El 05/06/2009 por Javier Darío Restrepo.
BOGOTÁ, 29 may (IPS) – Visiblemente indignado, el ex presidente colombiano César Gaviria (1990-1994) denunció esta semana lo que llamó un artículo “monstruoso” del proyecto de reforma política que se discute en el Congreso legislativo.Es “el artículo cuatro, que habilita a los jefes paramilitares para ser escogidos a cargos de elección popular, para hacer contratos con el Estado y para ser empleados públicos. Lo que tumbaron la Corte Constitucional y la Ley de Justicia y Paz, ahora lo pretenden convertir en una consagración constitucional”, dijo Gaviria, actual jefe del opositor Partido Liberal.
No es la primera vez que esas bandas armadas figuran con privilegio en las iniciativas del gobierno de Colombia. Recién investido, el presidente Álvaro Uribe propuso en 2002 al Congreso el indulto general de los paramilitares y una representación parlamentaria directa para ellos.
En su segundo período de gobierno, iniciado en 2006, cuando acababa de explotar el escándalo de los políticos favorecidos electoralmente por la presión de los paramilitares –los parapolíticos–, el presidente propuso medidas para buscar la excarcelación de los congresistas presos.
En un informe difundido bajo el título “A las puertas del Ubérrimo” –el nombre de la hacienda de la familia Uribe– los investigadores Iván Cepeda y Jorge Rojas encontraron antecedentes más remotos de ese favor en la licencia que Uribe había concedido, cuando era gobernador del norteño departamento de Antioquia, a la cooperativa de seguridad privada Convivir Horizonte, a solicitud del paramilitar Salvatore Mancuso en 1996, “cuando ya había consumado 10 masacres”, anotan los autores.
En ese mismo año, el gobernador pidió la legalización de armas de largo alcance para las Convivir, unas organizaciones paramilitares que los hacendados crearon para proteger sus tierras y ganados, y sus vidas amenazadas por la guerrilla que en ese año asolaba las propiedades rurales en Antioquia y en el vecino Córdoba.
Uribe gobernó Antioquia entre 1995 y 1997. Fue manifiesta la mutua admiración entre el gobernador y los líderes de esas organizaciones. Según el mandatario regional constituían “un modelo transparente”, y “un grupo de apoyo a las fuerzas militares”.
Por su parte, observan Cepeda y Rojas, “Mancuso no ocultaba su admiración. ‘Uribe ha mantenido un discurso firme’, afirmaba. Carlos Castaño (también líder de los paramilitares) decía que Uribe “es el hombre más cercano a nuestra filosofía”.
Esta cercanía se manifestó públicamente y sin atenuantes en tres ocasiones, que en estos días han adquirido especial relevancia.
La primera fue el homenaje que Uribe promovió en honor del general Rito Alejo del Río, llamado “el pacificador de Urabá” y actualmente procesado por vinculación a los grupos paramilitares de esa región de la costa norte. En ese homenaje, celebrado en Bogotá, Uribe fue el orador principal.
También lo fue en el que los ganaderos de Córdoba organizaron en honor de su líder gremial, Rodrigo García Caicedo, conocido como de la entraña de los hermanos Castaño y exponente de la doctrina de las autodefensas.
La celebración de los 10 años del diario El Meridiano de Córdoba se recuerda como otro antecedente de esa cercanía, por cuanto sus propietarios figuran en la lista de los financiadores de las Autodefensas de Córdoba (AUC) registrados en documento de la fiscalía. La presencia y la intervención de Uribe fueron ampliamente relatadas en las páginas del periódico.
Por cuenta de esa proximidad a los paramilitares se dio el episodio, embarazoso para el gobernador Uribe, del asesinato del abogado Jesús María Valle. Días antes, el gobernador lo había calificado en una intervención pública como “enemigo de las Fuerzas Armadas”.
Valle había denunciado, en su calidad de presidente en Antioquia del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la alianza paramilitares-ejército en la matanza de 19 personas, cometida en el municipio de Ituango en 1996 y 1997. La relación entre la afirmación pública de Uribe contra Valle y su asesinato, hecha notar por el diario El Colombiano, fue motivo de un vivo intercambio de cartas de reclamo del gobernador y de explicaciones del periódico.
Al concluir su mandato como gobernador e iniciar su campaña para la presidencia, Uribe nombró como asesor de asuntos de seguridad al general Del Río, hoy detenido, asignó la tesorería de la campaña en Córdoba a Roger Taboada, hoy con orden de captura, e incluyó entre el personal de su campaña a José María Maroso, hoy acusado ante la fiscalía como financiador de las AUC.
Veinte de los amigos de Uribe en la campaña resultaron ser firmantes del pacto de Ralito, iniciativa de los paramilitares, y hoy están acusados de alianza con esos grupos armados de extrema derecha, a menudo vinculados al narcotráfico.
El pacto secreto de Ralito fue firmado en 2001 entre jefes paramilitares y más de 50 dirigentes políticos con el fin de “refundar el país”.
A medida que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, defendía el cuestionado artículo cuatro del proyecto de reforma política, todo este historial de alianzas y cercanías con los paramilitares aparecía como una explicación de este nuevo intento de favorecimiento.
Es una evidencia histórica que se acentúa con los datos que la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía ofrecen en cifras reveladoras. Según ellos, de los más de 80 legisladores implicados en procesos por “parapolítica”, 60, o sea casi 80 por ciento, pertenecen a la coalición de gobierno. De aprobarse la discutida propuesta, ellos serían los primeros beneficiados.
Dentro de una pragmática lógica política, son explicables las gestiones para favorecerlos y para impedir que sus escaños queden vacíos.
Según el comentarista Rodolfo Arango y con base en datos oficiales, “el total de votos uribistas comprometidos con la parapolítica congresarial judicializada asciende a 2.324.751″.
Lo que definitivamente importa hacia el futuro es conservar unos votos decisivos para mantener activa y dominante la mayoría uribista en el Congreso.
Aunque finalmente el artículo fue retirado del proyecto de reforma política, en parte por el rechazo de la opinión pública, la polémica a la que dio lugar revivió la inquietante sensación de que, paso a paso, se ha venido adelantando la construcción de un Estado paramilitar en Colombia.
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