Incremento de denuncias de desaparición forzada. 287 desaparecidos en 3 meses de gobierno de Santos

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Incremento de denuncias de desaparición forzada.

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

Derecho a la Vida | Víctimas de Crímenes de Estado |

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]

Solo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]

De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]

Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación. Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.

A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.

Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.

No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.

En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.

Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].

Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.

6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:

a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y

c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.

Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos

Notas

[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.

[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...

[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...

[4] Christian Salazar,Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.

[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".

JORNADAS INTERNACIONALES: "Situación en el mundo del Derecho a la Rebelión"

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia es un espacio de coordinación de colectivos sociales, sindicales y políticos de Canarias, que decidieron emprender tareas de solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado para denunciar las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que sufren personas y colectivos civiles colombianos, especialmente organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos y grupos políticos de oposición.

Estamos organizando para los días 28 y 29 de Octubre de 2011 en Tenerife (Islas Canarias), unas jornadas para tratar de “analizar la situación en el mundo del Derecho del recurso a la Rebelión desde las ópticas jurídica, ética, política, económica y social, y los intentos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a distintos modelos de conflictos armados”. Pretendemos comenzar analizando el concepto mismo de rebelde, su aplicación perversa en algunos casos y su negación en otros. A pesar de ser un tema difícil de abordar lo consideramos impostergable ante la deriva autoritaria de los Estados con el desarrollo de las denominadas “legislaciones antiterroristas” que, desde nuestra postura, niegan el carácter político del rebelde para tipificarlo como un delincuente de especial peligrosidad ajeno a móviles altruistas. De esta manera se niega al interlocutor político en la resolución de los conflictos y, por tanto, también el carácter político, económico y social de los conflictos armados. Se cierra así, de ese modo, las posibles soluciones a través de la negociación política o, al menos, la negociación para la aplicación de los principios más universales del Derecho Internacional Humanitario. Entendemos que si bien el Derecho Internacional Humanitario fue concebido para las guerras entre Estados, es posible y necesario hacer un esfuerzo a fin de adaptarlo a guerras asimétricas como la colombiana con el objetivo, a corto plazo, de limitar las hostilidades y el sufrimiento, permitiendo en consecuencia un clima más apropiado para unas negociaciones políticas más profundas que trasciendan la mera promesa de amnistía y que aborden la resolución de un conflicto armado que hunde sus raíces en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia, situación estructural que de ser mantenida impedirá alcanzar una paz duradera.

Las jornadas tendrán lugar los días 28 y 29 de Octubre de 2011, y en ellas contaremos con la participación de los siguientes ponentes:

Día 28 de Octubre:

• Santiago Alba Rico, cuya aportación a las jornadas sería la ponencia: “Condición humana, derecho a la rebelión y alternativas post-capitalistas”. Es escritor, ensayista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado multitud de libros de ensayo sobre filosofía, política y antropología, como por ejemplo: “Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado”, “Iraq un cuento para niños”, “Partes de guerra y prosas de resistencia”; y también junto a otros autores: “Crímenes de guerra”, "Medios violentos. Palabras e imágenes para la guerra", "Washington contra el

mundo". Además de colaborar como redactor en varias revistas y medios de comunicación, también hizo aportaciones al guión del documental “Bagdad Rap” de Arturo Cisneros. Ha vivido varios años en el Cairo y actualmente reside en Túnez.

Enrique Santiago Romero, desarrollará la ponencia: “Terrorismo o Rebelión”. Aspectos jurídicos globales”. Este político y abogado español es autor de un intenso trabajo de gran interés en el ámbito de la Solidaridad y los Derechos Humanos. Ha sido hasta noviembre de 2006, Secretario General de CEAR, (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Como político, procede de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, (organización juvenil del P.C.P.E.), posteriormente ingresó en la Unión de Juventudes

Comunistas de España (organización juvenil del PCE), donde se desempeño como Secretario General entre 1990 y 1992, y actualmente es Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Como abogado ha desempeñado un importante trabajo en diversas organizaciones de solidaridad internacional. Fue miembro del equipo jurídico en la acusación popular contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad; representó a la delegación de ONG’s y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004; ejerce como abogado de Remedios García, defensora de derechos humanos española, la cual fue técnico cooperante que participó en los diálogos del Caguán, donde se buscaba una salida negociada al conflicto armado colombiano y actualmente acusada en España de pertenecer a “organización terrorista”.

Para el sábado 29 de Octubre bajo el título de Análisis del Conflicto Colombiano, está previsto abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano en el actual conflicto armado.

Día 29 de Octubre:

Abrirá las jornadas de la mañana Mª Lledón Soriano Segarra (Lidón) con la ponencia “Escenarios de luchas, violencias y emancipación”. Lidón es profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, coordinadora de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y coordinadora desde hace varios años de las brigadas a Palestina del Komite Internazionalistak de Euskal Herria. Ha participado como coautora en dos libros, “Palestina tiene nombre de mujer” y “El siglo XXI: el siglo de oro de las mujeres”. Sus crónicas sobre el conflicto abierto en Oriente Medio son reflejo de una lucha encarnizada en la que, según opina, "todos y todas tenemos una pequeña gran responsabilidad".

La segunda ponencia de la mañana que lleva el título “¿Resistencias o terrorismo?” El testimonio de un periodista en varias guerras” correrá a cargo de Unai Aranzadi, un premiado documentalista, escritor y fotoperiodista especializado en conflictos armados y derechos humanos. Sus documentales han sido emitidos en la BBC WORLD SERVICE, AL JAZEERA ENGLISH y CANAL +, entre otros. Sus escritos y fotografías han sido publicados por El País, Der Spiegel, Reuters y The Washington Post. Ha trabajado en Somalia, Irak, Afganistán, Líbano, Chechenia, Palestina, Congo, Colombia, Kurdistán, Chiapas y Honduras entre otros espacios de conflicto. Desde 2001 es Director de INDEPENDENT DOCS TV News and Media. Su trabajo se define desde un ángulo periodístico alternativo, que utiliza los medios de comunicación para promover un cambio social que mejore la vida de las mayorías. Ejerce un periodismo que permite conocer, por ejemplo, los motivos de la rebelión alegados por los propios rebeldes, sin adulterar los contenidos con efectos que generen impacto, morbo, sensacionalismo y que persiguen construir una opinión interesada, limitándose a mostrar simplemente lo que ve y escucha. Esto es imprescindible para romper con el cliché de “terrorista”, cuyo objetivo es desposeer al rebelde de su carácter político altruista, rebajándolo a “delincuente especialmente peligroso”, con “fines ocultos y egoístas” con el que no cabe la negociación, porque se trata de un “problema de seguridad del Estado”.

El mismo sábado 29 de octubre en horario de tarde, continuaremos con dos ponencias con las que se pretende abordar la temática de la “geopolítica de la rebeldía y sentidos de las nuevas revueltas sociales”. Comenzaremos con la ponencia “el delito político en Colombia y la legislación anti-terrorista” que expondrá Leonardo Jaimes Marín, abogado colombiano especializado en Derecho Penal y en la defensa de población judicializada por razones políticas. Acompaña desde lo jurídico a comunidades campesinas en resistencia en su proceso de construcción de la memoria histórica. Ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos como la masacre de Trujillo y ha colaborado en la preparación de casos ante la Audiencia Nacional española por crímenes de lesa humanidad. Es apoderado judicial de rebeldes capturados por el Estado colombiano y autor de varias publicaciones sobre Delito Político y Derecho Internacional Humanitario. Su papel en las jornadas sería abordar la evolución en el tratamiento jurídico de la rebelión por parte del Estado colombiano.

Tras su intervención se abordará la ponencia: “derecho humanitario, guerras asimétricas y rebelión” por parte del también colombiano, Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado residente en España, exiliado desde 1998. Trabajó en la década de los 90 como defensor de Derechos Humanos y presos políticos. Es miembro de varios organismos defensores de derechos humanos como la Comisión Justicia y Paz y el Instituto ILSA, directivo de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos y asesor externo de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado y la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Profesor universitario y Doctor en Derecho, con Tesis Cum Laude por unanimidad, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Autor del libro "La rebelión de los límites. Quimeras y porvenir de derechos y resistencia ante la opresión" y de multitud de ensayos de análisis político y jurídico sobre Palestina, Colombia y temas de derecho internacional.

Por último, bajo el título: “Las tareas de la indignación”, pretendemos englobar la presentación de las conclusiones y el plan de trabajo. Nuestra intención es dar a estas jornadas un carácter internacional para reactivar un debate necesario e impostergable como hemos explicado antes. Por ello también hemos solicitado la asistencia en condición de invitados, de representantes del Frente Polisario y del Frente Popular de liberación Palestina, así como delegados observadores del ALBA y del Tribunal Permanente de los Pueblos y de diferentes organizaciones dentro de los ámbitos, político, social y sindical, tanto nacionales, como internacionales.

En 2010 las fuerzas armadas de Colombia tuvieron más bajas que EE.UU en Afganistán

“Las bajas de la Fuerza Pública, entre muertos y heridos, en el año 2010, (diez meses) ascienden casi a 2.500. La cifra ya supera a la que se registró en 2002 cuando se presentaron 2.236 y a 2009, año en el que se registraron 2.320 bajas”, indica el informe basado en fuentes judiciales.

Roberto Romero
Rebelión

El 24 de diciembre las fiestas no trajeron buenas nuevas para la paz en Colombia. Ese día el presidente Santos, en un saludo a las fuerzas armadas en la base de Tolemaida, reconoció que en los últimos diez meses el Estado sumaba mas de 2.500 bajas en la lucha contra la insurgencia.

“La culebra está acorralada y la derrotaremos en el 2011”, indicó refiriéndose a las Farc.

Una rara culebra por cierto, que es capaz de infligir semejantes daños a las fuerzas oficiales tras ochos años de ofensiva en toda la línea.

El anuncio tuvo que causar malestar en los mandos militares hasta el punto que en las página oficial del ejército y en la web de la presidencia de la República, se reseñó el discurso pero censurando las reveladoras cifras de la confrontación que si pasaron los noticieros de televisión.

Sin embargo, los datos de la Casa de Nariño no decían nada nuevo. A mediados de noviembre, la Corporación Nuevo Arco Iris, en un extenso y completo estudio de la guerra interna, hacia un balance de las pérdidas oficiales y escondido por los medios.

“Las bajas de la Fuerza Pública, entre muertos y heridos, en el año 2010, (diez meses) ascienden casi a 2.500. La cifra ya supera a la que se registró en 2002 cuando se presentaron 2.236 y a 2009, año en el que se registraron 2.320 bajas”, indica el informe basado en fuentes judiciales. 

En lo que va de 2010 un total de 69 estructuras de las Farc presentaron acciones armadas, 184 municipios registraron acciones militares de esta guerrilla, citaba el documento de Arco Iris al que le do toda la razón el presidente Santos.

Esto quiere decir que en esos 300 días de resumen, las Farc le ocasionaron 250 bajas a la fuerza pública cada mes: más de ocho víctimas por día, una cada tres horas. Entre ellas 450 muertos, 1.5 cada día.

El citado centro de estudios subrayaba que “en 2010 se ha producido un alto número de combates: más de 400. Un combate, entendido como una acción militar de choque entre dos estructuras enemigas por más de 120 minutos, mostraría que las Farc aún mantienen una fuerte capacidad bélica en varias regiones del país”.

Si se compara con la lucha que libra EE.UU y 26 naciones más contra el pueblo de Afganistán las cifras son particularmente arrolladoras: en todo 2010 los norteamericanos y sus aliados sufrieron 709 bajas mientras en Colombia pasaron de 2.500 en diez meses. (Ver http://icasualties.org/oef/).

Nadie puede regocijarse con semejantes datos de la muerte que demuestran el escalonamiento del conflicto. Nos deben doler todos los colombianos caídos en esta larga e inútil guerra, pero con nuevos llamados a prolongarla y prometiendo un exterminio total del enemigo, solo se cosechará más dolor y sufrimiento al pueblo colombiano.

Es hora de que Santos haga realidad sus palabras cuando se posesionó hace cuatro meses: “No he arrojado al mar la llave de la solución política del conflicto armado”. Los crudos hechos de la confrontación así se lo demandan.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Boletín Informativo Redher Colombia 08/02/2010

Amenazas e intento de asesinato en contra de integrantes del MOVICE capítulo Sucre.

El MOVICE expresa su profunda preocupación por la vida y la integridad física de los integrantes del capítulo Sucre, en específico de Ingrid Vergara, Juan David Díaz y sus respectivas familias.

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La guerra, estrategia reeleccionista de Uribe Vélez. (Organizaciones Sociales Arauca)

Mientras la salud publica agoniza, la educación excluye a las mayorías con la privatización, y la productividad agraria del campesino desaparece, por el desplazamiento y despojo de las tierras, para grandes mega proyectos de agro combustibles o de explotación de los recursos energéticos; Uribe Vélez y su régimen de Seguridad Democrática, enarbolan la bandera de la guerra como estrategia reeleccionista para perpetuar este régimen inmoral. Una guerra contra el pueblo colombiano, contra nuestra soberanía y la libre determinación de nuestros vecinos como Venezuela y Ecuador. Es evidente el papel servil y provocador del gobierno colombiano, que después de permitir la ocupación militar de nuestro territorio con las bases gringas, ahora adquiere una moderna flota de aviones de guerra y agudiza su campaña mediática, para mostrar al gobierno revolucionario bolivariano como el agresor. Aquí los verdaderos perros de la guerra son los EEUU, con sus cachorros aliados, la oligarquía colombiana y venezolana a la cabeza.

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Asesinados 40 sindicalistas el año pasado en Colombia.

La cifra mantiene al país como el más peligroso del mundo para el ejercicio de esa actividad.

El director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, Alberto Vanegas, aseguró que la cifra significa que "el 60 por ciento de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos".

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Fuera las Bases Militares Extranjeras.

América Latina y el Caribe, una región de paz

Reunidos en Porto Alegre, Brasil, en el marco de los eventos celebrados durante el 10º aniversario del Foro Social Mundial, frente a una nueva escalada agresiva del imperialismo, nosotros los movimientos sociales y populares, redes, organizaciones, de las más diversas latitudes, nos encontramos nuevamente al frente de una campaña como la que realizamos contra el ALCA, para decir que América Latina es una región de paz, para decir fuera las bases militares extranjeras!

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RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
redher@redcolombia.org redeuropea@redcolombia.org
www.redcolombia.org

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LOS OLVIDADOS - VÍDEO DOCUMENTAL RESULTADO DE LA V VISITA DE VERIFICACIÓN DE LOS DD.HH. EN COLOMBIA - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ASTURIAS

El siguiente vídeo documental es resultado de la V visita de verificación de la situación de los Derechos Humanos en Colombia, llevada a cabo entre abril y mayo de 2009 por una Delegación del Gobierno de Asturias, en la que participaron dos compañeras de la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia.

El vídeo muestra los testimonio de víctimas o familiares de víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que en el 95 % de los casos señalan al Estado como presunto autor, ya sea por la acción directa de fuerzas regulares (ejército o policia) o por fuerzas irregulares que actúan en colaboración con las primeras (paramilitares).

Una muestra de la crudeza del conflicto armado son las estadisticas de la Comisión Colombiana de Juristas que desde julio de 2002 hasta junio del 2008 registró 24. 824 muertes violentas por motivos sociopolíticos, de las cuales 14.039 fueron homicidios y despariciones en contexto distinto al combate y 10.785 muertes en combate (enfrentamientos entre las guerrillas y las fuerzas regulares e irregulares del Estado). Sobre esta última cifra hay que tener mucha cautela, pues una de las denuncias más frecuentes como se verá en el documental es el asesinato de civiles por parte del Ejército de Colombia que posteriormente presentan como guerrilleros dados de baja en combate, son los llamados falsos positivos. En los últimos años hay más de 1.200 de falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales de civiles que suelen estar implicados en tareas de representación sindical, asociaciones campesinas o juntas de acción comunal.

El siguiente vídeo documental no muestra sólo los testimonios de las víctimas sobre violaciones de sus DD.HH. sino que en muchas ocaciones deja ver las causas de dicha violencia política, fundamentalmente del Estado, pues en las zonas rurales más golpeadas las multinacionales disputan a las comunidades territorios ricos recursos diversos. Por otro lado, el exterminio del movimiento sindical colombiano ha sido la forma violenta de imponer un modelo de desprotección social y destrucción de derechos muy favorable a los intereses de grandes empresas, muchas de ellas extranjeras.

El documental se desarrollo por diversos puntos de la geografía colombiana: Bogotá (Ciudad Bolívar), Bajo Ariarí, Bucaramanga, Casanare, ... Se trata de una producción de Programas Principado de Asturias, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, la realización y el montaje es de Nacho Salgado, la imagen de Jorge Malgor, María José Durán fue la secretaria de producción con la colaboración de Javier Orozco y Javier Arjona, y otras personas se encargaron del diseño y otros aspectos bajo la dirección de Francisco G. Orejas. Queremos felicitar por este gran trabajo de denuncia a todas las personas implicadas , en especial, a las colombianas y colombianos que denuncian con valentía los atropellos que sufren, y las organizaciones colombianas que desarrollan sus tareas sociales en tan duro contexto (Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Nacional de Solidaridad con los Presos Políticos, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Departamento de DD.HH. de la Central Unitaria de Trabajadores, Organización Nacional Indígena de Colombia, International Peace Observatory).

Colombia from Nacho Salgado on Vimeo.

URGENTE: Lo que nadie dice en Colombia: El informe de la Delegación Europea sobre el horror de la guerra colombiana.

Lo que ningún medio de comunicación colombiano recoge en su programación ni en sus páginas. El informe presentado por la comisión europea (británica) al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que tiene en vilo a la opinión internacional y que es una de las tantas iniciativas que desenmascara la verdadera situación en el conflicto bélico colombiano. A continuación, los hechos:

Haz clic aquí para leerlos.

El Presidente de Venezuela alerta que el Gobierno de Colombia prepara un falso positivo para justificar una agresión norteamericana a Venezuela

Chávez afirma que tiene evidencias de que el Gobierno de Colombia, por orden estadounidense, prepara un falso positivo para justificar una agresión a Venezuela.

Falso positivo es la expresión usada para señalar los homicidios de sindicalistas, activistas sociales, campesinos, políticos o estudiantes colombianos perpetrados por la fuerza pública (fundamentalmente Ejército), y que son presentados como "guerrilleros" dados de baja "en combate". El Ejército de Colombia recibe recompensas económicas por los guerrilleros dados de baja y, por otro lado, dentro del Ejército hay una percepción peligrosa de la izquierda social, sindical y política, pues al coincidir en sus aspiraciones sindicales y sociales o en sus programas políticos con postulados de la insurgencia armada, es vista como una prolongación civil de las guerrillas y convertida automáticamente en objetivo militar. Se han denunciado miles de falsos positivos durante el mandato de Uribe.

El Presidente de Venezuela está convencido de que el Gobierno de Uribe, por mandato del Gobierno de Obama, prepara un montaje sangriento dentro de territorio venezolano, con la intención de señalar presencia guerrillera dentro de Venezuela y proceder a una agresión militar, cuyo objetivo es derribar a su gobierno y dominar a otros gobierno de la región que ejercen mayor soberanía sobre recursos estratégicos para EE.UU.

Declaración Final: XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – COLOMBIA.

Carrera 6 No. 12 – 21 - Tel. 2862702 - fax 286 27 04

E.Mail: comperdh@etb.net.co– pagina Web : www.cpdh.org

Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009

Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:

1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.

3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.

4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.

6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.

7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.

8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.

9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.

10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.

11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.

12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.

PROPONEMOS:

1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:

- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.

- 7 de octubre por el trabajo digno.

- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.

2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.

3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.

4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.

5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.

6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.

8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia

9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.

10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.

12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.

¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!

LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,

¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!

¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!

Bogotá, 12 de septiembre de 2009

SE CONCENTRARON VARIAS PERSONAS EN LA PLAZA DE LA CANDELARIA RECHAZANDO LAS BASES NORTEAMÉRICANAS EN COLOMBIA. LOS MEDIOS IGNORARON EL ACTO (VÍDEO)

Un grupo de personas se reunieron el pasado viernes, 11 de septiembre, en la Plaza de la Candelaria de S/C de Tenerife, para mostrar su rechazo al uso de bases militares por Estados Unidos en territorio colombiano, en el marco de una convocatoria internacional que tuvo su eco en distintas ciudades de Europa.

Los asistentes desplegaron pancartas y paneles sobre el rechazo a las bases norteaméricanas y a los asesinatos de civiles vinculados a la actividad sindical, a organización de la izquierda colombiana o de defensa de los derechos humanos durante el régimen de Uribe.
La Red Canaria por los DDHH en Colombia denuncia que desde hace años EE.UU. viene utilizando las bases de Tres Esquinas y la de Larandia en Colombia para aviones e inteligencia técnica, dándose un incremento de la guerra, el asesinato de civiles y los desplazamientos en dichas zonas. Añade que Colombia es el país de América que más “ayuda” militar norteamericana recibe (3.600 millones de $ entre el año 2000 y el 2005), y con más militares y policías entrenados por norteamericanos (9.679 oficiales pasaron por la Escuela de las Américas). El saldo de esta intervención es nefasto en materia de derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas (institución con estatus consultivo ante NN.UU) registró en sus estadísticas 14.039 homicidios y desapariciones por motivos sociopolíticos en contexto distinto al combate desde julio de 2002 a junio de 2008 (presidencia de Uribe) y que sumando las muertes en combate durante dicho periodo la cifra es de 24.824 víctimas.
Beatriz Cruz, quien participó en la V visita de verificación de los Derechos Humanos de la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Asturias, nos comunica que el informe resultante de la visita señala a las Fuerzas de Seguridad del Estado como presuntos responsables en el 95% de las denuncias.
La mencionada portavoz de la Red afirma que la ampliación del uso estadounidense a 6 bases más y el aumento de soldados norteamericanos y contratistas correspondiente tienen un carácter claramente ofensivo, cuyo alcance trasciende las fronteras de Colombia. Añade que un documento de planeación del Comando de Movilidad Aérea (AMC) indica que “Un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con excepción de la región del Cabo de Hornos”. Por ello la Red Canaria por los DDHH en Colombia considera que está inversión militar norteamericana guarda estrecha relación con la existencia de gobiernos en la región que han ejercido un control más soberano sobre sus recursos energéticos, siendo los mismos de interés estratégico para EE.UU.
La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia denuncia que este tipo de actos son ignorados por los medios informativos. A pesar de que estos actos se repitieron en distintos puntos de la geografía española entre el 7 y el 11 de septiembre todos fueron ignorados, salvo pequeñas excepciones. Debemos decir que en Tenerife la Televisión Autonómica Canaria fue la única presente, pero no cubrió el acto porque empezó un poco más tarde de la hora fijada. Esa fue la explicación que se dio a los compañeros que preguntaron a los reporteros cuando los vieron retirarse a un bar. Desde la Red consideramos que parece existir una estrategia con respecto a este tema, donde la política exterior española es lamentable y se puede considerar que respalda este tipo de "acuerdos" que ponen en peligro la soberanía de todos los estados de América Latina.

VER VÍDEO ENTREVISTA A BEA CRUZ. COMPAÑERA DE LA RED CANARIA POR LOS DDHH EN COLOMBIA.

CONCENTRACIÓN EN TFE CONTRA LAS BASES DE EE.UU. EN COLOMBIA

La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia te invita a participar en la:

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CONCENTRACIÓN

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NO a las bases militares estadounidenses

en Colombia

FUERA el IMPERIALISMO YANKI de COLOMBIA

Por el respeto a los Derechos Humanos

VIERNES 11 de Septiembre, 6 p.m.

Plaza de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Desde 2002 hasta 2008, la Comisión Colombia de Juristas registró 24.824 personas a las que mataron o desaparecieron por motivos sociopolíticos en Colombia (11,34 personas por día), de ellas 14.039 fueron asesinadas o desaparecidas en contexto distinto al combate (6,41 personas/día). Y de estas últimas hay 8.106 casos donde se identificó al presunto autor genérico: se señala al Estado en el 75,51 % de los casos (por acción directa de la fuerza pública en 1.486 casos, un 18,33%, y por colaboración o tolerancia de acciones de los paramilitares en 4.635 crímenes, un 57,18%). La creación de los grupos paramilitares fue una estrategia del Estado colombiano para eliminar al opositor político y social, también prescrita por los documentos Santa Fe I y II elaborados por expertos de EE.UU, donde proponían la creación de grupos de choque anticomunistas, terrorismo de Estado, operaciones psicológicas con desinformación… Una guerra de baja intensidad contra el comunismo que se tradujo en la eliminación física de los campesinos, militantes de izquierdas y sindicalistas a los que ven como base social de las guerrillas.

Hay más de 4’6 millones de personas desplazadas por la violencia. El abandono de las tierras deriva en una ocupación de las mismas. Empresarios, políticos y gobiernos implementan en tierras despojadas proyectos de agroindustria, infraestructura y extracción de recursos naturales. Se trata de una contrarreforma agraria que destruye el modelo agropecuario de producción alimenticia propia.

Colombia es el país de América que más “ayuda” militar norteamericana recibe (3.600 millones de $ entre el año 2000 y el 2005), y con más militares y policías entrenados por norteamericanos (9.679 oficiales pasaron por la Escuela de las Américas). El Plan Colombia bajo la pantalla de lucha contra el narcotráfico pretende una contrarrevolución preventiva con visión continental. Desde sus inicios EE.UU. ha utilizado las bases de Tres Esquinas y la de Larandia en Caquetá para aviones e inteligencia técnica, dándose un incremento de la guerra, el asesinato de civiles y los desplazamientos.

Las nuevas Bases que entran a funcionar con EE.UU. son Aéreas y marítimas (las aéreas de Apiay, de Malambo, de Palanquero, de Tolemaida; y las navales de Bahía Málaga y Cartagena). La nueva capacidad operativa de estas instalaciones no se limitará a operaciones contra el narcotráfico, ni siquiera a la región andina. Un documento de planeación del Comando de Movilidad Aérea (AMC) habla de alcance continental (Con carga suficiente de combustible "Un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con excepción de la región del Cabo de Hornos”). El número de soldados y contratistas militares de EE.UU aumentará de 575 a 1.400 con posibilidad de aumentar. Para controlar las rutas aéreas y marítimas del narcotráfico sería más efectivo hacerlo en las propias fronteras de EE.UU. El alcance del despliegue en Colombia debe tener otros objetivos.

La crisis energética lleva a EE.UU., en un intento de detener el colapso de su modo de producción, a intentar el control de las reservas mundiales de petróleo y gas. El Pte. Lula expresa su preocupación por las bases en Colombia y la reactivación de la IV Flota relacionándolas con las grandes reservas petroleras a 7.000 metros de profundidad en aguas brasileñas. El Pte. Chávez expresa lo mismo respecto a la enorme reserva de la faja del Orinoco. Igualmente Ecuador y muchos otros miembros de UNASUR ven las bases como un peligro de desestabilización de la región.

Dentro de Colombia multitud de organizaciones sociales y políticas han rechazado el uso de las bases. Estas echarán por tierra la posibilidad de los acuerdos humanitarios, el fin dialogado del conflicto interno e incrementarán las violaciones de los DD.HH. Denuncian, además, la inconstitucionalidad del procedimiento.

Por ello, convocamos a una CONCENTRACIÓN PARA RECHAZAR EL USO DE LAS BASES MILITARES POR EE.UU. EN COLOMBIA Y LA NEFASTA POLÍTICA DE EXTERMINIO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y OBRERO DESARROLLADA POR EL GOBIERNO DE URIBE.

CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia se suma a la siguiente declaración que será entregada el 11 de septiembre en el Consulado de Colombia con la firma de multitud de colectivos de las islas.

Se deben envíar las adhesiones hasta el 10 de septiembre al correo: moclaspalmas@gmail.com.

CONTRA DE LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

Canarias, territorio de paz.

Los abajo firmantes, ciudadanos, ciudadanas y colectivos sociales de Canarias, queremos expresar mediante este manifiesto nuestro radical rechazo a la implantación de siete nuevas bases militares de Estados Unidos en Colombia. Las razones a dicho rechazo se exponen a continuación:

1ª) La sociedad canaria históricamente ha manifestado su vocación pacifista y antimilitarista, expresada en la reivindicación de que toda la tierra, el mar y el aire sean para el uso de la vida y no para generar violencia y muerte. Es por esto y por su situación geográfica estratégica, que consideramos que Canarias debe convertirse en una base desde la cual se irradie un pensamiento y práctica de paz y entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo, oponiéndonos terminantemente a la guerra y el militarismo como medios para la resolución de conflictos porque históricamente está probado que estos solamente son causa de dolor, miseria y muerte para las personas, y benefician únicamente a los intereses económicos de los grandes capitales transnacionales.

2ª) Es en este sentido que creemos que el despliegue militar en territorio colombiano va a alterar gravemente la situación militar y geopolítica en Suramérica y el Caribe, convirtiendo al territorio colombiano en portaviones terrestre y en puerto marítimo de la fuerza aérea y naval del imperialismo estadounidense, que viene implementando desde hace varios años un proceso planificado de desestabilización contra aquellos gobiernos que en Centro América y Suramérica están intentando, con mucho esfuerzo y dificultades, desarrollar una política independiente y solucionar algunos de los problemas históricos que aquejan a las mayorías pobres de sus respectivos países.

3ª) Como se puso de manifiesto en la reciente cumbre de UNASUR, celebrada en Bariloche, se planea utilizar estas bases, o alguna de ellas, como una amplia red de espionaje destinada a la vigilancia de toda la región, alcanzando incluso dicha vigilancia territorio africano, al margen de concentrar en ellas grandes cantidades de tropa y armamento. En términos objetivos, no hacen falta, en forma alguna, bases militares extranjeras en América latina, constituyendo los intentos de implantación de las mismas residuos de la extinta guerra fría que, con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico, ocultan la finalidad real de desarticular y amenazar a los gobiernos de izquierda de la región.

4ª) Con la excepción de Colombia, Suramérica es actualmente la región más pacífica y pacificada del mundo, recurriendo a los tribunales y al arbitrio internacional para solucionar sus conflictos territoriales, además de estar inmersa en profundos y novedosos procesos de integración (UNASUR, ALBA, etc.). La implantación de bases militares en Colombia no contribuye a la consolidación de la unidad regional, sino que parece, más bien, que intenta sabotearla, impidiendo que la mayor parte de los países de Suramérica logren concertar una política común de defensa que tendría como uno de sus ejes principales impedir la intervención de toda potencia extranjera y la implantación de bases militares en cualquier país de la región.

5ª) Es conocida y data de muchos años la presencia militar de fuerzas norteamericanas en Colombia y su apoyo manifiesto al ejército colombiano y los grupos paramilitares en la instauración de un régimen de terror que ha costado millones de muertes, desplazados internos y refugiados generando una de las crisis humanitarias más largas y dolorosas, a la vez que silenciada y olvidada en el mundo. Desde esta perspectiva la situación actual constituye la visibilización y profundización del dominio gringo en Colombia y su intención de convertirla en la punta de lanza de la agresión y dominación norteamericana hacia el resto del continente.

6º) El imperialismo y sus servidores locales muestran una tendencia a la creciente utilización de medios violentos, encarnados no sólo en el establecimiento de las bases militares en Colombia sino en el golpe militar en Honduras, la reactivación de la IV Flota de EEUU en el año 2007 y las recientes masacres indígenas Awa y Wayuú en la misma Colombia, y en la Amazonía Peruana. Todo esto con la pretención de contrarrestar el proceso de transformación económica, política y social que se viene gestando en el continente.

Por todo ello, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a este proceso de militarización intensiva de la región suramericana que, creemos firmemente, no implica nada bueno para su futuro. Queremos plantear además nuestro apoyo y solidaridad con los pueblos latinoamericanos en su lucha pacifica por la construcción de un futuro de autodeterminación, justicia y libertad.

Diálogos para la humanización del conflicto y la paz en Colombia, una esperanza para la humanidad

CARTA DE RESPALDO A LA SENADORA PIEDAD CÓRDOBA

Quienes firmamos esta carta de respaldo, hemos conocido que el 8 de julio pasado, el Gobierno de Colombia autorizó la mediación de la Senadora Piedad Córdoba , líder de Colombianas y Colombianos por la Paz, en el proceso de liberación de los miembros de la fuerza pública en poder de las FARC-EP y para la entrega de los restos de tres de ellos que murieron en cautiverio. Esta decisión significa un importante avance en las perspectivas no sólo humanitarias sino hacia la construcción de soluciones políticas al conflicto armado social y político que sufre Colombia hace más de cuatro décadas.

Valoramos igualmente que la guerrilla de las FARC-EP haya demostrado su disposición para el intercambio de prisioneros, con doce liberaciones unilaterales ya producidas, y con el compromiso unilateral de dejar en libertad al cabo Pablo Emilio Moncayo y al soldado José Daniel Calvo. Así mismo, a aceptar la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja , la Iglesia jerárquica católica y del profesor Gustavo Moncayo.

Adicionalmente las FARC-EP renunciaron a la zona de despeje exigida desde hace cinco años en los municipios de Pradera y Florida (Departamento del Valle del Cauca), nombraron sus voceros para el intercambio, incluyendo un miembro del Secretariado, su máxima instancia, solicitaron acordar un protocolo de seguridad entre las partes, pactar una veeduría internacional y la mediación de la Senadora Piedad Córdoba.

Comprendiendo la gran dimensión y el sentido de esta posibilidad:

Invitamos al gobierno colombiano y a la guerrilla de las FARC-EP a consolidar esta aproximación, a continuar el proceso de acercamiento en torno al intercambio humanitario de los militares y policías cautivos en poder de las FARC y de los presos políticos en las cárceles colombianas.

Llamamos al presidente Álvaro Uribe Vélez a realizar el encuentro solicitado por la Senadora Piedad Córdoba , para abordar las definiciones de fondo sobre este proceso de liberaciones.

Respaldamos el papel de la Senadora Piedad Córdoba y con ella el de Colombianas y Colombianos por la Paz, iniciativa ciudadana de diálogo, facilitación y mediación, conjunto representativo de la sociedad colombiana que busca la paz con justicia, al que nos ponemos a disposición, en aras de aportar nuestra solidaridad, conocimiento y oficios que correspondan, para la humanización del conflicto y la anhelada construcción de una paz justa.

A las partes, les expresamos con respeto nuestra determinación y el espíritu que nos asiste de colaborar en la posible observación internacional y en materias de aplicación del derecho humanitario, de protección, acompañamiento y soporte cuando se concreten acuerdos específicos, de fondo o logísticos, o para que éstos se materialicen y evolucionen.

Exhortamos a las instancias de decisión en la Unión Europea , en los Estados Unidos, en los países amigos de la paz en Colombia, y a los gobiernos latinoamericanos, así como a los órganos de las Naciones Unidas, a apoyar este proceso y la iniciativa ciudadana de Colombianas y Colombianas por la Paz, a contribuir para que se desarrollen los pasos que conduzcan a acuerdos entre las partes.

Los diálogos para la humanización del conflicto y la paz en Colombia, son posibles; son una esperanza para su pueblo, para las víctimas y para la humanidad entera.

Julio 10 de 2009

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

François Houtart, Profesor Emérito Universidad de Lovaina, Bélgica, Represente personal del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Comisión sobre la crisis financiera mundial, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

James Petras, escritor, profesor emérito de la Universidad de Binghamton, Estados Unidos

Belén Gopegui, novelista, España

Santiago Alba Rico, filósofo, escritor, España

Enrique Santiago Romero, jurista, España, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Pierluigi Di Piazza, sacerdote, responsable Centro Ernesto Balducci, Zugliano, Udine, Italia., miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Cayo Lara Moya, Coordinador General De Izquierda Unida, España

Olivier Besancenot, Porte Parole du Nouveau Parti Anticapitaliste, Francia

Willy Meyer Pleite, eurodiputado, Izquierda Unida, España

Mirta Acuña, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina - miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Eduardo Nachman, H.I.J.O.S. Capital Federal, Argentina - miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz- miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Rafael Palacios, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias

Gilberto López y Rivas, antropólogo, profesor universitario, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Méjico - miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Sebastián Sepúlveda, Comisión Ética Internacional Contra la Tortura - Secretariado Europeo

Violeta Valenzuela, Comisión Ética Internacional Contra la Tortura - Secretariado Europeo

Lorenzo Loncon, werken comunidad mapuche newen mapu, Provincia Neuquen. Argentina - miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Pilar Sánchez, psicóloga, Comunidad de Santo Tomas, España- miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Andrés Redondo, psicólogo, Comunidad de Santo Tomas, España- miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Mary Bricker-Jenkins, PhD, member of the Ethics Commission, on behalf of the Poor People's Economic Human Rights Campaign (PPEHRC), EEUU - miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Antoni Pigrau, Catedrático de Derecho Internacional, España - miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Jaime Ballesteros Pulido, Ex Diputado de las Cortes Españolas, España

Alberto Giraldez Dávila, miembro de la Comisión Ética por la Verdad en Colombia, académico, España

Carlos Fernández Liria, profesor de filosofía, Universidad Complutense de Madrid, España

Irene Amador, antropóloga, España

Joan Josep Nuet, Senador Esquerra Unida i Alternativa, España

Pascual Serrano, periodista, escritor, España

Carlo Frabetti, escritor, España

José Luis Galán Martín, abogado, España

Naomi Abad Velasco, abogada, España

Marcos Ana, poeta, España

David Abril Director de La Agencia de Cooperación de las Illes Balears, España

Josep María Balanzat, Director General de Cooperación del Govern de les Illes Balears, España

Mauricio Valiente, jurista, profesor universitario, España

Iñaki Markiegi, presidente Fundación Mundubat, País Vasco, España

Rafael Escudero Alday, profesor de derecho, Universidad Carlos III, Madrid, España

Lidón Soriano Segarra, profesora universitaria, miembro de Comités Internacionalistas, España

José Manuel Martín Medem, escritor, periodista, España

Francisco José Pérez Esteban, Secretario de Derechos Humanos y Solidaridad, Izquierda Unida, España

Carlos Taibo, Profesor Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid, España

Cesar Carrillo, Sindicalista Colombiano, USO, Colombia – España

Javier Orozco Peñaranda, Coordinador Programa Asturiano de Apoyo a Defensores de Derechos Humanos, España –Colombia

Juan Carmelo García, Presidente Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, España

Carlos Alberto Ruiz Socha, jurista, investigador social, España - Colombia

Roseline Vachetta, Porte Parole du Nouveau Parti Anticapitaliste, Ex Député Européen, Francia

Alain Krivine, Porte Parole du Nouveau Parti Anticapitaliste, Ex Député Européen, Francia

Valérie Techer, France Amérique Latine, Francia

Pablo Ruiz Espinoza, Observadores de la Escuela de las Américas – Chile

Juliana Jiménez-Colin, Architecte – Urbaniste, France

Rodrigo Restrepo, activista político, Francia

Gabriel Coderch Díaz, Grupo Reflexión y Solidaridad, Oscar A. Romero, Cuba

José Frias, coordinación Sicsal, Cono Sur

Luz Salgado, musicienne, France

Nidia Arrobo Rodas, Secretaría de la Red Mundial SICSAL, Oscar Arnulfo Romero

Ana García, activista social y política, Asturias, España.

Unai Aranzadi Ormaetxea, periodista, director de la agencia Independent Docs, País Vasco, España

Clara Romero, Coordinación Maloka, España - Colombia

Luis Martínez Andrade, Sociólogo, México – EHESS, Francia

Yader Sequeira, professeur d'art et littérature française, Nicaragua

Yehina Sequeira Bouveret, assitante commerciale, France-Nicaragua

Marie-Paule Bouveret, professeur, France-Nicaragua

Yali Sequeira Bouveret, étudiant, France –Nicaragua

Juan Ibeas Miguel, sociólogo, profesor universitario. Miembro de Iniciativa Solidaria Internacionalista, España

Alberto Arce, analista político, documentalista y cooperante, España

Philippe Colin, enseignant hispaniste à l'université Paris X, France

Maricarmen del Río Olmeda, activista de la solidaridad internacional, educadora, España

Rafael Lacalle Román, maestro, miembro de Iniciativa Solidaria Internacionalista, España

Xavi Cutillas, Presidente Associació Catalana Per La Pau, España

Mercè Civit, Diputada al Parlament de Catalunya, España

Felipe López Aranguren, poeta y periodista, España

María Rosario Gómez Serrano, estudiante, activista social, Puerto Rico - España

Alba de Lamo, Concejal del Ayuntamiento de Montcada, Catalunya, España

María José Pardo, Concejal del Ayuntamiento de Cornellà, Catalunya, España

José Antonio Gimbernat Ordeig, Presidente Federación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – España

Emilio Ginés, vicepresidente Federación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – España

José Candalija Rebollo, profesor, España

Francisco Javier Garcés Molina, médico, España

Catherine Marchais, funcionaria territorial, miembro de la Coordination Populaire Colombienne à Paris, France-Colombia

Manuel Salamanca, Funcionario territorial, miembro de la Coordination Populaire Colombienne à Paris, France-Colombia

Guido De Schrijver, Red Europea de Comités Oscar Romero

Vicente Romero, profesor, Membre d'unipoma – France

Angela Erazo, Ethnomusicologue, Militante Associative, France – Colombie

Liliane Cordova Kaczerginski, Conseillère Principale D'éducation, France/Argentina

Ascensión Redondo Novillo, profesora, España

Jesús María Goñi Alonso, educadora social, España

Ana Andrés Ablanedo, lingüista, Asturias, España

Javier Arjona, activista social y político, minero, España

Daniel Busto. Activista social y político, trabajador metalúrgico, España

Francesc Riera Isern, hortelano, documentalista, País Vasco, España

Alberto Vázquez, pintor, España

Juan José Tamayo Acosta, teólogo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones "Ignacio Ellacuría". Universidad Carlos III, Madrid, España

Pedro Tostado Sánchez, Sociólogo España

Elena Martín, profesora, Universidad Autónoma de Madrid, España

María Jesús Pinto, antropóloga, Catalunya, España

Tomàs Gisbert Caselli, investigador en conflictos y cultura de paz, Catalunya, España

Carlos Villán Durán, presidente, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, España

Luis Nieto, Director de la Revista Pueblos, España

Juan Hernández Zubizarreta, profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco, España

Mikel de la Fuente, profesor de Derecho, Universidad del País Vasco, España

Patxi Zabalo, profesor de economía, Universidad del País Vasco, España

Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción, España

Marián Suárez Ferreiro, Diputada del Parlament de les Illes Balears, España

Dolores Vidal Suárez, Comité de Solidaridad Monseñor Oscar Romero de Cádiz-España

Maria Isabel Lagos, Psicóloga, España

Gonzalo Rodríguez, maestro, miembro del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, España

Rocío Redondo Sánchez, psicóloga, Madrid, España.

Beatriz Cruz Osorio, activista social, miembro de la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia, España

Ricardo Ferrer Espinosa, escritor, periodista, España – Colombia

Pablo Lorente Zapatería, Coordinador Aldea-Nafarroa, España

Miguel Angel Giménez Casado, Presidente de la Asociación de Solidaridad
con Colombia Asoc-Katío

Nury González, educadora, España – Colombia

José Luis Gómez Morales, Presidente del Comité de Solidaridad Oscar
Romero de Madrid, España

Mario Amorós, historiador y periodista, España

Hervi Lara Bravo, Comisión Ética Contra la Tortura – Chile

Juana Aguilera Jaramillo, Comisión Ética Contra la Tortura - Chile

Juana María Indurain, Comité Cristiano de Solidaridad con Latinoamerica- Nafarroa, España

Roswitha Just, DKA, Austria

Ines Gil Casado, Educadora, España

Robinson Silva Hidalgo, Solidaritat Catalana per a la Cooperació i els Drets Humans, Catalunya, España

Libertad Sánchez Gil, Historiadora y portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, Extremadura-España, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia

Anna Ballardini, enseñante, Preore, Italia.

Alex Guillamón- coordinador de Entrepueblos, España

Alfredo Gómez-Muller, Profesor de Universidad Tour, Francia

Angélica Mateus Mora, Doctorante, Francia