PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA: POR UN GIRO ÉTICO EN LA POLÍTICA EXTERIOR

A/A: Presidencia del Gobierno de España

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28071 Madrid. (España)

CC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

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De: Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (1)

Secretaría Técnica.

ASUNTO: “POR UN CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR HACIA LA ÉTICA, ANTE LA CRISIS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL D.I.H. EN COLOMBIA”

Sr. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirigimos a Vd. nuevamente para clamar un cambio en su política exterior hacia posiciones de una mínima ética ante situaciones de una gravedad extrema.

España, bajo su mandato, recibió con todo lujo de honores al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, y firmó un acuerdo estratégico bilateral con Colombia, convirtiéndole en socio de primer orden en América Latina, sin olvidar la labor de su gobierno, Sr. Zapatero, en el seno de la Unión Europea para la firma del TLC con Colombia, a pesar de la multitud de informes que señalaban los crímenes de Estado bajo los mandatos de Uribe, aproximadamente unos 6.000 casos de desapariciones y homicidios por motivos socio-políticos en contexto distinto al combate e imputables al Estado colombiano, tanto a su brazo militar y policial, como al paramilitar, (Informes de la Comisión Colombiana de Juristas), más de 600 sindicalistas asesinados durante dicho mandato, unos 1.600 casos de falsos positivos denunciados, (ejecuciones extrajudiciales del ejército donde asesinan a civiles no combatientes y los presentan como guerrilleros dados de baja), siendo el actual presidente de Colombia, el Sr. José Manuel Santos, Ministro de Defensa en aquél periodo, y la existencia de unos 7.500 presos políticos en pésimas condiciones, (Informes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la Corporación de Abogados José Alvear Restrepo).

Hoy, tras confirmar la continuidad de la política represiva y violatoria de los DD.HH. y del D.I.H por parte del actual gobierno colombiano encabezado por el Sr. José Manuel Santos, y temiendo por la vida de varias personas en grave riesgo tras conocer la gravedad de los últimos sucesos acontecidos, nos dirigimos a Vd. para solicitarle un mínimo de dignidad y ética en su política exterior para con las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, y su colaboración para exigir que se garantice la vida de varios defensores de DD.HH., militantes de partidos de oposición, líderes comunitarios y campesinos en grave peligro.

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos informó del terrible homicidio cometido contra una menor de 14 años, el 9 de Agosto de 2011 y el asesinato del indígena SILVESTRE MORENO el 1 de Agosto de 2011, perteneciente al cabildo indígena “El Vigía”, formando parte de una serie de agresiones en los últimos meses contra pueblos ancestrales. También la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Corporación SEMBRAR, MOVICE-Capítulo Sur de Bolívar y otras organizaciones sociales nos informaban de una terrible masacre protagonizada por paramilitares en el Sur de Bolívar, confirmando nuevamente la farsa de la desmovilización montada desde el gobierno del ex-presidente Uribe.

El 17 de agosto de 2011 en la localidad Casa Zinc, entre los corregimientos del Dorado y Canónico, incursionó un grupo paramilitar denominado “Águilas Negras”, liderado por un hombre que la comunidad reconoce como “desmovilizado”, de nombre Javier, alias “el enano”. Procedieron a reunir a toda la comunidad. Alias “el enano”, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero de 18 años de edad y al señor PEDRO SIERRA de 37 años, de oficio agricultor. Los tres hombres fueron amarrados, posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA. A IVÁN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO, les cortaron la lengua, les torturaron y asesinaron a continuación. También hirieron al agrominero CARLOS PALENCIA. También retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes de la comunidad.

Todo esto sucede a 20 minutos en vehículo de un acantonamiento del ejército en el corregimiento del Dorado, concretamente del Batallón de Infantería Mecanizado nº 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército colombiano.

A esto hay que sumar también el homicidio reciente, el 16 de agosto en Cartagena del Chairá, de RAFAEL ANDRÉS GONZÁLEZ GARNICA, un joven comunista, tiroteado por dos sicarios. Otro militante de la Juventud Comunista Colombiana, FRANKLIN MEDINA, presenció el crimen y logró escapar del tiroteo, pero está en paradero desconocido. Ambos trabajaban en una empresa de fotocopiadoras y habían sido señalados por la fuerza pública de presuntamente reproducir propaganda del las FARC-EP.

Durante los primeros 300 días de gobierno de José Manuel Santos, siguen actuando grupos paramilitares en 32 departamentos del país y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos son presentados como consecuencia de la violencia común. La impunidad en violaciones a los DD.HH. ronda el 97%.

A pesar de los esfuerzos de sectores de la rama judicial por investigar y juzgar los crímenes, no existe el apoyo necesario del Estado, ni en recursos, ni en protección de jueces, testigos y denunciantes. Por ejemplo, en Arauca, en Octubre de 2010, el subteniente Raúl Muñoz Linares del ejército colombiano, autor confeso de las violaciones de dos niñas, fue procesado por ello y por el presunto homicidio de una de ellas y de sus dos hermanos. Mientras la investigación transcurría con enormes dificultades, la Jueza Penal del Circuito de Saravena, doctora GLORIA CONSTANZA GAONA RODRÍGUEZ que investigaba el caso, fue asesinada la mañana del 22 de Marzo de 2011.

También nos hemos enterado del terrible homicidio de ANA FABRICIA CÓRDOBA CABRERA, superviviente de una familia aniquilada en la región del Urabá por los grupos paramilitares, (mataron a su padre, su madre y varios de sus hermanos). Ana llegó a Medellín con otros desplazados forzosos y se convirtió en líder comunitaria, (LATEPAZ), denunció los crímenes que sufrieron sus familiares y la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares. Asesinaron a su hijo CARLOS MARIO OSPINA, crimen por el que Ana culpaba a la Policía. Sus denuncias le costaron hostigamiento, allanamientos de su domicilio, amenazas y un proceso de judicialización del que salió absuelta. El 7 de julio de 2010 le asesinaron otro hijo, JONATAN ARLEY OSPINA CORDOBA. Ana volvió a denunciar a la Policía como responsable del crimen, por lo que cursa una investigación en Fiscalía, pero el 7 de Junio del presente, Ana Fabricia fue asesinada, le dispararon en la cabeza usando armas con silenciador.

Además, en los 300 primeros días del mandato de Santos han sido asesinados 15 líderes comunitarios que representaban a sus comunidades en los procesos de restitución de tierras que les fueron arrebatadas por la violencia paramilitar. Las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó han recibido el asesoramiento jurídico de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz en estos procesos, por lo que miembros de la ONG, (entre ellos, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y el sacerdote ALBERTO FRANCO), han sufrido multitud de amenazas, seguimientos y hostigamientos durante Junio de 2011, tras el hurto en Mayo de información de la residencia de Danilo Rueda concerniente a un proceso contra el general Rito Alejo del Río y una demanda contra Álvaro Uribe.

Las organizaciones de DDHH han soportado 206 agresiones individuales contra sus miembros y han sufrido el asesinato de 34 defensores. En cuanto al sindicalismo, perseguido tanto por grupos paramilitares de extrema derecha como por agentes de seguridad del Estado, 233 líderes han sido víctimas de diversos tipos de agresión y 24 sindicalistas han sido asesinados. Los pueblos indígenas, en muchos casos bajo riesgo de extinción, son perseguidos, amenazados y asesinados por oponerse a megaproyectos de explotación en sus territorios. Sólo en 2010 fueron asesinados 122 indígenas. La grave crisis en derechos humanos en Colombia no sólo no ha cesado, sino que se ha incrementado.

Sr. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no vamos a solicitarle la ruptura de acuerdos estratégicos con Colombia de carácter comercial o militar mientras persista esta grave situación, porque sabemos que esas medidas no serán adoptadas, simplemente le solicitamos: una declaración pública exigiendo al gobierno colombiano el respeto y especial protección de las vidas de los defensores de Derechos Humanos, entre ellos, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, de los líderes de MOVICE que han presentado denuncias de crímenes de Estado y de lesa humanidad, de los miembros de la C.U.T. y de otros sindicatos colombianos que han denunciado amenazas contra su vida o la de sus familiares, de los líderes comunitarios que representan a las comunidades de desplazados forzosos en los procesos judiciales de restitución de tierras, de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y el Curvaradó, de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, también de los militantes de partidos de oposición (PDA, PCC,…) amenazados, hostigados o judicializados. Rogamos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se solicite información sobre los casos reseñados arriba, al gobierno de Colombia. Esto es algo realmente fácil para un gobierno que se dice progresista.

Esperando su respuesta, enviamos un saludo.

Secretaría Técnica de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español).

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2011.

El Gobierno español colabora en el intento de extradición de la Defensora de DDHH colombiana, Leyla Ordoñez, refugiada en España.

La Red Canaria por los DDHH en Colombia se adhiere al manifiesto hecho público por la Coordinadora Estatal de Organizaciones pro DDHH y de Solidaridad con Colombia.

MANIFIESTO:

Ante la detención de Leyla Ordoñez, los colectivos sociales y políticos abajo firmantes, manifestamos:

1.- Leyla tiene el status de refugiada política reconocido por la ONU y por el Gobierno Español, por ser perseguida por el estado colombiano debido a su actividad política en defensa de los Derechos Humanos (DDHH).

2.- Es práctica habitual del estado colombiano perseguir tanto dentro como fuera del país a todas aquellas personas que denuncian la situación de violación sistemática de los DDHH en Colombia: persecución y asesinato de sindicalistas, desplazamientos masivos de poblaciones campesinas, asesinato de profesionales y candidatos electorales, desapariciones, etc., ostentando este país el record de sindicalistas asesinados en el mundo.

3.- La detención de Leyla responde al intento del gobierno colombiano de acallar las voces que en el exterior denuncian el verdadero carácter del estado colombiano.

4.- Responsabilizamos al gobierno y a la justicia española de la suerte de Leyla en caso de ser extraditada, ya que en Colombia su vida correría peligro.

5.- Denunciamos el juicio paralelo y la campaña mediática, de criminalización de la solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación.

6.- Exigimos la libertad inmediata sin cargos de Leyla y el archivo de todas las actuaciones.


Madrid, 15 de febrero de 2011

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Coordestatcolombia mailing list
Coordestatcolombia@bob.gloobal.net
http://bob.gloobal.net/cgi-bin/mailman/listinfo/coordestatcolombia

“El Gobierno de Uribe no reconoce el conflicto armado ni acepta mediadores” (CASO DE REMEDIOS GARCÍA, COOPERANTE ESPAÑOLA PERSEGUIDA)

REMEDIOS GARCÍA TRABAJÓ COMO MEDIADORA EN PAÍSES EN CONFLICTO, ESTÁ ACUSADA DE COLABORAR CON LAS FARC-EP La activista de derechos humanos Remedios García Albert fue detenida en el Estado español, en julio de 2008 y puesta en libertad después. Desde entonces su causa permanece bajo secreto de sumario.

Carlos Alberto Villanueva / Madrid
Miércoles 30 de junio de 2010. Número 129
El Diagonal (periódico quincenal de actualidad crítica)
http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-de-Uribe-no-reconoce.html

ROMPER EL SILENCIO. “Se ha pretendido silenciar a todas las voces que acusan
al Gobierno colombiano de Álvaro Uribe de violaciones de derechos humanos”.

Cuando la policía la detuvo a Remedios García, trabajaba en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La base de su detención fueron unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), Raúl Reyes. Desde entonces se le ha abierto un proceso judicial en la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón, primero, y el juez Eloy Velasco después, instruyen el sumario en el que se le acusa de “representante política” de las FARC-EP. A su abogado, Enrique Santiago, no se le ha permitido presentar pruebas en contra de esta acusación porque, según el juzgado, existe secreto de sumario. Su caso ha desatado una campaña de solidaridad desde diversas organizaciones que denuncian la criminalización de los defensores de derechos humanos del presidente Álvaro Uribe, dentro y fuera de Colombia.

DIAGONAL: Desde la perspectiva del Derecho Internacional y su experiencia, ¿en qué consiste la mediación en conflictos armados ?

REMEDIOS GARCÍA: Se supone que el objetivo de alguien que se dedica a promover la paz es acabar con la guerra. Para terminar con los enfrentamientos armados es necesario un acercamiento de las partes. Eso significa tratar de trasladar propuestas de una a otra parte y restablecer un clima de confianza. En el caso de Colombia, ese clima se ha roto y será difícil restablecerlo. Se quebró porque, a parte de las negociaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), hubo otros diálogos durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) que terminaron porque una de las partes fue físicamente aniquilada.

D.: ¿Es posible llevar a cabo diálogos entre la guerrilla y el Gobierno, sin mediadores?

R.G.: Es difícil por la desconfianza que se ha sembrado y por los frustrados procesos. El más evidente fue el de los asesinatos selectivos de los miembros de la Unión Patriótica (UP). La UP fue una organización que surgió a raíz de un proceso de paz que se dio durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986). La idea era tener la posibilidad de estar representados en la sociedad, que se escucharan sus propuestas y de esta manera abandonar, la lucha armada. Llegaron a participar en unas elecciones municipales y tuvieron un buen resultado. Entonces empezó una campaña de exterminio. Por eso, es necesaria la participación de otros actores externos. Pero los problemas de Colombia los tienen que resolver los colombianos. Uribe no ha reconocido el conflicto, por lo tanto los mediadores son innecesarios. Sí, hubo mediadores reconocidos, como la senadora Piedad Córdoba y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2009. Entonces había una presión internacional muy fuerte para que se llevara a cabo el intercambio humanitario.

D.: En el congreso que organizó la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), en la que usted trabajaba, Fabio Valencia, representante del gobierno de Pastrana, señaló que la única salida pasaba por el diálogo. ¿Qué cambió con el presidente Uribe? R.G.: Este congreso celebrado en el año 2000 tenía como objetivo apoyar el proceso de negociación de paz. El proceso de paz del Caguán se estaba llevando a cabo paralelamente a la elaboración y puesta en marcha del Plan Colombia (1999). Este plan, diseñado por EE UU con el beneplácito del presidente Andrés Pastrana, se fue implantando progresivamente. Hay quien opina que la negociación de paz con las FARC-EP, en aquel momento, fue una forma de preparar el Plan Colombia. La ruptura de los diálogos del Caguán se produjo después, tras los atentados del 11-S, en 2001. Entonces es cuando se empieza a criminalizar a las organizaciones, no sólo en Colombia, en todo el mundo. Se las define como terroristas. No sabemos a qué responde que una organización sea introducida en una lista de grupos calificados como terroristas. No ha habido un juicio que diga que dichas organizaciones no tienen reivindicaciones políticas justas. Se siguen violando los derechos humanos, por lo tanto, las reivindicaciones siguen teniendo vigencia.

D.: ¿Hay voluntad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad?

R.G.: No sé. Lo que sí sé es que cada vez hay más pruebas de que las organizaciones paramilitares actuaban en connivencia con el ejército y con la policía. Sin embargo, con los paramilitares sí se produjo el proceso de paz. ¿Cómo se puede hacer un proceso de paz con ellos? Es contradictorio, ellos no estaban enfrentados con el Estado, no han luchado contra él.

D.: ¿Por qué cree que Uribe decidió arremeter contra todas las personas que han trabajado para un proceso de paz en Colombia desde el Gobierno de Pastrana?

R.G.: Uribe ha negado la guerra en todo momento. Y a la descalificación del “enemigo político” hay que sumarle la persecución, que forma parte de la estrategia de guerra: acallar a cualquiera que denuncie violaciones de los derechos humanos. Entonces los testigos exteriores son un peligro serio. Respecto al Estado español, el presidente de Colombia está interesado en que el conflicto de su país se asimile al conflicto vasco. Si él logra esta similitud, tendría garantizado un apoyo internacional. Uribe siempre ha visto por ahí una vía para eludir la búsqueda de una solución dialogada.

D.: ¿Por qué, en este caso concreto, también se le persigue a usted?

R.G.: Tendrían que responder otros. Lo que sí es extraño es que en ningún otro país se ha detenido a ninguno de sus ciudadanos por denuncias del Gobierno colombiano. Ha habido denuncias contra italianos y suizos, pero no han sido detenidos, acusados de terrorismo, y sometidos a una ley antiterrorista, sólo ha ocurrido en el Estado español. Yo no soy ninguna terrorista. Tampoco promuevo el uso de las armas. Lo único que he hecho, ha sido trabajar por una salida pacífica, por medio del diálogo y la negociación al conflicto armado en Colombia. No formo parte, ni he formado parte de ninguna organización armada.

D.: ¿En qué situación se encuentran las causas abiertas contra usted en la Audiencia Nacional?

R.G.: En el caso del juzgado número cinco, que llevaba Garzón, el caso está igual que hace 23 meses, bajo secreto de sumario. Mi abogado ha presentado algunas reclamaciones para que se levantara, pero no ha habido respuesta. En el caso del segundo proceso, a mí se me citó para ir a declarar el pasado 24 de marzo. Pocos días antes de esta fecha, recibimos una notificación diciendo que se suspendía la citación. Lo único que hemos sabido, a través de la prensa, es que se distribuyó información de que yo era la representante internacional de una organización armada colombiana. Hace poco se ha publicado en algunos medios de comunicación que la policía española ha estado investigando en Colombia y que no ha encontrado ninguna pista sobre la persona que estuvo coordinando unos cursos entre ETA y las FARC en Venezuela. La policía tiene constancia de que en esas fechas, la persona que se menciona en el auto del juez Velasco se encontraba en España.

D: ¿Qué pretende Uribe con la criminalización de los defensores de derechos humanos?

R.G.: Uribe quiere silenciar a todas las voces que le acusan, a las organizaciones que denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos.

El informe Alston de Naciones Unidas acusa a Uribe

En el último informe, publicado hace un mes, el relator especial de la ONU, Philip Alston, señala que “mientras el Gobierno [de Colombia] se ha centrado en una solución militar, debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones como parte de su estrategia”. El informe elaborado tras la visita de Alston a Colombia en junio de 2009 recomienda que “tanto, Naciones Unidas, como los actores humanitarios necesitan poder tener contacto con las guerrillas para posteriores actividades de protección a civiles”. El relator señala sobre las ejecuciones extrajudiciales que “las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Sobre estos asesinatos argumenta: “...encontré muchas unidades militares comprometidas con los ‘falsos positivos’, donde las víctimas eran asesinadas por militares, por beneficio personal de los soldados”. Respecto a los paramilitares, dice que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y se beneficiaron de amnistías”.

Mientras Uribe y Zapatero sellan su alianza, asesinaban a Rogelio Martínez, de MOVICE, que denunció las relaciones del paramilitarismo y el Gobierno.

El homicidio del defensor de los derechos de los desplazados en Colombia fue condenado de manera enérgica por la Oficina de DDHH de la ONU. El organismo en un comunicado, exigió al Gobierno de Álvaro Uribe "aclarar rápidamente la responsabilidad por este asesinato".

TeleSUR _ Fecha: 19/05/2010

El defensor de desplazados en Colombia, Rogelio Martínez fue asesinado en el departamento Sucre (noroeste), a sólo dos meses desde que la Oficina de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicara un informe en el que se alertó la inseguridad a la que están sometidos quienes velan por el cumplimiento de esas garantías. Voceros del Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado (Movice), al que pertenecía Martínez, precisaron que fue asesinado este martes por "un grupo de hombres encapuchados que vestían de negro". Martínez, también líder campesino, había recibido amenazas desde 2008 por sus continuas denuncias de infiltración de paramilitares en instancias gubernamentales, políticas, locales y regionales del país.

En los últimos años, Martínez se había dedicado a liderar el regreso de medio centenar de familias que habían sido desplazadas por paramilitares en el departamento de Sucre. "Existe una persecución, una orden de exterminio y se ha ido completando", declaró otro miembro del Movice en Sucre, Adil Meléndez, quien también recibió una amenaza en 2009. El pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció la inseguridad a la que están sometidos los defensores de estas garantías en Colombia y manifestó la estigmatización que se les adjudica, incluso por parte de miembros del Gobierno de Álvaro Uribe. "Siguen existiendo en Colombia actitudes de acoso y persecución contra los defensores de derechos humanos y sus familias", indicó Pillay. De acuerdo a un reciente estudio divulgado este martes por la ONU, la nación que más desplazados internos tiene es Sudán con 4, 9 millones, seguido de Colombia con un aproximado de 4, 9 millones, luego está Irak, con 2,7 millones, Somalia con 1,5 millones y Pakistán con 1,2 millones. Condena de la ONU Naciones Unidas mediante un comunicado difundido este miércoles condenó el asesinato del defensor Rogelio Martínez, y anunció la visita de una misión diplomática y de la Comisión Europea a los departamentos de Sucre y Bolívar. La asistencia de delegados de la ONU a estos departamentos tiene como fin adelantar un diálogo "en torno a la protección efectiva de defensores de derechos humanos". "Pedimos a las autoridades colombianas aclarar rápidamente la responsabilidad por este asesinato", dijo por su parte, Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

NUEVA CIBERACCIÓN URGENTE. CARTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOLICITANDO UNA REACCIÓN DIPLOMÁTICA ANTE LA ÚLTIMA OLEADA DE HOMICIDIOS SINDICALES

TE ROGAMOS QUE COPIES EL SIGUIENTE TEXTO Y LO ENVÍES AL PRESIDENTE DE ESPAÑA VÍA FORMULARIO DE LA WEB DEL GOBIERNO. PARA ESCRIBIR AL PRESIDENTE ZAPATERO TIENES QUE PINCHAR EN ESTE ENLACE:

http://www.la-moncloa.es/Presidente/Biografia/default.htm

Y DESPUÉS PULSAR EN “ESCRIBIR AL PRESIDENTE”. COPIA NUESTRA CARTA O ELABORA LA TUYA PROPIA CITANDO LOS SUCESOS.

SI QUIERES PUEDES IMPRIMIRLA Y ENVIAR UNA CARTA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

Presidencia del Gobierno. Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid. (España).

TAMBIÉN PUEDES ENVIARLA AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, MORATINOS, MEDIANTE SU BLOG PERSONAL: http://www.blogdemoratinos.es/archivo/noviembre2007/Paginas/05.11.2007.BIENVENIDA.aspx

A CONTINUACIÓN EL TEXTO:

DE: ... (NOMBRE DE LA CIUDADANA O DEL CIUDADANO)

D.N.I. o Pasaporte: ...

A/A DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN.

ASUNTO: REACCIÓN DIPLOMÁTICA ANTE LOS ÚLTIMOS HOMICIDIOS DE SINDICALISTAS, DOCENTES, UN PERIODISTA, Y UN JUEZ, Y VIOLACIONES AL D.I.H. POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO.

He tenido conocimiento de los siguientes asesinatos de sindicalistas colombianos:

- El 11 de abril en la ciudad de Ibagué, HENRY RAMIREZ DAZA fue asesinado dentro de su casa y delante de su hijo menor, ex – presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas (CUT), cargo por el que sufrió amenazas y estuvo refugiado en Asturias (España - 2003) durante un año, y era concejal del municipio de Ambelama (Tolima) en el momento del crimen, donde había denunciado a la administración municipal por corrupción, vínculos con el narcotráfico y paramilitarismo.

- El 22 de abril fue asesinado por un sicario DIEGO FERNANDO ESCOBAR MÚNERA, JUEZ, y afiliado a la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL JUDICIAL, Antioquia. Era Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín.

- El 1 de abril un sicario asesinó a JAVIER CARDENAS GIL, Presidente de la Asociación Sindical de Areneros y Balasteros del Quindío (CUT). Como dirigente destacó por la defensa de la utilización racional de los ríos y, en consecuencia, su oposición a la extracción mecanizada de los materiales de arrastre y a la gran minería multinacional. Participó en la construcción del Polo Democrático Alternativo y fue candidato al Concejo Municipal de la Tebaida.

- El 10 de abril, FRANCO URIEL RUCO, agricultor de 23 años de edad, fue asesinado por paramilitares en Argelia (Cauca). Franco colaboraba con las comunidades de retornados, familias campesinas que habían huido de la violencia paramilitar y han regresado para intentar recuperar sus tierras.

- El 21 de abril, en Córdoba, fue asesinado el docente ELKIN EDUARDO GONZÁLEZ del sindicato ADEMACOR. El 25 de abril, también fue encontrado degollado BENITO DÍAZ ÁLVAREZ del mismo sindicato en Córdoba. Además desde enero han asesinado a otros 11 docentes de distintos sindicatos: el 2 de enero, a NORBERTO GARCIA QUICENO, Cauca, SUTEV; el 13 de enero, a BETARIZ ALARCON, Antioquia, ADIDA; el 18 de enero a CARLOS ANDRES CHEIVA, Amazonas, SUDEA; el 18 de enero a JAIME FERNANDO BAZANTE, Cauca, ASOINCA; el 28 de enero a OVERTO BELTRAN NARVAEZ, Cordoba, ADEMACOR; el 3 de febrero a RIGOBERTO POLO CONTRERAS, Cordoba, ADEMACOR; el 12 de marzo, FRANCISCO ERNESTO GOYES, Sta. Cruz, SIMANA; el 13 de marzo a DUVIAN DARIO ROJO CADAVID, Antioquia, ADIDA; el 20 de marzo a ROSENDO ROJAS TOVAR, Caguan, AICA; el 26 de marzo a MILLER ANTONIO GARCES, Cauca, ASOINCA; y el 24 de abril a JAVIER ESTRADA, Cauca, SUTEV.

- Supe del secuestro, tortura y asesinato de 2 miembros de FEDEAGROMISBOL (Federación de Agromineros del Sur de Bolívar), OMAR ALONSO RESTREPO, agrominero y Pte. de la Junta de Acción Comunal del Dorado y JOSE DE JESUS RESTREPO⁽²⁾, cuyos cuerpos aparecieron el 12 y 13 de febrero de 2010, tras haber sido detenidos por paramilitares. FEDEAGROMISBOL viene denunciando una estrategia para despojar a la población de su territorio y cederlo a multinacionales como ANGLO GOLD ASHANTI y empresas palmicultoras del grupo Dabon.

He tenido conocimiento del asesinato del periodista CLODOMIRO CASTILLA⁽¹⁾, el día 19 de marzo, hecho que considero de extrema gravedad, porque se produce tras una serie de amenazas que tienen relación con las grabaciones presentadas a la Corte Suprema de Justicia de una conversación entre el director del diario El Meridiano de Córdoba, Willian Sallet, persona cercana al Presidente Uribe, con Salvatore Mancuso, conocido narcotraficante y líder de grupos paramilitares. También vinculaban a María Milena Andrade, ex-defensora del pueblo en Montería, que tras lo sucedido fue enviada por Uribe como Cónsul de Colombia a New York.

También he sido informado de que el 9 de febrero de 2010 fue ejecutado otro miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, FABIO MANCO⁽³⁾, por dos paramilitares. Sé que esta comunidad no quiere ningún actor armado del conflicto dentro de su caserío por lo que ha sido señalada como colaboradora de la guerrilla por el Gobierno de Uribe y más de 180 de sus miembros han sido asesinados.

Estoy enterado de la gravedad del bombardeo efectuado el 30 de enero de 2010 por la Brigada 17 y la Fuerza Aérea de Colombia en las inmediaciones de la Comunidad Alto Guayabal cuyos resultados fueron 4 indígenas gravemente heridos, JOSE NERITO RUBIANO, MARTHA LIGIA BAILARIN, CELINA BAILARIN Y YOBANI BAILARIN, y un BEBE DE CELINA BAILARÍN⁽⁴⁾ que falleció días después como consecuencia de dicha acción militar contra población no combatiente. Dicha comunidad negó la presencia de frente guerrillero alguno y está convencida de que quieren desplazarlos para facilitar las operaciones mineras de Muriel Mining Corporation. Esto supone una violación muy grave del D.I.H.

Desde julio de 2002 a junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas, señaló al Estado como autor o presunto autor genérico en 6.121 casos de homicidios o desapariciones en contexto distinto al combate⁽⁵⁾, de los que 1.486 se atribuyen a la acción directa de agentes del Estado y 4.635 a la acción de grupos paramilitares creados, colaborados y tolerados por estructuras del Estado.

Por lo expuesto, y al tener España como socio prioritario en América Latina a Colombia, con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) el 23 de enero de 2008, y la posición que defiende respecto a la firma del TLC, me dirijo al Gobierno de España, especialmente al Presidente del Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores, para SOLICITAR QUE PREGUNTE POR LOS ACONTECIMIENTOS DESCRITOS AL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LE EXIJA EL RESPETO ESCRUPULOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL D.I.H.

Canarias, a 12 de mayo de 2010.

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1 - Ver noticia en canal de You tube NTCtelevision5 - 20 de marzo de 2010. Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Zfr9QYIKHuA

2 - “Continua exterminio contra Fedeagromisbol, asesinados dos agromineros en el Sur de Bolívar” Autor MOVICE - Capítulo Sur de Bolívar - Sur de Cesar. Miércoles, 03 de marzo de 2010. Enlace: http://www.movimientodevictimas.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=529

3 - Continúa el exterminio, sin que el Gobierno haga nada. Nuevo asesinato en San José de Apartadó, a manos de paramilitares colaboradores del Ejército. Publicado el 24/02/10 en http://www.rebelion.org/noticias/2010/2/101102.pdf

4 - Ver noticia en canal de You Tube NTCtelevision5 - 20 de marzo de 2010. Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Zfr9QYIKHuA

5 - http://www.coljuristas.org/Centrodedocumentaci%C3%B3nbck/Estad%C3%ADsticas/tabid/63/Default.aspx