Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, amparados en sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública han asesinado cientos de civiles Para presentarlos como individuos abatidos en combate con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esas ejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, tiene carácter sistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos en forma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática.
Los llamados "falsos positivos" no pueden ser considerados como delitos de individuos desviados, casos aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado en múltiples departamentos del país, en forma permanente y con la participación de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley.
Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de 2008, los "falsos positivos" se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. En años recientes, la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.
Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sin embargo, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones.
Para el 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a la realización de una jornada contra las ejecuciones extrajudiciales, cuyo evento central será una reunión nacional de los familiares de las víctimas de "falsos positivos". Dicho evento debe contribuir a diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición en los casos de estos crímenes de lesa humanidad.
Agenda:
Puntos de encuentro:
- Planetario Distrital (Cra séptima calle 26) a las 9:00 AM
- Entrada de la Universidad Nacional (Avenida el Dorado –calle 26 con carrera 35) 9:00 AM
Las marchas partirán hacia el Ministerio de Defensa (Avenida el Dorado con carrera 52 en el Can. Allí a las 10 AM se realizará un acto simbólico y a las 11:30 se partirá hacia el bunker de la Fiscalía General de la Nación. La caravana por la vida, llevará una bandera de Colombia de 3 kilómetros de largo en la que se colocaran fotos de las víctimas de los falsos positivos y también se entregaran fotografías de víctimas para que las personas marchen con una de estas en la mano.
- Encuentro:
Frente al bunker de la Fiscalía General de la Nación se realizará otro acto simbólico y se exigirá celeridad en las investigaciones, resultados de las mismas y que se reconozca que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de Estado, que además son promovidos por el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y del Ministerio de Defensa. Igualmente se pedirá que se haga pública la resolución ministerial que ofrece pagos y bonificaciones a los miembros de la fuerza pública por asesinar guerrilleros, recuperar material de guerra, realizar delaciones, capturar y asesinar a miembros del secretariado de las FARC, etc.
Se recogerán en un pendón de 5 metros por tres, las firmas de los ciudadanos que consideren que los falsos positivos son crímenes de Estado, que condenen estás práctica y exijan la derogación inmediata de toda política de Estado que faculte a la fuerza pública a operar bajo la modalidad del sicariato persiguiendo ciudadanos, estigmatizando, realizando arrestos arbitrarios y acusando sin fundamentos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
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