Desde mucho tiempo antes de la incursión militar y el bombardeo ordenado por el presidente Uribe en el sitio Santa Rosa, del Ecuador, en el que fueron asesinadas 28 personas inermes por el Ejército y la Policía Colombiana, entre ellos el comandante de las FARC Raúl Reyes, y rematados y abandonados los heridos, según la versión de la joven mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes que resultó herida, ya existía la decisión gubernamental de estigmatizar y judicializar a dirigentes y activistas de la oposición democrática y social al actual régimen.
Para no ir más lejos, la opinión pública conoció en septiembre del 2007 varios señalamientos tanto del ministro de defensa Juan Manuel Santos como del propio presidente Álvaro Uribe contra el doctor CARLOS GAVIRIA, presidente del Polo Democrático, de tener nexos con la guerrilla. Y así sucesivamente han sido acusados la Senadora Piedad Córdoba, León Valencia, Iván Cepeda y Carlos Lozano, entre muchos otros. Hasta el ex ministro Rafael Pardo fue acusado de hacer contactos con la insurgencia. Ni siquiera la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del para-estado se salvó de los señalamientos del presidente Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria, quienes aseguraron que la movilización contaba con el apoyo de las FARC.
Interpol reconoce que sí fueron manipulados los computadores
Pocas horas después de los bombardeos al campamento de Raúl Reyes ya los computadores, en poder del Ejército y la Policía, que sobrevivieron milagrosamente al impacto de las bombas, comenzaron a arrojar todo tipo de informaciones al público. Lo primero fue una rueda de prensa del General Naranjo, Director de la Policía Nacional, quien mostró ante los periodistas una secuencia de fotos y documentos supuestamente encontrados en el computador. Luego, el 17 de marzo en la reunión de Cancilleres de la OEA, fue presentada una foto sacada del computador de Raúl Reyes con un dirigente comunista argentino afirmando que era el Ministro de la Defensa de Ecuador, Gustavo Larrea, con el ánimo de dar un golpe. El periódico El Tiempo debió aclarar que la foto la había suministrado la misma Policía. Hasta periódicos como El País de España han presentado todo tipo de informaciones supuestamente halladas en los computadores. ¿Quién les entregó esta información?
Ha sido tan evidente la manipulación de la información que en días pasados la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo que solicitar al Ministerio de Defensa (y no a la Fiscalía) que le envíe los documentos encontrados en el computador.
Sin embargo, a pesar de que mucha información de los computadores llegó a la opinión pública a través de los medios de comunicación, llama la atención que el secretario general de la Interpol Ronald Kenneth Noble señaló en su informe que “no encontró alteración, modificación o borrado en ninguna de las evidencias y que las agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia”. ¿Cómo calificar la afirmación de esta agencia: de ingenuidad o de cinismo?
Lo curioso es que la misma Interpol se contradice a lo largo de su informe, cuando en el párrafo 91, página 33, reconoce que entre el 1 y 3 de marzo de 2008, fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos por el Ejército de Colombia, 48.055 archivos. Como si fuera poco 4.245 archivos tienen fechas futuras, que van desde el 5 de abril de 2009, hasta el 16 de octubre de 2010. Tampoco la Interpol pudo asegurar que las computadoras fueran de Raúl Reyes. El Senador Petro ha preguntado a Mindefensa: ¿Por qué, según el numeral 19 del informe de INTERPOL, un funcionario de la unidad antiterrorista accedió directamente a las pruebas, en “circunstancias exigentes y marcadas por la premura de tiempo”, entre el 1 y el 3 de marzo de 2008?
Como lo comenta el investigador norteamericano Forrest Hylton, “la cadena de custodia fue rota entre el 1 y el 3 de marzo. Y, de hecho, durante este período de 48 horas la computadora estuvo bajo el control del Ministerio de Defensa y de una brigada antiterrorista de élite. Y, en los hechos, el informe de Interpol reconoce que el gobierno colombiano tuvo acceso directo a esas computadoras en ese período de 48 horas”.
Cacería de brujas contra los sobrevivientes del genocidio
Como ha indicado el columnista de El Tiempo, Cristian Valencia: “…el manejo que se les está dando a ‘los computadores de 'Reyes' parece un sombrero de mago, de donde saldrán enemigos, ejércitos, armas, cocaína, sindicalistas, políticos de izquierda, periodistas, ONG, defensores de derechos humanos, estudiantes o lo que fuere, en la medida de las necesidades del gobierno”.
Son el propio Álvaro Uribe y su Ministro de Defensa, y no la Fiscalía, quienes determinan y direccionan de la forma más perversa el proceso judicial contra la oposición. No cuesta mucho trabajo entender que esta monstruosa maniobra oficial no solamente está dirigida a sortear la profunda crisis institucional de la “parapolítica” que tiene a 32 parlamentarios de la bancada uribista presos, entre ellos al primo del presidente, Mario Uribe; y vinculados a embajadores, ministros, gobernadores y altos mandos militares, sino que se pretende establecer una especie de simetría entre esta y lo que Uribe llama “la FARC-política”. En este contexto aparecen computadores (como los de Reyes) o desaparecen (como los de Mancuso y cía. en la cárcel de Itagúí), según sean las conveniencias gubernamentales.
La llamada FARC-política es una nueva fase represiva del Estado contra la izquierda. Durante el genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista se desarrollaron el Plan Baile Rojo, Golpe de Gracia y Plan Retorno. Esa macabra estrategia puesta en marcha por la alianza Estado–paramilitares significó el sacrificio de 5 mil dirigentes y militantes del Partido Comunista, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Con el actual montaje judicial se pretende llevar a la cárcel a los sobrevivientes del genocidio.
El presidente Uribe no solo no perdona que haya sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad, sino que no quiere que continúen haciendo oposición. En el esquema de la hegemonía tradicional colombiana eso no es posible. Durante el periodo de la “seguridad democrática” han sido detenidos arbitraria y masivamente alrededor de 9 mil ciudadanos que luego han sido dejados en libertad al probarse su inocencia. En Colombia la única garantía que tiene la izquierda es estar en el cementerio o en la cárcel, el régimen no acepta una alternativa intermedia. Así ha sido siempre.
¿Quiénes van a ser judicializados?: Wilson Borja, Parlamentario, quien sufrió un atentado en el que actuaron paramilitares y miembros del Ejército; Gloria Inés Ramírez, Senadora, líder del magisterio, quien tuvo que salir del país varias veces debido a las amenazas y hostigamientos contra su vida; Carlos Lozano, Director del Semanario VOZ, ha sido objeto de un sinnúmero de amenazas y asedios en los que han resultado involucrados agentes de inteligencia estatal; Piedad Córdoba, Senadora, secuestrada por los paramilitares el 21 de mayo de 1999 y víctima de todo tipo de agresiones verbales por parte del presidente Uribe y sus ministros; William Parra, periodista, recibió 8 puñaladas en un atentado hace tres años, acto criminal en el que están involucradas las autoridades.
El presidente Uribe necesita con urgencia montar un nuevo show mediático y meter a la cárcel a figuras relevantes de la oposición. Frente a la evidente criminalidad (parapolítica) y corrupción (Yidis-política) de la política tradicional, pretende crear un equilibrio artificioso, dando la sensación ante la opinión pública de que la oposición también está involucrada en delitos. Es la forma desesperada de abrirle paso a la nueva reelección. Establecer la Constitución de Ralito que debe “refundar la Patria”. La institucionalidad mafiosa que hace justicia por mano propia, no importa que tengan que aparecer como por arte de magia los computadores que sean necesarios.
La sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al estado colombiano, por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador del Partido Comunista Colombiano y dirigente de la Unión Patriótica, fue la primera condena de este organismo al Estado colombiano, y representaba la aplicación de la justicia internacional ante crímenes cometidos por servidores públicos que la justicia colombiana no ha perseguido con el rigor exigido.
