El gobierno del Presidente Uribe, grupos paramilitares y organismos del Estado coinciden en una alarmante oleada de persecuciones, detenciones y acciones criminales contra organizaciones de derechos humanos e integrantes del
Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE).
Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE).
La política oficial refleja un deterioro acelerado y preocupante del estado de derecho en el país que busca judicializar la opinión divergente y la movilización social para distraer a la opinión publica de los escándalos que sacuden al gobierno por la parapolítica, el fracaso de la desmovilización paramilitar y los “falsos positivos” de la fuerza pública que han dejado entenares de personas inocentes asesinadas.
El MOVICE denuncia la injusta judicialización al Secretario Técnico del MOVICE en el Departamento de Sucre, CARMELO AGAMEZ, y de MARTIN SANDOVAL ROSSO, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Arauca. Al tiempo, expresamos nuestra preocupación ante el aumento de la criminalización y estigmatizaciones a través de judicializaciones a estudiantes, profesores y sectores sociales que reivindican sus Derechos ante el Estado colombiano. Estos hechos, indican que se esta tejiendo todo un montaje judicial que busca nuevamente deslegitimar el trabajo que se desarrolla en Colombia por la defensa de derechos humanos.
Los miembros y organizaciones pertenecientes al MOVICE que están siendo judicializadas, están desarrollado una labor permanente de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, que en varias regiones han llevado a la destitución de militares y el retiro del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a algunos batallones del Ejército Colombiano.
Entre los hechos de represión mas reciente contra el MOVICE reseñamos:
‐ CARMELO AGÁMEZ integrante del MOVICE en Sucre, el 15 de noviembre fue capturado y posteriormente encarcelado por orden de la Fiscalía. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 17 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes MOVICE luego que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.
‐ MARTÍN SANDOVAL ROSSO, integrante del MOVICE y director del CPDH en Arauca, el 04 de noviembre en un operativo compuesto por la Fiscalía, DAS, CTI y Policía Nacional fue capturado junto a 16 dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos en Arauquita. El departamento de Arauca desde el año 2002 viene sufriendo detenciones masivas y selectivas de dirigentes sociales y pobladores en general, quienes con base en montajes y declaraciones de supuestos reinsertados de la guerrilla, son capturados y encarcelados por tiempo prolongado y con violación de sus garantías legales y constitucionales.
‐ La Fiscalía 12 de la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Jorge Iván Piedrahita Montoya ordenó inspeccionar las bases de datos de universidades públicas y privadas en busca de presuntos guerrilleros y adelanta procesos judiciales contra maestros, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y miembros del Polo Democrático Alternativo, entre otros. A raíz de estos procesos se libraron órdenes de captura contra varios estudiantes y profesores a quienes se les sindica de pertenecer a las FARC así como amenazas de grupos paramilitares en la Universidad Nacional de Bogotá. Abogados amigos asumieron la defensa de varios de los detenidos pudieron percatarse que dentro del proceso, identificado como 65.635, hay más 63 órdenes de capturas y arbitrariamente se ha ordenado la interceptación de comunicaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de opinión.
Particularmente se ordena interceptar los correos electrónicos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con sede en Paris. Así mismo, la intercepción de comunicaciones del medio de comunicación Le Monde Diplomatique (Paris) y de la organización Justicia por Colombia (Londres); y se señalo que habría orden de interceptar comunicaciones de funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas con sede en Bogotá. En lo nacional, fue emitida la orden de interceptar las comunicaciones del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", la Corporación Reiniciar, Humanidad Vigente, Corporación Yira Castro, Fensuagro, Sintraminergetica, Fescol, Fundación Manuel Cepeda, Red de
Acción contra Libre Comercio (Recalca), Sintrabancol, Sinpeagricun y otras.
Peticiones:
‐ Ante las últimas judicializaciones realizadas en el transcurso del mes de noviembre, hacemos un llamado a que se garantice el Debido Proceso de quienes han sido privados de su libertad de manera injusta. Así mismo, hacemos un llamado a que en sana crítica y valoración objetiva de las pruebas, la Fiscalía resuelva en prontitud la libertad de cada una de las personas detenidas, en particular de CARMELO AGAMEZ y de MARTIN SANDOVAL ROSSO.
‐ Exigimos al Estado colombiano detener la represión que actualmente se está llevando a cabo en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de montajes judiciales.
‐ Solicitamos a los organismos de control del Estado que se active el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social.
‐ Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, al Cuerpo Diplomático, y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de las libertades publicas de los ciudadanos, cesar la represión y respetar la Constitución.
‐ Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados.
Los miembros y organizaciones pertenecientes al MOVICE que están siendo judicializadas, están desarrollado una labor permanente de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, que en varias regiones han llevado a la destitución de militares y el retiro del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a algunos batallones del Ejército Colombiano.
Entre los hechos de represión mas reciente contra el MOVICE reseñamos:
‐ CARMELO AGÁMEZ integrante del MOVICE en Sucre, el 15 de noviembre fue capturado y posteriormente encarcelado por orden de la Fiscalía. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 17 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes MOVICE luego que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.
‐ MARTÍN SANDOVAL ROSSO, integrante del MOVICE y director del CPDH en Arauca, el 04 de noviembre en un operativo compuesto por la Fiscalía, DAS, CTI y Policía Nacional fue capturado junto a 16 dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos en Arauquita. El departamento de Arauca desde el año 2002 viene sufriendo detenciones masivas y selectivas de dirigentes sociales y pobladores en general, quienes con base en montajes y declaraciones de supuestos reinsertados de la guerrilla, son capturados y encarcelados por tiempo prolongado y con violación de sus garantías legales y constitucionales.
‐ La Fiscalía 12 de la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Jorge Iván Piedrahita Montoya ordenó inspeccionar las bases de datos de universidades públicas y privadas en busca de presuntos guerrilleros y adelanta procesos judiciales contra maestros, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y miembros del Polo Democrático Alternativo, entre otros. A raíz de estos procesos se libraron órdenes de captura contra varios estudiantes y profesores a quienes se les sindica de pertenecer a las FARC así como amenazas de grupos paramilitares en la Universidad Nacional de Bogotá. Abogados amigos asumieron la defensa de varios de los detenidos pudieron percatarse que dentro del proceso, identificado como 65.635, hay más 63 órdenes de capturas y arbitrariamente se ha ordenado la interceptación de comunicaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de opinión.
Particularmente se ordena interceptar los correos electrónicos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con sede en Paris. Así mismo, la intercepción de comunicaciones del medio de comunicación Le Monde Diplomatique (Paris) y de la organización Justicia por Colombia (Londres); y se señalo que habría orden de interceptar comunicaciones de funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas con sede en Bogotá. En lo nacional, fue emitida la orden de interceptar las comunicaciones del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", la Corporación Reiniciar, Humanidad Vigente, Corporación Yira Castro, Fensuagro, Sintraminergetica, Fescol, Fundación Manuel Cepeda, Red de
Acción contra Libre Comercio (Recalca), Sintrabancol, Sinpeagricun y otras.
Peticiones:
‐ Ante las últimas judicializaciones realizadas en el transcurso del mes de noviembre, hacemos un llamado a que se garantice el Debido Proceso de quienes han sido privados de su libertad de manera injusta. Así mismo, hacemos un llamado a que en sana crítica y valoración objetiva de las pruebas, la Fiscalía resuelva en prontitud la libertad de cada una de las personas detenidas, en particular de CARMELO AGAMEZ y de MARTIN SANDOVAL ROSSO.
‐ Exigimos al Estado colombiano detener la represión que actualmente se está llevando a cabo en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de montajes judiciales.
‐ Solicitamos a los organismos de control del Estado que se active el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social.
‐ Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, al Cuerpo Diplomático, y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de las libertades publicas de los ciudadanos, cesar la represión y respetar la Constitución.
‐ Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados.
COMITÉ DE IMPULSO DEL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Bogotá D.C. 21 de Noviembre 2008
Bogotá D.C. 21 de Noviembre 2008
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