Ponencia de la ONIC ante el Parlamento Europeo donde se solicita que no se firmen acuerdo comerciales con el Gobierno de Uribe hasta que no cesen las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente denuncian a varias multinacionales europeas de participar en hechos a los que se refieren. Terminan solicitando que Europa no premie al Gobierno de Uribe.
A continuación la noticia tomada de
http://www.pachakuti.org/textos/campanas/alca/acuerdo-can-ue.html

En Colombia, hoy los Pueblos Indígenas nos encontramos en movilización y resistencia permanente en razón a nuestra pervivencia como pueblos originarios; y en la que hemos planteado la necesidad de un dialogo real con el gobierno colombiano, frente a las necesidades conocidas y demandadas y por el respeto de nuestros derechos.
Sea esta la oportunidad para manifestar al Parlamento Europeo, nuestra profunda preocupación, porque el Gobierno colombiano de Uribe Vélez; no ha tomado, ni ha garantizado las medidas efectivas para asegurar el respeto integral de los Derechos Humanos y Colectivos de nuestros Pueblos Indígenas, ha criminalizado las legítimas reclamaciones y protestas del Movimiento Indígena; ofreciendo recompensas como se hiciere con cualquier delincuente; poniendo en grave riesgo el buen nombre y vida de nuestros lideres; Solo en los primeros tres meses de este año 2009 se han presentado 50 casos de asesinatos de indígenas, y más de 3.000 indígenas han sido desplazados forzosamente. En el periodo comprendido del 2002 al 2008, que coincide con el período del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se presentaron 1.255 homicidios de indígenas. Cabe destacar que la mayoría de los casos de homicidios y violaciones quedan en impunidad. Uno de los casos ejemplarizantes son los mas 117 asesinatos de miembros del pueblo Kankuamo.
En Colombia existen 102 pueblos indígenas, 32 de ellos presentan una población inferior a los 500 habitantes. De estos pueblos 18 tienen menos de doscientos habitantes y 10 menos de cien. Estos son las más vulnerables y se encuentran en alto riesgo de extinción física, cultural, y demográfica; además agobiados por el continuo conflicto armado interno, ignorados en sus demandas de protección y garantía de derechos fundamentales.
Con reservas, el Gobierno de Colombia; ha manifestado adoptar la Declaración Universal de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas de la ONU; significa esto para los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, que no se quiere reconocer garantías y derechos promulgados en esta declaración, continuando la militarización de los Territorios Indígenas, controlando el manejo, administración y preservación de los recursos naturales en los Territorios Indígenas, sobre, bajo y por el suelo, y el Derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Igualmente en Colombia se están facilitando los accesos a los recursos genéticos, la bioprospeccion, la patentabilidad del Saber y Conocimiento Ancestral, los bienes inmateriales de los Pueblos Indígenas, sin ningún tipo de control y/o sanción o mecanismo efectivo que garantice la salvaguarda de los conocimientos ancestrales; o lo que es peor aun; se propone un registro de protección administrado por el gobierno con exclusividad temporal; que no es otra cosa que poner en el dominio publico y en el de las transnacionales de los medicamentos los saberes ancestrales.
Por lo tanto, expresamos nuestra profunda preocupación a la Unión Europea de negociar bilateralmente un Tratado de Libre Comercio. Aun cuando los gobiernos de Perú y Colombia son sindicados de graves violaciones a los derechos humanos: los asesinatos de sindicalistas en Colombia y la generalización de medidas represivas en contra del movimiento indígena y reivindicaciones populares en Perú pretende ser ignorado por la Unión Europea, a pesar del reconocimiento que ha hecho incluso el gobierno de los Estados Unidos en el caso de Colombia.

El TLC con Europa, está en nuestros territorios desde hace rato, con inversiones incluso más importantes que las de Estados Unidos, y en sectores claves de la economía, como el energético; con Unión FENOSA. Buena parte de los servicios públicos, como el agua, está bajo el control de Aguas de Barcelona, monopolio Español; e incursionaron en el mercado financiero con los bancos BBVA. Están en el petróleo, el ferroníquel y el carbón; en las telecomunicaciones, con Telefónica.

Queremos recordarle al Parlamento Europeo; y a las Organizaciones Sociales aquí presentes que en julio de 2008, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC llevo a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Indígena, en que jueces independientes internacionales indígenas y no-indígenas, y autoridades indígenas colombianas, juzgaron el Estado Colombiano y las empresas transnacionales por su responsabilidad en las múltiples y sistemáticas violaciones de Derechos de los pueblos indígenas. En su dictamen final, los jueces encuentran responsables el estado y las empresas por violaciones a los derechos colectivos tal y como el derecho a la autonomía y a la cultura, el derecho a la participación, el derecho al propio desarrollo, y el derecho a la existencia como pueblos indígenas. En términos de derechos individuales, también encontraron violaciones al derecho a la vida y a la integridad física, al derecho a la salud y a la alimentación, a los derechos de las mujeres indígenas, al derecho a la libertad y a la libre circulación, al derecho a la propiedad privada, y al derecho a la justicia y la reparación. Concluyeron los jueces lo siguiente:

Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas que luchan por los derechos a la identidad, territorio, cultura, autonomía y participación.
Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar proyectos y actividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.

Acusar a las Empresas nacionales y trasnacionales, ECOPETROL, OXY, REPSOL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, ANGLO GOLD ASHANTI, BHP BILLINGTHON, ANGLO AMERICAN, GLENCORE, XTRATA, MONSANTO, DYNCORP, MADERAS DEL DARIEN-URAPALMA, MURIEL MINING CORPORATION, BRISA S.A, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD – COBRE Y ORO DE COLOMBIA S.A, por su participación en los referidos hechos. “
Por todo lo anterior, solicitamos a la Unión Europea; de no negociar un Acuerdo de Asociación como se pretende presentar o un TLC con el Gobierno Colombiano, cuando continúa violando constantemente los derechos de los Pueblos Indígenas, criminalizando la Protesta Social, y su modelo económico sigue generando expropiación y saqueo en sus recursos y bienes naturales;
Requerimos que no se premie al gobierno de Uribe Vélez, cuando no ha garantizado el desarrollo y practica de una política comercial, que asegure la prioridad en justicia social, la sostenibilidad ambiental y el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indígenas, los Derechos Humanos y laborales de todos los hombres y mujeres habitantes de los países de Colombia y el área Andina.
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA
Organización Nacional Indígena de Colombia
O.N.I.C.
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