DeVer 447 SILENCIAMIENTO E IMPUNIDAD
Ever Veloza, más conocido con el alias de Hernando Hernández, "HH", dirigente de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Bananero en el Urabá antioqueño y bajo Atrato; Bloque Calima, que operó en Valle y Cauca, y del Tolima ha reconocido la comisión de más de 3000 crímenes. Estos quedarían en el oscuro socavón de la mentira y de la impunidad, si su juicio, se realiza por los delitos del tráfico de drogas y se dejan de lado los que se pueden tipificar como Crímenes de Lesa Humanidad.
Aunque sus aportes han sido parciales en materia de verdad en el marco de la ley 975, su extradición se convertiría en un mecanismo de silenciamiento para los sectores que bajo algunas de sus versiones han sido destapados en sus apreciaciones ante los fiscales de la ley 975. En las versiones bajo la ley PARA la justicia y PARA la paz, ha indicado la responsabilidad en la gestación de la estrategia paramilitar de miembros de las Fuerzas Militares como el General Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada 17 entre 1996 y 1997; de empresas multinacionales y nacionales, así como de políticos del Norte y Sur occidente de Colombia.
Ha sido de los pocos mandos paramilitares que ha mantenido una coherencia en sus manifestaciones ante la fiscalía, las que se podrían convertir, si así lo asume razonablemente la misma, en nuevo elementos probatorios de los centenares aportados por las víctimas en el Urabá, el Bajo Atrato y el Norte del Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca para enfrentar ya una causa judicial ante varios generales, empresarios y políticos.
A pesar de que ha ocultado o no ha referido en sus versiones su responsabilidad en la desaparición y asesinato de Andres Mestre, en Turbo de 1996; de Juana XXXXX en el Naya, en el 2001, o de las operaciones de desplazamiento y apropiación de tierras en el eje bananero y bajo Atrato, y de estar vinculado a procesos penales ordinarios por la comisión de otros centenares o millares de crímenes, su extradición en las actuales circunstancias se convertiría en una nueva bofetada en la negación de los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación integral de las víctimas de prácticas de terror que comprometen al Estado. Si bien el tráfico de drogas es un delito que debe ser juzgado adecuada y severamente, no se trata de contraponer delitos, si no de comprender integralmente el conjunto de delitos punibles y su conexidad.
Las recientes declaraciones de "HH" en el diario El Espectador http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa?page=0, y las revelaciones de la Revista Semana de la USB de Carlos Castaño, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=114344, así como la posible vinculación a un nuevo proceso del General Rito Alejo del Río http://www.cambio.com.co/portadacambio/788/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4432065.html constatan esa verdad que los familiares de la víctimas han indicado, dicho, de una y otra manera a los entes de control y de investigación disciplinaria y judicial. A pesar de todo lo que se muestra como elementos de prueba, los criminales continúan gozando de la impunidad, algunos de ellos disfrutando del poder político, otros beneficiándose de la pensiones y las asesorías en materia de seguridad, otros usufructuando la usurpación de predios y el desarrollo de agronegocios en Dabeiba, en Turbo, en Cacarica, en Curvaradó y Jiguamiandó. http://es.geocities.com/cijpdever/dv71.doc.
Las denuncias dichas, escritas, enunciadas, de una y otra manera, desde 1996 en Tie, Punta de Piedra, los desplazados de Cacarica METER FACSIMIL OPERACIONE GENESIS, en Pavarandó, en Curvaradó y Jiguamiandó, en Dabeiba, en Ungía, Acandí, Necoclí de horrendos crímenes, desplazamiento forzoso, persecución, constatan la responsabilidad estatal en desarrollo de esta estrategia criminal que hoy tiene nuevos elementos de corroboración con "HH" y que dan líneas para que las investigaciones que adelantó la ficción del aparato de justicia comprendan integralmente el paramilitarismo. http://es.geocities.com/cijpdever/dv71.doc.
Sin embargo, las pocas cuotas de verdad y las posibilidades de profundizarla, gracias a una posible extradición y a una actitud pasiva de la Fiscalía en la ley 975, consolidará los mecanismos de la impunidad. Impunidad que ampara a los militares, que protege a los beneficiarios económicos y políticos, posibilitando la consolidación de las estrategias de control social y territorial en el bajo Atrato y Antioquia.
Por esta negación del derecho a saber, del derecho a la memoria, esta nueva extradición de producirse, beneficiará los rostros ocultos del paramilitarismo, que hoy se asientan en el poder político y económico. Es claro, hasta el momento, y nada demuestra lo contrario, que la negociación posible en el sistema de los Estados Unidos, que han realizado ya, tres de los 15 extraditados de los mandos paramilitares, la mayoría bajo los cargos de tráfico de drogas, imposibilita el acceso a las víctimas al sistema penal en ese país, y la satisfacción de los derechos de quién han sido objeto de una persecución sistemática y de crímenes que hieren lo profundo de la sensibilidad humana, de los límites entre la barbarie y la razón.
Bogotá, D.C. Agosto 5 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
