El análisis de los casos documentados por la FECOLPER muestra, tanto el alto grado de vulnerabilidad de los periodistas cuando realizan su labor de informar a la sociedad, como un aumento de los ataques contra la libertad de prensa y expresión. Mientras en el 2007 fueron reportadas noventa y siete (97) agresiones, en el 2008 ciento doce (112), y en 2009 ciento sesenta y seis (166), durante el año 2010 fue detectado un incremente de 23 casos, respecto al año anterior. (Ver cuadro No 1)
En sólo tres años las agresiones, que buscan impedir un ejercicio pleno del derecho ciudadano a la información o ejecutar una retaliación contra los informadores, se duplicaron. Además se presentaron nuevos o desaparecidos tipos de ataques: ataques contra medios de comunicación, violación sexual, desaparición forzada y acoso judicial; este último, con quince (15) casos, se ha triplicado en cuatro años.
Respecto a los responsables de los ataques contra la prensa, el Estado continúa siendo señalado como el mayor ejecutor de violaciones contra la libertad de prensa y expresión: sesenta y dos (62) agresiones por parte de la fuerza pública –Policía y Ejército Nacional-, y treinta y seis (36) de funcionarios o ex funcionarios públicos que sumados, significan el 50.50 % del total. Por su parte los particulares, es decir, ciudadanos del común, quedaron en un segundo lugar, al protagonizar 39 agresiones que corresponden al 20.10% de los ataques.
En su informe, la FECOLPER manifiesta su preocupación por el incremento en los homicidios de periodistas y el efecto colateral de autocensura que produce en el gremio: de ocho (8) casos reportados, solo en uno (1) se pudo establecer, fehacientemente, que no tuvo relación con el trabajo informativo (ver Cuadro No 3). La organización nacional de periodistas destacó tres casos:
Clodomiro Castilla, director de la revista El Pulso del Tiempo, asesinado el 19 de marzo, a la entrada de su casa, por dos sicarios. El polémico periodista se había destacado, por sus investigaciones y denuncias sobre el fenómeno paramilitar y la corrupción política en el departamento de Córdoba, y con anterioridad a su homicidio no solamente había recibido innumerables amenazas contra su vida, sino que había sido objeto de acoso judicial.
Víctor Julio Sánchez, reportero gráfico y periodista, víctima, no registrada, del atentado terrorista ocurrido el 24 de marzo, cuando un explosivo detonó frente a las instalaciones de la Fiscalía en el puerto de Buenaventura, mientras se dirigía a negociar un cupo publicitario con la Alcaldía; su fallecimiento se produjo 50 días más tarde, el 19 de mayo, en Cali.
Rodolfo Maya Aricape, periodista indígena, quien a través de la radio comunitaria Payumat, del proyecto Tejido de Comunicación, en el Resguardo de López Adentro Cauca, informaba sobre los acontecimientos de la comunidad, las actividades de las organizaciones indígenas, y denunciaba los atropellos de todos los grupos armados que operan en el territorio ancestral. El colega fue asesinado el 14 de octubre, en el resguardo.
“Es urgente una reflexión de la sociedad sobre las cifras de este informe, porque cuando se ataca a periodistas y medios de comunicaciones, o se les conmina a no informar mediante la amenaza de muerte o la extorsión con publicidad, lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a una información veraz, oportuna y de calidad y, por lo tanto, se pone en cuestión el futuro mismo de nuestra democracia”, comentó el Presidente de FECOLPER, Eduardo Márquez.
Nota: igualmente el informe puede ser consultado en la antigua página web: www.fipcolombia.com
