domingo, 22 de marzo de 2009

Exterminio agrario en Colombia

En Colombia la violencia ha destruido familias completas, sin embargo la gente sigue luchando...;
Fensuagro | 25-2-2009 |

Es el caso de AIDEE MORENO, dirigente sindical campesina, a quien en los últimos 15 años le asesinaron impunemente a su esposo, a su madre y a su hermano.... ella misma está amenazada de muerte.

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2009


Cada vez que veo a mis hijos, Sé que tengo un compromiso con ellos, Denunciar cada vez con más fuerza el asesinato de su padre. EVARISTO AMAYA MORALES Hijo, Padre y Esposo Asesinado el 24 de febrero de 1994 15 AÑOS DEIMPUNIDAD.























En Villavicencio El 24 de febrero de 1994 a plena luz del día, fue asesinado sin piedad el Dirigente Político Evaristo Amaya Morales, fue el primer personero municipal de La Uribe, ex secretario general de la Contraloría y candidato a la Alcaldía de este municipio de Uribe del Departamento del Meta, miembro del Partido Comunista y de la UP, asesinado por los grupos paramilitares.

Evaristo se destacó por ser un hombre íntegro, hombre de luchas inclaudicables como el derecho a la tierra, trabajo con la central pro- vivienda en adquisición de lotes urbanos donde logro obtén la vivienda para sus padres, desde muy joven sobresalió por su gran capacidad intelectual, fue dirigente juvenil, estudió diseño de dibujo, idioma ruso y enfermería, siempre quiso trabajar en el campo, por eso al conocer de cerca el municipio de URIBE Meta, se enamoró de ella y le apostó a ese cambio estructural que necesitaba esa región.

Pero el enemigo de la Paz, construye cada día estrategias de guerra que desde las esferas del sistema son estudiadas, analizadas y puestas en prácticas con miras de arrasar toda expresión de lucha,de movimientos sociales y de izquierda, por eso planearon el exterminio al movimiento político de la Unión Patrióticay del Partido Comunista colombiano, pero sabemos y estamos seguros que nuestras ideologías y nuestro pensamientos jamás podrán acallar, que seguirán naciendo en el mundo y en nuestro país hombres con principios revolucionarios para continuarluchando por esta nuestra patria Colombia.

La lucha continúa y los crímenes no pueden quedarse en la impunidad porque estamos vivos para dar la pelea y para contar la historia a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y jamás se callarán, la verdad se tiene que conocer y la justicia tienen que llegar, nuestro país se tiene que liberar de las balas asesinas.

Hoy no solo recuerdo a EVARISTO AMAYA MORALES También Recuerdo a TRÁNSITO IBAGUE DE MORENO MI MADRE Asesinada el 30 de septiembre de 2000 9 años de impunidad A OSWALL MORENO IBAGUE MI HERMANO Asesinado el 3 de septiembre de 2002 7 años de impunidad Por ellos y por todos nuestros compañeros asesinados, honor y resistencia. ¡Viva la memoria de nuestros compañeros! AIDEE MORENO IBAGUE Viuda de Evaristo Hija de Transito Ibagué Hermana de Oswall Moreno

Otro baño de sangre del movimiento sindical en los primeros meses del 2009. 4 asesinatos vuelven a enlutar al sindicalismo colombiano.

Fueron asesinados a causa de sus actividades sindicales: Leovigildo Mejía, sindicalista de la Asociación Agraria de Santander Asogras, Luis Alberto Arango Crespo, presidente de la Asociación de Pescadores y Agricultores y dirigente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio, Guillermo Antonio Ramírez Ramírez, educador y miembro del sindicato de Belén de Umbría, Risaralda y Leoncio Gutiérrez, docente afiliado al Sutev, subdirectiva Toro, Valle del Cauca.

El movimiento sindical, a nivel nacional, regional e internacional se une a las tres centrales sindicales colombianas, CUT, CGT y CTC, para seguir denunciando el atropello sin tregua al que está sometido el movimiento sindical en Colombia mediante amenazas, hostigamientos y persecución a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos y el asesinato constante de militantes y líderes sindicales, en flagrante violación de los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Colombia, por el sólo hecho de luchar por los derechos fundamentales de la clase trabajadora.

En una carta enviada a las autoridades Colombiana, , la CSI exige del gobierno del presidente Álvaro Uribe que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer estos asesinatos.

“Es menester poner fin a la impunidad y respetar cabalmente los derechos sindicales consagrados en los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Colombia” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI

Foto: Brandon Wu. Imagen de movilización en Bruselas, 26 de febrero de 2009 (CSI En línea): la CSI denunció y condenó enérgicamente los asesinatos de cuatro sindicalistas perpetrados en estos primeros meses de 2009.

La CSI representa a 170 millones de trabajadoras y trabajadores en 157 países y territorios y cuenta con 312 afiliadas nacionales. http://www.youtube.com/ITUCCSI

Para mayor información, favor de ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la CSI a los teléfonos: +32 2 224 0204 ó +32 476 621 018

La CUT rechaza el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado Norteamericano

El Departamento de Estado intenta maquillar el horror en Colombia

El día jueves 26 de febrero de 2009 por información de prensa del diario el TIEMPO se presenta en primera página apartes del informe del Departamento de Estado donde se difunde que en Colombia existen más garantías para los derechos humanos de los colombianos, frente a lo cual nos vemos en la obligación de rectificar la información donde se señala que han descendido los asesinatos de sindicalistas en un 6.2% en el 2008, basado en datos entregados por el gobierno colombiano. Información que no refleja la realidad cuando nuestros estudios y seguimientos a la victimización del movimiento sindical nos reporta que en el año 2008 fueron asesinados 49 afiliados y dirigentes sindicales en Colombia y comparándolos con la información del año 2007 de 39 asesinados muestra un claro incremento del 25% en los homicidios, esto sin incluir las otras formas de violación a los derechos humanos de sindicalistas como amenazas, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, detención arbitraria, allanamiento ilegal que para el 2008 se presentaron 564 casos, con un incremento de más del 20%.

Es dramático como entre el gobierno colombiano y el norteamericano juegan con las estadísticas para ocultar la impunidad que marca el genocidio del movimiento sindical que asciende a 2698 a febrero de 2009 de los casos reportados de asesinatos de líderes sindicales en Colombia y solo en lo transcurrido del 2009 van 4 nuevas víctimas, donde el gobierno nuevamente en forma cínica difunde en todas las embajadas en el exterior que son cero los asesinados del movimiento sindical en el 2009.

Denunciamos nacional e internacionalmente este nuevo intento de maquillar el terrorismo de estado y sus estrategias militaristas como el Plan Colombia y reclamamos el cese total de los homicidios de líderes sociales en Colombia y llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones e instituciones comprometidas con garantizar los estándares universales de respeto a los Derechos Humanos.

TARSICIO MORA GODOY LUIS ALBERTO VANEGAS Z.

Presidente Director Dpto. Derechos Humanos

DOMINGO TOVAR ARRIETA

Secretario General

Bogotá, 26 de febrero de 2009

Otra carta a Uribe sobre asesinatos, desapariciones y detenciones a campesinos desde finales de febrero y principios de marzo de 2009

Quienes suscribimos esta carta desde el estado español, expresamos la preocupación generada en nuestros colectivos por hechos que constituyen graves violaciones de los DD HH acontecidos a finales de febrero y principios de marzo del presente año. ¿Usted también firma?
Colombia 15-3-2009
www.kaosenlared.net/noticia/otra-carta-uribe-sobre-asesinatos-desaparicion-detenciones-campesinaso

Señor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República de Colombia
Bogotá D.C.

Señor Presidente:

Quienes suscribimos la presente carta desde el estado español, expresamos la preocupación generada en nuestros colectivos por los siguientes hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos cometidos hace pocos días:

  1. La desaparición forzada el 19 de febrero pasado, y posterior asesinato, del campesino JOSE WILLIAM BONILLA BOORQUEZ , hijo del dirigente campesino MAXIMILIANO BONILLA, desplazados del municipio de El Castillo-Meta por las amenazas de los grupos paramilitares que delinquen bajo la permisividad del batallón 21 Vargas.
  1. La desaparición forzada el 15 de febrero/09 de ALBA NELLY MURILLO, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Esmeralda de El Castillo-Meta. Esta dirigenta popular fue desaparecida en una zona bajo el estricto control del batallón 21 Vargas.
  1. La detención arbitraria el 9 de marzo de ROSALBA GAVIRIA TORO, integrante del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Calarcá-Quindío, miembro de la Junta Nacional de FENSUAGRO-CUT y representante del Movimiento Mujer del Quindío.
  1. La detención arbitraria el 12 de marzo/09 en Cartagena del Chairá del joven ARISTIDES OIME OCHOA, joven dirigente campesino y defensor de los derechos humanos; esta persona es víctima junto con su familia de las persecuciones del Ejército nacional de Colombia. Arístides estuvo acogido por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en el 2005 para protegerlo de las amenazas de muerte, posteriormente fue detenido junto con su padre y madre por varios meses y puestos en libertad por su inocencia. Ahora de nuevo le quitan de modo arbitrario la libertad a esta persona.

Señor Presidente, de manera respetuosa le pedimos que cese las persecuciones contra FENSUAGRO y sus sindicatos en todo el país; que otorgue garantías para que se preserve la vida de los dirigentes campesinos e investigue y sancione a los responsables del crimen cometido contra JOSE WILLIAM BONILLA BOHORQUEZ y la desaparición forzada de ALBA NELLY MURILLO a quien esperamos le respeten la vida y la devuelvan a su familia y a su comunidad.

Así mismo le pedimos garantías para la defensa de ROSALBA GAVIRIA TORO y ARISTIDES OIME OCHOA, presos por su condición de dirigentes sociales opuestos a los planes agrarios de su gobierno y en consecuencia prisioneros políticos.

Atentamente:

Siguen firmas.

Asamblea por la Paz.

Soldepaz.Pachakuti

Colectivo de Refugiad@s Luciano Romero

Red Canaria por los DD.HH. en Colombia

http://www.pachakuti.org/textos/campanas/agrocarburantes/agrogenocidios.html

fotos: Aristides en Asturias: junto a Luciano Romero asesinado en Valledupar.

Un rap protesta, muy cañero.

Nos llegó este vídeo de rap que denuncia los abusos de las transnacionales en territorio colombiano, las violaciones de derechos humanos y su relación con el frenético saqueo de recursos energéticos para mantener el consumo irracional de occidente.


“Los falsos positivos son crímenes de Estado” DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (5 Y 6 DE MARZO DE 2009)

Nosotros familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provenientes de las diferentes regiones del país reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días y 5 y 6 de marzo del 2009.

DECLARAMOS

1. Que hemos compartido durante el encuentro las angustias y dolores que nos embargan como familiares de quienes han sido privados de la vida por la acción criminal de la Fuerza Pública y especialmente el Ejercito Nacional. Encontramos que a lo largo y ancho del país se han cometido cientos de crímenes contra hombres en su mayoría menores de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y mas excluidos, lo que nos indica que se trata de una práctica sistemática y generalizada, que se constituye en crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado colombiano.

2. Que estos crímenes han afectado la integridad de nuestras familias y comunidades, generando graves impactos y daños sicosociales, producido el desvertebramiento de muchos grupos familiares y deteriorado nuestra situación socio-económica. Pese a ello, este encuentro nos llama a organizarnos y exigir en una sola voz el respeto y garantía de nuestros derechos a la verdad, la justicia y reparación integral y a construir caminos de esperanza y unidad para que estos crímenes nunca jamás se vuelvan a repetir.

3. Que durante los dos mandatos presidenciales de Alvaro Uribe Vélez y en aplicación de la política de “seguridad democrática” han venido aumentado los registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza pública, según informes de las Plaformas de derechos humanos y paz, por los menos 1.122 personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son presentadas como “bajas dadas en combate”.

4. Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su último informe señalo su preocupación por “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, igualmente que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.

5. Que desde hace varios años se viene denunciando esta práctica, sin embargo no se han tomado medidas efectivas para poner fin a la misma, ni para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Los perpetradores gozan de total impunidad debido a la falta de voluntad política de los entes responsables de adelantar investigaciones serias y eficaces.

6. Que las autoridades colombianas en lugar de cumplir con su mandato constitucional de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, han estimulado los mecanismos de impunidad, y han promovido una política de persecución, revictimización y afectación de su buen nombre y su dignidad humana.

7. Que hacemos recaer la máxima responsabilidad por la masiva practica de ejecuciones extrajudiciales en el Presidente Alvaro Uribe Vélez, en su condición de comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y en los altos mandos militares entre quienes se cuentan el Ex General Mario Montoya y General Fredy Padilla de León.

EXIGIMOS

1. Que cesen de forma inmediata las ejecuciones extrajudiciales y se tomen medidas preventivas y eficaces para que tales hechos no se vuelvan a repetir.

2. Que se eliminen todas las prebendas y ofrecimientos de beneficios y prerrogativas, así como las políticas que estimulan la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, bajo el ropaje de la “seguridad democrática”.

3. Que se nombre una comisión especial tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en la Procuraduría General, para que bajo los parámetros que caracterizan la comisión de crímenes de lesa humanidad, se investiguen, juzguen y sancionen, con penas proporcionales a la gravedad de los mismos, a todos los responsables de la practica masiva y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, así como los crímenes de desaparición forzada, tortura y otros que rodean estos asesinatos.

4. Al presidente Alvaro Uribe Vélez que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, separe del cargo al Ministro de defensa Juan Manuel Santos, a los altos mandos militares tanto a nivel nacional, como los que tienen mando en los lugares donde se han presentado estos crímenes y que los entes competentes inicien las investigaciones efectivas que redunden en sanciones ejemplarizantes en su condición de mando que ostentaban al momento de la ejecución de estos crímenes.

5. Que el Estado Colombiano adopte en concertación con los familiares y víctimas medidas de protección y garantías. Responsabilizamos al Estado de cualquier atentado o amenaza que pueda presentarse contra los familiares y testigos de ejecuciones extrajudiciales.

6. Que el Presidente de República Alvaro Uribe Vélez, haga un reconocimiento público de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, pida perdón a las víctimas, familiares y al pueblo colombiano y reivindique el buen nombre de las víctimas y su condición de civiles.

7. Que el Estado Colombiano respete y garantice los derechos de las victimas a conocer la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia contra todos los responsables, beneficiarios y encubridores de estos crímenes, se repare de manera integral todos los daños individuales y colectivos, y se reconozca que en Colombia se cometen crímenes de estado. En este sentido exigimos al Congreso de la República que se abstenga de aprobar leyes que desconocen los derechos que tienen las víctimas de crímenes de estado, tal y como pretende hacerse con el proyecto de ley de víctimas que se debate en el Congreso.

8. Invitamos a la sociedad en general a que se solidarice con las víctimas, acompañe a las víctimas en la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos y condene públicamente estos crímenes.

A la comunidad internacional solicitamos:

1. Su solidaridad total, acompañamiento efectivo y vigilancia permanente para que estos crímenes no queden en la impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y familiares a la verdad, la justicia y reparación integral. Que se exija al Estado Colombiano la promoción de políticas eficaces que pongan fin a esta práctica, y se asegure la sanción de los máximos responsables.

2. La condena abierta contra las políticas que promueven esta práctica criminal y se condicione cualquier ayuda y cooperación internacional al respeto de los derechos humanos.

3. Que se acompañe, apoye política y financieramente los procesos organizativos de las víctimas y se exija al Estado colombiano que brinde las garantías para que las víctimas y familiares puedan ejercer y hacer exigibles sus derechos.

Bogotá 6 de marzo de 2009.

Guido Piccoli deja desconcertada a Ingrid Betancourt.

Guido afirmó: "si el objetivo fuera solamente su vivencia (refiriéndose a Ingrid), tendríamos una visión falsa de Colombia"

Quizás el periodista (ex-corresponsal de prensa en Colombia) y escritor Guido Piccoli, el mayor conocedor italiano de la realidad colombiana, autor del libro “El sistema del Pájaro. Colombia, paramilitarismo y conflicto social” (2005), se pareció a un elefante en la cristalería organizada el 16 de diciembre pasado por el comité Con Ingrid Betancourt a Bologna, para promover la candidatura de la ex senadora colombiana al Premio Nobel de la Paz. En esa ocasión Ingrid Betancourt recibió por el alcalde Sergio Cofferati la ciudadanía honoraria.

Participaban también el presidente nacional de Amnesty International, Paolo Pobbiati, la actriz Margaret Collina, los cantantes Luca Barbarosa, Francesco Baccini y Marina Rei y el periodista del diario l’Unità, uno de los promovedores de la candidatura de Ingrid Betancourt al Premio Nobel de la Paz.

La intervención de Guido Piccoli dejó desconcertada a Ingrid, tanto que cuando le tocó responder se quedo sin palabras durante un buen rato.

Transcripción de la intervención de Guido Piccoli:
Les agradezco por haberme invitado.

No quisiera ser el aguafiestas de esta ocasión. Comencé a interesarme de la situación colombiana….no, antes de comenzar pongo un despertador para dentro de cinco minutos. Apenas suene, termino, así como he prometido, ok! Bueno. Comencé a conocer, a amar y a escribir sobre Colombia a finales de los años ochenta, en le época de Pablo Escobar. Por aquel entonces, todos, tanto periodistas como amigos, me preguntaban por Escobar, me pedían que escribiera sobre él… me preguntaban si le había encontrado. El mal en persona.

Es emocionante estar al lado de Ingrid Betancourt. Ya le había visto y estoy muy contento de poder abrazarle. Ahora con Ingrid, del mal en persona pasamos al bien en persona. Es la única mejoría que noto, en verdad. Colombia no ha mejorado mucho en los últimos 15-20 años.

Mi tarea es la de ampliar un poco la perspectiva. Porque si el objetivo fuera solamente su vivencia, tendríamos una visión falsa de Colombia. Si nos detuvieramos solo en su vivencia veríamos un solo delito del cual escandalizarnos. Además veríamos a los buenos de una parte -quienes le han liberado- y a los malos de otra, quienes la tuvieron secuestrada, robándole seis años y medio de su vida. Quienes continuan robando centenares de años a otras vidas.

Recuerdo inmediatamente una cuestión. Nosotros amamos los personajes. Recordamos la foto de Ingrid mientras abraza a un general. En su lugar en aquel momento yo habría abrazado al mismo Satanás, si me hubiese liberado. Pero el mismo general después de 4 meses ha debido renunciar, antes de que lo obligaran a hacerlo, por el escándalo de los falsos positivos. Se trata de un secuestro, también éste es un secuestro de centenares, talvez de miles de jóvenes, que fueron secuestrados de sus casas, llevados a zonas de combate, obligados a vestir uniformes miméticos, asesinados y hechos pasar por guerrilleros. También como paramilitares en algunos casos (aplausos).

Madre de un muchacho del barrio Soacha que gritaba al descubrir que el cadáver de su hijo había sido presentado como guerrillero, posteriormente se descubrió que el muchacho en cuestión había sido secuestrado.

¿Cuál es la razón de todo esto?
Para que los soldados tuvieran permisos premios. Los responsables se encuentran en la cúpula. Para que los generales pudieran quedar bien con Uribe. Y para que el presidente Uribe pudiera cantar victoria sobre la guerrilla.

Creo que también éstos son secuestros y son secuestros terribles, imagínense las madres…hay una foto que tuvo amplia circulación, de una madre de un muchacho del barrio Soacha que gritaba al descubrir que el cadáver de su hijo había sido presentado como guerrillero, posteriormente se descubrió que el muchacho en cuestión había sido secuestrado.

Otros secuestros, rápidamente, voy rápido, rápido, otros secuestros terminados en la nada. En los últimos dos, tres años, han sido descubiertas 3.000 fosas comunes, gracias a la confesión de algunos paramilitares. Es decir, secuestros de personas que han desaparecido en la nada. Estos son los desaparecidos. Cuando hablamos de desaparecidos pensamos en Argentina, en Chile, pensamos en los vuelos de la muerte, en el estadio de Santiago. Pues bien, la suma de los desaparecidos en décadas en Colombia supera al total de la suma chilena y también argentina, la diferencia es que fueron realizados como por un boticario, tantos o pocos a diario, los adecuados, para evitar el crecimiento del tumor de la subverción.

Creo que esta información es importante. Nos la brinda Amnesty International, America’s Wath, Human’s Rights, decenas de organizaciones humanitarias colombianas a las que se acusa de ser aliados de la guerrilla. Así como podría ser yo acusado por mencionar estas cosas.

Esta es la misma lógica que ha ocasionado el secuestro de Ingrid Betancourt. Muchas personas me preguntaban “¿Por qué han secuestrado a Ingrid?” Porque las Farc tienen la misma lógica: “Quien no está conmigo está en mi contra“ Esto es terrible en una sociedad.
Pero en esta polarización no deberíamos caer ni siquiera cuando denunciamos, cuando nos escandalizamos, cuando nos conmovemos.

Me acerco a la conclusión: aún no ha sonado el despertador. Quiero decir algo. Nadie puede ni quiere absolver los crímenes de una parte, recordando los crímenes de la otra parte; pero tampoco es posible continuar interpretando la realidad colombiana, como se hace con otros conflictos, con los habituales “dos pesos y dos medidas”, es decir como un pugna entre “buenos” y “malos”.

Finalmente, de cualquier modo, este tipo de lógica nos lleva a tomar en consideración sólo los crímenes innegables de una parte, convirtiéndonos de alguna manera (ahora suena e despertador, concluyo) objetivamente en cómplices de la otra parte. Deberíamos estar contra todos los criminales y al lado de todas las víctimas, comenzando por los pobres que son los más indefensos y que en Colombia están aumentando, deberíamos estar del lado de los sindicalistas y de los indígenas (quienes son atacados por todos, inclusive por la guerrilla que no toleran su autonomía, pero sobre todo por el Estado y los paramilitares al servicios de las transnacionales). (aplausos)

Por lo tanto hay que construir una alternativa a la guerrilla y al narcotráfico, así como dice el eslogan de esta conferencia, pero también hay que construir una alternativa a todos los terrorismos, a la injusticia social, que como bien sabe Ingrid es la primera razón del conflicto. De otro modo “la libertad para todos los secuestrados y las diferentes condiciones de vida, instrucción y trabajo”, como está escrito aquí detrás, serán un propósito vacío y una fábula de navidad.

Si quieres escuchar la respuesta de Ingrid pincha aqui.

LIBERTAD DE PRENSA Y CONFLICTO EN COLOMBIA

SEMINARIO LIBERTAD DE PRENSA Y CONFLICTO EN COLOMBIA - Memoria Audiovisual Collectiu Maloka Colòmbia - Agencia Catalana de Cooperación - Colegio de periodistas de Cataluña. 20, 21 y 22 de noviembre de 2008.

La libertad de prensa es uno de los parametros con los que se mide el desarrollo de una democracia. Grandes corporaciones de la comunicación con socios en el ámbito colombiano, como PRISA, nos muestran sólo una perspectiva del conflicto, la de las clases dominantes. Así se pretende ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado (tanto por sus fuerzas regulares como irregulares), el exterminio del movimiento sindical, los asesinatos y desapariciones de campesinos, ... En este contexto, los periodista independientes en colombia han sido víctimas de homicidios, atentados y amenazas con el silencio de las grandes corporaciones de la comunicación en Europa.

A continuación reproducimos fragmentos de distintas intervenciones en el Seminario.

PARTE 1:




PARTE 2:



PARTE 3:



PARTE 4:



PARTE 5: LA PRENSA EUROPEA. Intervención de Guido Piccoli (Ex-corresponsal de Prensa en Colombia).

Dirigente campesino acusado de pertenencia a FARC. El ejército tomo un campamento donde estaba retenido el dirigente de FENSUAGRO (VER VÍDEO)

Secretario General de FENSUAGRO, Juan Efraín Mendoza Gamba, pasa de estar retenido por las FARC a estar detenido por el Estado colombiano por presunta pertenencia a la guerrilla.

COMUNICADO PÚBLICO DE FENSUAGRO:
Que cese el señalamiento y estigmatización contra Fensuagro y sus dirigentes

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria “FENSUAGRO”, filial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia “CUT” y de la Vía Campesina Internacional, se dirige a la Opinión Pública Nacional e Internacional con relación a la detención de su Secretario General, dirigente campesino Juan Efraín Mendoza Gamba, hechos ocurridos durante una operación militar de las Fuerzas Armadas Colombianas contra un grupo de las guerrillas de las FARC en límites de los departamentos de Cundinamarca y Meta; ante lo cual nuestra Federación Aclara:

PRIMERO: Que el dirigente campesino Juan E. Mendoza Gamba ha declarado ante los medios de comunicación y ante las autoridades competentes que fue víctima de un plagio o secuestro por parte de la insurgencia de las FARC, hechos ocurridos según el dirigente Mendoza el pasado miércoles 25 de febrero de 2009, cuando se encontraba en un barrio del municipio de Soacha, luego llevado hasta el sitio donde fue hallado al momento de su rescate por las fuerzas militares, hechos creíbles si partimos del principio de la buena fe y la presunción de inocencia.

SEGUNDO: Desmentimos las aseveraciones calumniosas y peligrosas del Ministro de la Protección Social , Diego Palacios, vocero del Estado Colombiano, quien ha utilizado este hecho para señalar en forma irresponsable que nuestra Federación hace parte de la estructura de las FARC, convirtiéndose así en acusador y juez de un caso que como el de Juan Mendoza se debe aclarar en las instancias judiciales del caso por el presunto implicado y en ningún momento utilizarse para criminalizar una organización como Fensuagro y su dirigencia nacional.

Manifestamos nuestro repudio contra las desafortunadas y mal intencionadas aseveraciones del Ministro Palacios, quien más bien debe esclarecer su propia situación por el caso de la Yidis Política y la responsabilidad estatal por 49 sindicalistas asesinados en el 2008.

TERCERO: Fensuagro es una organización gremial campesina, autónoma, independiente del Estado y no admite ingerencia en sus asuntos internos de ningún movimiento o grupo armado al margen de la ley. Que nuestras políticas, directrices, programa y dirección corresponden a la decisión soberana y democrática efectuada en sus congresos, los cuales se llevan a cabo cada tres años y donde asisten los más importantes líderes provenientes de sus bases; razón por la cual los voceros del establecimiento colombiano como el Ministro Palacios con sus aseveraciones peligrosas y calumniosas pone a nuestra organización y sus dirigentes en la mira del paramilitarismo y demás fuerzas oscuras que han exterminado al movimiento sindical y campesino, entre ellos a Fensuagro, que en sus 32 años de existencia registra más de mil quinientos de sus líderes asesinados, la mayoría de ellos con la complicidad del régimen autoritario y anticampesino que gobierna a Colombia.

CUARTO: Exigimos al Gobierno Nacional, a los medios de comunicación masivos, el mismo despliegue mediático y publicitario que se ha hecho en el caso del dirigente Juan Efraín Mendoza Gamba, de las denuncias que hemos venido haciendo con relación al exterminio del movimiento campesino y en particular Fensuagro.

QUINTO: Que nuestra Federación mantiene una postura política sin ambigüedades con relación al conflicto armado que vive el país, reconociendo su existencia y necesidad de una solución política del mismo. Por lo cual negamos cualquier posibilidad de una salida militar para alcanzar la paz en nuestra nación.

Ratificamos nuestra condición de organización gremial, civilista, democrática, autónoma, defensora del campesinado, de sus luchas sociales, de sus movilizaciones y reivindicaciones más sentidas como la Reforma Agraria Democrática e integral, hoy por realizarse en nuestro país.

SEXTO: Exigimos en todo caso que se respete el debido proceso al dirigente campesino Juan Mendoza Gamba, que se le garanticen sus derechos constitucionales a la defensa y al buen trato, que sea la justicia quien pueda determinar si existe algún tipo de responsabilidad en las actuaciones del dirigente Mendoza o su inocencia ante cualquier imputación.

SÉPTIMO: Nuestra Federación responsabiliza al gobierno nacional, por las acciones criminales o terroristas que pueda suceder contra nuestra organización nacional, organizaciones de base y en general contra sus afiliados hombres y mujeres, como consecuencia de las calumnias y señalamientos que se hacen desde el Estado colombiano en la vocería de sus más altos funcionarios.

OCTAVO: Que nuestra Federación posee una estructura de carácter nacional con presencia en veintitrés (23) departamentos, con cerca de 80 organizaciones filiales y más de 120.000 afiliados, ante lo cual el Ministro Palacio se extraña y hace hipótesis mal intencionadas, queriéndonos relacionar con frentes guerrilleros en el territorio nacional, quizás ignorando que en el campo colombiano vivimos doce (12) millones de compatriotas, el 80% de ellos en la miseria y excusión social, sin más alternativa a su situación que la organización social y movilización para exigir sus derechos.

NOVENO: Que desde nuestra humilde condición de organización campesina, convocamos a la más amplia solidaridad nacional e internacional con la justa lucha del campesinado colombiano y sus organizaciones sociales. Fensuagro hace parte de ese torrente social, hoy estigmatizado y políticamente perseguida desde el Estado colombiano, así mismo a exigir el cese de la impunidad y pronto castigo a los responsables materiales e intelectuales de los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos contra Fensuagro.

De igual manera hacer un llamado urgente a los movimientos guerrilleros FARC, ELN, a que saquen a la población civil del conflicto armado y a respetar el derecho internacional humanitario.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

EBERTO DIAZ MONTES

Presidente

AIDEÉ MORENO IBAGUÉ

Dpto DDHH y Solidaridad

http://www.fensuagro.org

Declaraciones de la CUT ante sindicalista encontrado en campamento de Farc





NOTICIAS EN CARACOL TELEVISIÓN SOBRE LOS SUCESOS. AIDEÉ MORENO, RESPONSABLE DE DERECHOS HUMANOS DE FENSUAGRO DEFIENDE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL SINDICALISTA.
EL MINISTRO PALACIOS EXPRESA DUDAS SOBRE SU INOCENCIA Y UN MILITAR RESPONSABLE DEL OPERATIVO AFIRMA QUE LLEVABA UN CELULAR CONSIGO Y ESO ES SIGNIFICATIVO DE QUE NO ESTABA EN EL CAMPAMENTO FARIANO EN CALIDAD DE SECUESTRADO, COMO AFIRMA EL SINDICALISTA DETENIDO.

ATÓNITOS ANTE TANTO DESCARO (comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó).

Llevamos varias semanas dejando diversas constancias que muestran la agudización, día a día, de la situación de zozobra que vive nuestra Comunidad de Paz; de los anuncios de exterminio con que nos vienen amenazando; de los ataques contra nuestro proceso; del abuso y el descaro con que actúa la Brigada XVII, sin que ninguna instancia de control del Estado nos defienda.

Por el contrario, es tanto el cinismo, que el Gobierno nacional y el local sólo hablan de todo esto como de cosas pasadas, pues, según ellos, “en Urabá todo marcha bien; todo está en paz”. Y hasta razón tienen, pues para ellos la paz es la paz de las tumbas; la paz del silencio; la paz del sometimiento; la paz de las balas y de la muerte, la única paz que creen posible.

Nos acusan de desprestigiar a las instituciones y de hacer terrorismo psicológico. Lamentablemente nuestros huérfanos, nuestras mujeres violadas, el hambre a la que nos han querido someter, las judicializaciones, los montajes, las muertes, los saqueos y robos, las incursiones violentas, las amenazas, las tomas abusivas de nuestros espacios, no son ficción ni “terrorismo psicológico” sino hechos reales, y todos estos asesinos, sembradores del terror y encubridores de los crímenes, serán juzgados por la humanidad. Sabemos que cada día la sanción moral de los que creen en los principios esenciales de la vida, será más fuerte.

Para los victimarios, todo lo que nos sucede es “mentira”; son “inventos y calumnias” que se les ocurre a las víctimas. Esto lo sabemos. Quienes defienden la vida conocen ya de sobra ese discurso cínico. Cada muerte, cada violación de derechos, es negada y encubierta. Sin embargo, la historia siempre nos ha dado la razón. Hemos sostenido que el paramilitarismo actúa junto a la fuerza pública masacrando y destruyendo, y lo hizo ya desde antes de 1997 cuando creamos la Comunidad de Paz, pero se nos decía y se nos sigue diciendo que “el paramilitarismo no existe”. Hemos recogido nuestros muertos y se nos ha dicho siempre: “no hay muertos, sólo los que mata la guerrilla”; “vivimos en paz”. Torturan y luego nos dicen: “son puros inventos; aquí no se tortura; respetamos los derechos humanos”. Masacraron a Luís Eduardo, a Alfonso Bolivar y a sus familias, y nos dijeron: “no fuimos nosotros”. Pero como víctimas asimilamos la dimensión histórica de la verdad y de la justicia. Sabemos que las marcas del horror no las puede borrar el poder arrogante que intenta silenciar las conciencias, controlar los medios de información e instaurar el imperio de la mentira.

Por ello debemos dejar constancia de los últimos hechos que siguen destapando la dinámica de muerte y exterminio a la que se nos sigue sometiendo:

- El 1° de marzo a las 2 p.m., una moto con dos hombres encapuchados y con armas cortas entró y dio vueltas por todo el caserío de San José.

- El 1°, 2 y 3 de marzo, los paramilitares realizaron retenes a la salida de Nuevo Antioquia hacia la Esperanza, vestidos de camuflado, con armas largas y con brazaletes de “Autodefensas”; hacían requisas y le decían a la gente que estaba prohibido pasar mas de $ 50.000 en alimentos.

- El 9 y 10 de marzo fueron repartidos en Apartado y San José panfletos firmados por los paramilitares con listas de personas a quienes se les advertía que tenían que irse de la zona o serían asesinadas, afirmando que iban a realizar, según ellos, una “limpieza social”.

- Entre el 7 y 13 de marzo el Ejército hizo presencia en la vereda la Resbalosa. Allí destruyeron varias cosechas; entraban a las casas y se llevaban la comida que tenían las familias; amenazaron a la profesora de la Comunidad que trabaja allí y a varias familias; les decían que eran “guerrilleros” y que los iban a acabar.

- El 14 de marzo a las 12 p.m., en la vereda Mulatos – Cabecera, tropas del Ejército intentaron violar a Luz Tatiana Puerta. Ella se defendió como pudo y gritó pidiendo auxilio. Al no poderla violar, la amenazaron de muerte y de judicializarla como guerrillera. Al mismo tiempo, a Isaac Torres, quien venía con ella, lo hicieron a un lado y le pasaban un machete por la mejilla diciéndole que le iban a quitar el cuero y a sacar los ojos; le decían que él era un guerrillero y lo iban a matar. Isaac les respondía que hicieran lo que quisieran. Después de tenerlo más de media hora en esa tortura psicológica, lo soltaron, lo mismo que a Luz Tatiana, advirtiéndoles que si contaban lo sucedido les iría muy mal.

Todo este cúmulo de hechos muestra con claridad la práctica de muerte de los agentes del Estado. A esto se agregan los diversos combates que se han venido presentando en los últimos días. Sabemos que este actuar de muerte busca exterminarnos, sin embargo, no cederemos ante todo este horror. Continuamos creyendo en la validez de nuestro proyecto de vida y la perversidad del Estado sólo puede confirmarnos en nuestro camino. Diariamente nos reafirmarnos en el valor de la solidaridad y los mensajes que continuamente recibimos de los que en tantos rincones del mundo creen en la vida, nos fortalecen y nos animan a proseguir en nuestra búsqueda de un mundo alternativo.

COMUNIDAD DE PAZ DE SNA JOSE DE APARTADO

Marzo 19 de 2009

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia

Padre Giraldo explica cómo descubrió la honda perversión del sistema judicial en carta a la Fiscalía (incluye VÍDEO)


"Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato"

Carta a la Fiscalía 216: OBJECION MORAL Y ETICA

Por Javier Giraldo M. S.J

Bogotá, D. C., marzo 16 de 2009

Sra. PIEDAD ANGÉLICA ACERO

Funcionaria Policía Judicial – Carné 3592

C/O FISCAL SECCIONAL 216

Carrera 29 No. 18-45 Bloque A Oficina CTI Administración Pública

BOGOTÁ, D. C.

Ref: 802316 Fiscal 216. MT


De toda consideración.

Respondo a su oficio fechado el 10 de marzo de 2009, el cual encontré en mi oficina esta semana, en el que me solicita asistir a una diligencia judicial al día siguiente, 11 de marzo, diligencia que no puedo atender por impedimento moral.

Le ruego apreciar las razones que a continuación expongo, las cuales fundamentan dicho impedimento.

Desde comienzos de los años 80, las circunstancias personales y las misiones apostólicas que se me encomendaron, me fueron involucrando progresivamente en organizaciones, grupos y movimientos consagrados a la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales. En ese terreno, los instrumentos jurídicos y la familiarización con los mecanismos judiciales de nuestra sociedad, constituyeron un recurso importante. Sin prejuicios sino más bien con esperanza en que una administración de justicia cada vez más inspirada en valores humanos, éticos, sociales, jurídicos y democráticos, pudiera ayudar a aliviar el sufrimiento de tantas víctimas con las cuales fui entrando en contacto, colaboré intensamente en procedimientos judiciales tendientes a establecer la verdad y a corregir conductas que lesionaban gravemente la dignidad humana de muchísima gente. Sin embargo, a través de estos 29 años multitud de experiencias negativas y aterradoras fueron minando y destruyendo mi fe en la administración de justicia. No solo la impunidad reinante que constituye una afrenta a los muchos miles de víctimas que he conocido, sino el conocimiento directo de los expedientes, de sus mecanismos y de sus trampas que invalidan y contradicen los principios básicos legitimantes de la justicia, fueron sembrando en mí interrogantes, remordimientos, cautelas y repugnancias morales, que poco a poco me llevaron a descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal.

Sólo el testimonio de experiencias concretas vividas puede transmitir la hondura de este impedimento ético. Imposible sería enumerar todas las experiencias que me han llevado a esta ruptura ética, pero sólo describiendo algunas de las que mayores impactos y traumas dejaron en mí, sería comprensible mi posición.

En julio de 1993, una comunidad campesina del centro del departamento de Bolívar me pidió intervenir para tratar de impedir una desaparición forzada. Habían presenciado una mañana cómo patrullas del Ejército se llevaron a un joven que trataba de embarcar dos toros en un bote y en la tarde lo vieron bajar ensangrentado y semidesnudo, casi sin poder moverse, arrastrado por soldados que se lo llevaron en una embarcación y no se volvió a tener noticia de él. La impresión que me transmitió la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente. La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Gobierno revelara su paradero, pero afirmando que su detención se había producido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y que las heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención; que él había confesado ser guerrillero y que había sido condenado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías. La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con honestidad, me parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había conocido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. Cuando yo le leía sus “declaraciones” él no salía de su asombro y me aseguraba que se habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho lo que allí estaba escrito. Las torturas fueron reales y le introdujeron en las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes dificultades para caminar. Un médico había firmado una constancia falsa y una abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asistido en el juicio sin haber estado jamás con él. Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múltiples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen falsas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones Unidas. Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Cancillería. Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación.

Uno de los procesos en los que me involucré fuertemente, casi asumiendo el papel de funcionario judicial, fue el del Carmen de Chucurí. En la Comisión que yo coordinaba entonces, de Justicia y Paz, me correspondió recibir a numerosos campesinos desplazados de ese municipio santandereano. Todos relataban dramáticamente la triple alternativa a que eran sometidos: “o se vincula al proyecto paramilitar, o abandona la región, o lo matamos”. Comandantes de la base militar se paseaban por el pueblo en compañía de los líderes paramilitares, cobrando juntos los impuestos para financiar el paramilitarismo. De los buses bajaban a los insumisos para desaparecerlos y asesinarlos y en los mismos carros de la Alcaldía se llevaban a quienes iban a matar para arrojarlos en el remolino de una quebrada que se tragaba los muertos. Contabilizamos centenares de víctimas fatales y millares de desplazados. Todo fue denunciado con grandes esfuerzos de precisión y sistematización ante todas las instancias de la justicia: Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría, Consejerías de la Presidencia, y tras la nueva Constitución del 91: Fiscalía, Defensoría, Vicepresidencia. La intensa interlocución con todas estas instituciones; la gravedad extrema de la situación; la acogida que aparentemente se brindaba a nuestras denuncias, todo nos hacía confiar en que la justicia iba a actuar y en que el Estado iba a proteger a la población, a reparar los daños enormes que había causado y a tomar medidas para que ese modelo paramilitar quedara proscrito. Se nos pidió colaborar en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar y logramos convencer a muchos. Los funcionarios se desplazaban hasta Bucaramanga para no hacer correr a las víctimas demasiados riesgos, y se llenaron muchos cuadernos de pruebas testimoniales que hacían presagiar una acción contundente de la justicia.

Con el tiempo, sin embargo, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que se percibiera resultado alguno. Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato. Recuerdo al Padre Bernardo Marín, el Párroco del pueblo, quien denunció con valentía lo que estaba ocurriendo y el 4 de octubre de 1990 escapó milagrosamente a un atentado, en compañía del Personero, del más cercano colaborador de la Parroquia y del Juez. Al escapar de la muerte fue entonces judicializado mediante montajes infames y aconsejado por su Obispo partió para el exilio donde murió.

Con todo, un proceso penal avanzaba dentro de la “Justicia Regional”, en Cúcuta, que parecía prometer algunos resultados, pero al posesionarse el primer Fiscal General, dentro de la nueva Constitución del 91, avocó a su mismo despacho el proceso; puso en libertad a los dos o tres paramilitares capturados hasta entonces; llamó a rendir versiones libres a todos los militares imputados, con interrogatorios acondicionados para una preclusión que fue inmediata, y luego llamó a un largo interrogatorio al suscrito, quien había puesto el mayor número de denuncias. Desde la primera pregunta comprendí que todo estaba dirigido a invalidar mis denuncias por no haber sido testigo presencial en ninguno de los crímenes, y pude comprobar que al Fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las víctimas sino sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias. Yo me negué a dar los nombres de los denunciantes porque tenía vivo en mi mente el recuerdo de quienes ya habían pagado sus denuncias con la muerte y por ello tuve que recibir un trato altanero y ultrajante por parte del Fiscal General.

Cuando una funcionaria judicial se atrevió a intentar la captura de algunos paramilitares, los militares allí presentes protagonizaron una asonada y le arrebataron a los detenidos, no siendo sancionados ellos sino la funcionaria que intentó capturarlos con todas las formalidades legales. Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes. Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión pública a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medios de prestigio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales destruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica. Cuando la Fiscalía, la Procuraduría, los medios y otras instituciones fueron cerrando filas en solidaridad con militares y paramilitares, el Comandante del Ejército me judicializó por “calumnia e injuria contra las fuerzas armadas”. Me convertí, entonces, en “reo de la justicia” por atreverme a buscar justicia. Al país entero se le vendió la “verdad” de que yo inventaba fantasías sobre proyectos paramilitares avalados por el Ejército y confeccionaba listados imaginarios de muertos, desaparecidos y desplazados. Hubo que esperar trece años, para que al inaugurarse la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, en julio de 2004, los más altos comandantes del paramilitarismo reconocieran públicamente, en sus discursos, que el proyecto paramilitar de El Carmen de Chucurí había sido avalado por el Estado y que éste tenía que reconocer la paternidad responsable del mismo.

El proceso de El Carmen de Chucurí fue denso en lecciones desmoralizantes. A mí me quedó para siempre un profundo cuestionamiento sobre la validez del testimonio en nuestro régimen judicial. Todo nos fue mostrando que los testimonios no producían efecto alguno de justicia, pero el fondo del problema quedó al descubierto un día en que un grupo de cerca de 10 campesinos de la zona cercana al Carmen se vino hasta Bogotá, acompañados por el mismo Inspector de Policía, a denunciar la detención, torturas y asesinato cruel de un poblador, por el consorcio militar – paramilitar. Traían, incluso, la cuerda ensangrentada con que lo habían amarrado y arrastrado hasta un río. El asistente directo del Fiscal General dedicó dos días a recibir los testimonios y al final nos reunió a todos y nos dijo: sus testimonios son muy impresionantes pero, por favor, no se hagan ilusiones; mañana los militares traerán un número igual de testigos para afirmar que todo lo que ustedes dicen es falso, y los testimonios de ustedes quedarán invalidados. Allí encontré la clave que he venido comprobando en lo sucesivo: el testimonio es algo manipulable y por ello la gran mayoría de los procesos buscan hoy día apoyarse en sólo testimonios. En el momento de la evaluación, que en nuestro régimen otorga el más impresionante margen de arbitrariedad al fallador, permite plegarse a las preferencias o intereses del fiscal, del juez o del magistrado.

Pero el testimonio es un “medio probatorio”. Las decisiones se toman de frente a fines, que son las opciones políticas de lo jueces. Nunca olvidaré la llamada de atención del Fiscal General, un día en que, al margen de diligencias procesales, tocamos el tema de El Carmen de Chucurí en su despacho: “hay que tener claro de qué lado se está”, me dijo. No me quedó duda de que él estaba del lado de los militares y de su proyecto paramilitar, y los mecanismos de la justicia, fundamentalmente los testimonios, porque ningún otro medio probatorio fue recurrido, eran simples medios manipulables al servicio de esa opción tomada de antemano: “el lado del cual él está” (pincha aquí para leer el texto completo).

Vídeo con intervención del Padre Giraldo


sábado, 21 de marzo de 2009

Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez (VÍDEO)

Gilberto López y Rivas - La Jornada, México

Colombia Plural/Inestco

“Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado”.

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que las voces de los silenciados serán escuchadas.

En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena embera y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al Encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.

En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares– de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de seguridad democrática y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como bajas en combate para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio comandante general de las fuerzas militares ofrece de manera reiterada.

Estas prácticas aberrantes se presentan como resultados de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran prescindibles. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de limpieza social, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado.

La impunidad es una característica común de estos crímenes, en los que sus perpetradores no son investigados, ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.

Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.

La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que, dado el estatus e influencia de los investigados –en los lugares donde ocurrieron los hechos–, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.

También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos, que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir, y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadunidenses.

VER VÍDEO DE LA COMISIÓN:


Presentación del libro: EL SISTEMA DEL PÁJARO

GUIDO PICCOLI es un periodista (ex-corresponsal del prensa en Colombia) y escritor italiano que lleva muchos años estudiando el conflicto armado en Colombia. Se ha convertido en un experto en el tema con varias publicaciones. Ahora tenemos la suerte de que presente en Tenerife su obra "El Sistema del Pájaro".


Para muchos, la violencia colombiana pareciera un enigma incomprensible dada la diversidad de actores, factores, escenarios e intereses involucrados. Guido Piccoli construye con agilidad periodística la génesis y el curso de nuestra historia reciente. Teje una interpretación compleja que combina explicaciones económicas, culturales y políticas. Un texto comprometido con las víctimas de la guerra que no elude juicios incómodos a los actores de esta.