Petición firmada por 18 organizaciones solicitando al Gobierno de Zapatero que rectifique su política exterior de apoyo al Gobierno de Uribe.

Posterior a la entrega de firmas se han adherido más organizaciones.

AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Excelentísimos e ilustrismos miembros del Gobierno de España, nos dirigimos a ustedes para hacerles saber que un grupo de personas, actuando tanto de forma individual como en representación de colectividades (Organizaciones de solidaridad, sindicales, políticas …), nos hemos propuesto la tarea de articular un espacio de solidaridad desde Canarias con los movimientos sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, políticos, … de ciudadan@s colombian@s que sufren persecución, asesinatos, desapariciones y todo tipo de violaciones de Derechos Humanos por el simple hecho de desarrollar actividades en defensa de sus intereses. Sus acciones de protesta o denuncia están amparadas formalmente en el derecho a reunión, a la tutela judicial, a la libertad sindical, a la libertad de expresión, … sin embargo, en muchas ocasiones les cuestan la vida.

Queremos que el Gobierno de España esté al tanto del Informe sobre Derechos Humanos 2002/2006 publicado en enero de 2007 por la Comisión Colombiana de Juristas (filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, con estatus consultivo ante la ONU). En el mismo registraron 6.406 casos de homicidios y desapariciones sucedidos entre junio de 2002 y julio de 2006 en contexto ajeno al combate, por motivos sociopolíticos, y donde se logró identificar al autor o presunto autor genérico. En el 75,15 % de casos se señala como responsable al Estado colombiano, es decir, un total de 4.815 víctimas mortales, por perpetración directa de agentes estatales, el 14,17% (908 víctimas); por tolerancia o apoyo a los crímenes cometidos por grupos paramilitares, el 60,98% (3.907 víctimas). El mismo informe indica que se atribuye a las guerrillas el 24,83 % (1.591 víctimas). Si sumamos los casos en los que no se tienen datos del autor o presunto autor la cifra de víctimas mortales en dicho periodo de 4 años asciende a 11.292. Finalmente añadiendo las muertes resultado de combates entre las fuerzas beligerantes del conflicto armado el registro fue de 20.102 muertos en el mencionado tiempo[i]. No podemos pasar por alto que el 56,17 % de las muertes violentas o desapariciones por motivos sociopolíticos se producen en contexto distinto al combate (personas asesinadas en sus puestos de trabajo, en sus casas o en la calle, …) y ya vimos que el informe nos indica que el Estado, por apoyar o tolerar la acción de grupos paramilitares o por la acción directa de sus agentes, es el principal responsable o presunto responsable genérico (75,15 %). Estamos hablando de Terrorismo de Estado practicado de forma sistemática.

Entre julio de 2006 y junio de 2007, se registraron 287 violaciones al derecho a la vida directamente cometidas por agentes estatales (51 desapariciones forzadas y 236 ejecuciones extrajudiciales). Si a esas muertes se suma lo registrado durante los cuatro años precedentes (julio de 2002 a junio de 2006), se tiene un total, durante el tiempo de implementación de la política de “seguridad democrática” del Presidente Uribe Vélez, de 1.190 víctimas mortales por la acción directa de los agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales)[i].

Históricamente, los Paramilitares han sido los que más han violado el Derecho a la Vida. Si sumamos los homicidios y desapariciones, en contexto ajeno al combate, cometidos por éstos desde julio de 1996 hasta julio del 2006 la cifra asciende a 14.444 personas civiles muertas (el 71,06% en 10 años). Los paramilitares continúan siendo los principales violadores del Derecho a la Vida, a pesar de sus negociaciones con el Gobierno de Uribe, supeditadas teóricamente al cese de hostilidades. Desde el inicio de esas negociaciones el 1º de diciembre de 2002 hasta el 31 de julio de 2006, al menos 3.005 personas fueron asesinadas o desaparecidas presuntamente por paramilitares[ii]. Sin embargo, el gobierno impulsa legislación que puede dejar en la impunidad muchos crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos (Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz). Así lo denuncian la Comisión Colombiana de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y muchas otras instituciones.

Ante estos terribles hechos hacemos la siguiente reflexión. Las medidas de la mal llamada “Política de Seguridad Democrática (PSD)” implementada por el Gobierno de Uribe ha creado un estado de excepción. Bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo” se vincula con la insurgencia armada cualquier actividad de protesta o crítica hacia las políticas del Gobierno. Así se aniquilan organizaciones populares campesinas, sindicales, …, acusando a sus dirigentes de guerrilleros y sometiéndolos a persecución, hostigamiento y judicialización en el mejor de los casos, ya que la práctica sistemática del Terrorismo de Estado ha segado la vida de miles de personas. El término “democracia” es imposible aplicarlo en este contexto.

Partiendo de que España se constituyó en un Estado Social y Democrático de Derecho, su gobierno no puede pasar por alto esta situación en la implementación de su política exterior. Conociendo la gran cantidad de acuerdos existentes con el Estado Colombiano, como por ejemplo: el Programa Financiero, renovado en 2005, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el Convenio para Evitar la Doble Imposición y, sobre todo, el firmado el 23 de enero de 2008, llamado Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), que coloca las relaciones bilaterales en el más alto nivel y que regulará la relación de los dos Estados en ámbitos como inmigración, comercio, cultura, cooperación judicial o lucha contra “el terrorismo y el narcotráfico”. Y además, estando al tanto de las ventas de material militar español a Colombia, concretadas en 13 millones de euros el año 1998 y 11 millones de euros en el año 2003 por la venta de 2 aviones militares CN-235;

LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES SOLICITAN SE RECTIFIQUE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA CON RESPECTO A COLOMBIA, GUIÁNDOSE POR LAS SIGUIENTES DIRECTRICES:
1. Rechazo público del Gobierno español a la política del Gobierno colombiano de negación de la existencia del conflicto armado interno con sus orígenes políticos, económicos y sociales.

2. Reconocimiento del estatus de fuerza beligerante a las partes del conflicto armado. Exigir a ambas partes (Estado y Guerrillas) el respeto al Derecho Humanitario de la Haya y de Ginebra (protección de civiles, prisioneros de guerra, no utilización de medios y métodos prohibidos en la guerra, …).

3. Suspensión de la venta de material militar a Colombia mientras no se solucione el conflicto armado interno que vive el país.

4. Apoyar la adopción de la vía del diálogo y la negociación para buscar un final a la prolongada guerra civil que vive Colombia. Un gran dialogo nacional que incluya a todos los sectores, tanto armados como no armados (partidos políticos, sindicatos, asociaciones campesinas, estudiantiles …), única vía posible para una necesaria transformación del Estado que garantice los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas a todos los ciudadanos y con ello fraguar una paz duradera.

5. Supeditar cualquier acuerdo con dicho Estado al fin de la violación sistemática de Derechos Humanos tanto por fuerzas regulares del Estado como por irregulares (paramilitares) que actúen con la colaboración de las primeras. En tal sentido, el gobierno español debe estar al tanto de los informes de la O.N.U. y organizaciones con estatus consultivo ante la ONU, como la Comisión Colombiana de Juristas, de la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A. y de la O.I.T. Igualmente debe mantener contactos con las principales Centrales Sindicales de Colombia para recabar información sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores sindicalizados.

6. Exigir a las empresas españolas que operan en el país informes sobre la seguridad de todos sus trabajadores, especialmente de los trabajadores que integren los comités de empresa y secciones sindicales de sus centros.

7. No tomar ninguna medida que ignore la Proposición No de Ley sobre el condicionamiento de la Ayuda al Desarrollo al respeto a los Derechos Humanos, adoptada en el Congreso de los Diputados en junio de 2004.

La Laguna, a 18 de febrero de 2008.

ORGANIZACIONES FIRMANTES.

1. ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CANARIO (AMEC)

2. ASOCIACIÓN CANARIA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI.

3. ENSEÑANTES ASAMBLEARIOS DE CANARIAS (E.A. CANARIAS)

4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (P.C.P.C)

5. ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (A.N.C.)

6. ASOCIACIÓN JUVENIL TAHIME.

7. JUVENTUD COMUNISTA DE CANARIAS.

8. SINDICATO DE OFICIOS VARIOS – CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (C.N.T.)

9. SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN, METAL Y MADERA – CONFEDERACIÓN NALCIONAL DEL TRABAJO (C.N.T.).

10. COMISIONES DE BASES CANARIAS (COBAS. CANARIAS.)

11. GABINETE DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE TENERERIFE (U.G.T.-TFE)

12. ÁREA DE INMIGRACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T. – CANARIAS).

13. COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ DE TENERIFE.

14. IZQUIERDA UNIDAD DE TENERIFE (I.U.C. – TENERIFE).

15. PARTIDO COMUNISTA DE CANARIAS – TENERIFE. (P.C.C.-TENERIFE)

16. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE COMISIONES OBRERAS CANARIAS (CC.OO. – CANARIAS).
17. PLATAFORMA BOLIVARIANA DE TENERIFE.

18. COMITÉ CANARIO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS (C.C.S.P.)

19. SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DE INTERSINDICAL CANARIA

ORGANIZACIONES QUE SE HAN ADHERIDO POSTERIORMENTE

20. UNIDAD DEL PUEBLO.

21. SINDICATO DE ESTUDIANTES CANARIO.

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[i] “236 casos de falsos positivos entre julio de 2006 y junio de 2007 documenta informe sobre ejecuciones extrajudiciales entregado a

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[i] Informe: Colombia 2002-2006: Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Comisión Colombiana de Juristas. Calle 72 Nº 12-65 piso 7. Bogotá – Colombia. Teléfonos: (571) 3 76 8200 – (571) 3 43 4710. Correo-e: ccj@coljuristas.org. Página web:www.coljuristas.org