DECLARACION PARLAMENTARIA POR EL DERECHO A LA OPOSICIÓN POLÍTICA

Por el derecho a la oposición política, el trabajo por la paz, y el respeto de la separación de los poderes en Colombia

Cuatro parlamentarios colombianos de oposición, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva, Gloria Inés Ramírez, y Wilson Borja, el periodista Carlos Lozano, y otras personalidades cuyo trabajo a favor del acuerdo humanitario y de la paz es ampliamente reconocido, han sido acusados por el Fiscal General de la Nación de supuestos nexos con las FARC.

También, un delegado suizo, conocido por su papel de buenos oficios, fue acusado públicamente de tener nexos con las FARC cuando hizo unas declaraciones poco placenteras por el Gobierno.

Unos ataques han sido dirigidos igualmente contra la Corte Suprema de Justicia, que ha emitido fallos sobre los lazos entre políticos y paramilitares y sobre los actos de corrupción que permitieron la reelección del Presidente Uribe en el año 2006.

Como diputados europeos, rechazamos estas persecuciones que son obstáculos puestos al proceso de paz. Expresamos nuestra total solidaridad con los parlamentarios, periodistas y las otras personalidades perseguidas por sus opiniones políticas, y reiteramos nuestro apoyo a su labor a favor de una solución pacifica del conflicto colombiano.

Pedimos igualmente que los representantes de la Unión Europea en Colombia insistan ante las autoridades de dicho país para que sea respetado el derecho de hacer oposición, para que se posibilite las gestiones humanitarias, y para que el Gobierno respete la independencia del sistema judicial y acate las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

- Vittorio Agnoletto,

Diputado europeo por Italia, Miembro de la Comisión de Asuntos exteriores del Parlamento europeo

- Giusto Catania,

Diputado europeo por Italia, Vice-presidente de la Comisión de Libertades civiles, Justicia y asunto interiores

- Hélène Flautre,

Diputada europea por Francia, Presidente de la Sub-comisión de derechos humanos

- Monica Frassoni ,

Diputada europea por Italia, Presidente del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea

- Vicente Garcés,

Diputado europeo por España, Miembro de la Comisión de Presupuestos

- Pedro Guerreiro ,

Diputado europeo por el Portugal , Miembro de la Comisión de desarrollo regional

- Jens Holm ,

Diputado europeo por Suecia , Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

- Richard Howitt,

Diputado europeo por el Reino-Unido, Vice presidente de la Sub-comisión de derechos humanos

- Helmuth Markov,

Diputado europeo por Alemania, Presidente de la Comisión de comercio internacional

- Willy Meyer-Pleite,

Diputado europeo por España, Vice-presidente de la Asamblea parlamentaria bi-regional EUROLAT

- Luisa Morgantini,

Diputada europea por Italia, Vice-presidente del Parlamento europeo

- Josu Ortuondo Larrea,

Diputado europeo por España, Miembro de la Comisión de Transporte y turismo

- Raul Romeva ,

Diputado europeo por España, Miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

- Eva-Britt Svensson,

Diputada europea por Suecia, Vice-presidente de la Comisión de derechos de la mujer e igualdad de género

- Francis Wurtz,

Diputado europeo por Francia, Presidente del grupo Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica

VÍDEO: EL BAILE ROJO, plan de exterminio de una coalición de izquierdas (5.000 asesinados aprox) ejecutado por el Estado colombiano.

Aproximadamente son unos 5.000 asesinados o desparecidos miembros de la coalición Unión Patriotica, movimiento político de la izquierda colombiana. El proceso de exterminio comenzo en 1986 y durante el gobierno de Uribe han sumado más de 150 asesinatos de miembros de la extinguida U.P.



La U.P. llegó a tener el 10 % del electorado colombiano y en departamentos como el Meta alcanzó el 30 %. Todos sus cargos públicos fueron asesinados: congresistas, alcaldes y concejales. También fueron asesinados los dirigentes de la organización y militantes de base. Muchos tuvieron que salir del país para salvar sus vidas.



Estos crímenes fueron perpetrados por agentes de la fuerza pública y escuadrones de la muerte (conocidos como paramilitares), creados por el Estado colombiano.



La U.P. estaba integrada por sindicalistas, miembros de asociaciones campesinas, partidos de izquierdas, intelectuales y también se sumaron a ella ex-guerrilleros que habían decidido abandonar las armas creyendo en la propuesta de diálogo del Pte. Belisario Betancourt.



Los familiares de las víctimas sin posibilidad de encontrar justicia en su país se han dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A (caso 11.227), denunciando al Estado colombiano por genocidio político.



Miren el trabajo documental de la Corporación Reiniciar:

PARTE 1/6


PARTE 2/6


PARTE 3/6


PARTE 4/6


PARTE 5/6


PARTE 6/6