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viernes, 26 de febrero de 2010

Colombia, la vena más abierta de América Latina


Hace mucho que la realidad colombiana viene excediendo con creces el mundo onírico y el realismo mágico de la obra garcíamarquiana. Hoy quiere parecerse a una pesadilla del más crudo hiperrealismo. Anticipando todos los escenarios catastróficos, pareciera que la debacle final de la oligarquía colombiana, arrastrara al abismo a todos los sectores de la sociedad. La última operación política para salvar las grandes fortunas y el poder atesorado por los grupos dominantes a través de décadas, consiste en facilitar las bases militares al ejército norteamericano como último recurso para cautelar su espacio de dominación en el área y como plataforma “preventiva” contra procesos políticos y gobiernos insumisos de las ordenanzas del imperio.

Ricardo Ferrer fue periodista de la Red Colprensa, de diarios como El Colombiano, comunicador social de varias radioemisoras, testigo y sobreviviente de la masacre de Atrato y actualmente refugiado en España. En enero del próximo año publicará su testimonio: Nos matan y no es noticia. Negocios y Masacres en el Río Atrato. Profundo conocedor de la realidad de su país, nos describe un detallado análisis de la convulsa situación colombiana y expone con claridad lo que muchas veces es distorsionado tanto en Europa como en el resto de América Latina.

1.- Ricardo, ¿que sucedió exactamente en Atrato?

En la mañana del viernes 30 de mayo de 1997 entró un mensajero de las FARC en mi oficina para solicitarme que actuara como mediador entre la Guerrilla y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Como Jefe de prensa de METROSALUD, la red de salud de Medellín, creí mi deber intervenir en esta acción de carácter netamente humanitario. La mediación serviría para verificar el estado, entregar muestras de supervivencia de diez prisioneros, infantes de marina, en poder del Frente Nº 57 de las FARC en la zona de Murindó y sobre todo negociar su inmediata liberación.

Dado que en el Derecho Internacional los actores en conflicto interno o externo reconocen a los servicios de salud como entes neutrales, la guerrilla solicitó la mediación o buenos oficios, conscientes de que el enfrentamiento con el ejército y los paramilitares era inminente y podría ocurrir en una masacre de los prisioneros que se encontraban “Fuera de combate por detención”; definición que permite la plena aplicación del Artículo Tercero, común a los cuatro acuerdos de Ginebra. Recordé una frase del Deuteronomio que le escuché a mi padre cuando niño: “Elegirás la vida”, y me dispuse a dar lo mejor de mí para que esta operación no costara vidas humanas. Además de eso la Constitución colombiana expresamente señala en un artículo la obligación de los ciudadanos de contribuir a la paz.

Sin embargo, desde un primer momento me fui dando cuenta que el ejército no tenía ninguna intención de favorecer la mediación, ni siquiera que esta se realizara. Ya en el hangar para vuelos arrendados (Charters), fui interceptado por un individuo de raza negra que me dio su nombre y me señaló que si yo hacía el viaje a Vigía del Fuerte sería muy peligroso para mí y debía ver bien cómo iba a regresar.

Yo pensé que sería sometido a ese tipo de control a mi llegada a Murindó por parte de los mandos de los paramilitares, pero mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que ya desde Medellín agentes de no sé que servicio exactamente, conocían todos mis movimientos. Te reitero que mi función consistía exclusivamente en recoger las pruebas documentales de supervivencia de los prisioneros (cartas, fotos, identidades, etc), para entregarlas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se crearía una zona de despeje militar en la zona del Caguán donde la guerrilla pretendía entregar además a otros setenta militares prisioneros de guerra, provenientes de diversas regiones del país, todo ello antes del 15 de junio de 1997.

2.- ¿Que pudiste comprobar a tu llegada?

Desde que la avioneta aterrizó en Vigía del Fuerte comenzaron a suceder cosas muy extrañas que me hicieron pensar que algo anormal estaba sucediendo en la zona. Debo decirte que esa es una región selvática, de población principalmente negra e indígena y en la cual yo llamaba inmediatamente la atención por mi tipo físico. Como conocía el lugar, esperaba a mi llegada encontrarme con gente en la pista de aterrizaje, en las calles del pueblo, ventas de fritangas en las veredas, música en el ambiente, como es en las regiones calientes, pero todo estaba desierto.

Me dirigí al embarcadero para continuar viaje en panga (lancha) hacia Murindó, pero ninguno de los lancheros quiso llevarme, aduciendo que ese día no estaban haciendo viajes a Murindó. Tampoco había niños bañándose en la ribera del río como había visto en otras oportunidades. Como pensé que los lancheros no querían llevarme por una cuestión de dinero comencé a regatear con ellos, pero me dijeron en grupo: "Entiéndanos doctor. Es que no están bajando lanchas hacia Murindó".

Fui a la alcaldía, me presenté con el alcalde Wilson Chaberra en su oficina. Había cuatro hombres a su alrededor y un ambiente tenso. Le informé que en Medellín estábamos preparando un Seminario Nacional de Empresas Sociales del Estado, el cuál incidiría en la calidad presupuestaria en los Hospitales y Centros de Salud en todo el país, todo lo cual era cierto. Le entregué unos textos educativos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, confeccionados por Metrosalud, además de trípticos y plegables. Me recibieron los documentos y procedieron a mecanografiar una nota oficial de recibo, además de una constancia de mi visita. Mientras cumplían ese trámite, me dirigí al baño y una persona a la que no puedo nombrar, ni entregar su cargo, me siguió y mientras yo estaba orinando me dijo en voz baja y sin mirarme: "Usted está en serio peligro de muerte. Aquí están pasando cosas terribles. Tiene que buscar el modo de irse lo más pronto posible. No vaya a Murindó porque toda la gente está huyendo de allá".

Salí conmovido de la alcaldía y me dirigí al hospital de Vigía del Fuerte para entrevistarme con el Médico Jefe o el director. Ninguno estaba. Sólo encontré a unas muchachas adolescentes en la oficina del segundo. Me dijeron que ellas eran Voluntarias de Salud y venían desde Murindó con los funcionarios. Les pregunté si podía hacer el viaje de regreso con ellas. Una de las chicas me dijo que tenía que presentarme con el comandante de las autodefensas, que sólo él podía autorizar el viaje. Entonces les propuse pagar yo el combustible. Una chica negra se asustó mucho y me dijo que si iba alguien no autorizado en el viaje, los podían matar a todos y echarlos en el río. Que ya lo habían hecho antes. Además, los paramilitares controlaban absolutamente todo lo que se cargaba en las lanchas, especialmente la comida, la sal y la gasolina. Controlaban hasta la última gota de gasolina que entraba o salía de Murindó. Se registraba a todos los pasajeros que salían, y debían volver los mismos en cada lancha. Salí del hospital ya con miedo, se me acercó otra muchacha que sin más me dijo que debería hablar con el comandante de las autodefensas, que era “un amor” y que ayudaba mucho a la gente.

No quise comprometerme y le pedí la referencia de un hotel donde alojarme. Me recomendó uno que estaba cerca del embarcadero; durante la comida continué escuchando historias de masacres, una anciana que valientemente se sentó a mi lado me contó que le habían muerto un familiar que era su único apoyo para su sustento, otra chica completamente enrabiada me contó que le habían asesinado un amigo de la infancia, y me dijo “¿por qué no se meten con la guerrilla esos hijueputas?”

La anciana que al principio comenzó hablando muy bajito, luego me dijo desesperada: "¡Señor, usted tiene que contar lo que está pasando aquí!".

Todas la versiones coincidían en una versión central. El día 22 de mayo llegaron los paramilitares en pangas (lanchas rápidas), y comenzaron a asesinar personas de los poblados acusándolas de colaborar con la guerrilla. Los vecinos mencionaban muchos nombres sueltos, pero lógicamente no tenían una lista oficial. Luego entró el ejército y no le pusieron problemas a “los paracos”, me decían. Nadie se metió, ni la alcaldía, ni la policía, ni el juez. ¡Ninguna autoridad intervino para proteger a la población civil! Veían cadáveres flotando en el río, piernas, brazos y miembros descuartizados y miraban para otro lado.

“Nos están matando y por la radio no sale ni una sola noticia”, me decían consternados. Estamos en poder de los mochacabezas. Pero lo peor para mí estaba por venir. Regresé a la residencia y recuerdo haber estado leyendo una novela de Guy de Maupassant Bel ami. De pronto la puerta se abrió de golpe y veo a un hombre de raza negra, joven y atlético encañonándome con una pistola. El hombre estaba acompañado de una mujer. Ambos estaban muy alterados, yo retrocedí mostrándoles que no llevaba nada en las manos. Comenzaron a registrarlo todo, mis ropas, mi bolsa de viaje.

El hombre que luego se presentó como el comandante de Vigía del Fuerte de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, me dijo que estaban en guerra a muerte con la guerrilla, sus colaboradores y “toda la basura” y que los matarían a todos. Al ver el libro que estaba leyendo me hizo relatarle de qué se trataba. Me quedó claro que no sabía nada de literatura y menos de los novelistas franceses del S. XIX. La mujer estaba fuera de sí y me miraba agresivamente con los ojos desorbitados registrándolo todo, afortunadamente no encontró el carné de periodista que estaba en un bolsillo lateral de la maleta. El hombre me preguntó que quién era yo, y qué hacía en Vigía del Fuerte. Luego me dijo que no correspondía con la descripción que le habían dado de mí. Le mostré las cartillas y los trípticos de salud y le dije lo importante que era preparar el II Seminario de Empresas Sociales del Estado. Que incidiría directamente en la atención de los habitantes de la región. Luego me dijo que nadie le había avisado de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, ni tampoco de la Gobernación de Antioquia sobre la visita de un funcionario de Salud. Que a él le avisaban por teléfono las visitas. Ahora deduzco la estrecha relación entre los altos funcionarios de la gobernación de Antioquia y los escuadrones de la muerte. Adivina quién era el gobernador de Antioquia de la época: Álvaro Uribe Vélez, principal promotor de las cooperativas de seguridad privada “Convivir”. El paramilitar tampoco me pareció “el amor” que me había descrito la muchacha.

3.- ¿Que relación real existe entre el paramilitarismo y el Estado colombiano en el área?

Uribe y la élite colombiana han convencido a los Estados Unidos de que son la fuerza necesaria para impedir el avance de los movimientos sociales. Entre 1994 y 1998 la oligarquía colombiana pensó que podía perder el poder. Esa afirmación está recogida en diferentes documentos divulgados por analistas sociales de la derecha (por ejemplo, el Instituto Rangel). Los gobernantes optaron por la guerra sucia a mayor escala desde 1996. En ese marco se diseña el Plan Colombia. Para ese objetivo debían necesariamente producir una reingienería en las Fuerzas Armadas y subordinarlas directamente al Comando Sur del ejército de los Estados Unidos con base en Panamá, específicamente al 7º Grupo de Operaciones Especiales (los Boinas Verdes), quienes son los que han asesorado todo este proceso.

Para mí, las matanzas de Mapiripán y las mismas del Río Atrato marcan el inicio de un nuevo modelo de guerra sucia; la llevan a su máxima expresión, es decir, matanzas indiscriminadas de campesinos para lograr su desplazamiento mediante el terror, esto es en la Costa Caribe, Costa Pacífica, Pie de Monte Llanero, y las inmediaciones de las principales ciudades de la Costa.

Así se establece esta alianza de la muerte entre estado-gobierno-ejército y paramilitares. Los paramilitares no son ni más ni menos que subcontratistas que hacen el trabajo sucio y liberan al ejército de la represión atroz y descarada, preservando su imagen de institucionalidad. Luego el ejército consolida los territorios y se lleva los créditos como “garante” de la seguridad ciudadana.

Pero cuando los paramilitares se convierten en una amistad incómoda, en un incordio porque tienen memoria y conocen todo el rodaje, también pueden ser objetos de la represión. Se calcula que el gobierno ha tenido que matar a más de dos mil mandos del sicariato, capaces de demostrar sus vínculos con ellos y el narcotráfico.

Luego de doce años de guerra sucia, se ha hablado una y otra vez de desmovilización de los paramilitares. Siempre ha sido una farsa. Han cambiado de nombre, han muerto sus mandos, pero la guerra sigue igual. Continúa el expolio, las tierras jamás han sido devueltas, ¿por qué? Porque se trata de territorios con enormes riquezas para megaproyectos que no incluyen a los habitantes del entorno a la hora de intervenir con obras ingenieras. Se proyectan grandes centrales hidroeléctricas, oleoductos, carreteras, minas a cielo abierto, cultivos industriales con resultados catastróficos para la gente. No es mera coincidencia que ocurran las masacres en zonas cercanas a los megaproyectos no sólo en Colombia sino en México y Perú.

En el caso nuestro, una investigación adelantada por un grupo canadiense concluye que Colombia es uno de los 10 países más ricos en recursos del mundo, con yacimientos minerales de oro, cobre, manganeso, petróleo, además de recursos hídricos notables, e incluso plantas y animales sin clasificar. Por eso es que una premisa de los paramilitares cuando llegan a los campos y preguntan al propietario: "¡Me vende su tierra o le compro a su viuda!". Muchas veces lo que quieren es plantar palma africana para producir biodiesel. Así se han producido desplazamientos masivos a Turbo, Apartadó, Chigorodó, Medellín y Quibdó. Luego de matanzas de familias enteras.

En el caso del Río Atrato soy un convencido de que lo que está atrás de la matanza es la construcción de un canal interoceánico (Atrato-Tuandó) de las mismas características que el Canal de Panamá. La marcha triste de los desplazados se inicia en los despachos del BID y del Banco Mundial. Hay dos siglas tenebrosas a tener en cuenta, IIRSA y PPP. Iniciativa de Integración de Infraestructuras para Sudamérica y Plan Puebla Panamá. Ganancias para las multinacionales, violencia para los naturales. En nombre del progreso , campesinos inocentes y sus familias han muerto o han sido desplazados para codicia de las empresas y sus megaproyectos. ¡Exijo que se les haga justicia!

4.- ¿Cómo se explica entonces las reelecciones sucesivas de Uribe en el gobierno colombiano?

Para comprender la realidad específica de Colombia hay que remontarse a la historia del siglo XIX. Luego de la independencia de España, el poder se atomizó, nunca se consolidó un verdadero estado nacional. La burguesía de Colombia siempre fue vendida, sumisa, dependiente de otros poderes externos al país. La oligarquía gobernante se vendió primero a los ingleses desembozadamente, y luego a los Estados Unidos cuando cambió el imperio. Siempre fueron otros los que devoraron nuestras materias primas y jamás hubo políticas de desarrollo nacional ni una reforma agraria. Se trata de familias voraces que no han vacilado en vender los intereses nacionales a potencias extranjeras.

La violencia entonces se puede resumir en pocas líneas. Intolerancia política, alergia a las reformas sociales y asesinato sistemático de la oposición que se atreva a plantear los cambios en el sistema social de Colombia. Como resultado tenemos una democracia genocida, como bien la ha descrito el sacerdote Javier Giraldo. Los colombianos nunca hemos tenido paz, hemos sobrevivido en guerras interminables donde los que cargan el fusil son siempre los pobres, en uno y otro bando. Los guerrilleros, los militares y sus sicarios paramilitares son todos de origen humilde; la burguesía colombiana no sufre de manera directa la guerra; por eso siempre afirman que en Colombia no pasa nada.

A Colombia siempre la ha gobernado una élite sanguinaria que nunca ha admitido reformas sociales. Cada propuesta política diferente ha sido recibida a tiros. Los asesinatos de Jorge Eliécer Gaitán, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro León-Gómez, por nombrar a los principales dirigentes que se atrevieron a esbozar un camino alternativo son la muestra más patente. Querían ser presidentes de otra Colombia. Todos proponían una manera nueva de gobernar, y todos pagaron con sus vidas el haber planteado reformas sociales.

Gaitán, que había estudiado a fondo el modelo de seguridad social aplicado en Italia luego de la segunda guerra y podía entenderse como cercano a las ideas socialdemócratas, fue calificado de comunista y asesinado. Una y otra vez los lideres y políticos del cambio son asesinados.

En este escenario, el conflicto colombiano tiene actualmente un ingrediente muy activo: una prensa vendida al proceso paramilitar, que maquilla los muertos, que alaba a los victimarios, que justifica la guerra sucia. Es de esa manera que es elegido Alvaro Uribe, con una promesa populista de acabar con la guerra, terminar con la guerrilla y modernizar el país. ¿Cómo lo hizo? Comprando conciencias, eliminando opositores, gobernadores, alcaldes, senadores…Ahí está el famoso pacto de Realito que se constituyó para refundar Colombia bajo un acuerdo de gobierno, militares, narcotráfico y paramilitares, y donde habían varios uribistas. En Colombia se habla ya de la política y la parapolítica.

5.- Una pregunta difícil: ¿Cuál es la relación entre el narcotráfico, la economía y la política en Colombia?

El tema es demasiado extenso, pero podría decirte que desde 1974 a Colombia la han gobernado presidentes muy amigos del narcotráfico. Esto tiene sus antecedentes luego de la guerra de Vietnam, cuando en Estados Unidos existía una masa de excombatientes y drogadictos que necesitaban urgentemente suministros de droga desde el exterior del país. ¿Quién podría suministrársela? Colombia. Si alguien se tomara el trabajo de revisar las “amnistías tributarias” en Colombia, el rastro del dinero delataría una huella muy marcada que va desde los grandes capos de la mafia hasta el congreso de la república. Periódicamente los gobiernos han facilitado que los dólares de la mafia ingresen a la economía formal.

Desde 1974, el presidente Alfonso López Michelsen coqueteaba con la mafia de la marimba (marihuana). Los siguientes quisieron seguir el ejemplo. En agosto de 1986, César Gaviria Trujillo era el ministro de Hacienda del nuevo presidente Virgilio Barco. Gaviria Trujillo diseñó diferentes amnistías tributarias que permitieron sanear (lavar) millones de dólares al narcotráfico. Posteriormente, en 1990, el viejo ministro de Hacienda recibió todo el apoyo del mundo mafioso para ser presidente de la república. Y Gaviria logró la presidencia. Es apenas lógico. Y así ha venido ocurriendo desde 1974, que cada presidente de Colombia se ha acercado un poco más al narcotráfico.

Con Uribe, en el 2002, llega el asalto final. ¿Para qué contentarse con las migajas del poder cuando lo podían tener todo? Eso han hecho descaradamente los empresarios llevando a un narcotraficante a la presidencia de la república. Estados Unidos conoce de sobra los orígenes del narcotraficante número 82 en las listas de la DEA. No es la primera vez que Estados Unidos se alía con narcotraficantes, ¿No fue así en el escándalo Irán-Contras?, ¿Con quien estaban aliados? Y cuando ayudaban a los Talibán en la guerra ruso-afgana, no financiaban las operaciones con el tráfico del opio? ¿Alguién ha olvidado a Noriega, el presidente narcotraficante que trabajaba para la CIA?

Un ejemplo de la influencia del narcotráfico en la economía colombiana se refleja en un informe de la CEPAL sobre la economía de Latinoamérica en la década de los ochenta. Todos coincidían en una sola frase. Los 80 fue una década perdida. Pero en Colombia no. La economía no sufrió estancamiento. Las empresas e industrias estaban plenamente financiadas. Y vuelvo a citar la razón: los narcotraficantes, con el dinero a manos llenas, aprovechaban las frecuentes amnistías tributarias para legalizar los capitales y crear empresas que realmente activaron la economía, pero sobre una base económica y política que maneja la delincuencia. ¿ Será que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y Europa no vieron esa polvareda de coca? ,¿Y los organismos económicos mundiales tampoco? Esa delincuencia se legitimó y terminó por gobernar Colombia. Se creó primero una base social de narcos vestidos de traje y corbata que al principio eran mirados con reticencia pero luego terminaron abrazándose con la élite tradicional en los grandes clubes sociales de Bogotá y Medellín.

6.- ¿Cuál es el poder y la influencia de la oposición, incluidas las organizaciones armadas?

Todas las costas (Pacífico, Atlántico y Caribe) están dominadas por los narcotraficantes, el ejército y sus escuadrones de la muerte. En el resto del territorio el conflicto sigue igual que hace cuarenta o cincuenta años. Sigue la confrontación entre la oposición armada y las fuerzas del estado y en medio, una población que merece ser escuchada. En Colombia, las más moderadas corrientes de disidencia política son acalladas y son muy exiguas sus posibilidades de expresión. Salvatore Mancuso, que fue uno de los jefes paramilitares, llegó a decir: “El 35% del Congreso es nuestro”.

7.- ¿Cuál es el balance de la Memoria Histórica en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos?

No existe una estadística precisa del número de organizaciones, personas y colectividades que han sido exterminadas o gravemente destruidas por los diferentes gobiernos del estado colombiano, pongo el caso de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, centenares de organizaciones sindicales, estudiantiles etc. La violencia institucional estimulada contra Gaitán en la década de 1940 dejó más de trescientos mil muertos sin investigar, y decenas de miles de campesinos desarraigados. A eso hay que agregar que en los últimos veinticinco años algunos estudios del banco de datos de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, o la Comisión Colombiana de Juristas, hablan de 350.000 muertos; cuatro millones de desplazados o refugiados políticos; 10.000 detenidos desaparecidos y personas sepultadas en fosas comunes o clandestinas; 6.000.000 de hectáreas robadas a las víctimas.

Sólo durante el año 2009 tuvimos 37 dirigentes sindicales asesinados, y los casos de los “falsos positivos”, o sea decenas de civiles muertos, especialmente jóvenes, asesinados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y cobrar los beneficios del estado. Hay militares procesados pertenecientes a varias unidades del ejército como el Batallón Calibío, que se ha distinguido por asesinar a inocentes. Hoy en Colombia, se puede hablar con bastante prudencia de 7 a 12 desapariciones diarias de personas y esto es algo que viene sucediendo desde hace más de una década. En los últimos diez años ha habido más víctimas que en las dictaduras de Argentina y Chile juntas.

8.- ¿ Qué puede esperar el resto del mundo de la situación en Colombia, y cuál crees que será la evolución política en tu país, teniendo como base todos estos antecedentes?

Durante los últimos diez años todos los indicadores demuestran un gran deterioro de la población vulnerable: infancia, mujer, población indígena, afrodescendientes. El último informe de la FAO demuestra un incremento brutal del hambre en Colombia. Por contraste, el hambre en Venezuela se reduce a mínimos históricos.

Si el gobierno y sus sicarios asesinan a miles de campesinos, usurpa tierras y las entrega a las multinacionales productoras de agrocombustibles, el resultado es más muerte y precariedad para la población. No hay brazos, no hay cultivos diversos como los que ofrece el campesino, los agrocombustibles desplazan a los cultivos tradicionales, se produce una gran carestía de alimentos y productos básicos. La pobreza y el abandono son el fermento para todas las guerras.

El conflicto colombiano, lejos de solucionarse, pareciera que se agudiza cada año, como lo demuestra el acuerdo para la instalación de cinco bases norteamericanas en territorio nacional. Los colombianos seguiremos resistiendo la injusticia extrema. Seguiremos buscando la salida política al conflicto. Si no se puede, seguiremos buscando la salida…

Entrevista realizada en Madrid en diciembre de 2009.

Nota: Ricardo Ferrer logró salir de Vigía del Fuerte y luego de Medellín gracias a la valiente ayuda de anónimos pobladores y ciudadanos que arriesgaron sus vidas para que pudiera salvar la suya, luego de numerosas amenazas y atentados en su contra.

domingo, 22 de junio de 2008

Petro, otros campesinos y defensores de derechos humanos fueron cercados y retenidos por individuos entre los que habían reconocidos paramilitares.

Por el cumplimiento con urgencia de los compromisos acordados con la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó

En el día 20 de Junio desde las 9:50 a.m. tres defensores de derechos humanos de la reconocida Comisión de Justicia y Paz, ABILIO PEÑA, FABIO ARIZA y ZENAIDA PARRA, cinco pobladores de Curvaradó, entre ellos, el reconocido adulto mayor, ENRIQUE PETRO, y una menor de 5 meses se encuentran cercados por trabajadores y ocupantes de mala fe de los predios individuales y colectivos de las comunidades negras de Curvaradó en el camino que conduce del caserío de Caracolí a Caño Manso.

Entre los ocupantes de mala fe estaban LUIS FELIPE MOLANO, conocido como "El Tío", JOSE BUITRAGO, ANTONIO ARGOTE y DARIO BLANDON, personero del municipio de Riosucio; 8 trabajadores con machetes y palos. Igualmente, MANUEL MOYA LARA, y 5 habitantes que no son de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, entre ellos NEMESIO CUESTA, JAIME BEITAR, EUGENIO PALACIOS y los reconocidos integrantes de la estructuras paramilitares, uno de ellos JOSE PALACIOS, conocido como "El Diablo" y otro como "El Dólar" quién trabajó con desgraciadamente famoso paramilitar CARLOS CASTAÑO en La Tangas.

Además del cerco arengaron a las comunidades y a los defensores de derechos humanos acusándolos de ser los ocupantes de mala fe y ser invasores y los registraron agresivamente con una grabadora. Igualmente, uno de los ocupantes de mala fe agredió al reconocido defensor de derechos humanos ABILIO PEÑA, mientras grababan a los cercados.

Las personas de las comunidades y los defensores de derechos humanos fueron rodeados impidiéndoles seguir el camino, luego estrecharon el cerco con varios caballos. Finalmente se apostaron a eso de las 10:10 a.m. automotores, impidiendo el paso por la vía que conduce de Brisas a Riosucio. Primero una camioneta LUV blanca de placas FGS 100 de Envigado,17 minutos después, una camioneta Toyota azul de placas CBZ 144 de Sabaneta, la cual se conoce como propiedad de los palmicultores.

Estos pobladores participaron en el día 19 en la reunión de planeación de la verificación para la delimitación de predios realizada en Caracolí, tal como fue acordado con el gobierno nacional a instancias de la Vice Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Agricultura.

Esta delimitación es un paso previó a la restitución material de la propiedad colectiva e individual en el Curvaradó. De estas propiedades sus legítimos dueños fueron desalojados por operaciones paramilitares que ocurrieron con actuaciones de la Brigada 17 y con una actitud tolerante y omisiva frente a estas estructuras criminales desde el año 1996, 1997 y 2001. Estos predios se encuentran sembradas ilegalmente con palma y otros convertidas en hatos de extensión ganadera.

En la tarde anterior el oficial HERRERA se comprometió a estar presente con unidades policiales de modo perimetral en la verificación y delimitación.

Las unidades policiales solamente llegaron al lugar de los hechos a la 1:20 p.m. luego de que fueron informados a eso de las 10:30 a.m. por parte del Gobierno Nacional. La policía argumentó falsamente que los pobladores se negaron a aceptar su presencia. Posteriormente indicaron que se demorarían en llegar al lugar por temor a emboscadas de actores ilegales. Argumento falaz pues se conoce que desde hace más de 11 años no existe presencia guerrillera en ese territorio Colectivo y solamente se conoce de presencia de "Águilas Negras" cuyos efectivos permanecen en Belén de Bajirá en una convivencia evidente con las unidades policiales.

Afortunadamente y tras largas esfuerzos hacia las 3:40 p.m. los pobladores de Curvaradó y los defensores de derechos humanos acompañados por Peace Brigades International, PBI, y otros integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz regresaron al caserío de Caracolí.

ANTE ESTA SITUACIÓN DE CLARA AGRESIÓN A LA LIBRE CIRCULACIÓN Y DE OBSTACULIZACIÓN A LA RESTITUCIÓN JUSTA DE LAS TIERRAS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA requerimos lo siguiente:

Cumplimiento con urgencia de los compromisos acordados con la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó respecto a la delimitación de los predios y la restitución material de la propiedad.

  1. Presencia perimetral de las unidades policiales a los funcionarios de gobierno que deben realizar la delimitación de la propiedad
  2. Intervención sobre la Policía de Belén de Bajirá por sus actuaciones tolerantes, cómplices con los ocupantes de mala fe y estructuras de las "Águilas Negras"


RED CANARIA por los DDHH en COLOMBIA.

Islas Canarias, España

sábado, 16 de febrero de 2008

EMPRESARIO BUSCA SICARIO ORDENANDO ASESINAR A LIGIA MARÍA CHAVARRA Y MANUEL DENIS BLANDON

INFORME 85
Curvaradó- Jiguamiandó
A PESAR DE RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD COLECTIVA, CONTINUA DEFORESTACION, LA EXTENSION GANDERA, LA SIEMBRA Y EXTRACCION DEL FRUTO DE LA PALMA

“Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente”
Deuteronomio 27, 25
LIGIA MARIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDON han sido objeto de un plan sicarial alentado por un empresario para ser asesinados. Los líderes afrocolombianos desde el 2001 ante la Comisión Interamericana y ante las instancias nacionales iniciaron con sus testimonios un recorrido en búsqueda de la Verdad, de la Justicia y de la Reparación a fin de lograr la protección del Territorio. El plan fue conocido por una persona que da fe de un diálogo de un empresario con estructuras sicariales de los ex o ¿paramilitares?
Este plan criminal se desarrolla en medio de una estrategia integral de desestructuración de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad de las familias de los Consejos Comunitarios que habitan en el Curvaradó y Jiguamiandó. Hoy el sector empresarial ha continuado con apoyo y con la tolerancia de la Brigada 15 la extracción de la palma, la deforestación y la ocupación de mala fe ganadera. Con apoyo de autoridades locales buscan además de desprestigiar a los representantes legales de los ríos, lograr legalizar bajo nuevas fórmulas sus inversiones, con la constitución de nuevos consejos comunitarios, la negación de los existentes y la negación de inscripción a los que se han constituido a favor de la restitución integral de la propiedad.
El agronegocio cimentado en crímenes de vidas humanas y daños ambientales irreparables con el “sano propósito” de la producción de “bio combustibles” se está priorizando en las actuaciones institucionales por encima de los principios de igualdad, de respeto a los derechos ancestrales.
La cooptación social vía “Acción Social” actuando a favor de los empresarios, el ofrecimiento de recursos económicos y el ardid jurídico para quedar en la posesión real del territorio usando de los mecanismos de participación comunitaria, de representación pública tienen como finalidad silenciar, asegurar la impunidad y las propiedades para el desarrollo del agronegocio de palma, deforestación, extensión ganadera, lavado de activos y siembra de coca.
Hoy como nunca antes, se requiere con prontitud la solidaridad nacional e internacional a fin de evitar hechos tan o más graves de los sucedidos con la finca de Carimagua. El reconocimiento de la titularidad de la propiedad en cabeza de afrocolombianos es una verdad formal. Hoy los afrocolombianos que habitan en los Territorios, y sobreviven en medio de la palma y en los límites de las Haciendas ganaderas, en donde huele el lavado de activos del tráfico de drogas están en altísimo riesgo de la protección de su vida y del disfrute real de sus derechos territoriales.
Bogotá, D.C. 13 de febrero de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

jueves, 14 de febrero de 2008

LA PALMA DE MUERTE. VIDEOFORUM Y EXPOSICIÓN DE FOTOS. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.


Vídeoforum y exposición sobre la experiencia de dos compañeros acompañando a comunidades de desplazados por los paramilitares en el Curvarado y Jimaguando (Colombia).

martes, 15 de enero de 2008

INDAGATORIA A 23 EMPRESARIOS DE LA PALMA ACEITERA.

Recordemos que grandes extensiones de tierras ocupadas por las empresas de la Palma fueron arrebatadas violentamente por los paramilitares a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó que sufrieron masacres y desplazamientos forzosos. La Palma aceitera es materia prima para agrodiesel que se ha convertido, en el contexto de la crisis de los combustibles fósiles, en una alternativa del Imperio para mantener un consumo irracional y vergonzoso en los países del centro capitalista. Así, a paises como Colombia, se le asigna esta nueva tarea en la división internacional del trabajo y vemos que su gobierno la implementa a sangre y fuego.


Es vergonzoso que a 10 años de las primeras denuncias públicas reiteradas veces ignoradas y a un año del inicio del proceso 3856 no se haya producido ninguna decisión de fondo.
Es más, visto el alto grado de impunidad de los crímenes en Colombia, podemos pensar que lo más probable es que sólo se toque a personas que fueron usadas como intermediarias en la apropiación ilegal por los empresarios, pero esto en el mejor de los casos, porque la lentitud de la fiscalía puede llevar a que se pasen los 24 meses de plazo para adelantar la instrucción y que la impunidad se materialice vía vencimiento de términos. Antes de leer el artículo recomendamos ver el siguiente vídeo de You Tube para entender de donde viene este proceso.



A continuación reproducimos el artículo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Publicado el lunes, 14 de enero de 2008 en la web de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.


El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.

De acuerdo con la información suministrada por el periódico, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman” manifiesta que el control militar se realizó como parte de una operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma, esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.

Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.

Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ (sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal, en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información recaudad diseñó la telaraña jurídica para declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a 4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas, y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran a manos de las empresas palmicultoras.

Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.

Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.

Posibilidad de los derechos o espacio a la impunidad

Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.

Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado a toda la estructura económica y criminal que cometió estas violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.

No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionario públicos, que participaron en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.

Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE PETRO.

La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.

La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento. En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.

El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas declararan acompañados por un abogado para responder sobre los hechos que originaron su vinculación a la investigación, manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica. A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por la comunidad y sus abogados.

A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio, y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha contado con la eficacia requerida.

Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por vencimiento de términos y la consecuente impunidad.

Entre la formalidad y la realidad

Hoy a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento de toda la empresa del delito que participó en la comisión de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos, la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables de estos crímenes, la devolución material de los territorios sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos crímenes no se volverán a repetir.

Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe.

Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma, su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción, sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado; hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras” en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión del agronegocio y la extensión ganadera.

Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como una extensión del Urabá Antioqueño.

Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción penal y disponerse a una reparación integral por los más de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del más alto nivel?