AMENAZAS DE MUERTE EN BOGOTA AL PADRE JAVIER GIRALDO

LA PRENSA URIBISTA INTENTA JUSTIFICAR LOS CRÍMENES DE ESTADO CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SÁN JOSÉ TILDÁNDOLA DE GUERRILLERA (VER VÍDEO)

Carta de Respuesta a Anastasia O’Grady The Wall Street Jornal.

Autor: Padre Javier Giraldo.

Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’. En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.

La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada XVII) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.

La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial. Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada XVII del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en delante de hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.

Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra. Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes. Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta. Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla. El Presidente Uribe lanzó 5 acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04), pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación. Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio Super, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’. Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.

No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

VÍDEO SOBRE LA CAMPAÑA MEDIATICA CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ..

Tras los asesinatos del líder campesino Luis Eduardo Guerra y su familia (3 niños y 8 adultos) perpetrados por el ejército y paramilitares, la prensa uribista desata una campaña señalando a las FARC como presunta responsable. La comunidad denuncia el crímen y lograr probar la culpabilidad del Ejército. Este proceso contra los militares desata una campaña mediática difamatoria contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo declaraciones del Presidente Uribe señalándola como partidaria de la guerrilla. Por último, aparece un supuesto desmovilizado de la guerrilla que "declara" al Ejército supuesta vinculaciones de miembros de la Comunidad con la insurgencia armada de las FARC. Se trata de una operación mediática que vendría a justificar las violaciones a los derechos humanos sufridas por la Comunidad y perpetradas por el Ejército y los Paramilitares.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo afirma: "en Colombia la justicia es una pantomima"

Por: El Espectador - Abril 6 de 2009

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, conocido por sus denuncias sobre la presunta connivencia de algunos miembros de la Fuerza Pública con grupos ilegales en la conflictiva región del Urabá, pasó de acusador a acusado y hoy enfrenta un proceso penal por injuria y calumnia y ha sido informado —según él— de que desmovilizados lo relacionan como colaborador de la guerrilla. Por eso, pese a haber denunciado múltiples crímenes, el religioso dice que la justicia se ha envilecido y apelando a la objeción de conciencia se ha negado a cumplir las citaciones con la Fiscalía.

FOTO: JAVIER GIRALDO

¿Cómo es el tema de objeción de conciencia?

En los últimos dos años he invocado la objeción de conciencia para no testificar en distintos casos porque la forma como ha actuado la justicia, sobre todo en Urabá, me parece una podredumbre. En Urabá los que toman las decisiones sobre a quién hay que procesar y quién no, son los de la Brigada XVII. No son ni los fiscales, ni los jueces, ni los magistrados. Eso es una justicia ficticia, ilegal e ilegítima.

Lo que dice usted es muy grave. ¿Tiene pruebas?

Los principios rectores del Código Penal, el tipo de pruebas que se deben tener para dictar una captura, la cadena de custodia para evitar que las pruebas sean manipuladas, todo es letra muerta allá. Lo mismo sucede con los abogados. La Ley reza que los procesados tengan un abogado de su confianza o la Defensoría del Pueblo les debe poner uno. Pero resulta que los abogados de la Defensoría trabajan coordinados con fiscales, jueces y militares. Lo único que hacen es presionarlos. Por eso se dan falsos positivos de gente que aparece desmovilizada sin haber sido nunca insurgente. Toda una pantomima. Eso es una justicia basada en la mentira.

¿En estos dos últimos años a qué procesos lo han llamado para que declare?

Me han citado por lo menos diez veces. Desde 2002 dejé de enviar denuncias a la Fiscalía y Procuraduría y opté por enviar derechos de petición al Presidente porque puedo decir que no he conocido un solo acto de justicia después de por lo menos 20 años de estar enviando esas denuncias. Lo único que conocí es que mataron a los testigos o los empezaron a perseguir.

¿Ya no cree en la justicia?

Llevo 29 años denunciando y nunca he visto un acto de justicia. Cómo puede uno creer.

¿Y ahora que se reabrió el caso del general (r) Rito Alejo del Río?

Vamos a ver en qué termina eso. Ojalá haya un primer acto de justicia.

¿Qué ha sabido del caso del general (r) Farouk Yanine, investigado por sus presuntos nexos con paramilitares?

No he sabido nada. En el caso del general Rito Alejo en 2004 fue beneficiado con la preclusión a su investigación. Ahora la Corte Suprema aceptó que se reabriera el expediente por los testimonios de cuatro jefes paramilitares. El problema es que el anterior proceso fue fundado únicamente en testimonios, que es el cáncer de la justicia actual, pues nunca se buscan pruebas objetivas y esos testimonios están mercantilizados, se compran y se venden de acuerdo con lo que se quiera.

¿No cree que con la Ley de Justicia y Paz el país sí va a conocer las verdades del paramilitarismo?

No creo. Hemos ido recibiendo pequeñas dosis de esa historia, píldoras. Ayer oí que El Alemán confesó que el Ejército lo ayudó a salir después de la masacre de Bojayá. Eso lo sabíamos desde el primer momento. Yo tuve una discusión muy emotiva con el general Montoya cuando fue nombrado comandante del Ejército. Me dijo sobre mis reclamos por excesos en la Comuna 13 de Medellín que si le tocara volver a hacer un operativo allí, lo haría igualito y que yo no entendía la guerra. En Carmen de Chucurí (Santander) el general Harold Bedoya también me acusó de falsa denuncia porque dije que había más de 300 campesinos asesinados y más de 4.000 desplazados. Hubo que esperar 14 años para que los paramilitares reconocieran la expansión de su proyecto allí. Le creyeron a los ‘paras’, a mí no.

Ahora usted está denunciado penalmente...

Sí, dizque por falsa denuncia. También me notificaron de otro proceso por el delito de constreñimiento ilegal. Y me han informado que se están construyendo otros procesos en mi contra por rebelión basados en desmovilizados que cuentan unas fábulas que corresponden a lo que inventan en la Brigada 17.

¿Por qué, según usted, algunos miembros del Ejército quieren hacerle un montaje?

Por las denuncias que he hecho sobre lo que hacen.

¿Es cierto que pensó en exiliarse?

Se dijo eso, pero nunca lo he pensado. Le he pedido a todas las altas cortes que se fijen en el problema de la justicia, y la respuesta es que lo lamentan mucho pero que no hay nada que hacer.

¿Cree que terminará procesado?

Pues ya lo estoy.

Padre Giraldo explica cómo descubrió la honda perversión del sistema judicial en carta a la Fiscalía (incluye VÍDEO)

"Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato"

Carta a la Fiscalía 216: OBJECION MORAL Y ETICA

Por Javier Giraldo M. S.J

Bogotá, D. C., marzo 16 de 2009

Sra. PIEDAD ANGÉLICA ACERO

Funcionaria Policía Judicial – Carné 3592

C/O FISCAL SECCIONAL 216

Carrera 29 No. 18-45 Bloque A Oficina CTI Administración Pública

BOGOTÁ, D. C.

Ref: 802316 Fiscal 216. MT

De toda consideración.

Respondo a su oficio fechado el 10 de marzo de 2009, el cual encontré en mi oficina esta semana, en el que me solicita asistir a una diligencia judicial al día siguiente, 11 de marzo, diligencia que no puedo atender por impedimento moral.

Le ruego apreciar las razones que a continuación expongo, las cuales fundamentan dicho impedimento.

Desde comienzos de los años 80, las circunstancias personales y las misiones apostólicas que se me encomendaron, me fueron involucrando progresivamente en organizaciones, grupos y movimientos consagrados a la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales. En ese terreno, los instrumentos jurídicos y la familiarización con los mecanismos judiciales de nuestra sociedad, constituyeron un recurso importante. Sin prejuicios sino más bien con esperanza en que una administración de justicia cada vez más inspirada en valores humanos, éticos, sociales, jurídicos y democráticos, pudiera ayudar a aliviar el sufrimiento de tantas víctimas con las cuales fui entrando en contacto, colaboré intensamente en procedimientos judiciales tendientes a establecer la verdad y a corregir conductas que lesionaban gravemente la dignidad humana de muchísima gente. Sin embargo, a través de estos 29 años multitud de experiencias negativas y aterradoras fueron minando y destruyendo mi fe en la administración de justicia. No solo la impunidad reinante que constituye una afrenta a los muchos miles de víctimas que he conocido, sino el conocimiento directo de los expedientes, de sus mecanismos y de sus trampas que invalidan y contradicen los principios básicos legitimantes de la justicia, fueron sembrando en mí interrogantes, remordimientos, cautelas y repugnancias morales, que poco a poco me llevaron a descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal.

Sólo el testimonio de experiencias concretas vividas puede transmitir la hondura de este impedimento ético. Imposible sería enumerar todas las experiencias que me han llevado a esta ruptura ética, pero sólo describiendo algunas de las que mayores impactos y traumas dejaron en mí, sería comprensible mi posición.

En julio de 1993, una comunidad campesina del centro del departamento de Bolívar me pidió intervenir para tratar de impedir una desaparición forzada. Habían presenciado una mañana cómo patrullas del Ejército se llevaron a un joven que trataba de embarcar dos toros en un bote y en la tarde lo vieron bajar ensangrentado y semidesnudo, casi sin poder moverse, arrastrado por soldados que se lo llevaron en una embarcación y no se volvió a tener noticia de él. La impresión que me transmitió la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente. La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Gobierno revelara su paradero, pero afirmando que su detención se había producido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y que las heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención; que él había confesado ser guerrillero y que había sido condenado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías. La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con honestidad, me parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había conocido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. Cuando yo le leía sus “declaraciones” él no salía de su asombro y me aseguraba que se habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho lo que allí estaba escrito. Las torturas fueron reales y le introdujeron en las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes dificultades para caminar. Un médico había firmado una constancia falsa y una abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asistido en el juicio sin haber estado jamás con él. Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múltiples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen falsas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones Unidas. Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Cancillería. Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación.

Uno de los procesos en los que me involucré fuertemente, casi asumiendo el papel de funcionario judicial, fue el del Carmen de Chucurí. En la Comisión que yo coordinaba entonces, de Justicia y Paz, me correspondió recibir a numerosos campesinos desplazados de ese municipio santandereano. Todos relataban dramáticamente la triple alternativa a que eran sometidos: “o se vincula al proyecto paramilitar, o abandona la región, o lo matamos”. Comandantes de la base militar se paseaban por el pueblo en compañía de los líderes paramilitares, cobrando juntos los impuestos para financiar el paramilitarismo. De los buses bajaban a los insumisos para desaparecerlos y asesinarlos y en los mismos carros de la Alcaldía se llevaban a quienes iban a matar para arrojarlos en el remolino de una quebrada que se tragaba los muertos. Contabilizamos centenares de víctimas fatales y millares de desplazados. Todo fue denunciado con grandes esfuerzos de precisión y sistematización ante todas las instancias de la justicia: Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría, Consejerías de la Presidencia, y tras la nueva Constitución del 91: Fiscalía, Defensoría, Vicepresidencia. La intensa interlocución con todas estas instituciones; la gravedad extrema de la situación; la acogida que aparentemente se brindaba a nuestras denuncias, todo nos hacía confiar en que la justicia iba a actuar y en que el Estado iba a proteger a la población, a reparar los daños enormes que había causado y a tomar medidas para que ese modelo paramilitar quedara proscrito. Se nos pidió colaborar en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar y logramos convencer a muchos. Los funcionarios se desplazaban hasta Bucaramanga para no hacer correr a las víctimas demasiados riesgos, y se llenaron muchos cuadernos de pruebas testimoniales que hacían presagiar una acción contundente de la justicia.

Con el tiempo, sin embargo, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que se percibiera resultado alguno. Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato. Recuerdo al Padre Bernardo Marín, el Párroco del pueblo, quien denunció con valentía lo que estaba ocurriendo y el 4 de octubre de 1990 escapó milagrosamente a un atentado, en compañía del Personero, del más cercano colaborador de la Parroquia y del Juez. Al escapar de la muerte fue entonces judicializado mediante montajes infames y aconsejado por su Obispo partió para el exilio donde murió.

Con todo, un proceso penal avanzaba dentro de la “Justicia Regional”, en Cúcuta, que parecía prometer algunos resultados, pero al posesionarse el primer Fiscal General, dentro de la nueva Constitución del 91, avocó a su mismo despacho el proceso; puso en libertad a los dos o tres paramilitares capturados hasta entonces; llamó a rendir versiones libres a todos los militares imputados, con interrogatorios acondicionados para una preclusión que fue inmediata, y luego llamó a un largo interrogatorio al suscrito, quien había puesto el mayor número de denuncias. Desde la primera pregunta comprendí que todo estaba dirigido a invalidar mis denuncias por no haber sido testigo presencial en ninguno de los crímenes, y pude comprobar que al Fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las víctimas sino sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias. Yo me negué a dar los nombres de los denunciantes porque tenía vivo en mi mente el recuerdo de quienes ya habían pagado sus denuncias con la muerte y por ello tuve que recibir un trato altanero y ultrajante por parte del Fiscal General.

Cuando una funcionaria judicial se atrevió a intentar la captura de algunos paramilitares, los militares allí presentes protagonizaron una asonada y le arrebataron a los detenidos, no siendo sancionados ellos sino la funcionaria que intentó capturarlos con todas las formalidades legales. Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes. Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión pública a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medios de prestigio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales destruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica. Cuando la Fiscalía, la Procuraduría, los medios y otras instituciones fueron cerrando filas en solidaridad con militares y paramilitares, el Comandante del Ejército me judicializó por “calumnia e injuria contra las fuerzas armadas”. Me convertí, entonces, en “reo de la justicia” por atreverme a buscar justicia. Al país entero se le vendió la “verdad” de que yo inventaba fantasías sobre proyectos paramilitares avalados por el Ejército y confeccionaba listados imaginarios de muertos, desaparecidos y desplazados. Hubo que esperar trece años, para que al inaugurarse la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, en julio de 2004, los más altos comandantes del paramilitarismo reconocieran públicamente, en sus discursos, que el proyecto paramilitar de El Carmen de Chucurí había sido avalado por el Estado y que éste tenía que reconocer la paternidad responsable del mismo.

El proceso de El Carmen de Chucurí fue denso en lecciones desmoralizantes. A mí me quedó para siempre un profundo cuestionamiento sobre la validez del testimonio en nuestro régimen judicial. Todo nos fue mostrando que los testimonios no producían efecto alguno de justicia, pero el fondo del problema quedó al descubierto un día en que un grupo de cerca de 10 campesinos de la zona cercana al Carmen se vino hasta Bogotá, acompañados por el mismo Inspector de Policía, a denunciar la detención, torturas y asesinato cruel de un poblador, por el consorcio militar – paramilitar. Traían, incluso, la cuerda ensangrentada con que lo habían amarrado y arrastrado hasta un río. El asistente directo del Fiscal General dedicó dos días a recibir los testimonios y al final nos reunió a todos y nos dijo: sus testimonios son muy impresionantes pero, por favor, no se hagan ilusiones; mañana los militares traerán un número igual de testigos para afirmar que todo lo que ustedes dicen es falso, y los testimonios de ustedes quedarán invalidados. Allí encontré la clave que he venido comprobando en lo sucesivo: el testimonio es algo manipulable y por ello la gran mayoría de los procesos buscan hoy día apoyarse en sólo testimonios. En el momento de la evaluación, que en nuestro régimen otorga el más impresionante margen de arbitrariedad al fallador, permite plegarse a las preferencias o intereses del fiscal, del juez o del magistrado.

Pero el testimonio es un “medio probatorio”. Las decisiones se toman de frente a fines, que son las opciones políticas de lo jueces. Nunca olvidaré la llamada de atención del Fiscal General, un día en que, al margen de diligencias procesales, tocamos el tema de El Carmen de Chucurí en su despacho: “hay que tener claro de qué lado se está”, me dijo. No me quedó duda de que él estaba del lado de los militares y de su proyecto paramilitar, y los mecanismos de la justicia, fundamentalmente los testimonios, porque ningún otro medio probatorio fue recurrido, eran simples medios manipulables al servicio de esa opción tomada de antemano: “el lado del cual él está” (pincha aquí para leer el texto completo).

Vídeo con intervención del Padre Giraldo