sábado, 8 de mayo de 2010
domingo, 27 de diciembre de 2009
Comité Permanente demanda acuerdo de las bases militares de EE.UU. en Colombia (VÍDEOS)
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presidido por el ex magistrado Luis Carlos Bonilla Rico, a través del abogado Luis Carlos Domínguez Prada presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado demanda de Nulidad del Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que entre otras cosas, permite la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio patrio.
Víctimas del conflicto | Colombia | Militarización Plan Colombia
El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.
Agregó que este convenio contiene muchos elementos novedosos, que no se compensan con los precedentes que aún están vigentes entre los dos países, es decir, que no hacen parte de ninguno de los 17 documentos de esa naturaleza que han sido firmados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
"Esto, en realidad es una coartada del Gobierno, pero tenemos el precedente de que el Consejo de Estado dio una opinión y, efectivamente, dijo eso: que esto no se ampara, porque es un asunto nuevo, de una incidencia importantísima a nivel cualitativo de presencia militar, no de tránsito de tropas, que requiere de un trámite especial", dijo el abogado Juan Carlos Domínguez Prada, quien también hace parte de la plataforma.
De la misma manera, señaló que se trata de una disposición que atenta contra la soberanía nacional, aspecto que constituye uno de los pilares del Estado moderno, junto al territorio y otros elementos intangibles como la Nación.
El abogado indicó que no sólo Colombia sino los países vecinos se verían sometidos a este riesgo latente y permanente de persecusión, teniendo en cuenta que la simple presencia en la Base de Palanquero le otorgaría a los marines norteamericanos la capacidad de monitorear a todos los países de América Latina.
La importante acción instaurada que está llamada a provocar trascendentales decisiones judiciales del más importante órgano de la jurisdicción administrativa, hace un análisis del Acuerdo, concluyendo que se trata de un verdadero Tratado Internacional que como tal, debe cumplir con los requisitos legales, constitucionales e internacionales –Convención de Viena- de este tipo de instrumentos. Requisitos que fueron escamoteados por el gobierno colombiano al suscribir el Acuerdo. Demuestra el demandante que contrario a lo afirmado por éste, el Acuerdo no desarrolla facultades ya pactadas en tratados vigentes, sino que lo entregado por el país en materia de soberanía rebasa ampliamente los Acuerdos y Tratados suscritos entre los dos países.
Según el abogado demandante Domínguez Prada, lo anterior hace obligatorio que el Acuerdo sea aprobado por el Congreso de la República como Tratado tal como lo ordenan la Constitución Nacional y la Convención de Viena. Así el funcionario que lo suscribió, el canciller Jaime Bermúdez, actúo por fuera de su competencia y usurpando la jurisdicción del Congreso, lo cual hace nulo de nulidad absoluta el Acuerdo.
La demanda solicita al Consejo de Estado la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del Acuerdo mientras se surte el trámite de la nulidad, lo cual eventualmente hace que en cuestión de unos meses el Acuerdo de las bases militares no pueda ser implementado. Esto solucionaría el más importante motivo de tensión internacional del gobierno de Colombia frente a los de América latina que mayoritariamente se han pronunciado contra la instalación de bases militares extrajeras en el sub continente.
EL RECONOCIDO ACADÉMICO NORTEAMERICANO NOAM CHOMSKY LLAMA A RECHAZAR LAS BASES MILITARES DE EE.UU. EN COLOMBIA POR SER UN PELIGRO PARA LA SOBERANÍA DE TODOS LOS PUEBLOS DEL CONTINENTE.
domingo, 18 de octubre de 2009
martes, 8 de septiembre de 2009
CONCENTRACIÓN EN TFE CONTRA LAS BASES DE EE.UU. EN COLOMBIA
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CONCENTRACIÓN
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NO a las bases militares estadounidenses en Colombia
FUERA el IMPERIALISMO YANKI de COLOMBIA
Por el respeto a los Derechos Humanos VIERNES 11 de Septiembre, 6 p.m.
Plaza de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
Desde 2002 hasta 2008, la Comisión Colombia de Juristas registró 24.824 personas a las que mataron o desaparecieron por motivos sociopolíticos en Colombia (11,34 personas por día), de ellas 14.039 fueron asesinadas o desaparecidas en contexto distinto al combate (6,41 personas/día). Y de estas últimas hay 8.106 casos donde se identificó al presunto autor genérico: se señala al Estado en el 75,51 % de los casos (por acción directa de la fuerza pública en 1.486 casos, un 18,33%, y por colaboración o tolerancia de acciones de los paramilitares en 4.635 crímenes, un 57,18%). La creación de los grupos paramilitares fue una estrategia del Estado colombiano para eliminar al opositor político y social, también prescrita por los documentos Santa Fe I y II elaborados por expertos de EE.UU, donde proponían la creación de grupos de choque anticomunistas, terrorismo de Estado, operaciones psicológicas con desinformación… Una guerra de baja intensidad contra el comunismo que se tradujo en la eliminación física de los campesinos, militantes de izquierdas y sindicalistas a los que ven como base social de las guerrillas.
Hay más de 4’6 millones de personas desplazadas por la violencia. El abandono de las tierras deriva en una ocupación de las mismas. Empresarios, políticos y gobiernos implementan en tierras despojadas proyectos de agroindustria, infraestructura y extracción de recursos naturales. Se trata de una contrarreforma agraria que destruye el modelo agropecuario de producción alimenticia propia.
Colombia es el país de América que más “ayuda” militar norteamericana recibe (3.600 millones de $ entre el año 2000 y el 2005), y con más militares y policías entrenados por norteamericanos (9.679 oficiales pasaron por la Escuela de las Américas). El Plan Colombia bajo la pantalla de lucha contra el narcotráfico pretende una contrarrevolución preventiva con visión continental. Desde sus inicios EE.UU. ha utilizado las bases de Tres Esquinas y la de Larandia en Caquetá para aviones e inteligencia técnica, dándose un incremento de la guerra, el asesinato de civiles y los desplazamientos.
Las nuevas Bases que entran a funcionar con EE.UU. son Aéreas y marítimas (las aéreas de Apiay, de Malambo, de Palanquero, de Tolemaida; y las navales de Bahía Málaga y Cartagena). La nueva capacidad operativa de estas instalaciones no se limitará a operaciones contra el narcotráfico, ni siquiera a la región andina. Un documento de planeación del Comando de Movilidad Aérea (AMC) habla de alcance continental (Con carga suficiente de combustible "Un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con excepción de la región del Cabo de Hornos”). El número de soldados y contratistas militares de EE.UU aumentará de 575 a 1.400 con posibilidad de aumentar. Para controlar las rutas aéreas y marítimas del narcotráfico sería más efectivo hacerlo en las propias fronteras de EE.UU. El alcance del despliegue en Colombia debe tener otros objetivos.
La crisis energética lleva a EE.UU., en un intento de detener el colapso de su modo de producción, a intentar el control de las reservas mundiales de petróleo y gas. El Pte. Lula expresa su preocupación por las bases en Colombia y la reactivación de la IV Flota relacionándolas con las grandes reservas petroleras a 7.000 metros de profundidad en aguas brasileñas. El Pte. Chávez expresa lo mismo respecto a la enorme reserva de la faja del Orinoco. Igualmente Ecuador y muchos otros miembros de UNASUR ven las bases como un peligro de desestabilización de la región.
Dentro de Colombia multitud de organizaciones sociales y políticas han rechazado el uso de las bases. Estas echarán por tierra la posibilidad de los acuerdos humanitarios, el fin dialogado del conflicto interno e incrementarán las violaciones de los DD.HH. Denuncian, además, la inconstitucionalidad del procedimiento.
Por ello, convocamos a una CONCENTRACIÓN PARA RECHAZAR EL USO DE LAS BASES MILITARES POR EE.UU. EN COLOMBIA Y LA NEFASTA POLÍTICA DE EXTERMINIO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y OBRERO DESARROLLADA POR EL GOBIERNO DE URIBE.
CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
Se deben envíar las adhesiones hasta el 10 de septiembre al correo: moclaspalmas@gmail.com.
CONTRA DE LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
Los abajo firmantes, ciudadanos, ciudadanas y colectivos sociales de Canarias, queremos expresar mediante este manifiesto nuestro radical rechazo a la implantación de siete nuevas bases militares de Estados Unidos en Colombia. Las razones a dicho rechazo se exponen a continuación:
1ª) La sociedad canaria históricamente ha manifestado su vocación pacifista y antimilitarista, expresada en la reivindicación de que toda la tierra, el mar y el aire sean para el uso de la vida y no para generar violencia y muerte. Es por esto y por su situación geográfica estratégica, que consideramos que Canarias debe convertirse en una base desde la cual se irradie un pensamiento y práctica de paz y entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo, oponiéndonos terminantemente a la guerra y el militarismo como medios para la resolución de conflictos porque históricamente está probado que estos solamente son causa de dolor, miseria y muerte para las personas, y benefician únicamente a los intereses económicos de los grandes capitales transnacionales.
2ª) Es en este sentido que creemos que el despliegue militar en territorio colombiano va a alterar gravemente la situación militar y geopolítica en Suramérica y el Caribe, convirtiendo al territorio colombiano en portaviones terrestre y en puerto marítimo de la fuerza aérea y naval del imperialismo estadounidense, que viene implementando desde hace varios años un proceso planificado de desestabilización contra aquellos gobiernos que en Centro América y Suramérica están intentando, con mucho esfuerzo y dificultades, desarrollar una política independiente y solucionar algunos de los problemas históricos que aquejan a las mayorías pobres de sus respectivos países.
3ª) Como se puso de manifiesto en la reciente cumbre de UNASUR, celebrada en Bariloche, se planea utilizar estas bases, o alguna de ellas, como una amplia red de espionaje destinada a la vigilancia de toda la región, alcanzando incluso dicha vigilancia territorio africano, al margen de concentrar en ellas grandes cantidades de tropa y armamento. En términos objetivos, no hacen falta, en forma alguna, bases militares extranjeras en América latina, constituyendo los intentos de implantación de las mismas residuos de la extinta guerra fría que, con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico, ocultan la finalidad real de desarticular y amenazar a los gobiernos de izquierda de la región.
4ª) Con la excepción de Colombia, Suramérica es actualmente la región más pacífica y pacificada del mundo, recurriendo a los tribunales y al arbitrio internacional para solucionar sus conflictos territoriales, además de estar inmersa en profundos y novedosos procesos de integración (UNASUR, ALBA, etc.). La implantación de bases militares en Colombia no contribuye a la consolidación de la unidad regional, sino que parece, más bien, que intenta sabotearla, impidiendo que la mayor parte de los países de Suramérica logren concertar una política común de defensa que tendría como uno de sus ejes principales impedir la intervención de toda potencia extranjera y la implantación de bases militares en cualquier país de la región.
5ª) Es conocida y data de muchos años la presencia militar de fuerzas norteamericanas en Colombia y su apoyo manifiesto al ejército colombiano y los grupos paramilitares en la instauración de un régimen de terror que ha costado millones de muertes, desplazados internos y refugiados generando una de las crisis humanitarias más largas y dolorosas, a la vez que silenciada y olvidada en el mundo. Desde esta perspectiva la situación actual constituye la visibilización y profundización del dominio gringo en Colombia y su intención de convertirla en la punta de lanza de la agresión y dominación norteamericana hacia el resto del continente.
6º) El imperialismo y sus servidores locales muestran una tendencia a la creciente utilización de medios violentos, encarnados no sólo en el establecimiento de las bases militares en Colombia sino en el golpe militar en Honduras, la reactivación de la IV Flota de EEUU en el año 2007 y las recientes masacres indígenas Awa y Wayuú en la misma Colombia, y en la Amazonía Peruana. Todo esto con la pretención de contrarrestar el proceso de transformación económica, política y social que se viene gestando en el continente.
Por todo ello, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a este proceso de militarización intensiva de la región suramericana que, creemos firmemente, no implica nada bueno para su futuro. Queremos plantear además nuestro apoyo y solidaridad con los pueblos latinoamericanos en su lucha pacifica por la construcción de un futuro de autodeterminación, justicia y libertad.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
EL EX-PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AFIRMA QUE LAS BASES MILITARES DE EE.UU. SUPONEN LA MUERTE DE LA SOBERANIA Y VIOLAN LA CONSTITUCION
EXPRESIDENTE CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
El método del actual gobierno de negar primero lo que va ha hacer, y luego hacer lo que ha negado (no es cierto; tal vez no; si) es el mismo que aplico al otorgar bases militares a una superpotencia extranjera. Confesado el hecho debemos analizarlo a la luz de la constitución colombiana.
A la luz de la actual constitución colombiana no es lo mismo el transito de tropas extranjeras que la permanencia de ellas en el territorio nacional. Miremos ambas hipótesis.
La norma sobre transito de tropas extranjeras fue modificada, por obra del proyecto numero 27, en la constituyente de 1991, para ampliarle su contenido, así consta en la gaceta constitucional numero 36 del 4 de abril de 1991. Hoy no solo el transito de tropas extranjeras, sino también el transito de buques o aeronaves de guerra, así no lleven tropas extranjeras, o su estacionamiento en aguas o en el territorio o espacio aéreo de la nación requiere que el gobierno solicite concepto previo del consejo de estado (Art.237 numeral 3 inciso 2 Constitucion). Este concepto previo debe entenderse que es previo a cualquier acuerdo sobre el tema y nunca puede ser posterior al acuerdo logrado. De ser posterior el acuerdo seria nulo o inexistente por falta de un requisito necesario para formar legalmente la voluntad del estado, independientemente de que no sea obligatorio. Como el gobiernoconfeso que el acuerdo ya se celebro, este es inexistente o en el peor de los casos nulo.
Es importante precisar que la competencia del gobierno nacional para permitir el transito de tropas, es supletiva ya que quien la tiene en primer lugar es el senado de la república (Art. 173 numeral 4 de la constitución) y solo en receso del senado surge la competencia del Gobierno (Art. 189 numeral 6 de la constitución).Es fundamental señalar que en este caso no se trata de transito sino de otro fenómeno jurídico completamente distinto: La permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Esta permanencia solo puede hacerse de hecho o de derecho; en el primer caso se trata de una invasión y es contraria a la constitución. Para hacerla compatible con la constitución solo puede hacerse por medio de un tratado o convenio internacional. En ese caso no basta con que el gobierno lo pacte sino que se requiere además que el congreso lo apruebe mediante una ley y que la corte constitucional haga su control de constitucionalidad y lo encuentre conforme con la constitución. Si el congreso no lo aprueba o la corte no lo encuentra ajustado a la constitución, jamás habrá entrado al orden jurídico colombiano y el gobierno no lo puede aplicar. El gobierno quiere ponerle conejo al control del congreso y de la corte constitucional diciendo que se trata de aplicar unos tratados existentes. De lo poco que le ha informado a la opinión publica es claro que se trata de un nuevo acuerdo y el acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los 4 ámbitos de su aplicación: El ámbito personal (a que sujetos o personas se aplica), ámbito material (a que temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a que territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de 1 día a otro de 10 años). Aun siendo idéntico en todos esos aspectos a uno anterior, si implica un cambio cualitativo, el acuerdo es distinto. No es lo mismo permitir 1 soldado extranjero que 1500 soldados; es lo mismo que sucede en la naturaleza no es lo mismo aplicar 99 grados de temperatura al agua que 100 grados, ya que este solo grado hace que el agua cambie de naturaleza, ya que pasa de liquida a gaseosa.
No sobra recordar que en la constitución de Colombia, la clausula general de competencia (aquello que no este atribuido expresamente a otra autoridad) la tiene el congreso de la república y no el gobierno. En el caso de la permanencia de tropas extranjeras es claro que el congreso conserva su competencia expresa para aprobar o improbar los nuevos tratados, bien porque no existan previamente o porque impliquen un cambio de cualquiera de los 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica o uno cualitativo.
Si ya el solo transito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional.
La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que estados unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU : siempre sus soldados son mandados por oficiales Norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que estados unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano (mucho menos 3 como ahora se le otorga).
Nos preocupa que el Presidente Obama haya caído en la trampa de sacrificar derechos humanos por intervención militar.
Nos da tristeza que a los fementidos defensores de la patria no se les haya ocurrido otra formula mejor para combatir el terrorismo y el narcotráfico que entregar doblemente la soberanía (tropas e inmunidad) a un país extranjero.
Nos da vergüenza que quienes quieren festejar, desde el poder, el bicentenario de la independencia el único “regalo” que nos ofrecen es la dependencia de ejércitos o naciones extranjeras violando la constitución nacional.