Incremento de denuncias de desaparición forzada. 287 desaparecidos en 3 meses de gobierno de Santos

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Incremento de denuncias de desaparición forzada.

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

Derecho a la Vida | Víctimas de Crímenes de Estado |

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]

Solo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]

De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]

Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación. Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.

A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.

Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.

No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.

En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.

Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].

Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.

6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:

a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y

c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.

Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos

Notas

[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.

[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...

[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...

[4] Christian Salazar,Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.

[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".

Balance 300 días de gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos

Oidhaco

Jueves 2 de junio de 2011

la crisis de derechos humanos no cesa“La UE no puede seguir callando ante las violaciones de derechos humanos en Colombia”

• Oidhaco solicita a la UE que exija verdaderos avances al gobierno de Santos porque las cifras de violaciones a los derechos humanos no sólo no han cesado durante su gobierno sino que en algunos casos se han incrementado.

• La organización le pide a Bogotá que reconozca públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos parece que fuesen consecuencia de la violencia común

• Insta a la UE que pida resultados a Colombia en justicia porque la impunidad en violaciones a los DDHH ronda el 97%.

• Los miembros de Oidhaco, Justicia por Colombia y La Taula Catalana, presentan en España un documento con las cifras sobre la realidad en DDHH de los 300 días de Santos, firmado por cerca de 100 organizaciones españolas y europeas [ver anexo]

Bruselas, 2 de junio de 2011. Se cumplen 300 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Tras los ocho años de Álvaro Uribe, muy negativos para los avances sociales y nefastos para los derechos humanos, con la asunción al poder del nuevo presidente colombiano se ha creado una sensación general de mejora.

Sin embargo, tras las buenas formas del discurso público, en la realidad nada ha cambiado. Por tanto, Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos humanos-Acción Colombia-, le solicita a la Unión Europea que exija resultados en derechos humanos a Bogotá. “La UE no puede seguir callando ante las violaciones en esta materia en Colombia”, argumenta Vincent Vallies, su portavoz en Bruselas.

No es posible que allí la impunidad ronde el 97% en las violaciones a los DDHH, denuncia Oidhaco: “No se puede hablar de cambio cuando, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial para investigar y juzgar los crímenes, no encuentra el suficiente apoyo del Estado ni en recursos ni en protección a sus jueces”, advierte Vallies. “Sólo a manera de ilustración, en Arauca, provincia al noreste del país, en octubre de 2010, un miembro del ejército violó a dos niñas, asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos. Hasta ahora no se sabe de ninguna investigación rigurosa; a cambio, la juez que investigaba el caso fue asesinada también”. “La UE”, expone el portavoz, “debe exigir al Estado colombiano que luche públicamente y con recursos y apoyos contra la impunidad”.

Durante la administración Santos han sido asesinados 15 líderes que representan a sus comunidades en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a millones de campesinos, afrocolombianos e indígenas, a través de la violencia. Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por miembros de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, que en muchos casos corren riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse entre otras cosas a megaproyectos de explotación en sus territorios; sólo en 2010 fueron asesinados 122.

La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado sino que se ha incrementado. “Y ahora parece adquirir mayor crueldad contra las mujeres”, destaca Vallies. “Nos preocupa cómo cada vez crecen las agresiones contra las mujeres sindicalistas. La tercera parte de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en último año fueron en contra de mujeres, según ha denunciado la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]”.

Intermón-Oxfam, denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “Santos y el Estado colombiano deben hablar públicamente de ello y crear mecanismos de protección, además de llevar a los responsables ante la justicia”, dice el portavoz de Oidhaco.

La organización, por último, pide al presidente Santos “una verdadera voluntad política para erradicar la impunidad, proteger a los defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianos, así como a los sindicalistas y todas las víctimas del conflicto armado, entre ellas a las mujeres que son unas de las grandes ignoradas tanto por el Estado como por el gobierno”.

Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia.

"Álvaro Uribe debe ser procesado por la Corte Suprema: la Cámara de Representantes no es un tribunal independiente"

Patricia Rivas

Rebelión

Sandra Rocío Gamboa dice de sí misma que es "una simple abogada litigante", pero es de esa rara especie de abogados que cree y que lucha por la Justicia, comprometida con la verdad, capaz de contagiar a quien la escuche el respeto por el Derecho, incluso en un país donde la leguleyada ha sido, desde su fundación, la herramienta de opresión más extendida, y donde la ley se ha elaborado habitualmente a medida de la trampa. Vinculada al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Sandra Rocio Gamboa pertenece a ese puñado de colombianos que no enfrentan la realidad del genocidio cotidiano recurriendo a la indiferencia, a la esquizofrenia de la Colombia virtual de la propaganda, sino al compromiso con las víctimas, a la defensa de la humanidad, al trabajo concienzudo, riguroso, y al coraje frente a las amenazas, más o menos veladas, de los victimarios, que en Colombia suelen ser muy "respetables".

Aprovechamos su paso por Madrid para pedirle la información que nos niegan los medios de comunicación, acerca de un proceso histórico que se desarrolla ante la Corte Suprema de Justicia contra quien fuera director del DAS (servicio de "inteligencia" presidencial) durante el mandato de Álvaro Uribe, por el asesinato de varias personas incómodas al régimen y que, previamente a su asesinato por estructuras paramilitares en connivencia con el DAS, fueron criminalizados y acusados de nexos con la insurgencia. Una estrategia que fue exportada a América Latina y a Europa, con el sorprendente apoyo del aparato institucional de países como España y de la que han sido víctimas ciudadanos como Remedios García, que lleva dos años y medio esperando saber de qué se le acusa y poder defenderse, y en Venezuela el periodista colombiano William Parra, cuyo crimen consistió en cubrir la fuente de la insurgencia para contar la guerra en los más prestigiados medios de su país y negarse a revelar al otro bando beligerante la ubicación de su fuente. Tras sobrevivir milagrosamente a un atentado mientras caminaba con su pequeña hija por la ciudad de Bogotá, y casi morir desangrado, solicitó asilo en Venezuela, donde tiene condición de refugiado. Allí ha seguido demostrando sus excepcionales dotes de reportero, ejerciendo el periodismo con el rigor y la garra que le valió el sobrenombre que le endosó Jaime Garzón antes de que los paramilitares lo asesinaran por el delito de sacarle los colores al establecimiento colombiano con su humor tan irreverente como sensible a la injusticia, y a quien los enemigos de la paz condenaron a muerte por su labor de facilitador para el intercambio humanitario en Colombia.

William Parra cubrió para TeleSUR la última invasión de Israel contra el Líbano, en verano de 2006, dotado con una cámara, un puñado de dólares recogido por sus compañeros y su saber hacer. Sin camarógrafo, sin chaleco antibalas, sin seguro médico. Quien conoce a William sabe que no come cuentos de agencia. Parra sabe que los conflictos sólo pueden contarse honestamente desde dentro, dándole la voz a todas las partes, y generalmente siempre hay voces que son silenciadas desde el cartel mediático. Es en ese límite donde se está en condiciones de descubrir los hechos ocultos, es decir, de informar. Sin periodistas como William, sencillamente no es posible la democracia. Si la única versión que recibimos es la que el poder consiente, si nadie nos desvela lo que interesadamente se cubre, se silencia o se deforma, queda el totalitarismo. Ahora William Parra vuelve a ser perseguido por el Estado colombiano, que desde hace dos años le acosa con acusaciones en los medios de comunicación de "vínculos con el terrorismo", sin que hasta el momento haya podido conocer qué pruebas se tienen en su contra ni rendir declaración para defenderse de unos cargos que desconoce.

Es un misterio de dónde sacan los defensores de derechos humanos la energía para enfrentar cotidianamente al aparato de opresión que en Colombia aplica la violencia y extiende el terror, la pobreza y la muerte de forma estructurada, con una sistematicidad y en una dimensión no igualados en este siglo en América. Pero comenzar el año con la fuerza y la rectitud de esta "abogada litigante", se me antoja la mejor manera de proyectar una mirada esperanzadora para Colombia sin recurrir a la hipocresía. Porque la humanidad es posible, todavía, gracias a quienes la defienden cotidianamente.

Sandra Rocío Gamboa, extenuada por una agenda maratónica y el implacable frío de Madrid, recupera el brillo en la mirada apenas le preguntamos por sus defendidos, en una combinación entre indignación y esperanza en la Justicia.

Hace aproximadamente 9 meses que pasó por Madrid y en ese entonces estaba en pleno desarrollo el juicio contra Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS. ¿Qué novedades ha habido y cuál es el estado de esta causa?

En el proceso desarrollado ante la Corte se pueden encontrar varias notas características. La primera, un respeto absoluto de parte de la Corte por la presunción de inocencia, por el desarrollo de un debate procesal legítimo, auténtico, legal, donde se permitió que la defensa practicara los medios de prueba que fueron solicitados; donde también se permitió esa posibilidad a los abogados de la parte civil que adelantamos el caso.

Por otro lado, también encontramos un recaudo, que podría ocupar aproximadamente 400 páginas de transliteración. Un recaudo de medios de prueba testimoniales que, incluyendo los medios que fueron presentados por la defensa, en realidad terminaron concluyendo en una prueba sólida de certeza absoluta sobre la responsabilidad de Jorge Noguera Cotes en los crímenes imputados. Yo destaco mucho cómo, a través de los interrogatorios de los sujetos procesales, fue posible llegar a una verdad consideramos no solamente procesal, sino además material. Pudimos evidenciar relaciones, hasta ahora desconocidas para nosotros entre dos de los asesinatos. Me refiero en específico al homicidio del Dr. Fernando Pisciotti Van Strahlen y al homicidio del profesor Alfredo Correa Andreis. Se pudo determinar la vinculación en estos dos crímenes de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coincidencias entre los casos como la previa judicialización. En el caso del Dr. Correa Andreis la previa judicialización de él mismo, y en el caso del Dr. Pisciotti, la previa judicialización de dos de las personas más cercanas.

Asímismo observamos el ejercicio de un desarrollo absolutamente dialéctico y de un trabajo esforzado de la fiscal, la doctora Ángela María Buitrago. Lamentablemente, el resultado y lo que se recibió, a pesar de esto, es que la doctora Ángela María Buitrago fue retirada de la fiscalía, y se perdió la posibilidad de contar con una mujer que conocía profundamente el caso, una mujer muy inteligente, muy activa en el proceso, y lo más lamentable de esto es que sale por decisión del fiscal encargado y salen imponiendo un manto de duda sobre el desarrollo de su gestión, cuando ha sido y es reconocida en todos los niveles como una fiscal absolutamente activa, que movía sus procesos y llevó a la cárcel a muchísimos militares. Esta fiscal fue retirada del caso por el Fiscal General de la Nación, quien adujo supuestas razones de falta de resultados en los procesos. Afortunadamente, recientemente ha salido una decisión del Consejo de la Judicatura que resalta que no existe tal valoración en el trabajo de la doctora Ángela María Buitrago Ruiz. No obstante, ella ya no es funcionaria de la Fiscalía, y con ello, se ha perdido una mujer absolutamente valiosa y una funcionaria administradora de Justicia, estructural en la lucha contra la impunidad en Colombia.

En este momento tenemos que la fiscal fue relevada por otro fiscal que, si bien solicitó la condena y aludió a algunos de los elementos estructurales del caso, no se ocupó del estudio más allá de la responsabilidad penal individual, de cómo funcionaba la figura de Jorge Noguera Cotes dentro de todo este entramado del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esto es, una visión estructural del caso sin, obviamente, deslindarse de la discusión acerca de la responsabilidad penal individual.

Por su parte, el delegado del Ministerio Público igualmente cambió, llegó una nueva representante de la Procuraduría quien, de manera sorpresiva pero muy en la línea de lo que ha sido la actuación de la Procuraduría en la etapa de instrucción, solicitó la absolución de Jorge Noguera Cotes por los homicidios agravados, pidiendo condena por los restantes delitos: concierto para delinquir agravado, entre otros. Consideramos que esta visión de la Procuraduría, si bien respetable en términos procesales, no consulta la verdad procesal y la verdad material, que quedó tan absolutamente sentada en la etapa instructiva y que quedó totalmente corroborada en la etapa de juicio. En este momento la parte civil, particularmente el doctor Alirio Uribe Muñoz, está desarrollando sus alegaciones finales ante la Corte, y tras finalizar la intervención de la parte civil, la Corte culminará la audiencia y se procederá al proferimiento de sentencia.

También llamamos la atención en este proceso sobre las denuncias presentadas por diversos testigos, sobre las presiones de las que eran objeto para que no declararan en el caso. Llama la atención dos casos particulares. Uno, el de la señora Nohora de Jesús Ospino, testigo en relación con el homicidio del doctor Fernando Pisciotti, quien se encuentra resguardada en otro país, al que llegaron a buscarla e intimidarla días antes del momento en que debía viajar a Colombia a rendir esta diligencia. Finalmente, la Corte Suprema, comprometida con el ejercicio de la verdad, dispuso que a través de medios tecnológicos se pudiera recaudar esa declaración, como en efecto se hizo, donde ella corroboró los cargos existentes contra Jorge Aurelio Noguera Cotes, y donde además denunció la situación de agresión contra su vida.

El otro caso, muy particular y muy llamativo, es el de un funcionario del DAS que intervino en la operación conocida como "Rodadero Ciclón". Este funcionario, Juan Carlos Sánchez Candia, había declarado en la etapa instructiva e inició su intervención en el juicio de una forma absolutamente sui generis. Inició su intervención pidiéndole a los magistrados de la Corte que le pidieran autorización al Director del DAS para que él pudiese hablar. Como se observa, es la imposición del Ejecutivo sobre la rama judicial, lo que es una contradicción absoluta a las bases propias del mínimo y elemental Estado de Derecho. Al indagar el magistrado presidente, el magistrado ponente del caso, las razones por las cuales el testigo hacía tal afirmación, el testigo revela cómo se le había obligado a él y a otros funcionarios del DAS a firmar un acta en la que juraban no declarar nada de lo conocido durante su trabajo en el DAS ante ningún particular ni ninguna autoridad sin la autorización del Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Evidentemente, el magistrado tuvo que aclararle a él a la audiencia que ésta no era razón que pudiera oponerse ante un juez de la República, y particularmente, ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual este testigo finalmente pudo declarar y entregó además material documental fundamental para observar cuál había sido el papel directo de Jorge Noguera Cotes dentro de lo que quiso ser una operación que terminase con la captura de Hernán Giraldo y que finalmente no se corroboró. Y al mismo tiempo, esta declaración y esta prueba documental entregadas por este testigo permitieron hacer una correlación con una lista de personas encontradas a Rafael García el día de su captura.

Este listado de personas dice Rafael García que le fue suministrado por Jorge Noguera Cotes coinciden con los contenidos y con las fotografías establecidas dentro de un informe que ellos habían desarrollado. Todos los puntos, todas las situaciones atinentes a los cargos quedaron corroboradas. Quedó corroborado el testimonio de Rafael García, pero además se pudo probar cómo no era el único medio de prueba con el que se contaba en este caso. Existen múltiples, centenares de medios de prueba que han sido traducidos por la parte civil en un alegato de 300 páginas y aproximadamente 800 pies de página. Estos pies de página corresponden a las ubicaciones de cada una de las afirmaciones y de los hallazgos probatorios en el caso. Como pocos, este caso tiene muchísimo material probatorio que, a nuestro juicio, debe implicar una condena contra Jorge Noguera por todos los crímenes por los que ha sido acusado.

¿Qué implicaría esa visión estructural que usted reclama sobre el caso, que no es -entendemos- solamente sobre Jorge Noguera y que se ha mal-llamado el caso de las chuzadas del DAS?

Esa visión estructural apunta a dos elementos principales: Una visión de quiénes eran las víctimas dentro de lo que constituye un plan sistemático de persecución contra determinados sectores en el país y, en segundo lugar, el empoderamiento del paramilitarismo en la institucionalidad colombiana, la conformación de lo que hemos denominado un aparato criminal organizado de poder. Este aparato organizado de poder funcionaba entre el DAS y el paramilitarismo. Nosotros lo evidenciamos en nuestros alegatos. Lamentablemente, ni la Fiscalía ni el Ministerio Público en sus alegaciones finales aludieron a esto, a por qué estas víctimas fueron precisamente seleccionadas y escogidas entre el paramilitarismo y el DAS.

¿Cuáles eran los rumbos, los vasos comunicantes, los conectores entre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), las fichas claves del DAS y las fichas claves del paramilitarismo? Esto no es algo que sea sui generis, ni impuesto por la parte civil. La misma Organización de las Naciones Unidas ha encontrado que, dentro de lo que ellos catalogan de manera genérica como "crímenes de sistema" y, para este caso, címenes de lesa humanidad, deben ser determinados en relación con las estructuras que los cometen y las víctimas hacia quienes van dirigidos.

En este orden, sigue resultando el caso contra el profesor Correa de Andréis como un ataque contra el ejercicio de los derechos humanos realizados por un docente, por un sociólogo, por un investigador social. El ataque contra Fernando Pisciotti Van Strahlen es el ataque contra un político del Partido Liberal colombiano. No era ni siquiera un político que pudiese ser definido como de izquierda. Era un político que no estaba de acuerdo con la imposición política, económica y social del paramilitarismo en el Banco Magdalena. Y en el caso de Zully Codina (asesinada también por el binomio DAS-Paramilitares) se ha recaudado pruebas y documentación alusiva a la relación entre el paramilitarismo y entidades del orden municipal y departamental en la costa. Eso es un asunto que no puede deslindarse, si se está hablando en términos de verdad material y de lucha contra la impunidad, de garantía de no repetición. Porque entender la estructura es entender toda la multiplicidad de actores que aún hoy no están siendo procesados por estos crímenes.

Y hablando de impunidad, ¿cómo se puede entender el reciente asilo otorgado por el Gobierno de Panamá a funcionarios como Pilar Hurtado, que tuvo una participación directa en estos hechos de persecución y de hostigamiento desde el DAS?

El caso de María Pilar Hurtado indudablemente resulta una bofetada a las víctimas, por vía doble. Porque ella no es simplemente una ciudadana. Ella era una funcionaria pública de un altísimo cargo que, según lo que demuestran las evidencias, habría utilizado su poder para la verificación de diversos crímenes, que incluyen crímenes de persecución y tortura, que constituyen, en el marco que se ha presentado, con el análisis contextual que se ha presentado, crímenes de lesa humanidad. Pero, por otro lado, evidencian una situación de omisión del Fiscal General de la Nación, Y aquí no podemos hablar de los fiscales delegados ante la Corte, ni de fiscales debajo rango. Aquí hablamos del Fiscal General de la Nación que, por obligación constitucional, debía proceder a hacer la imputación. Los medios de prueba que evidencian la necesidad de una imputación y de un procesamiento de la señora María del Pilar Hurtado reposan en la Fiscalía hace varios meses, han sido dados a conocer a la opinión pública a través de diversos medios y, a pesar de ello, sólo hasta el momento en que ella procedió a salir del país y se oficializó este asilo, contrario a la tradición jurídica internacional, es que se procede por el Fiscal a presentar esta imputación que podría terminar siendo, como decimos en Colombia, "un saludo a la bandera".

Si ya revisamos el tema mismo del asilo, esta ciudadana no es ninguna perseguida política. Al contrario: ella hacía parte de un aparato de persecución. No es más que un contrasentido concebir cómo una persona que, según lo que se ha evidenciado, podría hacer parte de un aparato de persecución es beneficiada con una figura sagrada en el Derecho Internacional que está concebida para proteger precisamente a los perseguidos. No es sólo lo que dice el Fiscal General actual encargado; que ella ha cometido delitos comunes y que, por eso, no debería sostenerse el asilo que se ha dado en su favor. Es que, además de delitos comunes, ella tiene señalamientos que precisan imputaciones además por crímenes de lesa humanidad. También hace parte del Derecho Internacional la consideración de que se permanece en la impunidad cuando no se imputan los delitos de lesa humanidad efectivamente cometidos. Por ejemplo, si un caso de torturas se maquilla como lesiones personales, o un homicidio agravado, un homicidio en persona protegida se maquilla como homicidio simple. En este orden, es preciso que la nueva Fiscal, la doctora Morales, asuma en el menor tiempo posible su cargo y que una de sus banderas -y es lo que se espera en un Estado de Derecho y en una lógica de respeto por la Constitución- sea desarrollar esta imputación contra esta ciudadana en las condiciones propias de un debido proceso, si, pero con la claridad que determinan la Constitución y la Ley.

Cuando hablamos del DAS, hablamos de una estructura que dependía directamente del Presidente de la República, que reportaba directamente al Presidente. Estamos escuchando en estos días declaraciones del ex Presidente Uribe afirmando que él apoya el asilo de la señora Hurtado porque en Colombia no hay garantías judiciales para los funcionarios. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto?

No sólo es absolutamente irrespetuoso que un propio ex mandatorio catalogue lo que, en últimas, es el reflejo de su labor, como un escenario proclive a la falta de garantías judiciales. Eso es una cosa bastante contradictoria. Por otro lado, esto lo que evidencia es el desarrollo de una estrategia del señor Álvaro Uribe Vélez para protegerse a sí mismo, y para tratar de sostener una no comparecencia ante la justicia para él mismo a través de María del Pilar Hurtado. En este momento, según lo que se ha difundido por los medios de comunicación, Álvaro Uribe Vélez podría ser el presidente de la República que más acciones penales tiene en su contra. No obstante, la Comisión de Acusaciones de la Cámara no ha proferido, históricamente, una sola acusación que permita el procesamiento de un ex presidente.

Nosotros consideramos, y así fue consignado en la última denuncia presentada por la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en crímenes de lesa humanidad, de persecución y tortura psicológica, que la determinación de la responsabilidad penal de un mandatario o de un ex mandatario tiene que hacerse bajo los lineamientos que establece el bloque de Constitucionalidad. Y el bloque de Constitucionalidad es absolutamente claro en la determinación de las responsabilidades. Dice: un crimen de lesa humanidad sólo puede ser procesado por TRIBUNALES INDEPENDIENTES E IMPARCIALES. La Cámara de Representantes no es un tribunal; tampoco es independiente, según se percibe simplemente leyendo quiénes están ocupando este papel de "procesadores" de Álvaro Uribe Vélez, y tampoco puede llegar a ser imparcial. En esta medida, siguiendo los cánones de Derecho Internacional y de bloque de Constitucionalidad, es decir, que hacen parte de la Constitución Política de Colombia, Álvaro Uribe Vélez debería ser procesado por la Corte Suprema de Justicia, que sí es un tribunal; que sí es independiente; y que sí es imparcial.

Quería preguntarle también por el caso de nuestro colega William Parra, un periodista que tuvo que salir de Colombia precisamente temiendo por su vida, después de sufrir un atentado muy grave por su compromiso con la verdad del pais, y en este momento está enfrentando cargos muy graves. ¿En qué punto se encuentra su caso?

Le agradezco la pregunta, porque permite aclarar además en el contexto de las preguntas anteriores un equívoco que se ha querido mantener, y es tratar de parangonar la situación de María del Pilar Hurtado con la situación de William Parra. Incluso esto lo ha dicho el mismo Álvaro Uribe Vélez en varios escenarios en Colombia y a través de los medios de comunicación. William Parra es un periodista independiente, es un hombre que hace el ejercicio crítico de su derecho que, a nuestro juicio es el único sentido ético de una labor periodística. William Parra salió de Colombia hace ya varios años, porque iba a ser asesinado. Él salió después de haber sufrido un atentado del cual se sobrepuso milagrosamente, y que en las condiciones en que se presentó, él no duda en atribuir a presiones recibidas en días anteriores al atentado para suministrar la ubicación de sus fuentes periodísticas.

Para mí es muy impresionante como abogada de William Parra observar cómo la humanidad de William no sólo lleva las cicatrices del intento de asesinato del que fue víctima, sino que, en este momento, su humanidad también es perseguida. Después de que él debe salir del país es que la Policía Nacional envía una comunicación sugiriéndole que debía buscar protección para su vida y que la policía se la llegaría a ofrecer. Ahora está a instancias de lo que no dudamos en catalogar de un montaje judicial, siendo, al parecer, procesado, también por el ejercicio de su labor periodística.

¿Y por qué digo al parecer? Contra William Parra se abrió un sumario hace aproximadamente dos años. Desde el momento en que este sumario se abrió y ya puedo hablar de esto en la medida en que ha sido objeto de otro tipo de acciones constitucionales y no estaría violando ningún tipo de reserva, William manifestó a través mío su interés en ser escuchado en diligencia indagatoria. Interés que, según la Fiscalía, ellos también compartían. La indagatoria bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 se concibe como un mecanismo de vinculación de la persona al proceso, pero también se concibe como un mecanismo, ante todo, de defensa judicial. Y debe ser aplicado en relación con todos los medios de prueba que se hayan obtenido hasta ese momento. Y esa obligación de mostrar los medios de prueba, de conocer lo que se enrostra en contra de cada ciudadano se mantiene durante todo el procedimiento de Ley 600.

Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, se solicitó copia espejo de todos los medios de prueba obrantes frente a William Parra, y durante dos años largos se nos negaron de una y otra forma. Y eso no fue lo único que hicieron: hubo varios interregnos, períodos de tiempo en que se nos escondieron los cuadernos del proceso y se obligó a William Parra a presentar una acción de tutela para que fuesen respetados sus derechos al debido proceso y a la defensa. Esta tutela fue ganada, fue decretada por el Tribunal Superior de Bogotá y parcialmente cumplida por la unidad de Terrorismo de la Fiscalía General.

Inmediatamente sale el fallo de tutela, observamos que, a pesar de que en el trámite de la tutela, el fiscal había decretado unos medios de prueba, no se había pronunciado sobre la totalidad de los medios de prueba solicitados por la defensa. En esa medida, envié una comunicación al fiscal, solicitándole que se pronunciara sobre un medio de prueba que no había dicho si se negaba o si se admitía. La respuesta a partir de allí fue una serie de resoluciones del fiscal donde me maltrató, como profesional y como mujer. Llegó a tal profusión de resoluciones, que empezó a levantar calumnias en mi contra. Esta era una estrategia de la fiscalía para, mientras me maltrataba a mí, seguir vulnerando los derechos de William Parra.

Con posterioridad a ello, se venció el término que legalmente la fiscalía tenía para instruir el caso. Se vencieron los 18 meses. Dice la ley que una vez pasado este término, el fiscal tiene la obligación de tomar una decisión sobre el estado del sumario y llamar a juicio o archivar la investigación. Aquí lo que hizo el fiscal, al parecer, fue variar los procedimientos. Y nos hemos enterado a través de los medios de prensa de que ha solicitado una orden de captura contra William Parra, audiencia de orden de captura a la que no hemos podido tener acceso porque existe una supuesta reserva sobre estas diligencias por especificaciones de la Ley. Son audiencias reservadas a las que sólo podría tener acceso el fiscal. Y que la posibilidad para indagar qué fue lo que dijo este fiscal.

Es absolutamente contradictorio que, sin haber declarado la nulidad en el proceso anterior, de un momento a otro, resultemos en este proceso. No tenemos ni idea de qué fue lo que dijo este fiscal para hacer entrar muy posiblemente a error a un juez de la República que ha ordenado en este momento la captura de William Parra. William, con mucha anterioridad, había recibido el refugio de Venezuela, dado en conformidad con la ley y con el Derecho Internacional, que pone en evidencia que la situación de William es la de un perseguido político y, particularmente, la persecución contra un periodista por no querer ceder a su obligación-derecho de reserva de la fuente.

En este momento, estamos en esta situación. No sabemos qué tipo de argumentaciones fue las que presentó el señor fiscal, pero estamos insistiendo en el acceso a estas audiencias para entender y para aclarar qué fue lo que sucedió y cómo, una orden de captura que no cumplía los requisitos, a nuestro juicio no tenía cabida y cómo, de un momento a otro, se ha variado: antes el proceso se adelantaba por rebelión y ahora se han introducido otros delitos que es, lamentablemente, una estrategia consolidada dentro de la unidad de Terrorismo de la Fiscalía en casos contra periodistas independientes, contra campesinos, contra dirigentes sociales, o contra académicos, como el profesor Miguel Ángel Beltrán, que aún hoy, culminando el juicio, no ha tenido acceso a ningún medio de prueba de los que dicen que fueron hallados en los supuestos computadores mágicos de Raúl Reyes.

VÍNCULOS RECOMENDADOS POR REBELIÓN:

Sandra Gamboa: “Mancuso ha corroborado que el paramilitarismo es un fenómeno estatal” (Rebelión, 25.04.2010)

Sandra Gamboa: "Bajo Uribe casi se han triplicado los asesinatos de civiles por fuerzas estatales" (Rebelión, 11.03.2010)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

DTOR DE LA AXENCIA ASTURIANA DE COOP. AL DESARROLLU, RAFAEL PALACIOS, CUESTIONA LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA UE Y DE ESPAÑA FRENTE AL RÉGIMEN HONDUREÑO

http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/resistencia-honduras.html

El 28 de junio de 2009, se produjo un golpe militar en Honduras, condenado por casi la totalidad de los países del mundo, así como por la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos internacionales.
En este asalto a la razón y en el uso de la fuerza de las armas, se articularon el poder militar, la jerarquía católica y evangélica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el poder jurídico, económico y político y el poder manipulador mediático, en alianza con sectores militares, económicos e internacionales.
Los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones populares, indígenas y garífunas, la comunidad LGTB, campesinos y campesinas, obreros y obreras, estudiantes y diferentes sectores de la sociedad civil, junto con escritores y escritoras, periodistas, sacerdotes, monjas y pastores alzaron sus protestas en contra de este golpe de manera pacífica y se organizaron como Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Ante las graves denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de estado del 28 de junio, ante los constantes llamamientos de la sociedad civil hondureña a la presencia de misiones internacionales de observación en la zona, ante la grave preocupación por la situación en la que se encontraban los asturianos y asturianas desplazadas y ante el desconocimiento de la situación de los proyectos de cooperación financiados desde Asturies (Honduras es un estado prioritario para la cooperación y la solidaridad que se realiza desde Asturies, que ha destinado en los últimos cinco años casi 5 millones de Euros), se decidió constituir una Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras que visitó el país del 30 de julio al 7 de agosto de 2009, conoció sobre el terreno la realidad y expresó la solidaridad y acompañamiento del pueblo asturiano a la lucha y la resistencia del pueblo hondureño ante el golpe de estado.

Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, considero que la Unión Europea y el Estado español han dejado de tomar en consideración el grave impacto que para América Latina ha tenido el golpe de Estado en Honduras.

Honduras no ha sido readmitida en la OEA ante la oposición de Brasil, Argentina y México, entre otros. Por la misma razón, la invitación a Porfirio Lobo Sosa para participar en la pasada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de ALC fue cancelada.

Lo que no impidió que la UE se reuniera, casi clandestinamente y de forma vergonzante, con Porfirio Lobo Sosa en Madrid para anunciar la culminación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y ALC.

La Unión Europea y el Estado español han manifestado su voluntad de contribuir al restablecimiento de la democracia en América Latina, a la afirmación y fortalecimiento de los estados de derecho, al respeto de los derechos humanos y al empoderamiento de la ciudadanía en su tarea de vigilancia y participación de las políticas públicas.

Está promoción de la democracia participativa debería estar presente en todas y cada una de las políticas de cooperación y en el diálogo político de la Unión Europea y el Estado español con América Latina.

Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, me preocupa profundamente que se renuncie a esa voluntad democratizadora. Que se pretenda pasar página al golpe de Estado en Honduras, sin que los golpistas y sus cómplices, no solamente no hayan sido juzgados y sancionados por sus crímenes, sino pero aún, que estén siendo reconocidos por importantes sectores y gobiernos de la comunidad internacional, que no han condicionado el restablecimiento de sus relaciones y de las políticas de cooperación a la depuración de las instituciones públicas hondureñas.

Resulta evidente que estas ambigüedades de la política de la Unión Europea y del Estado español no contribuyen al propósito de reconciliar al pueblo hondureño, ni a la recuperación de la institucionalidad democrática, ni al imprescindible respeto a los derechos humanos.

Los golpistas que controlan el poder judicial siguen desafiando, no sólo los intentos de reconciliación nacional, sino también a la comunidad internacional que ha reclamado el reintegro de los jueces y la magistrada despedidos el pasado 5 de mayo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces y la magistrada, integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, que se han opuesto al golpe de Estado y han llevado a cabo una valiente huelga de hambre y a pesar de los reiterados llamados a su reintegro, han visto el 1 de junio de 2010, confirmada la arbitraria e injustificada decisión de su despido por la Corte Suprema de Justicia.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó su segunda visita a Honduras en mayo de 2010, expresó públicamente: “La Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos”.

La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares: “la militarización de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupación que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo”.

Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes, que ocupa el cargo de Director General de la Dirección de Migración y Extranjería, era Subjefe del Estado Mayor Conjunto en el momento del golpe de Estado; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres, es Director de Aeronáutica Civil; el ex-General Nelson Willy Mejía, se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez, que era Comandante en Jefe de las FFAA en el momento del golpe de Estado, es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

En este contexto es particularmente grave que, en sentido contrario a las recomendaciones de la CIDH, el legislativo hondureño ordenó mediante decreto de 10 de junio que las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.

Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies, quiero denunciar que desde la toma de posesión como Presidente de Honduras de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero, las organizaciones de derechos humanos han reportado 10 periodistas asesinados y más de 1.000 violaciones de los derechos humanos, desde amenazas, atentados, secuestros, violaciones y ataques contra medios de comunicación independientes. Especialmente grave es el número de muertos de la comunidad LGTB, con 20 personas asesinadas, de sindicalistas, con 12 asesinatos, y la represión y persecución a las mujeres en resistencia y al movimiento feminista.

La impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos continúa siendo la regla general que favorece que las mismas se sigan perpetrando.

Por todo lo expresado, al cumplirse un año del golpe de estado en Honduras, dirijo desde aquí estas preguntas a la Unión Europea y al Estado español:

¿Qué programas de cooperación se han restablecido con el Estado de Honduras y qué tipo de condicionalidad se ha impuesto para ello en caso de que se haya decidido alguna?

¿Qué tipo de ayuda están prestando la UE y el Estado español a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se instaló el pasado 4 de mayo en Honduras y qué se ha hecho para que se integrara en su mandato la documentación de violaciones de derechos humanos?

¿Qué tipo de sanción piensan la UE y el Estado español que podrían mantener o establecer en relación con las personas que patrocinaron el golpe de Estado?

¿Cómo piensan la UE y el Estado español aplicar la cláusula democrática prevista en el Acuerdo de Diálogo político y Cooperación del 15 de diciembre de 2003 y en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica del pasado mes de mayo, frente el hecho de que las principales instituciones hondureñas sigan siendo controladas por personas que han promovido el golpe de Estado?

¿Tienen previsto la UE y el Estado español establecer un diálogo político en derechos humanos con Honduras que incluya la participación de la sociedad civil?

Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies doy todo mi apoyo a la Comisión de Verdad, promovida por la Plataforma de Derechos Humanos y por múltiples organizaciones de la sociedad civil de Honduras que se constituye hoy, 28 de junio, como una manera alternativa de reivindicar los derechos de las víctimas y de contribuir a la superación de la impunidad.

Del mismo modo, expreso mi reconocimiento político e institucional al Frente Nacional de Resistencia Popular como uno de los interlocutores indispensables para el pleno restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la reconstrucción de una Honduras en paz y con justicia social.

Asesinan al campesino FRANCO URIEL RUCO y siguen las amenazas de muerte y extorsiones en Argelia - Cauca.

Constancia 120410

AMENAZAS DE MUERTE, EXTORSIONES, ASESINATOS SELECTIVOS,...

ARGELIA - CAUCA

Martes 13 de abril de 2010

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Dirección: Calle 61ª No 17-26 Telefax: (57-1) 346 36 13

CARTA DIRIGIDA A: FRANCISCO SANTOS (Vicepresidente de la República); FABIO VALENCIA COSSIO (Ministro del Interior); FERNANDO PAREJA REIMER (Vice-Fiscal General de la Nación); ALEJANDRO ORDÓÑEZ (Procurador General de la Nación); y VOLMAR PÉREZ (Defensor Nacional del Pueblo).

La lógica de la acumulación hace que todo se convierta en mercancía, no importa si hay que matar o desterrar” Francois Houtart

Es una vergüenza y produce indignación como lo han constatando observadores internacionales, integrantes de la Comisión Ética, que se hayan cometido crímenes, se continúen cometiendo en medio de la fuerte presencia militar o que militares aparezcan en retenes de efectivos regulares, luego departan con los paramilitares y se identifican como integrantes de estas estructuras armadas.

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la actuación directa de la fuerza pública en operaciones paramilitares y la inacción de las entidades responsables de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes aquí consignados y los que ustedes han tenido conocimiento y ante los cuales no han realizado acción alguna de fondo.

Viernes 09 de abril hacia las 9:00 a.m. - ROBEIRO ALVARADO, hermano de JESUS ERNEY Y OLIVER ALVARADO, desaparecidos el pasado 12 de noviembre de 2009 en el caserío de Mesón alto-Argelia por estructuras paramilitares denominadas “Los Rastrojos”, recibió una llamada telefónica del celular 3112729450. Un sujeto quien se identifico como el nuevo comandante paramilitar en reemplazo de alias “Julián”, exigió a ROBEIRO cancelar la suma de 10 millones de pesos (U.S. 5000) de impuesto por la finca de propiedad de su familia en el caserío Mesón alto.

ROBEIRO afirmó que no pagarían la extorsión, pues tras la desaparición de sus hermanos tuvieron que desplazarse forzadamente, abandonar la propiedad. El paramilitar afirmó: “nos entregan los 10 millones, o si no les pasa lo mismo que a sus dos hermanos. A ellos ya los picamos. O hace algo o nos quedamos con esa finca, la vendemos y nos cobramos el impuesto”.

El paramilitar propuso a ROBEIRO encontrarse el sábado 10 de Abril en el municipio de El Bordo. Allí le indicaría el sitio donde enterraron a los dos hermanos a la entrada del municipio del Tambo e igualmente se encontraría con miembros de la organización quienes recibirían el dinero. ROBEIRO, una vez más se negó a la exigencia del paramilitar, y este le manifestó que lo pensara y que cuando tuviera una respuesta le timbrara que él le devolvía la llamada. El paramilitar finalmente le expresó: “recuerde que los tenemos ubicados en Popayán”.

La familia ALVARADO se dirigió en horas de tarde al comando de la policía Cauca instaurando la denuncia por las amenazas y la extorsión. La policía afirmó que rastrearían las llamadas y los mantendrían informados.

* Sábado 10 de abril hacia las 6:40 p.m. tres llamadas se realizaron del mismo número celular 3112729450. En la cuarta ocasión la voz de un hombre preguntó por ROBEIRO y afirmó: “él sabe quién lo llama, que no se esconda, que conteste el teléfono”.

Este mismo día, aproximadamente entre las 7:45 a.m. y las 8:00 a.m FRANCO URIEL RUCO GUTIÉRREZ agricultor de 23 años de edad, quien se desempeñaba como moto taxista los fines de semana en el caserío La Primavera, corregimiento El Mango, municipio de Argelia, se dirigió al casco urbano de Argelia a dejar un pasajero al hospital. Al llegar al hogar juvenil cerca de El Hospital, los paramilitares atravesaron una motocicleta sobre la vía, para obligarlo a parar. FRANCO URIEL, se detuvo y los dos paramilitares fuertemente armados lo obligaron a bajarse y al pasajero le ordenaron irse, prohibiéndole hablar. Uno de los dos paramilitares tomó del brazo a FRANCO URIEL y lo obligó a montarse en la moto, y se lo llevaron forzadamente. FRANCO URIEL fue visto por el polideportivo de Argelia cuando era conducido hacia el caserío El Corazón-corregimiento de Argelia, ubicado a 5 minutos del casco urbano de Argelia.

Varios moto taxistas informaron rápidamente de la situación a la esposa de FRANCO, DIANA VANESA LAZO GÓMEZ, quien tiene 8 meses de embarazo, quien se encontraba en el hospital con su hijita de tres años de edad.

Hacia las 9:30 a.m. DIANA acompañada por algunos moto taxistas se dirigió a donde los paramilitares para exigir que le entregaran a su esposo, cuando llegaron a un puente que está a la entrada del caserío El Corazón, encontraron el cuerpo sin vida de FRANCO URIEL con un disparo en la cabeza.

El crimen se produjo muy cerca del casco urbano de Argelia en donde existe una fuerte presencia policial y militar. Sin embargo, los paramilitares deambulan libremente por tiendas, bares, hoteles del casco urbano.

FRANCO URIEL servidor de la comunidad prestaba un apoyo muy concreto a las comunidades desplazadas de Argelia. Su crimen es un aleccionamiento a las comunidades que pretenden retornar.

* Domingo 11 de Abril a eso de las 10:30 a.m. ROBEIRO recibió un mensaje de voz del celular 3112729450 en el que le decían: “señor ROBEIRO lo hemos estado llamando varias veces, pero siempre me contesta una señora, no sé qué es lo que pasa pero yo quiero negociar con usted, no sé qué es lo que pasa con usted, si es que me está mamando gallo, unas veces, me dice que está en Buenaventura y otras en Popayán. Ayer mandamos gente por la zona, y sabemos que hay un hermano de usted por allá, no lo he mandado a recoger porque sé que usted está trabajando, de todas maneras le deseo que este bien”.

Hacia las 2:00 a.m. en el caserío de El Bugió, ubicado a 10 minutos del casco urbano de Argelia paramilitares irrumpieron violentamente en una fiesta comunitaria, quienes ordenaron acabar con la actividad comunitaria.

Nuestra Censura Ética ante el vergonzoso espectáculo de la criminalidad parainstitucional. Actúan sobre seguro, su terror ha minado las posibilidades de la solidaridad efectiva, la mal llamada autoridad es solo el rostro de “bondad” de ese terror que está inoculado en sus operaciones. Y qué no decir de la justicia, su aparato está hecho a la medida de los victimarios, para guardar silencio o para actuar omisivamente.

Uno y otro desaparecido forzado, uno y otro asesinado, uno y otra familia desplazada y nada absolutamente nada pasa. Pues el conflicto armado no existe, pues el paramilitarismo ya no existe. Todo es falsedad, todo es mentira. O es posible inventarse más de 100 familias en situación de desplazamiento o es el alma de los campesinos tan perversa capaz de lanzar falsas imputaciones contra la fuerza pública cuando esta convive con los llamados “Rastrojos”. Pueden decir, que el paramilitarismo no existe? Puede alguna autoridad decir, que allí nada sucede, que no existe el paramilitarismo? No lo creemos.

Ante ustedes nuestro Derecho de Petición en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, pues a las víctimas les asiste el derecho de la verdad.

1. Ante las desapariciones forzadas de las que existen 3 Constancias, qué actuaciones han realizado en materia de investigación y de combate a sus responsables? Cuáles son los resultados?

2. Qué medidas administrativas, disciplinarias se han adoptado frente a la responsabilidad de las Fuerzas Militares y de la Policía en la comisión por omisión o por participación de más de un centenar de delitos en Argelia, que forman parte de una operación sistemática de persecución?

3. Qué actuaciones en materia de investigación, de atención humanitaria y de tareas para propiciar el retorno han adelantado de acuerdo con sus competencias institucionales?

4. Qué medidas van a adoptar frente al crimen de FRANCO URIEL RUCO GUTIÉRREZ en materia de investigación, de protección y de garantías para su familia?

5. Qué medidas de protección frente a la persecución de la que ha sido objeto la familia ALVARADO?

Esperamos su urgente respuesta, que debe superar la formalidad y convertirse en una actuación diligente y eficaz para enfrentar el Estado de hecho que se ha instaurado en Argelia.

Con profunda indignación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

6 de marzo en Cali Movilización de MOVICE

MOVIMIENTO NACIONAL DE CRÍMENES DE ESTADO.

LOS CRÍMENES DE ESTADO DE SOACHA NO DEBEN QUEDAR IMPUNES. VÍDEOS.

HISTORIA:

La tragedia de las madres de Soacha desata escándalo de los falsos positivos (TESTIMONIO DE UNA MADRE)

Madres de Soacha tras la rejas de la impunidad. 31 Miembros del ejército implicados quedaron en libertad.

Quién será el próximo asesinado en Cerro Tijeras

El dos de julio las paredes de varias casas de la vereda Damián (norte del Cauca) fueron manchadas con mensajes amenazantes por parte de las Autodefensas (Águilas Negras) dirigidos a varios miembros del Cabildo Cerro Tijeras (Gobernadora del Cabildo Melba Güetio, el Concejal del municipio de Suárez Meraldiño Caviche y los comuneros Ismael Quina, Nelson Ulcué, Pedro Guamanga, Belarmino Cuetia, Floresmiro Cruz Coyo, Enrique Güetio, Leandro Güetio y Jaime Cuetia Cruz) empero, la comunidad en pleno entendió que estas amenazas eran extensivas a todo el grueso del cabildo…su lectura fue más que precisa: la semana anterior fue asesinada Marly Carolina Guamanga de 23 años, el lunes 11 corrió igual suerte el también indígena Reynaldo Bomba de 30 años ultimado con tres impactos de fuego.

¿Quién será el próximo?...la gobernadora, el concejal, una mujer, un anciano, un guardia indígena….En días pasados las amenazas fueron corroboradas de nuevo vía escrita, en el texto que abajo transcribimos de manera literal queda claro, clarísimo la connivencia entre multinacionales y autodefensas. En el Urabá se llamaba la Chiquita, en el Cauca son la Kedhada, Smurfing Cartón de Colombia, EPSA. Denunciamos a las multinacionales, que bajo el beneplácito estatal vienen amenazando a indígenas, afrodescendientes y campesinos, valiéndose de terceros armados con el único propósito de que los dueños ancestrales de estas tierras las desalojen y así puedan ellas entrar con sus máquinas arrasándolo todo a su paso.

Queremos advertirles a trasnacionales, al gobierno que las ampara y a los armados que las acompañan que NO DESALOJAREMOS NUESTROS TERRITORIOS Se encuentra en Bogotá una delegación del Cabildo Cerro Tijeras, si usted está interesado, a, en conocer de primera mano y a viva voz esta infame situación no dude en comunicarse.

Teléfono: 312-8521476

CABILDO CERRO TIJERAS

PANFLETO ENVIADO VÍA FAX POR LAS ÁGUILAS NEGRAS-LITERAL

“EL GOBIERNO SIGUE CUNPLIENDO CON LOS ACUEREDOS Y COMPROMISOS Ustedes son defensores de la guerrilla, solicitando tierra para sembrar coca para fortalecer a los indígenas y a la guerrilla que no entienden el esfuerzo del presidente de la república Alvaro Uribe Que con la ayuda de familias en Acion, guardabosques y la seguridad democrática, un grupo de hombres y mujeres preocupados por el acontecer del país, hemos definido que se hace necesario de nuevo emprender la lucha contra aquellos que se camuflan en las organizaciones sociales como la CUT, Valle, NOMADESC, Defensores de D DHH, ONG, enemigos de nuestra democracia. Esos burócratas no dejan progresar el CAUCA, donde no permiten el ingreso de las multinacionales que si traen beneficio a las comunidades en SUAREZ, MORALES Y BUENOS AIRES Algunas de estas organizaciones han hecho convenios con dueños de títulos mineros solicitando el desalojo de las zonas mineras a cambio de dinero como ocurre en el corregimiento de la toma y tenemos documento como prueba. Hoy hemos decidido declarlos objetivo militar a esos burócratas HP, defensores de derechos humanos, NOMADESC, CUT VALLE, PCN, CONSEJO COMUNITARIO DE LA TOMA, CERRO TIJERAS, Licifredy, Eduar Villegas, Jose Goyes, Diego Escobar, Recheche, Meraldiño Consejal. AGUILAS NEGRAS NUEVA GENERACION”

Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez (VÍDEO)

Gilberto López y Rivas - La Jornada, México

Colombia Plural/Inestco

“Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado”.

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que las voces de los silenciados serán escuchadas.

En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena embera y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al Encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.

En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares– de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de seguridad democrática y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como bajas en combate para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio comandante general de las fuerzas militares ofrece de manera reiterada.

Estas prácticas aberrantes se presentan como resultados de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran prescindibles. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de limpieza social, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado.

La impunidad es una característica común de estos crímenes, en los que sus perpetradores no son investigados, ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.

Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.

La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que, dado el estatus e influencia de los investigados –en los lugares donde ocurrieron los hechos–, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.

También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos, que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir, y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadunidenses.

VER VÍDEO DE LA COMISIÓN:

LA RED CANARIA POR LOS DDHH EN COLOMBIA DENUNCIA UNA OLEADA DE CRÍMENES DE ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES Y RECHAZA LA ACTITUD INSOLIDARIA DE INGRID.

La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia lamenta y condena la oleada de crímenes cometidos por la Fuerza Pública y sus brazos paramilitares durante los últimos 3 meses contra líderes indígenas, defensores de derechos humanos, campesinos, sindicalistas y opositores políticos que relacionamos a continuación.

Joel Pérez Cárdenas[1] fundador de la Corporación de los DDHH Caguan Vive y miembro del Polo Democrático Alternativo, encontrado muerto, incinerado, decapitado y con un orificio en el cerebro el 15 de diciembre; el líder indígena José Edwin Legarda[2], compañero de la Consejera Mayor Aída Quilpue asesinado el 16 de diciembre por miembros del ejército colombiano; Cesar Largo Alarcón[3], indígena Embera Chami, asesinado el lunes, 6 de octubre, por el grupo paramilitar "Águilas Negras" en la Comunidad de la Florida, siendo su madre, María Angélica Alarcón, gravemente herida con balas de fusil en abdomen y brazo; Luz Marina Morales de 21 años y Mauricio Largo Bañol[4], de 61 años, indígenas Embera Chami, también fueron asesinados el 6 de octubre por el grupo paramilitar "Águilas Negras" en la Comunidad de La Esperanza (municipio de Riosucio, Caldas); Taurino Ramos Valencia, Jesús Antonio Nene y Elber Hibito[5], comuneros indígenas asesinados a mediados de octubre por la Fuerza Pública que respondió con fuego a una protesta pacífica de indígenas y afro-decendientes por la pérdida de sus territorios y dejó alrededor de 121 heridos; Ever González[6], líder de la asociación campesina Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y defensor de derechos humanos, asesinado el 20 de Septiembre de 2008 por dos sicarios motorizados, tenía un papel muy importante en el esclarecimiento de varias ejecuciones extrajudiciales en Sucre durante el año 2.007; Raúl Mendoza[7], Gobernador del Cabildo Indígena del Peñón, Municipio de Sotará, asesinado el 28 de septiembre de 2008 tras efectuar varias denuncias ante los Organismos del Estado, por reiteradas amenazas contra él y su comunidad; y por último queremos recodar el homicidio de Elixander Blanco Rodríguez[8] el 26 de agosto de 2008, afiliado a USO y miembro de diversas organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolívar) con el cual sumaban 43 los asesinatos de sindicalistas colombianos entre enero y agosto de 2008.

Ante semejante baño de sangre que enluta la Navidad colombiana, la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia condena al Estado Colombiano y solicita al Gobierno de Zapatero la ruptura de relaciones diplomáticas con el mismo hasta que no acabe con la impunidad y detenga las masacres y crímenes.

Por otro lado, la mencionada Red expresa su decepción y repulsa ante la actitud insolidaria de la ex rehén, Ingrid Betancourt, que no quiso atender la petición de Iván Cepeda, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quien le solicitó incluir la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales y demás crímenes de Estado en el lema de la macha que ella había convocado para el 28 de noviembre de 2008. Así mismo, considera que el fracaso de la marcha fue dicha actitud de Ingrid que quiso limitar el acto a exigir la liberación de los retenidos por las FARC-EP.

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[1] Publicado en http://notimundo2.blogspot.com/2008/12/mortandad-democrtica-asesinado-en.html

[2] Publicado en http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90809

[3] Publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2008/10/93663.php

[4] Publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2008/10/93663.php

[5] Publicado en http://www.onic.org.co/minganoticias.shtml?x=35236

[6] Publicado en http://colombia.indymedia.org/news/2008/09/93050.php

[7] Publicado en http://www.dhcolombia.info/spip.php?article641

[8] Publicado en http://rcanariaddhhcolombia.blogspot.com/2008/09/26-de-agosto-de-2008-asesinan-al.html