / SINDESENA

RIVERA FUNEQUE GUILLERMO / 28-Abr-08 / IBAGUE / SINSERVPUB BTA

CHIQUILLO PASCUALES, TOMÁS ALBERTO / 10-May-08 / ALGARROBO / SINTRAPROACEITES SUR DEL CESAR

GELVES LUIS ORLANDO / 11-May-08 / TAME / FENSUAGRO

VERGARA SÁNCHEZ MARCELO / 05-Jun-08 / BUGA / SUTEV

PELÁEZ CASTAÑO FAVIER DARIO / 13-Jun-08 / CAICEDONIA / ASEINPEC

RECALDE ORDÓÑEZ WALTER ANIBAL / 19-Jun-08 / BUGA / ASEINPEC

MUÑOZ GUARÍN JOSE HUMBERTO / 22-Jun-08 / RESTREPO / SUTEV

MENDOZA CARREÑO HALY MARTÍN / 09-Jul-08 / CUCUTA / ASINORT

PALOMEQUE VALENCIA JESÚS / 05-Ago-08 / CUCUTA / ASINORT

MAYUSA PRADA LUIS / 08-Ago-08 / SARAVENA / CUT

GAMBOA MELÉNDEZ MANUEL EMIRSON / 13-Ago-08 / PUERTO ASIS / FENSUAGRO

GALEANO MARTÍNEZ JOSÉ OMAR / 23-Ago-08 / BUGA / FECOLOT

Datos de www.ens.org.co A esta lista por desgracia debemos añadir a los compañeros:

PABLO FLOREZ BARRERA / 24 – Ago – 2008 / Santa Marta / SINTRAMIENERGETICA

JESÚS ESCORCIA CORTES / 24 – Ago – 2008 / Barranquilla / SINTRAMIENERGETICA

ELIXANDER BLANCO RODRIGUEZ / 26 - Ago - 08 / Cantagallo (Bolívar) / USO - ECOPETROL

ANTE TRIBUNALES INTERNACIONALES EL GOBIERNO DE URIBE

El magistrado Jaime Arrubla Paucar, en declaraciones a Caracol Radio, informó que la Corte Suprema de Justicia tomó tal decisión por intromisiones del gobierno colombiano / Afirmó que la Corte está siendo duramente atacada, debido a las investigaciones que viene haciendo a decenas de políticos cercanos al presidente Álvaro Uribe, por sus relaciones con los paramilitares / Suman 70 los legisladores investigados.

15 de agosto de 2008 / La Corte Suprema de Justicia está dispuesta a llevar ante Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional, lo que considera intromisiones del gobierno de Álvaro Uribe en sus decisiones.

Así lo reveló en Caracol Radio el magistrado Jaime Arrubla Paucar, vocero del Alto Tribunal, quien señaló que la determinación se tomó ante el ataque permanente que se viene haciendo desde varios sectores, por las investigaciones que se adelantan por la “parapolítica” y la “yidispolítica”.

“Nunca en la historia de la República había existido un proceso de tanta trascendencia política. Nadie se esperaba una investigación de esta magnitud”, aseveró Arrubla Paucar, al referirse al proceso por los vínculos entre políticos y paramilitares.

El vocero de la Corte Suprema de Justicia señaló que los constantes ataques contra las decisiones del Alto Tribunal eran previsibles, porque la parapolítica está tocando personas muy importantes. "(...) Son personas sindicadas pero con micrófono”, explicó el magistrado.

Arrubla Paucar pidió a los colombianos, confianza en las determinaciones de la Corte, y señaló que a pesar de los permanentes ataques, el Alto Tribunal no va a bajar la guardia en las investigaciones.

“Esta es una estrategia, si no me puedo defender, desprestigio al juez, formo un nido de víboras y pesco en río revuelto”, puntualizó el magistrado.

Cercanos a Uribe


Es de resaltar que en abril de 2008, la fiscalía de Colombia ordenó la detención del ex senador Mario Uribe Escobar, primo y uno de los más cercanos colaboradores del mandatario Álvaro Uribe, quien fue acusado de mantener reuniones con líderes paramilitares en los años 1998 y 2002 para obtener tierras de manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y acordar apoyos políticos en elecciones regionales.

Otro cercano colaborador de Uribe, que fue detenido en julio y puesto tras las rejas, fue el senador Carlos García Orjuela, presidente del partido de la U, principal fuerza política que apoya al mandatario colombiano. Su detención fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, después de tres meses de investigaciones.

García Orjuela es el tercer ex presidente del Congreso de Colombia que está preso por el escándalo de la parapolítica. Su detención se realiza a raíz de los testimonios de tres ex integrantes de la AUC, presos en la cárcel de Picaleña, quienes afirmaron que en 2001, García Orjuela recibió apoyo de las AUC, cuando éste se desempeñaba como presidente del Congreso de la República.

Con esta detención ya suman 70 los legisladores investigados por presuntos vínculos con los grupos paramilitares. Casi todos son aliados del presidente Álvaro Uribe y la mitad está en la cárcel.

VTV/Caracol Radio/Agencias – shar-mp

Conspiración Paramilitar en toda Colombia

[08/14/2008] [ ] [ Autor: Alexander López Maya, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República]
Fuente: Web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)

Hago un llamado al Gobierno Nacional para que se actúe para proteger a las comunidades indígenas en todo el territorio nacional y en particular para que se tomen todas las medidas que garanticen la integridad de los cabildos indígenas y la población en el norte del departamento del Cauca.

En el día de hoy, quiero denunciar ante la Plenaria de la Corporación y la opinión pública nacional e internacional, en mi condición de ciudadano y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República , la existencia en Colombia, de una conspiración nacional, de acciones simultaneas de grupos encubiertos y de para mi litares al servicio de grandes bloques de poder, ligados a los intereses de transnacionales, grandes terratenientes y empresarios, legales e ilegales, que en este último periodo, se han atrevido de forma temeraria y criminal a amenazar de forma muy grave a las comunidades indígenas, campesinas, mineras, a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, a los trabajadores y sus organizaciones gremiales y sindicales, en toda la geografía nacional.

El lunes 11 de Agosto de 2008, mientras sesionaban las Comisiones Conjuntas de Derechos Humanos de Cámara y Senado en el Municipio de Barrancabermeja, fue conocida una cobarde amenaza en contra del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca , ACIN que representan a todas las autoridades tradicionales de los pueblos Nasa, en la región de la zona norte del departamento del Cauca. La comunicación no oficial y firmada por una sigla autodenomi nada “campesinos embejucaos de Colombia” plantea una abierta amenaza de muerte, desolación y terror, en contra de las comunidades indígenas en los departamentos de Cauca, Valle, Tolima, Putumayo y el Huila, utilizando un lenguaje sinuoso y traicionero, que reproduce y se legitima en declaraciones del comandante de la 3ra Brigada del Ejercito Nacional, General Jaime Esguerra Santos y que aparece en un contexto en el cual, el propio Presidente de la República y voceros de su bancada en el Congreso de Colombia, se han referido a las comunidades indígenas en el departamento del Cauca y sus autoridades tradicionales que además ejercen jurisdicción con rango constitucional en sus territorios, como “invasores”. Esta amenaza abierta contra estas comunidades y sus autoridades tradicionales en el departamento del Cauca revela una conspiración de sectores encubiertos, de terratenientes y para mi litares en el departamento del Cauca que se escudan en un insólito discurso anti indígena que se desprende de declaraciones oficiales del Gobierno Nacional y que solo puede albergar las más peligrosas y criminales de las intenciones.

En este mismo sentido, en el día de ayer en sesión conjunta en Audiencia Pública, de las comisiones conjuntas de Derechos Humanos de Cámara y Senado en el municipio de Barrancabermeja, ha sido denunciada una nueva toma del municipio de Barrancabermeja por parte de tres avanzadas para mi litares y de grupos de narcotráfico, que han amenazado e intimidado a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos y de mujeres en el puerto petrolero. En medio de un clima de violencia creciente en el cual la cifra de muertes violentas en el puerto petrolero se han duplicado respecto de las ocurridas el año pasado. En este marco de violencia, se han presentado serias amenazas de grupos para mi litares que utilizan el nombre de “Águilas Negras”; “Héroes de Castaño” y autodenominados “Comandantes para mi litares” contra la Federación Agro mi nera del Sur de Bolívar, la Organización Femenina Popular , la Unión Sindical Obrera , la Corporación Sembrar , Credhos, y la Asociación de Fa mi liares de Víctimas deL 16 de Mayo de 1998. Igualmente se ha denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la presencia en los últimos 60 días de operativos de grupos para mi litares en los barrios populares de Barrancabermeja, quienes realizan operativos irregulares e intimidan de forma permanente a las comunidades y víctimas de estos sectores.

Esto se conjuga con un clima de impunidad asfixiante en los casos de numerosos asesinatos contra ciudadanos y ciudadanas en la región del sur de Bolívar, perpetrados en muchas ocasiones por integrantes de la fuerza pública. En la audiencia pública en Barrancabermeja fueron denunciados hechos muy graves que presuntamente comprometen la responsabilidad de unidades adscritas a los Batallones, Nueva Granada, Nariño, Calibio y las brigadas 15 y 4ta del Ejército Nacional. En hechos que serán puestos en conocimiento del Sr. Fiscal General de la Nación para su investigación y esclarecimiento. Denuncias que se han presentado en un periodo y una región en la cual se han concesionado 200.000 has. a la trasnacional Anglo Gold Mine Ashanti, para la explotación de las reservas de oro más importantes de América latina. En un largo conflicto con los pequeños mineros y las comunidades campesinas de esta región, que luchan por sobrevivir en su territorio, cercado, por narcotráfico, megaproyectos en carbón, petróleo y agro combustibles y el resurgimiento de grupos para mi litares. Sin que exista una política de seguridad por parte del Estado que pueda contener y garantizar los derechos de la población en medio del conflicto.
Asímismo, en el municipio de San Onofre, Sucre, han sido gravemente amenazados los activistas del movimiento de Víctimas, Adil Meléndez y Adriana Porras, quienes han sido activos defensores del proceso de resistencia de la población de este municipio por lograr efectivas respuestas del Gobierno Nacional en materia de reparación integral a los graves crímenes

cometidos en este municipio por grupos para mi litares. Estas dos personas han sido amenazadas por para mi litares que hoy enfrentan investigaciones en la jurisdicción de Justicia y Paz, por graves crímenes cometidos durante los años 2002 -2005 en esta localidad. De la mi sma forma, estas amenazas contra la población se producen en un periodo en el cual la Comisión Nacional de Reparación adelanta en esta zona del departamento de Sucre, un intento por desarrollar un proceso piloto de reparación.

Adicional a esto, en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, el pasado 4 de Agosto de 2008, se perpetró un grave hostigamiento por parte de dos hombres armados, que se movilizaban en dos motocicletas en el sector del barrio Zamorano, en contra de mi asesor e integrante de mi Unidad Técnica Legislativa, Juan Pablo Ochoa, en momentos en que se aprestaba a terminar una reunión con un grupo de trabajadores de la caña de azúcar, que adelantan el proceso de presentación del Pliego Único de Exigencias por parte de los trabajadores de la industria de la Caña de Azúcar, ante los gremios del sector. Este hecho, que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, no solo es una muy grave provocación en contra de los trabajadores de la caña de azúcar que luchan por sus reivindicaciones en el Valle del Cauca sino además una grave agresión en contra de las funciones propias del Congreso de Colombia y de sus funcionarios.

Finalmente, quiero señalar que el sociólogo, cronista y columnista ALFREDO MOLANO puede resultar siendo un chivo expiatorio en el proceso que se le adelanta ante el juzgado 4to penal de Bogotá, por parte de la fa mi lia Araujo. Lo que ha sucedido con el periodista ALFREDO MOLANO es un grave atentado a la libertad de expresión en Colombia. La judicialización de su columna Araújos (El Espectador, Bogotá, 25 de febrero de 2007) podría lograr que Alfredo Molano pierda la libertad de escribir en Colombia. La demanda por calumnia e injuria contra Molano busca obtener una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión en Colombia.

Hago un llamado al Gobierno Nacional para que se actúe para proteger a las comunidades indígenas en todo el territorio nacional y en particular para que se tomen todas las medidas que garanticen la integridad de los cabildos indígenas y la población en el norte del departamento del Cauca. Y se logre prevenir las acciones que se han anunciado en contra de los cabildos indígenas, sus voceros y las comunidades, con especial énfasis en la zona norte del departamento del Cauca.

De la misma forma, para que se tomen todas las medidas que permitan garantizar la protección de los movimientos sociales, de derechos humanos y de víctimas, en Barrancabermeja, Santander, San Onofre, Sucre y en Palmira, Valle del Cauca. De la misma manera, se garantice la integridad de las comunidades campesinas y mineras, en toda la región del sur de Bolívar. Hago igualmente un llamado público al Sr. Fiscal General de la Nación para que se investiguen las amenazas en contra de las organizaciones indígenas sociales, de derechos humanos y de víctimas en el sur de Bolívar, el departamento del Cauca y la localidad de San Onofre, Sucre.

Igualmente, hago un llamado a la comunidad internacional, el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y la delegación de la Organización de Estados Americanos en Colombia, para que se pronuncien ante el Gobierno de Colombia, exigiendo se tomen acciones eficaces en contra de la continua presencia de grupos y acciones encubiertas de origen para mi litar que hoy amenazan a las comunidades y movimientos sociales en toda Colombia.

Firmado.

Alexander López Maya
Presidente Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Delegación asturiana denuncia terrorismo de Estado en Colombia (AUDIO: ENTREVISTA DE RADIO YVKE MUNDIAL A JAVIER OROZCO, SINDICALISTA DE CUT)

Prensa web YVKE (Patricia Rivas, Héctor Escalante)
Miércoles, 27 de Ago de 2008. 5:57 pm

La cuarta Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia ha presentado las primeras conclusiones del viaje al país sudamericano, en las que responsabilizan al ejército y a la policía, "en connivencia con grupos paramilitares y de extrema derecha", del 90 por ciento de "al menos 140.000" asesinatos.

La delegación visitó cinco de los Departamentos o Gobernaciones de Colombia, en los que se entrevistaron con la nueva Ejecutiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y con su responsable de derechos humanos, que les transmitió la denuncia de 2.555 sindicalistas asesinados, 34 de los cuales fueron asasiNados el año pasado y 32 en lo que va de año.

El Informe definitivo, según la Delegación Asturiana, estará concluido a finales de septiembre y será presentado ante el sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidos (ONU), ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT),los Parlamentos europeo, español y asturiano y ante los Gobiernos colombiano, español y asturiano.

Escuche la entrevista realizada por Patricia Rivas y Héctor Escalante de YVKE Mundial, a Javier Orozco, Sindicalista colombiano residenciado en España, quien coordina el Programa Asturiano de Derechos Humanos.

Si tienes problemas para escuchar este Audio entre directamente a la web de la radio pinchando aquí.

ASESINADO MANUEL ERMINSON GAMBOA MELENDEZ, Vicepresidente de ASCAP - FENSUAGRO - CUT

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro - CUT Colombia) denuncia el vil asesinato que fue víctima el compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez, vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo (Ascap), filial de Fensuagro – CUT, en Puerto Asís (Putumayo).

El compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez, de tan solo 32 años de edad, se destacó por ser un dirigente campesino comprometido con el desarrollo social de su comunidad de Piñuña Negro, vicepresidente de la Ascap, miembro de la Junta Nacional de Fensuagro y de la mesa departamental de organizaciones campesinas del Putumayo.

El miércoles 13 de agosto de 2008, siendo las ocho de la noche, el compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.651.998, cuando caminaba por el barrio Acevedo del casco urbano de Puerto Asís (Putumayo), fue abordado por varios hombres de los grupos paramilitares que operan en el Putumayo, le propinaron siete impactos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo, que segaron la vida del dirigente agrario.

Desde hace dos meses el compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez había recibido amenazas de muerte vía telefónica en varias oportunidades, donde le manifestaban que si no se retiraba de la organización lo iban a blanquear.

El compañero Erminson fue un hombre integro y luchador, guerreó hasta sus últimos días la defensa de los derechos de los campesinos de su región. Convivía en unión libre con Asunción Duarte, con quien tenía tres hijas, incluida su bebé de tan solo un mes de nacida, y deja huérfana a otra hija menor de edad, a quienes les toca enfrentar hoy la vida sin la presencia de su padre y esposo. No sólo quedaron huérfana sus hijas sino también su organización que de seguro continuará defendiendo esos principios por los que tanto luchó el compañero.

Crímenes como el de Erminson, son los que se vienen perpetuando, producto de los señalamientos que se dan desde las esferas estatales, las estigmatización hacia las organizaciones sociales y los dirigentes regionales.

Exigimos al Gobierno Nacional

1.Dar inicio de forma inmediata al proceso de investigación del asesinato del compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez por parte de personas desconocidas.

2.Que cese la persecución, amenaza y asesinato contra los dirigentes y lideres de Fensuagro.

3.Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales sobre el estado colombiano...
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1438
Desaparicion forzada en el Sumapaz: http://colombia.indymedia.org/mail.php?id=91653

jueves, 21 de agosto de 2008

¿Qué Justicia exige la Corte?

Reflexiones sobre la estrategia del régimen colombiano para someter a la justicia y lograr la impunidad.

[ 08/19/2008] [ Fuente: ALAI-NET ] [ Autor: Manuel Rozental]

El régimen que Gobierna a Colombia, acaba de ser objeto de una comunicación de un Fiscal de la Corte Penal Internacional. Es necesario clarificar que al utilizar el término "régimen" nos referimos a mucho más que el Gobierno presidido por Álvaro Uribe. El régimen incluye la institucionalidad Nacional y transnacional, la estructura y flujo de poder, las políticas que allí se elaboran e implementan, los recursos que maneja y los objetivos que persiguen.

El régimen incluye a las transnacionales que arman, entrenan y financian escuadrones de la muerte (Chiquita Brands y todas las bananeras, Drummond, Coca-Cola, según confesiones de paramilitares y evidencias acumuladas) y que no han sido objeto aún de los procesos de investigación jurídica que se requieren. También incluye a los Gobiernos extranjeros de potencias encabezados por los EEUU, que dictan las políticas e imponen el sentido y propósitos del régimen al servicio de las transnacionales, es decir, el uso y abuso de recursos públicos de estos Gobiernos para acceder a territorios y riquezas para beneficio de las corporaciones transnacionales: Plan Colombia, IIRSA, Escuela de las Américas, iniciativas militares y de inteligencia con el mismo objetivo. El régimen así constituido de manera transnacional y con una estructura de poder vertical al servicio del gran capital, es quien recibe esta carta de la Corte Penal Internacional a través del Gobierno de Colombia.

Veamos:

1. El Fiscal Argentino Luis Moreno, actuando a nombre de la CPI, dice en su carta publicada en el Nuevo Siglo: "Investigaremos de cerca por qué algunos ex paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos", con lo que advierte al régimen que, si la Justicia del régimen ha actuado para impedir que se haga justicia, la CPI tendrá jurisdicción para actuar en este caso y proceder para que se haga justicia.

2. La CPI solicita información sobre la decisión de extradición de paramilitares por parte del Gobierno de Colombia a los EEUU, porque esta decisión parece implicar que criminales de lesa humanidad, los delitos más graves y que deben tener prerrogativa sobre cualquier otro, son transferidos a la justicia de los EEUU para responder por cargos menores. Queda en evidencia la puerta giratoria de la justicia a través de la cual reos acusados por un delito en un lugar de la jurisdicción bajo control del régimen (en este caso Colombia) son transferidos a otro lugar (EEUU) con el efecto inmediato de quitarle a la justicia Colombiana el derecho de juzgarlos o de siquiera poder recoger evidencias y proceder en derecho de acuerdo con los cargos más graves: crímenes de lesa humanidad.

3. El régimen, a través del Presidente Uribe y del Ministro del Interior Valencia Cossio, se ha dedicado en los últimos meses a someter a la Corte Suprema de Justicia y a toda la justicia en Colombia, al poder del Ejecutivo. Específicamente, el Presidente Uribe violó la Convención de Ginebra al utilizar emblemas de la Cruz Roja en la Operación Jaque y mintió al respecto para encubrir la evidencia, extraditó a paramilitares y ha tenido una relación constante desde los niveles más altos, de coordinación y articulación con estas fuerzas del terror. Ante las acciones de la Corte para investigar estos temas y obtener respuestas del Gobierno y del Presidente, este ha lanzado una estrategia integral para desprestigiarla y someterla, lo que ha obligado a la Corte, en días pasados a proceder jurídicamente contra el Gobierno por su abuso de poder. La reforma jurídica propuesta tiene la intención de proteger a los políticos y funcionarios involucrados en la parapolítica ((http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rodrigo-uprimny/columna-y-no-se-hizo-al-reves , http://www.elespectador.com/columna-reforma-judicial-inoportuna-y-oportunista y http://www.senadorrobledo.org/?q=node/382 ).

4. La extradición de los paramilitares, una vez que empiezan a confesar sus crimenes y a destapar la relación entre el paramilitarismo, el Gobierno Colombiano, el de los EEUU y las corporaciones, y el ataque y desmantelamiento de la Justicia y su Corte más alta, tendría como resultado el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de sus autores transnacionales. Quedaría oculto el régimen que utiliza el terror con fines de acumulación, sus responsables al más alto nivel, los mecanismos de mando, decisión, articulación, financiación y sus víctimas. En otras palabras, se habría logrado la impunidad que requiere el proyecto de terror transnacional para lograr sus fines. Logrado esto, la agenda de terror queda en libertad para continuar según lo planificado.

5. Los preparativos para encubrir al régimen se hicieron con anticipación. El 5 de Agosto de 2002, a dos días de entregar la Presidencia a Álvaro Uribe, el Presidente Pastrana, a cargo de sus funciones dentro del régimen y luego de haber comprometido al Estado Colombiano con el Estatuto de Roma de manera que Colombia queda bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, exime a Colombia por un período de 7 años (hasta el 2009) de aplicar el artículo 8 de este estatuto, que incluye los crímenes de guerra. Ese artículo contiene los delitos de lesa humanidad como los cometidos por los paramilitares, el abuso de emblemas como el de la Cruz Roja y las acciones de actores intelectuales al más alto nivel. En otras palabras, Pastrana, preparaba el camino para la impunidad de paramilitares, sus socios y patrones que vendría con el Gobierno Uribe. El régimen se blindaba a través de dos Presidentes a su servicio.

6. El Estatuto de Roma, de 1998, no es firmado por los EEUU, de modo que los crímenes y criminales de lesa humanidad de ese país no pueden ser juzgados por esa instancias. De esta manera, el régimen consolida el blindaje. La CPI no tiene jurisdicción en los EEUU, adonde fueron extraditados los paramilitares y de donde se encuentran los centros de mando del régimen.

7. La agenda que combina el terror y los crímenes de lesa humanidad con legislación coherente con intereses transnacionales y con propaganda encubridora y promotora del proyecto de acumulación, sigue avanzando en y desde Colombia. Las amenazas, desapariciones, torturas, masacres, desplazamientos y terror continuan dentro del país mientras el régimen convertido en modelo desde Colombia se extiende por el Continente y en otras regiones. La impunidad es indispensable de modo que el proyecto y el modelo puedan implementarse al servicio del poder transnacional globalmente. Si la Justicia Colombiana o la CPI descubrieran la verdad sobre la estructura de terror global para la acumulación, el proyecto
del régimen estaría expuesto y la justicia impondría su disolución. Un resultado muy amenazador y preocupante para el poder global.

8. En este contexto, la carta de la CPI a través del Fiscal Luis Moreno es una advertencia al régimen a través del Presidente Uribe: o respeta a la Corte Suprema de Justicia y facilita el que se haga justicia desde Colombia de manera profunda e inequívoca, o, se demuestra que está obstaculizando la justicia a través de la extradición y las otras maniobras y por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción en este caso y procederá. Advierte
además la CPI, que desde hace años, viene acumulando evidencias en relación con Colombia y el paramilitarismo. La propia legitimidad del régimen es el ámbito de esta carta, aunque por el momento se trate solamente de una advertencia firme.

9. Cualquiera que sea la respuesta del Gobierno Colombiano, se acumulará al expediente que viene creando la CPI y que servirá como prueba frente a los crimenes cometidos, a la obstrucción de la justicia y a que las víctimas sean reparadas, la verdad toda sea conocida y expuesta y la justicia se convierta en realidad para que NUNCA MAS! un régimen transnacional de terror pueda hacer lo que está haciendo para acumular a costa de terror y sufrimiento.

10. Si la Corte Suprema de Justicia puede, como le corresponde, seguir investigando y resolviendo en derecho, el régimen tendrá una piedra en el zapato actuando desde dentro. Si la Corte Suprema es limitada en sus posibilidades y alcances, algo se sabrá y casi todo será encubierto, con lo que se legitima el régimen, el terror continuá y no se hace justicia. Si el ejecutivo somete a la rama judicial, la dictadura del régimen supra y para-uribista se consolida en la ilegitimidad y el poder legal queda en manos de los propios criminales. Este último es el proyecto en curso desde la Presidencia y el Ministerio del Interior. La CPI intenta respaldar a una Corte Suprema de Justicia autónoma y eficaz sumida en un régimen autoritario y transnacional.

11. Si la Corte Suprema de Justicia es debilitada o sometida, la CPI debería intervenir por encima y por fuera del régimen. Si lo hace, no tendrá jurisdicción en y sobre los EEUU, lo que de antemano limita el alcance de sus procesos, pero le permite develar verdades y avanzar significativamente hacia una justicia real para las víctimas. El mayor impacto será el de exponer la existencia, estructura y funciones del régimen transnaionalizado de terror para desmantelar el engaño con el que nos hacen creer en la existencia de Gobiernos autónomos y Presidentes populares para imponernos le crisis económica, el despojo, la exclusión y el hambre.

12. Si los pueblos y la ciudadanía no entendemos esta realidad y no le hacemos seguimiento a estos procesos respaldando la justicia y exigiendo que se haga realidad, seremos sometidos de manera permanente a un régimen que se sirve del terror para despojar y acumular y de la propaganda y el embrutecimiento colectivo para encubrir. Por eso, el New York Times publicó un artículo el 15 de Agosto titulado "Corte investiga a quienes apoyaron a Rebeldes en Colombia" en el que, refiriéndose a la misma carta del Fiscal Moreno, habla de investigaciones de la CPI a quienes respaldan a las FARC, tema que no se menciona para nada en esta carta al Gobierno de Colombia lo que, una vez más, pone en evidencia la estructura del régimen y sus poderes. El aparato de propaganda del régimen, desde el medio más poderoso de los EEUU, distorsiona la verdad, miente abiertamente y procede a encubrir para movilizar la ciudadanía desinformada en favor de un régimen ilegítimo

13. Un detalle más: la carta del Fiscal Moreno es dirigida a Rodrigo Lloreda, embajador de Colombia en La Haya, sede de la CPI. Esta es publicada en su totalidad en El Nuevo Siglo. Nos imaginamos que llegó allí y se dio a conocer por acción directa del Embajador Lloreda, conocido dirigente del Partido Conservador y ex-ministro de educación del Presidente Pastrana. El Nuevo Siglo es propiedad de los Pastrana y órgano vocero del ex-presidente Andrés Pastrana quien tanto contribuyera a preparar el terreno para la impunidad del régimen con los 7 años de gracia que le concedió al terror frente a la jurisdicción de la CPI. ¿Será que la campaña Presidencial y los propósitos electorales juegan en las decisiones del ex-presidente y de su partido en estos momentos en que Álvaro Uribe busca reelegirse? Esto es posible ya que no hay el menor indicio ni evidencia que le permita al ex-presidente Pastrana y al Partido Conservador argumentar que su interes es la justicia o que no son y han sido siempre orgánicos y beneficiarios del régimen que se sirve del terror para que acumulen.

La Corte Suprema de Justicia debe ser respetada, el Gobierno debe responder y someterse a la justicia, las confesiones y las investigaciones deben develar la estructura de poder, los criminales con mayor poder y mando deben responder por sus crímenes y ante todo, los pueblos no podemos aplaudir a quienes nos masacran y explotan para enriquecerse a nombre de la "democracia", la "decencia" y la "justicia", términos que han manchado de sangre y de dolor desde las instituciones que han creado para maltratar. O mejor dicho, si pueden, lo hacen y seguirán por ese camino de dolor y horror adornado de mentiras, a menos que dejemos de aplaudir y abramos los ojos.

martes, 19 de agosto de 2008

Masacre de Caño Seco (Arauca): Cuatro años de impunidad

Todo ocurrió hace cuatro años., en la vereda Caño Seco ( Saravena, Arauca.). Por supuesto nadie vio nada, ni supo nada. Pero el caso es que ese 5 de agosto las balas de los fúsiles pertenecientes a varios miembros del Grupo de Caballería Mecanizado No 18 Gabriel Reveiz Pizarro Ejército Nacional le quitaron la vida a Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyoneche y Jorge Eduardo Prieto. Posteriormente, serían presentados ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate.

Héctor Alirio, Leonel y Jorge Eduardo simplemente estaban totalmente lejos de ser lo que el Ejército Nacional había expresado públicamente que eran, como parte de una vieja estrategia para ocultar los atropellos que día tras día llevan a cabo contra la población civil. El único "delito" que habían cometido estos tres líderes sociales asesinados- que los hizo víctimas de señalamientos y varios montajes judiciales- fue desarrollar su trabajo como dirigentes sociales de la región.

Héctor Alirio se desempeñaba como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC). Quienes lo conocieron, lo recuerdan como un trabajador social incansable que estaba entregado de lleno a proyectos que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.

Leonel Goyoneche era directivo de la Central Unitaria de Trabajadores ( seccional Arauca) y estaba vinculado al magisterio del departamento. Se le recuerda como alguien que siempre estaba impulsando iniciativas en pro de la mejoría de las condiciones educativas del departamento.

Jorge Eduardo era miembro de pertenecía a la junta directiva de la seccional Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC). Además de su excelente labor sindical, es recordado por desempeñarse como un comprometido defensor de derechos humanos en la región.

Pese a las especulaciones oscuras que pudieran maquinar los fanáticos de la Seguridad Democrática, los dirigentes simplemente estaban haciendo lo que mejor sabía hacer: su trabajo. El día anterior se habían reunido en una casa campesina con varios líderes civiles para evaluar la crítica situación regional de los derechos humanos en la región.

Al día siguiente, el Estado les pasaría la cuenta de cobro por haber tenido la "desfachatez" de participar en una reunión donde se cuestionaban las consecuencias de la guerra contra el terrorismo. A las cinco de la mañana, el Ejército rodeo la misma casa campesina en donde tenía lugar la reunión y donde los dirigentes dormían. Los sacaron de allí, los obligaron a arrodillarse a un lado de la casa y posteriormente los asesinaron a sangre fría.

Gracias a las gestiones realizadas por varias organizaciones de derechos humanos para esclarecer los hechos, fueron condenados a 40 años de prisión algunos de los miembros de las Fuerzas Militares que participaron en la ejecución de este crimen, tales como el subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón , a los soldados profesionales John Jairo Hernández, Walter Loaiza y Oscar Saul Cuta. También se le impuso la misma sentencia a Daniel Caballero Rozo, un informante que acompañaba a los militares durante el desarrollo de los hechos.

Aunque esta sentencia se constituye como un triunfo importante para los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que han asumido el caso, se considera que aún esta pendiente esclarecer con profundidad cuáles fueron los verdaderos móviles para cometer este abominable crimen, así como establecer verdaderas garantías de verdad y reparación integral, que permitan - entre otras cosas - recuperar la dignidad y el buen nombre de los dirigentes asesinados.

A pesar de la tristeza que hoy nos embarga tras recordar estos hechos, Humanidad Vigente envía un caluroso abrazo fraternal a los familiares y amigos de Héctor, Leonel y Jorge Eduardo. Donde estén siempre los recordaremos. Su fuerza está con nosotros para impulsarnos a seguir luchando en estos tiempos, aquí en el país de los ciegos, donde trabajar para exista la justicia social es un acto criminal para el gobierno y sus aliados.

¡Hasta siempre!

Humanidad Vigente

[movice] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

lunes, 16 de junio de 2008

PIEDAD CORDOBA DENUNCIA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN DE URIBE Y LAS MANIPULACIONES DE SU APARATO DE PROPAGANDA.

CARTA DE PIEDAD CORDOBA AL DIRECTOR DE LA REVISTA SEMANA

Bogotá DC., junio 09 de 2008

Sr. Director de la Revista Semana

D. Alejandro Santos Rubino


Respetado señor Director:

Empiezo por expresarle mi inconformidad y mi rechazo con la portada que presenta esa revista en su número 1362, bajo el interrogante "¿Deschavetada?", en cuya composición semántica y diagramación evidencia el interés por caricaturizarme de manera degradante, con el propósito adicional de suscitar pulsiones de odio instantáneas en el colectivo social. Sin duda, se atenta contra la honra, el buen nombre y la integridad de mi persona, tipología penal que usted bien conoce.

Pienso que esa carátula podría tomarse como una expresión más de la "mala leche" de mis malquerientes en ese medio, si no fuera porque se trata de la presentación de un desacostumbrado editorial cuyo contenido, cargado de adjetivos descalificadores y agresivos, afecta mi dignidad de mujer y me coloca en la mira de los homicidas de la paz.

En tal sentido dar por sentado que los "correos" subrepticiamente suministrados a Semana -y de manera selectiva a otros medios- son escritos y "firmados" por mí como "corresponsal" de las FARC, es un infundio, una atrabiliaria e injuriosa sindicación.

Debo deplorar que usted no haya tenido en cuenta el beneficio de la duda, cuando el origen de tales "emails" es altamente sospechoso, pues la atribución de su autoría a cualquier ciudadano no sería posible sin la identidad real de las fuentes de su creación, y dado que muchas otras "pruebas" de ese mismo tenor han sido desacreditadas por los afectados, como es el caso del ministro Larrea del Ecuador o del ex ministro y precandidato presidencial Rafael Pardo Rueda.

De otra parte, debió tener en cuenta el señor director de Semana que ni siquiera la INTERPOL pudo ocultar las evidencias de manipulación de los computadores y se vio obligada a afirmar que "48.055 archivos de los computadores de "Reyes" fueron "abiertos, creados y modificados por la Policía entre el 1 y el 3 de marzo", y que "el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley" (conclusión N° 2b, subrayado mío)

Como lo ha afirmado recientemente el investigador y columnista Pedro Medellín: "Las filtraciones de esta información en el exterior se han constituido en un medio con el que el Gobierno ha buscado forzar reacciones, cambiar escenarios, producir realinderamientos o movilizar apoyos, que con la política internacional no ha podido conseguir. Y en el país, le está sirviendo para establecer vínculos judiciales de sus opositores, que ayuden a contener el avance devastador de la parapolítica".

Es importante advertir que "la validez jurídica de las pruebas depende de su debida recepción y valoración por parte de las autoridades públicas". La cadena de custodia en su traslado no puede interrumpirse, so pena de comprometer los principios de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial y ese reato ha quedado en evidencia. Por ello la Honorable Corte Suprema de Justicia ha reclamado de manera insistente al señor Ministro Santos la entrega de los referidos computadores, cuya negativa a atender ese llamado judicial ha empezado a interpretarse como otro de sus famosos "falsos positivos".

Niego rotundamente, de manera clara y categórica, ser la autora o inspiradora de esos "escritos" que supuestamente el general Oscar Naranjo y el ministro de Defensa Nacional Juan Manuel Santos -por cierto, su tío-, hallaron en el "computador de Raúl Reyes". Computador mágico del cual está haciendo uso inescrupuloso el gobierno del presidente Uribe Vélez y su ministro de Defensa, para liquidar políticamente a quienes nos oponemos a su ilegítimo mandato. Una cosa no puede ser algo y lo contrario al mismo tiempo, han dicho los clásicos de la lógica.

Personalidades muy sobresalientes de la sociedad civil, analistas del discurrir público nacional e internacional, así como académicos y científicos sociales, que me han hecho llegar su abrumadora solidaridad, encuentran en este desproporcionado y múltiple ataque mediático tanto a mi trabajo humanitario como a aspectos de mi personalidad, un intento de "equilibrar" con sindicaciones a la oposición legítima los dos problemas mas apremiantes que tienen en jaque la moralidad pública y la concepción democrática del gobierno Uribe Vélez, a saber: La parapolítica y la "gidispolítica", patologías cuyo origen y desarrollo tienen nombre propio y asiento en la Casa de Nariño.

La homogenización mediática en torno a la imagen del presidente Uribe Vélez y el curioso culto a la personalidad del jefe de Estado que constantemente hacen los comunicadores de los medios masivos -en medio de su estrechez analítica-, es el producto de una coacción simbólica determinada por la licitación de los canales de Televisión, de las emisoras regionales y de los contratos de pautas publicitarias millonarias con los cuales se busca engrasar los apetitos empresariales de los medios privados de comunicación, cuando no se los regaña en público para minimizar su independencia.

En un escenario como ese el pensamiento crítico y el disenso democrático son objeto de burlas, cuando no de aleves ataques. Los medios masivos en Colombia han devenido en cámaras de resonancia oficialistas desde donde se concreta la guerra simbólica que distorsiona la verdad y se crean matrices de opinión para ciudadanos sumisos.

Pero, en aras de la convivencia, yo dejaría todo de ese tamaño, así deba pagar el costo del maltrato mediático y gubernamental. No obstante lo que advierto es que en el fondo el aparato del régimen mafioso se está moviendo a toda velocidad para impedir la realización de un probable Acuerdo Humanitario y, como consecuencia, oponerse a una salida política al conflicto interno armado que padecemos desde hace sesenta años.

Entre otras cosas, porque la guerra es un negocio sumamente lucrativo para los regímenes de derecha, que se benefician con la prolongación de las confrontaciones armadas internas. Hoy el binomio Uribe-Santos se da el lujo de gastar 6.5 puntos del PIB nacional en armamento y equipamiento militar, mientras la educación, la salud y la vivienda continúan siendo carencias sustanciales de nuestros compatriotas: Mano de hierro para las necesidades sociales, corazón generoso y abundante para los mercenarios de todas las pelambres.

Estoy cierta que mi trabajo humanitario y mi pensamiento democrático y progresista, volverán a ser objeto de embestidas brutales como la del fin de semana.

Espero que no se cumpla ninguna de las dos expectativas aciagas con que usted me despide en su editorial: la disyuntiva de muerte o cárcel. Ello me impediría continuar trabajando personalmente por la paz pero, en cambio, brotarían de la tierra miles de estudiantes, trabajadores hombres y mujeres que sabrán recoger el legado que estamos sembrando.

Su vaticinio infausto y sus deseos crueles no me arredratan ni me harán bajar la guardia. Ejerceré el mandato universitario por la paz que miles de estudiantes me han conferido en todo el país y desarrollaré las acciones que las familias de los secuestrados(as) me han encomendado. Pronto estaré de nuevo ofreciéndole resultados positivos al país.

He conquistado un espacio generoso y cálido en el alma nacional y no será con ultrajes a mi dignidad y a mi ética pública como podrán sacarme de la legitimidad de mi lucha por el Acuerdo Humanitario. Trabajaré incansablemente Para recuperar la esperanza.

Por todo lo anterior y en ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, le solicito la publicación completa de esta nota.

Atentamente,

Piedad Córdoba