lunes, 4 de abril de 2011

O.I.D.H.A.C.O. solicita a la U.E. que exija al Gobierno de Santos acabar con la impunidad en los casos de homicidios y agresiones a Defensores de DDHH

"Profunda preocupación en Oidhaco por el incremento de persecuciones"


Bruselas, 4 de marzo de 2011

Solicita a la UE que exija a Bogotá acabar con la impunidad en los casos de amenazas, agresiones y asesinatos de defensores de DDHH

  • El reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH sobre Colombia, "registró con preocupación la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimiento e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en diferentes regiones del país"
  • La Alta Comisionada alerta que "la precariedad en los resultados de las investigaciones penales es común en la mayoría de casos donde los defensores son víctimas" y recomienda al gobierno colombiano "asegurar los recursos necesarios para investigar los asesinatos de los defensores"
  • Según el informe 2010 del programa colombiano "Somos defensores", 32 fueron asesinados; 174 defensores y 168 organizaciones de DDHH fueron víctimas de algún tipo de agresión durante ese año.
  • Oidhaco reitera su solicitud de que el presidente Santos condene el asesinato de los defensores y que los respalde públicamente cuando son amenazados.

Colombia no puede avanzar hacia el cambio anunciado por el gobierno de Juan Manuel Santos en derechos humanos mientras sus defensores continúen siendo perseguidos, amenazados, agredidos, llevados ante la justicia bajo falsas acusaciones y asesinados. La situación de líderes de población campesina, indígena y afrodescendiente, de abogados defensores de las víctimas, es de máxima gravedad. Los grupos paramilitares de extrema derecha, guerrillas, fuerza pública y, en algunos casos la misma justicia, los están acosando para impedirles continuar con su labor.


En el informe de 2010 del Programa no gubernamental "Somos Defensores", se denuncia que en ese año, 32 defensores fueron asesinados. En el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre Colombia, se afirma que "la precariedad en los resultados de las investigaciones penales es común a la mayoría de los casos donde los defensores son víctimas". A su vez, muestra su preocupación por la "judicialización y detenciones arbitrarias que se fundamentan principalmente en declaraciones de informantes, desmovilizados o informes de inteligencia militar". Asimismo "Somos Defensores" alerta sobre "la falta de resultados en las investigaciones por parte de la Fiscalía" y denuncia "los 130 casos de judicializaciones y las 11 detenciones arbitrarias contra los defensores", entre ellas, la de Carolina Rubio que se produjo cuando contaba con ocho meses de embarazo.


Oidhaco, en octubre de 2010, en la reunión que sostuvo en Bruselas con el vicepresidente colombiano Angelino Garzón, le hizo saber su gran preocupación por la situación de los defensores en Colombia. Expresamente le solicitó que el presidente Santos condenara los asesinatos y que los respaldara públicamente cada vez que fuesen amenazados, con el fin de enviar un claro mensaje a los violentos de que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar que los siguiesen persiguiendo. También, que hiciese todo lo necesario para acabar con la impunidad en los casos de amenazas, persecución y asesinatos. "Esto, lamentablemente no ha sucedido", expresa Vincent Vallies, portavoz de la organización con sede en Bruselas. "En los últimos meses han llegado a las organizaciones y a los defensores en particular, panfletos en los que amenazan de muerte a los defensores, especialmente a abogados y a líderes de población indígena, afrodescendiente y campesina que están al frente de los procesos de restitución de tierras arrebatadas por medio de la violencia por grupos paramilitares". "Y el presidente Santos no se ha pronunciado", afirma Vallies.


La impunidad es la mejor arma para quienes lanzan esas amenazas y luego asesinan. Han pasado siete meses desde que Santos llegó al poder y, de momento, no se ha manifestado sobre el tema ni se conoce algún proyecto para acabar con la impunidad. "Por tanto, Oidhaco" [que lleva trabajando 15 años para que desde Europa los gobiernos y la sociedad civil contribuyan en la mejora de la situación de Derechos Humanos en Colombia], "le solicita expresamente a la Unión Europea que exija a Bogotá luchar contra la impunidad y que le pida al gobierno colombiano que respalde públicamente la labor de los defensores", dice su portavoz.
En todo el territorio colombiano los defensores corren riesgos y se encuentran desprotegidos. La Alta Comisionada resalta que, "especialmente preocupantes son los homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, especialmente lideresas de grupos de mujeres y por la restitución de tierras, en particular en Cauca, Sucre y Urabá". Asimismo Oidhaco ve con preocupación las últimas noticias de lo que está sucediendo en los departamentos del Valle y Cauca -al suroeste de Bogotá-, y Santander -al noreste- donde en 2010 se presentaron la mayoría de agresiones y asesinatos contra los defensores. Nueve de los defensores asesinados el año pasado son del departamento del Cuaca. "En las zonas rurales, donde se encuentran comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que claman porque el ejército, los grupos paramilitares y la guerrilla no los inmiscuya en la guerra y, donde muchas poblaciones han sido arrasadas, sus pobladores asesinados y/o desplazados, el Estado mantiene en completa desprotección tanto a sus pobladores como a sus líderes que luchan por los derechos de su comunidad", advierte Vallies.


En los últimos días, la agrupación paramilitar denominada Autodefensas Unidas de Colombia, comando emergente Carlos Vásquez Castaño, ha emitido un comunicado en el que amenaza de muerte a la mitad de la población del departamento del Cauca -con 1.300.000 habitantes, aproximadamente- por ser, según ellos "todos delincuentes". Este panfleto fue distribuido en diversos lugares de este departamento, y en él se incluye el nombre de 72 personas, de las que asegura, "serán dadas de baja", muchas de ellas "por ser colaboradores de la guerrilla". En dicha lista se encuentra la reconocida líder indígena de la región Aída María Quilcué, a quien le asesinaron su esposo, también defensor de los derechos de los indígenas. Dichas amenazas son específicas para los pueblos indígenas: "seremos implacables con los dirigentes indígenas y sus cabildos... que viven de las multimillonarias inversiones que se destinan a esos miserables animales...".

Para Oidhaco estos grupos de terror son los grupos paramilitares que durante décadas han asesinado y desterrado a poblaciones enteras en diferentes regiones de Colombia y que no han sido desmantelados. "En esos lugares la muerte de los defensores prácticamente es anunciada" destaca Vallies, "primero por los que los amenazan y después por las propias víctimas cuando denuncian su desprotección". "Colombia debe frenar inmediatamente la acción de los violentos y proteger a todos los defensores que se encuentran en riesgo", continúa el portavoz de Oidhaco. "La justicia debe investigar y condenar a los responsables de amenazas agresiones y asesinatos contra los defensores colombianos. Y la comunidad internacional debe exigirle que cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos" cierra Vallies.

O.I.D.H.A.C.O.
Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia
Rue de la Linière 11,B 1060
Bruselas- Bélgica
Tels: 0032 25361913
0032 25361932

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