Colombia: presidencia delictiva

Senadora de la República

Editorial la Jornada

Tras haber permanecido refugiado por más de 12 horas en la embajada de Costa Rica en Bogotá, en espera de respuesta a una solicitud de asilo que finalmente fue rechazada por “improcedente”, el ex senador colombiano Mario Uribe Escobar, primo del presidente de su país, Álvaro Uribe Vélez, fue arrestado la noche del martes por sus presuntos nexos con la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en uno de los más notables escándalos a raíz de las pesquisas judiciales en torno a la llamada parapolítica.

Unas horas más tarde, el propio jefe de Estado reconoció públicamente que ha sido señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por su posible participación en los preparativos para la masacre en la localidad de El Aro, perpetrada en 1997 por militares y paramilitares que torturaron y asesinaron a 15 campesinos, quemaron sus viviendas y se robaron sus pertenencias. Mancuso informó que ha tenido reuniones, además, con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y con su primo, el vicepresidente Francisco Santos. Aunque Uribe niega su parte en el señalamiento, su declaración parece ser una clara estrategia de control de daños, es decir, ha preferido hacer público el dato él mismo, para evitar que la información se diera a conocer como revelación de la prensa.

A fin de cuentas, ambos datos contribuyen a fortalecer los señalamientos sobre los vínculos familiares y personales del mandatario con los grupos armados ilegales que desde la década de los 70, al amparo de una pretendida “autodefensa” de las acciones guerrilleras, emprendieron una sangrienta campaña de persecución, tortura y asesinato de integrantes de movimientos opositores. Además de los paramilitares, los Uribe han sido acusados de mantener nexos con el narcotráfico. Al respecto, es de destacar el testimonio de Virginia Vallejo, ex amante del desaparecido líder del cártel de Medellín Pablo Escobar, quien afirmó que el difunto narcotraficante había proporcionado su helicóptero para trasladar al padre del presidente colombiano, quien había resultado herido de muerte tras un ataque atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resulta esclarecedor el informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) que describía a Uribe como un estrecho colaborador del cártel de Medellín y “amigo cercano” de su extinto cabecilla Pablo Escobar Gaviria, así como los reportes de prensa de la década anterior sobre el helicóptero que ese capo prestó al hoy presidente cuando el padre de éste fue asesinado.

A mayor abundamiento, Uribe ha sido señalado por recibir, durante su primera campaña presidencial, ayuda financiera de la empresaria Enilse López, sospechosa de relaciones con el narcotráfico, en particular con el cártel de Medellín, y enfrenta una acusación pública por presunto tráfico de cargos.

En suma, los elementos de juicio parecen indicar que Álvaro Uribe es un delincuente y que su equipo de colaboradores y sus círculos político y familiar están estrechamente relacionados con las fuerzas paramilitares de ultraderecha y con el tráfico ilegal de estupefacientes. Tal es el hombre al que Washington defiende como “paladín de la democracia” en América del Sur, el instrumento de la Casa Blanca en las campañas de desestabilización y hostigamiento contra Venezuela y Ecuador: un hombre de la mafia.

En tanto no despeje y esclarezca los abundantes y graves indicios de responsabilidad criminal, de él y de muchos de sus colaboradores, el gobernante colombiano carece del menor margen de autoridad moral y de credibilidad para formular caracterizaciones ofensivas de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por las fuerzas armadas de Colombia en la incursión del primero de marzo contra un campamento de las FARC que se situaba en territorio ecuatoriano. Y, por supuesto, las profesiones de legalismo y espíritu democrático de Uribe resultan, a la luz de su turbio y escandaloso historial, plenamente inverosímiles.