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martes, 29 de diciembre de 2009

El Presidente de Venezuela alerta que el Gobierno de Colombia prepara un falso positivo para justificar una agresión norteamericana a Venezuela

Chávez afirma que tiene evidencias de que el Gobierno de Colombia, por orden estadounidense, prepara un falso positivo para justificar una agresión a Venezuela.

Falso positivo es la expresión usada para señalar los homicidios de sindicalistas, activistas sociales, campesinos, políticos o estudiantes colombianos perpetrados por la fuerza pública (fundamentalmente Ejército), y que son presentados como "guerrilleros" dados de baja "en combate". El Ejército de Colombia recibe recompensas económicas por los guerrilleros dados de baja y, por otro lado, dentro del Ejército hay una percepción peligrosa de la izquierda social, sindical y política, pues al coincidir en sus aspiraciones sindicales y sociales o en sus programas políticos con postulados de la insurgencia armada, es vista como una prolongación civil de las guerrillas y convertida automáticamente en objetivo militar. Se han denunciado miles de falsos positivos durante el mandato de Uribe.

El Presidente de Venezuela está convencido de que el Gobierno de Uribe, por mandato del Gobierno de Obama, prepara un montaje sangriento dentro de territorio venezolano, con la intención de señalar presencia guerrillera dentro de Venezuela y proceder a una agresión militar, cuyo objetivo es derribar a su gobierno y dominar a otros gobierno de la región que ejercen mayor soberanía sobre recursos estratégicos para EE.UU.


jueves, 24 de septiembre de 2009

VARIOS MUERTOS POR LA REPRESIÓN DE LA DICTADURA HONDUREÑA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE

El Frente Nacional en Contra del Golpe de Estado ha organizado manifestaciones pacíficas en casi todos los los barrios y colonias de la capital para exigir el retorno al orden Constitucional y el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. La policía y el ejército han procedido a desplazarse frenéticamente por toda la ciudad tratando de controlar estas manifestaciones. Los elementos policiales y militares ingresan de manera violenta a los barrios y colonias atacando a los manifestantes con ráfagas de balas viva y bombas lacrimógenas.

Las fuerzas represoras no se conforman con desalojar a los manifestantes y por ello allanan ilegalmente las casas particulares en búsqueda de manifestantes, específicamente jóvenes. Las personas detenidas son golpeadas brutalmente con los toletes, palos, patadas y puñetazos. El saldo de estas violenta persecución nocturna son decenas de heridos, centenares de arrestados y varios muertos por herida de bala. A pesar de la represión la resitencia continúa organizándose en las zonas residenciales.


El Frente Nacional en Contra del Golpe de Estado repudia la violenta represión efectuada por la policía y el ejército, y condena los asesinatos efectuados por el régimen golpista.




El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, de cara a los últimos acontecimientos represivos ejecutados brutalmente por parte de la dictadura militar del señor Roberto Micheletti Bain, ante la opinión pública nacional e internacional DENUNCIA lo siguiente:

1. Denunciamos la salvaje represión que ejecuta la dictadura militar en contra del pueblo que se manifestaba de manera pacifica celebrando el retorno del Presidente Manuel Zelaya a Honduras. Esta represión se ha extendido a los barrios y aldeas mediante una agresión policial-militar indiscriminada y brutal. Es de tal dimensión que la dictadura ha acondicionado estadios para albergar a tanto detenido bajo el pretexto del Toque de queda, por lo que exigimos la LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS.

2. Condenamos las medidas inhumanas que ha aplicado el régimen usurpador en contra de las personas que se encuentran en la Embajada de la Republica Federativa de Brasil, incluyendo el Presidente y su familia, los compañeros de la Resistencia refugiados ahí y el personal diplomático de la embajada, como el corte de energía eléctrica y el desabastecimiento del servicio de agua potable, por lo que denunciamos ante el mundo este atropello y demandamos LA PROFUNDIZACION DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL que pase de las declaraciones a los hechos.


Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 dias del mes de septiembre de 2009

domingo, 20 de septiembre de 2009

Declaración Final: XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – COLOMBIA.

Carrera 6 No. 12 – 21 - Tel. 2862702 - fax 286 27 04

E.Mail: comperdh@etb.net.co– pagina Web : www.cpdh.org

Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009

Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:

1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.

3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.

4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.

6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.

7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.

8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.

9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.

10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.

11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.

12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.

PROPONEMOS:

1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:

- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.

- 7 de octubre por el trabajo digno.

- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.

2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.

3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.

4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.

5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.

6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.

8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia

9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.

10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.

12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.

¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!

LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,

¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!

¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!

Bogotá, 12 de septiembre de 2009

martes, 8 de septiembre de 2009

CONCENTRACIÓN EN TFE CONTRA LAS BASES DE EE.UU. EN COLOMBIA

La Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia te invita a participar en la:


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CONCENTRACIÓN

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NO a las bases militares estadounidenses

en Colombia


FUERA el IMPERIALISMO YANKI de COLOMBIA


Por el respeto a los Derechos Humanos

VIERNES 11 de Septiembre, 6 p.m.


Plaza de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife


Desde 2002 hasta 2008, la Comisión Colombia de Juristas registró 24.824 personas a las que mataron o desaparecieron por motivos sociopolíticos en Colombia (11,34 personas por día), de ellas 14.039 fueron asesinadas o desaparecidas en contexto distinto al combate (6,41 personas/día). Y de estas últimas hay 8.106 casos donde se identificó al presunto autor genérico: se señala al Estado en el 75,51 % de los casos (por acción directa de la fuerza pública en 1.486 casos, un 18,33%, y por colaboración o tolerancia de acciones de los paramilitares en 4.635 crímenes, un 57,18%). La creación de los grupos paramilitares fue una estrategia del Estado colombiano para eliminar al opositor político y social, también prescrita por los documentos Santa Fe I y II elaborados por expertos de EE.UU, donde proponían la creación de grupos de choque anticomunistas, terrorismo de Estado, operaciones psicológicas con desinformación… Una guerra de baja intensidad contra el comunismo que se tradujo en la eliminación física de los campesinos, militantes de izquierdas y sindicalistas a los que ven como base social de las guerrillas.

Hay más de 4’6 millones de personas desplazadas por la violencia. El abandono de las tierras deriva en una ocupación de las mismas. Empresarios, políticos y gobiernos implementan en tierras despojadas proyectos de agroindustria, infraestructura y extracción de recursos naturales. Se trata de una contrarreforma agraria que destruye el modelo agropecuario de producción alimenticia propia.

Colombia es el país de América que más “ayuda” militar norteamericana recibe (3.600 millones de $ entre el año 2000 y el 2005), y con más militares y policías entrenados por norteamericanos (9.679 oficiales pasaron por la Escuela de las Américas). El Plan Colombia bajo la pantalla de lucha contra el narcotráfico pretende una contrarrevolución preventiva con visión continental. Desde sus inicios EE.UU. ha utilizado las bases de Tres Esquinas y la de Larandia en Caquetá para aviones e inteligencia técnica, dándose un incremento de la guerra, el asesinato de civiles y los desplazamientos.

Las nuevas Bases que entran a funcionar con EE.UU. son Aéreas y marítimas (las aéreas de Apiay, de Malambo, de Palanquero, de Tolemaida; y las navales de Bahía Málaga y Cartagena). La nueva capacidad operativa de estas instalaciones no se limitará a operaciones contra el narcotráfico, ni siquiera a la región andina. Un documento de planeación del Comando de Movilidad Aérea (AMC) habla de alcance continental (Con carga suficiente de combustible "Un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con excepción de la región del Cabo de Hornos”). El número de soldados y contratistas militares de EE.UU aumentará de 575 a 1.400 con posibilidad de aumentar. Para controlar las rutas aéreas y marítimas del narcotráfico sería más efectivo hacerlo en las propias fronteras de EE.UU. El alcance del despliegue en Colombia debe tener otros objetivos.

La crisis energética lleva a EE.UU., en un intento de detener el colapso de su modo de producción, a intentar el control de las reservas mundiales de petróleo y gas. El Pte. Lula expresa su preocupación por las bases en Colombia y la reactivación de la IV Flota relacionándolas con las grandes reservas petroleras a 7.000 metros de profundidad en aguas brasileñas. El Pte. Chávez expresa lo mismo respecto a la enorme reserva de la faja del Orinoco. Igualmente Ecuador y muchos otros miembros de UNASUR ven las bases como un peligro de desestabilización de la región.

Dentro de Colombia multitud de organizaciones sociales y políticas han rechazado el uso de las bases. Estas echarán por tierra la posibilidad de los acuerdos humanitarios, el fin dialogado del conflicto interno e incrementarán las violaciones de los DD.HH. Denuncian, además, la inconstitucionalidad del procedimiento.

Por ello, convocamos a una CONCENTRACIÓN PARA RECHAZAR EL USO DE LAS BASES MILITARES POR EE.UU. EN COLOMBIA Y LA NEFASTA POLÍTICA DE EXTERMINIO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y OBRERO DESARROLLADA POR EL GOBIERNO DE URIBE.


CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

La Red Canaria por los DD.HH. en Colombia se suma a la siguiente declaración que será entregada el 11 de septiembre en el Consulado de Colombia con la firma de multitud de colectivos de las islas.

Se deben envíar las adhesiones hasta el 10 de septiembre al correo:
moclaspalmas@gmail.com.

CONTRA DE LA IMPLANTACIÓN DE SIETE BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

Canarias, territorio de paz.

Los abajo firmantes, ciudadanos, ciudadanas y colectivos sociales de Canarias, queremos expresar mediante este manifiesto nuestro radical rechazo a la implantación de siete nuevas bases militares de Estados Unidos en Colombia. Las razones a dicho rechazo se exponen a continuación:

1ª) La sociedad canaria históricamente ha manifestado su vocación pacifista y antimilitarista, expresada en la reivindicación de que toda la tierra, el mar y el aire sean para el uso de la vida y no para generar violencia y muerte. Es por esto y por su situación geográfica estratégica, que consideramos que Canarias debe convertirse en una base desde la cual se irradie un pensamiento y práctica de paz y entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo, oponiéndonos terminantemente a la guerra y el militarismo como medios para la resolución de conflictos porque históricamente está probado que estos solamente son causa de dolor, miseria y muerte para las personas, y benefician únicamente a los intereses económicos de los grandes capitales transnacionales.

2ª) Es en este sentido que creemos que el despliegue militar en territorio colombiano va a alterar gravemente la situación militar y geopolítica en Suramérica y el Caribe, convirtiendo al territorio colombiano en portaviones terrestre y en puerto marítimo de la fuerza aérea y naval del imperialismo estadounidense, que viene implementando desde hace varios años un proceso planificado de desestabilización contra aquellos gobiernos que en Centro América y Suramérica están intentando, con mucho esfuerzo y dificultades, desarrollar una política independiente y solucionar algunos de los problemas históricos que aquejan a las mayorías pobres de sus respectivos países.

3ª) Como se puso de manifiesto en la reciente cumbre de UNASUR, celebrada en Bariloche, se planea utilizar estas bases, o alguna de ellas, como una amplia red de espionaje destinada a la vigilancia de toda la región, alcanzando incluso dicha vigilancia territorio africano, al margen de concentrar en ellas grandes cantidades de tropa y armamento. En términos objetivos, no hacen falta, en forma alguna, bases militares extranjeras en América latina, constituyendo los intentos de implantación de las mismas residuos de la extinta guerra fría que, con el pretexto de combatir el terrorismo y el narcotráfico, ocultan la finalidad real de desarticular y amenazar a los gobiernos de izquierda de la región.

4ª) Con la excepción de Colombia, Suramérica es actualmente la región más pacífica y pacificada del mundo, recurriendo a los tribunales y al arbitrio internacional para solucionar sus conflictos territoriales, además de estar inmersa en profundos y novedosos procesos de integración (UNASUR, ALBA, etc.). La implantación de bases militares en Colombia no contribuye a la consolidación de la unidad regional, sino que parece, más bien, que intenta sabotearla, impidiendo que la mayor parte de los países de Suramérica logren concertar una política común de defensa que tendría como uno de sus ejes principales impedir la intervención de toda potencia extranjera y la implantación de bases militares en cualquier país de la región.

5ª) Es conocida y data de muchos años la presencia militar de fuerzas norteamericanas en Colombia y su apoyo manifiesto al ejército colombiano y los grupos paramilitares en la instauración de un régimen de terror que ha costado millones de muertes, desplazados internos y refugiados generando una de las crisis humanitarias más largas y dolorosas, a la vez que silenciada y olvidada en el mundo. Desde esta perspectiva la situación actual constituye la visibilización y profundización del dominio gringo en Colombia y su intención de convertirla en la punta de lanza de la agresión y dominación norteamericana hacia el resto del continente.

6º) El imperialismo y sus servidores locales muestran una tendencia a la creciente utilización de medios violentos, encarnados no sólo en el establecimiento de las bases militares en Colombia sino en el golpe militar en Honduras, la reactivación de la IV Flota de EEUU en el año 2007 y las recientes masacres indígenas Awa y Wayuú en la misma Colombia, y en la Amazonía Peruana. Todo esto con la pretención de contrarrestar el proceso de transformación económica, política y social que se viene gestando en el continente.

Por todo ello, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a este proceso de militarización intensiva de la región suramericana que, creemos firmemente, no implica nada bueno para su futuro. Queremos plantear además nuestro apoyo y solidaridad con los pueblos latinoamericanos en su lucha pacifica por la construcción de un futuro de autodeterminación, justicia y libertad.