Terrible manipulación en las noticias de la 1ª cadena de TVE con respecto a Honduras. Una vil forma de apoyar al facismo.

A la 1:50 a.m., hora canaria, del 13 de julio de 2009 la televisión pública española en su primera cadena emitía un informativo donde se explicaba que Micheletti había levantado el toque de queda y afirmado que abran elecciones en noviembre en Honduras.

Posteriormente, comentaba el informador que se trata de un país muy pobre, muy necesitado de la cooperación internacional, también indicaba las cifras en millones que España invierte en cooperación para el desarrollo de Honduras y que según el informador, ahora están en peligro porque el gobierno de España ha dicho que no reconocerá al gobierno de facto y esto conllevaría el fin de la cooperación.

Después emitían imagenes de ong's españolas y personas de honduras en total tranquilidad. De hecho entrevistan a un señor que afirma que es muy importante la ayuda internacional porque su país (Honduras) es muy pobre. Después entrevistan a otro que viene a decir más o menos que da igual quien gobierne honduras, porque todos los gobernantes la han empobrecido.

Esta noticia es terrible por varios motivos:

1º En un momento en el que la dictadura oligarquico-militar desata una terrible represión con homicidios y detenciones arbitrarias sobre las personas que quieren el regreso del presidente elegido democráticamente y depuesto a la fuerza, la TVE no emite las imágenes de la violencia golpista sino de tranquilidad. Miren el siguiente vídeo:





2º Se evita siempre el término dictadura, empleando en su lugar el de gobierno de facto o gobierno de Micheletti.

3º Se hace eco del supuesto "levantamiento del toque de queda" y anuncio de elecciones hecho por el gobierno dictatorial, como si un proceso electoral en un clima de persecución y falta de libertades públicas (hechos que ocultan con muy mala intención) tuviera legitimidad.

4º De forma indirecta lleva al espectador a cuestionarse la idoneidad de no reconocer las instituciones de la Dictadura (para TVE del gobierno de facto), ya que según el informador tendría el efecto negativo de que se interrumpiría la cooperación internacional con Honduras, de muchísima importancia según el informador de TVE. Según esta premisa sería conveniente reconocer las dictaduras para evitar que los pueblos que las padecen pierdan la cooperación internacional. No importa que esos pueblos hayan votado por una opción política confiando en que su programa es el adecuado para desarrollar el país y sacarles de la pobreza. "Da igual el político que esté" (como decía un entrevistado), lo importante es que estén las ONG's, "el ejercicio de la soberania popular para que los pueblos decidan libremente su rumbo político no tiene importancia, son las ONG's y su acción cooperante las que sacaran a los pueblos de la pobreza en la que llevan inmersos durante siglos de colonialismo y después de imperialismo". Uno podría pensar: fantástico las "ONG's de cooperación para el desarrollo" son la solución a la pobreza de los países oprimidos, da igual quien los gobierne, sus políticas no pueden solucionar el problema, eso lo hará la cooperación internacional, así que la soberanía y la democracia importan muy poco en esos países.

Ante tanta barbaridad informativa sólo podemos pedir que hagan la correspondiente reclamación a TVE a través de: http://www.rtve.es/participacion/defensora/

Por otro lado, apoyar la idea de realizar movilizaciones con regularidad para presionar al Gobierno español para que de ningún modo reconozca al gobierno de la Dictadura ni al resultante de unas elecciones celebradas en dicho contexto. La única vía posible de volver a la normalidad es la restitución del legítimo presidente y el juzgamiento de los golpistas para que no queden impunes sus crímenes.

España debe exigir explicaciones a Colombia. Fondos de la cooperación internacional podrían haberse utilizado en recompensar crímenes de Estado

Mauricio Valiente es abogado. Ha destapado la práctica de los militares colombianos de matar civiles para cobrar recompensas pagadas con fondos de la cooperación internacional

GORKA CASTILLO - MADRID - 06/12/2008 08:00


Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misión internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica está practica sistemática de "crímenes contra la humanidad".

¿Cuáles son las conclusiones de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia?

La más importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.

¿En qué ha cambiado?

Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuación son las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como "falsos positivos".

Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor, ¿cómo lo elaboraron?

Nuestra misión comenzó en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del país, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoció la existencia de estas prácticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueño. Él nos aseguró que se habían tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un año después se descubre el asesinato de unos jóvenes cerca de Bogotá a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelación decanta el escándalo hacia unas proporciones difíciles de cuantificar.

La financiación de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia.

La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales. Y Uribe debería aclarar estas sospechas.

¿Qué debería hacer el Gobierno español ante el descubrimiento de este hecho?

Nuestra opinión es que el Gobierno español debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos económicos. El Plan Colombia es muy genérico, ya que también contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represión en detrimento de otras prácticas humanitarias.

¿Qué pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos?

No conocemos los datos con exactitud porque una de las características del Gobierno de Uribe es la opacidad. Sí sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversión social ha sido destinada a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.

Antes de presentar el informe en España, ustedes lo hicieron público en Colombia, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano?

En primera instancia negó los hechos que se denuncian en nuestra investigación. Y además sufrimos una campaña de difamación bajo la acusación de que éramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de señalamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos días después de difundirse la noticia no les quedó otra opción que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prácticas absolutamente atroces.

¿Hasta dónde puede llegar este escándalo?

Nos preocupa que una misión internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, sólo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el número de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuraduría General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayoría en zonas de guerra y rurales.

El Gobierno dijo que no es una práctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejército.

Si fuera un problema de corrupción puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas. Las recompensas han actuado de estímulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crímenes de lesa humanidad.

¿Reconoció el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?

A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.

¿Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prácticas delictivas?

Algunos militares colombianos acaban de declarar públicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la política de Seguridad Democrática del presidente tenga éxito.

MUY GRAVE: Uribe financió su guerra sucia con fondos de cooperación internacional.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEBE DETENER INMEDIATAMENTE LA COOPERACIÓN CON COLOMBIA. NO SE DEBE EJECUTAR BAJO NINGÚN CONCEPTO EL ACUERDO ESTRATÉGICO BILATERAL ESPAÑA - COLOMBIA FIRMADO POR EL GOBIERNO DE ZAPATERO.

PÚBLICO.ES INTERNACIONAL - 5 DE DICIEMBRE DE 2008

Se estima que más de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas

GORKA CASTILLO - Madrid - 04/12/2008 22:07

Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.

La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.

Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".

Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.

1.300 euros por ‘guerrillero'

El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.

Asesinatos impunes o falsos positivos

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”