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sábado, 2 de abril de 2011

Vídeo: Fosa común en cementerio de Granada/Meta comentado por Ivan Cepeda. Espionaje a ONG en España. Otras noticias del Colectivo de Abogados J.A.R.

Video

Fosa común en cementerio de Granada/Meta



CARTA ABIERTA DE LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO EUROPEO A LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA

(Colombia)(Autor: Diputados)(Fecha: Diciembre 20 de 2010)

Veinticuatro Diputados del Parlamento Europeo, instaron a los gobiernos de América Latina, en una carta abierta emitida el pasado 17 de diciembre, no conceder asilo territorial a las personas acusadas en el caso del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-, tal y como ocurrió con María del Pilar Hurtado.

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En memoria del padre de Daniel Maestre – Indígena Kankuamo

“ELLOS, SIEMPRE LE TENDRÁN MIEDO A LA MUERTE, PORQUE SON ENEMIGOS DE LA VIDA”

(Colombia)(Autor: Daniel Maestre- Indígena Kankuamo)(Fecha: Diciembre 20 de 2010)


La última vez que converse con el viejo Baldo, fue una semana antes de su muerte. Ese día, llegue temprano a su casa, lo encontré sentado al lado de la puerta; al verme se levanto con la ayuda de su bastón y me invito a entrar a la casa, al pasar por la sala, bajo un baulito que tenia encima del tinajero y de el extrajo un libro, me lo extendió y me dijo: - te tenia este regalo, es muy especial para mí – continuo diciendo. –porque me lo regaló un anciano del norte de Méjico, cuando estuve por allá. Mis tareas de geografía e historia, siempre me las ayudaba a realizar el viejo Baldo. – y quiero que tu lo conserves, pero recuerda una cosa: en los libros podrás encontrar conocimientos, pero, solamente la vida y el contacto con la Madre tierra y su hija, la naturaleza podrán darte sabiduría. Ella la tierra te puede enseñar como vivir, para que no sientas miedo de morir- . Luego de decirme esto me invito a seguir a la cocina, mi lugar preferido.

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UNA JUEZA ESPAÑOLA INVESTIGARÁ LA TRAMA DE ESPIONAJE DE URIBE

(Colombia)(Autor: Publico.es)(Fecha: Diciembre 20 de 2010)

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha admitido a trámite una querella presentada por refugiados colombianos contra el ex presidente Álvaro Uribe y dos ex altos cargos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por actos de espionaje en España que incluiría seguimientos y violación de las comunicaciones en ONG consideradas opositoras por el Ejecutivo de Uribe. El Código Penal prevé penas de entre tres y cuatro años de cárcel por los delitos que la querella atribuye al ex presidente y sus colaboradores.

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DE JAIR KLEIN A LA ASHANTI GOLD

(Colombia)(Autor: Cabildo Cerro Tijeras)(Fecha: Diciembre 20 de 2010)

“…las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacionales del ramo (…) ha despertado una fiebre que amenaza desplazar el narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal” -dijo Cristina de la Torre en su columna titulada “Alma de Esclavos”, El Espectador (http://elespectador.com/columna-230281-alma-de-esclavos).

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ACCEDER A LA SALUD ES ACCEDER A LA VIDA: 977 VOCES

(Colombia)(Autor: Médicos Sin Frontera)(Fecha: Diciembre 20 de 2010)

El presente informe está basado en una encuesta realizada en siete programas de MSF y respondida por 977 personas. Los datos obtenidos no son extrapolables al resto de la población colombiana, ya que no se realizó un muestreo probabilístico, pero representan 977 voces de personas afectadas por barreras de acceso a los servicios de salud. Estas 977 voces hablan de unos problemas compartidos por ellas para acceder a la salud, problemas que pueden ser comunes a otras regiones del país.

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"El Colectivo de Abogados es una Organización No Gubernamental que trabaja por la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia. El Colectivo no se hace responsable por los artículos y textos difundidos, cuya autoría provenga de fuentes diferentes a nuestra organización de derechos humanos."

Fax:2824270

Tel:2846120/2846040

Facebook: José Alvear RestrepoTwitter: ccajarwww.colectivodeabogados.org

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Prensa
Colectivo de Abogados "José Alver Restrepo"

domingo, 10 de octubre de 2010

ONU cuestiona a Colombia por recompensas a colaboradores de lucha contra grupos rebeldes que relaciona con los llamados falsos positivos

Madre de un falso positivo.
TeleSUR, 17 de julio de 2010

Las mil personas que fueron ejecutadas, según cifras de 2009 adelantadas por ONGs, las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes con el objetivo de beneficiarse con las recompensas ofrecidas por la directiva secreta de 2005, que define los criterios de pago como la continuación de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones presuntamente para la lucha antisubversiva.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.

"Quiero saber si Colombia va a abandonar los incentivos económicos (...) y sacar las lecciones de los llamados 'falsos positivos', (...) , son muchos casos, la mayor parte en poblaciones pobres, ejecuciones sumarias que fueron camufladas a solo efecto de cobrar una recompensa", afirmó Fabian Salvioli, en nombre de los 18 expertos que componen este Comité.

Las recompensas autorizadas por esta directiva secreta de 2005, dio lugar al asesinato de unas mil personas inocentes, según cifras de 2009 adelantadas por varias ONG, y que no han sido desmentidas de forma oficial.

Estas personas fueron ejecutadas cuando las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes y de ese modo beneficiarse con las recompensas de la directiva.

Gráfica elaborada por la Comisión Colombiana de Juristas (estatus consultivo ante ONU)
La directiva secreta, fechada el 17 de noviembre de 2005, define los criterios "de pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones", si esa política produce "resultados positivos o permite contrarrestar acciones delictivas". Asimismo, dice que contribuye una "retribución en dinero o en especie, que se entrega a una persona",

Bajo este sentido, la delegación de Colombia aclaró en el debate en el Comité, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tales recompensas "nunca se han pagado a miembros de la fuerza pública".

El Gobierno de Colombia señaló que otras dos directivas posteriores, de 2008 y 2009, han reemplazado a la de 2005, y que supuestamente la reglamentación había cambiado, aunque no mencionó si las nuevas normas son también secretas y cuál es exactamente el contenido de las mismas.

"Por testimonios de jóvenes del Ejército colombiano, sabemos que para contar muchas veces con permisos y ascensos, miembros de las Fuerzas Armadas exigen a mandos de rangos medios y bajos, altas cuotas de reclutamiento y un número determinado de bajas en combate", dijo Maricely Parada, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc).

Concluyó que "para poder acceder a estos beneficios, los militares recurren con frecuencia a las batidas y a la retención de jóvenes, muchas veces apoyados por paramilitares, para asesinarlos y luego sumarlos a la cuota de bajas, que del 2002 al 2007, en información recogida en 2009, han dado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos".

El próximo 30 de julio, el Comité emitirá un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión.

El ofrecimiento de recompensas por parte del Gobierno colombiano ha sido muy cuestionado en Colombia, luego que Pablo Montoya, alias "Rojas" entregara a las autoridades la mano derecha del secretariado de las FARC Iván Ríos, y luego su cuerpo mutilado, por lo que el Gobierno de Colombia decidió pagarle la recompensa de 5 millones de pesos, unos 2,6 millones de dólares, que había ofrecido. Algo que, a juicio del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en el país suramericano.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.

En Colombia, la Fundación de País Libre, da cuenta de 3 mil desaparecidos, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas arroja el desalentador número de 12 mil personas en esa situación.

En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.

El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro - colombianos, entre otros.

Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.

Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.

Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.

viernes, 26 de febrero de 2010

Unos 2.000 cadáveres enterrados por el ejército colombiano sin identificar. La mayor fosa común de América Latina. AUDIO SOBRE FALSOS POSITIVOS.


Muertos sin nombre. De confirmarse la cantidad de cadáveres en La Macarena, la fosa será la más grande de América Latina.
A sólo 200 kilómetros al sur de Bogotá, en un paraje selvático llamado La Macarena (departamento de Meta), el Ejército de Colombia podría estar creando desde 2005 la mayor fosa común de América Latina. Según los propios residentes, en testimonios corroborados por organismos de derechos humanos, en un descampado entre la base militar y el aeropuerto, hay unos 2.000 cadáveres enterrados sin identificación. Los militares aseguran que todos ellos son “guerrilleros muertos en combate”. Pero en La Macarena creen que la fosa podría albergar a los cientos de desaparecidos que padece el municipio, ubicado en el corredor más caliente de la guerra contra las Fuerzas Armadas Unidas de Colombia (FARC).

El abogado Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, acompañó a principios de diciembre pasado hasta La Macarena a una misión de eurodiputados ingleses interesados en la situación de las poblaciones que viven en zonas de guerra. La visita prometía ser rica en información, porque el poblado está en el área de operaciones de la Fuerza de Tarea Omega, que con 21 mil hombres persigue a Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, jefe militar de las FARC. Los eurodiputados no salieron defraudados.

“Los pobladores nos dijeron que muchos campesinos, sindicalistas y dirigentes sociales han desaparecido, pero cuando ubicamos al jefe del Ejército nos manifestó que no tenían conocimiento de personas desaparecidas. La comunidad nos llevó entonces a un cementerio que está entre la base militar y el aeropuerto y allí nos encontramos con que en la parte de atrás había cientos y cientos de placas blancas de madera con números que supuestamente pertenecen a NN”, contó Ramírez a Crítica de la Argentina.

El alcalde de La Macarena, Eliecer Vargas Moreno, estima que en la fosa común podría haber entre 1.500 y 2.000 cadáveres y denunció que su población “se convirtió en el sitio de la disposición de los muertos de la guerra”. El exceso de cadáveres por metro cuadrado está contaminando las aguas que abastecen a La Macarena, de acuerdo con denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo.

“Estamos hablando de un número impensable de muertos –dijo Ramírez–. En toda Colombia hay unas 3.500 fosas comunes con 52 mil desaparecidos desde los 80, pero en todas ellas no hay más de 15 o 20 cuerpos. Hasta ahora no se conocía un espacio que albergara 2.000 cadáveres”. La principal preocupación del jurista es que “muchos de esos cuerpos llegaron aquí a lo largo de 2009” y podrían ser casos de “falsos positivos”, es decir cadáveres de inocentes que el Ejército hace pasar por guerrilleros para cumplir con las metas de eficacia que impone la política de “seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe.

La fiscalía colombiana ya fue informada de la existencia de la fosa común, pero realizará exhumaciones “entre el 9 y el 21 de marzo”, pasadas las elecciones legislativas. Mientras tanto, el Ejército insiste en que los cuerpos enterrados en La Macarena corresponden a guerrilleros muertos en combate. El general Javier Flórez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, adscrita a la Fuerza Omega, sostuvo incluso que sus hombres “no hacen ningún levantamiento” de cadáveres, sino que dejan esa tarea a la Policía Judicial (DIJIN).

Sin embargo, la versión del Ejército no coincide con el relato que escuchó Ramírez del encargado de enterrar a los muertos en La Macarena. “El sepulturero nos contó que llegan helicópteros militares con cadáveres que depositan en una casilla junto a la fosa. Dos o tres días después los cuerpos se pudren y él tiene que enterrarlos y colocarles un número”.


AUDIO: Ejército colombiano asesinó a personas no combatientes y los presentó como guerrilleros dados de baja en combate para cobrar recompensas.

martes, 29 de diciembre de 2009

El Presidente de Venezuela alerta que el Gobierno de Colombia prepara un falso positivo para justificar una agresión norteamericana a Venezuela

Chávez afirma que tiene evidencias de que el Gobierno de Colombia, por orden estadounidense, prepara un falso positivo para justificar una agresión a Venezuela.

Falso positivo es la expresión usada para señalar los homicidios de sindicalistas, activistas sociales, campesinos, políticos o estudiantes colombianos perpetrados por la fuerza pública (fundamentalmente Ejército), y que son presentados como "guerrilleros" dados de baja "en combate". El Ejército de Colombia recibe recompensas económicas por los guerrilleros dados de baja y, por otro lado, dentro del Ejército hay una percepción peligrosa de la izquierda social, sindical y política, pues al coincidir en sus aspiraciones sindicales y sociales o en sus programas políticos con postulados de la insurgencia armada, es vista como una prolongación civil de las guerrillas y convertida automáticamente en objetivo militar. Se han denunciado miles de falsos positivos durante el mandato de Uribe.

El Presidente de Venezuela está convencido de que el Gobierno de Uribe, por mandato del Gobierno de Obama, prepara un montaje sangriento dentro de territorio venezolano, con la intención de señalar presencia guerrillera dentro de Venezuela y proceder a una agresión militar, cuyo objetivo es derribar a su gobierno y dominar a otros gobierno de la región que ejercen mayor soberanía sobre recursos estratégicos para EE.UU.


jueves, 24 de septiembre de 2009

Los cadáveres de 2 estudiantes fueron trasladados a la morge como muertos en combate por el ejército.

Habían muerto el mismo día que salieron de sus casas.
Maryoris Verdecia , familiar de uno de los de desaparecidos, identificó la ropa que vestía el día que salió de Maicao.
Fotos Hernando Vergara.


Por Miguel Barrios
Valledupar
Publicado por El heraldo.com - 19 septiembre 2009

Fredy Javier Verdecia tenía 17 años y Cristian Gómez Guerra, 16. Los dos salieron de sus casas en Maicao el 18 de noviembre de 2007 para un retiro espiritual en Manaure, (La Guajira). Sin embargo, sus familias no volvieron a saber de ellos hasta en las últimas horas cuando los encontraron sepultados como N.N en el cementerio nuevo de Valledupar.

La historia de los dos estudiantes de bachillerato se inicia con un recorrido que, supuestamente, iban a hacer hasta una comunidad indígena en Manaure, lugar a donde nunca llegaron. De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, recibido por sus familiares, fueron asesinados la misma noche en que desaparecieron.

Los cuerpos de los dos jóvenes fueron hallados sin documentos en una trocha en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar, y trasladados hasta la morgue como muertos en combate con el Ejército, según conocieron ayer sus parientes.

Durante casi dos años, las familias Verdecia y Gómez recorrieron instituciones como la Fiscalía, Policía, hospitales y hasta pegaron fotografías de ellos en los postes de la mayoría de los municipios de La Guajira y hasta el norte del Cesar, en una intensa búsqueda que parecía no tener final.

Ante la infructuosa labor en estas localidades llegaron a Valledupar donde acudieron al Instituto de Medicina Legal.

Allí les preguntaron por la fecha de desaparición y las características, como prendas de vestir o señas que pudieran identificar a los adolescentes, al entregar los detalles, funcionarios del organismo indicaron que coincidían con los dos cuerpos hallados la noche del 18 de noviembre. Mostraron sus fotografías sacadas de los archivos y el llanto estalló. Eran ellos y estaban sepultados.

Iranelys Sánchez y Marlene Guerra, madres de Fredy y Cristian, respectivamente, estaban desconsoladas. Llegaron hasta el cementerio de Valledupar con otros familiares y en medio de escenas de dolor, fueron exhumados los restos para entregárselos.

Maryory Verdecia, tía de Fredy, contó que, según la investigación, los dos jóvenes salieron a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche ya estaban muertos. “Lo único que queremos es llevarnos los cuerpos y darles sepultura en su tierra. Con esto acabamos dos años de angustia”, puntualizó.

viernes, 14 de agosto de 2009

TESTIMONIOS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FALSOS POSITIVOS (VÍDEO)













En la segunda audiencia publica en Soacha sobre los falsos positivos, los militares contaron como asesinaron a los jóvenes, quienes posteriormente hacían pasar como guerrilleros dados de baja.

COMISIÓN ETICA DE LA VERDAD EN COLOMBIA CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO POR FALSOS POSITIVOS (VÍDEO)

La propuesta de una Comisión Ética en Colombia surge del intercambio de experiencias de varios encuentros internacionales realizados a partir del 2002 en el Cacarica, en los que participan entre otros: de Chile: la Comisión Ética contra la Tortura, la Agrupación de Ex presos y ex presa políticos, Indígenas Mapuches; de Argentina: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación HIJOS; de Brasil: el MST; de México: la Sociedad Civil de las Abejas Familiares de la Masacre de Acteal, la Red de Defensores Comunitarios de Chiapas, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca CIPO RFM; de El Salvador: Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CRIPDES; Guatemala: Abogados que participaron de la construcción del informe REMHI; Panamá: indígenas Kunas y el Comité de Familiares de Desaparecidos; entre otras organizaciones internacionales y nacionales.

De estos encuentros de experiencias de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, una de las conclusiones es la ausencia de resultados reales en el esclarecimiento de la verdad desde las experiencias de diferentes comisiones de verdad en América Latina. Surge la necesidad del esclarecimiento desde las propias víctimas, como sucedió en Chile con la creación de la Comisión Ética contra la Tortura. Desde esta experiencia se empieza a trabajar en propuestas concretas de búsqueda de verdad y justicia, de afirmación al derecho a la Memoria Histórica en comunidades que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y de allí se va configurando la propuesta de la Comisión Ética para un grupo de comunidades. En el contexto de surgimiento del Movimiento Nacional de Víctimas, se decide esperar y plantear esta propuesta en conjunto con las más de 200 organizaciones que conforman el movimiento.




domingo, 22 de marzo de 2009

La CUT rechaza el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado Norteamericano

El Departamento de Estado intenta maquillar el horror en Colombia

El día jueves 26 de febrero de 2009 por información de prensa del diario el TIEMPO se presenta en primera página apartes del informe del Departamento de Estado donde se difunde que en Colombia existen más garantías para los derechos humanos de los colombianos, frente a lo cual nos vemos en la obligación de rectificar la información donde se señala que han descendido los asesinatos de sindicalistas en un 6.2% en el 2008, basado en datos entregados por el gobierno colombiano. Información que no refleja la realidad cuando nuestros estudios y seguimientos a la victimización del movimiento sindical nos reporta que en el año 2008 fueron asesinados 49 afiliados y dirigentes sindicales en Colombia y comparándolos con la información del año 2007 de 39 asesinados muestra un claro incremento del 25% en los homicidios, esto sin incluir las otras formas de violación a los derechos humanos de sindicalistas como amenazas, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, detención arbitraria, allanamiento ilegal que para el 2008 se presentaron 564 casos, con un incremento de más del 20%.

Es dramático como entre el gobierno colombiano y el norteamericano juegan con las estadísticas para ocultar la impunidad que marca el genocidio del movimiento sindical que asciende a 2698 a febrero de 2009 de los casos reportados de asesinatos de líderes sindicales en Colombia y solo en lo transcurrido del 2009 van 4 nuevas víctimas, donde el gobierno nuevamente en forma cínica difunde en todas las embajadas en el exterior que son cero los asesinados del movimiento sindical en el 2009.

Denunciamos nacional e internacionalmente este nuevo intento de maquillar el terrorismo de estado y sus estrategias militaristas como el Plan Colombia y reclamamos el cese total de los homicidios de líderes sociales en Colombia y llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones e instituciones comprometidas con garantizar los estándares universales de respeto a los Derechos Humanos.

TARSICIO MORA GODOY LUIS ALBERTO VANEGAS Z.

Presidente Director Dpto. Derechos Humanos

DOMINGO TOVAR ARRIETA

Secretario General

Bogotá, 26 de febrero de 2009

sábado, 21 de marzo de 2009

Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez (VÍDEO)

Gilberto López y Rivas - La Jornada, México

Colombia Plural/Inestco

“Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado”.

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que las voces de los silenciados serán escuchadas.

En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena embera y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al Encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.

En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares– de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de seguridad democrática y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como bajas en combate para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio comandante general de las fuerzas militares ofrece de manera reiterada.

Estas prácticas aberrantes se presentan como resultados de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran prescindibles. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de limpieza social, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado.

La impunidad es una característica común de estos crímenes, en los que sus perpetradores no son investigados, ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.

Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.

La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que, dado el estatus e influencia de los investigados –en los lugares donde ocurrieron los hechos–, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.

También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos, que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir, y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadunidenses.

VER VÍDEO DE LA COMISIÓN:


jueves, 5 de marzo de 2009

Convocatoria a jornada nacional contra las ejecuciones extrajudiciales 6 de marzo de 2009


Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, amparados en sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública han asesinado cientos de civiles Para presentarlos como individuos abatidos en combate con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esas ejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, tiene carácter sistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos en forma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática.

Los llamados "falsos positivos" no pueden ser considerados como delitos de individuos desviados, casos aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado en múltiples departamentos del país, en forma permanente y con la participación de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley.

Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de 2008, los "falsos positivos" se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. En años recientes, la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.

Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sin embargo, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones.

Para el 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a la realización de una jornada contra las ejecuciones extrajudiciales, cuyo evento central será una reunión nacional de los familiares de las víctimas de "falsos positivos". Dicho evento debe contribuir a diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición en los casos de estos crímenes de lesa humanidad.

Agenda:

Puntos de encuentro:

  1. Planetario Distrital (Cra séptima calle 26) a las 9:00 AM
  2. Entrada de la Universidad Nacional (Avenida el Dorado –calle 26 con carrera 35) 9:00 AM

Las marchas partirán hacia el Ministerio de Defensa (Avenida el Dorado con carrera 52 en el Can. Allí a las 10 AM se realizará un acto simbólico y a las 11:30 se partirá hacia el bunker de la Fiscalía General de la Nación. La caravana por la vida, llevará una bandera de Colombia de 3 kilómetros de largo en la que se colocaran fotos de las víctimas de los falsos positivos y también se entregaran fotografías de víctimas para que las personas marchen con una de estas en la mano.

  1. Encuentro:

Frente al bunker de la Fiscalía General de la Nación se realizará otro acto simbólico y se exigirá celeridad en las investigaciones, resultados de las mismas y que se reconozca que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de Estado, que además son promovidos por el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y del Ministerio de Defensa. Igualmente se pedirá que se haga pública la resolución ministerial que ofrece pagos y bonificaciones a los miembros de la fuerza pública por asesinar guerrilleros, recuperar material de guerra, realizar delaciones, capturar y asesinar a miembros del secretariado de las FARC, etc.

Se recogerán en un pendón de 5 metros por tres, las firmas de los ciudadanos que consideren que los falsos positivos son crímenes de Estado, que condenen estás práctica y exijan la derogación inmediata de toda política de Estado que faculte a la fuerza pública a operar bajo la modalidad del sicariato persiguiendo ciudadanos, estigmatizando, realizando arrestos arbitrarios y acusando sin fundamentos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

http://www.movimientodevictimas.org/

jueves, 15 de enero de 2009

España debe exigir explicaciones a Colombia. Fondos de la cooperación internacional podrían haberse utilizado en recompensar crímenes de Estado


GORKA CASTILLO - MADRID - 06/12/2008 08:00


Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misión internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica está practica sistemática de "crímenes contra la humanidad".

¿Cuáles son las conclusiones de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia?

La más importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.

¿En qué ha cambiado?

Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuación son las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como "falsos positivos".

Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor, ¿cómo lo elaboraron?

Nuestra misión comenzó en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del país, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoció la existencia de estas prácticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueño. Él nos aseguró que se habían tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un año después se descubre el asesinato de unos jóvenes cerca de Bogotá a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelación decanta el escándalo hacia unas proporciones difíciles de cuantificar.

La financiación de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia.

La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales. Y Uribe debería aclarar estas sospechas.

¿Qué debería hacer el Gobierno español ante el descubrimiento de este hecho?

Nuestra opinión es que el Gobierno español debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos económicos. El Plan Colombia es muy genérico, ya que también contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represión en detrimento de otras prácticas humanitarias.

¿Qué pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos?

No conocemos los datos con exactitud porque una de las características del Gobierno de Uribe es la opacidad. Sí sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversión social ha sido destinada a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.

Antes de presentar el informe en España, ustedes lo hicieron público en Colombia, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano?

En primera instancia negó los hechos que se denuncian en nuestra investigación. Y además sufrimos una campaña de difamación bajo la acusación de que éramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de señalamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos días después de difundirse la noticia no les quedó otra opción que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prácticas absolutamente atroces.

¿Hasta dónde puede llegar este escándalo?

Nos preocupa que una misión internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, sólo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el número de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuraduría General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayoría en zonas de guerra y rurales.

El Gobierno dijo que no es una práctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejército.

Si fuera un problema de corrupción puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas. Las recompensas han actuado de estímulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crímenes de lesa humanidad.

¿Reconoció el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?

A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.

¿Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prácticas delictivas?

Algunos militares colombianos acaban de declarar públicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la política de Seguridad Democrática del presidente tenga éxito.


jueves, 18 de diciembre de 2008

" PERDÓN EN LA ONU, OTRO FALSO POSITIVO "

Por Red Virtín 16-12-2008
" Siento verguenza por esta situación . Pido perdón a las victimas y prometo que ninguna de esas acciones quedara en la impunidad ". Esta es la afirmación que hizo hace unos días en Ginebra el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconociendo mundialmente la responsabilidad del Estado en crímenes de civiles ejecutados por el Ejercito. Los " falsos positivos " que conmocionaron a Colombia tambien repercutió sonoramente en el ente rector de los derechos humanos en el mundo.

Sin embargo a pesar de ese perdón publico internacional, en el día de hoy el ejercito colombiano en el corregimiento de Gabriel López, entre Totoro e Inza, asesino al líder indígena José Edwin Legarda, compañero de la Consejera Mayor Aída Quilcue, líder de la minga indígena.

Ayer se conocía tambien la noticia de que Joel Pérez Cárdenas, de 36 años, fundador de la Corporación de los DDHH Caguan Vive y miembro del Polo Democrático Alternativo, fue encontrado muerto, incinerado, decapitado y con un orificio en el cerebro.

A pesar tambien de que el gobierno de Uribe dice y lo señalo el vicepresidente Santos en Ginebra que el paramilitarismo es cosa del pasado los hechos son tozudos y desmienten a un gobierno que va perdiendo en forma acentuada todo tipo de credibilidad en el plano internacional y nacional.

Para cualquier analista, por mas bisoño que sea, esta claro que la desmovilización de las AUC fue un fracaso. Según el propio gobierno en una de sus tantas contradicciones afirma que las bandas paramilitares ascienden a 4.200. Ellos estan en 246 municipios del país y son 142 grupos identificados; las denominaciones que utilizan estan repartidas en 21 nombres, pero ya empiezan a reagruparse como las antiguas autodefensas. Ya existen " Águilas Negras ", el grupo de " Don Mario ", la gente de " Cuchillo " en el sur del país ( Casanare y Meta ). Tambien estan "Los Rastrojos" y bandas emergentes de nueva generación en Nariño. Hay 10.200 personas otra vez armadas, delinquiendo y asesinando, en entrevista exclusiva a El Heraldo, informaLeón Valencia Agudelo, Director de la Corporación Arco Iris.

La analista política Claudia López en su informe señala que además de los 59 congresistas actualmente judicializados por la " parapolitica ", otros 253 servidores públicos-entre electos funcionarios y miembros de la fuerza publica- tambien son investigados por vínculos con paramilitares.

Uno se pregunta donde esta la verdad. ¿Será cierto que como dicen Uribe y los Santos que el paramilitarismo ha sido erradicado y que este gobierno acabo con ellos?

Con perdón publico en la ONU del gobierno y con indiferencia y olvido a las victimas de la violencia en Colombia difícilmente se encontraran los caminos que nos lleven a una paz estable y duradera. Las cifras que ha dado a conocer la Comisión Colombiana de Juristas explican por si solo, el drama que se vive en todo el país en relación a los DDHH y a la sustentación de que la política de seguridad democrática es el camino a seguir.

Uribe no quiere ni hablar de acuerdo humanitario. Mientras tanto veamos las cifras que nos han entregado los juristas colombianos. De Julio de 2002 y Junio de 2006, 20.102 personas perdieron la vida por la violencia sociopolítica en nuestro país. Entre agosto de 1997 y julio de 2002 se desplazaron 1.438.846 personas y en el periodo comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2007 se desplazaron 1.369.599, para un total de 2.853.445 personas desplazadas en los últimos diez años. La institución reporta 3.588 desaparecidos en ocho años, es decir un promedio de 448 personas cada año. De todas estas personas desaparecidas, 507 fueron encontradas asesinadas, en algunos casos con señales de tortura, y del resto - 3.081- se desconoce hasta la fecha cualquier tipo de rastro.

En el día de hoy El Tiempo publica en toda una pagina que " Colombia tendrá escuela de DDHH para las Américas " en donde " Militares del continente aprenderán normas para el manejo de operaciones. Condenas al país por violaciones serán una guía para la instrucción ."

No seria difícil de detectar que detrás de todo esto esta la mano de Estados Unidos con sus organizaciones como la USAID y la NED que funcionan desde la propia Embajada norteamericana. ¿ Será que piensan implantar en territorio colombiano, como base punta de lanza contra países hermanos, la vieja Escuela de las Américas que estaba en Panamá en donde se enseñaba a gran parte de la oficialidad de los países latinoamericanos como detener, torturar, matar y desaparecer a ciudadanos inermes ?

Los pueblos tienen memoria y recuerdan con horror el trágico accionar del Plan Cóndor que especialmente en el Cono Sur de nuestro continente, sembró de luto y dolor a millares de hogares. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia recuerdan siempre a sus desaparecidos, a sus muertos.

¿Que podrán enseñar las fuerzas de nuestro país a los demás países hermanos? ¿Como violar la soberanía de nuestros vecinos ? ¿ Como impulsar las políticas de recompensas y ganar plata y honores con " falsos positivos" ?

¿Como utilizar emblemas respetados en todo el mundo civilizado como los de la CICR Comité Internacional de la Cruz Roja ? ¿Como poner al borde de la guerra a países vecinos basados en mentiras ? ¿Israelizar a nuestro país para que haga el papel disociador en el continente en contra de la integración y de la unidad que soñaron nuestros próceres?

Quiero ser siempre optimista y pensar que esos planes perversos no será posible en Colombia porque la gente buena y decente es la mayoría y podrán mas que aquellos que viven de la guerra y del engaño, si hay unidad ideológica y organizativa respetando siempre la diversidad y movilizaciones masivas por la paz y justicia social anhelada por todos.

Algunos dirán que nuestro anhelo es utópico. Agregaran que la utopia no existe. Los pesimistas harán coro para decir que el único camino es la guerra y el enfrentamiento bélico entre hermanos.

Uno mi modesta voz a la de Eduardo Galeano para decir con optimismo que la utopia sirve para andar, para avanzar, para nunca detenerse. " Ella esta en el horizonte... Me acerco dos pasos, ella se aleja dos... Por mucho que yo camine, nunca la alcanzare.

¿ Para que sirve la utopia ?
Para eso sirve, para caminar. "

Eduardo Galeano