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viernes, 26 de marzo de 2010

OLA SE ASESINATOS POLÍTICOS EN LA DICTADURA HONDUREÑA. ASESINAN A FRANCISCO CASTILLO. LOS MEDIOS EUROPEOS LO IGNORAN.

Asesinan a Francisco Castillo, colaborador del Padre Tamayo de la resistencia hondureña

por voselsoberano/Honduras

Continúan los asesinatos de miembros de la Resistencia en Honduras El miércoles 17 de marzo a las 5 y 30 p. m, fue asesinado el Señor Francisco Castillo miembro de la Resistencia Nacional contra el golpe de estado, el Señor Francisco Castillo, antes del golpe de Estado trabajo con las empresas de Miguel Facusse; su participación en el golpe de Estado lo hizo renunciar a su trabajo.

EL Señor Castillo albergo al Padre Andrés Tamayo en su casa de habitación, le facilitó vehículo para movilizarlo durante el tiempo que el padre permaneció en la ciudad de Tegucigalpa. El 22 de septiembre fue detenido durante el desalojo violento que ejecuto el ejercito y la policía en los alrededores de la Embajada de Brasil, luego lo detuvieron ilegalmente las instalaciones del complejo deportivo Chochi Sosa de donde salió por gestiones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.

El Señor Castillo y su esposa fueron objeto de persecución sistemática y visible por personas que se conducían en motocicletas y carros; estos actos se desarrollaban con total impunidad; como consecuencia de ello, el 2º de diciembre de 2009, el CODEH solicito medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La Comisión respondió el 15 de enero de 2010, transcribimos oficio:

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

15 de enero de 2010
WASHINTONG, D.C. 200006 EE.UU
Ref. MC-196-09 (solicitud de información respecto de Carla Gabriela Rivera, Francisco Castillo…) Honduras

Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de hacer referencia a su solicitud de medidas cautelares a favor de Carla Gabriela Rivera, Francisco Castillo… Honduras.

En esta oportunidad cumplo con informarles que el día de la se solicitó información al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras y al Presidente del Congreso Nacional en el marco del articulo 25 del Reglamento de la CIDH.

Así mismo de contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión sobre solicitud formulada, les solicito tengan a bien mantener informada a la Comisión sobre la situación de Carla Gabriela Rivera, Francisco Castillo….

Aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes mu atentamente.

Elizabeth Abi.Mershed
Secretaria Ejecutiva Adjunta
Otros dos campesinos asesinados:
Tres periodistas asesinados.
Asesinato de mujeres:

Asesinados Vanesa Zepeda y Julio Fúnez del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras.

Comunicado No. 49

El Frente Nacional de Resistencia Popular, ante la continuada represión contra sus integrantes, ejercida por los herederos de la dictadura encabezada por Pepe Lobo, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

1. Denunciamos la continuación del régimen de facto del señor Porfirio Lobo Sosa y a su equipo de seguridad nacional, por todas las violaciones a derechos humanos que desde el 27 de enero del presente año se han venido registrando en nuestro país.

1. Condenamos con vehemencia el asesinato de la compañera Vanessa Zepeda y el compañero Julio Fúnez, ambos miembros activos del Frente Nacional de Resistencia Popular y representantes destacados de la clase trabajadora.

Asimismo, condenamos el asalto a los hogares de compañeros dirigentes de la resistencia y la permanente persecución y acciones de intimidación ejercidas por cuerpos de seguridad del Estado.

Responsabilizamos a la oligarquía hondureña y su expresión política, el régimen de facto de Pepe Lobo, por estos hechos.

1. Exigimos el respecto al derecho de retornar al país de manera segura que tienen nuestros compatriotas exiliados. Hacemos énfasis en el caso de Manuel Zelaya Rosales y su equipo de trabajo, a quienes se les ha montado una campaña de desprestigio para justificar su persecución
política.

1. Es evidente que el modus operandi de estos atentados encaja perfectamente con el practicado en tiempos pasados por los órganos de represión del estado, como el batallón 3-16, que hoy estarían reactivándose para generar terror en nombre de los grupos de poder aferrados a los privilegios obtenidos con la explotación del pueblo hondureño.

1. En este estado de indefensión es absurdo que se esté planteando una Comisión de la Verdad que sea nombrada por un régimen implicado en los crímenes y mientras las mismas fuerzas armadas que han violado los derechos humanos permanecen en funciones.

1. Reiteramos nuestra posición de desconocer al régimen ilegítimo de Pepe Lobo, por ser la continuación de la dictadura que se instaló con el golpe de Estado y que pretende validarse a nivel internacional con un proceso electoral ilegal que no fue observado por ningún gobierno u
organismo supranacional.

1. Celebramos la decisión de países de América Latina y organizaciones sociales en todo el mundo que han manifestado su rechazo a la dictadura. De la misma manera solicitamos a los gobiernos que aún no han fijado posición, para que rechacen a un régimen que viola los más sagrados
derechos de todo un pueblo, que se encuentra a merced de un sistema violento y corrupto.


¡Resistimos y Venceremos!

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de febrero 2010

sábado, 21 de marzo de 2009

Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez (VÍDEO)

Gilberto López y Rivas - La Jornada, México

Colombia Plural/Inestco

“Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado”.

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que las voces de los silenciados serán escuchadas.

En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena embera y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al Encuentro de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.

En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas –y/o sus paramilitares– de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de seguridad democrática y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como bajas en combate para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio comandante general de las fuerzas militares ofrece de manera reiterada.

Estas prácticas aberrantes se presentan como resultados de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran prescindibles. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de limpieza social, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado.

La impunidad es una característica común de estos crímenes, en los que sus perpetradores no son investigados, ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.

Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.

La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que, dado el estatus e influencia de los investigados –en los lugares donde ocurrieron los hechos–, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.

También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos, que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir, y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadunidenses.

VER VÍDEO DE LA COMISIÓN:


domingo, 1 de febrero de 2009

Entrevista al Abogado defensor de presos políticos y Ex-Alcalde de la UP, Ernesto Moreno Gordillo, víctima de un atentado.

El Dr. Ernesto Moreno Gordillo que es miembro de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza - ACADEUM y hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas, fue alcalde por la Unión Patriótica del municipio del Castillo, departamento del Meta.

El 17 de noviembre de 2005 a las 7:30 de la mañana, el Dr. Ernesto Moreno Gordillo, al salir de su residencia en su automóvil fue víctima de un atentado en el que recibió cinco impactos de arma de fuego en su cuerpo. Fue trasladado al Hospital del Tunal, de la ciudad de Bogotá, donde tras varias intervenciones lograron estabilizarlo. Organizaciones de Derechos Humanos consiguieron que se recuperara en un Hospital de España para salvaguardar su vida.

Moreno Gordillo ha tenido a su cargo defensas de presos políticos y fue el abogado suplente en el caso de Rodrigo Granda, un representante de las FARC - EP, que participó en un foro organizado por la izquierda venezolana durante diciembre de 2004 en Caracas, donde supuestamente fue secuestrado en complicidad con funcionarios policiales venezolanos que habían sido sobornados, en violación de la soberanía del país. Fue llevado a la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde fue detenido por las autoridades colombianas. Este suceso provocó un conflicto diplomático. Ernesto Moreno ha participado en la defensa de muchos presos políticos y por ello ha recibido numerosas amenazas, además siendo Alcalde por la Unión Patriótica sobrevivió al exterminio de más de 3.500 compañeros de su coalición política.

Ernesto Moreno afirma que en Colombia existe una alianza estratégica entre el narcotráfico, que tiene el poder político en el país andino, y el imperialismo norteamericano para derrotar a las fuerzas comunistas en Colombia.

martes, 16 de diciembre de 2008

MUY GRAVE: Uribe financió su guerra sucia con fondos de cooperación internacional.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEBE DETENER INMEDIATAMENTE LA COOPERACIÓN CON COLOMBIA. NO SE DEBE EJECUTAR BAJO NINGÚN CONCEPTO EL ACUERDO ESTRATÉGICO BILATERAL ESPAÑA - COLOMBIA FIRMADO POR EL GOBIERNO DE ZAPATERO.

PÚBLICO.ES INTERNACIONAL - 5 DE DICIEMBRE DE 2008

Se estima que más de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas

GORKA CASTILLO - Madrid - 04/12/2008 22:07

Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.

La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.

Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".


Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.

1.300 euros por ‘guerrillero'

El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.



Asesinatos impunes o falsos positivos

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”

martes, 19 de agosto de 2008

LOS CARNICEROS DEL URABA ANTIOQUEÑO

Por Gloria Cuartas - ex-alcaldesa de Apartado 1995-1997 dhcolombia / Domingo 10 de agosto de 2008.

EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA

En el seno del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el presidente Álvaro Uribe con Rito Alejo Del Río, cuando él era gobernador de Antioquia y el General comandaba en el Uraba la Brigada XVII, con sede en Carepa (11 de noviembre de 1995 - 16 de diciembre de 1997). Revista Cambio del 7 al 13 de agosto 2008. Numero 788

¿Qué relación y responsabilidad tiene el poder político y económico de Antioquia en el período 1995-1997 y su extensión hasta nuestro días con el exterminio de población civil” en el Uraba?

¿Por qué la implantación del modelo económico de privatización organizado por la alianza entre ganaderos, agricultores, bananeros y transnacionales con el gobierno regional, y salvaguardo por la estrategia militar- paramilitar de expoliación y muerte, permanece sin vínculos y sin responsabilidad entre el General Rito Alejo del Río y el hoy Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez?

Parece que las preguntas llevan implícitas las respuestas. Las voces de las victimas de las horrendas masacres que se cernían a diario sobre esa región y de las muertes selectivas que aun se cometen, no han sido escuchadas por la institucionalidad, las victimas siempre reclaman justicia y verdad. Siempre denunciando el Plan sistemático de “Pacificación del Uraba”: el laboratorio campesino de muerte profesional como instrumento para la “paz”, consolidado históricamente, con la creación y legalidad de las AUC y legitimadas por Uribe Vélez Gobernador, con las llamadas CONVIVIR, continuada como política integral de Estado, por el llamado paramilitarismo, que desde ese momento hasta hoy, siembran las prolíficas tierras del Uraba de fosas comunes.

Hoy desde la Presidencia de la Republica, continuada de otra forma más sutil, la legitimación de la política mediante el artilugio de la desmovilización y negociación del Estado con el paramilitarismo, mediante la “Ley de Justicia y Paz”, negociada como instrumento de impunidad y legalización de los criminales, mostrada ante el mundo como el compromiso del gobierno con el país, que los paramilitares, hoy convertidos como cuerpo en grupos sociales y guardabosques. Legalización presentada como un éxito de la política de seguridad democrática que s aprecia de afirmar que gracias a ello los paramilitares entregaron verdades, armas y ante todo “reparación”. Han consolidado la “matriz social” de control a la población civil.. Cual Justicia? Nada más alejado de la verdad.

Los crímenes continúan en la impunidad, los paramilitares continúan delinquiendo, los “elegidos” con estos votos, se cambian el derecho a seguir legislando con el aval del Presidente. No creó que la verdad que hoy sale a la luz, sea exclusivamente como efecto de la ley de justicia y paz. Es y parece extraño, son los Victimarios, los Carniceros, los que cuentan episodios de cómo, donde, con quién, con que fin se desarrollo esta estrategia. Algunos lo hacen porque les han incumplido los pactos políticos y mientras que otros se resienten porque quienes de la mano de estos graneaban las estrategias de exterminio de las comunidades, hoy permanezcan inmunes, en silencio, en la vida ciudadana, como grandes señores, presidentes o generales de la república. La política de la mentira, la deslealtad, la desconfianza entre las personas, la violacion a la soberania nacional y la de los paises vecinos, centran los llamados “valores” de la política de seguridad democrática.

Todavía insito en dar cuenta al país de mi testimonio, me niego al silencio impuesto por los operadores y por los medios de comunicación, a denunciar que las mujeres y hombres que fuimos testigos del exterminio de las comunidades y que nunca fuimos tomados en serio por los “operadores de justicia”, exigimos justicia, exigimos verdad, exigimos la responsabilidad de todos los responsables, las pruebas están ahí en el análisis del contexto político, económico, cultural de la región.

Los operadores de Justicia, se negaban a tener en cuenta nuestras denuncias sobre la responsabilidad de los “carniceros” institucionales, afirmaban que no teníamos pruebas judiciales directas de la responsabilidad contra el general Rito Alejo y el Gobernador de ese entonces Álvaro Uribe, entre otros, en las masacres del Uraba. No les bastaba con las voces de las víctimas, con el análisis de contexto que entregábamos, con la prueba material de los hechos, ellos esgrimían que ellos requerían la prueba procesal, la que cumple con los requisitos de forma, como si fuera posible separar la verdad material de la formal, como si la verdad no fuera sólo una, como si el testimonio de las víctimas aunado a los hechos contextuales no fuera suficiente,.como si la razón de la decisión judicial no dependiera de la reconstrucción de los hechos conforme al contexto, como si de lo que se tratara no fuera de establecer la verdad, sino de dirimir a favor del mas fuerte un proceso. Como si no existiera responsabilidad a la luz de la Constitución de los que tienen a su cargo el cuidado de la vida como principal mandato.

Estos operadores jurídicos, llámense jueces, fiscales, procuradores judiciales, hoy tienen la obligación ética y moral de responder al país. ¿Cuantas visitas a la fiscalía? Cuantas veces mujeres y hombres, relatamos los sucesos del desplazamiento, el dolor de familiares de desaparecidos, mujeres violadas, asesinatos selectivos, cuantas veces fuimos con las mujeres a “rescatar” de la presión para a los hombres inermes, mientras el “General o mejor el Carnicero” gozaba de los avances y los reportes a su jefe inmediato que conocía TODO lo que pasaba en la zona. Y siempre la pregunta por la Prueba judicial. No bastaba el dolor, ni señalar a los responsables. Tal vez hoy los cómplices de esas masacres respondan por el “Eslabón Perdido” de los responsables que tienen nombre evidente y que no se atreven a responsabilizar, aunque todos saben quienes son los “Carniceros del Uraba” y donde están hoy.

En nombre de la paz, de la inversión económica, de acabar con la guerrilla, el entonces Gobernador Álvaro Uribe y su secretario de Gobierno diseñaban la estrategia mayor.. Hoy siento mucho que Pedro Juan Moreno, no este vivo? ¿Quién lo saco del juego? ¿Quien conocía del poder y la verdad que guardaba Pedro Juan Moreno?…Quien lo mando matar? Cuanto diera hoy por escuchar con su soberbia habitual y la alegría que se dibujaba en su rostro con cada desplazamiento y cada muerto “comunista” y claro los reportes de misión cumplida de Álvaro Uribe, lo que nos podría decir desde su “verdad”.. Quien mato a Carlos Castaño o estará en Israel?

Desde esta experiencia de exterminio, empresarios bananeros, políticos, y algunos religiosos dieron vía libre a la operación militar esa que hoy “H.H”, el Alemán, Mancuso, Don Berna, Melasa, entre otros, denuncian. Estas practicas las de ayer y las de hoy, no son hechos aislados, no fue a la espalada del país, ni de los medios de comunicación, NO, esto exige que hoy mas de 13 años después, la verdad se le cuente al país y se responda, NO POLITICAMENTE ( pedir excusas afirmando que lo hicieron otros) como el Gobierno ya se esta acostumbrando a sectores del país, no, exigimos que se responda desde la justicia, con sanciones personales.

Ya sabemos que desde la política es simplemente asumir que era “necesario hacerlo” porque valía la pena esto parta salvar a Colombia del comunismo, era una tarea del “elegido” que tiene que imponer una moral salvadora a los corderos. Si señores y señoras… Es hora de levantar la voz con las victimas. Contra la inmoralidad de este gobierno basado en la falsedad, la mentira cotidiana, la palabrería vacía de ética, exige que la gente DESPIERTE. El gobernante de arena, no puede seguir pretendiendo ser reelegido con una historia de crimen, mentira, complicidad. Será que los medios de comunicación acompañaran una marcha exigiendo la responsabilidad de los nunca nombrados General Rito Alejo y Presidente Uribe?

Hoy no puede seguir el silencio sobre las masacres y el descuartizamiento selectivo en el URABA, que hasta hoy sigue vigente. No podemos estar presenciando que saquen de sus casas a hombres y mujeres responsabilizándolos según el estado de ser terroristas, no podemos estar en silencio mientras avanza la masacre, la muerte selectiva, el señalamiento golpeando a las comunidades que NO olvidan, que no venden su dolor del pasado por un plato de lentejas.

Desde mi condición de ciudadana exijo que los operadores de justicia que estaban en la zona del Uraba, en especial en el periodo 1995-1998 entreguen su versión de lo que paso. Donde estaba el defensor del Pueblo? Donde estaba medicina legal? Donde los jueces, fiscales? En fin estoy como siempre indignada de este adormecimiento del país y la desmemoria impuesta. Donde esta la responsabilidad de Luís Camilo Osorio? Donde están los rostros humillados de niñas y niños que los obligaron a crecer sintiendo que sus familiares era mejor que morirán de cualquier forma y de esa manera purificar los pecados en la tierra y ahora si ellos no estaban al lado de los victimarios correrían la misma suerte.

Hoy el Presidente Uribe quién no solo hizo homenajes al General de la muerte, sino que con el, presentaban al país su modelo, su propuesta de gobierno, de seguridad, su propuesta de dirimir los conflictos. Presentaba en ese homenaje su postulación a la Presidencia de la Republica y prometía que la “ valentía” el coraje de Su General habían mostrado la manera de devolver la paz a Colombia, no diálogos, no salidas políticas, la fuerza, la violencia, la venganza, la alianza narco-armas, política serian los nuevos ritos de la secta.

Exijo que la justicia si todavía podemos nombrarla que muestre su rostro frente al Presidente Uribe, que el General Rito Alejo, Luís Camilo Osorio, desmovilizados del EPL, inclusive, los asesores actuales del Gobierno vinculados a este capitulo de la historia del país respondan. También los cooperadores económicos, nacionales e internacionales respondan, los quiero ver a todos mostrando su rostro a las victimas.

Mas información: www.gloriacuartas.org

martes, 15 de enero de 2008

Los paramilitares comenten otras dos masacres y la desaparición de un abogado de CORPADES (Corporación defensora de DDHH)

La acción paramilitar continúa en Colombia

Comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Durante las últimas dos semanas se han registrado dos masacres y la desaparición de un abogado adscrito a la organización de derechos humanos Corporación para la paz y el Desarrollo Social, CORPADES, de Medellín, Antioquia por la acción paramilitar.

Masacre en Nariño

El pasado 31 de diciembre de 2007, hombres armados y con lista en mano, incursionaron en una vivienda ubicada en la zona rural del municipio de Leiva, en el corregimiento de El Palmar al norte del departamento de Nariño, asesinando a cuatro adultos y un menor. Según las autoridades, se trataba de líderes comunitarios. El ex gobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares que no se han desmovilizado en el sur del país y llamó a una reunión con carácter urgente para evaluar la situación de orden público.

Este nuevo acto criminal demuestra que las agrupaciones paramilitares continúan operando en el territorio nacional, que los líderes sociales no cuentan con las debidas garantías para el libre ejercicio de sus funciones, tal como lo consagra la Constitución colombiana, y que son falsas las afirmaciones del actual gobierno sobre el desmantelamiento de estos grupos narcoparamilitares.

Desaparece abogado en Medellín

El mismo 31 de diciembre, el abogado Víctor Hugo Gallego de la organización CORPADES de Medellín fue desaparecido. La noticia solo se conoció esta semana. El abogado Gallego había formulado denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín a pesar de la llamada desmovilización. CORPADES ha sido objeto de toda clase de amenazas y agresiones, sin que las autoridades hayan intervenido brindando protección o investigando los hechos de modo exhaustivo. El 23 de abril de 2007, Judy Astrid Vergara Correa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre, miembro del Polo Democrático Alternativo y destacada líder comunitaria de CORPADES.

Masacre en Santa Marta

El pasado 11 de enero, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio popular “Once de noviembre”, a las 9 de la noche varios hombres armados llegaron disparando y asesinaron a cinco personas y dejaron a tres más heridas. Tal como sucedió en el municipio de Leiva, Nariño hace menos de dos semanas, las víctimas eran líderes comunitarios.

En este sector donde habitan varios desmovilizados, ya se había presentado un incidente similar, cuando el pasado 29 de julio de 2007, en el barrio Santa Clara, armados llegaron a la taberna ‘La polla’ y dispararon causándoles la muerte a cinco personas.

Es evidente que estos crímenes obedecen a razones políticas, y que no pueden ser tratados como hechos aislados, sino por el contrario, reclaman de la acción de las autoridades competentes y un compromiso serio por parte del gobierno nacional.

El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado considera que estos tres hechos demuestran en forma clara que no es cierto que el paramilitarismo y sus estructuras hayan desaparecido, como lo ha afirmado reiteradamente el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El Movimiento de Víctimas exige al gobierno colombiano y a las autoridades competentes:

1. El desmantelamiento definitivo de los grupos paramilitares que operan en todo el territorio nacional y que con la complicidad de las fuerzas estatales continúan masacrando a la población civil.

2. La inmediata investigación de estos hechos que conduzca sin demoras a la captura de los responsables.

3. La veeduría internacional de organismos independientes en las regiones de mayor riesgo, para que se documente y denuncie la continuidad del accionar paramilitar contra fuerzas de oposición, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales en Colombia.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

14 de enero de 2008.