lunes, 25 de mayo de 2009

Revuelo en Europa por informe de Delegación Asturiana Palacios afirma que el 95% de las violaciones de DD.HH. son obra del Ejército colombiano.

Publicado en Indymedia Colombia

por Prensa PCC
Friday, May. 15, 2009 at 2:50 PM

Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".

Según los voceros de la agencia asturiana el Informe definitivo estará listo a finales del próximo mes de junio y será presentado ante el sistema de DDHH de la ONU, ante la OEA, la OIT, los Parlamentos europeo, español y asturiano y ante los Gobiernos colombiano, español y asturiano.


Gran revuelo han causado en la ciudad de Oviedo (España) las declaraciones del director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, quien denunció que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército. Dijo en Rueda de prensa que recabaron pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. También aseguró a la prensa que comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano".

Según reseña la agencia informativa EFE, Palacios comentó que "Son los llamados falsos positivos, cogen a jóvenes marginales, les quitan la vida y después les visten con el uniforme militar para que sus cuerpos no puedan ser reclamados por sus familias".

La delegación asturiana denuncia que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, "sino una práctica muy extendida" cometida por un importante número de unidades militares. Las ejecuciones militares son una práctica extendida y sistemática que se produce en muchas zonas del país, lo que demuestra que están planificadas desde el propio Gobierno", apuntó Palacios. [...]

[...] En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes. El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales.[...]

[...]Es un verdadero escándalo, sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, el número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga actualmente cerca de 1.300 casos con más de 1.600 víctimas.

Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. La destitución en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, y la renuncia en noviembre de 2008 del Comandante en Jefe del Ejército colombiano, demuestra la inequívoca responsabilidad de las fuerzas armadas colombianas en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad [...]

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domingo, 24 de mayo de 2009

Asesinado Gobernador Indígena, Robert de Jesús Guachetá, Autoridad del Pueblo Nasa.

PUBLICADO EN LA WEB DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC.
http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=35952
LUNES, 18 DE MAYO DE 2009.


Tras el asesinato de Robert de Jesús Guachetá, autoridad tradicional del Pueblo Nasa, el Consejo Regional Indígena del Cauca reitera al Estado colombiano evitar la impunidad y brindar garantías suficientes y necesarias para defender la vida y los derechos humanos de las autoridades tradicionales indígenas, de los líderes amenazados y sus familiares.

Comunicado CRIC.

Asesinado Robert de Jesús Guachetá, Autoridad Tradicional de la Asociación Territorial Indígena de la Zona Occidente, Morales

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, repudia el asesinato de que fue víctima Robert de Jesús Guachetá, gobernador suplente del resguardo Nasa de Honduras, encontrado muerto horas después de haber salido de su casa familiar, en la madrugada del día 18 de mayo de 2009, en Tierradentro, corregimiento del resguardo indígena de Honduras, municipio de Morales, Cauca.

Robert de Jesús Guachetá, actual vice gobernador del cabildo de Honduras, miembro de la Comisión Política del Concejo Regional Indígena del Cauca y de la Minga de resistencia Social y Comunitaria; había sido presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona Occidente del Cauca, ATIZO; integrante del equipo administrativo de la Asociación Indígena del Cauca-AIC y gobernador indígena en periodos anteriores.

En los últimos seis meses venía siendo víctima de intimidaciones y constantes amenazas, situación por la cual se habían solicitado medidas cautelares ante el Estado colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin conocerse respuestas al respecto.

El compañero Robert, como muchos de los líderes amenazados, había manifestado su rechazo a la implementación de cultivos de uso ilícito en la zona y criticado la política de entrega territorial que realiza el Estado colombiano a empresas mineras de explotación aurífera.

Es conocido también el cuestionamiento hecho ante los efectos nocivos causados por la represa la Salvajina; daños que no han sido reparados ni dado cumplimiento, por parte del Estado colombiano ni por la empresa española EPSA-Unión FENOSA, a los compromisos adquiridos al iniciar actividades en los años 80. Tampoco ha sido posible que respondan por el daño ambiental causado en más de 20 años de ejercicio empresarial.

El Consejo Regional Indígena del Cauca acompaña el dolor que viven las comunidades indígenas por la muerte de Robert de Jesús Guachetá, autoridad tradicional Indígena, y reitera el llamado hecho a la comunidad nacional e internacional, por las comunidades de los resguardos de Agua Negra, Chimborazo y Honduras, desde hace más de 10 meses, por medio del cual se exige cesen las amenazas de grupos paramilitares y, al Estado colombiano evitar la impunidad y brindar garantías suficientes y necesarias para defender la vida y los derechos humanos de las autoridades tradicionales indígenas, de los líderes amenazados y sus familiares, muchos de los cuales se encuentran en situación desplazamiento forzado, para que así el gobierno nacional atienda lo ordenado por el Auto 004/2009, de la Corte Constitucional.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC.

La web etnias de Colombia publicó el 1 de abril de 2008:

Uribe ofrece recompensa por la cabeza de los indios: CECOIN.

http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=6570

[...] El 15 de marzo de 2008, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en un Consejo Comunitario, llevado a cabo en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, en un claro desconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al territorio, y por consiguiente a la propia existencia, califica de delincuentes a quienes adelantan el proceso de liberación de la madre tierra, y como en las más retrógradas historias, de hace más de trescientos años, ordena poner precio a la cabeza de los indígenas.

Dice el presidente Uribe:

"¿Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?" [...]

"¡Ofrezcámoslas¡ eso ha sido muy útil en el país. Dicen: "no, es que están allá, están consolidados, que no los rompen". Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen: "no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro". Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros. [...]"


Señala también:

"Los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General."[...] Pincha aquí para leer más.


A CONTINUACIÓN UN DOCUMENTAL DE CONTRAVIA SOBRE LA RESISTENCIA Y LA VIOLENCIA QUE PADECE EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN COLOMBIA.






Al menos 17 sindicalistas colombianos han sido asesinados en 2009 .















Cuando la Delegación Asturiana llegó a finales de abril eran 11.. cuando se fue el 3 de mayo eran 15, ahora 17...

¿Quien va a detener el genocidio sindical?


CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Bruselas, mayo de 2009 (CSI en Línea): La CSI denuncia y condena enérgicamente los asesinatos ocurridos en abril y mayo de cinco activistas dedicados a su trabajo sindical a fin de lograr una mejor situación de la clase trabajadora colombiana.

El movimiento sindical, a nivel nacional, regional e internacional se une a las tres centrales sindicales colombianas, CUT, CGT y CTC, para seguir denunciando el atropello sin tregua al que está sometido el movimiento sindical en Colombia mediante amenazas, hostigamientos y persecución a través de llamadas telefónicas, y el asesinato constante de militantes y líderes sindicales, en flagrante violación de los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Colombia, por el sólo hecho de luchar por los derechos fundamentales de la clase trabajadora.

Con estos cincos crímenes contra el movimiento sindical, van 17 sindicalistas asesinados en 2009, por un total de 2711 activistas y dirigentes asesinados durante la última década. Estos asesinados ponen seriamente en tela de juicio las numerosas afirmaciones de distintos miembros de la Administración colombiana en el sentido que está progresando la situación de violencia, asesinatos y estigmatización del movimiento sindical.

En una carta http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/mas_asesinatos_de_activistas_sindicales_en_Colombia_-mayo2009.pdf mandada al Presidente colombiano Álvaro Uribe, la CSI exige de las autoridades colombiana que lleven a cabo las investigaciones necesarias perentorias y concluyentes para dar con sus autores materiales e intelectuales a los efectos de romper la ya acostumbrada cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de sindicalistas.

"La CSI enviará la información pertinente al Comité de Libertad Sindical de la Organización International del Trabajo (OIT) en el marco del caso N°1787" dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI. "Se necesita con urgencia una verdadera Justicia en Colombia!"

La CSI representa a 170 millones de trabajadores de 157 países, y cuenta con 312 afiliadas. http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com/ITUCCSI

Para más información, póngase en contacto con el Servicio de Prensa de la CSI: +32 2 224 0204 ó +32 476 621 018.

Pronunciamiento preliminar de Delegación Asturiana:

FOTO: Delegacion asturiana en la casa de la familia de Luciano Romero, quien fuera acogido temporalmente en Asturias, y asesinado a su regreso a Valledupar.

“En la democrática Colombia se encarcela y se elimina a la oposición”

María Cardona y Emiro Navarro son dos colombianos refugiados en Gijón porque sus vidas corren peligro en la "democracia" más antigua de Latinoamérica: Colombia.Soldepaz-Pachakuti de Asturias | Para Kaos en la Red | 11-5-2009

María Cardona y Emiro Navarro son dos colombianos refugiados en Gijón porque sus vidas corren peligro en la democracia más antigua de Latinoamérica: Colombia.
La organización Soldepaz-Pachakuti de Asturias ha cedido este espacio para que estas dos personas, activistas de los Derechos Humanos (DDHH) en Colombia, tengan una oportunidad más tras las amenazas sufridas en Colombia por realizar trabajo social. La organización Pachakuti siempre se ha caracterizado por su activismo y solidaridad con los pueblos que resisten a las represiones más feroces y a la vez menos sonadas. Esta proyecto está apoyado y financiado, además de Soldepaz-pachakuti, por: Axencia Asturiana de Cooperación y Ayto de Xixón, y apoyado organizativa y moralmente por Amnistía, Corriente Sindical de Izquierdas, UGT, Suatea, USO, Acsur, ISF, Cosal, CEAR… también, desde Colombia, por: CPDH, DDHH-CUT, colectivo de Abogados j-Alvear Restrepo, FCSPP (Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos), y la asociación de desplazados ANDAS.

María es defensora de los Derechos Humanos participó en el CPDH (Comité Permanente de la defensa de los DDHH) en el noreste de Colombia, y Emiro es dirigente sindical campesino perteneciente a Fensuagro-CUT, que defiende y lucha por los derechos de los y las campesinas, en la zona caribeña de
Colombia

Llevan en Asturias desde hace más de un mes y permanecerán en el estado español por unos meses mas.

Para leer la entrevista pincha aquí.

Despido colectivo en Hospital Juan Dominguez Romero de Soledad

FUERZA SINDICAL CLASISTA
Comunicado de Solidaridad:
El gobierno nacional y la administración departamental del Atlántico, impuso a la Gerencia del Hospital Juan Dominguéz Romero de Soledad la contratación de un estudio de reestructuración" de dicho centro hospitalario, el cual concluye, como en todos los demás casos, dictaminando como panacea de mejoramiento de los servicios y mayor eficacia, el despido masivo de TODO el personal (98) de trabajadores y trabajadoras. Solamente quedan como empleados de planta, unos cuantos jefes.
Sugerimos,como solidaridad moral, enviar mensajes de protesta al señor Gobernador del departamento del Atlántico, al presidente de la república y con copia a los medios de comunicación social.

COPIAS DE ESTOS MENSAJES DEBEN SER ENVIADOS A ANTHOC, SECCIONAL SOLEDAD, A LA SEDE SITUADA EN EL MISMO HOSPITAL,

Atentamente,
COMISIÓN COORDINADORA
08 de mayo de 2009

CAMBIO conoció los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander


Informe especial publicado en la web de Cambio:
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html


Sábado 23 de mayo de 2009

En la vereda Juan Frío de Villa del Rosario en Norte de Santander, un sitio conocido como "trapiche viejo" inspira temor y respeto. Los que pasan por ahí instintivamente se echan la bendición y aceleran el paso. Y es que allí, cerca de un trapiche abandonado hoy cubierto por la maleza, los paramilitares construyeron en 2001 un horno crematorio que funcionó hasta 2003 y en el que incineraron los cadáveres de más de 200 víctimas.

No hay rastros de cenizas o carbón, y pocos se atreven a hablar en voz alta sobre lo que allí pasó o a visitar el horno que, según cuentan, Rafael Mejía, 'Hernán', entonces jefe paramilitar de Villa del Rosario, construyó a comienzos de 2001. Una casa abandonada y los restos de un trapiche en el que hay cruces pintadas dan testimonio de que allí la muerte estuvo presente. Como hoy está presente el miedo porque en la zona rondan las llamadas Águilas Negras.

Todo comenzó un miércoles de marzo de 2001. Unos paramilitares llegaron en una camioneta Blazer blanca en la que llevaban a varias personas amarradas. "Eran como las 11 de la mañana y hacía mucho calor -relata un testigo-. No recuerdo cuántos eran, cuatro o cinco, pero los tuvieron rato junto al trapiche viejo. Suponía que les iba a pasar algo pero cuando uno vive en zona de guerreros 'come callado' o si no termina igual".

Horas después, cerca de las 6:00 p.m., el testigo pudo comprobar que las personas fueron asesinadas: junto al trapiche donde habían construido el horno, yacían los cuerpos y allí permanecieron varios días. "Uno pasaba con la cabeza agachada, olía a diablos, nadie los recogía porque la orden era que el que lo hiciera moría, solo podían acercarse los gallinazos -relata-. Dejaron secar los cadáveres al sol y cuando ya estaban casi solo los huesos, los pusieron en la parrilla del horno... No sabría decir a qué olía".

La camioneta Blazer se volvió familiar en la zona. Llegaba con frecuencia después de hacer recorridos por Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios. "Mataban gente, la enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iba para la candela -cuenta una mujer-. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno. Con decirle que a esto por acá le decían el matadero". Nadie abría la boca, nadie decía nada. Imperaba la ley del silencio. Y del terror [...]

Para seguir leyendo pulsa aquí.

sábado, 23 de mayo de 2009

PONENCIA EN PARLAMENTO EUROPEO, FRENTE AL ACUERDO DE ASOCIACION CAN/UE, MEGAPROYECTOS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Ponencia de la ONIC ante el Parlamento Europeo donde se solicita que no se firmen acuerdo comerciales con el Gobierno de Uribe hasta que no cesen las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente denuncian a varias multinacionales europeas de participar en hechos a los que se refieren. Terminan solicitando que Europa no premie al Gobierno de Uribe.

A continuación la noticia tomada de
http://www.pachakuti.org/textos/campanas/alca/acuerdo-can-ue.html


La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia, ONIC, saluda a los diputados del Parlamento Europeo, a los Sectores Sociales y a las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.

En Colombia, hoy los Pueblos Indígenas nos encontramos en movilización y resistencia permanente en razón a nuestra pervivencia como pueblos originarios; y en la que hemos planteado la necesidad de un dialogo real con el gobierno colombiano, frente a las necesidades conocidas y demandadas y por el respeto de nuestros derechos.

Sea esta la oportunidad para manifestar al Parlamento Europeo, nuestra profunda preocupación, porque el Gobierno colombiano de Uribe Vélez; no ha tomado, ni ha garantizado las medidas efectivas para asegurar el respeto integral de los Derechos Humanos y Colectivos de nuestros Pueblos Indígenas, ha criminalizado las legítimas reclamaciones y protestas del Movimiento Indígena; ofreciendo recompensas como se hiciere con cualquier delincuente; poniendo en grave riesgo el buen nombre y vida de nuestros lideres; Solo en los primeros tres meses de este año 2009 se han presentado 50 casos de asesinatos de indígenas, y más de 3.000 indígenas han sido desplazados forzosamente. En el periodo comprendido del 2002 al 2008, que coincide con el período del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se presentaron 1.255 homicidios de indígenas. Cabe destacar que la mayoría de los casos de homicidios y violaciones quedan en impunidad. Uno de los casos ejemplarizantes son los mas 117 asesinatos de miembros del pueblo Kankuamo.

En Colombia existen 102 pueblos indígenas, 32 de ellos presentan una población inferior a los 500 habitantes. De estos pueblos 18 tienen menos de doscientos habitantes y 10 menos de cien. Estos son las más vulnerables y se encuentran en alto riesgo de extinción física, cultural, y demográfica; además agobiados por el continuo conflicto armado interno, ignorados en sus demandas de protección y garantía de derechos fundamentales.

Con reservas, el Gobierno de Colombia; ha manifestado adoptar la Declaración Universal de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas de la ONU; significa esto para los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, que no se quiere reconocer garantías y derechos promulgados en esta declaración, continuando la militarización de los Territorios Indígenas, controlando el manejo, administración y preservación de los recursos naturales en los Territorios Indígenas, sobre, bajo y por el suelo, y el Derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Con su licencia ha permitido la puesta en marcha de Megaproyectos en Territorios Indígenas, que corresponden a su ambicioso interés comercial y personal, modelo económico que desconoce toda legislación y Convenios; como el Convenio 169 de la OIT.

Igualmente en Colombia se están facilitando los accesos a los recursos genéticos, la bioprospeccion, la patentabilidad del Saber y Conocimiento Ancestral, los bienes inmateriales de los Pueblos Indígenas, sin ningún tipo de control y/o sanción o mecanismo efectivo que garantice la salvaguarda de los conocimientos ancestrales; o lo que es peor aun; se propone un registro de protección administrado por el gobierno con exclusividad temporal; que no es otra cosa que poner en el dominio publico y en el de las transnacionales de los medicamentos los saberes ancestrales.

Por lo tanto, expresamos nuestra profunda preocupación a la Unión Europea de negociar bilateralmente un Tratado de Libre Comercio. Aun cuando los gobiernos de Perú y Colombia son sindicados de graves violaciones a los derechos humanos: los asesinatos de sindicalistas en Colombia y la generalización de medidas represivas en contra del movimiento indígena y reivindicaciones populares en Perú pretende ser ignorado por la Unión Europea, a pesar del reconocimiento que ha hecho incluso el gobierno de los Estados Unidos en el caso de Colombia.

Es necesario recordar que cuando se iniciaron las negociaciones, la Unión Europea proclamó que para ella era de la mayor importancia el fomento de la “integración regional” andina. En diciembre de 2006 la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, declaró “que el objetivo del acuerdo (entre la UE y la CAN), así como el espíritu de la negociación que lo precederá, es y debe ser el que ambas partes se beneficien de él. La Asociación no tiene ni sentido ni futuro cuando se construye a costa de una de las partes”. Sin embargo, en enero de 2009 el Consejo de Ministros de la UE autorizó la negociación bilateral con los gobiernos de Perú y Colombia. Con esta decisión la Unión Europea reconoció que no existen las condiciones para promover un Acuerdo de Asociación entre bloques y le dio prioridad a sus intereses comerciales. La propuesta de los gobiernos de Alan García y Uribe, de avanzar por la vía de una negociación bilateral, avalada por la Unión Europea, representa una decisión nefasta para la pervivencia de nuestros pueblos, niega los esfuerzos de una integración regional alternativa y constituye un grave precedente antidemocrático, fuera de todo principio de estado social de derecho en nuestra nación.

El TLC con Europa, está en nuestros territorios desde hace rato, con inversiones incluso más importantes que las de Estados Unidos, y en sectores claves de la economía, como el energético; con Unión FENOSA. Buena parte de los servicios públicos, como el agua, está bajo el control de Aguas de Barcelona, monopolio Español; e incursionaron en el mercado financiero con los bancos BBVA. Están en el petróleo, el ferroníquel y el carbón; en las telecomunicaciones, con Telefónica.

Preguntamos; La Unión Europea, como esta asegurando que el Gobierno Colombiano va a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y demás Sectores Sociales una vez firmado el acuerdo? Y como va a asegurar que sus empresas respeten los Territorios y Derechos de los Pueblos Indígenas, Campesinos y Trabajadores?

Queremos recordarle al Parlamento Europeo; y a las Organizaciones Sociales aquí presentes que en julio de 2008, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC llevo a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Indígena, en que jueces independientes internacionales indígenas y no-indígenas, y autoridades indígenas colombianas, juzgaron el Estado Colombiano y las empresas transnacionales por su responsabilidad en las múltiples y sistemáticas violaciones de Derechos de los pueblos indígenas. En su dictamen final, los jueces encuentran responsables el estado y las empresas por violaciones a los derechos colectivos tal y como el derecho a la autonomía y a la cultura, el derecho a la participación, el derecho al propio desarrollo, y el derecho a la existencia como pueblos indígenas. En términos de derechos individuales, también encontraron violaciones al derecho a la vida y a la integridad física, al derecho a la salud y a la alimentación, a los derechos de las mujeres indígenas, al derecho a la libertad y a la libre circulación, al derecho a la propiedad privada, y al derecho a la justicia y la reparación. Concluyeron los jueces lo siguiente:

Acusar al Estado Colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas de Colombia que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas producto de la cual cientos de miles de indígenas sufren graves consecuencias.

Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas que luchan por los derechos a la identidad, territorio, cultura, autonomía y participación.

Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar proyectos y actividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.

Por su responsabilidad en la situación crítica de los 18 pueblos indígenas en inminente peligro de extinción y exterminio.

Acusar a las Empresas nacionales y trasnacionales, ECOPETROL, OXY, REPSOL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, ANGLO GOLD ASHANTI, BHP BILLINGTHON, ANGLO AMERICAN, GLENCORE, XTRATA, MONSANTO, DYNCORP, MADERAS DEL DARIEN-URAPALMA, MURIEL MINING CORPORATION, BRISA S.A, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD – COBRE Y ORO DE COLOMBIA S.A, por su participación en los referidos hechos. “

Por todo lo anterior, solicitamos a la Unión Europea; de no negociar un Acuerdo de Asociación como se pretende presentar o un TLC con el Gobierno Colombiano, cuando continúa violando constantemente los derechos de los Pueblos Indígenas, criminalizando la Protesta Social, y su modelo económico sigue generando expropiación y saqueo en sus recursos y bienes naturales;

Requerimos que no se premie al gobierno de Uribe Vélez, cuando no ha garantizado el desarrollo y practica de una política comercial, que asegure la prioridad en justicia social, la sostenibilidad ambiental y el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indígenas, los Derechos Humanos y laborales de todos los hombres y mujeres habitantes de los países de Colombia y el área Andina.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA
Organización Nacional Indígena de Colombia
O.N.I.C.

Nueve de cada Diez sindicalistas asesinados en el mundo lo son en Colombia




Uribe quiebra el Primero de Mayo en Colombia, lo mismo que sigue asesinando sindicalistas: ya van 15 este año...
Colombia | 3-5-2009
Tomado de la web Kaosenlared.net
www.kaosenlared.net/noticia/nueve-cada-diez-sindicalistas-asesinados-mundo-son-colombia

Primero de Mayo contra Uribe.
Uribe deshizo la manifestación del Primero de Mayo en Bogotá: habrá que felicitar a su amigo ZP ¿no?

Qué poco se parecen, en esta época, manifestaciones del 1 de Mayo de España y de Colombia…

Pero hoy, a este cronista-observador, le tocó sentir similares situaciones a las de las postrimerías del franquismo: lo contamos.

La carrera séptima de Bogotá, o sea la calle más céntricadel país, quedó repleta de pancartas desde las 8 de la mañana, colorido, desbordante de manifestantes desde las 10horas, hasta la Plaza Bolívar:

Hasta Allí, frente a Palacio de Justicia, lateral de la catedral y de la Alcaldía, a espaldas del Senado de la república, fueron llegando y enumerándose miles de comitivas se sindicatos de base y de las centrales estatales,… (pero no todos pudieron llegar, así como no todos pudieron hablar al micrófono...) de las centrales estatales, con consignas comunes: casi todas unánimes en el rechazo a la política uribista, y denuncia de su intento de reelección.

La diversidad de colores del movimiento sindical colombiano, con abundante presencia de la SocialDemocracia, y con algunas banderas del puño y la rosa, desmiente y confronta directamente la extraña-y-estrecha alianza del socialdemócrata español Zapatero con el régimen de extrema derecha en el palacio de Nariño adjunto a la Plaza Bolívar.

El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado también se hizo visible en el Primero de Mayo no en vano se le invisibiliza en otros medios, y no en vano numerosos sindicatos forman parte de los planes de exterminio del gobierno colombiano.

Una belleza de Marcha y de Fiesta del movimiento obrero, que hemos tenido el privilegio de compartir..

Hasta que en torno a las 13 hrs, empezaron a oírse explosiones, que inundarían la ciudad varias horas: los disparos de la policía antidisturbios, que quebró la marcha por la mitad, atacó con gases sin piedad de los niños presentes, y llegó finalmente junto a las tanquetas de agua adesbaratar incluso a los oradores en la Plaza,siendo la senadora Piedad Córdoba una de lasúltimas en poder intervenir.

El caso es que había cierta tranquilidad antes, debido a que al parecer el alcalde de la ciudad había conseguido que no estuviera a la vista el ESMAD, un escuadrón de robocop que tiene una fama acuñada de represora y de utilizar métodos bestiales, desde cortar dedos a los campesinos e indígenas, a resultar con muertos, como el primero de mayo de hace dos años..

Pero era mentira: los robocop-ESMAD aparecieron enseguida, y también las tanquetas, los caballos, las motos, en un estado policial nada distinto de los del franquismo.

Pese a la presencia de partidos “moderados” en la manifestación, como el Liberal, el Polo, el M-19 y otros, pese a la tranquilidad de la gente durante 5 horas, las dos siguientes fueron un infierno para muchos pobladores, y este reportero tuvo que abandonar junto a otros miles el centro intoxicados por los gases de la represión uribista, igualito que en otras marchas de primero de mayo en la España franquista.

140 jóvenes fueron detenidos.

Ve el avance del video. Puedes pedirlo en Aldea-Nafarroa, el ISI Burgos, en Pachakuti-Asturies.
http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2009_1/co-rueda-prensa.htmlhttp://www.kaosenlared.net/noticia/record-personas-expulsadas-tierras-colombia


Colombia una tumba para los abogados.

Abogados de Inglaterra aseguran que al menos 400 asesinatos de abogados se cometieron en el país desde 1991, principalmente por crímenes del estado paramilitar.

Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.

El informe, difundido y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.

En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.

Según explicó la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.

La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.

Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros".

"Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.

Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.

Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".

En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror".

"Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.

Paramilitares colombianos usaron horno para desaparecer víctimas (DECLARÓ ANTE FISCALÍA EX-JEFE SALVATORE MANCUSO)

NOTICIA PUBLICADA POR: Agence France-Presse - 30.4.2009 03:15
Tomada de la web de la ONG Pachakuti

Los paramilitares colombianos construyeron un horno para incinerar a sus víctimas y borrar todo rastro de ellas, incitados por militares y políticos, confesó este miércoles ante la Fiscalía el ex jefe de los disueltos grupos de extrema derecha, Salvatore Mancuso.

El ex dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), preso en Estados Unidos por narcotráfico, declaró en una teleconferencia que el responsable de esa práctica fue el máximo jefe del grupo, Carlos Castaño, asesinado el 16 de abril de 2004.

"Los desparecían, pero (Castaño) fue mucho más allá y construyó un horno en el cual, luego de estar las personas muertas y enterradas, fueron por ellas meses y años después, las sacaron y las incineraron para borrar todo tipo de rastro", aseguró Mancuso en el testimonio revelado por la Fiscalía.

El ex paramilitar, que no precisó el número de desaparecidos con ese método, aseguró que Castaño recurrió al horno instigado por militares y políticos que buscaban con ello mantener bajas las cifras de muertes por el conflicto interno.

"El comandante Carlos Castaño, en reunión con militares, políticos y altas personalidades, le dijeron que al aparecer la víctima aumentaba el número de muertes violentas en el país y eso rompía, dañaba las estadísticas que existían en cuanto a muertes violentas y mostraban una situación mucho más adversa del conflicto", sostuvo.

Mancuso, extraditado a Estados Unidos junto con 13 antiguos jefes de las AUC, realiza su confesión en el marco de una ley creada por el gobierno colombiano para el desarme de unos 31.000 paramilitares entre 2003 y 2006, tras dos décadas de lucha contra las guerrillas izquierdistas.

Las extradiciones interrumpieron el proceso de confesiones en Colombia a que estaban obligados los jefes desmovilizados bajo esa ley, que también les exige reparar a sus víctimas.

nota: Castaño fue "entrevistado" en Mi Confesión por la periodista Salud Hernández, la misma que hizo campaña contra población desplazada por esa violencia para-mochadora de cabezas, en el ABC, en el Mundo, en el Tiempo..

Conversación del Rector de La Universidad I. de Santander, Jaime Alberto Camacho Pico, con Paramilitar de Santander, alias "Felix". "El Plan Pistola"

A continuación publicamos comunicado de la Juventud Comunista de Colombia donde denuncian la conversación que se produjo entre un presunto jefe paramilitar, alias "Felix", y el Rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho Pico, donde se habla del "plan pistola", un plan para exterminar a la oposición de izquierdas dentro de la comunidad universitaria. Por favor, escuchen este audio en You Tube:

Cuando sale a la luz la conversación (filtrada a los medios en el presente mes de mayo de 2009) el Rector admite que se produjo la conversación el 4 de julio de 2007 y que él fue quien hizo la grabación, porque cuando el paraco contacto la primera vez con él, lo comunicó a las "Autoridades correspondientes" los días posteriores (5 ó 6 de julio) y las mismas le dieron la orden de que grabara la próxima conversación y le siguiera la corriente al delincuente para identificar la llamada. El Rector no interpuso denuncia ante la Fiscalía General, sino, según dice en la entrevista radiofónica, se dirigió a "otras autoridades comententes", "otros órganos de seguridad del Estado" y "altas instancias de las autoridades nacionales y locales", pero se niega a detallar de que autoridad se trataba para no entorpecer la investigación. Por ello no se puede corroborar su versión. El hecho es que no hay investigación en la Fiscalía hasta pasados 2 años del suceso, cuando la grabación aparece por otras vías.

Puedes escuchar la intervención del Rector en la W. Radio.com.co donde afirma lo anteriormente explicado.


A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO DE LA JUCO:

La Juventud Comunista Colombiana (JUCO), organización política juvenil del Partido Comunista Colombiano (PCC), denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la grave situación que se viene presentando en el campus de la Universidad Industrial de Santander “UIS”.

Ponemos en conocimiento de todos los interesados:

1. Se ha puesto en conocimiento antes los medios de comunicación y la comunidad universitaria en general: un documento de audio que fecha del 04 de julio de 2007, que involucra al Rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico, con un “plan pistola” para ejecutar a miembros de la comunidad universitaria que son de izquierda y que se oponen al modelo de educación pública y la seguridad democrática del gobierno del señor presidente Álvaro Uribe Vélez.

2. El pasado sábado 2 de mayo el Rector emitió un comunicado, tratando de desmentir lo que no se puede negar, además justificando la conversación con el interlocutor “anónimo” (dice él en el comunicado), lo cierto es que el rector no aclara su compromiso con el supuesto jefe paramilitar de reunirle el listado de líderes estudiantiles, trabajadores y profesores para lo que se comprometió incluso de tramitar esa información para el día lunes 9 de julio del 2007 hacia las 10: 00 a.m., hora que convinieron volver a hablar.

3. Para nadie secreto que 28 días después (El 1 de agosto de 2007), en los correos del Sindicato de Trabajadores y empleados Universitarios de Colombia (SINRAUNICOL subdirectiva Bucaramanga) aparece una amenaza de muerte proferida por las ÁGUILAS NEGRAS BLOQUE NORTE DE COLOMBIA, donde se declara objetivo militar a varios estudiantes, profesores, trabajadores, acusados por ellos de tener vínculos con grupos al margen de la ley. Entre los amenazados y declarados objetivos militar, se encontraban varios militantes de la Juventud Comunista Colombiana.

4. Es de conocimiento de los organismos de control tanto nacionales e internacionales, que el pasado mes de febrero del año en curso, se declara objetivo militar por parte BLOQUE METROPOLITANO NUEVA GENERACION AGUILAS NEGRAS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER a 44 miembros de UIS a los que se amenazó de muerte en un comunicado que se hizo público, que “coincidencialmente” está conformado justamente por dirigentes de tendencias de izquierda, pero en el que además el grupo paramilitar expone su respaldo absoluto al Rector y anuncia adhesión a su reelección. Esto tiene que llevar a sospechar, de forma inexorable.

ANTECEDENTES:

* El gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez mantiene una actitud hostil contra la universidad colombiana, con un constante ataque y señalamiento contra las organizaciones sindicales, profesorales y estudiantiles, todos estos señalamiento generan un estado de vulnerabilidad ante los grupos paramilitares, ya que se tiende a justificar el accionar militar y paramilitar contra los miembros de la comunidad universitaria.

* La crisis de derechos humanos que vive Colombia está afectando la Universidad de Industrial de Santander, debido a esto en los últimos años se han presentado detenciones arbitrarias contra miembros de esta universidad, así como seguimiento, hostigamiento e incursiones contra el campus.

* La Juventud Comunista Colombiana Regional Santander en los últimos 2 años ha sufrido más de 17 hechos de violación a los derechos humanos registrados entre detenciones arbitrarias, seguimientos, hostigamientos, amenazas de muerte vía telefónica, correos electrónicos y en panfletos.

* El Partido Comunista Colombiana y la Juventud Comunista Colombiana es una organización legal, amparada por medidas cautelares que el Gobierno debió decretar por recomendación de la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA y debe ser protegido según el decreto 978 de junio de 2000. De forma constante es hostigado por sujetos que han llegado a intimidar a quienes acuden a su sede.

PETICIONES:

* Garantías en el ejercicio del derecho a la organización y a la actividad política, sin que esto sea causante de persecución. Solicitamos se exija al Presidente de la República se retracte de los señalamientos del Alto Gobierno contra la izquierda colombiana, contra los jóvenes en las distintas expresiones organizativas.

* Solicitar a la Fiscalía General de la Nación iniciar de inmediato la investigación, por la conversación del Rector de la UIS con su interlocutor “anónimo” donde se pretende concertadamente delinquir en un plan criminal para liquidar físicamente a sus opositores. Pero de la misma forma es preciso que todas las autoridades civiles, militares y policiales se pronuncie sobre estos hechos.

Favor, enviar sus comunicados a las siguientes direcciones:

Sr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República, carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C, Fax (+57) (1) 5662071. Correo: auribe@presidencia.gov.co

Sr. Francisco Santos, Vice-presidencia de la República, correo: fsantos@presidencia.gov.co

Sr. Carlos Franco, Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario, calle 7 # 5-54 Bogotá D.C. tel.: (+57) (1) 3360311.

Correo: cefranco@presidencia.gov.co

Sr. Volmar Antonio Pérez, Defensoría del Pueblo. Calle 55 # 10 -32 pbx: (+57)

(1) 3147300. Correo: secretaria_privada@hotmail.com

Sr. Mario Germán Iguarán Arana, Fiscalía General de la Nación, diagonal 22 b

# 52-01. Bogotá D.C. Fax: (+57) (1) 5702000. Correo:

denuncie@fiscalia.gov.co

jueves, 7 de mayo de 2009

Ultraderecha colombiana, enredada en plan para matar a Evo Morales

Bruno Matapay / Viernes 24 de abril de 2009
FUENTE: PRENSA RURAL

La investigación realizada por el gobierno boliviano en torno al eventual magnicidio contra su presidente, Evo Morales, ha puesto de manifiesto la vinculación de una red internacional que incluye mercenarios europeos, ex militares golpistas argentinos y una telaraña de oenegés y fundaciones de extrema derecha con asiento en Colombia.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, pidió colaboración al gobierno argentino para buscar a ex militares «carapintadas» de la dictadura que estarían vinculados con la banda que planeaba matar al presidente boliviano, Evo Morales, y que fue desbaratada tras un enfrentamiento en Santa Cruz, que se saldó con tres muertos.

Ese lugar, conocido como la Media Luna, es el epicentro de un permanente ejercicio de golpes y acciones violentas de la ultraderecha boliviana contra el Gobierno, pero allí también subsisten ex militares, ex policías, paramilitares y empresarios ligados a las antiguas dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, que conviven con nazis alemanes y croatas.

A partir de las investigaciones bolivianas sobre la activa ultraderecha de la Media Luna, se deriva la vinculación al eventual magnicidio de prófugos húngaros y al menos dos ex militares argentinos, uno de los cuales llegó a Bolivia desde Hungría con documentación africana.

Las autoridades bolivianas destacan que uno de los mencionados ex «carapintadas», Jorge Mones Ruiz, mantuvo contactos con Eduardo Rózsa, ex combatiente del régimen fascista de Croacia en la guerra de Yugoslavia, donde también participaron numerosos ex militares de la dictadura argentina en el exterminio de serbios y antifascistas, avalado por la comunidad internacional encabezada por Alemania y Estados Unidos.

Rózsa, muerto en enfrentamiento con la policía boliviana, junto al rumano Mayarosi Ariad y el irlandés Duayer Michel Martin, habría sido quien encabezaba el grupo de acción. Mones Ruiz llegó a Bolivia como delegado de la Fundación UnoAmérica, conformada en Colombia en diciembre con lo más granado de la derecha regional. UnoAmérica está ligada a la Fundación Heritage de EEUU y a todo el entramado de grupos similares que dependen de CIA.

UnoAmérica está compuesta en Colombia por organizaciones como la Fundación Defensa Patria, adscrita a la Cuarta Brigada y fundada para “ayudar al soldado en los ámbitos de bienestar, como también en la atención integral de sus familias frente a los embates de su vida como soldado”, según el brigadier general Juan Pablo Rodríguez Barragán; y la Federación Verdad Colombia, cuyo origen se remonta a 1995, cuando las Fuerzas Militares crearon la oenegé Centro de Análisis Sociopolíticos para contrarrestar las denuncias de las organizaciones de derechos humanos. A partir de esta iniciativa, otras instituciones que compartían el mismo interés se unieron alrededor de la FVC, presidida por Miguel Posada Samper, alto ejecutivo del grupo financiero Bolívar, quien también es asesor en temas de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez.

UnoAmérica se conformó durante una reunión realizada en Bogotá entre los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2008 en la que se dieron cita “delegaciones de diversos países latinoamericanos”.

Al revisar las fundaciones asociadas a UnoAmérica surge la evidencia de que todas dependen de las “centrales” como la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, en sus siglas en inglés) o la National Endowment Foundation (NED)-que aparece entre nosotros como destinada a “financiar” la democracia- y otras similares con sede en Estados Unidos y en Europa.

A estas dos últimas se las conoce como “la cara social de la CIA ” y desde los años 80 y trabajan en toda la región financiando proyectos, movimientos y oposiciones supuestamente “democráticas”.

UnoAmérica está asociada a la Heritage Foundation, cuyos integrantes redactaron los Documentos de Santa Fe uno, dos, tres y cuatro, entre otros, de nefastas consecuencias para América Latina.

Otros lazos de UnoAmérica nos llevan a la ultraderechista Fundación para el Análisis Económico Social (Faes) que dirige el ex presidente de España José María Aznar y a la Fundación Internacional para la Libertad presidida por el escritor peruano-español, Mario Vargas Llosa, de conocida actuación en contra de los gobiernos progresistas de la región.

Para los creadores de este nuevo engendro, "América Latina está en peligro" porque existen “14 países latinoamericanos, cuyos gobiernos pertenecen o están vinculados al Foro de Sao Paulo, y aunque llegaron al poder por la vía democrática, muchos de ellos están destruyendo la democracia y coartando las libertades, como es el caso de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y Daniel Ortega”.

Con el argumento de que UnoAmérica fue creado para enfrentar al Foro de Sao Paulo, se proponen proporcionar “a los sectores democráticos de América un mecanismo de intercambio de información, coordinación permanente y apoyo mutuo”, una versión remozada de la Operación Cóndor, la coordinadora de las dictaduras militares de los años 70 creada para enfrentar lo que llamaban una “insurgencia supranacional”.

VÍDEO NOTICIAS:

Evo Morales denuncia plan de mercenarios internacionales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este jueves la existencia de un plan promovido por grupos "mercenarios internacionales" para atentar contra la vida del vicepresidente Álvaro García Linera y en contra del primer mandatario nacional.



Asesinado el 23 de abril, Francisco Villalba, ex paramilitar que afirmó que: el presidente Uribe estuvo vinculado a la masacre de El Aro. (VÍDEO)

Las responsabilidades en la masacre de El Aro:

una verdad por desentrañar

Francisco Villalba afirmó que Uribe lo felicitó. Su declaración encaja con otros datos aportados por Salvatore Mancuso.

El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en desarrollo de la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango (Antioquia), en octubre de 1997. Este jefe paramilitar además aseguró que Pedro Juan Moreno, quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tenía conocimiento de la masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento. Según el propio Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir”[1].

Salvatore Mancuso ya había mencionado en otras diligencias de versión libre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en el momento en el que se estaba ejecutando la masacre. En efecto, el 15 de enero de 2007, en diligencia de versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Mancuso aseguró que con motivo de esta masacre sobrevolaron e hicieron presencia en la zona cuatro helicópteros. Uno de ellos fue identificado por Salvatore Mancuso como de la Gobernación de Antioquia[2].

Ante estas afirmaciones surgen muchas preguntas sobre el papel que tuvieron la Gobernación de Antioquia y el Gobernador de entonces en esta masacre, pues ni las víctimas ni la sociedad cuentan aún con explicaciones sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre y sobre su inacción frente a las atrocidades que estaban cometiendo paramilitares y miembros de las Fuerza Pública contra la población de ese corregimiento, máxime cuando tanto autoridades civiles como militares estaban al tanto de la presencia de grupos paramilitares en la zona, y además estaban alertadas sobre la posible comisión de una masacre.

Otros testimonios que comprometen al Presidente

Estas preguntas continúan en aumento ante otros hechos y revelaciones que también comprometerían a la Gobernación de Antioquia y a Álvaro Uribe en la masacre de El Aro. Desde comienzos del año 2008 se han venido realizando una serie de señalamientos contra el Presidente de la República por su supuesta participación en la masacre de El Aro. Los señalamientos provienen de Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, un paramilitar que se encontraba detenido una cárcel de máxima seguridad condenado por las masacres de El Aro y de La Balsita, ambas ocurridas en el departamento de Antioquia en 1997, hasta el pasado 30 de marzo, cuando le fue concedida la detención domiciliaria.

Las declaraciones que implican al Presidente en la masacre de El Aro fueron reveladas el 23 de abril de 2008, cuando el propio Álvaro Uribe Vélez contó, en una entrevista radial, que un paramilitar había afirmado que él había felicitado y condecorado a los paramilitares que participaron en la masacre de El Aro ocurrida en octubre de 1997 siendo él Gobernador de Antioquia.

En efecto, el 15 y el 20 de febrero de 2008, el paramilitar Francisco Villalba fue escuchado por la Fiscalía General de la Nación, ante la cual afirmó que el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había participado en una reunión que se realizó días antes de la masacre de El Aro en una finca del corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá (Antioquia), a la cual fue invitado, según las declaraciones de Villalba, por el propio Carlos Castaño, y en la que se habría acordado el plan de ejecución de la masacre. A la reunión habrían asistido, según Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército nacional así como de la Policía, algunos jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Así mismo, Villalba aseguró que Santiago Uribe era el jefe de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que operaba en el municipio de Santa Rosa de Osos y que, incluso, este había “prestado” a 20 de sus hombres para otra masacre ejecutada en el corregimiento de La Balsita, en el municipio de Dabeiba (Antioquia), por grupos paramilitares en noviembre de 1997[3].

En sus declaraciones, Francisco Villalba también aseguró que la masacre de El Aro se habría perpetrado para rescatar a ocho personas que habían sido secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según Villalba, en la mencionada reunión, “Álvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”[4]. También aseguró que después de perpetrada la masacre y en la misma finca donde habría sido planeada, el propio Álvaro Uribe Vélez lo había felicitado a él y a otros paramilitares por la comisión de la masacre. Según Villalba, sólo en ese momento se dio cuenta de que quien lo felicitaba era el Gobernador de Antioquia: “supe que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos”[5].

El 13 de febrero de 1998, Francisco Villalba decidió entregarse voluntariamente a las autoridades porque, según él, los grupos paramilitares, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes, estaban planeando una serie de magnicidios con los que él no estaba de acuerdo. Las declaraciones que rindió este paramilitar luego de entregarse a la Fiscalía fueron importantes para aclarar algunos aspectos de la masacre de El Aro. Sin embargo, al divulgarse las afirmaciones de Villalba salieron a la luz algunas inconsistencias que hicieron que se le diera poca credibilidad a la declaración. Las inconsistencias tienen que ver con la fecha en la que, según el paramilitar, se cometió la masacre, pues en su declaración Villalba aseguró que la masacre se cometió en noviembre de 1997, cuando en realidad ocurrió en octubre de ese año. Otra inconsistencia está relacionada con la afirmación de Villalba en el sentido de que a la reunión que se llevó a cabo en La Caucana, días antes de perpetrarse la masacre, habría asistido el General Alfonso Manosalva. El Presidente Álvaro Uribe manifestó que eso era imposible debido a que este General había fallecido en abril de ese año. Finalmente, según el Presidente, existe otra inconsistencia en lo que se refiere a la supuesta participación de su hermano Santiago Uribe en la reunión de planeación de la masacre, pues a quien Villalba identifica como hermano de Álvaro Uribe es a una persona que tenía el alias de “el Pecoso”, mientras que el Presidente asegura que al que le decían así era a otro hermano suyo, que falleció en el 2001 y no a su hermano Santiago[6].

Adicionalmente, luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Francisco Villalba que involucran al Presidente y a su hermano, se conocieron dos cartas que parecieron poner en entredicho, aún más, las declaraciones de Villalba. La primera fue una carta que llegó a las manos del Presidente en mayo de 2008 en la que Francisco Villalba aparentemente se retractaba de lo dicho y le pedía perdón al Presidente por “mancillar su nombre”. La otra es una carta del paramilitar Libardo Duarte, en la que este asegura que Francisco Villalba le había ofrecido la suma de 250 millones de pesos si corroboraba las declaraciones que él había dado contra el Presidente. Según la misma carta de Duarte, Villalba le habría hecho esta propuesta debido a que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell, le habrían pagado a él 500 millones de pesos para involucrar al Presidente en la masacre de El Aro. En uno de sus apartes, se lee en la última carta: "Este dinero era pretendiendo que fuera al Congreso y manifestara cosas no ciertas del señor Presidente y debido a esto es que deseo aclarar la verdad ante la comunidad nacional e internacional, y ante los medios de comunicación que usted crea convenientes"[7].

Sin embargo, en octubre de 2008 se reveló que la supuesta carta de retractación no fue escrita por Francisco Villalba. Este paramilitar ha afirmado que él sí firmó una hoja por petición de Jesús Amado Sarria, conocido como “el chucho Sarria”, quien se encontraba recluido en la misma cárcel con Francisco Villalba. Jesús Amado Sarria le habría manifestado a Villalba que lo podía cambiar a un mejor patio en la cárcel, pero que para hacer los trámites necesarios requería de su firma. Así las cosas, Villalba habría firmado una hoja en blanco, en la que posteriormente se consignaría la supuesta retractación. Adicionalmente, según lo denunció el periodista Daniel Coronell, la otra carta, es decir, la de Libardo Duarte, al parecer está escrita con la misma letra de la carta que supuestamente escribió Villalba, por lo que todo apunta a que esta carta tampoco fue escrita por quien la firmó, y que fue Jesús Amado Sarria quien escribió las dos cartas y las envió al Presidente[8].

Frente a las inconsistencias de las supuestas cartas de retractación, el pasado mes de octubre, en entrevista concedida a un noticiero nacional, Francisco Villalba negó que se hubiera retractado y por el contrario se reafirmó en sus declaraciones contra el Presidente al mencionar que: “Él me dio las decoraciones, se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso”[9]. Adicionalmente, el 12 de noviembre de 2008 y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Villalba se ratificó nuevamente en sus acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez.

De existir el video y las fotos que, según Villalba, comprometen la responsabilidad del Presidente, será muy difícil que sean reveladas, pues el 23 de abril de 2009, en horas de la tarde, Francisco Villalba fue asesinado cerca de su casa ubicada en el barrio La Estrella en la ciudad de Medellín, por sicarios que le dispararon con silenciadores en frente de su esposa y de su hija de cuatro años de edad. Resulta por lo menos extraño que, pese a las condenas que pesaban sobre este paramilitar, las importantes confesiones que hizo sobre la masacre de El Aro, y las acusaciones que había hecho contra el Presidente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no tuviera bajo su custodia y vigilancia a este paramilitar, quien desde que salió de la cárcel sólo había recibido cuatro visitas a su casa por parte de este instituto[10]. Frente a este crimen, es indispensable que se realicen las investigaciones tendientes a esclarecer los móviles del asesinato, así como que se determine la responsabilidad de quienes ordenaron la muerte de este paramilitar.

El debate sobre el paramilitarismo en Antioquia

No es la primera vez que el Presidente de la República y su hermano han tenido que enfrentar cuestionamientos sobre supuesto favorecimiento a grupos paramilitares. En abril de 2007, el senador Gustavo Petro realizó un debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia. En el debate, el congresista señaló, entre otras cosas, que en dos fincas de propiedad de la familia Uribe Vélez –fincas La Carolina y Las Guacharacas- se habrían cometido asesinatos y planeado crímenes. En suma, que las fincas eran utilizadas como base de operaciones de grupos paramilitares. Además de esto, se señalaron en el debate los presuntos nexos que tendría Santiago Uribe con el grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y con otro denominado “Los R-15”. Así mismo, en el debate se mostró una fotografía en la que aparecen, muy amigables, Santiago Uribe y el reconocido narcotraficante Fabio Ochoa[11].

En el debate también se puso en evidencia la aprobación que la Gobernación de Antioquia, encabezada entonces por Álvaro Uribe Vélez, dio a las denominadas “Convivir”. El propio Gobernador, sin tener facultades para ello[12], aprobó la conformación de muchas de estas empresas de “seguridad privada” en las que participaban algunos paramilitares que para la época ya eran reconocidos como miembros de esa estructura[13]. Otro de los graves señalamientos que se hizo tiene que ver justamente con la masacre de El Aro, pues en el debate se hizo referencia a las declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la mencionada masacre.

Por otra parte, más recientemente, el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Toro, alias “Don Berna”, aseguró, en las audiencias de versión libre que está rindiendo desde Estados Unidos, que los grupos paramilitares financiaron la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2001. Lo hizo a través de su abogada, quien aseguró que alias “Don Berna” aportó dinero para financiar la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, lo cual fue confirmado por alias “Don Berna” cuando el juez le preguntó si estaba de acuerdo con lo asegurado por su defensora[14].

Las denuncias de Jesús María Valle

Pero no sólo no es la primera vez que sobre el Presidente recaen acusaciones sobre supuesto favorecimiento a grupos paramilitares, ni es tampoco la primera vez que se le involucra con los hechos ocurridos en El Aro en 1997. En efecto, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle había denunciado desde 1996 la aparición de un grupo paramilitar en el municipio de Ituango y sus fuertes vínculos con la IV Brigada del Ejército nacional. Así mismo, Jesús María Valle había anunciado y prevenido a diversas autoridades militares y civiles sobre la masacre que se perpetraría desde el 25 de octubre de 1997 en El Aro. Fue así como, en julio de 1997, este defensor de derechos humanos declaró lo siguiente ante algunos medios de comunicación:

“Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”[15].

Las constantes denuncias sobre el grupo paramilitar que operaba en Ituango y sobre sus nexos con la Fuerza Pública nunca fueron escuchadas y, por el contrario, fueron utilizadas por la IV Brigada del Ejército para denunciar penalmente a Jesús María Valle por calumnia. Al ser llamado a rendir declaración dentro del proceso que se seguía en su contra, Jesús María Valle aseguró que:

“Yo siempre vi y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país”[16].

Frente a la denuncia interpuesta por miembros de la Fuerza Pública en contra de este defensor de derechos humanos, el entonces Gobernador de Antioquia aseguró:

“He dicho que los informes del doctor Jesús María Valle no coinciden con los que ha dado la Brigada ni con los que ha dado la Policía. El general Carlos Alberto Ospina Ovalle ha dado una versión totalmente distinta. Como gobernador, tengo que apoyar a la fuerza pública, darle crédito, salvo que un juez de la República, con base en fundamento probatorio, diga lo contrario”[17].

Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina ubicada en Medellín, pero sus denuncias fueron escuchadas finalmente el 1 de julio de 2006 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las masacres de La Granja y del Aro en el municipio de Ituango (Antioquia). En la sentencia, el tribunal internacional reconoció que la masacre fue cometida por grupos paramilitares que contaron con la colaboración, no sólo por omisión sino también por acción directa, de miembros de la Fuerza Pública adscritos a la IV Brigada del Ejército nacional. Adicionalmente, el 27 de noviembre de 2008 el mismo tribunal condenó nuevamente al Estado colombiano, esta vez por la muerte de este destacado defensor de derechos humanos, en hechos que tuvieron relación directa con las denuncias que Jesús María Valle venía realizando sobre los evidentes nexos entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.

Además de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por los hechos ocurridos en La Granja y El Aro en 1996 y 1997 respectivamente, ahora se cuenta con la versión de un paramilitar que participó en la última masacre y que comandó un grupo de 22 de los hombres que la ejecutaron, que afirma que el actual Presidente tiene responsabilidad directa en la planeación de la masacre. Se cuenta además con la confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso que afirma que un helicóptero de la Gobernación sobrevoló la zona en el momento en el que se estaba ejecutando la masacre, y que el Secretario de Gobierno del entonces Gobernador de Antioquia sabía del plan que tenían los paramilitares, pues había asistido a una reunión en el municipio de Tierralta (Córdoba) con Carlos Castaño en la que se enteró de lo que iba a ocurrir en el corregimiento de El Aro y no hizo nada para impedirlo, pues tenía fuertes nexos con reconocidos paramilitares como Salvatore Mancuso que lo llevaron a impulsar, junto con estos grupos, la creación de las “Convivir” en el departamento de Antioquia. Según este paramilitar, Pedro Juan Moreno, “era un patriota, convencido de la lucha antisubversiva y apoyó las Convivir desde el comienzo[18]. También se cuenta con las afirmaciones de este paramilitar que comprometen al entonces Comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, General Carlos Alberto Ospina, quien, según Salvatore Mancuso, habría prestado apoyo logístico a Carlos Castaño para la ejecución de la masacre. Esto llevó a que, el pasado mes de febrero, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía compulsara copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investigue al General Ospina por su presunta participación en la masacre de El Aro[19].

La necesidad de un pronunciamiento pronto de la justicia

El Presidente Álvaro Uribe ha negado enfáticamente cualquier nexo o vínculo con grupos paramilitares, y también ha puesto en entredicho las acusaciones que hizo Villalba por las aparentes inconsistencias de las mismas. Sin embargo, pese a que las afirmaciones de Villalba resulten ser falsas -lo cual debe ser determinado por la justicia-, aún quedan muchos interrogantes por resolver sobre la actuación de Álvaro Uribe durante el período en el que ejerció como Gobernador de Antioquia en el momento en el que se cometió la masacre de El Aro. En concreto, es preciso que la justicia aclare si un helicóptero de la Gobernación de Antioquia hizo presencia en el momento de la ejecución de la masacre, tal como lo asevera Salvatore Mancuso y, de ser así, que se aclare por qué estaba presente un helicóptero de la Gobernación que no dio aviso oportuno a las autoridades para que se impidieran los crímenes que estaban cometiendo los grupos paramilitares en conjunto con miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional. Así mismo, es necesario que se aclaren los vínculos que Mancuso afirma que existieron entre los grupos paramilitares y Pedro Juan Moreno, uno de los amigos más cercanos del actual Presidente, quien además se desempeñó como Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia en el período en el que Álvaro Uribe ejerció como Gobernador.

Todos los anteriores son interrogantes que deberán ser resueltos por la justicia, así como deberá establecerse la veracidad o falsedad de las afirmaciones de Villalba y de Mancuso, pues el hecho de que quienes las estén haciendo sean paramilitares no necesariamente las invalida. Esto lo deberá determinar con claridad y prontitud la justicia en aras de que se conozca la verdad sobre lo sucedido en El Aro y sobre los apoyos políticos y militares con los que contaron los grupos paramilitares que perpetraron la masacre. Por ello, y por tratarse de crímenes de lesa humanidad que comprometen directamente al Presidente de la República, el esclarecimiento de las acusaciones es de interés no sólo de las víctimas de la masacre de El Aro sino de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el esclarecimiento de la verdad, aun si con ello se devela la responsabilidad de altos funcionarios del Estado, resulta de vital importancia para el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y para garantizar que no se volverán a cometer este tipo de crímenes ni a pasar por alto los evidentes nexos que desde siempre han mantenido los grupos paramilitares con empresarios, militares y políticos colombianos.


Bogotá, 27 de abril de 2009

Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115).


A CONTINUACIÓN UN DOCUMENTAL SOBRE LA MASACRE DE EL ARO.


EL 1 DE JULIO DE 2006, LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH. SENTENCIÓ QUE HUBO COLABORACIÓN ENTRE AGENTES DEL ESTADO Y PARAMILITARES EN LA MASACRE DE EL ARO.


El Aro, Ituango, norte antioqueño. A 10 AÑOS DEL TERROR...
Una realización del Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia.
Área de Comunicaciones / Asociación Campesina de Antioquia.
PRODUCCIONES EL RETORNO / 2007