LOS CRÍMENES POR LOS QUE SE INVESTIGA A ALTOS FUNCIONARIOS DEL ANTERIOR GOBIERNO NO PUEDEN QUEDAR EN LA IMPUNIDAD
(Colombia)(Autor: CCEEU)(Fecha: Marzo 5 de 2011)
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red de 230 organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia, expresa su preocupación porque, transcurridos casi dos años desde el inicio del proceso por el uso de la Inteligencia estatal con fines criminales, todavía no se han emitido decisiones contra ninguna persona aforada. Decisiones que contribuirían a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de esos delitos.
CCAJAR Y COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS RECHAZAN CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN CONTRA DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
(Colombia)(Autor: Ccajar)(Fecha: Marzo 5 de 2011)
La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo repudian las acciones de protesta en contra de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña desde hace varios años a las comunidades afrodescendientes en Curbaradó (Chocó) que fueron desplazadas por paramilitares. Después que la restitución de sus tierras ha sido ordenada por la justicia, intereses empresariales que se niegan a restituir las tierras han organizado una campaña de desprestigio en contra de la Comisión Intereclesial.
EXPULSIÓN DE PERIODISTA VULNERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PANAMÁ
(Colombia)(Autor: Cejil)(Fecha: Marzo 5 de 2011)
CEJIL lamenta la actuación de las autoridades panameñas, las cuales expulsaron al periodista español Paco Gómez Nadal y a su compañera Pilar Chato Carral el lunes pasado después de su detención irregular el sábado 26 de febrero.
(Colombia)(Autor: Claudia M Castellanos – Colectivo Luis Carlos Pérez)(Fecha: Marzo 5 de 2011)
Colombia presenta una situación alarmante y confusa, a razón de ser uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo y con un gran potencial en recursos mineros, potencial queamenaza la existencia de ésta gran riqueza natural de nuestra nación colombiana. Uno de los casos más paradigmáticos que representa dicha situación, es sin lugar a dudas el que hoy nos convoca en este auditorio: el proyecto angostura, el cual pretende explotar una mina de oro a cielo abiertoen el Páramo de Santurbán, una de las reservas hídricas más importante para el país, patrimonio natural de la nación y uno de los ecosistemas únicos en el mundo, con altos índices de endemismos y de biodiversidad.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ACLARA QUE SUS FUNCIONARIOS NO VISITARON VEREDAS DE TAME
(Colombia)(Autor: Humanidad Vigente)(Fecha: Marzo 5 de 2011)
Ante la denuncia presentada por los campesinos y campesinas de las veredas Caño Temblador y Caño Camame, zona rural de Tame, a través de Humanidad Vigente, la Defensoría del Pueblo envió una comunicación interna aclarando que a la fecha ningún funcionario ha visitado la zona y por tanto adelantarán las respectivas investigaciones.
(Colombia)(Autor: Asorvim)(Fecha: Marzo 5 de 2011)
“Dicen que llegaron por la parte nororiental de la ciudad. Primero dispararon contra una casita en el barrio Versalles, disque porque allí se refugiaba un guerrillero. Fue entonces cuando se dirigieron hacia el barrio Provivienda al bazar donde estábamos reunidos, sólo una hora bastó para que el Panadero y su grupo paramilitar en complicidad con miembros del ejército nacional, asesinaran a ocho personas, desaparecieran a dos y dejaron como sobrevivientes otras dos”
"El Colectivo de Abogados es una Organización No Gubernamental que trabaja por la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia. El Colectivo no se hace responsable por los artículos y textos difundidos, cuya autoría provenga de fuentes diferentes a nuestra organización de derechos humanos."
Los uniformados estaban vinculados al proceso como supuestos determinadores de tres homicidios ocurridos el 5 de agosto de 2004, en Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca).
Al considerar que no hay pruebas materiales suficientes, un fiscal de Derechos Humanos precluyó la investigación contra el coronel Luis Francisco Medina, y de los mayores Hisnardo Alberto Bravo Zambrano y Eduardo Castillo Arbeláez, adscritos al Batallón Reveis Pizarro.
El fiscal compulsó copias, sin embargo, para investigarlos por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Medina era el comandante del Batallón, Bravo fue jefe de operaciones, y Castillo estaba encargado de la sección de inteligencia.
Según la investigación, una patrulla del Ejército sacó de una vivienda y asesinó a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Las víctimas fueron presentadas como integrantes del ELN.
Por este caso hay tres uniformados condenados a 40 años de cárcel y un particular: Daniel Caballero, quien sirvió de informante.
Los uniformados estaban vinculados al proceso como supuestos determinadores de tres homicidios ocurridos el 5 de agosto de 2004, en Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca).
Al considerar que no hay pruebas materiales suficientes, un fiscal de Derechos Humanos precluyó la investigación contra el coronel Luis Francisco Medina, y de los mayores Hisnardo Alberto Bravo Zambrano y Eduardo Castillo Arbeláez, adscritos al Batallón Reveis Pizarro.
El fiscal compulsó copias, sin embargo, para investigarlos por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Medina era el comandante del Batallón, Bravo fue jefe de operaciones, y Castillo estaba encargado de la sección de inteligencia.
Según la investigación, una patrulla del Ejército sacó de una vivienda y asesinó a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Las víctimas fueron presentadas como integrantes del ELN.
Por este caso hay tres uniformados condenados a 40 años de cárcel y un particular: Daniel Caballero, quien sirvió de informante.
Lima, 05/06/2009 (CNR / La Haine) -- Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.
En diálogo con la CNR contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.
Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros, fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.
La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.
Impiden recoger heridos y cadáveres
Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.
“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.
Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó a la CNR, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.
Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en la represión policial en Bagua y Jaén.
Situación en la carretera Belaúnde luego de la represión de la madrugada:
50 pobladores muertos
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
Por su parte, el dirigente indígena Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitó a la Policía Nacional que deje de intervenir violentamente a los nativos apostados en la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, porque ellos no están armados.
"Sólo tenemos nuestras lanzas que son simbólicas, ¿de donde vamos a tener armamento?, los que emplean armas pesadas son ellos (los policías) por eso pedimos que nos dejen de atacar".
Los reportes de prensa comercial desde el Perú dan cuenta de la muerte de "varios nativos". Sin embargo otras informaciones más cercanas al activismo indígena muestran una lista con 35 nombres confirmados de indígenas asesinados por los represores.
La respuesta popular
La respuesta popular
Policía muerto
Informes desde Bagua afirman que 38 policías que custodiaban la Estación N°6 de Petro-Perú (petrolera privatizada), en el distrito de Imaza, en Bagua, han sido retenidos por nativos. Al parecer, un funcionario de la empresa también estaría en calidad de rehén.
El gobierno y los medios burgueses hablan de al menos 11 policías muertos, pero medios cercanos al activismo dejan la cifra en 7 policías ejecutados por la violencia popular. También se comenta que uno de las bajas policiales habría muerto por disparos realizados desde tierra contra uno de los helicópteros que se dedicaba a masacrar a la población.
En Bagua la táctica utilizada por el pueblo en algunos momentos era rodear a un grupo de represores y esperar a que se les acabe el parque. No se les permitía salir del encierro ni la llegada de refuerzos, y cuando los policías empezaban a juntar piedras a falta de otro elemento represivo, el pueblo atacaba.
Vídeo sobre la resistencia en Bagua (calidad deficiente)
Bombardeo desde helicóptero
Periodistas de la zona informaron que anoche (viernes) numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo.
Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muertos por la policía cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos.
Con premeditación y alevosía, la policía buscó como uno de sus primeros blancos al líder awajún Santiago Manuim, a quien asesinó en los primeros momentos de la represión. Aquí lo vemos en una entrevista:
No podemos quedarnos con la noticia de la violencia sin buscar las causas. El siguiente artículo es esclarecedor.
Alan García: coletazo del neoliberalismo.
Desde la firma del TLC hasta la masacre
Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL
Antecedentes del conflicto
En realidad el proceso que dio origen a estos enfrentamientos, nace con la decisión del gobierno peruano de firmar el TLC ( Tratado de Libre Comercio ) con el gobierno norteamericano a pesar de la fuerte oposición de diversos sectores productivos del país que temen por las consecuencias del pacto. Luego, Alan García solicitó al Congreso permiso para legislar (emitir decretos para implementar el TLC). En agosto y setiembre del año pasado, laAsociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP -que agrupa a 1350 comunidades nativas, inicia una movilización denunciando medidas oficiales que “abrirían las puertas a la explotación de los territorios amazónicos” y dispone las primeras movilizaciones. A pesar de los pedidos de diálogo, en el Congreso las promesas de formar comisiones especiales se reiteran pero no llegan a concretarse. Y en abril pasado, las comunidades indígenas amazónicas, se declaran en estado de alerta ante algunos decretos que a su juicio, ponen en riesgo las regiones naturales donde están asentados y abren las puertas a las transnacionales madereras, mineras, etc.
El Comité de Lucha Provincial Condorcanqui – Amazonas, publica a mediados de mayo una “carta abierta al gobierno central”que en uno de sus párrafos expone: “ El bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro Buen Vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen es nuestro sentido y cosmovisión como Pueblo Indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua. Por eso nuestra lucha forma parte de la defensa de la supervivencia de la humanidad ahora que el planeta está en crisis de cambio climático.”Más adelante, el mismo documento planteaba al gobierno de Alan García que humanizara suspolíticas“anteponiendo los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, antes que los intereses privados de pequeños grupos de poder económico cuyo único afán es maximizar sus ganancias a todo costo.”
El presidente afirmó que "400.000 indígenas no pueden decidir sobre recursos que pertenecen a millones de peruanos". Y añadió que derogar el decreto 1090 "atentaría" contra el acuerdo firmado con Estados Unidos. El hecho de que Alan García se ampare en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos para justificar sus decretos que ponen en riesgo los recursos naturales de la Amazonia, ha encendido los reclamos de amplios sectores sociales peruanos. El mes pasado, dos abogados de los movimientos que defienden el medio ambiente y los recursos naturales en la provincia amazónica de San Martín, lograron un inesperado fallo de la Corte Constitucional que suspendió tareas de exploración petrolera por una empresa transnacional.
La concesión de explotación petrolera en la región que tiene el tamaño de Puerto Rico, le pertenece a un consorcio transnacional, conformado por la compañía canadiense Talisman Energy, que cuenta con la mayoría accionaria con el 40% ; la española Repsol y la brasileña Petrobras tienen 30% cada una. La Amazonia es una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Y más del 70% de esa superficie está dividida en concesiones otorgadas para exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. Hay en Perú aproximadamente un centenar de compañías mineras y extractivas y 600 proyectos.
También en mayo, miles de mineros artesanales tomaron varias carreteras del país y paralizaron las avenidas de Lima. La movilización fue en rechazo del Decreto Supremo
005-2009 donde se criminalizaba la actividad de los mineros artesanales. Estos denunciaron el decreto como una de las leyes promovidas por las transnacionales, y vinculadas también con las exigencias del TLC firmado con Estados Unidos. El gobierno pidió una "tregua" y el levantamiento de las medidas. La organización nacional que les agrupa, dió un plazo de 30 dias al gobierno para que rectificar esas leyes.
Por su parte, la vigilia y las movilizaciones pacíficas de los pobladores amazónicos se prolongaron durante más de 50 dias. En su transcurso las comunidades hicieron bloqueos de carreteras y reclamaron insistentemente que el gobierno cumpliera sus compromisos de estudiar la derogación de algunos de los decretos objetados por ser lesivos al entorno natural de los pueblos indígenas.
Las cartas y mensajes al Congreso no tuvieron una respuesta efectiva. Los reclamos estaban cargados de argumentos, pero también de razones legales. Las comunidades denunciaban el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que oportunamente fuera ratificado por Perú y que obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier legislación o decisión gubernamental que afecte sus intereses. Incluso algunos legisladores peruanos calificaron de inconstitucionales los decretos aprobados por Alan García. Esos congresistas afirmaron que los decretos favorecen la "extranjerización" de la tierra y de sus recursos.
En el transcurso de esas casi nueve semanas, no hubo más que dilaciones y ningún gesto efectivo del gobierno hacia las demandas indígenas que pacíficamente seguían esperando ser escuchados.
El gobierno ordena reprimir
El pasado viernes 5, cumpliendo órdenes del gobierno, unos 600 efectivos de la DINOES(Dirección Nacional de Operativos Especiales) - fuertemente pertrechados -intervinieron a las cinco de la madrugada contra miles de miembros de las comunidades indígenas que cortaban la carretera panamericana en la zona conocida como Curva del Diablo en proximidades de la población de Bagua.En las operaciones se utilizaron también tanquetas y el apoyo de un helicóptero, desde el cual -según relataron dirigentes indígenas y pobladores - se hicieron disparos contra los manifestantes. Estos, como se advierte en las fotos y en las secuencias filmadas, estaban en su mayoría armados con lanzas y flechas.
La confrontación fue violenta, e inicialmente dejó un saldo de 15 indígenas y 7 policías muertos. Pero otros sucesos, como el secuestro de un grupo de una treintena de policías por cientos de indígenas derivaron en nuevos enfrentamientos. Las cifras oficiales y las que manejan las comunidades indígenas son muy diferentes.Todos admiten que los muertos superarían el medio centenar, aunque no todos los cuerpos han aparecido. El gobierno decretó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba.
Hay comunidades que han denunciado que fuerzas especiales han retirado cadáveres e incluso se han llevado heridos que estaban en los hospitales de las localidades próximas. Hay indígenas desaparecidos que podrían haber sido víctimas de traslados extrajudiciales a la Base Militar “El Milagro”, próxima a Bagua.
Es difícil encontrar cifras fiables, pero hay al menos 169 heridos, y decenas de detenidos. Amnistía estima que hay 79 detenidos que no se sabe que trato están recibiendo, que cargos se les imputan y si tienen asistencia médica o letrada. La misma organización internacional indica que dispone informes "del uso excesivo de la fuerza por la policía y de casos de agentes secuestrados y muertos por miembros de las comunidades indígenas." Mientras tanto, Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica que representa a 1.350 comunidades amazónicas, pidió y obtuvo asilo político en la embajada de Nicaragua en Lima. Varios de los dirigentes de las comunidades indígenas son buscados por la policía y actúan en la clandestinidad. La región ha sido militarizada, incluso hay áreas que han sido cercadas y vedadas a la prensa o a representantes de organismos de derechos humanos.
Condenan la masacre
Diversas organizaciones sociales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresaron su rechazo a la intervención policial, y condenaron lo que califican de
“matanza ordenada por el gobierno del presidente Alan García”. Desde movimientos, sindicatos y diversas corrientes políticas se exige al Congreso de la República, la derogación inmediata de los decretos que califican de inconstitucionales” y reclaman que se retome el diálogo.El presidente dice que era imprescindible “restituir el orden en la zona”, y al menos en principio, insistió en que no se modificarán ni la Ley Forestal ni otros decretos que abren la Amazonia a la explotación de las transnacionales.
El gobierno ha intentado contrarrestar las protestas con un video publicitario que recuerda a los de las dictaduras militares de los años 70. Allí,con imágenes de violencia y locución solemne,se proclama que los indígenas "son subversivos y van contra los intereses de la mayoría de los peruanos." “Así actúa el extremismo contra Perú” es la frase inicial, mientras muestra la imagen de los policías muertos en los enfrentamientos. El locutor define a los nativos amazónicos como “salvajes”, “asesinos feroces” y “extremistas” que siguen “consignas internacionales” para “detener el desarrollo del Perú” e impedir que el país “disfrute de su petróleo”. Este aviso sostiene que no hubo represión policial ni enfrentamiento, sino un “asesinato salvaje de policías humildes”. La propaganda oficial, reiteradamente difundida por los medios públicos y privados, generó numerosas protestas, no solo de las comunidades amazónicas, sino de diversas organizaciones de la sociedad civil. Incluso, fue el detonante para la renuncia de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, quien no ocultó sus diferencias con los métodos represivos con los que Alan García afrontó el conflicto amazónico y comunicó su inmediato abandono del gobierno.
Por su parte, Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos ( APRODEH ) afirmó que el gobierno peruano tiene la mayor responsabilidad en los sucesos del viernes 5 de junio en Bagua. Dijo que el primer ministro Yehude Simon y la ministra del interior, Mercedes Cabanillas deberían renunciar a sus carteras como lo hizo Carmen Vildoso, para "ir calmando las aguas". Definió que la represión ordenada por el Ejecutivo, podía calificarse "como una intención genocida y una actitud dictatorial y criminal".
Y añadió: "pero mas allá de la calificación técnica jurídica, acá hay un desprecio por la vida de las personas". Seguidamente afirmó que la actitud gubernamental no es sólo contra “las comunidades indígenas amazónicas o de los civiles, sino de los propios policías”. “Llevarlos a una zona que no conocen, aunque ellos pueden estar armados, pero hay miles de personas que están allí y que obviamente reaccionan y no tienen miedo a las balas y las bombas, que están en su hábitat y defienden sus derechos hasta con la vida”, agregó. El defensor de los DD.HH exhortó al gobierno a suspender de forma inmediata los decretos que permiten la privatización de las tierras amazónicas que son rechazados por las comunidades originarias. Y concluyó afirmando : " la situación sigue siendo tensa, todavía no hay una resolución clara de lo que va a pasar con los decretos legislativos, creo que ese es el centro de las protestas y el centro del problema”, manifestó Jugo.
Clima de tensión y protesta
Los graves sucesos en Bagua, han conmovido e indignado a la sociedad peruana y parecen derivar en la posibilidad de que se conforme en Perú un frente popular contra las medidas neoliberales y las acciones represivas del gobierno de Alan García. Las comunidades mantienen su movilización y bloquean carreteras. Han recibido respaldo y solidaridad de diversas organizaciones sociales, tanto peruanas como de los países vecinos.
Los pueblos indígenas de la Selva Central: (Ashaninka, Asheninka, Yine, Yanesha, Kakinte, Nomatsiguenga y Matsiguenga ) y los Pueblos Andinos y Organizaciones Sociales de la Selva Central, responsabilizaron de los sucesos al gobierno de Alan García. En un extenso documento recuerdan que "vulneró el orden constitucional al aprobar una serie de normas que incluso violan tratados internacionales con el claro fin de despojarnos de nuestros territorios ancestrales y entregar los recursos naturales a las transnacionales." Le reprochan también haber silenciado en los medios de comunicación a la voz indígena en su defensa de sus territorios y de los recursos naturales como los bosques, las aguas y la vida. También le acusan "de haber negado de hecho el diálogo expresa y largamente esperado por nuestra organización representativa AIDESEP, y por el contrario declaró el estado de emergencia suspendiendo las libertades personales y los derechos poíticos en las regiones donde estaba la proesta indígena." Más adelante y refiriéndose siempre al gobierno de Alan García expresa el documento: "lo que sí hizo evidente a lo largo de estos 55 dias de paro amazónico es que su opción es por la defensa de intereses petrolíferos y mineros transnacionales en contra de los de nuestro país y de los derechos de nuestros pueblos, aunque ello le haya significado provocar la masacre con el derramamiento de sangre inocente y las muertes de policías y de hermanos indígenas que no hacían nada más que defender heroica y pacíficamente la vida de nuestros pueblos frente a los atentados contenidos en las normas institucionales de este gobierno que hoy se ha convertido en asesino". Recuerdan luego otros casos similares que se produjeron durante el primer gobierno de Alan García, como el caso Accomarca, en 1985, donde se produjo el asesinato de 62 comuneros incluyendo mujeres, ancianos y niños por una patrulla del ejército; o el el caso de las ejecuciones en los penales de El Frontón y Lurigancho en el que perdieron la vida más de 200 internos por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra reclusos amotinados, una vez rendidos. Exigen el cese de la campaña del gobierno y de algunos medios de comunicación donde se les identifica como "terroristas".
"Señalamos -dicen- que nuestras acciones son en defensa de nuestra vida y nuestra dignidad como pueblos". Concluyen exigiendo la derogación de los decretos legislativos que les afectan, y afirman que "lo único que logrará este gobierno con sus medidas represivas y sus asesinatos es multiplicar nuestra lucha". Comunican que los pueblos indígenas de la selva central iniciarán una jornada de resistencia permanente por la defensa de su territorio ancestral.
Por su parte, la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, decidió por unanimidad realizar un paro indefinido a partir del lunes 15 de juniocontra el decreto oficial que otorga facilidades a las empresas transnacionales. La Federación que representa a 300.000 mineros, expresó también su solidaridad con los indígenas de la región selvática.
Los últimos acontecimientos
Para las próximas horas, se gestaba una huelga general de protesta en la región amazónica y actos en las principales ciudades del país.
Sobre el cierre de esta crónica, el gobierno estudiaba la posibilidad de tratar en el Congreso la derogación o modificación de algunos de los decretos cuestionados y adoptar medidas que pudieran descomprimir una situación social que puede poner en riesgo la propia continuidad de la gestión de Alan García.
Una gran mayoría del pueblo peruano rechaza el rumbo que lleva el gobierno, y parece crecer la resistencia al TLC firmado en enero pasado con Bush ( una de sus últimas "firmas" como presidente de los Estados Unidos ). A la luz de los acontecimientos que se han vivido en los dos últimos meses, otros sectores ciudadanos advierten los riesgos que entraña ese acuerdo para los intereses de los peruanos.
Mientras Alan García pretende "vender" la fábula de la "modernización" como ya lo hicieran antes Sánchez de Losada en Bolivia, o Menem en Argentina, la gente percibe que Perú puede sufrir daños irreparables en su estructura económica, social y productiva y afectar gravemente sus tierras, sus ríos y su selva. Motivos más que suficientes para decir basta y frenar este postrero espasmo neoliberal en el continente.
* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa
En Colombia la violencia ha destruido familias completas, sin embargo la gente sigue luchando...;
Fensuagro | 25-2-2009 |
Es el caso de AIDEE MORENO, dirigente sindical campesina, a quien en los últimos 15 años le asesinaron impunemente a su esposo, a su madre y a su hermano.... ella misma está amenazada de muerte.
Bogotá D.C. 24 de febrero de 2009
Cada vez que veo a mis hijos,Sé que tengo un compromiso con ellos,Denunciar cada vez con más fuerza el asesinato de su padre.EVARISTO AMAYA MORALESHijo, Padre y EsposoAsesinado el 24 de febrero de 199415 AÑOS DEIMPUNIDAD.
En Villavicencio El 24 de febrero de 1994 a plena luz del día, fue asesinado sin piedad el Dirigente Político Evaristo Amaya Morales, fue el primer personero municipal de La Uribe, ex secretario general de la Contraloría y candidato a la Alcaldía de este municipio de Uribe del Departamento del Meta, miembro del Partido Comunista y de la UP, asesinado por los grupos paramilitares.
Evaristo se destacó por ser un hombre íntegro, hombre de luchas inclaudicables como el derecho a la tierra, trabajo con la central pro- vivienda en adquisición de lotes urbanos donde logro obtén la vivienda para sus padres, desde muy joven sobresalió por su gran capacidad intelectual, fue dirigente juvenil, estudió diseño de dibujo, idioma ruso y enfermería, siempre quiso trabajar en el campo, por eso al conocer de cerca el municipio de URIBE Meta, se enamoró de ella y le apostó a ese cambio estructural que necesitaba esa región.
Pero el enemigo de la Paz, construye cada día estrategias de guerra que desde las esferas del sistema son estudiadas, analizadas y puestas en prácticas con miras de arrasar toda expresión de lucha,de movimientos sociales y de izquierda, por eso planearon el exterminio al movimiento político de la Unión Patrióticay del Partido Comunista colombiano, pero sabemos y estamos seguros que nuestras ideologías y nuestro pensamientos jamás podrán acallar, que seguirán naciendo en el mundo y en nuestro país hombres con principios revolucionarios para continuarluchando por esta nuestra patria Colombia.
La lucha continúa y los crímenes no pueden quedarse en la impunidad porque estamos vivos para dar la pelea y para contar la historia a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y jamás se callarán, la verdad se tiene que conocer y la justicia tienen que llegar, nuestro país se tiene que liberar de las balas asesinas.
Hoy no solo recuerdo aEVARISTO AMAYA MORALESTambién Recuerdo aTRÁNSITO IBAGUE DE MORENOMI MADREAsesinada el 30 de septiembre de 20009 años de impunidadAOSWALL MORENO IBAGUEMI HERMANOAsesinado el 3 de septiembre de 20027 años de impunidadPor ellos y por todos nuestros compañeros asesinados, honor y resistencia.¡Viva la memoria de nuestros compañeros!AIDEE MORENO IBAGUEViuda de EvaristoHija de Transito IbaguéHermana de Oswall Moreno
"Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato"
Carta a la Fiscalía 216: OBJECION MORAL Y ETICA
Por Javier Giraldo M. S.J
Bogotá, D. C., marzo 16 de 2009
Sra. PIEDAD ANGÉLICA ACERO
Funcionaria Policía Judicial – Carné 3592
C/O FISCAL SECCIONAL 216
Carrera 29 No. 18-45 Bloque A Oficina CTI Administración Pública
BOGOTÁ, D. C.
Ref: 802316 Fiscal 216. MT
De toda consideración.
Respondo a su oficio fechado el 10 de marzo de 2009, el cual encontré en mi oficina esta semana, en el que me solicita asistir a una diligencia judicial al día siguiente, 11 de marzo, diligencia que no puedo atender por impedimento moral.
Le ruego apreciar las razones que a continuación expongo, las cuales fundamentan dicho impedimento.
Desde comienzos de los años 80, las circunstancias personales y las misiones apostólicas que se me encomendaron, me fueron involucrando progresivamente en organizaciones, grupos y movimientos consagrados a la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales. En ese terreno, los instrumentos jurídicos y la familiarización con los mecanismos judiciales de nuestra sociedad, constituyeron un recurso importante. Sin prejuicios sino más bien con esperanza en que una administración de justicia cada vez más inspirada en valores humanos, éticos, sociales, jurídicos y democráticos, pudiera ayudar a aliviar el sufrimiento de tantas víctimas con las cuales fui entrando en contacto, colaboré intensamente en procedimientos judiciales tendientes a establecer la verdad y a corregir conductas que lesionaban gravemente la dignidad humana de muchísima gente. Sin embargo, a través de estos 29 años multitud de experiencias negativas y aterradoras fueron minando y destruyendo mi fe en la administración de justicia. No solo la impunidad reinante que constituye una afrenta a los muchos miles de víctimas que he conocido, sino el conocimiento directo de los expedientes, de sus mecanismos y de sus trampas que invalidan y contradicen los principios básicos legitimantes de la justicia, fueron sembrando en mí interrogantes, remordimientos, cautelas y repugnancias morales, que poco a poco me llevaron a descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal.
Sólo el testimonio de experiencias concretas vividas puede transmitir la hondura de este impedimento ético. Imposible sería enumerar todas las experiencias que me han llevado a esta ruptura ética, pero sólo describiendo algunas de las que mayores impactos y traumas dejaron en mí, sería comprensible mi posición.
En julio de 1993, una comunidad campesina del centro del departamento deBolívar me pidió intervenir para tratar de impedir una desaparición forzada. Habían presenciado una mañana cómo patrullas del Ejército se llevaron a un joven que trataba de embarcar dos toros en un bote y en la tarde lo vieron bajar ensangrentado y semidesnudo, casi sin poder moverse, arrastrado por soldados que se lo llevaron en una embarcación y no se volvió a tener noticia de él. La impresión que me transmitió la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente. La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Gobierno revelara su paradero, pero afirmando que su detención se había producido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y que las heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención; que él había confesado ser guerrillero y que había sido condenado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías. La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con honestidad, me parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había conocido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. Cuando yo le leía sus “declaraciones” él no salía de su asombro y me aseguraba que se habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho lo que allí estaba escrito. Las torturas fueron reales y le introdujeron en las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes dificultades para caminar. Un médico había firmado una constancia falsa y una abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asistido en el juicio sin haber estado jamás con él. Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múltiples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen falsas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones Unidas.Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Cancillería. Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación.
Uno de los procesos en los que me involucré fuertemente, casi asumiendo el papel de funcionario judicial, fue el del Carmen de Chucurí.En la Comisión que yo coordinaba entonces, de Justicia y Paz, me correspondió recibir a numerosos campesinos desplazados de ese municipio santandereano. Todos relatabandramáticamente la triple alternativa a que eran sometidos: “o se vincula al proyecto paramilitar, o abandona la región, o lo matamos”. Comandantes de la base militar se paseaban por el pueblo en compañía de los líderes paramilitares, cobrando juntos los impuestos para financiar el paramilitarismo. De los buses bajaban a los insumisos para desaparecerlos y asesinarlos y en los mismos carros de la Alcaldía se llevaban a quienes iban a matar para arrojarlos en el remolino de una quebrada que se tragaba los muertos. Contabilizamos centenares de víctimas fatales y millares de desplazados. Todo fue denunciado con grandes esfuerzos de precisión y sistematización ante todas las instancias de la justicia: Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría, Consejerías de la Presidencia, y tras la nueva Constitución del 91: Fiscalía, Defensoría, Vicepresidencia. La intensa interlocución con todas estas instituciones; la gravedad extrema de la situación; la acogida que aparentemente se brindaba a nuestras denuncias, todo nos hacía confiar en que la justicia iba a actuar y en que el Estado iba a proteger a la población, a reparar los daños enormes que había causado y a tomar medidas para que ese modelo paramilitar quedara proscrito. Se nos pidió colaborar en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar y logramos convencer a muchos. Los funcionarios se desplazaban hasta Bucaramanga para no hacer correr a las víctimas demasiados riesgos, y se llenaron muchos cuadernos de pruebas testimoniales que hacían presagiar una acción contundente de la justicia.
Con el tiempo, sin embargo, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que se percibiera resultado alguno. Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato. Recuerdo al Padre Bernardo Marín, el Párroco del pueblo, quien denunció con valentía lo que estaba ocurriendo y el 4 de octubre de 1990 escapó milagrosamente a un atentado, en compañía del Personero, del más cercano colaborador de la Parroquia y del Juez. Al escapar de la muerte fue entonces judicializado mediante montajes infames y aconsejado por su Obispo partió para el exilio donde murió.
Con todo, un proceso penal avanzaba dentro de la “Justicia Regional”, en Cúcuta, que parecía prometer algunos resultados, pero al posesionarse el primer Fiscal General, dentro de la nueva Constitución del 91, avocó a su mismo despacho el proceso; puso en libertad a los dos o tres paramilitares capturados hasta entonces; llamó a rendir versiones libres a todos los militares imputados, con interrogatorios acondicionados para una preclusión que fue inmediata, y luego llamó a un largo interrogatorio al suscrito, quien había puesto el mayor número de denuncias. Desde la primera pregunta comprendí que todo estaba dirigido a invalidar mis denuncias por no haber sido testigo presencial en ninguno de los crímenes, y pude comprobar que al Fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las víctimas sino sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias. Yo me negué a dar los nombres de los denunciantes porque tenía vivo en mi mente el recuerdo de quienes ya habían pagado sus denuncias con la muerte y por ello tuve que recibir un trato altanero y ultrajante por parte del Fiscal General.
Cuando una funcionaria judicial se atrevió a intentar la captura de algunos paramilitares, los militares allí presentes protagonizaron una asonada y le arrebataron a los detenidos, no siendo sancionados ellos sino la funcionaria que intentó capturarlos con todas las formalidades legales. Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes. Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión pública a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medios de prestigio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales destruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica. Cuando la Fiscalía, la Procuraduría, los medios y otras instituciones fueron cerrando filas en solidaridad con militares y paramilitares, el Comandante del Ejército me judicializó por “calumnia e injuria contra las fuerzas armadas”. Me convertí, entonces, en “reo de la justicia” por atreverme a buscar justicia. Al país entero se le vendió la “verdad” de que yo inventaba fantasías sobre proyectos paramilitares avalados por el Ejército y confeccionaba listados imaginarios de muertos, desaparecidos y desplazados. Hubo que esperartrece años, para que al inaugurarse la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, en julio de 2004, los más altos comandantes del paramilitarismo reconocieran públicamente, en sus discursos, que el proyecto paramilitar de El Carmen de Chucurí había sido avalado por el Estado y que éste tenía que reconocer la paternidad responsable del mismo.
El proceso de El Carmen de Chucurí fue denso en lecciones desmoralizantes. A mí me quedó para siempre un profundo cuestionamiento sobre la validez del testimonio en nuestro régimen judicial. Todo nos fue mostrando que los testimonios no producían efecto alguno de justicia, pero el fondo del problema quedó al descubierto un día en que un grupo de cerca de 10 campesinos de la zona cercana al Carmen se vino hasta Bogotá, acompañados por el mismo Inspector de Policía, a denunciar la detención, torturas y asesinato cruel de un poblador, por el consorcio militar – paramilitar. Traían, incluso, la cuerda ensangrentada con que lo habían amarrado y arrastrado hasta un río.El asistente directo del Fiscal General dedicó dos días a recibir los testimonios y al final nos reunió a todos y nos dijo: sus testimonios son muy impresionantes pero, por favor, no se hagan ilusiones; mañana los militares traerán un número igual de testigos para afirmar que todo lo que ustedes dicen es falso, y los testimonios de ustedes quedarán invalidados. Allí encontré la clave que he venido comprobando en lo sucesivo: el testimonio es algo manipulable y por ello la gran mayoría de los procesos buscan hoy día apoyarse en sólo testimonios. En el momento de la evaluación, que en nuestro régimen otorga el más impresionante margen de arbitrariedad al fallador, permite plegarse a las preferencias o intereses del fiscal, del juez o del magistrado.
Pero el testimonio es un “medio probatorio”. Las decisiones se toman de frente a fines, que son las opciones políticas de lo jueces. Nunca olvidaré la llamada de atención del Fiscal General, un día en que, al margen de diligencias procesales, tocamos el tema de El Carmen de Chucurí en su despacho: “hay que tener claro de qué lado se está”, me dijo. No me quedó duda de que él estaba del lado de los militares y de su proyecto paramilitar, y los mecanismos de la justicia, fundamentalmente los testimonios, porque ningún otro medio probatorio fue recurrido, eran simples medios manipulables al servicio de esa opción tomada de antemano: “el lado del cual él está”(pincha aquí para leer el texto completo).
LA CORPORACIÓN JURÍDICA HUMANIDAD VIGENTE INFORMÓ:
El 28 de agosto de 2008, la Procuraduría General de la Nación, despacho del Viceprocurador General, dictó fallo disciplinario DECLARANDO DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE a los militares TENIENTE CORONEL LUIS FRANCISCO MEDINA CORREDOR, CAPITAN LUIS EDUARDO CASTILLO ARBELAÉZ, CAPITAN HIZNARDO ALBERTO BRAVO ZAMBRANO, SARGENTO JUAN PABLO ORDÓÑEZ CAÑON, y losSOLDADOS PROFESIONALES JHON ALEJANDRO HERNÁNDEZ SUÁREZ, OSCAR SAÚL CUTA HERNÁNDEZ, y WALTER LOAIZA CULMA, por su AUTORIA Y RESPONSABILIDAD en el crimen de tres dirigentes sociales de Arauca:HECTOR ALIRIO BUITRAGO, LEONEL GOYENECHE y JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO, quienes fueran ejecutados extrajudicialmente en hechos ocurridos el 5 de agosto de 2004, en el marco de la operación militar Tormenta 1 planeada y dirigida por el TENIENTE CORONEL LUIS FRANCISCO MEDINA CORREDOR, los oficiales de inteligencia y operaciones del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro Capitán HIZNARDO ALBERTO BRAVO ZAMBRANOy ejecutada por los soldados a su mando, quienes para la fecha de los hechos eran miembros adscritos al Batallón Revéis Pizarro de Saravena – Arauca.
Esto es un pequeño logro judicial contra la ola enorme de impunidad. Hasta hace muy poco el gobierno de Uribe segía sosteniendo ante la OIT los informes de los militares que presentaban a los sindicalistas asesinados como guerrilleros dados de baja en combate.
Reflexiones sobre la estrategia del régimen colombiano para someter a la justicia y lograr la impunidad.
[ 08/19/2008] [ Fuente: ALAI-NET ] [ Autor: Manuel Rozental]
El régimen que Gobierna a Colombia, acaba de ser objeto de una comunicación de un Fiscal de la Corte Penal Internacional. Es necesario clarificar que al utilizar el término "régimen" nos referimos a mucho más que el Gobierno presidido por Álvaro Uribe. El régimen incluye la institucionalidad Nacional y transnacional, la estructura y flujo de poder, las políticas que allí se elaboran e implementan, los recursos que maneja y los objetivos que persiguen.
El régimen incluye a las transnacionales que arman, entrenan y financian escuadrones de la muerte (Chiquita Brands y todas las bananeras, Drummond, Coca-Cola, según confesiones de paramilitares y evidencias acumuladas) y que no han sido objeto aún de los procesos de investigación jurídica que se requieren. También incluye a los Gobiernos extranjeros de potencias encabezados por los EEUU, que dictan las políticas e imponen el sentido y propósitos del régimen al servicio de las transnacionales, es decir, el uso y abuso de recursos públicos de estos Gobiernos para acceder a territorios y riquezas para beneficio de las corporaciones transnacionales: Plan Colombia, IIRSA, Escuela de las Américas, iniciativas militares y de inteligencia con el mismo objetivo. El régimen así constituido de manera transnacional y con una estructura de poder vertical al servicio del gran capital, es quien recibe esta carta de la Corte Penal Internacional a través del Gobierno de Colombia.
Veamos:
1. El Fiscal Argentino Luis Moreno, actuando a nombre de la CPI, dice en su carta publicada en el Nuevo Siglo: "Investigaremos de cerca por qué algunos ex paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos", con lo que advierte al régimen que, si la Justicia del régimen ha actuado para impedir que se haga justicia, la CPI tendrá jurisdicción para actuar en este caso y proceder para que se haga justicia.
2. La CPI solicita información sobre la decisión de extradición de paramilitares por parte del Gobierno de Colombia a los EEUU, porque esta decisión parece implicar que criminales de lesa humanidad, los delitos más graves y que deben tener prerrogativa sobre cualquier otro, son transferidos a la justicia de los EEUU para responder por cargos menores. Queda en evidencia la puerta giratoria de la justicia a través de la cual reos acusados por un delito en un lugar de la jurisdicción bajo control del régimen (en este caso Colombia) son transferidos a otro lugar (EEUU) con el efecto inmediato de quitarle a la justicia Colombiana el derecho de juzgarlos o de siquiera poder recoger evidencias y proceder en derecho de acuerdo con los cargos más graves: crímenes de lesa humanidad.
3. El régimen, a través del Presidente Uribe y del Ministro del Interior Valencia Cossio, se ha dedicado en los últimos meses a someter a la Corte Suprema de Justicia y a toda la justicia en Colombia, al poder del Ejecutivo. Específicamente, el Presidente Uribe violó la Convención de Ginebra al utilizar emblemas de la Cruz Roja en la Operación Jaque y mintió al respecto para encubrir la evidencia, extraditó a paramilitares y ha tenido una relación constante desde los niveles más altos, de coordinación y articulación con estas fuerzas del terror. Ante las acciones de la Corte para investigar estos temas y obtener respuestas del Gobierno y del Presidente, este ha lanzado una estrategia integral para desprestigiarla y someterla, lo que ha obligado a la Corte, en días pasados a proceder jurídicamente contra el Gobierno por su abuso de poder. La reforma jurídica propuesta tiene la intención de proteger a los políticos y funcionarios involucrados en la parapolítica ((http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rodrigo-uprimny/columna-y-no-se-hizo-al-reves , http://www.elespectador.com/columna-reforma-judicial-inoportuna-y-oportunista y http://www.senadorrobledo.org/?q=node/382 ).
4. La extradición de los paramilitares, una vez que empiezan a confesar sus crimenes y a destapar la relación entre el paramilitarismo, el Gobierno Colombiano, el de los EEUU y las corporaciones, y el ataque y desmantelamiento de la Justicia y su Corte más alta, tendría como resultado el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de sus autores transnacionales. Quedaría oculto el régimen que utiliza el terror con fines de acumulación, sus responsables al más alto nivel, los mecanismos de mando, decisión, articulación, financiación y sus víctimas. En otras palabras, se habría logrado la impunidad que requiere el proyecto de terror transnacional para lograr sus fines. Logrado esto, la agenda de terror queda en libertad para continuar según lo planificado.
5. Los preparativos para encubrir al régimen se hicieron con anticipación. El 5 de Agosto de 2002, a dos días de entregar la Presidencia a Álvaro Uribe, el Presidente Pastrana, a cargo de sus funciones dentro del régimen y luego de haber comprometido al Estado Colombiano con el Estatuto de Roma de manera que Colombia queda bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, exime a Colombia por un período de 7 años (hasta el 2009) de aplicar el artículo 8 de este estatuto, que incluye los crímenes de guerra. Ese artículo contiene los delitos de lesa humanidad como los cometidos por los paramilitares, el abuso de emblemas como el de la Cruz Roja y las acciones de actores intelectuales al más alto nivel. En otras palabras, Pastrana, preparaba el camino para la impunidad de paramilitares, sus socios y patrones que vendría con el Gobierno Uribe. El régimen se blindaba a través de dos Presidentes a su servicio.
6. El Estatuto de Roma, de 1998, no es firmado por los EEUU, de modo que los crímenes y criminales de lesa humanidad de ese país no pueden ser juzgados por esa instancias. De esta manera, el régimen consolida el blindaje. La CPI no tiene jurisdicción en los EEUU, adonde fueron extraditados los paramilitares y de donde se encuentran los centros de mando del régimen.
7. La agenda que combina el terror y los crímenes de lesa humanidad con legislación coherente con intereses transnacionales y con propaganda encubridora y promotora del proyecto de acumulación, sigue avanzando en y desde Colombia. Las amenazas, desapariciones, torturas, masacres, desplazamientos y terror continuan dentro del país mientras el régimen convertido en modelo desde Colombia se extiende por el Continente y en otras regiones. La impunidad es indispensable de modo que el proyecto y el modelo puedan implementarse al servicio del poder transnacional globalmente. Si la Justicia Colombiana o la CPI descubrieran la verdad sobre la estructura de terror global para la acumulación, el proyecto del régimen estaría expuesto y la justicia impondría su disolución. Un resultado muy amenazador y preocupante para el poder global.
8. En este contexto, la carta de la CPI a través del Fiscal Luis Moreno es una advertencia al régimen a través del Presidente Uribe: o respeta a la Corte Suprema de Justicia y facilita el que se haga justicia desde Colombia de manera profunda e inequívoca, o, se demuestra que está obstaculizando la justicia a través de la extradición y las otras maniobras y por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción en este caso y procederá. Advierte además la CPI, que desde hace años, viene acumulando evidencias en relación con Colombia y el paramilitarismo. La propia legitimidad del régimen es el ámbito de esta carta, aunque por el momento se trate solamente de una advertencia firme.
9. Cualquiera que sea la respuesta del Gobierno Colombiano, se acumulará al expediente que viene creando la CPI y que servirá como prueba frente a los crimenes cometidos, a la obstrucción de la justicia y a que las víctimas sean reparadas, la verdad toda sea conocida y expuesta y la justicia se convierta en realidad para que NUNCA MAS! un régimen transnacional de terror pueda hacer lo que está haciendo para acumular a costa de terror y sufrimiento.
10. Si la Corte Suprema de Justicia puede, como le corresponde, seguir investigando y resolviendo en derecho, el régimen tendrá una piedra en el zapato actuando desde dentro. Si la Corte Suprema es limitada en sus posibilidades y alcances, algo se sabrá y casi todo será encubierto, con lo que se legitima el régimen, el terror continuá y no se hace justicia. Si el ejecutivo somete a la rama judicial, la dictadura del régimen supra y para-uribista se consolida en la ilegitimidad y el poder legal queda en manos de los propios criminales. Este último es el proyecto en curso desde la Presidencia y el Ministerio del Interior. La CPI intenta respaldar a una Corte Suprema de Justicia autónoma y eficaz sumida en un régimen autoritario y transnacional.
11. Si la Corte Suprema de Justicia es debilitada o sometida, la CPI debería intervenir por encima y por fuera del régimen. Si lo hace, no tendrá jurisdicción en y sobre los EEUU, lo que de antemano limita el alcance de sus procesos, pero le permite develar verdades y avanzar significativamente hacia una justicia real para las víctimas. El mayor impacto será el de exponer la existencia, estructura y funciones del régimen transnaionalizado de terror para desmantelar el engaño con el que nos hacen creer en la existencia de Gobiernos autónomos y Presidentes populares para imponernos le crisis económica, el despojo, la exclusión y el hambre.
12. Si los pueblos y la ciudadanía no entendemos esta realidad y no le hacemos seguimiento a estos procesos respaldando la justicia y exigiendo que se haga realidad, seremos sometidos de manera permanente a un régimen que se sirve del terror para despojar y acumular y de la propaganda y el embrutecimiento colectivo para encubrir. Por eso, el New York Times publicó un artículo el 15 de Agosto titulado "Corte investiga a quienes apoyaron a Rebeldes en Colombia" en el que, refiriéndose a la misma carta del Fiscal Moreno, habla de investigaciones de la CPI a quienes respaldan a las FARC, tema que no se menciona para nada en esta carta al Gobierno de Colombia lo que, una vez más, pone en evidencia la estructura del régimen y sus poderes. El aparato de propaganda del régimen, desde el medio más poderoso de los EEUU, distorsiona la verdad, miente abiertamente y procede a encubrir para movilizar la ciudadanía desinformada en favor de un régimen ilegítimo
13. Un detalle más: la carta del Fiscal Moreno es dirigida a Rodrigo Lloreda, embajador de Colombia en La Haya, sede de la CPI. Esta es publicada en su totalidad en El Nuevo Siglo. Nos imaginamos que llegó allí y se dio a conocer por acción directa del Embajador Lloreda, conocido dirigente del Partido Conservador y ex-ministro de educación del Presidente Pastrana. El Nuevo Siglo es propiedad de los Pastrana y órgano vocero del ex-presidente Andrés Pastrana quien tanto contribuyera a preparar el terreno para la impunidad del régimen con los 7 años de gracia que le concedió al terror frente a la jurisdicción de la CPI. ¿Será que la campaña Presidencial y los propósitos electorales juegan en las decisiones del ex-presidente y de su partido en estos momentos en que Álvaro Uribe busca reelegirse? Esto es posible ya que no hay el menor indicio ni evidencia que le permita al ex-presidente Pastrana y al Partido Conservador argumentar que su interes es la justicia o que no son y han sido siempre orgánicos y beneficiarios del régimen que se sirve del terror para que acumulen.
La Corte Suprema de Justicia debe ser respetada, el Gobierno debe responder y someterse a la justicia, las confesiones y las investigaciones deben develar la estructura de poder, los criminales con mayor poder y mando deben responder por sus crímenes y ante todo, los pueblos no podemos aplaudir a quienes nos masacran y explotan para enriquecerse a nombre de la "democracia", la "decencia" y la "justicia", términos que han manchado de sangre y de dolor desde las instituciones que han creado para maltratar. O mejor dicho, si pueden, lo hacen y seguirán por ese camino de dolor y horror adornado de mentiras, a menos que dejemos de aplaudir y abramos los ojos.
El equipo Impulsor del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- Capitulo Atlántico, recuerda que este 9 de agosto del 2008 se cumple 14 años del asesinato de MANUEL CEPEDA VARGAS, senador de la UP y dirigente Comunista, su voz fue acallada por paramilitares que obedecieron a intereses políticos de un sector de nuestra sociedad. Una vez másrepudiamos este crimen de Estado y Lesa Humanidad, solidarizándonos con su familia en especial con su hijo IVAN CEPEDA.
Han pasado 14 años, solo dos de los responsables fueron castigados, pero las raíces profundas de este crimen, expresión del genocidio político contra la Unión Patriótica, sigue en la IMPUNIDAD, aún no se reconoce públicamente por el Estado colombiano quiénes fueron los actores intelectuales de este crimen.
Por ello, hoy mas que nunca seguiremos trabajando por la reconstrucción de la memoria,por el derecho a saber, a la verdad, a la justicia, a la restitución integral de derechos de una sociedad que aún sueña un país distinto como lo venia trabajando el compañero MANUEL CEPEPA, con una propuesta alternativa política distinta.
La sociedad Colombiana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre los hechos cometidos contra la Unión Patriótica, asímismo exigimos que el Estado Colombiano asuma la responsabilidadde ello, que brinde las garantías de no repetición de estos crímenes, que se pueda ejercer el derecho a disentir y proponer un proyecto alternativo de país sin que esto nos cueste la vida.
POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA DE LUCHA.
Eduardo Carreño Fecha: Wed, 6 Feb 2008 10:48:12 -0500
Estimados compañeros, (as),
Después de una prolongada etapa probatoria fue llamada a juicio por los vínculos con el paramilitarismo y por haber colocado el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado al servicio de los paramilitares y narcotraficantes.
Recordamos igualmente que el jefe del DAS, persona de total confianza del presidente Álvaro Uribe Vélez, era el encargado de proteger a los dirigentes sindicales y campesinos, defensores de derechos humanos en el país. Que en el computador de alias ANTONIO, ex capitán del ejército y hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 se encontró el listado de dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos, asesinados y que según información de los confesos paras el señor NOGUERA fue el que suministro la información para que los asesinaran. Por esta razón las otras investigaciones por estos crímenes continúan en otros expedientes; esperamos que próximamente se originen nuevas ordenes de detención y llamamientos a juicio.
Por ahora la Fiscalia ha dado un paso en administrar justicia. La lucha por que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestro pueblo continua...
LOS CRÍMENES POR LOS QUE SE INVESTIGA A ALTOS FUNCIONARIOS DEL ANTERIOR GOBIERNO NO PUEDEN QUEDAR EN LA IMPUNIDAD
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
