CONFERENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y TERRITORIO “CNTT” ante el despojado ilegal y arbitrario de seis (6) a diez (10) millones de hectáreas

PRE-ENCUENTRO NACIONAL

BOGOTA 6,7 Y 8 DE AGOSTO DE 2008

PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA Av. Caracas # 37 – 20

JUSTIFICACION

El problema del despojo de los bienes patrimoniales de la población víctima del desplazamiento forzado de personas, es sin duda alguna un crimen de lesa humanidad de grandes proporciones que trae implícito, una explicación causal del conflicto social, político y armado en Colombia, tras él, se han afectado miles de individuos, familias y colectividades y comunidades, de diversos sectores, especialmente campesinos, afrocolombianos e indígenas, a los cuales se les ha despojado ilegal y arbitrariamente entre seis (6) y diez (10) millones de hectáreas, lo que a conllevado la ruina del modelo agropecuario-campesino de la nación.

Mientras esta situación persiste, los gobiernos nacionales y locales y en general el Estado Colombiano, han propiciado y sancionado un marco normativo, que antes que proteger los derechos de los legítimos propietarios, poseedores y tenedores de las tierras usurpadas, que siguen en situación de desplazamiento forzado, menoscaba los mismos; tal y como lo señala el auto 008/09 de la Corte Constitucional. “La política gubernamental de restitución y protección de tierras, no apunta a resolver esta problemática y por tanto debe ser reformulada”.

De otro lado, se conoce que los bienes entregados por los jefes paramilitares supuestamente desmovilizados, no alcanzan en lo más mínimo para crear un fondo de reparación, restitución de tierras y por el contrario el marco normativo, facilita la “legalización” del despojo perpetrado durante años de accionar criminal.

Toda esta crisis de derechos humanos y humanitaria, tiene un agravante, que es la inexistencia de mecanismos confiables que permitan establecer con claridad, la magnitud y características del despojo, de tal manera que las víctimas, no cuentan con un banco de información actualizado que permita establecer las respectivas reclamaciones, ante un Estado que se muestra indolente e indiferente ante este crimen atroz.
Actualmente el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado-MOVICE, a partir de una iniciativa de la Coordinación Nacional de Desplazados-CND, ha formulado la propuesta de Catastro Alternativo del Despojo, con la cual se busca establecer una ruta confiable y efectiva para que las comunidades empiecen a ejercer el derecho a la restitución de bienes patrimoniales.

Por todo lo anterior, es necesario y urgente, plantear un espacio para la deliberación, formulación y establecimiento de estrategias, que visibilicen y evidencien la problemática del despojo y apunten a generar cambios estructurales en la política pública, en aras de concertar una agenda coordinada que nos permita enfrentar de manera adecuada toda la arremetida que desde el gobierno nacional se proyecta contra la dignidad de las víctimas y sus bienes patrimoniales.

OBJETIVO:

Articular una propuesta conjunta de acción, movilización e incidencia política, en torno a experiencias de resistencia, retorno, reubicación, recuperación, reparación y restitución de tierras, con la cual las comunidades, colectividades y grupos, se identifiquen y apropien, a partir del conocimiento y análisis de casos en la protección y defensa de tierras y los bienes patrimoniales usurpados a las víctimas de este crimen atroz.

LUGAR: Bogotá PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA Av. Caracas # 37 – 20

FECHA: 6,7 y 8 de Agosto de 2009.

METODOLÓGIA:

1. Apertura evento

2. Presentación metodológica

3. Charlas introductorias: insumos para la discusión posterior en comisiones de trabajo
- Desplazamiento forzado de personas y despojo.
- Redistribución: reforma agraria y desarrollo rural. A cargo de la Mesa de Unidad Agraria.
- Reubicación, retorno, restitución-reparación.
- Recuperación de tierras. A cargo de la MINGA Indígena.

Nota: Cada expositor aportará de manera oportuna un breve documento, para distribuirlo previamente a las discusiones.

Trabajo por comisiones y plenaria: articular propuesta común

Trabajo por Comisiones: 1. Mapeo de las experiencias e identificación de las fortalezas, debilidades y aprendizajes de éstas. 2. Reacciones, opiniones. 3. Propuestas y conclusiones.

Recursos: Mapas, videos, fotos, etc., para contar su experiencia. Se procurará geo-referenciar las experiencias para identificar posibles articulaciones.

1. Resistencia, Recuperación, (2 mesas de trabajo) 1 relatoría.
2. Retorno-reubicación, (2 mesas de trabajo) 1 relatoría.
3. Reparación-restitución. (2 mesas de trabajo) 1 relatoría.

Plenaria

4. Reformulación política pública de Tierras y Estrategia de Catastro:

1. Información y reformulación política pública de tierras: (se elaborará un cuestionario dirigido a Min. Interior y de Justicia, Min. Agricultura y desarrollo rural, Acción Social y Planeación Nacional)- (Ver si para ese momento la Comisión tiene nueva información).
2. Charla: Desarrollo de la estrategia de catastro alternativo o estado del arte. Estrategia política contra la impunidad. Presentación de las experiencias de San Onofre y San Carlos.

Estrategia de catastro: Trabajo por comisiones regionales

Socialización de la experiencia de Catastro alternativo (énfasis presentación documentación).

Propuestas fortalecimiento de la estrategia

Identificación de casos representativos.

5. Conclusiones y compromisos

Para mayor información favor contactarse:
catastroalternativo2008@gmail.com
stnacionala@movimientodevictimas.org
movice@movimientodevictimas.org
stnacional@movimientodevictimas.org

Web: www. movimientodevictimas.org

Petro, otros campesinos y defensores de derechos humanos fueron cercados y retenidos por individuos entre los que habían reconocidos paramilitares.

Por el cumplimiento con urgencia de los compromisos acordados con la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó

En el día 20 de Junio desde las 9:50 a.m. tres defensores de derechos humanos de la reconocida Comisión de Justicia y Paz, ABILIO PEÑA, FABIO ARIZA y ZENAIDA PARRA, cinco pobladores de Curvaradó, entre ellos, el reconocido adulto mayor, ENRIQUE PETRO, y una menor de 5 meses se encuentran cercados por trabajadores y ocupantes de mala fe de los predios individuales y colectivos de las comunidades negras de Curvaradó en el camino que conduce del caserío de Caracolí a Caño Manso.

Entre los ocupantes de mala fe estaban LUIS FELIPE MOLANO, conocido como "El Tío", JOSE BUITRAGO, ANTONIO ARGOTE y DARIO BLANDON, personero del municipio de Riosucio; 8 trabajadores con machetes y palos. Igualmente, MANUEL MOYA LARA, y 5 habitantes que no son de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, entre ellos NEMESIO CUESTA, JAIME BEITAR, EUGENIO PALACIOS y los reconocidos integrantes de la estructuras paramilitares, uno de ellos JOSE PALACIOS, conocido como "El Diablo" y otro como "El Dólar" quién trabajó con desgraciadamente famoso paramilitar CARLOS CASTAÑO en La Tangas.

Además del cerco arengaron a las comunidades y a los defensores de derechos humanos acusándolos de ser los ocupantes de mala fe y ser invasores y los registraron agresivamente con una grabadora. Igualmente, uno de los ocupantes de mala fe agredió al reconocido defensor de derechos humanos ABILIO PEÑA, mientras grababan a los cercados.

Las personas de las comunidades y los defensores de derechos humanos fueron rodeados impidiéndoles seguir el camino, luego estrecharon el cerco con varios caballos. Finalmente se apostaron a eso de las 10:10 a.m. automotores, impidiendo el paso por la vía que conduce de Brisas a Riosucio. Primero una camioneta LUV blanca de placas FGS 100 de Envigado,17 minutos después, una camioneta Toyota azul de placas CBZ 144 de Sabaneta, la cual se conoce como propiedad de los palmicultores.

Estos pobladores participaron en el día 19 en la reunión de planeación de la verificación para la delimitación de predios realizada en Caracolí, tal como fue acordado con el gobierno nacional a instancias de la Vice Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Agricultura.

Esta delimitación es un paso previó a la restitución material de la propiedad colectiva e individual en el Curvaradó. De estas propiedades sus legítimos dueños fueron desalojados por operaciones paramilitares que ocurrieron con actuaciones de la Brigada 17 y con una actitud tolerante y omisiva frente a estas estructuras criminales desde el año 1996, 1997 y 2001. Estos predios se encuentran sembradas ilegalmente con palma y otros convertidas en hatos de extensión ganadera.

En la tarde anterior el oficial HERRERA se comprometió a estar presente con unidades policiales de modo perimetral en la verificación y delimitación.

Las unidades policiales solamente llegaron al lugar de los hechos a la 1:20 p.m. luego de que fueron informados a eso de las 10:30 a.m. por parte del Gobierno Nacional. La policía argumentó falsamente que los pobladores se negaron a aceptar su presencia. Posteriormente indicaron que se demorarían en llegar al lugar por temor a emboscadas de actores ilegales. Argumento falaz pues se conoce que desde hace más de 11 años no existe presencia guerrillera en ese territorio Colectivo y solamente se conoce de presencia de "Águilas Negras" cuyos efectivos permanecen en Belén de Bajirá en una convivencia evidente con las unidades policiales.

Afortunadamente y tras largas esfuerzos hacia las 3:40 p.m. los pobladores de Curvaradó y los defensores de derechos humanos acompañados por Peace Brigades International, PBI, y otros integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz regresaron al caserío de Caracolí.

ANTE ESTA SITUACIÓN DE CLARA AGRESIÓN A LA LIBRE CIRCULACIÓN Y DE OBSTACULIZACIÓN A LA RESTITUCIÓN JUSTA DE LAS TIERRAS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA requerimos lo siguiente:

Cumplimiento con urgencia de los compromisos acordados con la Junta Directiva del Consejo Mayor de Curvaradó respecto a la delimitación de los predios y la restitución material de la propiedad.

1. Presencia perimetral de las unidades policiales a los funcionarios de gobierno que deben realizar la delimitación de la propiedad
2. Intervención sobre la Policía de Belén de Bajirá por sus actuaciones tolerantes, cómplices con los ocupantes de mala fe y estructuras de las "Águilas Negras"

RED CANARIA por los DDHH en COLOMBIA.

Islas Canarias, España

INDAGATORIA A 23 EMPRESARIOS DE LA PALMA ACEITERA.

Recordemos que grandes extensiones de tierras ocupadas por las empresas de la Palma fueron arrebatadas violentamente por los paramilitares a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó que sufrieron masacres y desplazamientos forzosos. La Palma aceitera es materia prima para agrodiesel que se ha convertido, en el contexto de la crisis de los combustibles fósiles, en una alternativa del Imperio para mantener un consumo irracional y vergonzoso en los países del centro capitalista. Así, a paises como Colombia, se le asigna esta nueva tarea en la división internacional del trabajo y vemos que su gobierno la implementa a sangre y fuego.

Es vergonzoso que a 10 años de las primeras denuncias públicas reiteradas veces ignoradas y a un año del inicio del proceso 3856 no se haya producido ninguna decisión de fondo. Es más, visto el alto grado de impunidad de los crímenes en Colombia, podemos pensar que lo más probable es que sólo se toque a personas que fueron usadas como intermediarias en la apropiación ilegal por los empresarios, pero esto en el mejor de los casos, porque la lentitud de la fiscalía puede llevar a que se pasen los 24 meses de plazo para adelantar la instrucción y que la impunidad se materialice vía vencimiento de términos. Antes de leer el artículo recomendamos ver el siguiente vídeo de You Tube para entender de donde viene este proceso.

A continuación reproducimos el artículo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Publicado el lunes, 14 de enero de 2008 en la web de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente.

De acuerdo con la información suministrada por el periódico, la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman” manifiesta que el control militar se realizó como parte de una operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma, esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.

Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.

Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ (sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal, en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información recaudad diseñó la telaraña jurídica para declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a 4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas, y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran a manos de las empresas palmicultoras.

Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.

Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio.

Posibilidad de los derechos o espacio a la impunidad

Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.

Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado a toda la estructura económica y criminal que cometió estas violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.

No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública y funcionario públicos, que participaron en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.

Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE PETRO.

La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.

La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento. En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.

El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas declararan acompañados por un abogado para responder sobre los hechos que originaron su vinculación a la investigación, manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica. A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por la comunidad y sus abogados.

A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio, y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha contado con la eficacia requerida.

Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por vencimiento de términos y la consecuente impunidad.

Entre la formalidad y la realidad

Hoy a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento de toda la empresa del delito que participó en la comisión de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos, la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables de estos crímenes, la devolución material de los territorios sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos crímenes no se volverán a repetir.

Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe.

Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma, su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción, sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado; hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras” en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión del agronegocio y la extensión ganadera.

Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como una extensión del Urabá Antioqueño.

Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción penal y disponerse a una reparación integral por los más de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del más alto nivel?