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miércoles, 2 de septiembre de 2009

EL EX-PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AFIRMA QUE LAS BASES MILITARES DE EE.UU. SUPONEN LA MUERTE DE LA SOBERANIA Y VIOLAN LA CONSTITUCION

JAIME ARAUJO RENTERIA
EXPRESIDENTE CORTE CONSTITUCIONAL
DE COLOMBIA


El método del actual gobierno de negar primero lo que va ha hacer, y luego hacer lo que ha negado (no es cierto; tal vez no; si) es el mismo que aplico al otorgar bases militares a una superpotencia extranjera. Confesado el hecho debemos analizarlo a la luz de la constitución colombiana.

A la luz de la actual constitución colombiana no es lo mismo el transito de tropas extranjeras que la permanencia de ellas en el territorio nacional. Miremos ambas hipótesis.

La norma sobre transito de tropas extranjeras fue modificada, por obra del proyecto numero 27, en la constituyente de 1991, para ampliarle su contenido, así consta en la gaceta constitucional numero 36 del 4 de abril de 1991. Hoy no solo el transito de tropas extranjeras, sino también el transito de buques o aeronaves de guerra, así no lleven tropas extranjeras, o su estacionamiento en aguas o en el territorio o espacio aéreo de la nación requiere que el gobierno solicite concepto previo del consejo de estado (Art.237 numeral 3 inciso 2 Constitucion). Este concepto previo debe entenderse que es previo a cualquier acuerdo sobre el tema y nunca puede ser posterior al acuerdo logrado. De ser posterior el acuerdo seria nulo o inexistente por falta de un requisito necesario para formar legalmente la voluntad del estado, independientemente de que no sea obligatorio. Como el gobiernoconfeso que el acuerdo ya se celebro, este es inexistente o en el peor de los casos nulo.
Es importante precisar que la competencia del gobierno nacional para permitir el transito de tropas, es supletiva ya que quien la tiene en primer lugar es el senado de la república (Art. 173 numeral 4 de la constitución) y solo en receso del senado surge la competencia del Gobierno (Art. 189 numeral 6 de la constitución).

Es fundamental señalar que en este caso no se trata de transito sino de otro fenómeno jurídico completamente distinto: La permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Esta permanencia solo puede hacerse de hecho o de derecho; en el primer caso se trata de una invasión y es contraria a la constitución. Para hacerla compatible con la constitución solo puede hacerse por medio de un tratado o convenio internacional. En ese caso no basta con que el gobierno lo pacte sino que se requiere además que el congreso lo apruebe mediante una ley y que la corte constitucional haga su control de constitucionalidad y lo encuentre conforme con la constitución. Si el congreso no lo aprueba o la corte no lo encuentra ajustado a la constitución, jamás habrá entrado al orden jurídico colombiano y el gobierno no lo puede aplicar. El gobierno quiere ponerle conejo al control del congreso y de la corte constitucional diciendo que se trata de aplicar unos tratados existentes. De lo poco que le ha informado a la opinión publica es claro que se trata de un nuevo acuerdo y el acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los 4 ámbitos de su aplicación: El ámbito personal (a que sujetos o personas se aplica), ámbito material (a que temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a que territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de 1 día a otro de 10 años). Aun siendo idéntico en todos esos aspectos a uno anterior, si implica un cambio cualitativo, el acuerdo es distinto. No es lo mismo permitir 1 soldado extranjero que 1500 soldados; es lo mismo que sucede en la naturaleza no es lo mismo aplicar 99 grados de temperatura al agua que 100 grados, ya que este solo grado hace que el agua cambie de naturaleza, ya que pasa de liquida a gaseosa.

No sobra recordar que en la constitución de Colombia, la clausula general de competencia (aquello que no este atribuido expresamente a otra autoridad) la tiene el congreso de la república y no el gobierno. En el caso de la permanencia de tropas extranjeras es claro que el congreso conserva su competencia expresa para aprobar o improbar los nuevos tratados, bien porque no existan previamente o porque impliquen un cambio de cualquiera de los 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica o uno cualitativo.

Si ya el solo transito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional.

La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que estados unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU : siempre sus soldados son mandados por oficiales Norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que estados unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano (mucho menos 3 como ahora se le otorga).

Nos preocupa que el Presidente Obama haya caído en la trampa de sacrificar derechos humanos por intervención militar.

Nos da tristeza que a los fementidos defensores de la patria no se les haya ocurrido otra formula mejor para combatir el terrorismo y el narcotráfico que entregar doblemente la soberanía (tropas e inmunidad) a un país extranjero.

Nos da vergüenza que quienes quieren festejar, desde el poder, el bicentenario de la independencia el único “regalo” que nos ofrecen es la dependencia de ejércitos o naciones extranjeras violando la constitución nacional.

lunes, 31 de agosto de 2009

Golinger: EEUU privatiza guerra colombiana con sus transnacionales mercenarias


“Esto constituye la privatización total de la guerra en Colombia, a través de la utilización y financiamiento de transnacionales mercenarias que no tienen la obligación de responder legalmente a ningún sistema judicial del mundo. En otras palabras, gozan de total inmunidad”, condenó Golinger.

Explicó que en unos documentos gubernamentales desclasificados encontró una lista de 31 contratistas estadounidenses que guardan relación con el Departamento de Estado. Esta lista contiene los montos de los financiamientos otorgados por la administración de Washington para potenciar la guerra en Colombia.

“Llama la atención sus áreas de responsabilidad y la cifra de dinero que reciben para un período de doce meses”

No obstante, expresó que a pesar de ser empresas estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado, no están sujetas a ninguna ley pública de EEUU.

“Como parte del acuerdo binacional, en Colombia tienen inmunidad total, es decir, no le responden a nadie por sus crímenes, acciones y operaciones”, enfatizó.

Si bien la lista es de 31 empresas, Golinger se limitó en esta oportunidad a mencionar las de mayor importancia y aquellas que ya tienen un largo historial bélico en el mundo.

Transnacionales de la guerra

La primera de ellas es Lockheed-Martin, una de las más grandes del complejo industrial militar de Estados Unidos. Se dedica a fabricar armamento, tecnología y hasta aviones de guerra.

“Su contrato prevé un financiamiento para el período de un año de 53 millones de dólares, destinados a suministrar apoyo logístico y asistencia técnica a la policía nacional de Colombia, además de facilitarle personal humano para sus operaciones especiales”, añadió.

Otra empresa es Dyn Corp International, perteneciente también al complejo industrial militar. El Departamento de Estado la financia con 164 millones de dólares para proveer de pilotos, técnicos y apoyo logístico al ejército colombiano.

“Igualmente, la empresa Arinc, contratista privada del complejo industrial militar, recibió 8 millones de dólares para mantener, manejar y formar a la policía nacional de Colombia en los procesos de recolección de señales y otros equipos asociados con el espionaje”, señaló.

En tanto, Oackley Network recibió 5 millones dólares para la provisión de software de monitoreo de Internet y para asistir en los programas de espionaje conducidos por la división de crímenes de la policía nacional de Colombia.

“Seguramente, estas últimas dos compañías se encuentran detrás de las famosas y supuestas computadoras encontradas en el campamento bombardeado de Raúl Reyes, en marzo de 2008”, destacó la investigadora.

Asimismo, se encuentra la ITT, transnacional de las telecomunicaciones que participó en el golpe de Estado contra el chileno Salvador Allende.

“En 2007 percibió unos 7 millones de dólares para operar un sistema de radar hemisférico, apoyo logístico y provisión de equipos a radares en territorio colombiano y que son operados vía satélite”, indicó Golinger.

Espionaje Echelon

Otra empresa de gran envergadura es el Grupo Rendón, que adquirió un contrato de 3,4 millones de dólares para dar apoyo comunicacional al Plan Colombia y el plan contra el narcotráfico.

“El Grupo Rendón es uno de los más conocidos grupos de expertos en operaciones psicológicas por ser una empresa del Pentágono, dedicada a diseñar este tipo de campañas (...) Es quien maneja gran parte la campaña mediática contra Venezuela y Ecuador”, argumentó la abogada.

Además, sostuvo que en el contrato se estipula el uso del sistema Echelon, el sistema de espionaje más grande conocido, inventado en los años 70 por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de EEUU).

“Es un sistema satelital que tiene la capacidad de monitorear todas las comunicaciones en el mundo. Ellos introducen palabras específicas en el sistema y éste se enlaza con el resto de los sistemas de comunicación. Si encuentran que alguien utilizó esa palabra por teléfono, celular o computador, la atención se dirige hacia ese lugar, da la ubicación exacta y permite monitorear la conversación”, comentó.

En conclusión, Golinger manifestó que este financiamiento implica que continuará la escalada ofensiva y agresiva imperial contra la región.

“Ya vimos el golpe de Estado en Honduras, el recrudecimiento del conflicto colombo-venezolano y la preocupación por parte de los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (Alba) por el tema de las bases militares (...) Este no es el final”, puntualizó.