Estudio indica que el Gobierno influye en ocho instituciones del Estado

Publicado Por: Redacción Política | EL ESPECTADOR| 5 Oct 2009 - 10:00 pm

“Mayorías sin democracia”, es el nombre del revelador estudio de DeJusticia.

Un estudio llamado ‘Mayorías sin democracia’, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), muestra cómo se ha concentrado el poder en los últimos ocho años del mandato de Álvaro Uribe.

Hacia el año 2003, en el área de influencia política del Gobierno únicamente había dos instituciones: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelección presidencial, hay ocho instituciones en su área de influencia. Este panorama demuestra la concentración de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelección presidencial.

Esta conclusión hace parte del trabajo “Mayorías sin democracia”, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 páginas demuestra cómo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el éxito de algunas de sus políticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las políticas trazadas por el Gobierno.

Según el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentración del poder en manos del Gobierno, en grado máximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Televisión, la Defensoría del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la República.

Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy están siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupación. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de “sacrificar la tecnocracia y los méritos burocráticos en beneficio de la lealtad política”; o la intención clara del Gobierno de “manipular la Constitución y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las políticas públicas del Ejecutivo”.

En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los políticos y los partidos, y en los últimos años “el Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo”, convirtiéndose en “un espacio de refrendación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo”. Este desequilibrio no sería tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al escándalo de la parapolítica.

Como quiera que “la reelección puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia”, la investigación sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentración del poder es “rechazar la posibilidad de que la Constitución sea reformada nuevamente”, y en el caso de que no se pueda volver al diseño original de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir la reelección, es urgente adecuar un diseño institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.

Otra opción sería la creación de una Corte Electoral, que implicaría suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el órgano judicial autónomo sugerido. Esta iniciativa permitiría evitar la politización que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podría operar de manera simultánea a la de generar nombramientos escalonados en los órganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad política.

La investigación del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexión en el país para que, más allá de la discusión de si el presidente Álvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control político, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy “se encuentran debilitadas por obra de la influencia política del poder Ejecutivo”, sumada al “ejercicio abusivo del poder de nominación por parte del Presidente de la República”.

El poder en la Corte Constitucional

En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy está en nivel de influencia intermedio, pues la mayoría de sus miembros tienen afinidad política con el Presidente.

Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, María Victoria Calle y Mauricio González. Tres más son afines al Gobierno por su filiación conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.

Según DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. “El Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente”.

Consejo Electoral

En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecían a los partidos de la coalición de Gobierno. Para el año 2006, el número llegó a siete, es decir, que su composición varió notablemente en favor de las mayorías uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma política de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalición de Gobierno. Por eso, la investigación plantea que está en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para el referendo.