jueves, 5 de marzo de 2009

Comunicado de Prensa de apoyo a movilización 6 MARZO: CONTRA LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y LOS FALSOS POSITIVOS


La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia muestra su apoyo a la convocatoria internacional realizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en Colombia el 6 de marzo para denunciar las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales y los llamados falsos positivos.

La mencionada Red afirma que entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país andino se reportaron 936 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública, según el conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia – Europa - Estados Unidos. Además añade que a las 936 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. El portavoz de la Red, Tito Martín, indica que los informes muestran patrones de acción que se repiten: “tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.

La citada Red considera que la publicación de un documento secreto del Ministerio de Defensa por parte de la Plataforma Justicia para Colombia (un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la U.E.) en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas por “guerrilleros” dados de baja en “combate” procederían del “Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional", da un peso tremendo a las denuncias hechas en diciembre de 2008 por Mauricio Valiente, abogado y Pte. de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), quien califica la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales de civiles como crímenes contra la humanidad que podrían estar financiándose con fondos de la cooperación internacional.

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia reitera que el Gobierno de Zapatero debería suspender todos los fondos de cooperación dirigidos a Colombia, hasta que no se aclare suficientemente lo sucedido. Además, añade que la venta de armas a Colombia, siendo un país que vive una prolongada guerra civil, es inmoral.

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