PIEDAD CORDOBA DENUNCIA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN DE URIBE Y LAS MANIPULACIONES DE SU APARATO DE PROPAGANDA.

CARTA DE PIEDAD CORDOBA AL DIRECTOR DE LA REVISTA SEMANA

Bogotá DC., junio 09 de 2008

Sr. Director de la Revista Semana

D. Alejandro Santos Rubino

Respetado señor Director:

Empiezo por expresarle mi inconformidad y mi rechazo con la portada que presenta esa revista en su número 1362, bajo el interrogante "¿Deschavetada?", en cuya composición semántica y diagramación evidencia el interés por caricaturizarme de manera degradante, con el propósito adicional de suscitar pulsiones de odio instantáneas en el colectivo social. Sin duda, se atenta contra la honra, el buen nombre y la integridad de mi persona, tipología penal que usted bien conoce.

Pienso que esa carátula podría tomarse como una expresión más de la "mala leche" de mis malquerientes en ese medio, si no fuera porque se trata de la presentación de un desacostumbrado editorial cuyo contenido, cargado de adjetivos descalificadores y agresivos, afecta mi dignidad de mujer y me coloca en la mira de los homicidas de la paz.

En tal sentido dar por sentado que los "correos" subrepticiamente suministrados a Semana -y de manera selectiva a otros medios- son escritos y "firmados" por mí como "corresponsal" de las FARC, es un infundio, una atrabiliaria e injuriosa sindicación.

Debo deplorar que usted no haya tenido en cuenta el beneficio de la duda, cuando el origen de tales "emails" es altamente sospechoso, pues la atribución de su autoría a cualquier ciudadano no sería posible sin la identidad real de las fuentes de su creación, y dado que muchas otras "pruebas" de ese mismo tenor han sido desacreditadas por los afectados, como es el caso del ministro Larrea del Ecuador o del ex ministro y precandidato presidencial Rafael Pardo Rueda.

De otra parte, debió tener en cuenta el señor director de Semana que ni siquiera la INTERPOL pudo ocultar las evidencias de manipulación de los computadores y se vio obligada a afirmar que "48.055 archivos de los computadores de "Reyes" fueron "abiertos, creados y modificados por la Policía entre el 1 y el 3 de marzo", y que "el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley" (conclusión N° 2b, subrayado mío)

Como lo ha afirmado recientemente el investigador y columnista Pedro Medellín: "Las filtraciones de esta información en el exterior se han constituido en un medio con el que el Gobierno ha buscado forzar reacciones, cambiar escenarios, producir realinderamientos o movilizar apoyos, que con la política internacional no ha podido conseguir. Y en el país, le está sirviendo para establecer vínculos judiciales de sus opositores, que ayuden a contener el avance devastador de la parapolítica".

Es importante advertir que "la validez jurídica de las pruebas depende de su debida recepción y valoración por parte de las autoridades públicas". La cadena de custodia en su traslado no puede interrumpirse, so pena de comprometer los principios de objetividad e imparcialidad en el proceso judicial y ese reato ha quedado en evidencia. Por ello la Honorable Corte Suprema de Justicia ha reclamado de manera insistente al señor Ministro Santos la entrega de los referidos computadores, cuya negativa a atender ese llamado judicial ha empezado a interpretarse como otro de sus famosos "falsos positivos".

Niego rotundamente, de manera clara y categórica, ser la autora o inspiradora de esos "escritos" que supuestamente el general Oscar Naranjo y el ministro de Defensa Nacional Juan Manuel Santos -por cierto, su tío-, hallaron en el "computador de Raúl Reyes". Computador mágico del cual está haciendo uso inescrupuloso el gobierno del presidente Uribe Vélez y su ministro de Defensa, para liquidar políticamente a quienes nos oponemos a su ilegítimo mandato. Una cosa no puede ser algo y lo contrario al mismo tiempo, han dicho los clásicos de la lógica.

Personalidades muy sobresalientes de la sociedad civil, analistas del discurrir público nacional e internacional, así como académicos y científicos sociales, que me han hecho llegar su abrumadora solidaridad, encuentran en este desproporcionado y múltiple ataque mediático tanto a mi trabajo humanitario como a aspectos de mi personalidad, un intento de "equilibrar" con sindicaciones a la oposición legítima los dos problemas mas apremiantes que tienen en jaque la moralidad pública y la concepción democrática del gobierno Uribe Vélez, a saber: La parapolítica y la "gidispolítica", patologías cuyo origen y desarrollo tienen nombre propio y asiento en la Casa de Nariño.

La homogenización mediática en torno a la imagen del presidente Uribe Vélez y el curioso culto a la personalidad del jefe de Estado que constantemente hacen los comunicadores de los medios masivos -en medio de su estrechez analítica-, es el producto de una coacción simbólica determinada por la licitación de los canales de Televisión, de las emisoras regionales y de los contratos de pautas publicitarias millonarias con los cuales se busca engrasar los apetitos empresariales de los medios privados de comunicación, cuando no se los regaña en público para minimizar su independencia.

En un escenario como ese el pensamiento crítico y el disenso democrático son objeto de burlas, cuando no de aleves ataques. Los medios masivos en Colombia han devenido en cámaras de resonancia oficialistas desde donde se concreta la guerra simbólica que distorsiona la verdad y se crean matrices de opinión para ciudadanos sumisos.

Pero, en aras de la convivencia, yo dejaría todo de ese tamaño, así deba pagar el costo del maltrato mediático y gubernamental. No obstante lo que advierto es que en el fondo el aparato del régimen mafioso se está moviendo a toda velocidad para impedir la realización de un probable Acuerdo Humanitario y, como consecuencia, oponerse a una salida política al conflicto interno armado que padecemos desde hace sesenta años.

Entre otras cosas, porque la guerra es un negocio sumamente lucrativo para los regímenes de derecha, que se benefician con la prolongación de las confrontaciones armadas internas. Hoy el binomio Uribe-Santos se da el lujo de gastar 6.5 puntos del PIB nacional en armamento y equipamiento militar, mientras la educación, la salud y la vivienda continúan siendo carencias sustanciales de nuestros compatriotas: Mano de hierro para las necesidades sociales, corazón generoso y abundante para los mercenarios de todas las pelambres.

Estoy cierta que mi trabajo humanitario y mi pensamiento democrático y progresista, volverán a ser objeto de embestidas brutales como la del fin de semana.

Espero que no se cumpla ninguna de las dos expectativas aciagas con que usted me despide en su editorial: la disyuntiva de muerte o cárcel. Ello me impediría continuar trabajando personalmente por la paz pero, en cambio, brotarían de la tierra miles de estudiantes, trabajadores hombres y mujeres que sabrán recoger el legado que estamos sembrando.

Su vaticinio infausto y sus deseos crueles no me arredratan ni me harán bajar la guardia. Ejerceré el mandato universitario por la paz que miles de estudiantes me han conferido en todo el país y desarrollaré las acciones que las familias de los secuestrados(as) me han encomendado. Pronto estaré de nuevo ofreciéndole resultados positivos al país.

He conquistado un espacio generoso y cálido en el alma nacional y no será con ultrajes a mi dignidad y a mi ética pública como podrán sacarme de la legitimidad de mi lucha por el Acuerdo Humanitario. Trabajaré incansablemente Para recuperar la esperanza.

Por todo lo anterior y en ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, le solicito la publicación completa de esta nota.

Atentamente,

Piedad Córdoba

SIN OLVIDO 113. MARIA LUCERO HENAO Y YAMID DANIEL HENAO.

Defensora de Derechos de los Pueblos asesinada con su hijo el 6 de febrero del 2004

Memoria y Justicia

Han pasado cuatro años, desde aquel viernes 6 de febrero de 2004, cuando eran las 10:30 de la noche en el caserío de Puerto Esperanza, municipio El Castillo, y a la puerta de la casa de MARIA LUCERO HENAO, llegaron varias unidades de la estrategia militar encubierta amenazando con tumbar la puerta si ella no abría.

LUCERO ya sabía de las amenazas contra su vida y por ello se rehusó a abrir. Pero ella no estaba sola, se encontraba con su madre y varios de sus hijos, por ello, seguramente pensando en ellos, abrió la puerta.

MARIA LUCERO fue conducida a la fuerza a pocos metros de la casa, la intentaron amarrar con nylon en más de una ocasión. Ella se abalanzó al cuerpo de uno de los armados impidiendo que la ataran. La insultaron y gritaron “desde hace tiempo le teníamos ganas pero no se había presentado la oportunidad” y a la familia que intentaba arrebatarla de las manos de los armados, le decían: “ustedes son unos h.p guerrilleros”.

Al llegar al lugar del martirio, en la parte posterior del caserío, obligaron a las niñas y abuela a regresar a la casa, mientras que forzaron que se quedara YAMID DANIEL HENAO, de 16 años de edad, estudiante de la Unidad Educativa el Encanto de Puerto Esperanza.

Madre e hijo, gritaron, la abuela y las niñas escucharon desde lejos. Minutos más tarde varios disparos. Por temor a la presencia paramilitar, nadie salió de la casa hasta la madrugada del siguiente día, en que se encontraron los cuerpos sin vida de Madre e Hijo. El rostro de YAMID se encontraba desfigurado, con impactos en la boca y con una oreja amputada.

A lo largo del día 7 de febrero, se presentaron enfrentamientos entre civiles armados de la estrategia paramilitar y las FARC-EP en la vereda la Esmeralda, distante a tres horas de camino de Puerto Esperanza. Enfrentamientos que llevaban varios días, desde el martes 3 de febrero. Guerrilleros de las FARC-EP atacaron los campamentos de los paramilitares, ubicados en la parte alta del municipio El Castillo, en los alrededores de las veredas Caño Embarrado y Campo Alegre, pertenecientes al corregimiento de Puerto Esperanza. Las unidades paramilitares respondieron al ataque y una hora más tarde se presentaron operaciones de refuerzo del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, junto con el avión fantasma, contra blancos guerrilleros. La presencia de unidades militares regulares del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII, se mantuvieron en los alrededores de Puerto Esperanza hasta el día 13 de febrero, cuando las pocas familias que quedaban en el caserío de Puerto Esperanza salieron desplazadas de la región.

Han transcurrido cuatro años y nada ha cambiado, la impunidad se mantiene, la mayoría de los crímenes cometidos entre el 2002 a la fecha no han sido investigados y los pocos que lo han sido están archivados.

Impunidad constatada a través de la respuesta dada a un derecho de petición presentado en el mes de septiembre por nuestra Comisión de Justicia y Paz, solicitando el estado de las investigaciones realizadas por hechos ocurridos entre enero del 2002 a agosto del 2007 en la zona rural de la parte alta del municipio El Castillo, departamento del Meta.

Según la respuesta de la Seccional de Fiscalías de Villavicencio, se han realizado 67 investigaciones y según la Dirección Nacional de Fiscalías son 57, a la fecha del 3 de noviembre del 2007. Solo 57 o 67 investigaciones, a pesar que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la mayoría de los hechos sucedidos desde enero del 2002 a la fecha a través de Constancias Histórica y Censuras Éticas que dan cuenta de más de 130 casos, cerca de 200 víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, amenazas. Más de 900 familias desplazadas forzadamente, entre el 2002 al 2004.

La cifra irrisoria de investigaciones, lo es más aún al saber que de las 57 investigaciones de la Dirección Nacional de Fiscalías, 40 se encuentran con resolución inhibitoria, once en etapa de Instrucción y de seis no se establece el estado en que se encuentra. Mientras que de la información del estado de las investigaciones remitida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio, de las 67 investigaciones 52 ya se les dictó resolución Inhibitoria, una fue suspendida, una fue precluida, dos fueron trasladadas a la Penal Militar, una en investigación previa, una en práctica de pruebas, una se encuentra en investigación contra el ejército por lo cual muy probablemente pronto pasará a la Penal Militar como las anteriores donde la Fiscalía se atrevió a dar apertura a una investigación hasta su traslado por colisión de competencias.

Solo cinco investigaciones se encuentran en Instrucción entre ellas la del asesinato de LUCERO y YAMID, bajo el radicado 1891, remitida a la Fiscalía 29 de Derechos Humanos en Bogotá, por el delito de Homicidio Agravado, siendo sindicados Manuel de Jesús Pirabán conocido como “Jorge Pirata”, Edilson Cifuentes Hernandez conocido como “Richard”, Luis Arango Cárdenas conocido como “Chatarro” y Daniel Rendón Herrera conocido como “Don Mario”. Con excepción de “Don Mario”, todos se acogieron a la Ley 975 y se encuentran gozando de sus beneficios.

En el caso de “Richard”, quien en versión libre del mes de noviembre del 2007, en el marco de la Ley 975, reconoció ser responsable del asesinato de LUCERO y YAMID, goza de los beneficios de la ley a pesar que después de desmovilizarse como miembro del “Bloque Héroes de los Llanos” en Casibaré el 12 de abril del 2006, continuó el accionar paramilitar con las estructuras comandadas por Ever Velosa, conocido como “H.H.” en los Llanos Orientales y fue capturado el 15 de octubre del 2006 por la Policía en Casanare.

Aunque “Richard” dijo ser responsable de los hechos sucedidos el 6 de febrero del 2004 en Puerto Esperanza, cuando era miembro del “Bloque Centauros”, según testimonios de pobladores de la región, las estructuras paramilitares que actuaron desde enero del 2002 a la fecha de la desmovilización estaban articuladas con operativos militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII y otras unidades militares.

Las estructuras paramilitares estaban al mando del comandante “OMAR” de las ACCU, quien según testimonios es de contextura gruesa, piel negra, de alta estatura y de origen costeño, otros comandantes eran los conocidos como “DUMAR”, “RUGEL” y “El POLÍTICO” también conocido como “JERONIMO”. El comandante paramilitar del municipio El Dorado conocido como “COLACHO”. ELVER ACOSTA NIETO y-o ELVER ROBAYO ACOSTA a quien apodan "CARA DE GARRA" o “Comandante Andrés” que actuaba como informante del Ejército y habitaba en Medellín del Ariari. Durante el 2002, ELVER ACOSTA NIETO o ELVER ROBAYO ACOSTA, acompañó la mayoría de los operativos militares en los caseríos de la parte alta del municipio El Castillo. Otro de los “civiles” armados de la estrategia paramilitar es “PECAS” o “CHISPIADO”, hermano de “CARA DE GARRA”. Desde Medellín del Ariari operaron los paramilitares conocidos como “CAMILO”, uno de nombre ONESIMO conocido como “EL PAISA”, otro conocido como “JERÓNIMO” o “EL POLITICO” y “SANGRE”.

¿Estos paramilitares están desmovilizados? ¿Gozan de los beneficios de la Ley 975? ¿Por qué no son vinculados a las investigaciones? ¿realmente “Richard” si actuaba en la región del Alto Ariari, en la zona rural del municipio El Castillo en el año 2004? ¿por qué no se ha indagado por la responsabilidad por Acción y Omisión de las unidades militares que hacían presencia en la región desde el 2002 y en particular durante los primeros días de febrero del 2004 cuando asesinaron a LUCERO y YAMID?

A pesar de la verdad procesal del expediente con el radicado 1891, la verdad real se mantiene oculta, amparada en la impunidad que garantiza los beneficios de la Ley 975 “Para la Justicia y Para la Paz”. No se ha esclarecido el crimen de LUCERO y YAMID, no existe Justicia, lo único que pueden afirmar hoy sus familiares, amigos, vecinos, comunidad es la memoria, la vida de una defensora de los derechos de los pueblos, de una militante del Partido Comunista desde la juventud, que se sumo a los sueños, algunos construidos en la región, desde la militancia en la Unión Patriótica. Y en los últimos años, liderando desde la Junta de Acción Comunal, la afirmación de los derechos de los campesinos a un territorio, a la vida y a la dignidad, muriendo como defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de los pueblos.

La familia de MARIA LUCERO HENAO era una de las diez familias que se mantuvo en el caserío Puerto Esperanza, después de la incursión paramilitar del 2 de agosto del 2002 en la que los armados de la estrategia paramilitar con la complicidad del Batallón 21 Vargas obligaron a desplazar a sus pobladores. MARIA LUCERO como Defensora de Derechos Humanos y Presidenta de la Junta de Acción Comunal, ante la ausencia de la actuación pronta y oportuna de las autoridades competentes, debió realizar el levantamiento de por lo menos 7 cadáveres de vecinos de su vereda. En varias ocasiones como Defensora de Derechos Humanos MARIA LUCERO HENAO se entrevistó con representantes de delegaciones diplomáticas con asiento en Colombia como la embajada de Austria, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Defensoría del Pueblo para presentarles la grave situación de los pobladores de Puerto Esperanza luego del desplazamiento y de la presencia paramilitar permanente.

A nombre de la comunidad MARIA LUCERO intervino ante Comisión Interinstitucional que visitó la zona en el primer semestre del 2003, relatando los hechos de agresión paramilitar de la que venían siendo víctimas, en medio de la presencia militar que permanecía en la zona.

Las verdades enunciadas por LUCERO siguen vivas, resuenan en la conciencia de los pobladores que resisten en medio de la militarización de la región. Sus palabras siguen vigentes a pesar de procesos de desmovilización o removilización parainstitucional, los campesinos que llegaron al Ariari en búsqueda de tierra donde vivir, donde trabajar, hoy la mayoría de ellos desarraigados, algunos como los que se encuentran en la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, regresando a la región, recuperando y protegiendo sus tierras, tratan de reconstruir junto con los demás pobladores retornados a las veredas, sus proyectos de vida, de sociedad sin exclusión, a partir de la conservación de la memoria de lo sucedido, la memoria y dignidad de MARIA LUCERO, YAMID y decenas de campesinos y campesinas víctimas de crímenes de lesa humanidad.

En la memoria de la juventud cegada de YAMID, nuevas generaciones crecen con nuevas voces que llevan la palabra, la vida, la dignidad y la justicia, por eso en El Meta aún está viva la resistencia, la impunidad no ha sido la última palabra, aún existe la memoria.

Bogotá D.C., 6 de febrero de 2008

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

S.O.S. Por la Vida y la Libertad en Barrancabermeja y la Región del Magdalena Medio

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, ante la grave crisis humanitaria que se vive en la ciudad y la región del Magdalena Medio, la falta de garantías para el ejercicio de las organizaciones sociales como consecuencia de la judicialización y persecución por parte del Estado Colombiano contra los dirigentes populares y teniendo en cuenta los siguientes hechos:

• Que el Batallón Calibio de la XIV Brigada del Ejército, ha desatado una feroz persecución contra los pobladores y pobladoras de la región, al punto que los familiares de las victimas están denunciando asesinatos cometidos por esta fuerza del Estado, como en los casos: de Carlos Mario García de 22 años de edad, detenido por el Batallón Calibio el 25 de Marzo de 2007 en la vereda (ojos claros), jurisdicción del Municipio de Remedios, apareciendo muerto el 26 de Marzo de 2007 cuando fue presentado por la tropa como guerrillero dado de baja en combate; el crimen del campesino Cruz Adelio Brand, en hechos ocurridos el 27 de Junio, quien se desempeñaba en ese momento como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Unión municipio de Yondó, Antioquia, asesinado por soldados del Batallón Nueva Granada y luego lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”. Así mismo, El 28 de Diciembre de 2007, tropas del Batallón Calibio llegaron a la vivienda ubicada en la vereda La Poza, zona rural del Municipio de Cantagallo y detuvieron al campesino Parmenio Manuel Hernández Anaya de 42 años de edad; cinco días después apareció su cadáver en Barrancabermeja, presentado como guerrillero muerto en combate. En hechos similares, el 27 de Enero de 2008 es detenido por el Batallón Calibio de la XIV Brigada del Ejército Nacional, Miguel Ángel Gonzáles Gutiérrez de 23 años de edad en la vereda Puerto Nuevo Ité jurisdicción del municipio de Remedios, según versiones de sus familiares y miembros de la comunidad, apareciendo luego asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate. El 30 de Enero de 2008, fueron muertos por el Batallón Calibio en un supuesto combate, los jóvenes Robinsón Trujillo Márquez y su cuñado, Javier Leonardo Franco Carvajalino; sin embargo, según las denuncias de sus familiares, estos jóvenes trabajaban con el Batallón Calibio, a quienes sacaron de sus casas para luego asesinarlos en el sitio conocido como la Laguna del Miedo, jurisdicción del municipio de Yondó.

• Que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC, ha sido víctima de la más feroz persecución para destruirla; organización que ha venido resistiendo por la defensa del territorio, encontrándose injustamente detenidos seis de sus dirigentes, entre ellos, Andrés Gil, Mario Martínez, Evaristo Mena Rentería, Ramiro Ortega Muñetón, Miguel González Huepa y Oscar Duque.

• Que en Barrancabermeja se ha desatado una ola de amenazas y asesinatos, donde los victimarios actúan con un alto grado de seguridad y con sevicia, al punto que en el primer mes del año 2008 van más 21 personas acribilladas en las calles, sin que el accionar de las autoridades se vea por ninguna parte; ante la inoperancia estatal la autoridad policial tiene como justificación el ajuste de cuentas y otros adjetivos, que atropellan la dignidad de la victima y de sus familiares, enseñoreándose la impunidad en un 100% de los hechos criminales.

Por lo anterior,

Exigimos:

• A las autoridades civiles, militares, la Policía y judiciales, acciones y el cumplimiento de políticas que propendan como lo dice la constitución política de Colombia, garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos de Barrancabermeja y la Región del Magdalena Medio.

• Detener la persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC, organización popular legalmente constituida garantizando el derecho a la libre asociación y a la libertad de sus dirigentes.

• Se realice la investigación penal y disciplinaria por parte de los organismos competentes, para esclarecer la serie de hechos violatorios de los derechos humanos y del DIH, que hoy comprometen al Batallón Calibio de la Brigada Catorce del Ejército Nacional y el Batallón Antiaéreo Nueva Granada, Bagra adscrita a la Brigada V del Ejército Nacional.

Llamamos:

- A la mas amplia solidaridad nacional e internacional para con la ACVC, los campesinos de la región y la población civil de Barrancabermeja que viene siendo victimizada, para que cese el derramamiento de sangre a la que ha sido sometida la población de la región del Magdalena Medio y la ciudad de Barrancabermeja.

- A las organizaciones sociales, cívicas, sindicales, comunales, de derechos humanos, populares y a la ciudadanía en general, para que cerremos filas a los actos de barbarie que se están realizando en las calles de Barrancabermeja, y en unidad exigir, ¡basta ya! tanta impunidad, para que las victimas tengan derecho a la verdad, la justicia, la reparación y sus nombres sean dignificados.

Junta Directiva, Credhos

Barrancabermeja, febrero 6 de 2008

Mientras familiares de retenidos declaran que no marcharán contra FARC-EP, jefes narcoparamilitares apoyan públicamente la marcha.

TeleSUR _ 01/02/08 - 21:10 CCS

Mientras todo parece indicar que los paramilitares participararán en la movilización del lunes, las FARC emitieron un nuevo escrito en el que aseguran que ''la consigna debe ser por el canje humanitario y la paz de Colombia''.

La organización de la llamada "marcha contra el secuestro", prevista el próximo 4 de febrero en varias ciudades colombianas, no carece de contradicciones pues se realizará sin la presencia de los familiares de los retenidos por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mientras tanto, los principales líderes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizaciones con amplio prontuario criminal supuestamente desmovilizadas, manifestaron su apoyo a la manifestación a través de un comunicado y todo parece indicar que participararán en la movilización del lunes.

Los familiares confirmaron este viernes que no asisitrán a la marcha promovida por los medios de comunicación y por el Gobierno colombiano. A cambio, han decidido reunirse el mismo día en una jornada litúrgica, durante la cual rezarán "por la paz y la liberación" de los retenidos.

"Lo prioritario para nosotros es la vida de nuestros seres queridos, y seguimos abogando por el acuerdo humanitario", comentó Marleny Orjuela, presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz).

Orjuela, puntualizó que en Asfamipaz "estamos en contra del secuestro, en contra de todas las formas de violencia, en contra de la guerra, venga de donde venga".

Varios familiares han expresado que esta marcha podría ser contraproducente para la liberación de los retenidos. Sin embargo, Orjuela precisó que "nunca hemos tenido ninguna amenaza para que marchemos o no marchemos".

A pesar de la cruel realidad de las familias privadas de sus seres queridos y en medio de una fuerte politización del evento, los organizadores de la manifestación se contentaron con llamar a marchar "contra las FARC", dejando de lado la reinvindicación del acuerdo humanitario.

Ello pese a que el clamor de las familias afectadas cobró ímpetu tras la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, en un gesto unilateral de las FARC como "desagravio" a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien su homólogo Álvaro Uribe retiró abruptamente de su labor humanitaria.

La revista bogotana Semana señaló este viernes en su portal web que "la marcha fue convocada por un grupo de jóvenes que se declara autónomo y no está 'ni a favor de Uribe', con su iniciativa militarista contra las FARC, 'ni a favor del intercambio humanitario', como solución al problema de la liberación por los secuestrados".

Paramilitares respaldan la iniciativa

Por otro lado, el mismo portal de Semana informó este viernes que dirigentes de las ultraderechistas AUC manifestaron su apoyo a la marcha a través de un comunicado.

"La dirigencia del movimiento nacional de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia hace pública adhesión a la gran manifestación del 4 de febrero contra el terrorismo, la violencia y el secuestro como la más degradante expresión contra la libertad y la dignidad humanas", dice el comunicado firmado por "Macaco", "Jorge 40", Salvatore Mancuso y "HH" entre otros.

La mayoría de estos dirigentes, entre los cuales Mancuso, son autores reconocidos de centenas de asesinatos, masacres y torturas contra civiles en los últimos 20 años, y están sindicados de genocidio y delitos contra la humanidad en procesos aún en curso.

Muchos de esos cargos, no obstante, han sido disminuido en virtud de una ley implementada por los partidarios de Uribe en el Congreso, mediante la cual los acusados se benefician de reducciones de penas como recompensa por su "desmovilización".

Ante la opinión pública, los organizadores del evento se desmarcaron del respaldo de los paramilitares y lo rechazaron. "Desde el comienzo dijimos que estamos en desacuerdo con cualquier forma de violencia de todos los actores del conflicto. Y desde luego, no comulgamos con la ideología de las AUC", dijo Carlos Andrés Santiago, uno de los promotores de la marcha contra las FARC.

Familia de Betancourt tampoco marchará

Por su parte Astrid Betancourt, hermana de Ingrid Betancourt, dijo recientemente en Ginebra, Suiza, en torno a la marcha que "nosotros (los familiares de la ex candidata presidencial) no marcharemos, ya que las FARC, además de no ser un grupo terrorista, sabemos perfectamente que ésta es una jornada organizada por el propio Gobierno colombiano y sus amigos".

La hermana de la retenida franco-colombiana agregó que la intención del Gobierno de Álvaro Uribe con este evento es "esconder toda una serie de situaciones anómalas y graves de corrupción y acusaciones de vinculaciones de varios congresistas, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos gobiernistas colombianos con los paramilitares".

Estimó que esta manifestación "no busca marchar contra todas las formas de violencia. Y si no es así ¿porque no marchan contra la violencia paramilitar y de Estado que también se vive y que ha cobrado y viene cobrando miles de victimas?", preguntó.

Astrid Betancourt expresó que a su juicio, "las FARC no son un grupo terrorista, son un grupo rebelde alzado en armas contra el Estado colombiano". Y, si bien no comparte algunos de sus métodos de lucha, tampoco puede catalogarlos de terroristas como hasta ahora el presidente Uribe ha tratado de hacerlos aparecer ante los colombianos y la comunidad internacional.

"El (Álvaro Uribe) no quiere, ni busca, ni le interesa que los retenidos regresen con vida, tampoco que los presos políticos salgan de las cárceles, sólo le interesa que nos devuelvan cadáveres en libertad".

FARC: Marcha es de los medios y del Gobierno

En un comunicado difundido por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) resaltaron este viernes que "los familiares de los prisioneros de guerra, los verdaderos dolientes, los nunca escuchados ni por Uribe ni por Washington, no asistirán a esa marcha politizada del 4 de febrero, surgida de la estrategia contrainsurgente del Estado.

En este documento, los firmantes Iván Márquez y Rodrigo Granda califican la manifestación del 4 de febrero de "marcha hacia el tercer período" del presidente Uribe.

El grupo insurgente subraya también el papel de los medios de comunicación en la promoción del evento.

"La marcha uribista, de RCN, Caracol, El Tiempo, los narco-paramilitares, algunos obispos, los grandes empresarios, los manipuladores de la opinión, los guerreristas y enemigos del canje humanitario y de la paz, en su recta final ha desencadenado un ineludible alud de cuestionamientos alrededor de su verdadero propósito", expresó la guerrilla.

Los voceros de las FARC enfatizaron que "las centrales obreras y muchas organizaciones políticas y sociales de Colombia optaron por deslindarse del grupo organizador asistido logísticamente por el Gobierno, y realizar con independencia sus manifestaciones por el canje y la paz".

De hecho, la Unión Sindical Obrera de Colombia informó que ha sentado su postura oficial de no marchar el 04 de febrero "por ser una iniciativa en contra del acuerdo humanitario, en contra de las posibilidades de acercamientos hacia la solución política y negociada del conflicto social y armado en Colombia".

El sindicato calificó el evento de "marcha de los odios y de la intolerancia" y que estimó ser "una marcha promovida por el Gobierno guerrerista y parapolitico de Álvaro Uribe Velez".

El comunicado de las FARC también va en el sentido de respaldo al canje humanitario. "La consigna debe ser por el canje humanitario y la paz de Colombia", dice el texto publicado por ABP en su página web, "como lo enarbolan los familiares de los prisioneros de guerra en poder de las partes contendientes".

Finalmente el grupo insurgente reiteró que el camino del intercambio humanitario es el despeje militar de Pradera y Florida. "Si el sufrimiento del cautiverio se ha prolongado injustificablemente por 5 años, ha sido por la inhumana intransigencia y el orgullo vano del presidente Uribe, quien además se burló de todas las mediaciones y pateó la más eficaz, la del presidente Chávez" puntualizó.

1.CONTEXTO HISTÓRICO. EL TERRORISMO DE ESTADO PARA ELIMINAR LA OPOSICIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (DOSSIER DD. HH. COLOMBIA)

En Colombia la violencia es un fenómeno histórico y socio – político, impuesto por la clase dominante para defender privilegios e intereses. Los sectores populares no han hecho sino resistir a la violencia de las elites[i], desde la resistencia indígena a la conquista española, pasando por la protesta de los Comuneros del Socorro[ii], hasta la gesta liderada por Simón Bolívar, también víctima de la intolerancia de la oligarquía. En 1825, tras 14 años de guerra, Bolívar comenzó a concretar su ideario político decretando, como mando supremo de la recién nacida República del Perú: la igualdad de los ciudadanos como base de la constitución de la república, legislando el trabajo y el reparto de tierras para los indios, la educación uniforme y general para el pueblo como obligación del gobierno y otras normas que asustaron a los sectores privilegiados. Además, en 1826 Bolívar convoca la primera conferencia hemisférica, el congreso de Panamá, para caminar hacia la unidad latinoamericana. Por ello sufre un atentado el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá. Los conspiradores eran santanderistas[iii], contrarios a la unidad. La tuberculosis le hace renunciar al poder en 1830. El Mariscal Sucre, presidente del Congreso Admirable[iv], que compartía su ideario político fue asesinado en junio de 1830 por los mismos conspiradores que le percibían como sucesor de Bolívar. Tras la muerte de Bolívar, sus enemigos disuelven la Gran Colombia (1831) en Nueva Granada (después Colombia), Venezuela y Ecuador[v].

La historia de Colombia está llena de sangre de quien exija justicia social, derechos y libertades. En 1914, en Bogotá, asesinaron al caudillo liberal Rafael Uribe, quien afirmaba que “el liberalismo debía beber en las canteras del socialismo”. En la década de 1920, los movimientos sindical, campesino e indígena sufrieron exterminio y represión. Un ejemplo es la “Masacre de las Bananeras” (o de Santa Marta). El 6 de diciembre de 1928 trabajadores de la United Fruit Company, después de un mes de huelga, acudieron en masa (hombres, mujeres y niños) a reunirse con el gobernador del Magdalena en la estación de Ciénaga. El ejército estaba emplazado en el sitio. Tras horas de espera, las fuerzas armadas dieron orden de desalojo y, después de 5 minutos, el General Cortés Vargas dio la orden de abrir fuego. En telegrama enviado el 16 de enero de 1929 del Consulado de EE.UU. en Santa Marta a la Secretaria de Estado indicaban que los muertos excedían de 1.000. El Gral. explicó que dio la orden para evitar una invasión de EE.UU. en defensa del personal estadounidense de la United. En el Senado, el líder de una facción izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán denunció la masacre y replicó al Gral. que esas balas debían dirigirse contra el supuesto invasor.

Gaitán, elegido representante de la cámara en 1928, consiguió el apreció de los sectores populares. Desde el Partido Liberal abogó por la reforma agraria y el fin del latifundio. Tanto Gaitán como el Partido Comunista Colombiano (PCC) desde 1947 denunciaban que el Ejército y bandas de “pajaros” (matones pagados por latifundistas que más tarde por su relación con el ejército les llamarán Paramilitares) estaban asesinando a campesinos. Ospina Pérez, conservador, había ganado las presidenciales, pero en las elecciones al Congreso del 16 de marzo de 1947 Gaitán, liderando al Partido Liberal, logra mayoría absoluta y se convierte en candidato presidencial. El 9 de abril de 1948 fue asesinado[vi]. Su muerte provocó una movilización general y espontánea del Pueblo (el bogotazo). Primero Ospina y, después, Laureano Gómez (que sucede a su compañero de partido tras unas elecciones sin contrincante liberal) desatarán una ola de terrorismo y asesinatos que alcanzará la cifra de 300.000 víctimas en 5 años (1948 – 1953)[vii]. Otros autores hablan de 200.000[viii]. Los liberales gaitanistas son perseguidos a muerte y terminan creando guerrillas para resistir, igualmente los militantes campesinos del Partido Comunista. El Gral. Gustavo Rojas Pinilla da un golpe al conservador Laureano Gómez, cuando éste impulsaba un proceso de reforma constitucional para dotarse de poderes dictatoriales. En un principio Rojas Pinilla tiene apoyo de sectores conservadores y liberales, pero al formar una tercera fuerza política sustentada en una alianza de trabajadores, clases medias y militares (Movimiento de Acción Popular) se ganó el odio de los partidos tradicionales que usarán sus periódicos en una oposición feroz. Rojas ofrece a los liberales gaitanistas una amnistía que aceptan y se incorporan legalmente a la vida política. Meses después cientos de líderes y mandos guerrilleros liberales desmovilizados, como Guadalupe Salcedo (1957), son asesinados[ix].

La guerrilla comunista de origen campesino no creyó en la amnistía de Rojas Pinilla y mantuvo la resistencia armada.

Cuando la Asamblea Nacional Constituyente con mayoría de partidarios de Rojas lo reeligió en abril de 1957, la oposición pasó a un plano más agresivo. Ante la amenaza de la nueva fuerza política, jefes liberales y conservadores pactan repartirse el poder en partes iguales y alternarse en la presidencia. En mayo de 1957 una junta militar se hace con el poder y Rojas renuncia para evitar violencia. La Junta reforma la Constitución para que los partidos tradicionales se alternen en el poder durante 12 años, pero realmente serán 16[x], unidos en el llamado Frente Nacional. Rojas se exilia.

En 1964 el gobierno del Frente Nacional, declara zonas de subversión comunista a las comunidades campesinas de Marquetalia, Villarrica, Río Chiquito, El Pato y El Guayabero. El ejército lanza contra ellas una gran operación de exterminio con 16.000 soldados, dentro del Plan LASO del Pte. Johnson de EE.UU. La represión hizo crecer a la guerrilla, constituyendo los grupos dispersos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP, 27.05.1964) con un mando central y un programa político cuyo eje principal es el reparto de la tierra[xi]. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es otra guerrilla izquierdista fundada por el sacerdote Camilo Torres Restrepo que muere en combate en 1965. Rojas vuelve del exilio en 1962 y funda ANAPO (Alianza Nacional Popular) y tras presentarse el 19 de Abril de 1970 a las presidenciales denunció fraude. Algunos de sus partidarios fundan el M – 19 en 1974 (Movimiento 19 de abril, en alusión a las elecciones fraudulentas) que adopta tácticas de guerrilla urbana.

Durante la década de los 60 y los 70 continuaron los asesinatos selectivos y masacres de dirigentes del Partido Comunista y la Unión Nacional de Oposición (UNO)[xii].

El 28 de marzo de 1984 el gobierno de Belisario Betancur firmó los acuerdos de la Uribe con la dirección de las FARC-EP. Se pacto reformas políticas, sociales y económicas y el cese de hostilidades, también condiciones para que los guerrilleros desmovilizados pudieran ejercer libertades políticas. Está esperanza de paz y libertad entusiasmó a muchas personas de la izquierda colombiana, campesinos, intelectuales, sindicalistas, militantes de distintos partidos y guerrilleros desmovilizados dieron la cara públicamente para presentar un movimiento político de izquierdas: la “Unión Patriótica (U.P.)”. Los hacendados pusieron fuerte oposición al diálogo gobierno – guerrilla. Creció el paramilitarismo y la guerrilla se retiró a sus zonas de control acusando al ejército de no cumplir el alto el fuego. La U.P. creyó en el compromiso del gobierno de respeto a las libertades públicas, pero entre mediados de 1985 y 1986 fueron asesinadas por paramilitares y Fuerzas Armadas 206 personas vinculadas a la U.P.: 3 miembros del Congreso de la República; 1 diputado; 11 concejales; un magistrado; dos candidatos a corporaciones públicas; 7 presidentes, 37 dirigentes y 17 activistas de Juntas Patrióticas; 69 militantes de base; 24 exguerrilleros (desmovilizados) y 34 simpatizantes de la U.P. Desde 1985 hasta la actualidad hay fuentes que computan más de 5000 personas asesinadas por su vinculación a U.P. [xiii], el Catedrático y Director del Semanario Voz, Carlos A. Lozano Guillén, invitado por el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos a las jornadas sobre el neoliberalismo en América Latina celebradas en Tenerife en 2004, denunció en una publicación del año 2000 más de 3.500 asesinatos[xiv] de dirigentes y militantes de U.P. También el desplazamiento o exilio forzado de una cifra indeterminada de su base social. La Oficina del Ombudsman en un informe especial señaló que de los numerosos actos violentos cometidos contra la U.P. entre 1985 y 1992, tan sólo en 4 casos la justicia colombiana había dictado sentencias condenatorias. Impunidad Total. Los sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos de la U.P. han tenido que recurrir a instancias internacionales. La Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) ha admitido el caso 11.227 donde examina este proceso de exterminio a solicitud de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas.

Posteriormente, otras negociaciones entre gobierno y guerrilla siempre han sido saboteadas por sectores de ultraderecha (fuerzas armadas, terratenientes, narcoparamilitarismo …). Por ejemplo, cuando Andrés Pastrana en 1999 dialoga con las FARC – EP sobre construcción de un Estado Democrático y Social, protección de Derechos Humanos, reforma agraria y reforma judicial (lucha contra narcotráfico y corrupción), entre otros asuntos, acuerdan la realización de un Foro Internacional con representantes de gobiernos europeos, Centroamérica, el Vaticano y los EE.UU. sobre medio ambiente y cultivos ilícitos, incluyendo una visita a Cartagena de Chairá, municipio propuesto por la FARC – EP para experiencia de erradicación de cultivos ilícitos. Para las FARC – EP dichos cultivos son un drama social en muchas zonas rurales donde los campesinos sólo tienen ese medio de vida por lo que su erradicación requiere la existencia de alternativas. La cúpula militar, el Departamento de Estado de EE.UU., el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y la SIJIN (Seccional de Policía Judicial) se opusieron al Foro planificado para el 29 y 30 de mayo de 2000. A mediados de mayo asesinaron a Elvia Cortés en Chiquinquirá con un collar bomba. Inmediatamente el Director de Policía Nacional, Rosso J. Serrano y el Ministro de Defensa, Luís F. Ramírez, a través de los medios de comunicación, se lo atribuyeron a las FARC – EP, que no opera en dicha zona como reconocieron las autoridades locales y habitantes. La guerrilla desmintió rápidamente la acusación. Más tarde la Dirección Nacional del CTI, la familia de Doña Elvia y el propio Fiscal Alfonso Gómez Méndez, afirmaron que no había ningún indicio que involucrara a las FARC. El Alto Comisionado de Paz, Camilo Gómez hizo una tajante declaración reconociendo que las FARC-EP eran ajenas al crimen. El Gobierno terminó reconociéndolo[xv], pero por la exigencia del Dpto. de Edo. de EE.UU. suspendió el Foro sobre cultivos ilícitos. Pastrana anunció el Plan Colombia (3 batallones antinarcóticos, entrenados y equipados por fuerzas especiales de EE.UU, 60 helicópteros y 1300 millones de dólares para gasto militar). Las negociaciones de Paz entre el Gobierno y las FARC se rompieron el 20 de febrero de 2002.

Rompiendo el ciclo histórico de liberales y conservadores, el independiente Álvaro Uribe llega a la Presidencia el 26 de mayo de 2002. Sus opositores denuncian la entrega del control de entidades públicas a los grupos narcoparamilitares, beneficiados con leyes que les dan impunidad mientras siguen cometiendo crímenes.

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[i] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 51. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[ii] La insurrección de los comuneros fue un levantamiento armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en los años 1780 y 1781 como consecuencia de la imposición de nuevos impuestos para financiar la guerra de España contra Inglaterra. Marcharon 6000 personas desde la ciudad de El Socorro hacia Santa Fe (hoy Bogotá), por el camino se agregaron voluntarios llegando a 15000. Las autoridades se vieron obligadas a negociar, rebajaron los impuestos y accedieron a sustituir en ciertos cargos a españoles por latinoamericanos. El Virrey incumplió lo pactado y mandó un regimiento para aplastar la sublevación. Entre los cabecillas fusilados estaba José Antonio Galán, quien había declarado la libertad de los esclavos en las minas de Malpaso. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%C3%B3n_de_los_comuneros.

[iii] Partidarios del General Francisco José de Paula Santander, hijo del terrateniente Juan Agustín de Santander. Lucho junto a Bolívar por la Independencia de la Nueva Granada, pero terminó enfrentándose a él. Cuando Bolívar convoco el congreso de naciones hispanoamericanas en Panamá, Santander invitó a los Estados Unidos, hecho que disgustó a Bolívar. Santander lideró a un sector que estaba por la disolución de la Gran Colombia. Fuente: http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/personajes/santander.html

[iv] Será el último Congreso de la Gran Colombia. Era un Congreso Constituyente que se reunió entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1830 en la ciudad de Bogotá para elaborar una Constitución y salvar la unidad. Estaba presidido por Antonio José de Sucre. Mientras se desarrollaba el proceso de desmenbramiento de la Gran Colombia, desconociendo José Antonio Páez a la autoridad de Bogotá. Fuente: http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/congresos/congadmi.html.

[v] Wikipedia. Enciclopedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar

[vi] Wikipedia. Enciclopedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3A9cer_Gait%C3%A1n

[vii] “Colombia: Terrorismo de Estado, Narcotráfico e Imperio versus Pueblo y Guerrilla” Autor: Miguel Cruz Santos, Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Socialista de Puerto Rico. Publicado en Revista Globalización. Publicación mensual de Economía, Sociedad y Cultura - ISSN 1605-5519- http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg309.htm

[viii] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 53. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[ix] Guía del mundo. Historia de Colombia. http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/col/History.html

[x] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 55. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[xi] “Colombia: Terrorismo de Estado, Narcotráfico e Imperio versus Pueblo y Guerrilla” Autor: Miguel Cruz Santos, Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Socialista de Puerto Rico. Publicado en Revista Globalización. Publicación mensual de Economía, Sociedad y Cultura - ISSN 1605-5519- http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg309.htm

[xii] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.5. Pag.119. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[xiii] El Genocidio de la Unión Patriótica. Por Iván Castro y Claudia Girón Ortiz, Le Monde diplomatique, Mayo de 2005, nº 614. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/genocidio.html

[xiv] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – noviembre 2000. Cap.1. Pag. 53. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.

[xv] ¿Cómo hacer la Paz? 3ª edición – nov 2000. Cap.8. Pag. 189. Autor: Carlos A. Lozano Guillén (Catedrático Universitario, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Director del Semanario Voz. Email: vozcaloz@unete.com). Editorial Prince.