Martes 28 de julio de 2009, por Agencia Asturiana
Publicado en la web de la Coorporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afiliada a la Federación Internacional de DD.HH. y la Organización Mundial contra la Tortura (estatus consultivo en la O.E.A.).
Fotos tomadas de la web de la ONG Soldepaz Pachakuti
Ambos formaron parte de la delegación asturiana que visitó los departamentos de Cesar, Meta, Guaviare, Santander, Casanare y Bogotá, entre el 18 de abril y el 2 de mayo del presente año.
En su resumen de los contenidos del documento, Palacios señaló la relación de la Policía y el Ejército con el 95% de los casos denunciados, entre los que se citan, asesinatos, desapariciones, secuestros o torturas. Hizo especial mención a las ejecuciones extrajudiciales, en las que las Fuerzas Armadas "tienen una inequívoca responsabilidad" en lo que denominó "crímenes de Estado". Señaló que en estos momentos se están investigando 1.300 casos, en los que murieron más de 1.600 personas.
A las Fuerzas Armadas y a la policía también las relacionó directamente con multitud de casos de abusos sexuales, ejecuciones, bombardeos sobre población civil, desaparición forzosa o bloqueo al abastecimiento de víveres.
Según explicó Palacios, estos crímenes se cometieron "al mismo tiempo en diferentes partes del país", lo que demuestran que "estaban planificados" desde instancias superiores. Relató que el ’modus operandi’ era ofrecer trabajo a personas, que se debían desplazar a otras localidades al aceptar la supuesta oferta. Sin embargo, a su llegada a los destinos señalados eran asesinadas y posteriormente presentadas como integrantes de la guerrilla.
El informe señala también los vínculos entre miembros del Congreso y el narcoparamilitarismo, con 72 parlamentarios investigados, además de otros más de 250 altos cargos políticos.
Igualmente, se denuncia la proliferación de detenciones arbitrarias de personas, generalmente indígenas, campesinos, sindicalistas o miembros de organizaciones de Derechos Humanos, que se llegan a pasar hasta dos años en la cárcel, debido a "supuestas de declaraciones de antiguos miembros de la guerrilla que reciben incentivos por colaborar" con la lucha antiterrorista.
Esta denuncia, así como la del uso excesivo de la fuerza y la estrategia de represión contra los sectores más de por sí oprimidos, como las mujeres o los afrodescendientes, afecta directamente a la actuación policial. De hecho, Palacios recordó que la delegación asturiana asistió a la manifestación del primero de mayo en Bogotá, que "fue brutalmente reprimida" por las Fuerzas del Orden.
El informe señala también la aparición de nuevos grupos beligerantes responsables de violaciones de derechos que se cometen con total impunidad.
Se constata el incremento en un 24% del número de desplazados en Colombia, a causa de esta violencia. También se señaló el hallazgo durante el pasado año de 410 fosas comunes y la cifra de 111 casos de desapariciones, de los que ya se han realizado 39 exhumaciones.
La Agencia Asturiana tiene claro que todas estas violaciones de derechos se deben a la continuidad "de un conflicto político armado que tiene su origen en la desigualdad social, y cuya prolongación en el tiempo ha provocado la aparición del fenómeno del narcotráfico y el del paramilitarismo".
El documento también señala la violencia contra grupos , como los homosexuales, bisexuales y transexuales, y las graves desigualdades problemáticas sociales, como el desempleo, la pobreza, el hambre, la falta de luz o las carencias en el acceso a la vivienda.
ACOGIDA A REFUGIADOSEn la misma rueda de prensa, Palacios presentó al grupo de siete refugiados que han llegado recientemente a Asturias, y donde permanecerán durante los próximos meses. Junto con los dos que ya se encontraba en la comunidad, y que están en la última parte del programa, conforman un grupo de nueve personas. Dos de ellas son sindicalistas, y el resto militantes de organizaciones de derechos humanos que han sido amenazadas, hostigadas e incluso han sufrido asesinatos de familiares.
Orozco señaló que están "en una situación de riesgo inminente, motivo por el que se encuentran con nosotros". De hecho, recordó que una de las personas que en su día recibieron a la delegación asturiana se encuentra desaparecida y otra ha sido asesinada.
Presentación del V Informe.
Puedes acceder al V Informe integro haciendo clic aquí.
RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL V INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS DD HH EN COLOMBIA
Conclusiones del informe hechas públicas en la rueda de prensa (27/07/2009):
1. En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes. El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales. Su prolongación en el tiempo ha permitido la presencia de otros factores como el narcotráfico y se ha visto agravado por el paramilitarismo auspiciado por el propio Estado. El conflicto ha sufrido una progresiva degradación: desplazamientos masivos de población, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, uso de minas antipersona, bombardeos indiscriminados sobre población civil, masacres, desapariciones, criminalización de movimientos y activistas sociales,…
2. Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas armadas colombianas y por los grupos guerrilleros, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.
3. Es un verdadero escándalo, sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, el número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército colombiano. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investiga actualmente cerca de 1.300 casos con más de 1.600 víctimas.
Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. La destitución en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, y la renuncia en noviembre de 2008 del Comandante en Jefe del Ejército colombiano, demuestra la inequívoca responsabilidad de las fuerzas armadas colombianas en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad...
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