Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misión internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica está practica sistemática de "crímenes contra la humanidad".
¿Cuáles son las conclusiones de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia?
La más importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.
¿En qué ha cambiado?
Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuación son las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como "falsos positivos".
Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor, ¿cómo lo elaboraron?
Nuestra misión comenzó en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del país, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoció la existencia de estas prácticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueño. Él nos aseguró que se habían tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un año después se descubre el asesinato de unos jóvenes cerca de Bogotá a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelación decanta el escándalo hacia unas proporciones difíciles de cuantificar.
La financiación de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia.
La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales. Y Uribe debería aclarar estas sospechas.
¿Qué debería hacer el Gobierno español ante el descubrimiento de este hecho?
Nuestra opinión es que el Gobierno español debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos económicos. El Plan Colombia es muy genérico, ya que también contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represión en detrimento de otras prácticas humanitarias.
¿Qué pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos?
No conocemos los datos con exactitud porque una de las características del Gobierno de Uribe es la opacidad. Sí sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversión social ha sido destinada a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.
Antes de presentar el informe en España, ustedes lo hicieron público en Colombia, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano?
En primera instancia negó los hechos que se denuncian en nuestra investigación. Y además sufrimos una campaña de difamación bajo la acusación de que éramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de señalamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos días después de difundirse la noticia no les quedó otra opción que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prácticas absolutamente atroces.
¿Hasta dónde puede llegar este escándalo?
Nos preocupa que una misión internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, sólo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el número de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuraduría General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayoría en zonas de guerra y rurales.
El Gobierno dijo que no es una práctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejército.
Si fuera un problema de corrupción puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas. Las recompensas han actuado de estímulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crímenes de lesa humanidad.
¿Reconoció el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?
A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.
¿Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prácticas delictivas?
Algunos militares colombianos acaban de declarar públicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la política de Seguridad Democrática del presidente tenga éxito.
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