Incremento de denuncias de desaparición forzada. 287 desaparecidos en 3 meses de gobierno de Santos

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Incremento de denuncias de desaparición forzada.

Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.

Derecho a la Vida | Víctimas de Crímenes de Estado |

De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]

Solo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]

De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]

Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación. Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.

A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.

Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.

No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.

En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.

Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:

1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].

Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.

2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.

3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.

5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.

6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:

a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y

c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.

7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.

Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos

Notas

[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.

[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...

[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...

[4] Christian Salazar,Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.

[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".

COLOMBIA HOY: EL CONFLICTO NEGADO.

El abogado que nos visita tiene amplia experiencia en los intentos de humanizar el conflicto armado en Colombia, y los intento de aplicar, al menos, los principios más universales del Derechos Internacional Humanitario. Su aportación teórica denuncia la negación del conflicto como mecanismo empleado por la oligarquía colombiana y las potencias extranjeras para evitar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y en su lugar aplicar la legislación antiterrorista que deja mayor arbitrariedad en el uso del poder y genera un clima dónde se amparan en mayor medida los crímenes de Estado.

Desde la óptica del autor la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia pasa por el reconocimiento de que existe un conflicto armado interno de caracter político, económico y social, el reconocimiento de las dos fuerzas beligerantes y la exigencia a ambas partes de la aplicación, al menos, de los principios más universales del Derecho Internacional Humanitario, en su momento concebido para guerras entre ejércitos regulares de fuerzas similares, pero que sin duda se puede extrapolar en parte a guerras asimétricas con ejércitos irregulares como ocurre en Colombia. En este sentido, se debe hacer un esfuerzo para autoregular el conflicto y así frenar las hostilidades, evitar sufrimiento, y crear un clima que haga posible el diálogo político como vía para abordar una transformación del Estado que termine con la exclusión y la intolerancia y permite construir una paz duradera.

Amenazas a dirigentes sindicales de la U.S.O. en relación al proyecto La Cira - Infantas. Conflicto armado en territorios indígenas,...

Boletín informativo RedHer Colombia 15/04/11
Noticias y denuncias:


Siembra de vida en las Pavas (ASOCAP-Fedeagromisbol)

Una vez más, los campesinos de la comunidad de Las Pavas retoman la siembra de productos alimenticios en el territorio que les han querido despojar las empresas palmicultoras. El lunes 4 de abril, a las 6 de la mañana, los campesinos y pescadores agremiados en ASOCAB emprendieron su recorrido desde el caserío de Buenos Aires, hacia el predio conocido como hacienda ‘Las Pavas’.
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Amenazas a dirigentes sindicales de la USO en área de influencia del proyecto La Cira-Infantas (CUT)

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia ante la comunidad nacional e internacional las graves amenazas que en los últimos días han recibido los dirigentes sindicales, Martín Ravelo – Dirigente de la USO Nacional; Rafael Rodríguez Moros y Robinson Díaz Camargo – USO Centro; y Luis Alberto Galvis – USO Sabana de Torres.
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Declaración del Proceso de Comunidades Negras –PCN sobre el Plan de Acción Laboral (PCN)

Expropiación, Represión y Muerte: El TLC Colombia-Estados Unidos y los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acaban de concertar el pasado 6 de Abril, un Plan de Acción para sacar adelante la aprobación del TLC. Este Plan se centra en algunos aspectos de la problemática del sector sindical pero ignora por completo la crítica situación de derechos humanos que afecta a la población Afrodescendientes e Indígena en Colombia.
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Seguridad privada de la U de Antioquia agrede al estudiantado (CJL)

Es probable que los gritos de Estefany Mendoza no fueran lo suficientemente ensordecedores como para hallar auxilio en el momento en que Nedardo Murillo Valdés -vigilante de la empresa ATEMPI que presta el servicio de “seguridad” en la Universidad de Antioquia-, aprovechando la soledad reinante en el Alma Mater ese medio día del domingo 10 de abril, se abalanzaba contra su cuerpo, abrazándola fuertemente, intentando amordazarla y agarrándole los senos con brusquedad, en el baño de mujeres del bloque 6.
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Videos y audios:

Conflicto Armado en los Territorios Indígenas (CRIC)

Damos a conocer a ustedes el programa radial DESDE EL FOGÓN DE LOS MAYORES, una producción del Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, esperamos sea del gusto de todos ustedes.
Ver primera parte...
Ver segunda parte...

Foro Nacional de Moto Trabajadores (Moto trabajadores Palmira)
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Marcha de Antorchas Jorge Eliécer Gaitán 63 años
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“El Gobierno de Uribe no reconoce el conflicto armado ni acepta mediadores” (CASO DE REMEDIOS GARCÍA, COOPERANTE ESPAÑOLA PERSEGUIDA)

REMEDIOS GARCÍA TRABAJÓ COMO MEDIADORA EN PAÍSES EN CONFLICTO, ESTÁ ACUSADA DE COLABORAR CON LAS FARC-EP La activista de derechos humanos Remedios García Albert fue detenida en el Estado español, en julio de 2008 y puesta en libertad después. Desde entonces su causa permanece bajo secreto de sumario.

Carlos Alberto Villanueva / Madrid
Miércoles 30 de junio de 2010. Número 129
El Diagonal (periódico quincenal de actualidad crítica)
http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-de-Uribe-no-reconoce.html

ROMPER EL SILENCIO. “Se ha pretendido silenciar a todas las voces que acusan
al Gobierno colombiano de Álvaro Uribe de violaciones de derechos humanos”.

Cuando la policía la detuvo a Remedios García, trabajaba en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La base de su detención fueron unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), Raúl Reyes. Desde entonces se le ha abierto un proceso judicial en la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón, primero, y el juez Eloy Velasco después, instruyen el sumario en el que se le acusa de “representante política” de las FARC-EP. A su abogado, Enrique Santiago, no se le ha permitido presentar pruebas en contra de esta acusación porque, según el juzgado, existe secreto de sumario. Su caso ha desatado una campaña de solidaridad desde diversas organizaciones que denuncian la criminalización de los defensores de derechos humanos del presidente Álvaro Uribe, dentro y fuera de Colombia.

DIAGONAL: Desde la perspectiva del Derecho Internacional y su experiencia, ¿en qué consiste la mediación en conflictos armados ?

REMEDIOS GARCÍA: Se supone que el objetivo de alguien que se dedica a promover la paz es acabar con la guerra. Para terminar con los enfrentamientos armados es necesario un acercamiento de las partes. Eso significa tratar de trasladar propuestas de una a otra parte y restablecer un clima de confianza. En el caso de Colombia, ese clima se ha roto y será difícil restablecerlo. Se quebró porque, a parte de las negociaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), hubo otros diálogos durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) que terminaron porque una de las partes fue físicamente aniquilada.

D.: ¿Es posible llevar a cabo diálogos entre la guerrilla y el Gobierno, sin mediadores?

R.G.: Es difícil por la desconfianza que se ha sembrado y por los frustrados procesos. El más evidente fue el de los asesinatos selectivos de los miembros de la Unión Patriótica (UP). La UP fue una organización que surgió a raíz de un proceso de paz que se dio durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986). La idea era tener la posibilidad de estar representados en la sociedad, que se escucharan sus propuestas y de esta manera abandonar, la lucha armada. Llegaron a participar en unas elecciones municipales y tuvieron un buen resultado. Entonces empezó una campaña de exterminio. Por eso, es necesaria la participación de otros actores externos. Pero los problemas de Colombia los tienen que resolver los colombianos. Uribe no ha reconocido el conflicto, por lo tanto los mediadores son innecesarios. Sí, hubo mediadores reconocidos, como la senadora Piedad Córdoba y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2009. Entonces había una presión internacional muy fuerte para que se llevara a cabo el intercambio humanitario.

D.: En el congreso que organizó la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), en la que usted trabajaba, Fabio Valencia, representante del gobierno de Pastrana, señaló que la única salida pasaba por el diálogo. ¿Qué cambió con el presidente Uribe? R.G.: Este congreso celebrado en el año 2000 tenía como objetivo apoyar el proceso de negociación de paz. El proceso de paz del Caguán se estaba llevando a cabo paralelamente a la elaboración y puesta en marcha del Plan Colombia (1999). Este plan, diseñado por EE UU con el beneplácito del presidente Andrés Pastrana, se fue implantando progresivamente. Hay quien opina que la negociación de paz con las FARC-EP, en aquel momento, fue una forma de preparar el Plan Colombia. La ruptura de los diálogos del Caguán se produjo después, tras los atentados del 11-S, en 2001. Entonces es cuando se empieza a criminalizar a las organizaciones, no sólo en Colombia, en todo el mundo. Se las define como terroristas. No sabemos a qué responde que una organización sea introducida en una lista de grupos calificados como terroristas. No ha habido un juicio que diga que dichas organizaciones no tienen reivindicaciones políticas justas. Se siguen violando los derechos humanos, por lo tanto, las reivindicaciones siguen teniendo vigencia.

D.: ¿Hay voluntad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad?

R.G.: No sé. Lo que sí sé es que cada vez hay más pruebas de que las organizaciones paramilitares actuaban en connivencia con el ejército y con la policía. Sin embargo, con los paramilitares sí se produjo el proceso de paz. ¿Cómo se puede hacer un proceso de paz con ellos? Es contradictorio, ellos no estaban enfrentados con el Estado, no han luchado contra él.

D.: ¿Por qué cree que Uribe decidió arremeter contra todas las personas que han trabajado para un proceso de paz en Colombia desde el Gobierno de Pastrana?

R.G.: Uribe ha negado la guerra en todo momento. Y a la descalificación del “enemigo político” hay que sumarle la persecución, que forma parte de la estrategia de guerra: acallar a cualquiera que denuncie violaciones de los derechos humanos. Entonces los testigos exteriores son un peligro serio. Respecto al Estado español, el presidente de Colombia está interesado en que el conflicto de su país se asimile al conflicto vasco. Si él logra esta similitud, tendría garantizado un apoyo internacional. Uribe siempre ha visto por ahí una vía para eludir la búsqueda de una solución dialogada.

D.: ¿Por qué, en este caso concreto, también se le persigue a usted?

R.G.: Tendrían que responder otros. Lo que sí es extraño es que en ningún otro país se ha detenido a ninguno de sus ciudadanos por denuncias del Gobierno colombiano. Ha habido denuncias contra italianos y suizos, pero no han sido detenidos, acusados de terrorismo, y sometidos a una ley antiterrorista, sólo ha ocurrido en el Estado español. Yo no soy ninguna terrorista. Tampoco promuevo el uso de las armas. Lo único que he hecho, ha sido trabajar por una salida pacífica, por medio del diálogo y la negociación al conflicto armado en Colombia. No formo parte, ni he formado parte de ninguna organización armada.

D.: ¿En qué situación se encuentran las causas abiertas contra usted en la Audiencia Nacional?

R.G.: En el caso del juzgado número cinco, que llevaba Garzón, el caso está igual que hace 23 meses, bajo secreto de sumario. Mi abogado ha presentado algunas reclamaciones para que se levantara, pero no ha habido respuesta. En el caso del segundo proceso, a mí se me citó para ir a declarar el pasado 24 de marzo. Pocos días antes de esta fecha, recibimos una notificación diciendo que se suspendía la citación. Lo único que hemos sabido, a través de la prensa, es que se distribuyó información de que yo era la representante internacional de una organización armada colombiana. Hace poco se ha publicado en algunos medios de comunicación que la policía española ha estado investigando en Colombia y que no ha encontrado ninguna pista sobre la persona que estuvo coordinando unos cursos entre ETA y las FARC en Venezuela. La policía tiene constancia de que en esas fechas, la persona que se menciona en el auto del juez Velasco se encontraba en España.

D: ¿Qué pretende Uribe con la criminalización de los defensores de derechos humanos?

R.G.: Uribe quiere silenciar a todas las voces que le acusan, a las organizaciones que denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos.

El informe Alston de Naciones Unidas acusa a Uribe

En el último informe, publicado hace un mes, el relator especial de la ONU, Philip Alston, señala que “mientras el Gobierno [de Colombia] se ha centrado en una solución militar, debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones como parte de su estrategia”. El informe elaborado tras la visita de Alston a Colombia en junio de 2009 recomienda que “tanto, Naciones Unidas, como los actores humanitarios necesitan poder tener contacto con las guerrillas para posteriores actividades de protección a civiles”. El relator señala sobre las ejecuciones extrajudiciales que “las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Sobre estos asesinatos argumenta: “...encontré muchas unidades militares comprometidas con los ‘falsos positivos’, donde las víctimas eran asesinadas por militares, por beneficio personal de los soldados”. Respecto a los paramilitares, dice que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y se beneficiaron de amnistías”.

LOS OLVIDADOS - VÍDEO DOCUMENTAL RESULTADO DE LA V VISITA DE VERIFICACIÓN DE LOS DD.HH. EN COLOMBIA - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ASTURIAS

El siguiente vídeo documental es resultado de la V visita de verificación de la situación de los Derechos Humanos en Colombia, llevada a cabo entre abril y mayo de 2009 por una Delegación del Gobierno de Asturias, en la que participaron dos compañeras de la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia.

El vídeo muestra los testimonio de víctimas o familiares de víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que en el 95 % de los casos señalan al Estado como presunto autor, ya sea por la acción directa de fuerzas regulares (ejército o policia) o por fuerzas irregulares que actúan en colaboración con las primeras (paramilitares).

Una muestra de la crudeza del conflicto armado son las estadisticas de la Comisión Colombiana de Juristas que desde julio de 2002 hasta junio del 2008 registró 24. 824 muertes violentas por motivos sociopolíticos, de las cuales 14.039 fueron homicidios y despariciones en contexto distinto al combate y 10.785 muertes en combate (enfrentamientos entre las guerrillas y las fuerzas regulares e irregulares del Estado). Sobre esta última cifra hay que tener mucha cautela, pues una de las denuncias más frecuentes como se verá en el documental es el asesinato de civiles por parte del Ejército de Colombia que posteriormente presentan como guerrilleros dados de baja en combate, son los llamados falsos positivos. En los últimos años hay más de 1.200 de falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales de civiles que suelen estar implicados en tareas de representación sindical, asociaciones campesinas o juntas de acción comunal.

El siguiente vídeo documental no muestra sólo los testimonios de las víctimas sobre violaciones de sus DD.HH. sino que en muchas ocaciones deja ver las causas de dicha violencia política, fundamentalmente del Estado, pues en las zonas rurales más golpeadas las multinacionales disputan a las comunidades territorios ricos recursos diversos. Por otro lado, el exterminio del movimiento sindical colombiano ha sido la forma violenta de imponer un modelo de desprotección social y destrucción de derechos muy favorable a los intereses de grandes empresas, muchas de ellas extranjeras.

El documental se desarrollo por diversos puntos de la geografía colombiana: Bogotá (Ciudad Bolívar), Bajo Ariarí, Bucaramanga, Casanare, ... Se trata de una producción de Programas Principado de Asturias, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, la realización y el montaje es de Nacho Salgado, la imagen de Jorge Malgor, María José Durán fue la secretaria de producción con la colaboración de Javier Orozco y Javier Arjona, y otras personas se encargaron del diseño y otros aspectos bajo la dirección de Francisco G. Orejas. Queremos felicitar por este gran trabajo de denuncia a todas las personas implicadas , en especial, a las colombianas y colombianos que denuncian con valentía los atropellos que sufren, y las organizaciones colombianas que desarrollan sus tareas sociales en tan duro contexto (Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Nacional de Solidaridad con los Presos Políticos, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Departamento de DD.HH. de la Central Unitaria de Trabajadores, Organización Nacional Indígena de Colombia, International Peace Observatory).

Colombia from Nacho Salgado on Vimeo.

Boletin Informativo Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia 18-11-2009

Boletin Informativo Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia 18-11-2009

Un dia como hoy hace 10 años Jorge Luís Mazo, párroco de Bella Vista, e Iñigo Egiluz, cooperante de Paz y Tercer Mundo, acompañaban la lucha en defensa del territorio y la vida de las comunidades y pueblos del Atrato en Colombia cuando fueron atacados por un grupo paramilitar.Iñigo y Jorge Luís resultaron muertos. Tal y como Iñigo escribió en su última carta: "Este trabajo, lógicamente, va en contra de los intereses de los que buscan adueñarse de las tierras de forma violenta y sin escrúpulos".

En la actualidad, los autores intelectuales de aquel crímen siguen impunes.

Continua Genocidio contra comunidades indígenas: Resguardo Cerro Tijeras del Municipio de Suarez, Cauca y Resguardo Honduras del Municipio de Morales, Cauca, Blanco de los Crimenes por Nomadesc.

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos la grave situación que afrontan las comunidades indígenas de la zona Occidente y Norte del Cauca. En tan solo dos semanas han sido asesinados tres indígenas y otro mas gravemente herido quien se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Valle de Lili de la ciudad Santiago de Cali. Es importante resaltar la alta y constante militarización del territorio. La cual aumento su pie de fuerza ostensiblemente en las dos ultimas semanas.

Leer Accion Urgente en: http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=711&Itemid=34

Que hondo dolor producen los crueles asesinatos por Cabildo Cerro Tijeras.

¿Quién será el próximo?...la gobernadora, el concejal, una mujer, un anciano, un guardia indígena, un estudiante, un transeúnte, un docente, él, ella…usted…yo… Queremos advertirles a las trasnacionales, al gobierno que las ampara y a los armados que las acompañan que NO DESALOJAREMOS LOS TERRITORIOS, la paciencia se agotó y nuestra palabra se eleva inspirada en las enseñanzas de Quintín Lame, de La Gaitana, de los espíritus y mayores.

Leer en: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10787

A Pesar de Todo...La Vida sigue siendo el Fundamento de Lucha y el Quehacer Social por Organizaciones Sociales de Arauca.

Con la escalofriante cifra de 18 muertes violenta en 25 días, se incrementó la crisis humanitaria y social a la cual ha sido abocado de tiempo atrás el departamento de Arauca, donde pese a la represión sufrida, el pueblo sigue su empeño de, mediante la organización social y el trabajo comunitario, lograr la ejecución de su plan de vida, que lleva en su seno alcanzar unas condiciones plenas de dignidad.

Leer Accion Urgente en: http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=34

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, EL TAMBO CAUCA.

Las comunidades del Municipio de El Tambo Cauca, nos hemos movilizado el día 4 de noviembre de 2009, por las principales calles de la cabecera Municipal, rechazando el ingreso de la exploración y explotación de la minería a gran escala y a cielo abierto, concretamente frente a la multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia S.A.

Concentrados luego en la Institución Educativa Liborio Mejía en un foro comunitario denominado "`Impacto ambiental de la minería a gran escala", en donde intervinieron organizaciones populares y sindicales, representantes del movimiento estudiantil de la Universidad del Tolima, representantes de organizaciones internacionales, instituciones departamentales, el alcalde municipal, el personero municipal, concejales, produciendo al final la Declaración de rechazo y oposición unánime al ingreso e intenciones de exploración y explotación del cerro Munchique y demás montañas del municipio de El Tambo Cauca.La declaratoria de rechazo a la exploración y exploración de la minería a gran escala y a cielo abierto en particular a la Multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. Se sustenta en la defensa del territorio, respeto a la dignidad humana, protección de los recursos naturales como el agua, el Parque Natural Munchique, el derecho a la libre determinación de las comunidades, evitar los efectos sociales como el desplazamiento, respeto a la minería artesanal, los tratados y sentencias de la O.I.T. y la jurisprudencia de organismos internacionales de justica de Derechos humanos.

Agradecemos el acompañamiento de los delegados de los municipios La sierra, Suarez, Bolívar, La Vega. Invitamos a toda la comunidad del municipio de El Tambo a estar atentos al cumplimiento de esta declaratoria y persistir en la lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales.

Platas de Usaid y Plan Colombia llegaron a manos de los paras en Verdad Abierta

Lo que llama la atención de todo ésto, es que en 2002, cuando comenzó este proyecto, la región se encontraba controlada por el Bloque Central Bolívar y según cifras de Acción Social entre 1997, cuando Julián Bolívar entró a esta región, y 2007 al menos 47 mil personas fueron desplazadas. Simití, donde se instaló el proyecto productivo de los paramilitares, fue uno de los municipios que más padeció con ellos, en particular el corregimiento de Monterrey donde Bolívar tenía su base principal.

Leer en: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=10776

Legitimidad y la potestad tributaria en el Estado de Seguridad por Juan Carlos Agudelo

En las líneas que siguen el Investigador Juan Carlos Agudelo desarrolla la pregunta por el tipo de legitimidad presente en la política de seguridad democrática. Se abordan con sentido crítico ciertos problemas centrales que operan en el pensamiento político y económico de Tomas Hobbes, Max Weber y Adam Smith aplicables al análisis de la “legitimidad y la potestas tributaria en el Estado de Seguridad”: el primero, hace referencia al consentimiento expreso de los subordinados y posterior sometimiento de los propietarios privados a la potestad tributaria, con lo que se surte el proceso de autenticación del Estado de seguridad; el segundo, es el problema de la racionalidad política y económica que obra en la formulación y ejecución de la política de seguridad y política tributaria en la que se erige la institucionalidad del Estado de Seguridad; y tercero, se precisa la razón o motivo (verdadero) de la política de seguridad en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Leer Documento en: http://www.cedins.org/images/stories/pdf/legitimidad%20del%20estado%20de%20seguridad.pdf

LA GALERIA DE LA MEMORIA en la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA (sede Medellín). Dirección: Calle 49A Nº 55A – 61.Horario: Lunes a Viernes de 8 a.m. a 8 p.m. (Jornada continua)

Nuestro objetivo a través de la Galería de la Memoria no apunta a promover la fetichización de los recuerdos o de las conmemoraciones luctuosas, ni la sacralización de ciertas víctimas en detrimento de otras, lo cual genera la cristalización de las identidades a partir de una concepción estática del pasado, que no admite la evolución de los sentimientos y las mentalidades hacia una actitud propositiva.

Ver galeria de la memoria en: http://www.flickr.com/photos/38197015@N03/sets/72157618589151175/show/

SEGOVIA 21 AÑOS DESPUES 1988-2009 - MOVICE ANTIOQUIA.

"El 11 de noviembre de 1988, 43 habitantes de Segovia fueron masacrados por más de 30 hombres que, vestidos de camuflado, ingresaron al pueblo en tres camperos. Ese día, los militares suspendieron el patrullaje que realizaban diariamente en la población a las seis de la tarde".

Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=J727A2O-gDY

Colombia: Violencia sexual en el conflicto armado sin un sólo fallo condenatorio por AmecoPress/SEMlac

A más de un año de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Estado investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado que vive Colombia, y desarrollar una política pública para las colombianas desplazadas, no hay un sólo fallo condenatorio y los programas están muy retrasados.

Leer en: http://www.redfeminista.org/noticia.asp?id=6737

INVITACION: Minga en la Autónoma. 11 am-3 pm Jueves 19 de Noviembre

Charla, discusión y encuentro con la Minga de Resistencia Social y Comunitaria en la Universidad Autónoma de Colombia

Invitad@s de Comisión Política de la Minga Nacional, Minga Juvenil Nacional
Minga Universitaria Nacional, Movimiento Estudiantil de la Universidad Autónoma. Media Luna de Orfeo, Sede XX Aniversario (sede principal)
Universidad Autónoma de Colombia, Cra 12 No 4 -31 (Costado norte de la Biblioteca Luís Ángel Arango), Organiza:Estudiantes de Humanidades de la Universidad Autónoma, Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular (CILEP)Cátedra Jaime Pardo Leal
Leer Invitacion en: http://www.redlibertariapmk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=182:minga-en-la-autonoma&catid=35:cilep&Itemid=75

Las Transnacionales contribuyen a aumentar el Hambre y Los Campesinos y Campesinas ofrecen Soluciones por Via Campesina.

La Via Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a contribuir activamente a la creación de esta crisis. Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milan el pasado 12 de noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes en detrimento de la lactancia materna en los paises en desarrollo

Leer en: http://www.viacampesina.org/main_sp/index.php?option=com_content&task=view&id=901&Itemid=1

EU fortaleció la dictadura en Honduras al cambiar de postura: Manuel Zelaya en La Jornada.

¿Cuánto tiempo le da usted al próximo presidente de Honduras? ¿No le parece una burla que llamen a elecciones para que las fuerzas armadas lo quiten cuando quieran, como hicieron con el anterior?” Habla así el presidente José Manuel Zelaya, en entrevista con La Jornada, en su día número 57 como “huésped” de la embajada de Brasil. Desde ahí pide que le sean leídos los comentarios de Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien poco antes ha afirmado, en Washington: “No hemos cambiado nuestra política”.

Se ríe Zelaya y pregunta: “¿Fue todo lo que dijo de Honduras?”

Leer entrevista en: http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/internacional/5795-eu-fortalecio-la-dictadura-en-honduras-al-cambiar-de-postura-manuel-zelaya.html

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Declaración Final: XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – COLOMBIA.

Carrera 6 No. 12 – 21 - Tel. 2862702 - fax 286 27 04

E.Mail: comperdh@etb.net.co– pagina Web : www.cpdh.org

Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009

Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:

1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.

3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.

4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.

6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.

7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.

8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.

9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.

10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.

11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.

12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.

PROPONEMOS:

1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:

- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.

- 7 de octubre por el trabajo digno.

- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.

2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.

3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.

4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.

5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.

6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.

8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia

9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.

10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.

12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.

¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!

LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,

¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!

¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!

Bogotá, 12 de septiembre de 2009

CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia se suma a la siguiente declaración que será entregada el 11 de septiembre en el Consulado de Colombia con la firma de multitud de colectivos de las islas.

Se deben envíar las adhesiones hasta el 10 de septiembre al correo: moclaspalmas@gmail.com.

CONTRA DE LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

Canarias, territorio de paz.

Los abajo firmantes, ciudadanos, ciudadanas y colectivos sociales de Canarias, queremos expresar mediante este manifiesto nuestro radical rechazo a la implantación de siete nuevas bases militares de Estados Unidos en Colombia. Las razones a dicho rechazo se exponen a continuación:

1ª) La sociedad canaria históricamente ha manifestado su vocación pacifista y antimilitarista, expresada en la reivindicación de que toda la tierra, el mar y el aire sean para el uso de la vida y no para generar violencia y muerte. Es por esto y por su situación geográfica estratégica, que consideramos que Canarias debe convertirse en una base desde la cual se irradie un pensamiento y práctica de paz y entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo, oponiéndonos terminantemente a la guerra y el militarismo como medios para la resolución de conflictos porque históricamente está probado que estos solamente son causa de dolor, miseria y muerte para las personas, y benefician únicamente a los intereses económicos de los grandes capitales transnacionales.

2ª) Es en este sentido que creemos que el despliegue militar en territorio colombiano va a alterar gravemente la situación militar y geopolítica en Suramérica y el Caribe, convirtiendo al territorio colombiano en portaviones terrestre y en puerto marítimo de la fuerza aérea y naval del imperialismo estadounidense, que viene implementando desde hace varios años un proceso planificado de desestabilización contra aquellos gobiernos que en Centro América y Suramérica están intentando, con mucho esfuerzo y dificultades, desarrollar una política independiente y solucionar algunos de los problemas históricos que aquejan a las mayorías pobres de sus respectivos países.

3ª) Como se puso de manifiesto en la reciente cumbre de UNASUR, celebrada en Bariloche, se planea utilizar estas bases, o alguna de ellas, como una amplia red de espionaje destinada a la vigilancia de toda la región, alcanzando incluso dicha vigilancia territorio africano, al margen de concentrar en ellas grandes cantidades de tropa y armamento. En términos objetivos, no hacen falta, en forma alguna, bases militares extranjeras en América latina, constituyendo los intentos de implantación de las mismas residuos de la extinta guerra fría que, con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico, ocultan la finalidad real de desarticular y amenazar a los gobiernos de izquierda de la región.

4ª) Con la excepción de Colombia, Suramérica es actualmente la región más pacífica y pacificada del mundo, recurriendo a los tribunales y al arbitrio internacional para solucionar sus conflictos territoriales, además de estar inmersa en profundos y novedosos procesos de integración (UNASUR, ALBA, etc.). La implantación de bases militares en Colombia no contribuye a la consolidación de la unidad regional, sino que parece, más bien, que intenta sabotearla, impidiendo que la mayor parte de los países de Suramérica logren concertar una política común de defensa que tendría como uno de sus ejes principales impedir la intervención de toda potencia extranjera y la implantación de bases militares en cualquier país de la región.

5ª) Es conocida y data de muchos años la presencia militar de fuerzas norteamericanas en Colombia y su apoyo manifiesto al ejército colombiano y los grupos paramilitares en la instauración de un régimen de terror que ha costado millones de muertes, desplazados internos y refugiados generando una de las crisis humanitarias más largas y dolorosas, a la vez que silenciada y olvidada en el mundo. Desde esta perspectiva la situación actual constituye la visibilización y profundización del dominio gringo en Colombia y su intención de convertirla en la punta de lanza de la agresión y dominación norteamericana hacia el resto del continente.

6º) El imperialismo y sus servidores locales muestran una tendencia a la creciente utilización de medios violentos, encarnados no sólo en el establecimiento de las bases militares en Colombia sino en el golpe militar en Honduras, la reactivación de la IV Flota de EEUU en el año 2007 y las recientes masacres indígenas Awa y Wayuú en la misma Colombia, y en la Amazonía Peruana. Todo esto con la pretención de contrarrestar el proceso de transformación económica, política y social que se viene gestando en el continente.

Por todo ello, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a este proceso de militarización intensiva de la región suramericana que, creemos firmemente, no implica nada bueno para su futuro. Queremos plantear además nuestro apoyo y solidaridad con los pueblos latinoamericanos en su lucha pacifica por la construcción de un futuro de autodeterminación, justicia y libertad.

“Todos somos Awá, alto al etnocidio de los pueblos indígenas en Colombia” (Vídeo)

El móvil de la masacre que acabó con la vida de 12 indígenas Awa el 26 de agosto podría haber sido la eliminación física de la única testigo de un probable crímen de Estado. SIXTA TULIA GARCIA presenció como tropa del Ejército Nacional detenía a su marido. La obligaron a marchar, sonaron disparos y luego le vio muerto. Ella denunció los hechos y el informe del Batallón de contraguerrilla nº 23 del Ejército indicaba que detuvieron a su marido porque un guía lo señaló como guerrillero y que cuando intentó escapar le dieron de baja. También podría ser una represalia por haberse atrevido a denunciar.

Martes 1ro de septiembre de 2009
Publicado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes repudiamos y lamentamos el exterminio sistemático del que ha sido objeto el pueblo Awá en los últimos siete meses, y que se demuestra una vez más en los hechos ocurridos el día 26 de agosto del presente año, donde fueron masacrados 12 hermanos indígenas, entre ellos varios niños y niñas del resguardo Gran Rosario Jurisdicción del Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. La UNIPA en comunicado del 2 de junio de 2009 denuncio que el sábado 23 de mayo del 2009, los miembros de la comunidad indígena Awa, pertenecientes al resguardo del Rosario, GONZALO RODRÍGUEZ GUANGA y su señora SIXTA TULIA GARCIA GUANGO transitaban por el sector del rio purgante, kilometro 80 de la carretera que del corregimiento de la Guacayana conduce al municipio de Tumaco, cuando fueron interceptados por hombres armados que tenían su rostro cubierto.

2. Según el testimonio de la señora SIXTA TULIA, ella fue separada de su compañero a la fuerza, y le indicaron que se desplazara hacia el kilometro 80, donde se encontraría con su marido. Entre tanto, ella escucho unos disparos, y seguidamente vio a su marido muerto.

3. El cadáver no pudo ser recuperado al instante. Posteriormente miembros del Batallón de contraguerrilla No 23 del Ejercito Nacional, presentaron informe en el que señalaban que al llevar a cabo operación táctica llamada mosquetero, en Km 80 de la Guacayana, un “guía” que los acompañaba señalo al señor GONZALO RODRIGUEZ, como miembro de las FARC, al ser “capturado”, intento huir y fue dado de “baja” por la tropa del Ejercito Nacional.

4. El cuerpo sin vida del señor GONZALO RODRIGUEZ GUANGA, fue trasladado a la morgue del cementerio por funcionarios de la policía judicial y el Ejercito Nacional donde se practico diligencia inspección al cadáver bajo el radicado No 528356000538200981504.

5. La investigación inicial por estos hechos fue adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco, que mediante oficio 504 del 28 de mayo del 2009, remitió el proceso penal al Teniente de Fragata Carlos Roberto Arango, Juez 107 de Instrucción penal militar de Tumaco para que prosiguiera la investigación.

6. Los familiares de la victima presentaron denuncias ante las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, que de conformidad con los Art 15 y 17 de la ley 24 de 1992, solicito información a varias autoridades entre ellas al Comandante del Departamento de Policía de Nariño, Comandante del Grupo Caban Mecanizado de Ipiales Nariño, Director seccional de Fiscalías y otras que en varios oficios dieron respuesta a algunos de los requerimientos.

II. HECHOS RELACIONADOS CON LA MASACRE

7. El día 26 de agosto de 2009, a las 5: AM hombres vestidos con prendas militares, sin distintivos y encapuchados dispararon indiscriminadamente a la casa que habitaba la señora SIXTA TULIA GARCIA GUANGA, única testigo del asesinato de su esposo GONZALO RODRIGUEZ GUANGA.

8. Producto del acto de barbarie, resultaron asesinados : SIXTA TULIA ( 35 AÑOS), LAURENCIO GARCIA ( 38 años), CARMELA GUANGA ( 18 años), AMPARO NASTACUAS (21 años), ARMANDO ALVARO NASTACUAS ( 19 años), FABIO TAICUS GARCIA ( 18 años), y los menores de edad YEISON FERNEY ( 6 meses), LAURENCIO GARCIA (5 años), ANGIE JAZMIN RODRIGUEZ (5 años), ALEXANDER RODRIGUEZ ( 8 años), ROBERTO GUANGA NASTACUAS ( 17 años) y LUIS GARCIA ( 13 años) , y resultaron heridos el menor DAVID GARCIA (12 años), JAVIER GARCIA (20 años),\ y YOLANDA BISBICUS ( 22 años), todos ellos miembros del resguardo Gran Rosario de pueblo indígena AWA.

9. La comunidad Calbí, integrada por 300 personas, se encuentran en alto riesgo de desplazamiento y más de 1.875 integrantes del resguardo de Gran Rosario se encuentran en total estado de vulnerabilidad.

10. Estos hechos se inscriben dentro de un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a la que está siendo sometido el pueblo AWA, y cuya situación ha sido ratificada por la Defensoría del Pueblo en Resolución Defensorial N° 53 de 2008, la Corte Constitucional en su Auto de Seguimiento 004 de 2009, las declaraciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales y para las Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios informes que ha elaborado el Sistema de Naciones Unidas.

11. Hoy tenemos que decir una vez más, que la llamada política de “seguridad” democrática no brinda los mecanismos efectivos de protección a la vida y a los territorios de los pueblos indígenas, y por el contrario, ha puesto es riesgo la pervivencia de estos pueblos sometidos al etnocidio.

12. De manera categórica rechazamos la forma como el Gobierno Nacional viene presentando en diferentes espacios, el presunto cumplimiento de acuerdos en el tema de pueblos indígenas, mientras en los territorios indígenas persiste y se agravan las violaciones de Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Ante los hechos anteriormente descritos, EXIGIMOS:

A los Organismos de investigación y control:

1. Que se conforme un equipo especial de la Unidad de derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y de la Oficina de Investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación para que en forma rápida y efectiva adelante las investigaciones, juzgue y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de este criminal hecho.

2. Que se brinden todas las garantías y protección a los testigos, así como a los miembros de la comunidad indígena previa consulta de los familiares y de las autoridades indígenas respetando su jurisdicción especial.

Al Gobierno Nacional:

3. La desmilitarización inmediata de los territorios indígenas que sólo ha provocado mayor riesgo para las comunidades que en ellos habitan.

4. El cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos en las múltiples reuniones con las autoridades del pueblo Awá, en la atención a las víctimas de la masacre de febrero, del desplazamiento forzado y del confinamiento de las comunidades.

5. La firma de acuerdos humanitarios para el respeto de los pueblos indígenas, que allane el camino para una solución política y negociada del conflicto social y armado que enfrenta el país.

A la Corte Constitucional:

6. Que en el ejercicio de su competencia, se pronuncie frente al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de las órdenes impartidas en el Auto 004 hacia el conjunto de los pueblos indígenas y en particular, para que se emitan medidas de protección y de atención urgente para el pueblo Awá, sus autoridades y líderes.

A los órganos interestatales de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de derechos humanos:

7. El acompañamiento y monitoreo permanente a la situación de DH y DIH del pueblo indígena AWA, y se solicite al Estado Colombiano que a través de sus diferentes órganos respeten y garanticen los derechos de las comunidades indígenas, su autonomía, pervivencia, cosmovisión, consulta previa y todos aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que sobre la materia ha ratificado el Estado de Colombia

8. Al Sistema Interamericano, que otorgue las medidas cautelares o provisionales para la protección colectiva de los miembros de la comunidad indígena AWA.

Convocamos

A LA JORNADA SIMBÓLICA DE MEMORIA por nuestros niños y niñas, mujeres y hombres asesinados de la comunidad indígena AWA, porque TODOS SOMOS AWÁ… ALTO AL ETNOCIDIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

En esta jornada velaremos conforme a la cosmovisión indígena a las víctimas de la masacre del 26 de agosto y efectuaremos un acto de reflexión sobre el derecho a la vida… a la dignidad a la pervivencia…porque rompamos la indiferencia ante la muerte, el dolor y la injusticia…

Martes 1 de septiembre de 2009. Plaza de Bolívar, El acto esta previsto desde las 12 del día hasta la media noche.

Invitamos a la comunidad internacional y la sociedad colombiana a que se vincule a la Campaña “Todos somos Awá, Alto al etnocidio de los pueblos indígenas en Colombia” a través de cartas, comunicados y otras manifestaciones de repudio, para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Firmas,

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Movimiento de víctimas de crímenes de estado (MOVICE) Asociación Minga Programa Somos Defensores Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES Corporación Yurupari Comité Permanente para la Defensa de Derechos humanos de los Derechos Humanos.

NOTICIAS CARACOL PUBLICÓ LO SIGUIENTE:

EL EX-PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AFIRMA QUE LAS BASES MILITARES DE EE.UU. SUPONEN LA MUERTE DE LA SOBERANIA Y VIOLAN LA CONSTITUCION

BASES MILITARES: MUERTE DE LA SOBERANIA ; VIOLACION DE LA CONSTITUCION.

JAIME ARAUJO RENTERIA
EXPRESIDENTE CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

El método del actual gobierno de negar primero lo que va ha hacer, y luego hacer lo que ha negado (no es cierto; tal vez no; si) es el mismo que aplico al otorgar bases militares a una superpotencia extranjera. Confesado el hecho debemos analizarlo a la luz de la constitución colombiana.

A la luz de la actual constitución colombiana no es lo mismo el transito de tropas extranjeras que la permanencia de ellas en el territorio nacional. Miremos ambas hipótesis.

La norma sobre transito de tropas extranjeras fue modificada, por obra del proyecto numero 27, en la constituyente de 1991, para ampliarle su contenido, así consta en la gaceta constitucional numero 36 del 4 de abril de 1991. Hoy no solo el transito de tropas extranjeras, sino también el transito de buques o aeronaves de guerra, así no lleven tropas extranjeras, o su estacionamiento en aguas o en el territorio o espacio aéreo de la nación requiere que el gobierno solicite concepto previo del consejo de estado (Art.237 numeral 3 inciso 2 Constitucion). Este concepto previo debe entenderse que es previo a cualquier acuerdo sobre el tema y nunca puede ser posterior al acuerdo logrado. De ser posterior el acuerdo seria nulo o inexistente por falta de un requisito necesario para formar legalmente la voluntad del estado, independientemente de que no sea obligatorio. Como el gobiernoconfeso que el acuerdo ya se celebro, este es inexistente o en el peor de los casos nulo.
Es importante precisar que la competencia del gobierno nacional para permitir el transito de tropas, es supletiva ya que quien la tiene en primer lugar es el senado de la república (Art. 173 numeral 4 de la constitución) y solo en receso del senado surge la competencia del Gobierno (Art. 189 numeral 6 de la constitución).

Es fundamental señalar que en este caso no se trata de transito sino de otro fenómeno jurídico completamente distinto: La permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Esta permanencia solo puede hacerse de hecho o de derecho; en el primer caso se trata de una invasión y es contraria a la constitución. Para hacerla compatible con la constitución solo puede hacerse por medio de un tratado o convenio internacional. En ese caso no basta con que el gobierno lo pacte sino que se requiere además que el congreso lo apruebe mediante una ley y que la corte constitucional haga su control de constitucionalidad y lo encuentre conforme con la constitución. Si el congreso no lo aprueba o la corte no lo encuentra ajustado a la constitución, jamás habrá entrado al orden jurídico colombiano y el gobierno no lo puede aplicar. El gobierno quiere ponerle conejo al control del congreso y de la corte constitucional diciendo que se trata de aplicar unos tratados existentes. De lo poco que le ha informado a la opinión publica es claro que se trata de un nuevo acuerdo y el acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los 4 ámbitos de su aplicación: El ámbito personal (a que sujetos o personas se aplica), ámbito material (a que temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a que territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de 1 día a otro de 10 años). Aun siendo idéntico en todos esos aspectos a uno anterior, si implica un cambio cualitativo, el acuerdo es distinto. No es lo mismo permitir 1 soldado extranjero que 1500 soldados; es lo mismo que sucede en la naturaleza no es lo mismo aplicar 99 grados de temperatura al agua que 100 grados, ya que este solo grado hace que el agua cambie de naturaleza, ya que pasa de liquida a gaseosa.

No sobra recordar que en la constitución de Colombia, la clausula general de competencia (aquello que no este atribuido expresamente a otra autoridad) la tiene el congreso de la república y no el gobierno. En el caso de la permanencia de tropas extranjeras es claro que el congreso conserva su competencia expresa para aprobar o improbar los nuevos tratados, bien porque no existan previamente o porque impliquen un cambio de cualquiera de los 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica o uno cualitativo.

Si ya el solo transito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional.

La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que estados unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU : siempre sus soldados son mandados por oficiales Norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que estados unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano (mucho menos 3 como ahora se le otorga).

Nos preocupa que el Presidente Obama haya caído en la trampa de sacrificar derechos humanos por intervención militar.

Nos da tristeza que a los fementidos defensores de la patria no se les haya ocurrido otra formula mejor para combatir el terrorismo y el narcotráfico que entregar doblemente la soberanía (tropas e inmunidad) a un país extranjero.

Nos da vergüenza que quienes quieren festejar, desde el poder, el bicentenario de la independencia el único “regalo” que nos ofrecen es la dependencia de ejércitos o naciones extranjeras violando la constitución nacional.