Atentan Contra Nuestra Comunidad, todo empeora sin que se haga nada

Enviado por cdpsanjose el Dom, 2012-02-05 03:27. :: Constancias

Durante meses y semana tras semana, dejamos constancia de cantidad de violaciones de derechos humanos que son un crimen de lesa humanidad, hoy se atenta gravemente contra nuestro proceso, de nuevo contra nuestro representante legal. Todo esto ocurre y nada hace el Estado, mejor, si hace mucho con su complicidad y descaro, dejando que todo pase. Esperamos que algún día, en algún momento de la historia, la humanidad juzgue todos estos crímenes contra una población que ha optado por la no violencia y contra la guerra.

• El martes 31 de enero de 2012; entre las veredas Miramar y la Cristalina, se movilizaban tropas del ejército, dentro de dicha tropa se vieron cuatro encapuchados, además dentro del ejército se encontraba un alias muele gallo, desmovilizado de la guerrilla y quién fue amenazando a campesinos y mandando mensajes a todos los campesinos de que el área y la tierra debe ser desalojada para facilitar la explotación de carbón.
• El jueves 2 de febrero de 2012, hacia las 11 horas miembros del ejército dañaron en Mulatos una plantación de maíz, dejando totalmente destruida la plantación y graves daños en el sustento de varias familias.
• Hoy Sábado 4 de Febrero de 2012, hacia las 12:15 horas, la comunidad sufre un atentado, esta vez contra el representante legal de la Comunidad de Paz Jesús Emilio Tuberquia, él caminaba por Apartadó junto a la plaza de mercado y fue abordado por dos paramilitares los cuales portaban armas cortas y se movilizaban en motocicleta e inmediatamente sin mediar palabras le dispararon, pero afortunadamente pudo salir ileso al correr. Estos hechos ocurren a tan solo 100 metros de un control de la policía por donde pasaron los dos sujetos sin ser detenidos.

Estos hechos siguen demostrando la estrecha relación entre la fuerza Pública, Instituciones del Estado y el paramilitarismo. Hemos dejado numerosas constancias sin que se haga nada de las bases paramilitares que existen intactas en Nuevo Antioquia, los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y el Dos.

Nuevamente acudimos a la solidaridad nacional e internacional ante la gravedad de estos hechos. Creen los sembradores de la muerte que sus armas nos harán callar o dejar nuestra apuesta por la vida, están totalmente equivocados, nuestra opción por la verdad, la justica y la memoria son irrenunciables en nuestro diario vivir.

COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSE DE APARTADO

FEBRERO 4 DE 2012

Hostigamientos y amenazas a Comisión de Justicia y Paz

Hostigamientos, seguimientos, señalamientos, amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y Brigadas de Paz, directivo CGT de Antioquia se suma a campaña de desprestigio.

Bogotá, D.C. junio 17 de 2010

http://justiciaypazcolombia.com/Hostigamientos-y-amenazas-a

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministerio del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDOÑEZ

Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

JUAN MANUEL OSPINA

Gerente del Incoder

la ética del bien común surge en conflicto con el sistema porque no es derivable de ningún calculo de utilidad, el bien común se destruye en la medida en que toda acción humana es sometida a un cálculo de utilidad, Franz Hinkelamert

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, la tercera en menos de dos meses, sobre los hostigamientos, seguimientos, amenazas, y continuidad de la campaña de difamación sobre integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó y Bogotá debido al acompañamiento jurídico, pedagógico y de afirmación de derechos humanos integralmente concebidos a los consejos menores que reclaman la restitución de los predios colectivos de los que fueron desalojados violentamente y mediante mecanismos fraudulentos desde 1996 hasta el día de hoy.

En el día de ayer a las 12:20 p.m. se recibió una llamada de advertencia sobre la eventual ocurrencia de daños contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz debida a las actuaciones judiciales que adelantamos frente a los crímenes de lesa humanidad, daños ambientales cometidos contra las comunidades negras de Jiguamiandó y Curbaradó desde 1996.

Igualmente, durante los últimos 10 días se han desarrollado seguimientos y hostigamientos en la ciudad de Bogotá en los movimientos y lugares de habitación de ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y extrañamente las comunicaciones del sacerdote ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo se cruzan con el GAULA.

Estos hechos vienen sucediendo luego que desde el 13 de mayo, de la residencia del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, se realizara una operación ilegal con el hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, un documento de un proceso contra el general RITO ALEJO DEL RÍO y una demanda proyectada contra ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

Simultáneamente se ha conocido que el sindicato de la Confederación General del Trabajo, CGT, su presidente JULIO ROBERTO GÓMEZ, y uno de sus dirigentes en Antioquia, ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, sin contextualización, vienen haciendo eco de difamaciones con declaraciones públicas y con su intervención en el seno de la Comisión de Expertos de la OIT, en las que se difama de organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión Colombiana de Juristas, el CINEP, la Diócesis de Quibdó, la Diócesis de Apartadó y nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Ante ustedes nuestra Constancia ante los siguientes fundamentos fácticos.

* Domingo 5 de junio hacia las 9:30 a.m. en comunicación con nuestra Comisión de Justicia y Paz, testigos afirmaron que escucharon la conversación, entre hombres que participan de operaciones armadas ilegales, un llamado “Franklin” y PEDRO TORDECILLAS en el Terminal de transporte colectivo en Belén de Bajirá en horas de la mañana.

Sostuvieron que cuentan con apoyo económico de ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO, para asesinar a las personas de Belén de Bajirá que participaron en el intento de desalojo de invasores en el consejo menor de Camelias, a integrantes de PBI y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

OSORIO GALEANO, de acuerdo con la información ha sido secretaria de las empresas palmicultoras que operan ilegalmente en Curvaradó y Jiguamiandó, en particular de GABRIEL JAIME SIERRA.

* Miércoles 8 de junio hacia las 2:00 p.m. paramilitares abordaron a habitantes de la Zona Humanitaria de El Tesoro y les manifestaron que estaban esperando a algún integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz para atacarle. De acuerdo con la información recibida, los armados manifestaron: “estamos esperando encontrarnos con alguno de esa ONG Justicia y Paz, para apretarlos”

* Viernes 10 de junio desde las 6:00 a.m. y hasta cerca de las 8: 00 a.m. dos hombres en una moto estuvieron observando el lugar de residencia de DANILO RUEDA. Al tomar el vehículo hacia su oficina le siguieron durante 5 cuadras.

*Lunes 13 de junio entre las 7:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. se constató el seguimiento del vehículo en que se transporta el P. ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

*Martes 14 de junio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m. un vehículo marca Chevrolet Sprint de color verde con dos hombres en su interior observaron el lugar de habitación del defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA, mientras se encendían las luces del apartamento, tomaron apuntes, posteriormente, uno de los hombres se bajó y tomó nota. Luego se marcharon del lugar

Hacia las 9:30 p.m. y por espacio de una hora, de acuerdo con vecinos del lugar de residencia, un vehículo similar y una motocicleta se parqueó enfrente de la residencia del defensor de derechos humanos.

*Miércoles 15 de junio en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la publicación de la última semana de mayo del semanario El Heraldo de Urabá en el que presenta un artículo titulado:“Afrodescendientes desplazados no deben vivir de limosnas: CGT”.

El artículo contiene declaraciones difamatorias de ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General del Trabajo CGT en Antioquia respecto a la situación de las comunidades de lo consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

VALDERRAMA afirmó que: “la ONG Justicia y Paz influencia a funcionarios de tercera categoría del Ministerio del Interior para entorpecer y además no permitir el reconocimiento de los líderes” (...) “Lo que planteamos en la CGT es que estas comunidades no vivan de limosnas, yo habló a nombre de la confederación y queremos colaborar por nuestra misión estatutaria. La tarea que viene es un censo que adelanta el Ministerio del Interior para definir realmente cuales son las comunidades negras y cuales las mestizas para definir la entrega del territorio y en eso están en ese momento”.

El miembro de la CGT desconociendo las decisiones de la Corte Constitucional y el proceso jurídico y constitucional sostuvo faltando a la verdad que nuestra Comisión de Justicia y Paz, no quería el censo y “pero la Confederación lo propició y en eso ha incidido mucho el vicepresidente Angelino Garzón porque conoce la discusión con la ONG”.

El integrante de la CGT con una expresión descontextualizada, ignorando el auto de la Corte Constitucional de Mayo de 2008, sostuvo que nuestra Comisión desconoce a GERMÁN MARMOLEJO, como representante legal de Curbaradó.

Una acusación más grave se refiere a la responsabilidad de organizaciones humanitarias de derechos humanos nacionales e internacionales en el desplazamiento y en el impedimento de lo que VALDERRAMA, llama desarrollo. “Aparecen unas ONG internacionales montando unas comunidades de paz alrededor de estas tierras, con la participación de otras organizaciones nacionales, que buscan crear conflictos con el sentido de desplazar a las comunidades negras e indígenas y de paso impiden que llegue el desarrollo, no permiten que el Estado llegue. Ya no está solo Justicia y Paz, hay otras ONG y se instalan con banderas, no permiten que el Estado llegue, no hay campo para el desarrollo” (…) “Ya se han adelantado conversaciones con empresas bananeras para desarrollar proyectos de plátano, existen recursos, hay facilidad para hacerlo, pero estos señores (ONG) se atraviesan. ’Por ejemplo ejemplo estamos trabajando proyectos para carreteras que ya están desde hace tiempo en el Ministerio para la carretera Curbaradó – Murindó y estos señores (ONG) no dejan”

* Miércoles 15 de junio entre las 8:00 p.m. y las 9:30 p.m. se apostó enfrente de la residencia de DANILO RUEDA un taxi. Este siguió la marcha del vehículo en que se movilizaba el defensor de derechos humanos hasta el centro de la ciudad.

* Jueves 16 de junio a las 12:20 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en la ciudad de Bogotá recibió una llamada de un hombre que en dos ocasiones expresó:”ustedes están ganando en el proceso legal de la palma, pero cuídense” Al preguntársele por su nombre o identificación volvió a repetir: “Cuídense, ya saben, van ganando en lo de la palma, cuídense”

* Jueves 16 de junio entre 2:00 p.m. y las 2:30 p.m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el dependiente auxiliar del proceso 3856, MANUEL GARZÓN vinculado con nuestra Comisión de Justicia y Paz, revisa las últimas actuaciones realizadas en el proceso con radicado 3856. Uno de los abogados de la defensa al terminar de leer el expediente le preguntó a quién defendía en el proceso, sin haber este respondido, la secretaria manifestó: “es Parte Civil, de los del cura Giraldo”.

Mientras esperaba MANUEL las fotocopias se acercó alguien que dijo ser un abogado de Medellín que había llegado hacía poco a Bogotá, y le ofreció pagarle por revisar unos procesos, y le solicito el número telefónico. MANUEL manifestó que no estaba interesado.

* Viernes 17 de junio hacia las 6: 35 a.m. sobre la Avenida Suba con Boyacá dos vehículos, 4 puertas con vidrios oscuros se detuvieron delante del vehículo en que se transportaba el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA. De uno de los vehículos descendió un hombre, habló con personas del vehículo de adelante y regresó de nuevo a su vehículo. Los dos vehículos obstruyeron la movilización del vehículo en que se transportaba ABILIO por varios minutos.

Luego de lograr sobrepasar los vehículos, doscientos metros después, sobre la avenida Boyacá, un hombre en una motocicleta de placas NCR 51 tocó la puerta del conductor y solicitó, en dos ocasiones, bajar los vidrios.

En ese mismo momento, el conductor del vehículo de protección desde el altavoz , le preguntó qué quería y el hombre huyó en la motocicleta.

* Viernes 17 de junio a las 9:24 a.m. por quinta ocasión el padre ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra comisión de Justicia y Paz, al realizar llamadas desde su número telefónico celular le respondieron en el GAULA de la policía. Al preguntar la razón por la que constantemente responden en el GAULA, la agente DIANA, quién se negó, a dar su apellido, manifestó que las comunicaciones se cruzan, y que esas llamadas quedan grabadas.

*Viernes 17 de junio hacia las 10:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz leyó el documento titulado: “Informe Ejecutivo situación de la comunidad negra de Curbaradó – Chocó Colombia- Frente al trámite surtido ante la Comisión de Expertos de la OIT” en cuya portada aparece la foto de un pancarta en la que se lee: “El territorio colectivo es de los negros no de la Ong Justicia y Paz” , presentado, según aparece en el texto por JULIO ROBERTO GÓMEZ, Central General de Trabajadores, CGT; GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA quien figura, de modo fraudulento, como Representante Legal del Consejo Comunitario del Curvaradó y con fecha de febrero de 2011.

El documento dirigido a la OIT contiene transcripciones de falsas acusaciones, contra los denunciantes del proceso 3856, MARÍA LIGIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDÓN, y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Contra la verdad habla del “desarrollo de las estrategia del proyecto POLITICO – MILITAR DE LAS FARC & ONGS en escenarios Internacionales (sic) abogando por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Curbaradó para entender los verdaderos alcances de esta compleja estrategia, que trajo como consecuencia una irrupción ilegal en la etnia negra de Curbarado, es necesario detenernos en las lineas de acción Internacional (sic) dirreccionadas por la Ong COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA PAZ, acompañada por el PBI, utilizando militantes del PROYECTO POLITICO MILITAR DE LAS FARC, una vez este grupo terrorista logró obtener el control absoluto del Consejo Comunitario de Curbaradó”.

El documento sostiene que MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON, asesinados en diciembre de 2009, “valerosamente denunciaron las relaciones de ésta organización ilegal con las Ongs JUSTICIA Y PAZ, CINEP, PIB (sic) entre otras y además pusieron de manifiesto los peligros que corrían por haber sido declarados objetivos militares por parte de las FARC”.

En el aparte “Antecedentes en Sistema Interamericano de DD.HH” el documento acusa a DANILO RUEDA, y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, como responsables de fraude procesal. Repite el documento falsas afirmaciones sin fundamento fáctico ni jurídico, según las cuales: “está plenamente demostrado ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el señor DANILO RUEDA, res responsable de un FRAUDE PROCESAL INTERNACIONAL” y pide que la OIT, “al igual de lo que ocurrió en la CORTE CIDH, en donde la Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz actuó fraudulentamente en nombre y representación de 515 familias y luego en audiencia del 5 de febrero de 2008 su representante DANILO RUEDA, admitió que solamente representaban 161 familias”

El documento anota, además, que “es necesario definir un marco de responsabilidad frente a nuestra etnia negra, de acuerdo de acuerdo a los momentos en que cada actor legal y/o ilegal sea cual fuere su ideario, han actuado en detrimento de nuestros DD.HH. Para el caso concreto de irrupción ilegal, esbozamos los siguientes argumentos: Intervención ilegal de las FARC, Ong’s, Diócesis de Quibdó y Apartadó, en el proceso de titulación colectiva...”

El documento, aparte de faltar a la verdad pretende hacer incurrir en error a la Comisión de Expertos de la OIT al presentar como Representante Legal de la Cuenca del Curvaradó al señor GERMÁN MARMOLEJO, desconociendo el auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que deja sin fundamento cualquier representación legal hasta tanto se adelante un censo y elección del representante legal; deja a un lado, la comunicación de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de mayo del presente año que asume lo ordenado por Auto referido de la Corte.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de esta operación de persecución que no cesa desde 1998 contra nuestra Comisión de Justicia y Paz en la que se han combinado diversas formas y técnicas. Sufragios con amenazas de muerte, amenazas de muerte escritas, secuestro, allanamientos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, seguimientos ilegales en Colombia, Mexico y en Europa, campañas de difamación y operaciones mediáticas, montajes judiciales, hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos y la proyección de demandas a Álvaro Uribe Vélez con ingreso a lugares de residencia.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, con identificación de un tipo penal correspondiente a la gravedad de los hechos que ha significado 2 exilios definitivos, 5 exilios temporales, cambios permanentes de lugar de habitación, la obstaculización en el ejercicio legal y el apoyo psicológico y físico permanente a víctimas del conflicto armado interno y de la usurpación de tierras, afecciones familiares y cambios en las dinámicas de la vida cotidiana y el desprestigio ante una campaña sistemática de difamaciones, calumnias e injurias que no ha sido investigada eficazmente.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para que podamos ejercer nuestra labor de protección, de promoción y de defensa de los derechos humanos. Amplios sectores militares, policiales, económicos beneficiados del paramilitarismo y otros sectores de la economía y del sindicalismo hacen eco de esa mentalidad sin el debido proceso, la sana crítica y el conocimiento de lo que está sucediendo y desconociendo las actuaciones en derecho y las que ha fallado la Corte Constitucional y los alcances de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se continúa percibiendo esta labor legal y legitima como parte de una guerra jurídica contra los militares. Si el general RITO ALEJO DEL RÍO continúa siendo procesado por su responsabilidad en el crimen de MARINO LÓPEZ, y somos los representantes de las víctimas, no es por una sino por centenares de pruebas que reposan en este proceso. Esto sin contar otros procesos que se adelantan contra él, aquí en Colombia y en el exterior, en los que somos parte civil y que no han tenido a la fecha avances sustanciales.

Se continúa valorando nuestra labor legal y legítima como parte de una guerra jurídica contra el sector empresarial palmero, bananero y ganadero. Si sectores empresariales continúan siendo investigados, vinculados, indagados y acusados no es por una operación de desprestigio si no por centenares de pruebas, millares de víctimas y de testigos directos que han sostenido como a través del paramilitarismo se produjo el despojo violento, como esta ocupación ilegal persiste protegida por los paramilitares y por las omisiones y participación de la brigada 17.

Aportar al develamiento, al descubrimiento, a la revelación de un entramado criminal detrás del despojo violento, la siembra de palma, la siembra de banano y de la ganadería extensiva se ha convertido en una labor contra derecho, mientras los ocupantes de mala fe, los empresarios de Uniban, Banacol, Subastas de Urabá, La Tukeka, y otros finqueros, continúan usufructuando la tierra apropiada con crímenes de lesa humanidad y destrucción ambiental.

Mientras avanza, lenta, parcialmente el proceso 3856 y el cronograma en la implementación del Censo, los factores de riesgo en la región y en Bogotá se expresan con mayor presión y el desarrollo de operaciones psicológicas y de guerra turbia avanza con mentiras en escenarios internacionales. Al conocerse la Resolución de Acusación que la Fiscalía 8 de la UNDH-DIH profirió en contra de HERNÁN ÍÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ y RAMIRO ENRIQUE ÁLVAREZ PORRAS alias NAPO, como posibles coautores materiales de los punibles de Desplazamiento forzado Concierto para Delinquir e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, aumentan las presiones.

Nuestra Censura Ética ante la eventualidad de que el presidente de la CGT, JULIO ROBERTO GÓMEZ, sea nombrado como Ministro de Trabajo, cuando este sea reabierto por las facultades con que cuenta el ejecutivo, pues si se confirma que él ha presentado a la Comisión de Expertos de la OIT, pues las ligerezas del texto son irresponsables y dejan en tela de juicio la capacidad de valoración de las causas de conflictos y situaciones que se encuentran detrás del despojo violento. El informe ha incurrido no solamente en difamaciones, injurias y calumnias en un escenario internacional de protección como la OIT, desprotegiendo los derechos de las víctimas, pero también ha omitido presentar las pruebas pertinentes ante la Fiscalía y está legitimando las operaciones criminales y los fraudes cometidos contra los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, les solicitamos, nos informe

1. Desde el 13 de mayo a la fecha, luego del robo de información en el lugar de residencia de DANILO RUEDA, con información sobre casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y la proyección de una demanda contra Álvaro Uribe, qué medidas han adoptado de investigación, de protección preventiva y de garantías frente a este defensor de derechos humanos y demás integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

2. Qué investigaciones se vienen adelantando, con qué tipo penal, frente a la persecución de la que vienen siendo blanco integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

3.Cómo se explican las llamadas intercomunicadas entre el teléfono del padre ALBERTO FRANCO CSsR y el GAULA?

4. Ante la llamada de advertencia a nuestra Comisión de Justicia y Paz en respuesta a los avances judiciales en el proceso 3856 en el que se encuentran detenidos o con órdenes de captura empresarios palmeros, qué medidas se van a adoptar para la continuidad de un debido proceso y garantías para los testigos y los abogados representantes de las víctimas?

5. El señor VicePresidente avala el contenido de la entrevista del señor FRANCO VALDERRAMA respecto a lo que ha sido su papel e intervención frente a la situación de las comunidades de Curbaradó?

6. De ser así, podría explicar el alcance de la expresión que usted ha “incidido”, respecto a nuestra postura frente a la negativa al desarrollo del Censo?

7. Ante las aseveraciones aparentemente suscritas y avaladas por JULIO ROBERTO GÓMEZ en el Informe a la Comisión de Expertos de la OIT, urge que la Fiscalía General de la Nación verifique la autenticidad del respaldo del señor GÓMEZ. De ser cierto, le requiera para presentar las pruebas de las afirmaciones escritas en el Informe remitido a la Comisión de Expertos de la OIT. En este mismo sentido, urge que las afirmaciones del señor FRANCO VALDERRAMA, en la entrevista al Heraldo de Urabá sean judicializadas, con la solicitud de presentación de pruebas.

Ante la persistencia de la operación de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz, se evidencia la ausencia de garantías para el desarrollo de nuestra la labor legal y legítima en defensa de las víctimas de crímenes de Estado, del despojo violento para el desarrollo de agronegocios de palma, de banano, de yuca, la extensión ganadera, la extracción minera y la siembra de coca. Cualquier daño irreparable a la vida e integridad de alguna y alguno de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es de su responsabilidad.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

ASESINATO EL 26 DE MAYO DE RAMÓN FRANCO. MONTAJE JUDICIAL CONTRA GUILLERMO ANTONIO CALLE.

Nos seguimos oponiendo a las prácticas sistemáticas de muerte y de injusticia en nuestro entorno

En nuestra búsqueda por generar un mundo alternativo queremos ser coherentes con la vida; por ello consideramos como una obligación moral y ética dejar constancias de todas las injusticias o acciones de muerte que ocurren en la zona donde estamos incrustados, contra el campesinado de nuestro entorno. Así, pues, dejamos constancia de los últimos crímenes perpetrados a nuestro
alrededor:

· El miercoles 1 de junio de 2011, hacia las 17:00 horas, en el barrio Alfonso López fue detenido por dos hombres el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó hacia San José, se presentaron como autodefensas, estaban en una moto y portaban armas cortas, tomaron fotos a la gente que venía en el carro, entre los pasajeros se encontraban dos miembros de nuestra comunidad. Luego de ello le dijeron al conductor del carro que siguiera

· El jueves 26 de mayo de 2011, hacia las 6:00 horas, en la vereda Caracolí, fue asesinado RAMON FRANCO VAQUERO. Tres hombres vestidos de uniformes camuflados y con armas largas llegaron a su casa, lo llamaron a la puerta, y cuando salió lo asesinaron. Su casa se encuentra a 200 metros del reten permanente del Ejército.

· Damos a conocer la carta enviada a la Procuraduría por un campesino vecino nuestro, arbitrariamente detenido y víctima de montajes, que muestra con claridad la forma en que la fuerza pública trata a la gente de la zona y la forma como procede un aparato judicial que está
profundamente corrompido:

Señores

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

E. S. D.

- Referencia: Denuncia

GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 8.321.374, por medio del presente escrito quiero poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos que nos afectan a mi familia y a mí, con el propósito que intervengan para garantizar nuestros derechos fundamentales, conforme a lo siguiente

- HECHOS

PRIMERO. Soy un campesino de 31 años, residente en la vereda La Victoria del Corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartadó. Mi familia está conformada por mi compañera permanente y nuestras tres niñas de 8, 6 y 5 años.

SEGUNDO. El 24 de junio de 2010 fui privado de la libertad mediante una orden de captura sustentada en un montaje realizado por los miembros del Departamento de Policía Urabá, principalmente por el Subintendente RAFAEL ANTONIO RAVELES SOLANO, quien mediante un “informe de inteligencia” señaló que una fuente humana anónima de su entera confianza, luego de observar las imágenes de las cámaras de seguridad del Almacén El Rey de la Moda, le había informado que GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO era la persona que había colocado un artefacto explosivo en dicho establecimiento, ubicado en el casco urbano del municipio de Apartadó, el día 11 de junio de 2010.

TERCERO. El día de mi captura fui presentado por diversos medios de comunicación locales, nacionales, televisión por cable e Internet como el terrorista que había colocado la bomba que causó la muerte a una persona y dejó gravemente heridas a diecisiete (17) más.

CUARTO. Pese a que desde el inicio de la investigación la Policía de Urabá tuvo acceso a los registros videográficos de las cámaras de seguridad del almacén, donde a simple vista se podían apreciar diferencias muy claras entre la persona que aparecía en los videos como quien colocó el artefacto explosivo y yo, entre otras el largo del cabello que era muy evidente y el color de piel; la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, me acusó por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales y me llevó a juicio.

QUINTO. En desarrollo del juicio oral, se presentó a solicitud de la defensa un estudio morfológico de cotejo video-gráfico, por MARIO LEÓN ARTUNDUADA, reconocido morfólogo forense, quien concluyó que sin lugar a dudas se trataba de personas completamente diferentes.

SEXTO. Pese a que el juicio culminó el 1 de febrero de 2011 con sentencia absolutoria, luego de demostrarse que se trataba de un típico FALSO POSITIVO; el Fiscal 39 Especializado SERGIO YEPES MARTÍNEZ, no satisfecho con todos los perjuicios que nos había causado a mi grupo familiar y a mí, en la audiencia pública, a la cual asistieron muchas personas, hizo las
siguientes afirmaciones:

Apartadó, población que ha sido víctima de muchos atentados señoría y muy casualmente señoría por personas que todas son residentes en San José de Apartado, es una vereda donde infortunadamente la mayoría de las personas que tienen algún vínculo con la guerrilla, en este caso del Frente V de las FARC, generalmente residen en esta vereda donde casual y fatalmente reside el señor GUILLERMO ANTONIO CALLE RESTREPO.

(Archivo de audio:* 05001600020620102910000_

050003107002_0, minuto 22:23 a 22:51)*

Uno podría decir, y esto lo digo con mucho respeto, que una persona tan humilde, de un lugar tan lejano y un lugar tan abandonado de pronto, ya es una sensación, cómo hace una persona para ejercer un acto de estos y luego estar rodeado de tantas garantías desde el punto de vista defensivo, y sigue siendo una especulación, cómo un humilde campesino desarraigado si se quiere, que viven en techos de paja y de cartón y de bareque cómo hace para solventar una defensa y pagar un perito tan costoso, y son situaciones que no las podemos dejar al plano de la objetividad, son situaciones que quedan flotando en el ambiente, pero son coincidencias fatales su señoría. (Archivo de audio 05001600020620102910000_050003107002_0, minuto 23:21 a 24:09)*

Afirmaciones que no son de recibo después de que el mismo funcionario solicitó absolución, pero que muestran que el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal 39 Especializado, no estaba encaminado a investigar los hechos y evitar que un crimen tan grave quedara en la impunidad, sino a mostrar una resultado positivo a cualquier precio. Pero, ante la contundencia de la prueba pericial, sabiendo que mi absolución era inminente, se dedicó de manera irresponsable a lanzar falsas acusaciones no solo en contra mía sino de todos quienes habitamos en el corregimiento de San José de Apartadó.

Como puede verse, esta denuncia pone al desnudo, una vez más, la podredumbre de la “justicia” en Urabá y en Colombia. No sólo se hace caso omiso de cualquier rectitud probatoria y se pisotean todos los principios del Debido Proceso contemplados en los Códigos internos e internacionales, sino que, frente a la contundencia del montaje, se recurre a estigmatizar a la población de la zona mediante calumnias infames y a intentar descalificar la misma defensa por tratarse de víctimas pobres, las cuales, según el Fiscal, no deberían tener recursos para defenderse y si lo hacen, quizás endeudándose de por vida, eso ya los hace “sospechosos” para él y le da pie para insinuar nuevas acusaciones infames.

Nuestra Comunidad ha desnudado multitud de veces este tipo de falsa justicia putrefacta y le ha suplicado a todas las altas Cortes del Estado mediante Derechos de Petición (enero de 2009) que declare un estado de cosas inconstitucional en Urabá y someta a examen el desempeño tan corrupto de fuerza pública (usurpadora del poder judicial), fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores. No han querido hacerlo y la “justicia” sigue acumulando podredumbres, ayudada por los medios masivos de “información” que se gozan todos los días arruinando la vida de los pobres mediante infames calumnias y no son capaces de rectificar ni siquiera cuando una “justicia” tan perversa se ve obligada a absolver.

Esta situación nos reafirma en las convicciones de seguir buscando espacios en medio de esta confrontación armada desde la conciencia firme de una resistencia civil que genera paz desde la solidaridad y desde una vida en contra-vía a esa lógica de muerte que buscan imponernos.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO*

Junio 2 de 2011

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org


www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia

VÍDEOS Y AUDIOS: COMUNIDADES DESPLAZADAS.

Vídeos y Audios:

Desplazados por el Quimbo (Periferia)

Multinacional Emgesa-Endesa-Enel con la construcción de la represa El Quimbo amenaza con la inundación de tierras productivas, rompimiento del tejido social, altos costos ambientales y socioeconómicos, desplazamiento y desarraigo cultural de Garzón, El Gigante, Agrado, Tesalia, Altamira y Paicol, en el departamento del Huila. Sus habitantes viven desde ya una tragedia al ser desplazados de los territorios donde han trabajado y construido su vida.
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El paro en la Finca Splendor supera los 100 días (Notiagen)

El 7 de diciembre del año 2010, las trabajadoras y los trabajadores de la Finca Splendor iniciaron una huelga o cese de actividades en protesta por el incumplimiento en materia de salarios, primas y demás responsabilidades que el Grupo Nanneti ejercía con las más de 370 personas que allí laboran. Splendor Flowers es una de las 17 empresas productoras y exportadoras de flores de propiedad del Grupo Nannetti que se encuentra ubicada en el municipio El Rosal del departamento de Cundinamarca (Colombia).
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La leche en cantina no mata ¡el hambre sí! Parte I (ACIN)
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Detrás de cámaras (El Retorno)

Grupos de jóvenes rurales de 4 municipios del departamento de Antioquia iniciaron, a mediados del año 2010, el proceso de realización de su primer trabajo audiovisual para contribuir a la construcción de memoria histórica en sus comunidades, generando inquietudes y expresiones creativas con las herramientas propias del lenguaje audiovisual. Este documental es el detrás de cámaras de este proceso que culminó, en diciembre de 2010, con la publicación de los primeros documentales de la Escuela Juvenil de Realización Audiovisual.
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RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
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Asesinan al miembro de MOVICE-SUCRE, Eder Verbel Rocha, delante de su hijo.

Boletín informativo RedHer Colombia 01/04/11
Noticias y denuncias:

Judicialización y negación de la restitución de tierras, respuesta del Estado a la comunidad de Las Pavas (Asocab)

La Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que nuevamente se cometen hechos en contra de la vida, libertad e integridad física de la comunidad y los lideres que exigimos la devolución inmediata de nuestras tierras, las cuales fueron arrebatadas por parte del Grupo DAABON en complicidad con instituciones del Estado Colombiano, desde el día 14 de julio del año 2009.
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Contra el despojo de tierras y territorios: ¡Es hora de actuar por La comunidad de las Pavas! (Campaña contra el despojo)

Amigas y amigos de la justicia, ha llegado el momento de actuar en apoyo por la comunidad desplazada de Las Pavas! Después de casi dos años de desplazamiento, la comunidad reclama su derecho al retorno. Piden su apoyo durante esta época de riesgo.
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Denuncian ante la opinión publica el asesinato del señor Eder Verbel Rocha (FCSPP)

Agenda Caribe , Fundación Infancia Feliz, Comité de Solidaridad con los Presos Politicos, denuncian ante las opinión pública Nacional e Internacional y ante los organismos nacionales e internacional de Derechos Humanos los hechos ocurridos en el municipio de San Onofre Sucre contra la familia VERBEL ROCHA quien ha sido víctima de asesinatos sistemáticos, desplazamiento forzado, amenazas, daño en bien ajeno, hechos ampliamente denunciados ente las autoridades competentes sin que hasta el momento estos hechos hallan sido investigados de manera contundente y eficaz lo que ha permitiendo la sistemática violación de derechos humanos contra esta familia, negándole la adopción de medidas para su protección.

HECHOS
La familia VERBEL ROCHA hace parte del movimiento de víctimas de crímenes de estado Capitulo Sucre desde el año 2006. El 4 de febrero de 2005 fue asesinado uno de sus miembros; el señor GUILLERMO VERBEL ROCHA quien hacia parte de las veedurías ciudadanas del municipio de San Onofre (Sucre), este crimen fue atribuido a las estructuras paramilitares que ejercen control en el territorio y quienes operan con la connivencia de las autoridades locales.
A partir de estos hechos y de los constantes hostigamientos a esta familia le fue concedida medidas cautelares a ADOLFO VERBEL ROCHA las cuales no han sido suficientes ni eficaces para evitar que se siga violentando a la familia Verbel Rocha.

El día 23 de marzo de 2011 la familia VERBEL ROCHA es nuevamente golpeada esta vez con el asesinato del señor EDER VERBEL ROCHA, quien después de su acostumbrada jornada de trabajo en la finca de su propiedad llamada PUERTO COLOMBIA, ubicada en corregimiento del Higuerón del municipio de San Onofre, a eso de las 6:00 P.M. se dirigía a su residencia en compañía de su hijo y su hermano ORLANDO ENRRIQUE VERBEL ROCHA, se transportaban en motocicletas, aproximadamente a 200 metros de su finca se encontraron con dos hombres armados y sin mediar palabras dispararon en contra de los tres familiares, hiriendo de gravedad a EDER VERBEL ROCHA, quien fue pateado y golpeado con las culatas de la armas, el hermano de EDER el señor ORLANDO VERBEL ROCHA logra escaparse del sitio evadiendo los disparos indiscriminados ejecutados por los victimario, uno de estos disparos lo roso en la frente, en la persecución de ORLANDO, el niño se queda con su papa le da respiración boca a boca y le da un beso en la frente, el papa le dice que huya el niño recoge el celular y se esconde en el monte desde donde observa las humillaciones los culatazos y patadas que lo victimarios propinaron a su padre, y llama a su familia dando a conocer los hechos, ORLANDO se refugió en una finca llamada TUMALI donde puso en conocimiento a infantes de Marina que se encontraban cerca del lugar de los hechos, quien les informo sobre lo ocurrido, los infantes acompañaron al señor ORLANDO hasta donde se encontraba su hermano tendido, llegando media hora media hora después una patrulla de la policía.

La policía logra la captura de los dos presuntos asesinos quienes se identifican con los nombres de JOSE MANUEL RIVERA DE AVILA alias el “BEGUETA” y EDER ANTONIO ARROYO HERNANDEZ” “alias PÓLVORA” ambos detenidos unas horas después del asesinato dejando en libertad a uno de ellos: EDER ANTONIO ARROYO por razones que se desconocen.

El espiral de violencia en contra del MOVICE-SUCRE obedece a un patrón de exterminio a esta organización la cual ha sido duramente golpeada, el día 18 de mayo de 2010 fue asesinado ROGELIO MARTINEZ MERCADO miembro de esta capitulo, de igual forma el secretario técnico CARMELO AGAMEZ hoy se encuentra detenido víctima de un montaje judicial así como las amenazas y hostigamiento permanente contra los miembros de este capítulo...

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Rechazo a los hechos sucedidos contra el defensor de DDHH Miguel Fernández (CIMA)

El CIMA exige resultados de las investigaciones y garantías para el ejercito de las y los defensores de derechos humanos en el Cauca, Nariño y Sur Occidente colombiano.
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Combates entre ejército y guerrilla afectan población civil del departamento del Cauca (Nomadesc)

Dos comuneros indígenas de Tacueyo que entraron en territorio a verificar la situación no han regresado.
Como es de conocimiento público en los municipios de Tacueyo y Toribío se vienen presentando intensos combates entre el Ejército Nacional y la Guerrilla de las FARC.
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En libertad líder comunitario de Curumaní - Cesar (FCSPP)

El 24 de marzo de 2011, después de permanecer ocho días injustamente detenido, recobró la libertad el líder comunitario JHONEL CÁRDENAS CASTRILLO, víctima de un nuevo falso positivo judicial orquestado por el Ejercito Nacional, la Policía Nacional y Sijín de Curumaní.
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Amenazas contra Cendy Paola Torres Vergara (MOVICE)

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado rechaza la amenaza que recibió la menor Cendy Paola Torres Vergara, hija de la defensora de derechos humanos y vocera del Movice Capítulo Sucre, Ingrid Vergara. Cendy participó en el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado como integrante del MOVICE.
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Crisis humanitaria en el medio y bajo Putumayo (Asociación Minga)

La Asociación para la Promoción social Alternativa MINGA, organización no gubernamental que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos hace un llamado URGENTE, sobre la crítica situación humanitaria de derechos humanos y derecho internacional humanitario que viven cientos de campesinos y comunidades indígenas en el municipio de Puerto Asís y Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, quienes están siendo afectados por la erradicación manual forzada y las fumigaciones aéreas a los cultivos de coca y de subsistencia alimentaria.

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Mercenarios en Colombia. Video documental de Arcadi Oliveres, Presidente de Justícia i Pau

Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau, hace una exposición de ejércitos de mafiosos y criminales, entre los que se encuentran Teodoro Obian -Guinea- y el sátrapa marrokí Mojamé VI, y otros que tienen colocados como pretorianos, los "muy democráticos" gobierno europeos y los yankis, para que protejan los intereses de la grandes corporaciones.

En la relación entre gobiernos del centro capitalista y la periferia comenta el tráfico de drogas, armas y mercenarios.

Arcadi Oliveres / Fragmento de conferencia from ATTAC.TV on Vimeo.

PREMIO MOTOSIERRA DE ORO. 27-10-10. PLAZA DEL PRÍNCIPE. S/C DE TFE.

NOTA DE PRENSA

RECHAZO EN CANARIAS AL PREMIO QUE CONCEDERÁ LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO – CEU AL EX PRESIDENTE COLOMBIANO ALVARO URIBE.

CONSIDERAN EL PREMIO UNA OFENSA A LAS VÍCTIMAS DE LOS CRÍMENES DE ESTADO Y HAN CONVOCADO UN ACTO DE PROTESTA CON TEATRO DE CALLE.

Los colectivos y personas coordinadas en la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia han dirigido una carta de protesta al Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo – CEU, y al del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la mencionada fundación, para expresar el rechazo a la entrega el 27 de octubre de un premio al Ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por su labor en la “lucha contra el terrorismo” y su “apoyo a la víctimas”.

La citada red considera este premio “una grave ofensa a las miles de víctimas de los crímenes de Estado en Colombia que claman justicia y a las organizaciones de las mismas intentan llevar a Uribe ante el Tribunal Penal Internacional”.

Un portavoz de la citada Red, Tito Martín, afirma que: “Uribe ha sido salpicado por multitud de escándalos que le relacionan con el clan narco de los Ochoa, cartel de Medellín (el famoso nº82 en la lista del Archivo Federal de Seguridad de los EEUU de 1.991) y el desarrollo del paramilitarismo en Colombia”. Añade el citado portavoz que: “a pesar de las fuertes presiones sobre los tribunales y magistrados, son numerosos los cargos públicos nombrados por Uribe que están procesados y condenados por prestar apoyo desde las instituciones al paramilitarismo y a esto hay que sumar el procesamiento de 70 congresistas de su coalición de los que hay 40 condenados”. Recuerda la mencionada Red pro DD.HH. que: “la justicia investiga 1.600 ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano en los últimos 6 años, donde la mayoría de las víctimas son civiles no combatientes de organizaciones campesinas, comunales y sindicales, y Uribe lo único que ha hecho es destinar fondos a la defensa de los militares y dar la espalda a las víctimas”. Por último, añade que “el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado afirma que hay aproximadamente 18.000 desaparecidos en la etapa uribista”.

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia invita a la ciudadanía a sumarse a uno de los actos de protesta que se llevarán a cabo en varias ciudades de España el 27 de octubre de 2010. Añade que en el caso tinerfeño se representará una pequeña obra de teatro, bajo el título "Motosierra de Oro", en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife a las 19.00 horas.

Video, Entrevista Campaña contra el Despojo

El despojo es un crimen que ha recorrido como un fantasma América Latina. Es un crimen de lesa humanidad porque durante siglos ha sido practicado por las clases dominantes de manera premeditada, generalizada y sistemática en contra de los pueblos oprimidos. El capital comete múltiples crímenes con la finalidad última de despojar todo aquello que considera valioso para incrementar su proceso de acumulación y garantizar el control político e ideológico.

El precursor del Narco - Estado.

Alvaro Uribe Vélez cede su puesto a quien fuera su Ministro de Defensa y hombre de confianza.

Como recuerdo a su etapa de presidente queremos publicar el siguiente artículo de Gloria Gaitán:

Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”

Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína.

De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia. De 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno y su mano derecha. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

El primer cargo público de Álvaro Uribe, entre 1980 y 1982, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia. Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar” da cuenta de la relación entre Uribe y Pablo Escobar y anota que Uribe como director de la Aeronáutica Civil fue clave para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al cartel de Medellín sin las cuales jamás hubieran podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los EE.UU. y acumulado sus inmensas fortunas. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue director de la Aerocivil. Este último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario El Tiempo de Colombia. 17/03/2002).

Cuando en “Tranquilandia” (Operación Yarí) la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta le fecha en Colombia, fue intervenido un helicóptero Hughes 500, matrícula HK 2704 X, de propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda, empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido, según indicó, se le olvidó documentar dicha compraventa.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa” de los Estados Unidos. Elaboró una ficha de Álvaro Uribe, la número 82, en esta Agencia. Veamos que dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

“Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Èl (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”

Uribe ha sido señalado de participar en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1.997, en la cual, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. Osorio, actual embajador de Colombia en México, ha sido objeto de varias investigaciones por favorecer, siendo Fiscal General de la Nación, los intereses de los paramilitares.

(1) Datos tomados de un artículo de *Enrique Santiago Romero, abogado español experto en derecho internacional, responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). Formó parte del equipo jurídico que impulsó la querella que el 13 de octubre de 1998 condujo a la Audiencia Española a solicitar la detención, en Londres, del ex dictador chileno Augusto Pinochet y de otros ex militares chilenos y argentinos responsables de la llamada “Operación Cóndor”.

Miembro de la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Julio 2009. Ha sido secretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Asistió en calidad de observador al referédum presidencial en Venezuela, en agosto de 2004, en representación de ONG´s y organizaciones sociales de España.

LOS PARAMILITARES JUNTO AL EJÉRCITO SIGUEN AMEDRENTANDO A LA CDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ. REALIZAN CENSOS Y REUNIONES PARA AMENAZAR.

EL GOBIERNO DICE QUE NO EXISTEN,

EN REALIDAD SIEMPRE HAN ESTADO

Nuevamente queremos dejar constancia de nuevas acciones que ponen en eminente y urgente riesgo a la Comunidad de Paz. Los hechos que queremos dejar a la humanidad y pidiendo la solidaridad nacional e internacional van en contravía a un discurso que el gobierno muestra, manteniendo esa forma constante que ha tenido de distorsionar la realidad convirtiendo la mentira en verdad y la verdad en mentira. Sin embargo ese descaro, ese doble discurso no va con las victimas, pues la historia, la realidad de los hechos desde las victimas es contundente, no se deja distorsionar y sabe que su precisión y su sentido de búsqueda de justicia encuentran eco en las voces de las conciencias de diversas partes del mundo, que se niegan a caer en esa atmosfera de todo bien cuando la realidad es totalmente diferente.

Los hechos que dejamos a la justicia universal son los siguientes:

- El 23 de mayo de 2010 hacia las 10 horas miembros del ejército entraron al sembrado comunitario de caña de la comunidad de la Resbalosa destrozando la cañocera sembrada y en producción.

- El 26 de junio de 2010 en horas de la mañana, un grupo de 200 paramilitares llegan a la vereda Murmullo Alto y Alto Joaquín (perteneciente a nuestra comunidad), los paramilitares venían de Batata, corregimiento donde están permanentemente y libremente actúan en medio de la presencia del ejecito y la policía.

- El 28 de junio de 2010 hacia las 16 horas, los paramilitares convocaron a la gente de las veredas de Murmullo Alto y Medio a una reunión, allí hablaron contra la comunidad de paz diciendo que tenia que someterse a las directrices de ellos o la eliminarían asesinando a la gente que estaba al frente. En la reunión tomaron los nombres de las personas, sus edades, los lugares de las fincas, los nombres de los trabajadores y vecinos, los nombres de toda la familia. Les dijeron que ahora sus vidas no eran de ellos sino pertenecían a las autodefensas y que por ello harían lo que mandaran que el que no lo hiciera se moriría.

- El 29 de junio de 2010, la justicia colombiana cerro el proceso de calumnia que había instaurado la Doctora Gloria Cuartas en relación a las calumnias realizadas contra ella, el padre Javier Giraldo y la Comunidad, en torno a la masacre de 2005. Este fallo judicial nuevamente nos da la razón sobre la podredumbre de la justicia, evidencia porque no creemos en ella y como se ajusta dentro de ese proceso de exterminio contra la comunidad, dándole vía libre al victimario a acabarnos y dejando todo en la total impunidad.

- El 30 de junio de 2010 se ha dado el desplazamiento de cuatro familias de Murmullo Alto, además de ello varias personas no duermen en sus casas debido al temor de los paramilitares quienes hacen presencia en los diversos caminos y hacen retenes.

- El 5 de julio de 2020 por espacio de todo el día, miembros del ejército realizaron empadronamientos en la vereda el Porvenir, a pesar de decírseles de dicha ilegalidad se reían y decían que ellos hacían lo que querían.

- El 5 de julio de 2010 a las 4 p.m. paramilitares realizaron una reunión en la vereda la Osa, colindante a la vereda Alto Joaquín perteneciente a la Comunidad de Paz, allí hicieron nuevamente un censo de la gente, así mismo que tenían que colaborarles el que no se sometiera a ellos se tenía que ir o se moría, y que la Comunidad de Paz se sometía a ellos o la acababan dándole primero a los lideres.

- El 7 de julio de 2010 hacia las 8 a.m. fue enviado un paramilitar a cada casa en Alto Joaquín perteneciente a nuestra comunidad, avisando de una reunión que se tendría en los próximos días con ellos para dejar las reglas de cómo se tenía que trabajar para ellos.



La situación es de suma urgencia por el accionar paramilitar, que se niega por parte del gobierno pero que es muy real, y amenaza con un gran desplazamiento a miembros de la comunidad, uniéndose al desplazamiento que se esta ya viviendo. Pedimos con urgencia acciones solidarias exigiendo el cese de este accionar



En medio de todas estas dificultades nos afianzamos en nuestras convicciones y en nuestra conciencia comunitaria. A pesar de estos fallos acordes a esa estructura de muerte, las victimas no se desmoralizan, por el contrario creemos en la justicia como un valor supremo que garantiza la vida, y por ello se camina en alcanzar algún día una justicia universal, que no ceda ante esta actitud criminal del Estado.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Julio 10 de 2010
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Visita Nuestra Pagina en http://www.cdpsanjose.org

Mientras Uribe y Zapatero sellan su alianza, asesinaban a Rogelio Martínez, de MOVICE, que denunció las relaciones del paramilitarismo y el Gobierno.

El homicidio del defensor de los derechos de los desplazados en Colombia fue condenado de manera enérgica por la Oficina de DDHH de la ONU. El organismo en un comunicado, exigió al Gobierno de Álvaro Uribe "aclarar rápidamente la responsabilidad por este asesinato".

TeleSUR _ Fecha: 19/05/2010

El defensor de desplazados en Colombia, Rogelio Martínez fue asesinado en el departamento Sucre (noroeste), a sólo dos meses desde que la Oficina de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicara un informe en el que se alertó la inseguridad a la que están sometidos quienes velan por el cumplimiento de esas garantías. Voceros del Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado (Movice), al que pertenecía Martínez, precisaron que fue asesinado este martes por "un grupo de hombres encapuchados que vestían de negro". Martínez, también líder campesino, había recibido amenazas desde 2008 por sus continuas denuncias de infiltración de paramilitares en instancias gubernamentales, políticas, locales y regionales del país.

En los últimos años, Martínez se había dedicado a liderar el regreso de medio centenar de familias que habían sido desplazadas por paramilitares en el departamento de Sucre. "Existe una persecución, una orden de exterminio y se ha ido completando", declaró otro miembro del Movice en Sucre, Adil Meléndez, quien también recibió una amenaza en 2009. El pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció la inseguridad a la que están sometidos los defensores de estas garantías en Colombia y manifestó la estigmatización que se les adjudica, incluso por parte de miembros del Gobierno de Álvaro Uribe. "Siguen existiendo en Colombia actitudes de acoso y persecución contra los defensores de derechos humanos y sus familias", indicó Pillay. De acuerdo a un reciente estudio divulgado este martes por la ONU, la nación que más desplazados internos tiene es Sudán con 4, 9 millones, seguido de Colombia con un aproximado de 4, 9 millones, luego está Irak, con 2,7 millones, Somalia con 1,5 millones y Pakistán con 1,2 millones. Condena de la ONU Naciones Unidas mediante un comunicado difundido este miércoles condenó el asesinato del defensor Rogelio Martínez, y anunció la visita de una misión diplomática y de la Comisión Europea a los departamentos de Sucre y Bolívar. La asistencia de delegados de la ONU a estos departamentos tiene como fin adelantar un diálogo "en torno a la protección efectiva de defensores de derechos humanos". "Pedimos a las autoridades colombianas aclarar rápidamente la responsabilidad por este asesinato", dijo por su parte, Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

VÍDEO DOCU: ARAUCA, LABORATORIO DE GUERRA CONTRA EL PUEBLO

EL DOCUMENTAL FUE EMITIDO EN UN PROGRAMA ARGENTINO: CARTAGO 2010

Arauca es uno de los departamentos más estigmatizados por el gobierno de Uribe en Colombia , a tal punto que su ensañamiento es sistemático y descarado. Son aproximadamente ocho años en que cada año, se ejecutan hasta dos retenciones masivas, convirtiéndolo en el departamento de mayor cantidad de presos políticos, de mayor persecución contra la dirigencia social y las organizaciones sociales. El departamento petrolero y más militarizado, pero de mayor índice de violencia criminal, de pobreza y de impunidad y corrupción administrativa. A pesar de los esfuerzos de denuncia, que han colocado a decenas de militares tras las rejas por sus crímenes, aun permanecen en la total impunidad las masacres ejecutadas por los narco paramilitares que alcanzaron el horrendo genocidio de más de setecientas victimas, ejecutadas con la total complacencia de la Brigada 18, la Móvil 5, el ex gobernador Julio Acosta Bernal y el gobierno nacional. Hoy nuevamente se reactivan los falsos positivos judiciales con nuevas retenciones masivas, más de cuarenta victimas sufren el agravio humillante, que hace parte de la campaña reeleccionista que pisotea nuevamente la dignidad y moral de estas familias. ¿De qué desafíos y responsabilidad habla Uribe, para justificar su dictadura?

La diligencia eficiente y eficaz de la Fiscalía y el DAS desaparecen cuando se trata de investigar y judicializar a funcionarios del gobierno y escuderos de Uribe, comprometidos abiertamente con el narco paramilitarismo, acusados inclusive por los propios comandantes; hoy extraditados para silenciarlos. Es el caso del propio Vicepresidente Francisco Santos, que se jacta hipócritamente de defensor de los derechos humanos. Y el caso de Julio Acosta Bernal, ex gobernador de Arauca, acusado no solo de corrupción sino de crímenes atroces en alianza con el bloque de narco paramilitares que actuó en Arauca durante su gobierno, al mando de Los Mellizos, también extraditado. Este personaje, que dice ser del pequeño grupo de los Araucanos de bien no solo derrocha las millonarias sumas de dinero producto de la corrupción de los presupuestos de las regalías, sino que continua manipulando la actual gobernación y las fuerzas militares y policiales de la región. Si seguimos hablando de justicia, nos preguntamos también ¿Qué pasó con los comandantes de la Brigada 18 Carlos Lemus Pedraza, Gustavo Matamoros, el comandante de la policía y el DAS de ese periodo siniestro? Pues sobre ellos no se conoce ningún proceso de investigación, no solo por permitir la matanza, sino por sus vínculos con estos criminales que sembraron de muerte la región. Aquí no hay justicia, existe es un ensañamiento contra humildes comerciantes, campesinos, pobladores y dirigentes sociales, que no solo judicializan, sino muestran como trofeos en sus temerarios medios de comunicación.

El camino hacia la paz de los cementerios.

Ramón Trujillo

Rebelión

En muy pocas dictaduras y en ninguna democracia del mundo es tan peligroso hacer oposición como en Colombia.

Quienes se han opuesto al modelo socioeconómico colombiano, a través de la política, del sindicalismo y de diversas expresiones de activismo cívico, han sido objeto sistemático de amenazas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. A quienes han denunciado tales violaciones de los derechos humanos se les ha aplicado la misma terapia. El gremio de los profesionales de la barbarie es tan poderoso que está a punto de culminar la mayor contrarreforma agraria del mundo: han expulsado de sus casas y de sus tierras a casi cuatro millones de personas y se han apropiado de buena parte de tan inmenso patrimonio. Hoy Colombia es el segundo país del planeta con más desplazados internos.

Estas son las realidades en que debía estar pensando quien escribió que Colombia quizá sea el infierno de otros planetas. Durante los veintitrés ańos previos a agosto de 2009, cada tres días, fue asesinado un sindicalista hasta sumar 2.704 personas. El partido político de la izquierda Unión Patriótica desapareció, en 2002, después de haber sufrido los asesinatos de candidatos presidenciales, congresistas, senadores, alcaldes, concejales y militantes. En total, más de 4.000 integrantes de ese partido fueron exterminados. En el período 1993-2007, fueron asesinados, al menos, 125 periodistas. Sin embargo, Colombia sigue siendo considerada una democracia en la que hay libertad política, libertad sindical y libertad de expresión. Uno se pregunta cómo es que hay dictaduras tan torpes que no se autoproclaman democracias, que no instituyen todas las libertades en códigos legales ficticios, ya que el disfraz de demócrata ayuda a reprimir mejor, porque le facilita a la comunidad internacional la tarea de mirar para otro lado.

La violencia tiene la virtud de irse haciendo a sí misma innecesaria. Si, en 1996, en Colombia fueron asesinados 274 sindicalistas, doce ańos después sólo fueron asesinados 49. El país seguía siendo la primera potencia mundial en asesinatos de sindicalistas, pero el gobierno de Álvaro Uribe podía presumir de una reducción espectacular de tales crímenes. En realidad, ya sólo quedaba alrededor de un 4% de trabajadores sindicalizados y no era necesario matar tanto como antes. Había llegado la paz de los cementerios, acompańada de un 95.6% de impunidad en los crímenes antisindicales, para dejar bien claro, si renace el activismo sindical, que la caza de sindicalistas es delito, pero no se castiga.

El pasado mes de enero, viajé a Colombia como integrante de una misión de verificación de los derechos humanos. Escuché a los magistrados de la Corte Suprema quejarse del espionaje y el hostigamiento al que les somete el gobierno de Álvaro Uribe. Criticaron las maniobras del presidente, para liberar a los más de treinta diputados de su coalición política, enc arcelados por su complicidad con un paramilitarismo que ha perpetrado miles de crímenes atroces.

En Cali, escuché a los familiares de las víctimas de la política de “seguridad democrática”, una etiqueta que habría impresionado a Goebbels. El gobierno de Uribe ofreció a sus militares recompensas en dinero, días de vacaciones y ascensos por cada guerrillero muerto. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir al dar esos incentivos a un ejército con un historial de derechos humanos horrendo. Por ejemplo, al padre de Marta Giraldo lo asesinaron y lo vistieron de guerrillero para obtener la recompensa. A su hermano le dispararon para que desistiera en la denuncia de lo ocurrido. Y Marta Giraldo volvió a ser amenazada el mes pasado para que se olvide de la denuncia contra los asesinos de su padre. Hay 2.981 casos como éste documentados.

En Bogotá, escuché el testimonio de la madre de una muchacha de quince ańos asesinada cuando salió para los preparativos del primer aniversario del asesinato de su padre. Cuando la madre levantó la tapa del ataúd vio que le habían cortado los pechos y las manos. Por su denuncia de estos crímenes de los paramilitares fue golpeada y amenazada en Bogotá, en 2008.

Los paramilitares se desmovilizaron oficialmente entre 2003 y 2006. Sin embargo, algunos prosiguieron con sus actividades, otros se hicieron con el control de instituciones locales, muchos se apropiaron de tierras arrebatadas a los campesinos y, asimismo, los militares que les dieron apoyo apenas fueron molestados. El presidente Uribe hizo una ley ineficaz para castigar levemente a los paramilitares e insertarlos luego en la vida civil. Pero la Corte Constitucional cambió la ley y estableció incentivos reales para que contaran la verdad. En febrero de 2008, las declaraciones de los jefes paramilitares permitieron abrir investigaciones al vicepresidente, a once senadores, ocho congresistas, cuatro gobernadores, veintisiete alcald es, treinta y nueve militares y cincuenta y dos policías. A Uribe le entró el pánico y, en mayo, los extraditó a Estados Unidos por narcotráfico para que dejaran de hablar de sus vínculos con la política.

Tal y como documenta un reciente informe de Human Rights Watch, el paramilitarismo pervive en Colombia y se está reforzando. Sin embargo, en enero tuve la sensación de estar en la Embajada de Colombia en Colombia, cuando escuché al embajador de Espańa dudar de la existencia actual del paramilitarismo y asumir más o menos los logros de la “seguridad democrática” de Uribe. Cuando le pregunté a uno de los magistrados de la Corte Suprema si el paramilitarismo sigue existiendo, contestó que la desmovilización fue la entrega de “dos escobas y dos escopetas” y que, por supuesto, siguen actuando. El papel de la Embajada de Espańa y del ministro de Exteriores, que recientemente elogió los logros de Uribe en derechos humanos, es absolutamente lamentable. Y anuncia el apoy o a un tratado comercial entre la Unión Europea y Colombia que debiera bloquearse hasta lograr verdaderos avances en la situación de los derechos humanos.

żPor qué no condenamos al gobierno colombiano? żPor qué el Estado que más viola los derechos humanos en América Latina no es el más denunciado? żPor qué se denuncian con tanta intensidad las violaciones de los derechos humanos en países que los violan muchísimo menos que Colombia? żPor qué no se denuncia más a quien los pisotea más?

En mi opinión, un observador racional percibirá que las denuncias más constantes e intensas de las violaciones de los derechos humanos, en América Latina, se centran en aquellos estados que más restringen la inversión extranjera en su territorio. El derecho de los inversores a invertir sin trabas parece ser el derecho humano que realmente importa. Y ahí Colombia está a la vanguardia. Su invisible Constitución de facto empieza: “Nosotros, los inversores...”

* Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.

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