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lunes, 16 de junio de 2008

PIEDAD CORDOBA DENUNCIA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN DE URIBE Y LAS MANIPULACIONES DE SU APARATO DE PROPAGANDA.

CARTA DE PIEDAD CORDOBA AL DIRECTOR DE LA REVISTA SEMANA

Bogotá DC., junio 09 de 2008

Sr. Director de la Revista Semana

D. Alejandro Santos Rubino


Respetado señor Director:

Empiezo por expresarle mi inconformidad y mi rechazo con la portada que presenta esa revista en su número 1362, bajo el interrogante "¿Deschavetada?", en cuya composición semántica y diagramación evidencia el interés por caricaturizarme de manera degradante, con el propósito adicional de suscitar pulsiones de odio instantáneas en el colectivo social. Sin duda, se atenta contra la honra, el buen nombre y la integridad de mi persona, tipología penal que usted bien conoce.

Pienso que esa carátula podría tomarse como una expresión más de la "mala leche" de mis malquerientes en ese medio, si no fuera porque se trata de la presentación de un desacostumbrado editorial cuyo contenido, cargado de adjetivos descalificadores y agresivos, afecta mi dignidad de mujer y me coloca en la mira de los homicidas de la paz.

En tal sentido dar por sentado que los "correos" subrepticiamente suministrados a Semana -y de manera selectiva a otros medios- son escritos y "firmados" por mí como "corresponsal" de las FARC, es un infundio, una atrabiliaria e injuriosa sindicación.

Debo deplorar que usted no haya tenido en cuenta el beneficio de la duda, cuando el origen de tales "emails" es altamente sospechoso, pues la atribución de su autoría a cualquier ciudadano no sería posible sin la identidad real de las fuentes de su creación, y dado que muchas otras "pruebas" de ese mismo tenor han sido desacreditadas por los afectados, como es el caso del ministro Larrea del Ecuador o del ex ministro y precandidato presidencial Rafael Pardo Rueda.

De otra parte, debió tener en cuenta el señor director de Semana que ni siquiera la INTERPOL pudo ocultar las evidencias de manipulación de los computadores y se vio obligada a afirmar que "48.055 archivos de los computadores de "Reyes" fueron "abiertos, creados y modificados por la Policía entre el 1 y el 3 de marzo", y que "el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley" (conclusión N° 2b, subrayado mío)

Como lo ha afirmado recientemente el investigador y columnista Pedro Medellín: "Las filtraciones de esta información en el exterior se han constituido en un medio con el que el Gobierno ha buscado forzar reacciones, cambiar escenarios, producir realinderamientos o movilizar apoyos, que con la política internacional no ha podido conseguir. Y en el país, le está sirviendo para establecer vínculos judiciales de sus opositores, que ayuden a contener el avance devastador de la parapolítica".

Es importante advertir que "la validez jurídica de las pruebas depende de su debida recepción y valoración por parte de las autoridades públicas". La cadena de custodia en su traslado no puede interrumpirse, so pena de comprometer los principios de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial y ese reato ha quedado en evidencia. Por ello la Honorable Corte Suprema de Justicia ha reclamado de manera insistente al señor Ministro Santos la entrega de los referidos computadores, cuya negativa a atender ese llamado judicial ha empezado a interpretarse como otro de sus famosos "falsos positivos".

Niego rotundamente, de manera clara y categórica, ser la autora o inspiradora de esos "escritos" que supuestamente el general Oscar Naranjo y el ministro de Defensa Nacional Juan Manuel Santos -por cierto, su tío-, hallaron en el "computador de Raúl Reyes". Computador mágico del cual está haciendo uso inescrupuloso el gobierno del presidente Uribe Vélez y su ministro de Defensa, para liquidar políticamente a quienes nos oponemos a su ilegítimo mandato. Una cosa no puede ser algo y lo contrario al mismo tiempo, han dicho los clásicos de la lógica.

Personalidades muy sobresalientes de la sociedad civil, analistas del discurrir público nacional e internacional, así como académicos y científicos sociales, que me han hecho llegar su abrumadora solidaridad, encuentran en este desproporcionado y múltiple ataque mediático tanto a mi trabajo humanitario como a aspectos de mi personalidad, un intento de "equilibrar" con sindicaciones a la oposición legítima los dos problemas mas apremiantes que tienen en jaque la moralidad pública y la concepción democrática del gobierno Uribe Vélez, a saber: La parapolítica y la "gidispolítica", patologías cuyo origen y desarrollo tienen nombre propio y asiento en la Casa de Nariño.

La homogenización mediática en torno a la imagen del presidente Uribe Vélez y el curioso culto a la personalidad del jefe de Estado que constantemente hacen los comunicadores de los medios masivos -en medio de su estrechez analítica-, es el producto de una coacción simbólica determinada por la licitación de los canales de Televisión, de las emisoras regionales y de los contratos de pautas publicitarias millonarias con los cuales se busca engrasar los apetitos empresariales de los medios privados de comunicación, cuando no se los regaña en público para minimizar su independencia.

En un escenario como ese el pensamiento crítico y el disenso democrático son objeto de burlas, cuando no de aleves ataques. Los medios masivos en Colombia han devenido en cámaras de resonancia oficialistas desde donde se concreta la guerra simbólica que distorsiona la verdad y se crean matrices de opinión para ciudadanos sumisos.

Pero, en aras de la convivencia, yo dejaría todo de ese tamaño, así deba pagar el costo del maltrato mediático y gubernamental. No obstante lo que advierto es que en el fondo el aparato del régimen mafioso se está moviendo a toda velocidad para impedir la realización de un probable Acuerdo Humanitario y, como consecuencia, oponerse a una salida política al conflicto interno armado que padecemos desde hace sesenta años.

Entre otras cosas, porque la guerra es un negocio sumamente lucrativo para los regímenes de derecha, que se benefician con la prolongación de las confrontaciones armadas internas. Hoy el binomio Uribe-Santos se da el lujo de gastar 6.5 puntos del PIB nacional en armamento y equipamiento militar, mientras la educación, la salud y la vivienda continúan siendo carencias sustanciales de nuestros compatriotas: Mano de hierro para las necesidades sociales, corazón generoso y abundante para los mercenarios de todas las pelambres.

Estoy cierta que mi trabajo humanitario y mi pensamiento democrático y progresista, volverán a ser objeto de embestidas brutales como la del fin de semana.

Espero que no se cumpla ninguna de las dos expectativas aciagas con que usted me despide en su editorial: la disyuntiva de muerte o cárcel. Ello me impediría continuar trabajando personalmente por la paz pero, en cambio, brotarían de la tierra miles de estudiantes, trabajadores hombres y mujeres que sabrán recoger el legado que estamos sembrando.

Su vaticinio infausto y sus deseos crueles no me arredratan ni me harán bajar la guardia. Ejerceré el mandato universitario por la paz que miles de estudiantes me han conferido en todo el país y desarrollaré las acciones que las familias de los secuestrados(as) me han encomendado. Pronto estaré de nuevo ofreciéndole resultados positivos al país.

He conquistado un espacio generoso y cálido en el alma nacional y no será con ultrajes a mi dignidad y a mi ética pública como podrán sacarme de la legitimidad de mi lucha por el Acuerdo Humanitario. Trabajaré incansablemente Para recuperar la esperanza.

Por todo lo anterior y en ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, le solicito la publicación completa de esta nota.

Atentamente,

Piedad Córdoba

martes, 10 de junio de 2008

Los milagros del computador de Reyes…

ÁLVARO URIBE ARMA BURDO MONTAJE CONTRA LA OPOSICION

  • Luís Jairo Ramírez H.

Desde mucho tiempo antes de la incursión militar y el bombardeo ordenado por el presidente Uribe en el sitio Santa Rosa, del Ecuador, en el que fueron asesinadas 28 personas inermes por el Ejército y la Policía Colombiana, entre ellos el comandante de las FARC Raúl Reyes, y rematados y abandonados los heridos, según la versión de la joven mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes que resultó herida, ya existía la decisión gubernamental de estigmatizar y judicializar a dirigentes y activistas de la oposición democrática y social al actual régimen.

Para no ir más lejos, la opinión pública conoció en septiembre del 2007 varios señalamientos tanto del ministro de defensa Juan Manuel Santos como del propio presidente Álvaro Uribe contra el doctor CARLOS GAVIRIA, presidente del Polo Democrático, de tener nexos con la guerrilla. Y así sucesivamente han sido acusados la Senadora Piedad Córdoba, León Valencia, Iván Cepeda y Carlos Lozano, entre muchos otros. Hasta el ex ministro Rafael Pardo fue acusado de hacer contactos con la insurgencia. Ni siquiera la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del para-estado se salvó de los señalamientos del presidente Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria, quienes aseguraron que la movilización contaba con el apoyo de las FARC.

Interpol reconoce que sí fueron manipulados los computadores

Pocas horas después de los bombardeos al campamento de Raúl Reyes ya los computadores, en poder del Ejército y la Policía, que sobrevivieron milagrosamente al impacto de las bombas, comenzaron a arrojar todo tipo de informaciones al público. Lo primero fue una rueda de prensa del General Naranjo, Director de la Policía Nacional, quien mostró ante los periodistas una secuencia de fotos y documentos supuestamente encontrados en el computador. Luego, el 17 de marzo en la reunión de Cancilleres de la OEA, fue presentada una foto sacada del computador de Raúl Reyes con un dirigente comunista argentino afirmando que era el Ministro de la Defensa de Ecuador, Gustavo Larrea, con el ánimo de dar un golpe. El periódico El Tiempo debió aclarar que la foto la había suministrado la misma Policía. Hasta periódicos como El País de España han presentado todo tipo de informaciones supuestamente halladas en los computadores. ¿Quién les entregó esta información?

Ha sido tan evidente la manipulación de la información que en días pasados la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo que solicitar al Ministerio de Defensa (y no a la Fiscalía) que le envíe los documentos encontrados en el computador.

Sin embargo, a pesar de que mucha información de los computadores llegó a la opinión pública a través de los medios de comunicación, llama la atención que el secretario general de la Interpol Ronald Kenneth Noble señaló en su informe que “no encontró alteración, modificación o borrado en ninguna de las evidencias y que las agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia. ¿Cómo calificar la afirmación de esta agencia: de ingenuidad o de cinismo?

Lo curioso es que la misma Interpol se contradice a lo largo de su informe, cuando en el párrafo 91, página 33, reconoce que entre el 1 y 3 de marzo de 2008, fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos por el Ejército de Colombia, 48.055 archivos. Como si fuera poco 4.245 archivos tienen fechas futuras, que van desde el 5 de abril de 2009, hasta el 16 de octubre de 2010. Tampoco la Interpol pudo asegurar que las computadoras fueran de Raúl Reyes. El Senador Petro ha preguntado a Mindefensa: ¿Por qué, según el numeral 19 del informe de INTERPOL, un funcionario de la unidad antiterrorista accedió directamente a las pruebas, en “circunstancias exigentes y marcadas por la premura de tiempo”, entre el 1 y el 3 de marzo de 2008?

Como lo comenta el investigador norteamericano Forrest Hylton, “la cadena de custodia fue rota entre el 1 y el 3 de marzo. Y, de hecho, durante este período de 48 horas la computadora estuvo bajo el control del Ministerio de Defensa y de una brigada antiterrorista de élite. Y, en los hechos, el informe de Interpol reconoce que el gobierno colombiano tuvo acceso directo a esas computadoras en ese período de 48 horas”.

Cacería de brujas contra los sobrevivientes del genocidio

Como ha indicado el columnista de El Tiempo, Cristian Valencia: “…el manejo que se les está dando a ‘los computadores de 'Reyes' parece un sombrero de mago, de donde saldrán enemigos, ejércitos, armas, cocaína, sindicalistas, políticos de izquierda, periodistas, ONG, defensores de derechos humanos, estudiantes o lo que fuere, en la medida de las necesidades del gobierno”.

Son el propio Álvaro Uribe y su Ministro de Defensa, y no la Fiscalía, quienes determinan y direccionan de la forma más perversa el proceso judicial contra la oposición. No cuesta mucho trabajo entender que esta monstruosa maniobra oficial no solamente está dirigida a sortear la profunda crisis institucional de la “parapolítica” que tiene a 32 parlamentarios de la bancada uribista presos, entre ellos al primo del presidente, Mario Uribe; y vinculados a embajadores, ministros, gobernadores y altos mandos militares, sino que se pretende establecer una especie de simetría entre esta y lo que Uribe llama “la FARC-política”. En este contexto aparecen computadores (como los de Reyes) o desaparecen (como los de Mancuso y cía. en la cárcel de Itagúí), según sean las conveniencias gubernamentales.

La llamada FARC-política es una nueva fase represiva del Estado contra la izquierda. Durante el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista se desarrollaron el Plan Baile Rojo, Golpe de Gracia y Plan Retorno. Esa macabra estrategia puesta en marcha por la alianza Estado–paramilitares significó el sacrificio de 5 mil dirigentes y militantes del Partido Comunista, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Con el actual montaje judicial se pretende llevar a la cárcel a los sobrevivientes del genocidio.

El presidente Uribe no solo no perdona que haya sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad, sino que no quiere que continúen haciendo oposición. En el esquema de la hegemonía tradicional colombiana eso no es posible. Durante el periodo de la “seguridad democrática” han sido detenidos arbitraria y masivamente alrededor de 9 mil ciudadanos que luego han sido dejados en libertad al probarse su inocencia. En Colombia la única garantía que tiene la izquierda es estar en el cementerio o en la cárcel, el régimen no acepta una alternativa intermedia. Así ha sido siempre.

¿Quiénes van a ser judicializados?: Wilson Borja, Parlamentario, quien sufrió un atentado en el que actuaron paramilitares y miembros del Ejército; Gloria Inés Ramírez, Senadora, líder del magisterio, quien tuvo que salir del país varias veces debido a las amenazas y hostigamientos contra su vida; Carlos Lozano, Director del Semanario VOZ, ha sido objeto de un sinnúmero de amenazas y asedios en los que han resultado involucrados agentes de inteligencia estatal; Piedad Córdoba, Senadora, secuestrada por los paramilitares el 21 de mayo de 1999 y víctima de todo tipo de agresiones verbales por parte del presidente Uribe y sus ministros; William Parra, periodista, recibió 8 puñaladas en un atentado hace tres años, acto criminal en el que están involucradas las autoridades.

El presidente Uribe necesita con urgencia montar un nuevo show mediático y meter a la cárcel a figuras relevantes de la oposición. Frente a la evidente criminalidad (parapolítica) y corrupción (Yidis-política) de la política tradicional, pretende crear un equilibrio artificioso, dando la sensación ante la opinión pública de que la oposición también está involucrada en delitos. Es la forma desesperada de abrirle paso a la nueva reelección. Establecer la Constitución de Ralito que debe “refundar la Patria”. La institucionalidad mafiosa que hace justicia por mano propia, no importa que tengan que aparecer como por arte de magia los computadores que sean necesarios.

viernes, 7 de marzo de 2008

El montaje de Uribe. Se pilla antes al mentiroso que al cojo.

From: Alfredo VILORIA
RED INFORMATIVA VIRTIN

Editorial

La Jornada

Con el telón de fondo del conflicto desatado a raíz de la matanza perpetrada por militares colombianos en territorio ecuatoriano, durante la cual fue asesinado el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y que ha derivado en el rompimiento de relaciones diplomáticas de Ecuador y Venezuela con Colombia, el presidente de este último país, Álvaro Uribe, se ha encargado de enrarecer el panorama al lanzar acusaciones tan severas como poco verosímiles contra sus homólogos Rafael Correa y Hugo Chávez.

Con base en documentos supuestamente hallados en unas inciertas computadoras portátiles del insurgente muerto, el gobierno colombiano ha señalado la existencia de “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”. El propio Uribe afirmó ayer que denunciará al mandatario venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya por “patrocinio y financiación a genocidas”, lo que fue calificado por Caracas de “risible amenaza”.

De su lado, Rafael Correa convocó ayer a la comunidad internacional a “cerrar filas alrededor del principio, la ética y el derecho que deben guardar las relaciones internacionales”; condenó nuevamente el bombardeo del ejército colombiano en el norte de Ecuador, en la medida en que fue un atentado contra la soberanía de ese país y porque, además, la agresión frustró las negociaciones que su gobierno sostenía con las FARC para liberar a una docena de rehenes, entre los cuales se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Las acusaciones del gobierno colombiano se inscriben en una cadena de inconsistencias con respecto a los acontecimientos del sábado pasado. Ha de recordarse que en un principio, las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; incluso Uribe agradeció públicamente al presidente Correa, a quien dijo haber mantenido al tanto de los hechos. Más tarde se aseguró que las milicias colombianas sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.

Resulta poco verosímil, además, que los equipos de cómputo de supuesta propiedad de Reyes hubiesen sobrevivido a las explosiones y, en todo caso, no parecería lógico que el líder guerrillero portara la información a la que ha hecho referencia Uribe. Los señalamientos y las supuestas pruebas que vinculan a Correa con la guerrilla tienen toda la apariencia de un montaje del presidente colombiano y constituyen un agravio no sólo para el pueblo ecuatoriano, sino para el conjunto de la opinión pública internacional y hasta para la inteligencia humana.

Lo que queda claro, en cambio, es que por medio de estas maquinaciones se pretende llevar a escala regional un conflicto local, añejo y exacerbado, para el cual el gobierno de Uribe no ha podido ofrecer una solución; en cambio, ha torpedeado en forma sistemática todos los intentos surgidos dentro y fuera de Colombia por solucionarlo.

La versión de Correa, en cambio, no presenta inconsistencias ni constituye una suma de improbabilidades, y ha sido confirmada por el gobierno de Francia, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Betancourt y Bogotá estaba al tanto de lo anterior, lo que pone en evidencia la traición del gobierno de Colombia, al romper el hilo fundamental de una gestión humanitaria que habría contribuido a acabar con el sufrimiento de un nuevo grupo de prisioneros de la guerrilla y de sus familias.

La agresión contra el territorio ecuatoriano confirma, pues, el afán del gobierno de Uribe por impedir toda posibilidad de un canje humanitario con la guerrilla. Su embestida contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador denota, por un lado, la hostilidad que provocan en el Palacio de Nariño las posiciones dialogantes y favorables a un arreglo pacífico, como las que han sostenido Quito y Caracas y, por el otro, la mano, no tan invisible, de Washington.

Y es que una perspectiva de paz en Colombia no sólo reforzaría el fracaso de la política militarista de Uribe, sino que haría perder sentido al Plan Colombia, instrumento central del injerencismo estadunidense en Sudamérica, y cuyo objetivo último no es el narcotráfico –con el que Uribe ha estado vinculado, según medios de prensa estadunidenses y colombianos– y tal vez ni siquiera las FARC, sino los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano.

La incursión militar ordenada o tolerada por Uribe contra el territorio de un país vecino es una inequívoca violación de la legalidad internacional. Para colmo, el presidente colombiano, en vez de reconocer su falta, ha urdido una historia insostenible para presentar a la víctima como agresora y para derivar el conflicto interno que no puede o no quiere resolver hacia una escalda regional muy conveniente para los designios intervencionistas de la administración de George W. Bush. El ataque y las mentiras subsiguientes merecen una enérgica condena de la comunidad internacional, y en particular en el seno de la Organización de Estados Americanos.