El pasado viernes, 20 de junio de 2008, día internacional del refugiado, 18 organizaciones canarias de carácter sindical, social, político y estudiantil solicitaron al Gobierno de Zapatero que rectifique su política exterior respecto a Colombia.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran sindicatos mayoritarios y partidos con representación en instituciones públicas, pretenden que el gobierno español supedite cualquier acuerdo con el país andino al final de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de dicho Estado, tanto por la acción directa de agentes públicos como por la colaboración de estos con la formación y acción criminal de grupos paramilitares.
Afirman que en el Informe 2002/2006 de la Comisión Colombiana de Juristas, institución con estatus consultivo ante Naciones Unidas, se señala como responsables o presuntos responsables de una suma de 4.815 homicidios o desapariciones a agentes públicos y mercenarios paramilitares que han actuado con la colaboración o tolerancia de los primeros. Indican que estos crímenes prácticamente coinciden con el primer mandato de Uribe y se han producido en contextos ajenos a combates, según el mencionado informe. Denuncian que, a parte del campesinado, los sindicalistas son un colectivo muy perseguido, por lo que solicitan al gobierno de España que mantenga contactos con las Centrales Sindicales colombianas y exija a las empresas españolas que operan en el país informes sobre la seguridad de sus trabajadores, especialmente de aquellos que realicen acción sindical.
En cuanto a la prolongada guerra civil que vive el país andino, piden que se prohíba la venta de material militar español a Colombia y se exija al Gobierno colombiano que adopte la vía del diálogo como instrumento para alcanzar la paz.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2008.
