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martes, 8 de septiembre de 2009

CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia se suma a la siguiente declaración que será entregada el 11 de septiembre en el Consulado de Colombia con la firma de multitud de colectivos de las islas.

Se deben envíar las adhesiones hasta el 10 de septiembre al correo:
moclaspalmas@gmail.com.

CONTRA DE LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

Canarias, territorio de paz.

Los abajo firmantes, ciudadanos, ciudadanas y colectivos sociales de Canarias, queremos expresar mediante este manifiesto nuestro radical rechazo a la implantación de siete nuevas bases militares de Estados Unidos en Colombia. Las razones a dicho rechazo se exponen a continuación:

1ª) La sociedad canaria históricamente ha manifestado su vocación pacifista y antimilitarista, expresada en la reivindicación de que toda la tierra, el mar y el aire sean para el uso de la vida y no para generar violencia y muerte. Es por esto y por su situación geográfica estratégica, que consideramos que Canarias debe convertirse en una base desde la cual se irradie un pensamiento y práctica de paz y entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo, oponiéndonos terminantemente a la guerra y el militarismo como medios para la resolución de conflictos porque históricamente está probado que estos solamente son causa de dolor, miseria y muerte para las personas, y benefician únicamente a los intereses económicos de los grandes capitales transnacionales.

2ª) Es en este sentido que creemos que el despliegue militar en territorio colombiano va a alterar gravemente la situación militar y geopolítica en Suramérica y el Caribe, convirtiendo al territorio colombiano en portaviones terrestre y en puerto marítimo de la fuerza aérea y naval del imperialismo estadounidense, que viene implementando desde hace varios años un proceso planificado de desestabilización contra aquellos gobiernos que en Centro América y Suramérica están intentando, con mucho esfuerzo y dificultades, desarrollar una política independiente y solucionar algunos de los problemas históricos que aquejan a las mayorías pobres de sus respectivos países.

3ª) Como se puso de manifiesto en la reciente cumbre de UNASUR, celebrada en Bariloche, se planea utilizar estas bases, o alguna de ellas, como una amplia red de espionaje destinada a la vigilancia de toda la región, alcanzando incluso dicha vigilancia territorio africano, al margen de concentrar en ellas grandes cantidades de tropa y armamento. En términos objetivos, no hacen falta, en forma alguna, bases militares extranjeras en América latina, constituyendo los intentos de implantación de las mismas residuos de la extinta guerra fría que, con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico, ocultan la finalidad real de desarticular y amenazar a los gobiernos de izquierda de la región.

4ª) Con la excepción de Colombia, Suramérica es actualmente la región más pacífica y pacificada del mundo, recurriendo a los tribunales y al arbitrio internacional para solucionar sus conflictos territoriales, además de estar inmersa en profundos y novedosos procesos de integración (UNASUR, ALBA, etc.). La implantación de bases militares en Colombia no contribuye a la consolidación de la unidad regional, sino que parece, más bien, que intenta sabotearla, impidiendo que la mayor parte de los países de Suramérica logren concertar una política común de defensa que tendría como uno de sus ejes principales impedir la intervención de toda potencia extranjera y la implantación de bases militares en cualquier país de la región.

5ª) Es conocida y data de muchos años la presencia militar de fuerzas norteamericanas en Colombia y su apoyo manifiesto al ejército colombiano y los grupos paramilitares en la instauración de un régimen de terror que ha costado millones de muertes, desplazados internos y refugiados generando una de las crisis humanitarias más largas y dolorosas, a la vez que silenciada y olvidada en el mundo. Desde esta perspectiva la situación actual constituye la visibilización y profundización del dominio gringo en Colombia y su intención de convertirla en la punta de lanza de la agresión y dominación norteamericana hacia el resto del continente.

6º) El imperialismo y sus servidores locales muestran una tendencia a la creciente utilización de medios violentos, encarnados no sólo en el establecimiento de las bases militares en Colombia sino en el golpe militar en Honduras, la reactivación de la IV Flota de EEUU en el año 2007 y las recientes masacres indígenas Awa y Wayuú en la misma Colombia, y en la Amazonía Peruana. Todo esto con la pretención de contrarrestar el proceso de transformación económica, política y social que se viene gestando en el continente.

Por todo ello, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a este proceso de militarización intensiva de la región suramericana que, creemos firmemente, no implica nada bueno para su futuro. Queremos plantear además nuestro apoyo y solidaridad con los pueblos latinoamericanos en su lucha pacifica por la construcción de un futuro de autodeterminación, justicia y libertad.

lunes, 31 de agosto de 2009

Golinger: EEUU privatiza guerra colombiana con sus transnacionales mercenarias


“Esto constituye la privatización total de la guerra en Colombia, a través de la utilización y financiamiento de transnacionales mercenarias que no tienen la obligación de responder legalmente a ningún sistema judicial del mundo. En otras palabras, gozan de total inmunidad”, condenó Golinger.

Explicó que en unos documentos gubernamentales desclasificados encontró una lista de 31 contratistas estadounidenses que guardan relación con el Departamento de Estado. Esta lista contiene los montos de los financiamientos otorgados por la administración de Washington para potenciar la guerra en Colombia.

“Llama la atención sus áreas de responsabilidad y la cifra de dinero que reciben para un período de doce meses”

No obstante, expresó que a pesar de ser empresas estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado, no están sujetas a ninguna ley pública de EEUU.

“Como parte del acuerdo binacional, en Colombia tienen inmunidad total, es decir, no le responden a nadie por sus crímenes, acciones y operaciones”, enfatizó.

Si bien la lista es de 31 empresas, Golinger se limitó en esta oportunidad a mencionar las de mayor importancia y aquellas que ya tienen un largo historial bélico en el mundo.

Transnacionales de la guerra

La primera de ellas es Lockheed-Martin, una de las más grandes del complejo industrial militar de Estados Unidos. Se dedica a fabricar armamento, tecnología y hasta aviones de guerra.

“Su contrato prevé un financiamiento para el período de un año de 53 millones de dólares, destinados a suministrar apoyo logístico y asistencia técnica a la policía nacional de Colombia, además de facilitarle personal humano para sus operaciones especiales”, añadió.

Otra empresa es Dyn Corp International, perteneciente también al complejo industrial militar. El Departamento de Estado la financia con 164 millones de dólares para proveer de pilotos, técnicos y apoyo logístico al ejército colombiano.

“Igualmente, la empresa Arinc, contratista privada del complejo industrial militar, recibió 8 millones de dólares para mantener, manejar y formar a la policía nacional de Colombia en los procesos de recolección de señales y otros equipos asociados con el espionaje”, señaló.

En tanto, Oackley Network recibió 5 millones dólares para la provisión de software de monitoreo de Internet y para asistir en los programas de espionaje conducidos por la división de crímenes de la policía nacional de Colombia.

“Seguramente, estas últimas dos compañías se encuentran detrás de las famosas y supuestas computadoras encontradas en el campamento bombardeado de Raúl Reyes, en marzo de 2008”, destacó la investigadora.

Asimismo, se encuentra la ITT, transnacional de las telecomunicaciones que participó en el golpe de Estado contra el chileno Salvador Allende.

“En 2007 percibió unos 7 millones de dólares para operar un sistema de radar hemisférico, apoyo logístico y provisión de equipos a radares en territorio colombiano y que son operados vía satélite”, indicó Golinger.

Espionaje Echelon

Otra empresa de gran envergadura es el Grupo Rendón, que adquirió un contrato de 3,4 millones de dólares para dar apoyo comunicacional al Plan Colombia y el plan contra el narcotráfico.

“El Grupo Rendón es uno de los más conocidos grupos de expertos en operaciones psicológicas por ser una empresa del Pentágono, dedicada a diseñar este tipo de campañas (...) Es quien maneja gran parte la campaña mediática contra Venezuela y Ecuador”, argumentó la abogada.

Además, sostuvo que en el contrato se estipula el uso del sistema Echelon, el sistema de espionaje más grande conocido, inventado en los años 70 por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de EEUU).

“Es un sistema satelital que tiene la capacidad de monitorear todas las comunicaciones en el mundo. Ellos introducen palabras específicas en el sistema y éste se enlaza con el resto de los sistemas de comunicación. Si encuentran que alguien utilizó esa palabra por teléfono, celular o computador, la atención se dirige hacia ese lugar, da la ubicación exacta y permite monitorear la conversación”, comentó.

En conclusión, Golinger manifestó que este financiamiento implica que continuará la escalada ofensiva y agresiva imperial contra la región.

“Ya vimos el golpe de Estado en Honduras, el recrudecimiento del conflicto colombo-venezolano y la preocupación por parte de los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (Alba) por el tema de las bases militares (...) Este no es el final”, puntualizó.

domingo, 22 de junio de 2008

El presidente Daniel Ortega califica a Uribe de Terrorista, junto a 3 mujeres sobrevivientes de ataque del Ejército colombiano.

2 ciudadanas colombianas y una mejicana que sobrevivieron al ataque del Ejército colombiano en suelo ecuatorianio denuncian, con el apoyo del Presidente nicaragüense, a Alvaro Uribe, a quién califican como sanguinario. Una de ellas advierte que Uribe preferiría que estuvieran muertas, porque son testigos fundamentales en el caso del ataque a territorio ecuatoriano.


VER VÍDEO:


viernes, 7 de marzo de 2008

El montaje de Uribe. Se pilla antes al mentiroso que al cojo.

From: Alfredo VILORIA
RED INFORMATIVA VIRTIN

Editorial

La Jornada

Con el telón de fondo del conflicto desatado a raíz de la matanza perpetrada por militares colombianos en territorio ecuatoriano, durante la cual fue asesinado el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y que ha derivado en el rompimiento de relaciones diplomáticas de Ecuador y Venezuela con Colombia, el presidente de este último país, Álvaro Uribe, se ha encargado de enrarecer el panorama al lanzar acusaciones tan severas como poco verosímiles contra sus homólogos Rafael Correa y Hugo Chávez.

Con base en documentos supuestamente hallados en unas inciertas computadoras portátiles del insurgente muerto, el gobierno colombiano ha señalado la existencia de “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”. El propio Uribe afirmó ayer que denunciará al mandatario venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya por “patrocinio y financiación a genocidas”, lo que fue calificado por Caracas de “risible amenaza”.

De su lado, Rafael Correa convocó ayer a la comunidad internacional a “cerrar filas alrededor del principio, la ética y el derecho que deben guardar las relaciones internacionales”; condenó nuevamente el bombardeo del ejército colombiano en el norte de Ecuador, en la medida en que fue un atentado contra la soberanía de ese país y porque, además, la agresión frustró las negociaciones que su gobierno sostenía con las FARC para liberar a una docena de rehenes, entre los cuales se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Las acusaciones del gobierno colombiano se inscriben en una cadena de inconsistencias con respecto a los acontecimientos del sábado pasado. Ha de recordarse que en un principio, las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; incluso Uribe agradeció públicamente al presidente Correa, a quien dijo haber mantenido al tanto de los hechos. Más tarde se aseguró que las milicias colombianas sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.

Resulta poco verosímil, además, que los equipos de cómputo de supuesta propiedad de Reyes hubiesen sobrevivido a las explosiones y, en todo caso, no parecería lógico que el líder guerrillero portara la información a la que ha hecho referencia Uribe. Los señalamientos y las supuestas pruebas que vinculan a Correa con la guerrilla tienen toda la apariencia de un montaje del presidente colombiano y constituyen un agravio no sólo para el pueblo ecuatoriano, sino para el conjunto de la opinión pública internacional y hasta para la inteligencia humana.

Lo que queda claro, en cambio, es que por medio de estas maquinaciones se pretende llevar a escala regional un conflicto local, añejo y exacerbado, para el cual el gobierno de Uribe no ha podido ofrecer una solución; en cambio, ha torpedeado en forma sistemática todos los intentos surgidos dentro y fuera de Colombia por solucionarlo.

La versión de Correa, en cambio, no presenta inconsistencias ni constituye una suma de improbabilidades, y ha sido confirmada por el gobierno de Francia, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Betancourt y Bogotá estaba al tanto de lo anterior, lo que pone en evidencia la traición del gobierno de Colombia, al romper el hilo fundamental de una gestión humanitaria que habría contribuido a acabar con el sufrimiento de un nuevo grupo de prisioneros de la guerrilla y de sus familias.

La agresión contra el territorio ecuatoriano confirma, pues, el afán del gobierno de Uribe por impedir toda posibilidad de un canje humanitario con la guerrilla. Su embestida contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador denota, por un lado, la hostilidad que provocan en el Palacio de Nariño las posiciones dialogantes y favorables a un arreglo pacífico, como las que han sostenido Quito y Caracas y, por el otro, la mano, no tan invisible, de Washington.

Y es que una perspectiva de paz en Colombia no sólo reforzaría el fracaso de la política militarista de Uribe, sino que haría perder sentido al Plan Colombia, instrumento central del injerencismo estadunidense en Sudamérica, y cuyo objetivo último no es el narcotráfico –con el que Uribe ha estado vinculado, según medios de prensa estadunidenses y colombianos– y tal vez ni siquiera las FARC, sino los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano.

La incursión militar ordenada o tolerada por Uribe contra el territorio de un país vecino es una inequívoca violación de la legalidad internacional. Para colmo, el presidente colombiano, en vez de reconocer su falta, ha urdido una historia insostenible para presentar a la víctima como agresora y para derivar el conflicto interno que no puede o no quiere resolver hacia una escalda regional muy conveniente para los designios intervencionistas de la administración de George W. Bush. El ataque y las mentiras subsiguientes merecen una enérgica condena de la comunidad internacional, y en particular en el seno de la Organización de Estados Americanos.